Justicia pendiente
La OCSS y otros colectivos exigen libertad de culpables fabricados que llevan más de 20 años en prisión
Levantan plantón del zócalo en acuerdo con autoridades federales para atender casos de presos políticos y sobrevivientes de Aguas Blancas
La Organización Campesina de la Sierra del Sur, en conjunto con La Voz de Amate y Presos políticos de Eloxochitlán, Oaxaca, lanzaron un comunicado público para exigir la libertad de personas con más de veinte años en prisión injusta. Se trata de Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena y Orlando Ávila Mesino, sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, y quienes han sido enjuiciados en procesos jurídicos ilegales, en los cuales sufrieron tortura, pese a demostrar su inocencia.
Desde el domingo 12 de marzo, la OCSS estuvo en plantón permanente en el zócalo de la Ciudad de México, acompañada por integrantes del colectivo Solidarios de la Voz de Amate, quienes también pidieron la libertad de seis indígenas tsotsiles en Chiapas, así como las Mujeres mazatecas pidieron por la libertad de los presos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.
Boletín de prensa
A las diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos
A los periodistas y medios de comunicación
Al pueblo en general
Los hemos invitado para informarles sobre los resultados de la reunión que tuvimos el día de ayer con representantes de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y de la Secretaria de Gobernación, ambas del gobierno federal, en la que los funcionarios de dichas dependencias se comprometieron a gestionar, ante las instancias correspondientes, los trámites necesarios para concretar la libertad de nuestros compañeros sobrevivientes a la masacre de Aguas Blancas: Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena y Orlando Ávila Mesino, quienes se encuentran injustamente presos en cárceles del estado de Guerrero. En la reunión los funcionarios de las dependencias mencionadas se comprometieron a trasladarse a Morelos y Guerrero para, con los presidentes de los Tribunales de Justicia de ambos estados, acordar y efectuar los procedimientos jurídicos necesarios para que nuestros compañeros obtengan su pronta libertad.
Asimismo, queremos manifestar que la lucha por la libertad de nuestros compañeros está hermanada con las luchas de las mujeres mazatecas de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, y de los indígenas tsotsiles Solidarios de la Voz del Amate, quienes se encuentran aquí presentes. En el caso de ellos, queremos exponer lo siguiente:
Los compañeros mazatecos Jaime Betanzos Fuentes, Francisco Durán Ortiz, Alfredo Bolaños Pacheco, Herminio Monfil Avendaño, Fernando Gavito Martínez y Omar Hugo Morales Álvarez, llevan nueve años de prisión preventiva, sin juicio ni sentencia. Ello es violatorio de sus derechos humanos aquí y en todo el mundo. Solicitamos su libertad inmediata porque, en 2018, el Senado de la República examinó sus casos y los encontraron injustamente presos, criminalizados selectivamente. En 2022 sus casos fueron aceptados por el Convenio del Consejo de la Judicatura Federal del 4 de julio como presos indígenas con delitos fabricados y derechos violados. Por ello, no hay razón alguna para que sigan encarcelados. Exigimos una mesa de trabajo con el gobierno de Oaxaca. Esa mesa de trabajo debe ser resolutiva y debe estar libre del manejo caprichoso de la Fiscalía y el Tribunal. Queremos sentencias de libertad, ¡Ya!
En el caso de los compañeros Solidarios de la Voz del Amate, de Chiapas, son seis indígenas tsotsiles injustamente presos. Sus nombres son: Roberto Martínez Pérez, Nicolás Gómez López, Mario Gómez López, Martín Gómez López, Mariano Gómez López y Marcos Gómez López. Ellos se encuentran encarcelados en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número 5, de San Cristóbal de Las Casas. Los compañeros fueron obligados, mediante tortura, a declarase culpables de delitos que no cometieron. Su detención fue arbitraria y violenta, sin orden aprehensión. Ninguno contó con traductor, ni defensor jurídico en su idioma. Por lo cual, son ilegales las investigaciones de los casos y cabe señalar, que no les respetaron su presunción de inocencia.
Por tanto, las condenas que les impusieron son injustas y violatorias de sus derechos humanos. En este caso demandamos concretamente les sea aplicado el Protocolo de Estambul sin más demora, por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos de Chiapas, a través, de la Unidad Contra la Tortura. El protocolo es conocido también como Manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes. Su aplicación permitirá, comprobar la tortura de la que fueron víctimas, así como, la violación a su debido proceso, con lo que consecuentemente, obtendrían su liberación.
Finalmente, queremos manifestar que con el plantón que instalamos el día domingo, una vez más comprobamos que es mediante la lucha política como podremos lograr la libertad de nuestros compañeros. Lamentablemente, hay trámites jurídicos que debemos solventar, a los cuales no nos negamos, porque está demostrado que nuestros compañeros son inocentes y que fueron enjuiciados en procesos jurídicos ilegales. Sin embargo, llamamos al gobierno federal a que tenga la necesaria voluntad política para resolver estos casos, pues cada día que pasa es un día más en que nuestros compañeros no pueden estar con sus familias; es un día más en que se les arrebata su libertad.
Agradecemos a todas las organizaciones que nos acompañaron en estos días; a las personas solidarias que se acercaron; a los periodistas que están al pendiente de nuestra lucha. Gracias a todas y todos los que, en la medida de sus posibilidades, nos acompañan en esta digna lucha. Vamos a levantar nuestro plantón para concentrarnos en las reuniones que tendremos en los próximos días en Guerrero y Morelos, en las cuales se tiene que concretar la libertad de nuestros compañeros.
“Jamás renunciaremos ni al más viejo de nuestros sueños”.
¡Justicia y libertad inmediata para nuestros compañeros presos políticos Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, y Orlando Ávila Mesino!
¡Justicia y libertad a los presos políticos Solidarios de la Voz del Amate!
¡Justicia y libertad para los compañeros presos de Eloxochitlán de Flores Magón!
ATENTAMENTE
- Organización Campesina de la Sierra del Sur.
- Solidarios de la Voz del Amate.
- Mujeres mazatecas por la libertad los presos de Eloxochitlán de Flores Magón.
Zócalo de la Ciudad de México, marzo 14 del 2023.
Justicia pendiente
Lizbeth Victoria Huerta, a dos años de su crimen contra la activista británica, podría quedar en libertad
Jueza María Teresa Quevedo Sánchez modificó sentencias y cargos de todos los implicados
Por Miguel Montesinos León
Ayer 26 de marzo se cumplieron dos años de la desaparición forzada y asesinato de la activista Claudia Uruchurtu Cruz en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Un crimen ordenado por la entonces presidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, del gobierno de la 4T, que podría quedar en impunidad, por la protección de MORENA, que se observó desde el momento que se cometió el crimen.
El entonces senador por Oaxaca, Salomón Jara Cruz, ahora gobernador del estado, trató de proteger desde el senado mexicano a Lisbeth Victoria Huerta, a quien se le veía como su pupila, aunque no pudo evitar fuera detenida y encarcelada con los servidores públicos que actuaron en complicidad con ella.
A tan solo 15 días de asumir el cargo como gobernador de Oaxaca, Salomón Jara pretendió que fuera liberada la expresidente municipal de Nochixtlán Lizbeth Victoria Huerta, pese a la sentencia como autora intelectual de la desaparición forzada y asesinato de la activista británica Claudia Uruchurtu Cruz. Para ello, Jara Cruz contó con la colaboración de la juez de control Meria Teresa Quevedo Sánchez con sede en Huajuapan de León.
Al modificar las sentencias a la expresidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, la jueza Quevedo Sánchez también modificó los cargos desaparición forzada y homicidio a «entorpecer búsqueda de persona», y le redujo la pena a cuatro años dos meses de prisión, por lo que Victoria Huerta podría quedar en libertad en poco tiempo, e incluso se cree que podría también ejercer cargos en la administración pública al amparo y protección de Salomón Jara Cruz.
Demanda en el olvido
El 26 de marzo de 2021, Claudia Uruchurtu Cruz se encontraba en la Ciudad de México pidiendo justicia por la corrupción de la presidente municipal. De inmediato, viajó a Nochixtlán en apoyo a la convocatoria para exigir la atención médica y liberar a Alfonso Avendaño, detenido y golpeado por la policía bajo órdenes de la edil Lizbeth Victoria Huerta y el fiscal en jefe adscrito al Distrito de Nochixtlán Rey Velasco Carranza.
La demanda de justicia que hacía la activista, quedó en el olvido. También se encuentra en el limbo de la justicia en la Fiscalía Anticorrupción, de Oaxaca donde su titular Jorge Emilio Iruegas Álvarez dice que no existe ningún avance en la carpeta de investigación.
Con esta negativa a concluir la carpeta de investigación iniciada por Alfonso Avendaño Rodríguez en contra de la expresidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, policías municipales y ministerio público, la justicia en Oaxaca seguirá pendiente.
Justicia pendiente
Presidencia impugnará suspensión al Plan B; aspirantes al INE hermanos y allegados de morenistas
Por Ignacio García
Luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, otorgara la suspensión al ‘Plan B’, de la reforma electoral impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Consejería Jurídica de la presidencia de la república anunció que impugnará dicha decisión al considerar que viola la Constitución Política Mexicana.
Por medio de un comunicado, la Consejería refirió que el ministro Laynez Potisek cometió una serie de arbitrariedades para impedir que se implemente el ‘Plan B’, como se ha identificado a la propuesta de reforma electoral de López Obrador. Y según el comunicado, estas irregularidades fueron aprobadas por el Poder Legislativo federal. De acuerdo con la Consejería, los ministros del Poder Judicial deben actuar de forma congruente y garantizar el orden constitucional, además de proteger los derechos y libertades.
Apenas el viernes pasado la Suprema Corte de Justicia suspendió la implementación del ‘Plan B’ electoral que fue solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual fue criticado por el presidente de México, quien acusó que los ministros defienden intereses de los consejeros electorales con elevados sueldos, superiores a los del titular del Poder Ejecutivo federal.
Asimismo, el INE dio a conocer la quinteta de las personas que podrían ocupar las cuatro consejerías electorales pendientes, de las cuales están relacionadas en su mayoría con el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).
Para encabezar el INE se encuentra considerada Bertha Luján, hermana de la actual titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Luján, situación que ha provocado inconformidad por parte de diferentes representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos. Así también el hermano de la Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, quien estaba al frente del Instituto Federal de Defensoría Pública y durante su gestión despidió de manera masiva a abogados defensores con hasta 20 años de servicio en e Poder Judicial, cometiendo irregularidades y dejando en indefensión a personas privadas de libertad.
Justicia pendiente
Juez concede amparo a ex director administrativo de Segalmex por desfalco millonario
El juzgado sexto de Distrito en materia de Amparos y Juicios Federales del Estado de México le concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo que le solicitó René Gavira Segreste, ex director administrativo de Seguridad Alimentaria (Segalmex), contra cualquier orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.
El juzgador aceptó la solicitud que presentó el ex funcionario federal que es acusado de ser uno de los principales responsables de los desvíos de más de 142 millones 440 mil pesos en la compra simulada de 7.8 toneladas de azúcar.
El juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya giró la orden de aprehensión en contra del ex servidor público por lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada, no obstante, al contar con el amparo no podrá ser detenido.
El juzgador giró las órdenes de aprehensión contra 22 ex funcionarios federales de Segalmex por los desvíos millonarios cometidos durante 2019 y 2021, periodo en el que se habrían desviado millones de pesos del presupuesto de la institución federal creada en el actual sexenio.
Hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido a nueve ex servidores públicos relacionados con los desvíos millonarios en Segalmex durante los primeros tres años de la actual administración, tras las denuncias identificadas por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La ASF identificó desvíos de hasta 20 mil millones de pesos en el manejo de la cuenta pública de 2019, 2020 y 2021, cifra que sería superior al esquema de corrupción conocido como “la estafa maestra”.
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