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Con voz propia

La responsabilidad omitida del gobierno mexicano en Ayotzinapa

El crimen de estado contra normalistas de Ayotzinapa sigue sin resolverse y dejando en impunidad a los verdaderos criminales

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Rabia por Ayotzinapa en el pueblo de San Luis Acatlan, Guerrero. Foto: Sergio Ferrer

Teódulo Pineda Bahena

A pesar de lo que afirme y pregone a través de todos los medios informativos el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, en el sentido de que fueron elementos del crimen organizado quienes sacrificaron a los normalistas de Iguala, Guerrero, los ciudadanos de todo México y quienes se informaron de medios independientes de los sobornos gubernamentales, saben que fueron elementos de Seguridad pública quienes llevaron a cabo esa masacre y que el hecho, sí puede ser tipificado como crimen de estado.

Testimonios obtenidos de personas de Iguala, poco después de haberse registrado la emboscada (que en ningún momento fue enfrentamiento, como lo aseguran medios de México), declararon que cuando se llevó a cabo la dispersión de estudiantes después del segundo atentado, elementos de la policía municipal de Iguala y personas vestidas de civil las persiguieron por varias calles y les disparaban. A los que caían los subían a las camionetas y los que se rendían, eran sometidos y llevados en las mismas camionetas.

Desde ese momento, toda la responsabilidad de lo que les pudiera ocurrir a los jóvenes era de los que los privaron de la libertad y lo que haya sucedido posteriormente es consecuencia del hecho primero que fue consecuencia de la irresponsabilidad de quienes gobiernan en todos los niveles, por eso es un crimen de Estado.

Como primer responsable de este caso está el mismo Procurador General de la República, quien desde tiempo atrás tuvo en bajo su responsabilidad el haber actuado en contra de José Luis Abarca Velázquez y su esposa. No lo hizo y al contrario, pidió a quienes los denunciaron que le aportara pruebas de ello cuando él, con todo el poder y medios para llevar a cabo una investigación no la hizo, por omisión, dejó crecer el problema.

¿Quién en su sano juicio acudiría a cualquier instancia ministerial o de autoridad a denunciar cualquier delito en el estado de Guerrero? El sistema gubernamental, de justicia y político de esta entidad, es desde hace años una cloaca y además de los testimonios de la ciudadanía, están las  observaciones directas de quien escribe.

En el municipio de Cocula, en un poblado llamado Apipilulco el 24 de agosto del 2012 en la madrugada (4:00 horas aproximadamente) un comando de sicarios llegaron a una casa ubicada en la calle Escuadrón 201. Asesinaron a dos personas, padre e hijo y se retiraron del lugar. A los pocos minutos (unos 30 aproximadamente) se presentó un Agente del Ministerio Público con su grupo de policías judiciales. Tomó conocimiento del hecho, levantó las actas respectivas y le indicó a los familiares que velaran los cuerpos y los enterraran el mismo día sin que la hicieran más grande.

Se pasó por el arco del triunfo la necropsia obligatoria para este tipo de decesos y no se llevó a cabo ninguna investigación para que se diera con los responsables o las causas de asesinato. Aunque no era muy necesario porque en esa población toda la población sabía por qué.

El asunto es que, la mayoría de las veces en el caso de atropellados, robos, choques con lesiones graves e inclusos decesos, llamémoslos “comunes”; los Agentes del Ministerio Público tardan horas para acudir a tomar conocimiento. Y a quienes mandan por lo regular son a sus actuarios, en persona los titulares de las fiscalías no van, se dan su importancia.  Y en aquel caso la actuación fue inusitadamente rápida, tanto, que ni en los periódicos se supo esa nota.

En las redes sociales convocan a portestas y movilizaciones nacionales. Foto: red

En las redes sociales convocan a portestas y movilizaciones nacionales. Foto: red

Pero, ¿por qué pasaban esas cosas así?

Nadie podía ir a denunciar algún hecho delictivo relacionado al crimen organizado a ninguna dependencia porque, más tardaba en haber tomado la decisión en acudir, que en recibir en su casa poco tiempo después a sicarios de la organización denunciada quienes aplicaban la lección, o sanción correspondiente a ese acto de valor. Algunas veces, asesinando a un familiar o llevándose con rumbo desconocido a alguno de ellos.

Así creció el problema en Guerrero y los “servicios de inteligencia”  del gobierno lo supieron, pudieron pasar dos cosas con los agentes del CISEN: O no fueron lo suficientemente inteligentes para llevar a cabo sus labores informativas, o también fueron “cautivados” por el poder de las organizaciones criminales porque de todo lo que pasaba en Guerrero toda la población estaba enterada, menos ellos. Y si estuvieron enterados e hicieron los reportes correspondientes, entonces la responsabilidad va directamente a sus superiores dentro del sistema hasta llegar a Miguel Ángel Osorio Chong.

Por otra parte, la situación de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tampoco era desconocida para todas las instancias del gobierno. En los primeros días de su gestión como Gobernador del Estado, Ángel Aguirre estuvo de visita con los estudiantes quienes le hicieron saber la precaria situación en la que cursaban sus estudios.

Aguirre Rivero se comprometió a ayudarlos y proporcionar medio suficientes para mejorar la situación de los maestros y estudiantes de esa institución aunque la responsabilidad de ello era del gobierno federal. Pero pasado el tiempo no les cumplió.

Por su parte, el gobierno federal, desde que tengo memoria siempre ha sido miserable o mezquino con los estudiantes que cursan la carrera para maestros. Quizá porque saben que los aspirantes provienen de las familias más humildes de la sociedad como jornaleros del campo, campesinos pobres o de la clase obrera y que para poder sostener sus estudios necesitan de apoyos económicos.

Desde los años 60’s en que la educación popular empezó a eliminar de sus enfoques la justicia social y el nacionalismo pos revolucionario, a los internados rurales como Ayotzinapa se les redujo el “pre”, una cantidad (en aquellos tiempos de 30 pesos a la semana por alumnos) que era necesario para la alimentación de los estudiantes. Se les daba ropas de cama, uniformes y calzado.

A los estudiantes de los Centros Regionales se les daba únicamente una beca de 300 pesos para que pagaran la renta de hospedaje y su asistencia alimentaria fuera de los planteles, igual, en la segunda mitad de la década de los 60’s.

Por causa de esta situación era que año tras años los estudiantes pedían, solicitaba y exigían que se incrementaran esas cantidades insuficientes para sobrevivir llegando a veces hasta la huelga. Pero en lugar de que se resolvieran esos problemas, con el paso del tiempo se fueron  agudizando, reduciendo con ello aún más las esperanzas de que jóvenes de extracción humilde lleguen a cursar esa carrera y difícilmente cualquier otra en otro tipo de instituciones.

Esto fue lo que llevó a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa a protestar en contra del gobierno el 12 de diciembre de 2012 en la autopista del Sol en donde murieron a manos de Agentes Ministeriales dos de ellos. Los ha orillado a desarrollar plantones, marchas de protesta y denuncia en contra de quienes tienen la responsabilidad de  darles condiciones decorosas de estudio.

En cambio, ven como el Presidente de la República desprende generosamente de las finanzas públicas a prestigiosas universidades privadas premios, reconocimientos, apoyos y financiamientos. Será porque en ellas se preparan jóvenes “de primera” y que debido a su situación social y económica no tienen necesidad de salir a las calles, de hacer denuncias o de pedir nada que consideren que les corresponde.

Por todas las razones anteriores, el Gobierno Federal principalmente, tiene la responsabilidad de las muertes de los estudiantes de Ayotzinapa. Fueron omisos ante la situación que antecedió la tragedia, solaparon la irresponsabilidad de los gobernantes de Guerrero y siguen siendo indiferentes a la corrupción que se da en las instituciones judiciales y ministeriales de toda la entidad. No se atreven a investigar de qué forma es que han acumulado tanta riqueza algunos de sus agentes del ministerio público o sus comandantes de policías judiciales y más aún, parecen hacerse disimulados  ante la inexplicable vida disipada  y de comodidad de algunos de sus agentes de inteligencia.

Con voz propia

Funcionario mexicano ocupa oficinas para hacer “Fiesta COVID”

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En un video compartido por esta redacción, se aprecia cómo el secretario de Cultura de Hidalgo (Méx), José Olaf Hernández Sánchez, usa las oficinas gubernamentales para realizar convivios e incluso causar destrozos junto con sus acompañantes, mismos que posteriormente fueron pagados con dinero del erario

Por Emmanuel Ameth

Mobiliario de las oficinas de José Olaf Hernández Sánchez, secretario de Cultura en Hidalgo (Méx), resultó dañado luego de que al funcionario en compañía de sus subalternos, ocupara el espacio público para realizar un “convivio” durante la pandemia causada por COVID el pasado 30 de octubre (2020), cuando Hidalgo estaba en riesgo de regresar al semáforo epidemiológico rojo.

Cabe señalar que en la actual administración del gobernador Omar Fayad Meneses al menos una funcionaria que se desempeñaba como subsecretaria de Salud perdió su empleo luego de que difundiera un video donde usaba las instalaciones oficiales para celebrar su cumpleaños, obligando a otros burócratas a participar.

En el video se aprecia a 6 individuos acompañando a Olaf Hernández, quien a sus espaldas tiene enmarcado el retrato de Omar Fayad Meneses como en toda dependencia gubernamental.

Entre los asistentes se encontraban A. G. M., asistente del secretario que también es encargada de organizar eventos; R. O. L., encargada de prensa así como D. R., auxiliar también en el área de prensa.

Aparecen también el secretario Olaf Hernández, Goretti y O. E. C., identificado como su particular. Todos ellos estaban en las oficinas de la cultura ubicadas en El Ferrocarril (Pachuca).

Como saldo del convivio, al menos una mesa resultó rota, misma que posteriormente fue arreglada con presupuesto del erario.

Otros señalamientos

En 2018 este medio documentó desvíos con motivo de la supuesta compra de 300 Instrumentos musicales así como la financiación de 450 Actividades culturales, para lo que la Secretaría de Cultura del Gobierno de Hidalgo presupuestó un total de 77 millones 962 mil 500 pesos según el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública (PAAASOP); sin embargo en el Centro Cultural de las Artes de Hidalgo, los trabajadores allí presentes negaron tales adquisiciones pese a estar presupuestadas según la Función Pública.

Un año después, este medio documentó el asunto de la “Compañía de Teatro del Estado de Hidalgo: timo, fracasos y corruptelas de Olaf Hernández”, dado que lo que se vendió a los actores como uno de los proyectos de mayor envergadura para la entidad, terminó en engaños, penar, desvíos y abandono por parte del funcionario.

Días después, alrededor de 200 artistas hidalguenses pidieron mediante una carta al gobernador Omar Fayad Meneses la renuncia del secretario Olaf Hernández Sánchez “ante los múltiples señalamientos de funcionamiento irregular por parte del organismo que dirige y pone en riesgo el desarrollo de la política cultural del Estado”.

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Arteleaks

El Estado español encarcela al rapero Pablo Hasél por críticas al sistema

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

El español Pablo Rivadulla Duró (1988), conocido en el ambiente musical como Pablo Hasél, es un rapero de izquierda que se asume antifascista y ha adoptado el compromiso con sus composiciones en video y mensajes a través de la red social Twitter en denunciar y poner en tela de juicio a los poderes monárquicos, políticos, jurídicos y policiacos de su país.

Y debido a 64 tuits (de 2014 a 2016) y una canción (publicada en YouTube), en donde pone de manifiesto su rechazo a los excesos del poder, ha sido sentenciado a prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y contra las instituciones del Estado, por lo que deberá someterse a nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación y al pago de casi 30,000 euros de multa (es decir, más de 700 mil pesos mexicanos).

Por ello, más de 200 personalidades del cine, la televisión, el teatro y la música, entre ellos Joan Manuel Serrat, Javier Bardem y Pedro Almodóvar, emitieron un manifiesto en favor de Hasél, rechazando de manera tajante su reclusión en prisión y planteando la solicitud de eliminar del Código Penal ese tipo de delitos, “que no hacen sino cercenar el derecho, no sólo de libertad de expresión, sino de libertad ideológica y artística”, tal y como sucede en países como Turquía o Marruecos

Pero van más allá los firmantes al argumentar lo evidente bajo un Estado autoritario:  “el encarcelamiento de Pablo Hasél hace que la espada de Damocles que cuelga sobre la cabeza de todos los personajes públicos que osemos criticar públicamente la actuación de alguna de las instituciones del Estado se haga aún más evidente. Es necesario que se difunda esta situación a nivel internacional, para poner de relieve en qué situación nos encontramos. Somos conscientes de que, si dejamos que Pablo sea encarcelado, mañana pueden ir a por cualquiera de nosotros, así hasta conseguir acallar cualquier suspiro disidente”.

Más aún, la organización Amnistía Internacional se ha pronunciado en el sentido de que el encarcelamiento de Hasél por sus expresiones artísticas es una injusticia, y hace un enérgico llamado al Estado español para que realice una reforma al Código Penal con respecto a ciertos artículos que vulneran el derecho a la libertad de expresión.

“Nadie debería ser procesado penalmente sólo por expresarse en redes sociales o por cantar algo que pueda ser desagradable o escandaloso. No se pueden penalizar expresiones que no incitan de manera clara y directa a la violencia. Si no se modifican estos artículos se seguirá silenciando la libertad de expresión y coartando las manifestaciones artísticas”, subraya Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Incluso en favor del cantante y también poeta se expresó asimismo la diputada del Parlamento Europeo para Dublín, Clare Daly: “Mañana, el rapero catalán Pablo Hasél irá a la cárcel por sus letras. ¿Dónde está el llamado a sancionar a España?” Todo lo cual en el marco de la discusión por amonestar a Rusia debido al arresto de un disidente de ese país, en donde Daly evidencia la hipocresía de los congresistas de ser rígidos contra Rusia pero blandos con países como España o Estados Unidos al violar los derechos humanos de sus ciudadanos.

En definitiva, Pablo Hasél no es más que una víctima del autoritarismo de Estado que rige en España, en donde los excesos del poder son públicos y evidentes, basta revisar algunos medios de comunicación para corroborarlo. Él no miente, sólo dice la verdad de manera visceral.

Y este martes, 16 de febrero, ha sido consumada la ignominia. Ha sido aprehendido por los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica catalana) en la Universidad de Lleida, en donde se resguardó acompañado de un centenar de simpatizantes, quienes fueron dispersados con gases.

 

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Con voz propia

En Materia de Justicia, en México, estamos en la Edad Media

Ramses Ancira

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Historias para armar la Historia

Ramsés Ancira

A pesar de todas las dificultades, el gobierno de López Obrador está haciendo lo que puede y donde puede para conseguir vacunas para atender el problema del COVID, pero hay otro gran tema en el que no se ha avanzado un ápice en la administración de Olga Sánchez Cordero, éste es el de la corrupción en los reclusorios federales y locales de todo el país, algunos de los cuales, tal y como sucede en Estados Unidos han sido concesionados a particulares.

Y mencionamos a la carismática, aunque despistada Secretaria de Gobernación, porque como ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ella sabe que como responsable de la seguridad interna, de lo que pase en los centros de detención del país, ella es la última responsable. En el libro Reportero Encubierto, que me valió el premio Bellas Artes de Literatura testimonial, escribía en 2016, que las cárceles en México se parecen a las encomiendas que se daban en La Nueva España a los conquistadores. Estos hacían una especie de redadas, se apoderaban de los indios y los obligaban a trabajar para ellos, muchas veces de por vida, sobre todo si los llevaban a las minas, donde vivían muy poco tiempo, por eso iniciaron con la trata de esclavos africanos.

Sólo por poner un ejemplo de lo que ocurre en todo el país, vamos a citar el Centro Federal de Reclusión Social de Buena Vista, Tomatlán, en Michoacán. Aunque lo dirige un militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, los dueños de la prisión le cobran al gobierno más de 5 mil pesos al día por cada interno.

A este precio, el gobierno se ahorraría varios cientos de millones de pesos, si en lugar de tener a los presos en la cárcel los mantuviera retenidos en un hotel de cinco estrellas; pero ése no es el punto. El tema es que no es suficiente, además los reclusos tienen que pagar una renta de mil 500 pesos mensuales para poder adquirir en la tienda, galletas, café, agua potable, jabón o pasta de dientes. No es opcional, porque el director de la prisión les cierra las llaves para que no puedan tomar agua y obligarlos a comprarla embotellada.

Algunos de los detenidos ya han obtenido el beneficio de la libertad anticipada por buen comportamiento o por haber cumplido la mayor parte de su sentencia, sin embargo no la obtienen porque cada uno de ellos que salga en libertad, conforme a derecho, representa una pérdida económica de por lo menos 150 mil pesos mensuales para la empresa PRODEMEX, que tiene el negocio y para los custodios que extorsionan a los familiares, no solo con la renta mensual, sino con los materiales que tienen que comprarles para que puedan trabajar dentro de la prisión.

No todos los presos, por supuesto, son personas de bajo nivel adquisitivo. Hay otros casos muy mediáticos como George Khoury Layón, víctimas de Isabel Miranda, a quien además el mismo director del CEFEESO le intentó extorsionar con 500 mil pesos para “protección” y dejar de ser acosado y golpeado en prisión.

Este personaje es de especial mención porque la Organización de las Naciones Unidas recomendó al Estado Mexicano su liberación en el año 2017. La propia Secretaría de Gobernación, ya durante la administración de López Obrador le dio calidad de preso político en reconocimiento a su inocencia, el 1 de noviembre de 2019, con el oficio número UASJ/MJ/094/2019.

Sin embargo, Khoury Layón no ha obtenido el dinero necesario para que se cumpla la decisión que le otorga la libertad.

Según la versión de Khoury, la periodista Anabel Hernández, autora del libro Los señores del Narco, se entrevistó con él, le pidió disculpas por las calumnias, y le dijo que la jueza Hermelinda Silva Meléndez había recibido instrucciones del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera para sentenciarlo por el homicidio de Hugo Alberto Wallace. Este crimen no fue probado, existen todas las evidencias de violación al debido proceso, entre las cuales figura: el hecho de que se hayan expedido dos actas de defunción para la misma persona; un peritaje que asegura que la víctima fue asfixiada, aunque nunca se encontró el cadáver, una gota de sangre misteriosamente encontrada meses después del supuesto crimen, cuando se sabe que por más que se lave con cloro o lejía una escena del crimen, los peritos disponen de químicos que pueden revelar presencia hemática, sobre todo cuando se trata de litros de sangre como debe ocurrir cuando un cuerpo es descuartizado.

A esto se agrega que la gota de sangre tenía el ADN, la huella genética, de Isabel Miranda Torres y Enrique Wallace Díaz, que no era padre biológico de la supuesta víctima, por lo tanto, no tenía ninguna razón para portar ese Ácido Desoxirribonucleico, que es la molécula que identifica entre sí todos los seres vivos, e incluso a algunos virus como el que provoca el COVID-19. Ésa es la razón de que casi todas las vacunas que se han producido hasta ahora para atacar la pandemia tengan como objetivo evitar la replicación de ese virus en particular.

Para colmo, el ADN de la gota de sangre encontrada era de mujer. Para dar una idea al lector de la enorme diferencia que hace el Acido Desoxirribonucleico, femenino o masculino, o de una y otra persona, es como si quisieran prevenir el coronavirus, aplicando vacunas contra la polio, la viruela o el tétanos.

Sin embargo, Khoury era propietario de negocios. Ha recabado 70 testimonios de otros tantos presos del CEFERESO de Michoacán, que atestiguan las extorsiones que ha sufrido para que lo dejen usar tenis que permitan la transpiración o para no ser golpeado por otros presos. Para los demás, culpables inventados o reales, pero que ya cumplieron su sentencia o los requisitos para obtener su libertad, las condiciones son mucho peores.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, literalmente sirve, como dice el refrán mexicano, “para lo que se le unta al queso”, es decir, para nada. Cuando se le concedió el beneficio de la libertad, a uno de los detenidos, cuyo nombre nos reservamos para evitarle represalias, sus familiares acudieron a esta. De ahí los enviaron a la Comisión del Estado de México, debido a que ahí se encuentra el juzgado, aquí declinaron y les dijeron que acudieran a la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, porque ahí estaba el prisionero y de ahí los enviaron de vuelta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque se trata de un asunto federal. En la CNDH la titular también tiene el mismo valor que un florero porque la señora Rosario Piedra Ibarra no tiene idea de cómo trabajar.

Prueba de ello es que hace unas semanas convocó a un concurso que hubiera significado mucho si se hubiera tratado de exponer videos sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren en México, pero en lugar de eso se pedía a los participantes que presentaran guiones que hablaran bien de la CNDH, y solo si era así les darían 20 mil pesos para producir los cortometrajes, pero además con la vigilancia de un censor de la propia Comisión.

Si la ciencia y el arte tienen un valor tan pobre en la 4T. Si las leyes que emitió el Estado para conceder la libertad a presos políticos y personas que ya cumplieron con los requisitos, no son respetadas por el poder judicial, y el gobierno hace caso omiso. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de injusticia en México? ¿Cuándo va a haber 4ta transformación en materia de Derechos Humanos?

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