La responsabilidad de los ricos

Carlos Slim, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas, algunos de los más ricos del planeta. Foto: especial Cambio de Michoacán
Carlos Slim, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas, algunos de los más ricos del planeta. Foto: especial Cambio de Michoacán

Isidro H. Cisneros*

En tema pendiente de nuestra democratización es la desigualdad social. Existen 53.3 millones de mexicanos pobres, y la cifra se eleva a 60.6 si se considera al número de personas que viven por debajo de la línea mínima de bienestar de acuerdo con los organismos especializados de las Naciones Unidas. En nuestro caso, el problema no sólo es la cantidad de pobres sino y sobre todo, la calidad de esa pobreza, su afincamiento histórico y su carácter estructural. La cuestión social en el régimen democrático plantea el problema de si los derechos sociales deban ser tutelados. De un lado, se colocan quienes consideran que los derechos sociales -el derecho a educación, salud, trabajo y vivienda digna- son derechos adquiridos y por lo tanto, irrenunciables, por el otro lado, encontramos a quienes niegan el valor absoluto de tales derechos. Las políticas sociales son una obligación de las sociedades modernas y por lo tanto, deben ser tuteladas por el derecho. Aceptar la idea de que no existen derechos sociales sino solo necesidades, quiere decir regresar a la caridad, la filantropía y a los pobres en las escalinatas de las iglesias. La democratización mexicana no puede olvidar una historia secular de batallas por la igualdad, no puede renunciar a la idea de que se deban hacer menos desiguales a personas que nacieron desiguales. Los derechos sociales son legales y morales: los garantiza la ley y son derechos con valor universal.

La cuestión social en la democracia representa una expresión de las desigualdades y antagonismos que generan pobreza, desempleo, exclusión y discriminación entre las personas y al mismo tiempo, proyecta una forma de presión y resistencia social a través de los movimientos colectivos que reivindican derechos para los pobres. Un fenómeno de nuestro tiempo es la creciente marginación económica de amplios sectores de la población. El sueño colectivo que caracterizó todo el siglo XX, y que pretendía superar “la explotación del hombre por el hombre”, no se ha hecho realidad. Los políticos apelan al derecho de ciudadanía, pero éste no puede desplegarse en una lógica democrática, sino se garantiza un conjunto de derechos básicos. La persistencia de los desequilibrios en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, no sólo disminuye, sino que se incrementa. Se ha perdido la confianza en el futuro.

Las desigualdades son evidentes también a escala planetaria. El 20% de la población consume el 80% de los recursos disponibles. De acuerdo con el Banco Mundial, tan sólo en una década el número de quienes viven por debajo del umbral de la pobreza absoluta se duplicó, alcanzando 1,290 millones de personas en 2013, de los cuales 400 millones son niños. En 1900 habitaban el planeta 1,800 millones de individuos, actualmente somos 7,200 millones. Dentro de un decenio, la población mundial aumentará mil millones más, hasta alcanzar durante el próximo siglo los 16,600 millones. Un dato que no debemos perder de vista es que el incremento poblacional se dará sobre todo en las regiones más pobres del mundo. De continuar las actuales tendencias no sólo se corre el riesgo de incrementar la brecha entre ricos y pobres, sino también el riesgo de avanzar hacia nuevas formas de exclusión y autoritarismo, sin haber siquiera eliminado las antiguas.

La exclusión económica establece una brecha entre ricos y pobres. Si se considera el ingreso per cápita de los habitantes del planeta, entre el país más rico que es Luxemburgo, con sus 107,476 dólares por habitante al año y el más pobre que es Burundi, con 251 dólares, existe una gran distancia. La percepción de tal diferencia genera un creciente malestar social. Este proceso se aprecia claramente a través de la migración hacia los países ricos, donde se explota la mano de obra barata o se dan los empleos que los originarios del país receptor rechazan. La exclusión económica produce de esta manera fenómenos de racismo, intolerancia, jerarquías y diferenciaciones, al tiempo que genera movimientos sociales y conflicto político.

Desde este punto de vista, la cuestión social se relaciona con la distribución de la riqueza y la responsabilidad de los ricos. Debemos reconocer que el sistema actual ha abierto la brecha más peligrosa de la historia entre una minoría excesivamente rica y consumista, y una mayoría de personas que se empobrecen cada vez más. Debemos entender la pobreza saliendo de las tradicionales consideraciones del rédito o del consumo per cápita, para proponernos otras categorías como la de capacidades y la de derechos. La primera se asocia con las oportunidades sociales mientras que los segundos con el marco normativo que permite el ejercicio de los derechos de ciudadanía que no son solamente políticos, sino también económicos, sociales y culturales. Nuestra democratización tiene una agenda de temas pendientes y múltiples focos rojos que afectan el futuro político y la posibilidad del desarrollo humano. Uno de ellos es la creciente injusticia social.

* isidroh.cisneros@gmail.com

 Twitter: @isidrohcisneros

 agitadoresdeideas.blogspot.mx

 

Guadalupe Lizárraga

Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias en español en Estados Unidos sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de las investigaciones en formato de libro Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017) y El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018) ambos distribuidos por Amazon.com

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