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Con voz propia

La responsabilidad omitida del gobierno mexicano en Ayotzinapa

El crimen de estado contra normalistas de Ayotzinapa sigue sin resolverse y dejando en impunidad a los verdaderos criminales

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Rabia por Ayotzinapa en el pueblo de San Luis Acatlan, Guerrero. Foto: Sergio Ferrer

Teódulo Pineda Bahena

A pesar de lo que afirme y pregone a través de todos los medios informativos el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, en el sentido de que fueron elementos del crimen organizado quienes sacrificaron a los normalistas de Iguala, Guerrero, los ciudadanos de todo México y quienes se informaron de medios independientes de los sobornos gubernamentales, saben que fueron elementos de Seguridad pública quienes llevaron a cabo esa masacre y que el hecho, sí puede ser tipificado como crimen de estado.

Testimonios obtenidos de personas de Iguala, poco después de haberse registrado la emboscada (que en ningún momento fue enfrentamiento, como lo aseguran medios de México), declararon que cuando se llevó a cabo la dispersión de estudiantes después del segundo atentado, elementos de la policía municipal de Iguala y personas vestidas de civil las persiguieron por varias calles y les disparaban. A los que caían los subían a las camionetas y los que se rendían, eran sometidos y llevados en las mismas camionetas.

Desde ese momento, toda la responsabilidad de lo que les pudiera ocurrir a los jóvenes era de los que los privaron de la libertad y lo que haya sucedido posteriormente es consecuencia del hecho primero que fue consecuencia de la irresponsabilidad de quienes gobiernan en todos los niveles, por eso es un crimen de Estado.

Como primer responsable de este caso está el mismo Procurador General de la República, quien desde tiempo atrás tuvo en bajo su responsabilidad el haber actuado en contra de José Luis Abarca Velázquez y su esposa. No lo hizo y al contrario, pidió a quienes los denunciaron que le aportara pruebas de ello cuando él, con todo el poder y medios para llevar a cabo una investigación no la hizo, por omisión, dejó crecer el problema.

¿Quién en su sano juicio acudiría a cualquier instancia ministerial o de autoridad a denunciar cualquier delito en el estado de Guerrero? El sistema gubernamental, de justicia y político de esta entidad, es desde hace años una cloaca y además de los testimonios de la ciudadanía, están las  observaciones directas de quien escribe.

En el municipio de Cocula, en un poblado llamado Apipilulco el 24 de agosto del 2012 en la madrugada (4:00 horas aproximadamente) un comando de sicarios llegaron a una casa ubicada en la calle Escuadrón 201. Asesinaron a dos personas, padre e hijo y se retiraron del lugar. A los pocos minutos (unos 30 aproximadamente) se presentó un Agente del Ministerio Público con su grupo de policías judiciales. Tomó conocimiento del hecho, levantó las actas respectivas y le indicó a los familiares que velaran los cuerpos y los enterraran el mismo día sin que la hicieran más grande.

Se pasó por el arco del triunfo la necropsia obligatoria para este tipo de decesos y no se llevó a cabo ninguna investigación para que se diera con los responsables o las causas de asesinato. Aunque no era muy necesario porque en esa población toda la población sabía por qué.

El asunto es que, la mayoría de las veces en el caso de atropellados, robos, choques con lesiones graves e inclusos decesos, llamémoslos “comunes”; los Agentes del Ministerio Público tardan horas para acudir a tomar conocimiento. Y a quienes mandan por lo regular son a sus actuarios, en persona los titulares de las fiscalías no van, se dan su importancia.  Y en aquel caso la actuación fue inusitadamente rápida, tanto, que ni en los periódicos se supo esa nota.

En las redes sociales convocan a portestas y movilizaciones nacionales. Foto: red

En las redes sociales convocan a portestas y movilizaciones nacionales. Foto: red

Pero, ¿por qué pasaban esas cosas así?

Nadie podía ir a denunciar algún hecho delictivo relacionado al crimen organizado a ninguna dependencia porque, más tardaba en haber tomado la decisión en acudir, que en recibir en su casa poco tiempo después a sicarios de la organización denunciada quienes aplicaban la lección, o sanción correspondiente a ese acto de valor. Algunas veces, asesinando a un familiar o llevándose con rumbo desconocido a alguno de ellos.

Así creció el problema en Guerrero y los “servicios de inteligencia”  del gobierno lo supieron, pudieron pasar dos cosas con los agentes del CISEN: O no fueron lo suficientemente inteligentes para llevar a cabo sus labores informativas, o también fueron “cautivados” por el poder de las organizaciones criminales porque de todo lo que pasaba en Guerrero toda la población estaba enterada, menos ellos. Y si estuvieron enterados e hicieron los reportes correspondientes, entonces la responsabilidad va directamente a sus superiores dentro del sistema hasta llegar a Miguel Ángel Osorio Chong.

Por otra parte, la situación de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tampoco era desconocida para todas las instancias del gobierno. En los primeros días de su gestión como Gobernador del Estado, Ángel Aguirre estuvo de visita con los estudiantes quienes le hicieron saber la precaria situación en la que cursaban sus estudios.

Aguirre Rivero se comprometió a ayudarlos y proporcionar medio suficientes para mejorar la situación de los maestros y estudiantes de esa institución aunque la responsabilidad de ello era del gobierno federal. Pero pasado el tiempo no les cumplió.

Por su parte, el gobierno federal, desde que tengo memoria siempre ha sido miserable o mezquino con los estudiantes que cursan la carrera para maestros. Quizá porque saben que los aspirantes provienen de las familias más humildes de la sociedad como jornaleros del campo, campesinos pobres o de la clase obrera y que para poder sostener sus estudios necesitan de apoyos económicos.

Desde los años 60’s en que la educación popular empezó a eliminar de sus enfoques la justicia social y el nacionalismo pos revolucionario, a los internados rurales como Ayotzinapa se les redujo el “pre”, una cantidad (en aquellos tiempos de 30 pesos a la semana por alumnos) que era necesario para la alimentación de los estudiantes. Se les daba ropas de cama, uniformes y calzado.

A los estudiantes de los Centros Regionales se les daba únicamente una beca de 300 pesos para que pagaran la renta de hospedaje y su asistencia alimentaria fuera de los planteles, igual, en la segunda mitad de la década de los 60’s.

Por causa de esta situación era que año tras años los estudiantes pedían, solicitaba y exigían que se incrementaran esas cantidades insuficientes para sobrevivir llegando a veces hasta la huelga. Pero en lugar de que se resolvieran esos problemas, con el paso del tiempo se fueron  agudizando, reduciendo con ello aún más las esperanzas de que jóvenes de extracción humilde lleguen a cursar esa carrera y difícilmente cualquier otra en otro tipo de instituciones.

Esto fue lo que llevó a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa a protestar en contra del gobierno el 12 de diciembre de 2012 en la autopista del Sol en donde murieron a manos de Agentes Ministeriales dos de ellos. Los ha orillado a desarrollar plantones, marchas de protesta y denuncia en contra de quienes tienen la responsabilidad de  darles condiciones decorosas de estudio.

En cambio, ven como el Presidente de la República desprende generosamente de las finanzas públicas a prestigiosas universidades privadas premios, reconocimientos, apoyos y financiamientos. Será porque en ellas se preparan jóvenes «de primera» y que debido a su situación social y económica no tienen necesidad de salir a las calles, de hacer denuncias o de pedir nada que consideren que les corresponde.

Por todas las razones anteriores, el Gobierno Federal principalmente, tiene la responsabilidad de las muertes de los estudiantes de Ayotzinapa. Fueron omisos ante la situación que antecedió la tragedia, solaparon la irresponsabilidad de los gobernantes de Guerrero y siguen siendo indiferentes a la corrupción que se da en las instituciones judiciales y ministeriales de toda la entidad. No se atreven a investigar de qué forma es que han acumulado tanta riqueza algunos de sus agentes del ministerio público o sus comandantes de policías judiciales y más aún, parecen hacerse disimulados  ante la inexplicable vida disipada  y de comodidad de algunos de sus agentes de inteligencia.

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Con voz propia

Claudia Sheinbaum: accidentes del Metro y procesos Kafkianos

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Claudia Sheinbaum Metro CDMX

 

Por Alberto Farfán

Se ha dicho que si el extraordinario escritor Franz Kafka (1883-1924) hubiera nacido en México, su obra no se consideraría universal, sino costumbrista, pues buena parte de lo que expone en su literatura guarda estrecha relación con la estulticia de los gobernantes de nuestro país en sus diferentes momentos y con sus respectivos partidos en detrimento de la ciudadanía, en donde ningún régimen resulta exento. Pues no hay que olvidar que nuestro autor efectúa en sus historias una fusión de elementos realistas y fantásticos bajo una atmósfera que gira en torno a la filosofía del absurdo.

Recordemos que en columna anterior (09/01/23), relativa a los accidentes e incidentes en el Metro, indicamos que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, habría asegurado que los problemas en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) obedecían a una campaña o complot en su contra con el objeto de defenestrarla. Y suponiendo que así fuera planteamos que lo conducente era solicitar apoyo a los centros de inteligencia capitalinos y también del gobierno federal. Pero no. Pues, por un lado, se oficializó que lo que ocurría en realidad eran acciones de sabotaje, palabras mayores sobre las cuales al momento inicial de pronunciarlas jamás se presentaron pruebas. Es decir, tanto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como la propia jefa de Gobierno procedieron como la oposición política y la prensa corporativa anti-AMLO, como expertos de alto nivel. Y no lo son. ¿Los critican y actúan igual?

Por otro lado, lo que hizo Sheinbaum, con la anuencia (¿las órdenes?) de AMLO, fue imponer a la Guardia Nacional en las instalaciones de este transporte, pero absurdamente como vigilantes comunes y corrientes, no como elementos de inteligencia, o sea, como si fueran policías de los que ya existen y que nunca detectaron sabotaje alguno. Pero como la propaganda pro-Sheinbaum debe proseguir, en estos días debido a que continuaron los no incidentes sino los hechos “atípicos” en el Metro, como han preferido llamarlos la jefa y el presidente con un sesgo infantil, curiosamente la burocratizada Fiscalía General de Justicia de esta capital, a cargo de Ernestina Godoy Ramos, rauda y veloz como nunca ha presentado un par de reportes en donde se supone que se encontraron pruebas del presunto sabotaje, acusando a personal sindicalizado como los perpetradores. Aunque ya respondió el sindicato para negar dichas conclusiones. Confrontación que va a ser interesante monitorear.

Por si te lo perdiste: Claudia Sheinbaum y su criminal irresponsabilidad con el Metro – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Peor aún, una señora de bajos recursos que todo indica que accidentalmente dejó caer a las vías del metro unas aspas de plástico de una lavadora fue detenida por ¡“ataques a las vías de comunicación”! (y nada más faltó que le hubieran imputado el cargo de terrorismo), y de inmediato los fanáticos del partido en el poder celebraron en redes sociales su puesta a disposición a las autoridades y la presunta confirmación del real sabotaje, satanizándola en esas mismas redes. Tal y como actúa la oposición, o sea que sí son iguales. Y en efecto, autoritariamente la señora Viviana “N” fue encarcelada durante dos días en el penal femenil de Santa Martha Acatitla. Pero, ¡oh, Kafka!, días después Martí Batres, secretario de Gobierno, salió sin vergüenza alguna con la noticia de que la mujer fue liberada porque la Fiscalía “determinó que no hay elementos para continuar con la investigación» y el correspondiente proceso judicial (¿al final ocurrirá lo mismo en la pugna entre gobierno y sindicato?, no lo dudo), pues la acusada tuvo que demostrar su inocencia, y lo hizo plenamente con pruebas. Cuando esto le correspondía a la autoridad, no a la imputada.

Ciertamente, todo este asunto del STC pareciera una historia kafkiana por la serie de excesos, incongruencias, afirmaciones, desmentidos, acusaciones, metamorfosis, procesos y demás, todo un espectáculo del absurdo propio de su época, pero la gran diferencia es que en las historias de nuestro autor lo plasmado es ficción, aunque hace alusión a la realidad. En cambio, en el Metro de la Ciudad de México ha habido muertos y heridos de gravedad realmente, y de los que nadie quiere hacerse responsable, arguyendo que la víctima es Sheinbaum, no la ciudadanía; como si la opinión pública no razonara. ¿Alguna vez veremos en prisión a los autores intelectuales y materiales de todo ello, a los culpables por omisión o comisión?  En este régimen no lo creo.

Entérate cómo fue: Colapso del metro de la CDMX en Olivos suma 23 muertos – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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Con voz propia

El hartazgo, un gran elector

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AMLO mañanera

TRAS BAMBALINAS

Por Jorge Octavio Ochoa

A poco más de un año de que se realice una de las contiendas electorales más delicadas en la historia del país, es un hecho que la tensión y la violencia política se dibujan en el horizonte.

Las teorías de conspiración, sublevación y sabotaje, lanzadas por el mismísimo presidente de la república, pululan y están en operación. Son parte de la estrategia de Morena para enfrentar a una oposición que, dicho sea de paso, no muestra nada, pero se les necesita.

Sea como sea, ambos bandos, según se ve, están dispuestos a llevar la sangre al río, y a echar mano de todas las mañas que han aprendido en su paso por el gobierno, pero ahora acompañados por el crimen organizado.

La guerra sucia 

Así, la confrontación está en espera de la primera chispa. El epicentro de la conflagración, curiosamente, no está en el Estado de México ni en Coahuila, donde habrá elecciones este año. Será esta vez la Ciudad de México.

Unos y otros están dispuestos a todo, echando mano a las peores mañas de sus años en el poder como PRD, PAN, PRI, MORENA. El primer cedazo estará en los dos comicios señalados. De los resultados, se verá hasta dónde escala la reacción.

Guerra Sucia y Montaje, son las dos nuevas expresiones que se suman al vocabulario de este año. Junto con éstas, menudearán las denuncias anónimas, la aparición de propaganda subversiva y los mensajes intimidantes.

Sin embargo, por el momento, la máxima expresión de Guerra Sucia y Montaje que podemos destacar en estas horas, es el Plan B que pretende imponer el presidente López Obrador bajo argumentos absolutamente falsos y tramposos.

Es increíble que sea el propio titular del Ejecutivo federal, el principal instigador de esta violencia verbal que ya permea por todos los frentes. Poco le importa que haya sangre. Es la disputa del poder por el poder.

Sus seguidores hablan desde ahora, de una supuesta “Guerra Sucia”, porque “descubren” (y aún no se ha comprobado el origen) unos volantes de propaganda en contra de Claudia Sheinbaum, favorita del presidente. Pero no les parece “SUCIO” el Plan B del mandatario.

Para que la sociedad pueda contrastar el tamaño de la suciedad y lo monstruoso de las enmiendas electorales que están a punto de entrar en juego si la Suprema Corte no las frena, destacaremos sólo algunos puntos:

1.- Serán despedidos más de 2 mil 700 trabajadores del INE en todo el país, que se han especializado en el manejo electoral de la información e incluso tomaron cursos para ello. Es el punto más grave de la iniciativa presidencial.

2.- Para suplantar a estos trabajadores y representaciones del INE, el gobierno de López Obrador piensa instalar oficinas en instituciones de gobierno, para expedir desde ahí la credencial para votar con foto.

Será Gobernación quien, tácitamente, controle nuevamente el proceso. No hay, por tanto, garantía ni seguridad en el uso de datos personales que entrarían nuevamente al limbo del uso político-policiaco, que ellos llamarán ahora “inteligencia militar

3.- Proponen “facilitar” el voto en el extranjero, con documento “alterno” a la credencial de elector. No serán las autoridades electorales quienes lo regulen. Será el gobierno federal, a través de Gobernación, como en los tiempos de Bartlett pues.

4.- El Plan B permitirá no sólo que los candidatos y partidos rebasen los topes de campaña; tampoco tendrán que informar de sus gastos de precampaña. El dinero sucio podrá fluir sin rubor alguno.

5.- Con la Nueva Ley de Comunicación, los funcionarios de los tres niveles de gobierno y de todas las dependencias podrán hablar libremente de sus preferencias, sin que esto se considere un delito electoral, como actualmente está configurado.

Así, incluso días previos a la elección, un gobierno federal, estatal o municipal podrá realizar actos inaugurales para presumir obras y proyectos que catapulten a determinado partido político y realizar gastos y concentraciones para dichos eventos.

Ése es el tamaño del monstruo que pretende imponer a los mexicanos el actual mandatario.

La mentira

Bajo el burdo pretexto de la “austeridad”, López Obrador ha iniciado esta andanada, aunque en los hechos él no practica ni de lejos esa política, e incluso permite abiertamente la corrupción, como puede verse en la cuenta pública del INSABI del 2020.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió ese año, un enorme boquete de 8 mil millones de pesos sin comprobar, luego de la pandemia del Covid19, cuando supuestamente compró ventiladores que no llegaron a todos los estados o no servían.

Recuérdese que uno de los involucrados en este asunto es el hijo de Bartlett quien, a través de una de sus empresas, vendió a sobre precio y a destiempo, ventiladores al IMSS para atender la emergencia sanitaria.

Aunque se comprobaron todas las irregularidades, que partieron de información falsa presentada por la empresa de Bartlett, un tribunal suspendió la sanción con argumentos “leguleyos”, como diría el propio López Obrador.

El hecho es que 650 ventiladores no fueron entregados el 30 de abril del 2020, que era la fecha tope del contrato. El costo para el erario fue superior a los 920 millones de pesos. El tema fue sepultado por el régimen.

Además, el INSABI no comprobó gastos en insumos para atender a los enfermos de Covid, ni para la distribución de material médico. Pero, como para el presidente “La ley no es la ley”, la dependencia nunca respondió los requerimientos de la ASF.

El cinismo

Pero eso sí, el presidente y su partido han arrancado, desde estos días, la promoción de sus “corcholatas” a través de sus gobernadores lo que, a todas luces, parece promoción anticipada.

Abiertamente, Mario Delgado envió una carta, el 14 de enero, a los gobernadores emanados de su partido, a los que pidió fortalecer la presencia de los señalados por el señor del Palacio Nacional; dígase “Las Corcholatas”, en abierta prostitución de la política.

Luego, como queriendo salvar un poco la honra, abrió la puerta de última hora a Ricardo Monreal, que fue añadido a regañadientes; después a Fernández Noroña, quien casi casi entró por la puerta del baño.

Lo que antes hacía el PRI en lo oscurito, MORENA lo hizo con luces y sonido: el Secretario de Gobernación (una de las Corcholatas) reunió a los gobernadores de Morena y al presidente y la secretaria de ese partido: Mario Delgado y Citlalli Hernández.

Ahí fue donde se les pidió a todos los gobernadores “fortalecer” la presencia de los señalados por el señor. Actos anticipados de campaña: ¡dos años antes de que siquiera empiece la campaña! Ese es el tamaño de la trampa.

Lo que viene

La semana pasada, la Suprema Corte (ésa de la que tanto se queja AMLO) aprobó una enmienda que permite a los militares realizar detenciones o capturas, sin la obligación de avisar a mando policial civil alguno.

Si de pronto usted es sorprendido realizando algún acto que les parezca sabotaje, como los del Metro, podrá ser detenido. Y su paradero podría quedar en la secrecía hasta que los militares decidan cuando avisar a los familiares.

Está, además en marcha, un proceso de ideologización que muchos no han querido ver. El presidente López Obrador permitió la contratación del venezolano Sady Arturo Loaiza Escalona, subdirector en la SEP desde enero del año pasado.

Él encabeza, junto con Marx Arriaga Navarro, el rediseño y contenido de los libros de texto y materiales pedagógicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México. Ellos realizarán “cambios de fondo” en la estructura y materiales de primaria y secundaria.

Plantean eliminar conceptos como “eficiencia”, “competitividad”, “productividad” y “sociedad del conocimiento” porque, dicen, son conceptos “neoliberales”. Él gana 28 mil pesos al mes por sembrar estas teorías.

Fue funcionario activo del actual presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, en la Biblioteca Nacional de Venezuela del 24 de noviembre de 2014 al 1 de septiembre de 2018. La biblioteca está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura

Loaiza Escalona también fue director general de proyectos especiales del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales del gobierno de Venezuela. Podemos entender entonces el corte de su enseñanza.

Si la sociedad mexicana ve ahora estas alertas, después le sobrarán décadas para arrepentirse. Sea como sea, así como en el 2018, el hartazgo será lo que defina al ganador. La diferencia serán los niveles de violencia. No habrá quien la pueda o quiera parar.

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Con voz propia

El silencio ante los crímenes de Isabel Miranda de Wallace

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Las autoridades han guardado silencio con los delitos de Isabel Miranda de Wallace

Por Miguel Montesinos León

El 24 de enero de este 2023 fue lanzado el libro La vida impune: Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace. La autora Guadalupe Lizárraga, periodista y directora de Los Ángeles Press, con estudios en la UNAM y maestría y doctorado en Europa, da a conocer al público y a la clase política los alcances que una persona perversa, coludida con políticos de la talla de Genaro García Luna, Felipe Calderón, y los que participaron en los actos violatorios de la Ley en todos los sentidos. La periodista revela cómo estos personajes han ido dejando a su paso personas detenidas injustamente y torturadas, impunemente, y hasta la fecha algunas con sentencias exageradas, pero todos con secuelas físicas de por vida.

A las autoridades no les ha importado ser expuestos públicamente por brindarle todo el apoyo político y económico a Isabel Miranda de Wallace aún cuando se han evidenciado sus acciones ilícitas.

Para saber más del tema: ‘La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace’, el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

El actual fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, la ex secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez se han entrevistado con la autora de este y otros libros, en los que a través de sus investigaciones ha recopilado, editado y publicado el historial criminal de Isabel Miranda de Wallace.

Los funcionarios todos se comprometieron a iniciar las investigaciones pertinentes y necesarias, para darle seguimiento a estas denuncias públicas; y hasta la fecha no se han pronunciado al respecto. ¿Es tanto el poder con el que cuenta Miranda que a este gobierno también lo tiene de rodillas?

Nos hace suponer que detrás de toda su impunidad y protección del gobierno federal -tanto de Felipe Calderón como de Peña Nieto y el actual con López Obrador– están corrompidos por las células criminales a las qué pertenece Isabel Miranda. No se entendería de otra forma el por qué la justicia no se aplica en su contra ni tampoco se libera a las víctimas de sus violaciones de derechos humanos y detenciones evidenciadas en los libros de la periodista Guadalupe Lizárraga, quien ha presentado ante organismos extranjeros solicitud de apoyo para liberar a los presos de Isabel Miranda.

Para saber más del tema: Isabel Miranda de Wallace admite responsabilidad en las torturas de sus inculpados

 

Guadalupe Lizarraga ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo en las investigaciones durante diez años y ha tenido dos intentos de secuestro y privación de su vida misma, ha interpuesto denuncias ante la FGR y con todas las pruebas fehacientes del caso, las autoridades siguen ciegas y mudas. Ha denunciado la persecución también ante López Obrador en sus conferencias mañaneras y así como ése y otros casos los ha expuesto, casos de detenidos por falsa acusación con delitos inventados, todos documentados.

Ni el mismo presidente de México ha intentado por lo menos aplicar la justicia. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el poder de indultar a las personas detenidas por este caso y llevar a la justicia a los autores intelectuales y materiales de estas graves violaciones; sin embargo, se irá López Obrador y las víctimas seguirán en prisión, mientras sus acusadores criminales libres.

 

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