La informalidad laboral en mujeres, con índices más altos que los hombres

Por Katiuska Serrano y Melisa Murialdo

Lograr tener un trabajo estable y solvente, en donde se puedan recibir todos los beneficios de la ley, es una realidad con la que no cuenta todo el mundo. En México, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país existen 31.8 millones de personas trabajando en la informalidad.

Esta cifra, actualizada en diciembre del año pasado, corresponde al 55.9% del total de los empleos. Si bien se debe destacar que este número representó una reducción anual de 1,6%, la situación no deja de ser preocupante, pues son muchos los trabajadores que no tienen la posibilidad de tener acceso a:

• seguridad social
• prestaciones de ley 
• incluso créditos o préstamos para la vivienda
• entre otros derechos

A partir del 1 de enero de este año, entró en vigor el decreto de reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la cual se amplían los días de vacaciones de 6 a 12, luego del primer año de trabajo, así como el aumento de dos días por cada año adicional. 

Sin embargo, los trabajadores del sector informal no pueden gozar de esta medida, ya que la norma establece que solo será aplicable a los contratos individuales o colectivos, situación con la que no cuentan los individuos que carecen de un trabajo formal. En estos casos, normalmente, se deben llegar a acuerdos con sus respectivos patrones.

El desempleo disminuye, la informalidad continúa

Para el INEGI, se considera a la población ocupada en la informalidad:

• “a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, 
• así como a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo”. 

En este sentido, también destacan a quienes laboran en micronegocios no registrados y otras modalidades análogas, como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia y quienes trabajan sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas.

En el país, según el ente, la tasa de informalidad en las mujeres sigue registrando porcentajes más altos que en los hombres, siendo de 56% y 54.1%, respectivamente.

Respecto a la tasa de desempleo, la encuesta del INEGI mostró una disminución del 3,5% respecto a diciembre de 2021 y se posicionó en 2,8% – 1,6 millones de personas – de la población económicamente activa (PEA), la cual al cierre de 2002 fue de 59,6 millones de personas.

Informalidad laboral por género.

Sólo 4 de cada 10 mexicanos laboran en el sector formal

En base a las cifras de la Población Económicamente Activa, 57,9 millones de individuos estuvieron ocupados durante diciembre, es decir, que se sumaron 1 millón más que en el mismo periodo del año anterior. En tanto, las personas subocupadas – aquellas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas –  fueron 4,2 millones, un 7,3 % de la población ocupada.

Por su parte, 25,3 millones de trabajadores (43,7%) están ocupados en el sector formal. En detalle:

• 11 millones realizan actividades en la industria del comercio; 
• 9,5 millones en las manufacturas, 
• 6,7 millones en labores agropecuarias y 
• 4,6 millones en construcción. 
• mientras que, en las áreas de minería, electricidad, agua y suministro de gas, estuvieron ocupadas el 0,7 % de la población, o sea, 409 mil personas

Efectos en la economía y estimaciones internacionales

En el 2021, el Banco de México realizó un estudio en el que determinó el impacto de la formalidad sobre el PIB per cápita en las diferentes regiones de México. En este contexto, afirmó que, si no existiera informalidad laboral, el PIB per cápita sería 19.6% más alto en la región norte del país; 28.4%, en el centro norte; 27.2% en el centro y 31.5% en el sur,

No obstante, las últimas cifras de empleo, a su vez, han ido mejorando de a poco la economía en la nación, debido que el Producto Interno Bruto creció de julio a septiembre un 0.9 % trimestral y un 4.3 % interanual, acumulando un alza de 2.9% en los primeros tres trimestres de 2022.

Además, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) estima que el crecimiento económico para México este 2023 aumentará de 1.5% a 1.6% y para el 2024 estaría por encima del 2%. Aunque, para que esto sea así, indican que es fundamental implementar medidas dirigidas a:

• que haya más participación de las mujeres en el mercado laboral, 
• que se pueda reducir la informalidad y 
• a que se mejore la calidad de la educación

En el caso de las expectativas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el panorama es otro, pues prevé un crecimiento de 1.1% en el 2023, lo que implicaría una contundente desaceleración para el país. Por ello, el organismo insiste en que se trabaje temas como 

• la desigualdad, 
• el rezago educativo y 
• la falta de inversiones

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), entretanto, anunció que el empleo en Latinoamérica crecerá solo 0,9 % en 2023, lo que representaría 2,9 millones nuevos puestos de trabajo. 

A su vez, para este año, también prevé un ligero aumento del desempleo a escala mundial de 3 millones de personas aproximadamente, de esta manera, se alcanzaría los 208 millones de ciudadanos sin trabajo. 

Finalmente, sobre la informalidad, la OIT la sitúa en 53,7 %, un alza que según el ente es parte de las consecuencias de la pandemia.

Ante esta realidad, si hay algo en que coinciden los organismos internacionales, es en el daño que hace la informalidad no solo a los trabajadores que deben renunciar a recibir derechos laborales, sino también a los propios países, que deben afrontar tener un ingreso per cápita más bajo o una mayor pobreza y desigualdad. Por esto, y mucho más, es importante llevar a cabo políticas que busquen acabar con esta problemática y generen mayor estabilidad económica tanto a la población, como a la nación.

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Al tiempo que operaba con Los Zetas, tenía dos plazas de maestro

Por Juan Ricardo Montoya

El 3 de diciembre de 2010, en la colonia Magisterio del municipio de Huejutla de Reyes, enclavado en el corazón de la Huasteca Hidalguense, fuerzas federales lograron la captura  de Eduardo Ramírez Valencia El Profe, peligroso lugarteniente de Heriberto Lazcano Lazcano, antiguo líder de Los Zetas y quien tenía dos plazas de maestro de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).

Al igual que Servando Gómez Martínez La Tuta, líder de lo que era el grupo delictivo Caballeros Templarios, quien también cobraba como maestro en Michoacán, Ramírez Valencia, pese a estar ocupado la mayor parte de su tiempo en organizar y ejecutar plagios, levantones y asesinatos ordenados por Lazcano, se las ingeniaba para cubrir sus dos plazas de maestro de secundaria y telesecundaria en Hidalgo, por las que percibía un sueldo neto de 20 mil pesos mensuales.

En lo que es un capítulo más del surrealismo en que viven los miembros de algunos grupos criminales en México, al ser capturado, el nombre de Eduardo Ramírez Valencia aparecía en la nómina de la SEPH correspondiente al primer trimestre de 2010.

En esa nómina, Ramírez Valencia tenía dos claves, que corresponden a una plaza distinta. La primera estaba foliada con el número 78613EO3636.00130541, que lo acreditaba como profesor de secundaria y la segunda con el folio 78679E278130.00132434, como profesor de telesecundaria.

De acuerdo con el documento, Ramírez Valencia, en el primer trimestre de 2010 (enero a marzo) cobró la cantidad de 63 mil 502 pesos. En el desglose de la nómina, prestó 36 horas de servicio durante esos tres meses, 30 como maestro de una telesecundaria foránea y seis más en secundaria. Por la de docente de telesecundaria recibió, en tres meses, 54 mil, 817 pesos: 21 mil 315 en enero; 15 mil 717 en febrero y 17 mil 784 en marzo de 2010.

Por la plaza de maestro de secundaria foránea, cobró en el primer trimestre de 2010 sólo ocho mil 65 pesos: tres mil 343 en enero; dos mil 516 en febrero y dos mil 825 en marzo.

En la nómina se especificaba que Ramírez Valencia no había participado en concurso de plazas, pero sí se beneficiaba de la llamada carretera magisterial. Se ignora en qué planteles escolares dio clases y qué materias impartía. Tampoco se sabe si siguió dando clases de abril a la primera semana del 2010 en que fue capturado.

Entérate: Expedientes Hidalgo: Frustrado secuestro evidenció complicidad de policías ministeriales con Los Zetas – (losangelespress.org)

En aquel entones, con 44 años de edad, y originario del municipio huasteco de Huejutla, en esa región, la gente aseguraba que Ramírez Valencia era maestro jubilado.

Era parte del grupo de maestros del círculo cercano de Mirna García, exdirigente de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación (SNTE) detenida, en 2014, por un supuesto fraude de 123 millones de pesos y luego liberada. Actualmente se encuentra prófuga de la justicia.

A tal grado era la cercanía de Ramírez Valencia con el SNTE que el también profesor Darío Badillo Ramírez, en 2010, diputado local del Partido Nueva Alianza por el XIII distrito, con sede en la región huasteca reconoció que era amigo del narcotraficante. «Sí, es amigo mío de toda la vida, oriundo de La Huasteca», se limitó a decir el legislador cuestionado por reporteros días después de la detención de Eduardo Ramírez.

«Es un profesor al que conozco de toda la vida; ignoro las situaciones de las que lo acusan, hay otras personas que han sido detenidas, un comerciante que se llama Rubén Monterrubio, una persona que hasta donde yo lo conozco es una persona dedicada al comercio, a los abarrotes», abundó. Sobre las actividades de Ramírez Valencia, el legislador comentó:»desconozco a qué se dedicaba él, fuera del magisterio».

No obstante, el entonces diputado local puso en duda la veracidad de la información con la que contaban los soldados y policías federales que mediante operativos lograron la captura de los presuntos narcos. Dijo, en su momento, «hubo otros operativos donde se llevaron a otras personas, incluso uno en Huejutla; entiendo que algunos de ellos fueron liberados. Es el mismo caso que ocurrió en Michoacán. Qué feo es que el área de inteligencia no haga su papel como corresponde, porque eso que digan, a final de cuentas, ‘usted perdone’ como que es una situación que apena mucho y la imagen que deja en las personas», remató.

El entonces legislador denunció en aquel entonces que los soldados habían irrumpido en la casa de su sobrino, Darío Humberto Badillo Zúñiga, se lo llevaron a un cuartel y lo mantuvieron incomunicado por más de una hora; al no tener más elementos para mantenerlo detenido, lo liberaron. En el comunicado de prensa que se emitió por la captura de Ramírez Valencia, se informó que había sido detenido en un operativo conjunto realizado por la Policía Federal Preventiva y el Ejército en Huejutla de Reyes.

Era considerado como responsable de las negociaciones para el tráfico de droga desde Panamá. También del envío de armas, venta y distribución de drogas en los estados de Veracruz y Tamaulipas, y también de administrar las finanzas y realizar los pagos a los miembros de la organización en el estado de Hidalgo.

Supuestamente, Ramírez Valencia brindaba seguridad a Heriberto Lazcano, cuando éste visitaba Huejutla de Reyes, para descansar y tratar asuntos de venta y distribución de droga.

Durante el operativo en el que fue detenido Ramírez Valencia, también fue aprehendido Rubén Barragán Monterrubio, alias El Montes y fueron incautadas cuatro armas largas, una pistola, 288 cartuchos, seis cheques por 430 mil pesos, así como 32 mil 500 pesos en efectivo y cuatro vehículos.

Para la captura se utilizaron tres helicópteros del tipo Mil Mi-17 y UH-60 Blackhawk de la Policía Federal. Las aeronaves estuvieron sobrevolando a baja altura por toda la ciudad en respaldo a las fuerzas de tierra que llevaban a cabo cateos y detenciones en la colonia Magisterial, donde residen muchos miembros del SNTE y fue capturado Ramírez Valencia y otros de sus cómplices.

Tras el arresto fueron conducidos e introducidos  de inmediato a uno de los helicópteros el cual los llevó a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). El 9 de diciembre de 2010 Ramírez Valencia fue trasladado al CERESO de Pachuca.

El acaparamiento del agua ha obligado a ciudadanos a hacer tomas de agua sobre todo en asentamientos irregulares donde Sapal envía pipas de agua insalubre.

Por Rosario Martínez De la Vega

Mientras León, principal ciudad del estado, la más poblada y sede de la quinta industria más grande del país celebra el Día internacional del agua con cortes terciados en el servicio debido a la falta de abasto para consumo doméstico, la Conagua entregó 3,264 concesiones en la entidad durante la presente administración: políticos, empresarios y multinacionales, los ricos del agua en Guanajuato.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) —operador del servicio de agua municipal— limita servicio a sus ciudadanos como medida para enfrentar la crisis hídrica; pero al mismo tiempo, la Conagua hace entrega de concesiones en el estado. De acuerdo con los registros existen 22,662 concesiones de agua en la entidad, de éstas 3,264 fueron otorgadas durante la presente administración.

Incurriendo en acaparamiento, sobre concesión y simulación, políticos y familiares de éstos, empresarios locales y multinacionales, son los dueños del agua en Guanajuato. Algunos disponen de tanta que, con ella, sería posible atender no sólo a colonias, sino a comunidades completas. La brecha de desigualdad se marca profundamente para los 180 mil guanajuatenses que no cuentan con un sistema formal para el suministro del vital líquido en sus hogares.

Concesiones de Conagua Guanajuato en Guanajuato. (c) 2023 Los Ángeles Press

Políticos

El día 3 de agosto del año pasado, la oficina central de Conagua otorgó la concesión número 844 174 por 1 millón 041 mil 984 m3, en el municipio de San Felipe, Guanajuato, al político del Partido Acción Nacional (PAN) Ramón Zamanillo Pérez.  El panista, quien además ha desfilado por diferentes puestos en la administración pública federal, cuenta con cuatro concesiones anteriores; en total, dispone de 2 millones 354 mil 164 metros cúbicos de agua al año. Nunca señaló sus propiedades ni conflicto de interés ante la Secretaría de la Función Pública. Actualmente es integrante del Consejo Empresarial Potosino.

Durante noviembre de 2022, la Dirección de Conagua Guanajuato otorgó a José Luis Fox Quezada, hermano del expresidente Vicente Fox la concesión número 850527 por 54 mil m3, en el municipio de San Francisco del Rincón, y comparte otras nueve concesiones con su familia. En total, los Fox Quezada cuentan con diez concesiones, ocho fueron obtenidas mientras éste se desempeñaba como gobernador de Guanajuato. Estas concesiones les permite utilizar al año un volumen de 2 millones 170 mil metros cúbicos al año.

La familia del diputado por MORENA, Cuauhtémoc Becerra, cuenta con 291,600.00 m3 anuales de aguas subterráneas a nombre de María de la Consolación Becerra González, hermana del legislador. Título a 30 años, mismo que han explotado desde 1996 y se encuentra próximo a vencer en 2026, no obstante, la ley les brinda capacidad de renovar por 30 años más. Según los datos de georreferenciación disponibles en el registro, el pozo se ubica a 20 metros del rancho ganadero “El Baúl”, justo a un costado del río Balsas, el cual se encuentra seco.

El exgobernador de Guanajuato Miguel Márquez Márquez cuenta con tres concesiones activas por parte de Conagua, mismas que obtuvo por cada puesto político – diputado local, alcalde de Purísima del Rincón y gobernador; las concesiones se localizan en los estados de Jalisco (2) y Guanajuato (1), otorgada ésta última en el municipio de Purísima del Rincón, que le representa 150,000.00 metros cúbicos de agua anuales con fin agrícola.

El procurador de Profeco Ricardo Sheffield Padilla cuenta con dos concesiones activas en el rancho que tiene en la ciudad de León, le fueron concedidas mientras era diputado local por el PAN (1999-2000), lo cual le representa 14 mil metros cúbicos de aguas superficiales al año, con distintos fines de uso.

El 16 de diciembre de 2020, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo obtuvo la concesión 834 264 por 5 000 m3 anuales, para un terreno en el municipio de Silao, Guanajuato, la cual refiere ser con fin agrícola. No obstante, alrededor de la finca no se ubica ningún tipo de cultivo y al interior -desde visión satelital de las coordenadas proporcionadas en la concesión- puede percibirse un área hípica y una casa de campo.

Fraccionamiento Gran Jardín, en León, Guanajuato.

El gobernador no paga por el agua que utiliza, ya que la Ley Federal de Derechos, en su Artículo 224, establece que las concesiones para uso agrícola están exentas de pago. Así mismo, la concesión de Conagua, incluye un subsidio de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad, el cual permite pagar una tarifa mínima por la electricidad que se emplea para el funcionamiento de la bomba con la que extrae el agua.

Quienes poseen títulos de concesión para uso agrícola, pero utilizan el agua para fines distintos incurren en desviación del subsidio y delitos fiscales.

Una constante: la simulación en el uso de las concesiones

En Guanajuato durante los últimos años, se ha impulsado un concepto turístico de lujo denominado “La ruta del vino”, a través de la Ley del Fomento a la Actividad Vitivinícola, aprobada en diciembre del 2020 por el Congreso del Estado. El ejecutivo estatal se obliga a proporcionar apoyos económicos por medio de sus distintas secretarías; además de estos beneficios, la dirección de Conagua Guanajuato otorga concesiones con fines agrícolas a viñedos.

Uno de los beneficiados es Viñedos SMA S.A. de C.V. que, de acuerdo con datos del Registro Público del Comercio, fue constituida con tan sólo 5 mil pesos en el año 2013, por los hermanos Héctor David, Francisco Javier y Fernando, de apellidos Cuadra Muñoz. Los empresarios zapateros disponen de cinco concesiones por parte de Conagua. La primera data del año 2000 y obtuvieron cuatro más entre los años 2019 y 2020. En total, disponen de 484,280 m3 anuales. Héctor Cuadra tiene otras dos concesiones en el estado de Jalisco.

Viñedos San Lucas S.A. de C.V. se anuncia como “un hotel estilo toscano con restaurante, campo de polo, viñedos, cultivo de olivos y lavanda, así como terrenos con preciosas propiedades residenciales”. El desarrollo inmobiliario destinado para ciudadanos extranjeros, principalmente estadounidenses, cuenta con cinco concesiones, todas registradas con fines agrícolas, lo que le otorga 1 millón 111 mil 200 m3 de agua al año.

Hotel estilo toscano en Viñedos San Lucas.

Para los residentes de fraccionamientos de alta plusvalía no es problema abrir el grifo.

Una de las colonias que se incluye en los recortes de agua de la ciudad de León es el fraccionamiento Gran Jardín, el cual contaba con un pozo irregular que fue detectado en abril 2018. Cuatro meses después de que éste fuera localizado, Leonardo Lino Briones, quien llevaba dos años como director de Sapal abandonó el cargo. Lino Briones trabajó durante varios años como representante del grupo inmobiliario Gran Jardín.

Perforar el pozo de manera ilegal no impidió que, el 17 de agosto de 2020, la Conagua autorizara a la inmobiliaria el registro del mismo con un fin público urbano, recibiendo otra concesión el 15 de julio de 2022 con fin agrícola. Ésta fue la concesión número 841 056. Dispone de otras seis concesiones, lo cual le representa un total de 788 mil m3 de agua al año.  Incluso desde la imagen satelital obtenida a través de Google Earth, se percibe cómo la colonia es verde, mientras todo a su alrededor se encuentra seco.

Finca del gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, en Silao, Guanajuato.

Sin consecuencias para la inmobiliaria, la directiva de Sapal sostuvo en noviembre de 2022 que, de acuerdo con la normativa vigente, era imposible dotar de agua a colonias irregulares.

El activista Manuel Mancilla, representante de habitantes de fraccionamientos irregulares señala que “la falta de acceso a servicios, principalmente el de agua potable es un problema grave que lleva décadas, no sabemos si sea por falta de capacidad técnica o por corrupción (…) los colonos de asentamientos irregulares somos vistos como personas de quinta categoría para las administraciones”. Señala que, las pipas que manda Sapal como parte de un programa de abasto de servicio, vienen con agua insalubre “como en el caso de las pipas que envían a -la colonia- San Juan de Abajo”.

Sin embargo, reconoce “se han ido conquistando logros por la organización de la ciudadanía, como es el caso de las tomas de agua, que han servido como estrategia adaptativa, pero no es suficiente, no resuelve el problema, continuamos con el acarreo de agua por parte de niños, adultos mayores y mujeres embarazadas a las casas, tampoco hay drenaje”.

Las tomas que la administración municipal instaló cuentan con una tarjeta, que se entrega a cada una de las familias para medir la cantidad de litros. Mientras a los colonos de fraccionamientos irregulares Sapal les contabiliza el consumo, la Conagua no tiene la capacidad institucional para verificar si los concesionarios extraen más metros cúbicos de agua de la que declaran.

Empresarios

El 25 de octubre y el 4 de noviembre de 2022, la empresa Provincia de Galomo S.A. de C.V. propiedad del fallecido político priista Juan Ignacio Torres Landa y sus hermanos Juan Antonio y Juan José, recibió dos concesiones en San José de Iturbide por 588 mil m3.  Estos últimos cuentan con un par de concesiones anteriores cada uno por 216 mil y 136,445 mil metros cúbicos; en total, los hermanos Torres Landa disponen de 940 mil 445 m3 de agua al año. (Acta constitutiva en anexos)

El dueño de Flexi, Roberto Plasencia Torres, recibió tres concesiones en San Miguel de Allende, entre marzo y junio de 2022, por parte de la dirección Guanajuato por 520 mil metros cúbicos de agua anuales; en el registro obran cuatro concesiones previas a nombre de su padre, el finado empresario Roberto Plasencia Saldaña; en total, la familia Plasencia dispone de 934,168 metros cúbicos de agua al año.

Carlos González Orejas recibió en febrero del año pasado una concesión por 344,196.96 m3; de acuerdo con datos del Registro Público del Comercio, es accionista de Agrícola Riaño S.P.R. de R.L., la cual cuenta con una concesión de fecha 23 de junio del 2020 por 57,000.00 m3.  Su hijo Juan Carlos González Albo cuenta también con una más activa que data de 1998 por 240,000.00 m3. En total, disponen anualmente de 641,196.96 metros cúbicos de agua anuales en Abasolo.

Vicente Reyes Magaña, hijo del fallecido Vicente Magaña que fue fundador de Grupo Reyma, registró entre 2020 y 2022, seis concesiones, cuatro de pozos que se encuentran activos al interior de las instalaciones de la empresa en la ciudad de León, lo cual le representa 388,000 metros cúbicos de agua anuales. Es probable que, al igual que en el caso de Gran Jardín, estos pozos fueran irregulares y que los registraran hasta esos años ante Conagua.

Al ser cuestionado respecto de los tandeos, en relación con los millones de metros cúbicos de agua que extraen las concesionarias, el director de Sapal, Enrique de Haro se limitó a señalar a través de un comunicado que “la dependencia no tiene nada que ver con el otorgamiento de concesiones (…) somos respetuosos con la independencia de las instituciones”.

Lo que representa un desarrollo económico para el estado también conlleva consecuencias ambientales e inequidad en la distribución del agua, ante la falta de vigilancia y control gubernamental sobre las concesionarias.

Multinacionales

El 30 de septiembre de 2022, un mes después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestara que iba a pedir que no se otorgarán más concesiones, la dirección de Conagua en Guanajuato concedió el título 849 682 a la empresa Bachoco para extraer al año 250 mil m3 de agua. Este corporativo dispone de 48 concesiones, dando un total de 3,019,677,594 tres mil diecinueve millones seiscientos setenta y siete mil quinientos noventa y cuatro metros cúbicos de agua anualmente en el estado de Guanajuato; la empresa Bachoco lidera la lista como una de las más explotadoras a nivel nacional.

A través de la subsidiaria Inmobiliaria Hills, S.A. de C.V., Grupo Colgate Palmolive obtuvo nueve registros de concesiones de agua, la última data del año 2018; a pesar haber sido registrada bajo el nombre de inmobiliaria, se trata de una fábrica de jabones que fue inaugurada por el ex gobernador Miguel Márquez Márquez en 2014. Dispone de un total de 2 millones 502 mil 340 m3 al año.

El banco HSBC, en su carácter de beneficiario del extinto Banco del Atlántico, recibió por parte de la Conagua el 23 de junio de 2018 una concesión en San José de Iturbide por 312,000 m3, que se suma a otras cinco bajo esa misma razón social en el estado. Actualmente dispone de 894 mil m3, que se suman al millón 205 mil 615 m3 del resto de concesiones que tiene HSBC en la entidad. Bajo estos registros, el banco dispone en total de 2 millones 99 mil 615 m3 de agua en Guanajuato.

También recibieron nuevas concesiones en la presente administración Gamesa (total 487,289 m3 anuales), Herdez (122 mil 350 m3), Comercializadora de Lácteos y derivados, subsidiaria de Lala, (total 926 mil m3 de agua al año), Danone- Bonafont (total 274,000m3) y Nestlé (463,000 m3).

Generación de energía

La compañía metalúrgica De Acero -que cuenta con diez concesiones activas en el estado de Guanajuato, que le representa 2 millones 279 mil 488 m3 de agua al año-, anunció a través de su representante Raúl Gutiérrez Muguerza la firma de un contrato con la empresa Energía de Celaya, S.A. de C.V.   para la creación de una planta termoeléctrica en Cortázar, de acuerdo con los registros ante Conagua, Energía de Celaya, S.A. de C.V. obtuvo cinco concesiones entre 2018 y 2019 por 744 mil m3 anuales. Según el Registro Público de Comercio, Energía de Celaya, S.A. de C.V.  se encuentra registrada a nombre de David Manuel Gutiérrez Muguerza, hermano de Raúl Gutiérrez Muguerza.

La concesión más grande que se entregó en Guanajuato la presente administración fue la 08GUA100324/12FVGC20, para Energías alternas, Estudios y Proyectos S.A. de C.V. por 18 millones de metros cúbicos de agua al año. La subsidiaria de grupo Carso, desarrolló en 2017, conjuntamente con la Universidad de Guanajuato (UG), un proyecto para la instalación de una planta geotérmica móvil, lo que les valió el Premio al Desarrollo de Tecnologías de Energía Sustentable que la Secretaría de Energía (Sener) impulsó junto con el Banco Mundial (BM), y se tradujo en un premio económico de 2 millones de dólares. Pese a que se solicitó información al respecto del avance de este proyecto a la UG, el Comité de Transparencia resolvió clasificar la información como reservada durante cinco años. El documento consta de diez páginas.

Hasta el momento ninguno de estos proyectos ha sido terminado y a pesar de que se anunciaron como de producción de energía, se encuentran bajo registro ante la Conagua como de uso de tipo industrial.

Sobre concesiones y simulación

Respecto a por qué continúan entregando concesiones pese al estrés hídrico, Vicente Zepeda, director de Conagua en Guanajuato desde abril de 2021, explicó que “es posible otorgarlas porque en la entidad existen volúmenes de agua disponibles para nuevos permisos”. Refiere que “todo está dentro de la legalidad en la entrega de éstas, siempre y cuando se tengan los documentos y el pozo”. Y precisó que “los volúmenes de metros cúbicos concedidos dependen directamente de la dirección federal”.

Las sobre concesiones y simulación de fines en la justificación para el otorgamientos de estas concesiones, el funcionario señaló que no había verificación exprofeso a los beneficiarios, “ya que el registro se realiza a través de medios electrónicos”, que “las inspecciones por lo general se realizan hasta que hay una denuncia”, que ellos como autoridad están obligados a regularizar esos pozos, sin embargo, reconoce “hay un retraso con 5 mil expedientes”.

Además, dice, en Guanajuato “existe un problema particular con la judicialización de las concesiones, en las que el tribunal nos obliga a otorgarles el registro”.