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Latinoamérica

La promesa de “mano dura” para Guatemala asusta a la sociedad civil

El nuevo presidente de Guatemala prometió mano dura contra el sicariato y homicidios, pero la gente teme los abusos policiacos como en el pasado.

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Foto: Daniel Valladares/IPS

Por Daniel Valladares

GUATEMALA, ene (IPS) – La llegada a la Presidencia de Guatemala del general retirado Otto Pérez Molina, con la promesa de “mano dura” contra la inseguridad en uno de los países más violentos del mundo y donde reina la impunidad, genera esperanzas pero también cautela en la sociedad civil.

“Les damos el beneficio de la duda, pero con los nombramientos que se tienen a la vista nuestra perspectiva es que van a aplicar medidas reactivas que pueden dar lugar a abusos”, dijo Arturo Chub, de la no gubernamental Seguridad en Democracia.

El derechista Pérez Molina asumió el sábado 14 de enero la Presidencia por cuatro años, con el compromiso de “trabajar por la paz, la justicia y la seguridad integral” y dos días después anunció cambios en el Ministerio de Gobernación, encargado de la seguridad interna del país.

Para ello creó tres unidades de tarea: contra robos y asaltos, contra extorsiones, y contra el sicariato y los homicidios, los delitos que tienen torturada a la sociedad guatemalteca.

El presidente también nombró a un nuevo director de policía, una institución que ha sido severamente desprestigiada debido a que numerosos agentes han sido denunciados por participar en actividades ilegales como el narcotráfico.

“Estas acciones son de carácter reactivo pero todavía no hay una política de coordinación clara entre el Ministerio Público, encargado de la persecución penal y el Organismo Judicial, máximo organismo de justicia”, precisó Chub.

El especialista también se mostró preocupado por la ausencia de una política de prevención del delito como el programa “Escuelas abiertas”, una iniciativa promovida por el ya exgobernante socialdemócrata Álvaro Colom (2008-2012) que permitía el uso de centros educativos públicos los fines de semana para actividades formativas, lúdicas y artísticas.

“Es un espacio que abre la posibilidad de socialización y capacitación de los jóvenes que no tienen muchas opciones porque hay lugares donde no hay espacios públicos y las escuelas son una alternativa”, explicó.

Chub se inclinó además por fomentar un programa de cultura de legalidad “porque hemos perdido este valor como sociedad y aceptamos como algo normal violar las normas como agredir a las personas, pagar para obtener una licencia de conducir, etcétera”.

Guatemala está entre los 14 países más violentos del mundo, según el segundo informe de la secretaría de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, una iniciativa diplomática lanzada en 2008. El reporte, publicado en octubre, fija que en ese grupo de países, seis latinoamericanos, se concentra 25 por ciento del crimen mundial.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, promovida y avalada por la Organización de las Naciones Unidas, asegura que 98 por ciento de los crímenes cometidos en este país con 14 millones de habitantes, quedan en la impunidad, lo cual lo convierte en un paraíso para los criminales.

El Ministerio de Gobernación informó el día 3 que en 2011 hubo en el país 5.632 homicidios, equivalente a una tasa de 38,6 por cada 100 mil habitantes, 8,4 puntos menos que en 2008. Pero la tasa es muy superior a la ya alta de América Latina, de más de 29 homicidios por 100 mil habitantes, según organismos internacionales.

“Como sociedad civil especializada esperamos conocer cuál será la política de seguridad del nuevo gobierno”, dijo a IPS el experto Marco Antonio Canteo, del no gubernamental Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.

“Hasta ahora hemos visto acciones pero esperamos que estas sean parte de toda una estrategia”, matizó.

Canteo explicó que el nuevo gobierno debe considerar algunos ejes “muy importantes” tales como la creación de un ministerio de seguridad y de la policía de investigación criminal y otras reformas para fortalecer la institucionalidad policial.

Añadió que el gobierno también debe contribuir en la lucha contra la impunidad con la búsqueda de los recursos financieros para fortalecer todas las instancias que conforman la cadena de justicia.

“Queremos que el nuevo gobierno pueda cumplir con mejorar la seguridad bajo los principios de seguridad democrática y respeto a los derechos humanos. Y vamos a expresar nuestra nuestro beneplácito si así se hace y lo vamos denunciar en caso contrario”, concluyó.

Verónica Godoy, de la no gubernamental Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública, dijo que para Pérez Molina “será difícil lograr resultados en seguridad, sobre todo, si cree que en seis meses puede conseguirlo”.

La especialista se refirió a la percepción de seguridad como “algo muy importante para la población” al punto que “el gobierno anterior reportó una disminución de 7,4 por ciento de asesinatos pero esto no fue sensible para la población”.

Godoy también consideró la prevención del delito como “algo fundamental” que requiere mucho trabajo a nivel comunitario con municipalidades y autoridades locales.

“Porque si no se hace esta labor los resultados en el combate al crimen pueden ser solo temporales”, advirtió. Mientras tanto la lucha contra la impunidad debe ir de la mano.

“Debe haber mucha coordinación entre todas las instituciones que conforman la cadena de justicia como la policía, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Ministerio Público, el Organismo Judicial y el Sistema Penitenciario”, sugirió.

Godoy cree que el nuevo gobierno del derechista Partido Patriota tiene la oportunidad de lograr resultados en el combate a la criminalidad aunque en definitiva “no será nada fácil”.

 

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La red en lucha

Cuba iniciará ensayos de la vacuna contra Covid-19

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El próximo 24 de agosto Cuba comenzará con los ensayos de la vacuna contra el Covid-19 y los resultados podrían estar listos en febrero que llevará el nombre Soberana 01 y que será efectivo contra el nuevo tipo de coronavirus.

La investigación de Cuba tiene el propósito de evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad en un esquema de dos dosis, según la ficha del Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, por lo que esta etapa abarca su aplicación a 676 personas de entre 18 y 80 años de edad bajo el control del estatal Instituto Finlay de Vacunas.

De acuerdo con la investigación cubana, el ensayo deberá culminar el 11 de enero y sus resultados se publicarán el 15 de febrero, pues Cuba controló la propagación del nuevo tipo de coronavirus, aunque sufrió un nuevo rebrote que ha afectado particularmente el occidente de la isla donde se ubica la capital.

Cuba desarrolló un programa activo de aislamiento de casos sospechosos, la aplicación de pruebas de diagnóstico y la búsqueda casa por casa de personas con síntomas, aunado a que se suspendieron las clases y el transporte público, se cerraron comercios y cancelaron vuelos comerciales.

Asimismo, Cuba llegó a un acuerdo con Rusia para la fabricación de la vacuna Sputnik V, una de las primeras en ser registradas, por lo que se encuentra en la tercera fase y esperan la aprobación total para su distribución masiva de las dosis por distintos países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que todas las vacunas deben completar las fases de ensayos clínicos antes de ser distribuidas en distintos países para que garanticen su efectividad contra el nuevo virus.

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Latinoamérica

México y Argentina producirán vacuna contra Covid-19 para América Latina

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que México y Argentina producirán las vacunas contra el Covid-19 que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de Oxford en alianza con la Fundación Slim.

El mandatario federal refirió que México firmó un acuerdo con Argentina y las instituciones particulares que desarrollan la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, con lo cual se garantizará el suministro de estas dosis a los países de América Latina.

De acuerdo con López Obrador, esta noticia puede tranquilizar a los ciudadanos para la distribución masiva de la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, por lo que destacó el apoyo de la Fundación Slim y el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford que han confiado en México.

Agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estuvo al pendiente del desarrollo de las gestiones que se efectúan para contar con la vacuna, por lo que cuenta con el respaldo científico de la Secretaría de Salud federal (SSa).

Por su parte, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, informó que la producción de la vacuna desarrollada por AstraZeneca para enfrentar el Covid-19, misma que será producida en México y Argentina y presuntamente es la más avanzada del mundo al desarrollar entre 150 y 250 millones de dosis.

Afirmó que no se busca el lucro, sino garantizar el acceso a una vacuna efectiva para la población de América Latina, por lo que se espera que a finales de noviembre se cuenten los primeros resultados, de acuerdo con los estudios clínicos que se han implementado.

Asimismo, indicó que con estas medidas se adelantará la distribución de la vacuna a la población de América Latina, pues pasará de un año a seis meses el tiempo en el que se aplicaría, por lo que con ello favorecerá la salud de la población y beneficiará la economía.

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Al filo de la navaja

Erráticas políticas migratorias de México y Estados Unidos

México y Estados Unidos no han comprendido el origen de la migración centroamericana y de otros países, pese a que ambos se han beneficiado de ésta

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Raúl Ramírez Baena

Además del rechazo de algunos sectores de la sociedad –sobre todo tijuanense- a los refugiados centroamericanos, que en caravanas llegan a la frontera norte del país en busca de asilo en los Estados Unidos, tal parece que las autoridades de este país y de México no han terminado de entender la historia, origen, dinámica y perfil de la migración hacia el país del norte, a partir del Programa Bracero, hasta la fecha.  

La política migratoria de Donald Trump utiliza el tema antiinmigrante como bandera de su campaña presidencial (ahora, en búsqueda de su reelección), que muchos votos le arrojaron en 2016 al criminalizar a los inmigrantes indocumentados, mexicanos incluidos.

Esta política xenófoba se le ha revertido ahora a Trump, acarreándole serios tropiezos, como la derrota en la Cámara de Representantes para la obtención de recursos para construir su muro en la frontera con México, bajo el argumento de que en esta región los EU viven una “crisis humanitaria y de seguridad”, que pocos creen, incluso, legisladores de su partido.

A consecuencia de su política de “Tolerancia Cero” a la inmigración indocumentada, Trump ha sido evidenciado por la separación de menores de sus padres, lo que –eso si- ha generado una crisis internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido a petición de las defensorías públicas de México, Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala, dictando medidas cautelares en favor de 572 menores detenidos en jaulas del Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE), en condiciones inhumanas, afectando su integridad física y psicológica.

Escribe Pablo Jiménez de Sandoval en El País: “Un número aún desconocido de niños fueron separados de sus padres. El Gobierno ha reconocido 2.816. Al menos 471 padres fueron deportados sin sus hijos (…). Nadie registró quién era quién o dónde estaban. Han sido las ONG las que los han ido a buscar, en ocasiones a pueblos perdidos de Centroamérica.

Esta crisis obligó a la administración federal a admitir el ingreso a los EU, en calidad de solicitantes de asilo, a los padres de 29 menores encontrados por las ONG “Al Otro Lado”, de Tijuana, y “Families Belong Together”, de Los Ángeles. Un triunfo.

Por su parte, el Condado de Los Ángeles reta a la administración Trump al declararse oficialmente en febrero “Santuario de Inmigrantes”. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no ejercerá más funciones de control de inmigración, restringiendo su ayuda a las autoridades migratorias federales. Otro triunfo.

El caso México

Ante el arribo masivo de miles de centroamericanos desde el año pasado, a través de las caravanas que ingresan por la frontera sur como solicitantes de asilo a los EU, la administración de López Obrador sorprendió al inicio de su gestión anunciando un giro de 180 grados en la política migratoria: no criminalización y persecución de indocumentados, respeto a sus derechos humanos, emisión de visas humanitarias, reconocimiento del estatus de refugiados,  creación de fuentes de trabajo y negativa a convertir a México en “Tercer País Seguro” (TPS), según deseos del Sr. Trump.

Con el paso de los días las cosas han cambiado, sobre todo en Tijuana y Mexicali, y la realidad es otra:

1.- Como consecuencia de la nueva política social federal y ante la quiebra financiera del Gobierno de Baja California y la posición xenófoba del alcalde de Tijuana, los albergues de apoyo a migrantes ya no reciben recursos públicos, por lo tanto, tienen serias dificultades para ofrecer comida, medicamentos y asistencia a miles de centroamericanos y de otras nacionalidades que llegan todos los días, atraídos por el boom del asilo en los Estados Unidos.

2.- La Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR), de la Segob, dejó de prestar asistencia a las ONG y a los inmigrantes para la tramitación de refugio en México, en tanto se decide su situación migratoria en el país y el asilo en los Estados Unidos.

3.- A partir de enero pasado y a pesar de que siguen ingresando al país, México cerró la expedición de visas humanitarias, complicando la situación legal de los inmigrantes, que están en calidad de indocumentados, acrecentando su vulnerabilidad al quedar expuestos a las autoridades locales.

4.- Ante el arribo diario a Tijuana y Mexicali de ciudadanos centroamericanos y de otras nacionalidades, el gobierno federal y los locales no han dispuesto, como en octubre pasado, de albergues provisionales con servicios humanitarios, sanitarios y legales básicos y suficientes.

5.- México ha declarado que no será “Tercer País Seguro” de los Estados Unidos para alojar a inmigrantes mientras se resuelven sus solicitudes de asilo, pero en los hechos ha abierto sus puertas para ello, favoreciendo los deseos de Trump, violentando así las normas del Derecho Humanitario Internacional.

6.- Haciendo el trabajo sucio a Trump, las autoridades del Instituto Nacional de Migración han impedido el acceso a México a abogados y periodistas estadounidenses en aeropuertos nacionales, que trabajan en colaboración con miembros de la caravana en Tijuana, al estar “fichados” por autoridades de los Estados Unidos.

7.- Como corolario, sin conocimiento y asesoría sobre el origen y la dinámica migratoria, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, culpa a “Pueblo sin Fronteras” de organizar las caravanas.

Así las cosas, sólo esperamos que el proceso electoral de Baja California de este año no se contamine del discurso antiinmigrante de Trump, como recurso para ganar votos. Ya veremos.

Fotografía: Yerson Martínez.

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