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Inteligencia mexicana

La narcopolítica de Michoacán

El estado de Michoacán se encuentra en una fase crítica en la que el narcotráfico opera desde la política y controla los puestos claves del poder

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Protesta ciudadana en Michoacán. Foto: Subversiones.org

Por Tomás Borges

Hablar de política en México es hablar de corrupción. Más cuando los políticos forma parte del entramado de los grupos criminales, como es el caso de los “Caballeros Templarios” (CT), señalados como los principales financiadores de los políticos michoacanos, quienes al recibir las coimas para alcanzar el poder, colaboran y laboran como si fuesen el ala política de ésta organización criminal.

El 30 de octubre del 2013, circuló en la redes sociales una misiva dirigida a Enrique Peña Nieto, en su calidad de presidente de México, donde valientemente se denuncia lo que a todas luces es visible para toda la sociedad, excepto para las autoridades. La presencia de un narco estado en la entidad supuestamente liderada por el príista Fausto Vallejo (cuyo hijo con el nombre clave GERBER es señalado por la senadora panista Luisa María “Cocoa” Calderón como integrante de los CT).

La política y el narco son actividades que se entrelazan y más en un México Rojo, donde el que tiene el poder económico, puede no sólo comprar productos y servicios, sino conciencias y gobiernos, aunque muchas veces el destino sea la muerte, tal como sucedió en Tijuana con Francisco Arellano Félix, ejecutado por un sicario vestido de payaso, en plena fiesta de onomástico, donde arribaron además de deportistas, artistas y… políticos.

Michoacán, donde los Caballeros Templarios, son el Gobierno de Facto, la entidad donde inició la mal llamada “Guerra contra el Narco”, que fue el “Vietnam” de Felipe Calderón, hoy catedrático en Harvard, entidad que funge como un microcosmos de lo que pudiera suceder en el país si se sigue la tónica de tener funcionarios públicos al servicio del crimen organizado.

Como reza la frase del filósofo George Santayana; “Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla”, y tal parece que siguen en boga las prácticas de “plata o plomo” auspiciadas por Pablo Escobar en Colombia en los ochenta, quien sabedor que el poder político junto con el crimen, dejan ganancias estratosféricas, motivo por el cual buscó ser congresista, hasta que fue señalado como criminal por ex candidato a presidente Carlos Galán Vélez, quien pagó su osadía con la muerte.

Tal parece que en México, el crimen ya se institucionalizó. Funge como prueba de lo anterior, la existencia de funcionarios públicos auspiciados y financiados por el narco, en este caso “Los Caballeros Templarios”. La siguiente infografía presenta la estructura de su organización con las relaciones y regiones bajo su control.

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En una misiva difundida por VALORXMICHOACAN (y remitida a Los Ángeles Press vía mail anónimamente), se menciona que Enrique Plancarte Solís es amo y señor de Nueva Italia, información corroborada por los servicios de inteligencia mexicanos, quienes de acuerdo a su ficha criminal nació el 14/09/1970 en Apatzingán, Michoacán, RFC PASE700914, y registra un domicilio en Avenida Lázaro Cárdenas No. 134, Col. Centro, C.P. 61760, en Mújica, Michoacán; otro en Artículo 127 No. 2, Col. Centro, C.P. 61760, en Mújica, Michoacán; y uno más en Avenida Lázaro Cárdenas No. 195, en Nueva Italia, Michoacán.

De acuerdo con la ficha policial, su principal centro de operaciones es Nueva Italia, Michoacán, donde cuenta con un importante grupo de sicarios a su servicio, tal como queda en manifiesto en la misiva remitida.

Asimismo, también se menciona en la misma a Dionisio Loya Plancarte, quien opera en todo Apatzingán y es el encargado de reclutar a jóvenes y mujeres, para que realicen plantones y marchas, primero contra el despliegue del ejército mexicano en la entidad y ahora en contra de las policías comunitarias, integradas en su mayoría por ciudadanos y empresarios, que hartos del marasmo de las autoridades, han tomado las armas para defender su patrimonio de estos criminales.

Al respecto, dicha táctica fue emulada y mejorada por los michoacanos, ante el éxito que tuvieron los famosos “Narcobloqueos” auspiciados por sus mentores, los Zetas en Monterrey, Nuevo León en el 2010.

En la carta se afirma lacónicamente que:

“Todas las Presidencias Municipales, Diputaciones locales y Federales en las pasadas elecciones fueron apoyadas con dinero de los Caballeros Templarios”, al grado de mencionar que un evento público el ahora edil de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza del PRI, dijo ”Yo soy el candidato de la empresa”, situación que es corroborada por informes de inteligencia remitidos a la redacción.

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Además del antes citado, los informes de inteligencia citan a los siguientes funcionarios públicos presuntamente coludidos con el crimen organizado en la entidad:

• Elías Álvarez Hernández, Secretario de Seguridad Pública del Estado, quien dejó su cargo en febrero de este año, para incorporarse a la Policía Federal, tras no haber cumplido con su promesa de erradicar el secuestro y la violencia en tres meses, tal como lo prometió al Gobernador Fausto Vallejo en su toma de protesta en mayo del 2011, al verter que “la ciudad capital se vería limpia de delincuentes, y que el secuestro, robo y extorsión de empresarios quedaría en el pasado”, cuestión que a todas luces no sucedió.

Llama la atención del caso que haya sido llamado a prestar sus servicios por el Dr. Mondragón y Kalb a pesar del fiasco que fue su programa “Morelia Institucional” y más aún cuando el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), anunció con bombo y platillo el pasado 30 de octubre que los jefes (fueron) seleccionados dentro de la nueva estructura y “sometidos a evaluaciones estrictas basadas en diversos indicadores”, lo que a todas luces se ve como una falacia con esa adquisición, probando una vez más que se siguen reciclando mandos de dudosa honradez y probada ineficacia.

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Lista de presidentes municipales presuntamente vinculados al narcotráfico regonal

Uriel Chávez Mendoza (PRI) Presidente Municipal de Apatzingán, quien gracias a dinero del narco, patrocina con apoyo económico a los habitantes que comulguen con los “Caballeros Templarios”, a cambio de que estos sigan apoyando sus acciones en el municipio y denunciando a todos aquellos que simpaticen con los Comunitarios y denuncien a los contrarios.

Luis Torres Chávez (PRI), Presidente Municipal de Buenavista Tomatlán, quien ante el surgimiento de la “Policía Comunitaria”, solicitó en junio de éste año, una licencia por 15 días, bajo el argumento de que “no estaban las condiciones idóneas de gobernabilidad”, gracias al surgimiento de las autodefensas, quienes hartas de la complicidad del edil con los “Caballeros Templarios”, tomaron la alcaldía durante 90 días. El sueldo del alcalde, según lo reportado por él a los medios fue de 74 mil 880 pesos (USD 6,038.00 dlls mensuales).

Al edil de Buenavista, Luis Torres, le asesinaron un sobrino y un hermano, y señalaron a los integrantes de la “Policía Comunitaria” de ser los promotores de la violencia en la región.

Alfonso Méndez Chávez (PRI), Presidente Municipal de La Huacana, quien junto con Valencia Reyes, alcalde de Tepalcatepec y Luis Torres Chávez están clamando por instaurar medidas de austeridad ante la difícil situación que se vive en la región, como una manera de presionar a la población y ponerla en contra de las “Policías Comunitarias”, acusadas de ser las causantes de la ingobernabilidad que asola la región, cuando sólo son una respuesta ante la ineficacia gubernamental de instaurar el orden.

Aldo Macías Alejandres (PRI-PVEM), Presidente Municipal de Uruapan, quien fiel a las instrucciones recibidas por la cúpula de los “Caballeros Templarios”, también acusa a las “Policías Comunitarias” de ser los creadores de los focos de tensión en la entidad, justificando su desarme bajo el argumento de que para eso existen fuerzas del orden, quienes son “acusadas sin pruebas por los comunitarios de supuestos actos de corrupción”.

En defensa de los policías municipales de Uruapan, el edil informó en entrevista el pasado 19 de abril de 2013, al Diario de Morelia, que los elementos policiacos han pasado los exámenes de control de confianza y por ende, las acusaciones de los comunitarios carecen de fundamento, agregando que sólo 27 elementos (de 400), no acreditaron los exámenes en cuestión, por lo que fueron dados de baja o reubicados (¿solapados?) en áreas administrativas.

Gildardo Barrera Estrada (PRI), Presidente Municipal de Churumuco (municipio colindante con Guerrero), quien cual monarquía europea, fue impuesto por su hermano Rodimiro (ex alcalde y actual Diputado Local) y quien fue señalado como integrante del grupo criminal los Zetas y ahora miembro del circulo de protección de los “Caballeros Templarios”, lo que justifica que el susodicho, tenga una casa de una manzana completa y sea propietario de una discoteca en una población sumida en la pobreza y la ignomia.

J. Jesús Infante Ayala (PAN), Presidente Municipal de Ecuandureo, miembro de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).

Arquímedes Oceguera Solorio (PRD), Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas, acusado en el 2010 de acosar a una mujer y propinarle una bofetada. Según la denuncia penal previa No. 341/2009 por el delito de abuso deshonesto, la ofendida Elia Cuevas Ortega declaró a la autoridad que en aquella ocasión: “puse el vaso con agua caliente en la mesa y me agaché poniéndome en cuclillas para tomar el azúcar y café, y el diputado Arquímedes Oceguera Solorio también se agachó y me metió la mano derecha en la parte media de atrás por dentro del pantalón y con la palma de su mano me tocó las sentaderas, y con un movimiento rápido sacó su mano y me agarró el calzón”, agregó. “Me jaló hacia arriba y yo rápido le quité la mano, ya estábamos parados y me metió un cachetadón en la cara, en la mejilla izquierda”.

No obstante a lo vertido, la denuncia no prosperó y la querellante quedó en el anonimato, mientras que el entonces diputado es ahora el edil de Lázaro Cárdenas, donde supuestamente continúa al servicio del crimen organizado. De acuerdo a sus detractores, el crimen financió su campaña y éste fue observado en los pasados comicios, comprando votos y coaccionando al elector.

El edil perredista, también es señalado de desviar 2 millones de pesos (USD 162 000), que serían destinados para la construcción de una carretera en la tenencia de La Mira y en la comunidad El Habillal. Su imposición fue tan notoria que los militantes del PRD solicitaron su renuncia en octubre del 2012, pero gracias al apoyo que tiene por parte de la cúpula estatal y del crimen organizado (quienes operan en un puerto donde la efedrina ingresa a raudales, para la elaboración de drogas sintéticas y de diseño), la petición no prosperó.

Martín Arredondo Delgado (PAN), Presidente Municipal de Jacona, quien se distinguió por llevar seis toneladas de víveres a los damnificados de Huetamo, tras las pasadas inundaciones que asolaron la región.

Juan Hernández Ramírez (PRI), Presidente Municipal de Aquila, quien tras el surgimiento de los autodenominados “Grupo de autodefensas”, en julio del presente año, solicitó la intervención de las autoridades locales y federales para desarticular a estos civiles armados, quienes supuestamente atentaban contra las instituciones y el orden, por lo que tras un operativo realizado el pasado 14 de agosto por el gobierno federal, se logró la detención del líder del grupo, así como de 44 de sus integrantes. Sin embargo, el propio edil no ha sido tocado.

Jesús Rivera Álvarez (PRI), Presidente Municipal de Tumbiscatio.

Rosa Hilda Abascal Rodríguez (PAN), Presidente Municipal de Zamora, vinculada en actos de corrupción por la prensa local, cuando fungía como titular de la Contraloría del Gobierno de Michoacán, en tiempos de Lázaro Cárdenas Batel (PRD).

Edgardo Morales Shertier, escritor y promotor del libro de Nazario Moreno Palabra de Caballero, responsable de prensa y propaganda del grupo criminal.

Por otra parte, la misiva anónima cita que el Regidor y Presidente del Ejido Apatzingán, Isidro Villanueva Moreno es sobrino del famoso “Chayo”, quien tras su supuesta muerte, sigue gobernando desde las sombras, lo que concuerda con lo vertido por otras fuentes, quienes manifiestan que el Chayo está operando y que no murió como se dijo en el 2010, buscando con su supuesta muerte la impunidad y ser visto como un “Santo” por los militantes de los Caballeros Templarios.

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El escrito remata que “todo, absolutamente todo está bajo el control de los delincuentes, los tortilleros, taxistas, fayuqueros”, así como la organización de eventos masivos celebrados en la entidad, donde los “Caballeros Templarios” reclutan y vierten su ideología entre los más jóvenes y desclasados, terminando con una lacónica frase:

¡No hay trabajo, no hay seguridad, no hay garantías, pero eso sí, hay muchos retenes!

Por último, la misiva dirigida al Gobierno Federal es un grito de desesperación y desazón hacia las autoridades federales, quienes heredaron un problema iniciado propagandísticamente, por quien ahora funge como investigador de la Escuela Kennedy en Harvard desde enero del año en curso, Felipe Calderón.

Como dijo Karl Marx: “La historia se repite, la primera vez como tragedia, y la segunda, como farsa” y tal parece que eso es lo que se está viviendo en esta entidad, que fue el fracaso de la otrora poderosa Policía Federal, quien a pesar de contar con un despliegue regional, no pudo vengar la muerte de los federales emboscados y asesinados por el crimen organizado en la entidad en un acto de provocación por parte de la entonces Familia Michoacana.

De seguir el narco infiltrando al gobierno, no es de esperarse que a pesar de 4 000 militares y 1 000 policías enviados a la entidad en mayo del presente año para “devolver la paz” al golpeado y empobrecido Michoacán, la paz sea sólo una quimera, mientras que la ley y la justicia, seguirán siendo rehenes de funcionarios corruptos, quienes en su afán de enriquecimiento, lucran con el pueblo, con las instituciones y con la investidura que les da ser gobierno.

 

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Combate al narcotráfico o la Teoría de la Pirámide de Naipes

El combate efectivo al narcotráfico en México es posible si optara por estrategias alternativas a la visión acostumbrada del gobierno

Tomas Borges

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Tomás Borges

“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe de ser ley, porque es justa”.
Montesquieu

Cuando en diciembre del 2018, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y particular las reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos por los que se puede aplicar la extinción de dominio, se dio “luz verde” para “…desarmar a las organizaciones criminales de su mayor fúsil: El dinero”.

Héctor Aguilar Camín, “Las Rentas del Crimen”, Día a Día, Milenio Diario 06/10/2010.

La Ley de Extinción de Dominio consiste en la pérdida de los derechos de propiedad de los bienes, de aquellos en los que se acredite el hecho ilícito en los casos de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos, enriquecimiento ilícito y trata de personas, cuando aquellas personas no logren comprobar la procedencia lícita de los bienes y su afectación de buena fe”.

Esta ley –pese a su modificación– se debe de ampliar para que no sólo se confisque el inmueble o las propiedades utilizadas en algún ilícito comprobado, sino a los bienes materiales y financieros de los familiares de los delincuentes tanto directos en línea ascendente, como descendente.

¿Por qué? Debido a que los delincuentes saben que, en el mundo del hampa, ellos como criminales tienen fecha de caducidad, por lo que buscarán como consecuencia, asegurar el futuro de su prole para que su arresto o muerte sea redituable para los suyos. Por eso vemos a los familiares del Chapo llevar una vida de lujos y viajes, pese a que su familiar, se encuentra privado de su libertad en una prisión estadounidense, lo que no impide que Ema Coronel Aizpuru, su última esposa, radique en Nueva York y sea la nota en las redes sociales por la vida de lujos que presume en las mismas.

Por consiguiente, si se modifican las leyes para que los familiares de los criminales sean privados de las ganancias producto de actividades ilícitas, se le quitaría un aliciente a los desadaptados en potencia para delinquir, sabedores que al no tener la garantía de sacrificar incluso su vida en las actividades delictivas y que tras su muerte, todo sería en vano, muy pocos buscarían ingresar a la delincuencia, sabedores del riesgo y de lo pingüe que sería su ganancia post mortem.

Un ejemplo banal, sería el similar al utilizado por las autoridades mexicanas para inhibir el robo de autos, donde gracias a las adecuaciones de ley pertinentes, se eliminó la figura del “comprador de buena fe”, inhibiendo con ello la compra ilegal de automotores.

También se podría utilizar el criterio punitivo que aplican los jueces al castigar a todos los integrantes de una banda de secuestradores, donde se les condena de acuerdo a lo estipulado en la última modificación a la ley para prevenir y sancionar el secuestro (junio 2013), la pena de cárcel de entre 40 a 80 años y, si la víctima es asesinada, la pena puede ser de hasta 140 años, haciendo que estas penas aunadas al despojo de todo lo robado, hagan que el delito de secuestro ya no sea tan rentable e impune.

De igual modo, al modificar el aparato jurídico, donde se castigue con penas punitivas más severas a los estratos más bajos de los grupos criminales y sean encerrados a más de 5 años de prisión sin derecho a fianza, por el sólo hecho de ser miembros de un grupo criminal, aun cuando sean empleados de baja ralea.

La impunidad con la que vivimos y de la que gozan los criminales es gracias al nuevo sistema penal acusatorio que, ha hecho que las leyes sean más laxas en beneficio de los criminales, so pretexto de la llamada presunción de inocencia, aunado a que los agentes del Ministerio Público, son abogados que en el ámbito privado son incompetentes en su mayoría y a que el aparato de procuración de justicia mexicano incentiva el chambismo sobre el profesionalismo.

Un ejemplo de lo anteriormente citado es la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General de la República) que ha fallado al no esclarecer los homicidios en México, debido a que, en los últimos ocho años, la dependencia inició o atrajo la investigación de más de 400 homicidios en el país, pero en ese mismo plazo solo cerró dos casos con sentencias condenatorias.

De hecho, la PGR detuvo sólo el dos por ciento de los casos que ha trabajado. Este nivel es aún peor que el de las procuradurías locales que, en conjunto, resuelven el cinco por ciento de los casos que indagan, según datos oficiales de la PGR, obtenidos por el portal Animal Político vía solicitud de Transparencia, los cuales arrojaron que de enero de 2010 a mayo de 2018, dicha dependencia federal inició 402 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso.

Este promedio de resultados es “aún peor que el de las fiscalías locales”, citó la publicación, lo que a todas luces se ve porque no se puede combatir eficazmente al crimen organizado bajo estas circunstancias tan adversas.

 

Teoría de la Pirámide de Naipes

¿Por qué llamar a mi teoría de la Pirámide de Naipes? Simplemente, porque al quitarle las bases al entramado criminal, la parte superior se desmoronaría como si de una pirámide de naipes se tratase, y al no haber quién sostenga la punta de la torre o cabeza de una organización, ésta simplemente caería.

¿Ejemplos? El enfoque utilizado por los Estados Unidos en la segunda Guerra del Golfo, donde una vez controlado el país, se dio la consigna de “asesinar, perseguir o capturar” a los dirigentes más importantes del régimen iraquí. Y para facilitarlo, el mando distribuyó entre las tropas una baraja con 52 cartas que representaban a los hombres más buscados.

Si se modificasen las leyes y fueran más severas hacia los estratos más bajos de las organizaciones criminales, harían que no hubiera un incentivo para delinquir ya que, al tener penas altas por el simple hecho de llevar droga, y enfrentarse a un sistema implacable como el que impera en países totalitarios como China o Corea del Norte (donde las condenas fluctúan desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte), harían que nadie quisiera realizar el trabajo sucio.

Pero como vivimos en un país con alto índice de impunidad y las condenas de acuerdo con la legislación mexicana vigente son muy laxas, hace que los peones o mulas del narco, sepan que no se les castigará severamente, haciendo que sus visitas a los centros de reclusión sean breves, y la prisión sea como una puerta giratoria a la impunidad.

En cambio, sí se les acusara como en la República de Ucrania –por citar otro ejemplo–, donde se penaliza el número de visitas a las cárceles, independientemente del delito, cantidad o posesión, harían que el estar en prisión ya no fuera tan redituable.

Pongamos de ejemplo de la muerte de Pablo Escobar, cuya organización fue eliminada por los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar), grupo paramilitar que ejecutó y sembró el pánico en los barrios bajos de Medellín y en las bases de la organización (como si fueran naipes), al eliminar a los sicarios y sus familiares, sembrando tal terror entre ellos y sus simpatizantes, de tal manera que orillaron a que algunos de los lugartenientes del capo, prefirieran la seguridad penitenciaria, que el peligro de las calles y la paz del sepulcro.

Lógicamente, el ejemplo arriba citado es demasiado extremo, producto de una guerra sucia entre grupos opositores al narco, pero en México se puede hacer que las mulas y las personas que hacen labores de halconeo, mensajería, o simplemente de pistolero, tengan penas aún mayores que los barones de la droga.

Jueces sin rostro

Esta controversial figura, surgida tras el artero crimen del juez Giovanni Salvatore Falcone en Palermo, Italia, en 1992, fue implementada con cierto éxito en nuestro continente, específicamente en Colombia y Perú en una respuesta extrema a las amenazas de los grupos de narcotraficantes y terroristas que asolaban a ambas naciones.

En Colombia, se implementó dicha figura ante los arteros crimines a los funcionarios gubernamentales realizados por el crimen organizado, como el del fiscal Rodrigo Lara, asesinado por los sicarios de Pablo Escobar, lo que trajo como imperativa necesidad al gobierno promulgar el Decreto 2970 (conocido como Estatuto para la Defensa de la Justicia), el cual fue la normativa que contemplaba mecanismos de protección y defensa derivados de la violencia extrema que se vivía en dicha nación.

Mientras, en el país andino del Perú, en los tiempos de Alberto Fujimori, se utilizaron los jueces sin rostro en los procesos penales, para condenar y castigar a los integrantes del grupo terrorista “Sendero Luminoso” y su líder Abimael Guzmán, mejor conocido como el “presidente Gonzalo”.

Pese a que, en nuestro país se sugirió en el 2016 la implementación de dicha figura, tras el asesinato de seis jueces vinculados con procesos en contra de capos del narcotráfico, agrupaciones defensoras de los derechos humanos (y abogados pagados por los capos) y estudiosos de la ley se opusieron a la instauración de dicha figura, debido a que era sinónimo de “claudicar” ante los criminales.

En el plano de las organizaciones criminales, la captura o eliminación de un capo, sólo ha traído más violencia y reacomodos, haciendo que los grupos criminales se vuelvan más violentos, por lo que como dice la vieja conseja popular, “sale peor el remedio que la enfermedad”, tal como manifesté el mi libro El Arte de la Guerra para Narcos (Temas de Hoy, 2011).

Tal pareciera que la estrategia es señalar al capo en turno como el origen de todos los males y su captura sea un asunto de vida o muerte, dejando de lado una estrategia a largo plazo, apostando por algo mediático e inmediato.

Pero ¿qué sucedería si en lugar de perseguir y buscar encerrar a los capos, a las cabezas, se buscase encarcelar y condenar con penas más severas a las piezas más pequeñas de la estructura criminal? Simplemente, la maquinaria dejaría de funcionar a la perfección y más aún sí también se aplicara realmente la “Ley de Extinción de Dominio”? Al expropiarles las propiedades y los recursos, no sólo a ellos sino a sus familiares directos, haría que el ser criminal y pertenecer a un grupo delictivo ya no fuera tan lucrativo.

No hay que olvidar que, sin dinero no se podrían pagar los abogados ni los gustos de estos criminales, ya que el dinero es el combustible y la razón por la que estos racionalistas, buscan salir de la pobreza al menor costo.

Como dijo el jefe de sicarios de Pablo Escobar, Jon Jairo Velázquez (a) Popeye, “un arma es el acceso a la riqueza”, pero si se evita que estos sujetos acumulen y gocen de su botín, al igual que sus familiares, se acabaría un incentivo más para delinquir.

Para finalizar, se deberá criminalizar a las bases, a cualquier persona por ínfima que sea su labor en la organización, tal como se hace con los secuestradores, donde se reciben penas altas para todos los integrantes del grupo, independientemente sí sólo fungieron como cuidadores o ejecutores de las víctimas.

Castigadas con severidad las bases, harán que no sea redituable para ellos ganar poco y arriesgar mucho, por lo que los capos o líderes al no tener soldados o elementos a quienes mandar y ver de esta manera mermadas sus fuerzas, se verán copados por las fuerzas del orden.

Sí aplicamos el castigo severo en las bases, en vez de utilizar esa lógica absurda de que como tiene sólo unas pocas armas, sólo es el mensajero, sólo es el halcón o el emisario, no se les castiga con severidad por ser de menor relevancia en el entramado criminal. Las bases seguirán mimetizándose y moviéndose impunemente, y serán los oídos y los ojos de un cerebro maligno.

Además de severidad, se requerirá voluntad, y el simple hecho de postularlo hará que defensores de los derechos humanos y abogados pagados por los cárteles se rasguen las vestiduras, so pretexto de evitar abusos.

Como en su momento dijo el periodista y escritor argentino Ernesto Mallo: “Leyes hay, lo que falta es justicia” y es un deber del Estado aplicarla.

@borgestom

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Los síndromes de la Seguridad pública

Una serie de síndromes han afectado a la Seguridad pública en México extinguiendo la eficiencia y capacidad que requiere hoy la ciudadanía

Tomas Borges

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Tomás Borges

“Todos los empleados públicos deberían descender a su grado inmediato inferior, porque han sido ascendidos hasta volverse incompetentes”
Ortega y Gasset

Cuando el pasado 13 de febrero del año en curso, circularon en redes sociales las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, donde el funcionario en comento criticó a los veracruzanos por quejarse por la inseguridad y exigir al actual mandatario de la entidad, Cuitláhuac García Jiménez del partido MORENA más seguridad, cuando “nunca la habido en la entidad”, hizo que el funcionario fuera noticia no por su labor, sino por lo soez de sus frases.

Dichas palabras (que posteriormente fueron desmentidas por el funcionario), muestran la punta del iceberg en materia de seguridad, donde los funcionarios no cumplen las funciones por las cuales devengan un sueldo, con los resultados por todos conocidos, al grado de que una gran parte del país es un cementerio clandestino, y la delincuencia un asunto no ya de seguridad pública, sino de seguridad nacional.

El funcionario en cuestión, según medios nacionales, dejó una cuenta pendiente en Nuevo León, donde se le ligó a una banda de extorsionadores, motivo por el cual fue destituido de su cargo en noviembre del 2016 del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, junto con un fiscal y 28 policías de la corporación.

El reciclar cartuchos quemados, es un mal que se ha anquilosado en la administración pública y más en materia de seguridad, donde una serie de males o complejos (más detallados en un libro de próxima aparición) aquejan a los responsables de velar por la seguridad de los ciudadanos. Algunos de estos síndromes o complejos se sintetizan a continuación:

El síndrome de Petrorio

De acuerdo al diccionario, pretorio (en latín, praetorium) fue el nombre dado al cuartel general del ejército romano, ello debido a que el praetorium era la tienda o edificio del comandante de una fortificación romana.

A pesar de estar hablando de un imperio que hace siglos dejó de existir, su legado pervive en el mundo occidental, de tal manera que, en caso mexicano teníamos un grupo llamado “Guardias presidenciales”, que se encargaba de custodiar al presidente en turno y a su familia, incluso cuando ya no estaban en funciones, lo que ha hecho que una serie de servidores públicos traten de emular al “César en turno”, un mal que el actual mandatario, López Obrador está tratando de erradicar, bajo el argumento de “quien nada debe, nada teme”, pese a las críticas de algunos ex presidentes.

El Cesarismo policiaco

Como término, surgió en el siglo XIX y varios autores lo enlazan con el bonapartismo, pero Antonio Gramsci consideró que éste último era el cesarismo aburguesado, el cual, aplicado en materia de seguridad, se refiere a aquellos mandos policiacos que se sienten emperadores, y que el Estado o demarcación de la cual son los responsables, sea considerado por ellos y su séquito como su feudo o reino.

En este contexto, la seguridad pública no escapa a las políticas públicas del César en turno (llámese gobernador o Presidente), ya que él es quien impone al titular de Seguridad Pública, quien se encargará de jure en seguir los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el rubro de seguridad y justicia.

El síndrome de Procusto

Tomado de la mitología griega por el personaje Procusto quien, de acuerdo a la leyenda, era un posadero de las afueras de Atenas, quien con engaños llevaba a viajeros incautos a su morada, donde al momento de brindarles posada los acostaba en un lecho, el cual estaba más corto de lo normal y, por ende, les cortaba las extremidades a los infelices con tal de que no sobresalieran del lecho.

Por lo tanto, el término es utilizado hoy en día para designar a las personas que pretenden acomodar los hechos o las situaciones a sus propios parámetros, aunque también para señalar a las personas que no les gustan que los demás sobresalgan.

Este síndrome queda muy ad hoc con aquellos mandos policiacos que les gustan rodearse de mediocres y gente de baja ralea, con el único objeto de que no lo superen en sapiencia, ya que el “jefe es él” y como dice la conseja militar “El mando no se equivoca y cuando lo hace, vuelve a mandar”.

Estos sujetos jamás van a aceptar que sus acciones son erróneas y siempre buscaran el aplauso y la aprobación pública y denostarán a todo aquel que piense o cuestione lo más nimio de su proceder, bajo el rancio argumento de que son víctimas de vendettas políticas.

Como dijo en su momento el finado Ramón Durón Ruiz, el “Filosofo de Güémez”: “¡El que sabe, sabe! Y el que no, ¡pues es el jefe!

Al respecto, cabe señalar que los estándares los pone el mando en turno, quien huelga a decir “no se equivoca”, y cualquier elemento que ose levantar la cabeza, se la cortan (metafóricamente), tal como Procusto lo hacía con las extremidades de los que caían en su morada.

El no sobresalir ni mucho menos contradecir al mando, ha hecho que estudiosos como Robert Greene coloque como regla número uno, la que reza; “No le haga sombra a su amo” (Robert Greene, Las 48 leyes del Poder, Atlántida, Buenos Aires 1999) al decir que “Hay amos terriblemente inseguros. Y basta con ser encantador (o decir lo que se piensa) y desenvuelto para hacerles sombra”.

Bajo la premisa de que “las instituciones son como las naves,  que deben de ser bien ideadas y tripuladas” (Karl R. Popper, La Sociedad Abierta y Sus Enemigos, Paidós 1992), vemos que en México (utilizando la analogía citada), pese haber buenas naves, se siguen escogiendo a pésimos capitanes, tal como ocurrió en Morelos, donde el entonces titular de Seguridad Pública, el tijuanense Alberto Capella Ibarra prometió combatir el crimen, dejando una cuenta pendiente en el estado, donde los índices de criminalidad se dispararon y pese a ello, fue nombrado titular en la materia en el estado de Quintana Roo.

Alberto Capella, quien gracias a su proselitismo en contra de la inseguridad, cobró notoriedad pública en el 2006, al ser el rostro visible del hartazgo ciudadano de una de las ciudades más castigadas por el fenómeno del narcotráfico (y quien fue elegido como titular de Seguridad Pública en los periodos 2007-2009 y 2010-2013), dejó la entidad con un alto índice de homicidios, situación que replicó en Morelos bajo el gobierno de Graco Ramírez (2012-2018), donde su estrategia de combate al crimen fue cuestionada por activistas, quienes incluso solicitaron en la plataforma Change.Org el cese del funcionario.

El caso de Capella Ibarra es sintomático, ya que resultó un buen activista, pero un pésimo Secretario de Seguridad Pública, quien sigue aprendiendo a costa del erario, lo cual es un claro ejemplo del “Principio de incompetencia”.

El principio de Peter,  o de incompetencia

Los casos mencionados son una muestra de lo que el psicólogo organizacional, Laurence J. Peter definió como “Principio de Peter” o “Principio de incompetencia”, el cual afirma que ”las personas que realizan bien su trabajo son promovidas a puestos de mayor responsabilidad, a tal punto que llegan a un puesto en el que no pueden formular ni siquiera los objetivos de un trabajo, y alcanzan su máximo nivel de incompetencia”, lo cual queda más que evidenciado en los ejemplos citados.

Suena hasta irrisorio que se sigan viejas prácticas al nombrar a los titulares encargados de velar por la seguridad de los gobernados, dejando que un puesto de vital importancia, caiga en manos de gente incapaz y de dudosa honorabilidad, lo que demuestra que los tan mentados exámenes de control de confianza, sólo se aplican a la tropa y no a los mandos por más corruptos e incompetentes que sean.

La simulación de “lo ciudadano”

No hay que olvidar que desde que la seguridad pública se politizó, el poseer un cargo en este campo garantiza una carrera en el ámbito político, lo que es un aliciente para que gente honesta -y no la de siempre-, realice un buen trabajo sin opacidad y bajo el escrutinio ciudadano real, no bajo el amparo de esas organizaciones que bajo el sello de “ciudadanas”, apoyan a sus incondicionales y dictan las líneas a seguir en materia de seguridad, como lo hacen las asociaciones como Causa Común, AC, de María Elena Moreira Mitre (vinculada en su momento con Genaro García Luna) e Isabel Miranda de Wallace, con Alto al Secuestro,  cuya rapacidad quedó documentada en el excelente libro de Guadalupe Lizárraga, El falso caso Wallace.

Es importante detectar a tiempo a esos “defensores de los Derechos Humanos” y de sus “causas ciudadanas”, que sólo utilizan las movilizaciones para promover su imagen y utilizar el mote de ciudadanos, para lucrar o extorsionar en perjuicio de la población que dicen defender, tal como ha quedado demostrado en los casos antes señalados.

En espera de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realice en realidad un golpe de timón y ponga a trabajar a su titular en Seguridad pública, Alfonso Durazo, para que las prácticas señaladas y sus síndromes sean erradicadas por completo de la gestión pública, marcando un parteaguas en la materia. 

@borgestom

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Con voz propia

¿Por qué AMLO no podrá contra la “mafia del poder”?

Desde sus primeras campañas AMLO prometió luchar contra la mafia del poder, pero aquellos tildados de corruptos y mafiosos fueron invitados como asesores

Tomas Borges

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Tomás Borges

“Solo hay dos formas de controlar a una nación: Por las armas o por el dinero”

John Addams

De acuerdo con el Premio Nobel de Economía Richard Thaler, un error común en la economía es pensar que los consumidores piensan como los economistas, ya que los primeros, de acuerdo con el galardonado, toman decisiones irracionales guiados por impulsos y no a través de estudios y planificaciones como creen los economistas.

Lo anterior viene a colación, debido a la iniciativa presentada por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), específicamente por el senador Ricardo Monreal, quien sacó una iniciativa tendiente a disminuir las onerosas comisiones que cobran los bancos en su mayoría extranjeros en nuestro país, lo que ocasionó airadas declaraciones de la banca en México, así como de periodistas del ámbito financiero, quienes desde sus columnas acusan al nuevo gobierno de llevar a México hacia una Venezuelalización.

Según medios nacionales, Ricardo Monreal pidió calma a los inversionistas mientras que solicitaba a los banqueros las mismas condiciones que imperan en sus países de origen al solicitar que “quisiéramos ver a Santander en México aplicando las mismas comisiones en España, quisiéramos ver a Scotiabank aplicando las mismas comisiones e intereses que en su país de origen”, comentó el líder de la bancada de MORENA en el Senado en entrevista a medios el pasado 8 de noviembre.

De acuerdo con información proporcionada por la CONDUSEF, el año pasado la banca en México obtuvo ganancias superiores a los 108 mil millones de pesos, por lo que sus ganancias podrían superar el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).

Para la Revista Forbes México, las ganancias de la banca el año pasado provinieron de créditos otorgados, 23% de captación y servicios, y un 27% de otros servicios no especificados, aunado a que las comisiones que más han crecido son las relacionadas con el crédito, un 12% entre 2016 y 2017. El 83% procedieron de los cobros por tarjetas, un total de 63,000 mdp. De éstos, 1 de cada 3 se cobraron en concepto de anualidad.

En captación de clientes, el 37% de las comisiones se originaron por el cobro del servicio de manejo de cuenta (12,874 mdp), el 19% por servicios de banca electrónica (6,399 mdp) y 16% por transferencia de fondos (5,434 mdp), principalmente lo que es considerado por los consumidores como un abuso, por lo que ven con buenos ojos la ciudadanía la iniciativa de Monreal, quien a todas luces está sembrando el camino para la presidencia en el 2024.

Lógicamente la banca no va a dar lucha fácil, por lo que ya comenzaron los cabildeos con el nuevo gobierno para llegar a un acuerdo que no perjudique a la banca, bajo el pretexto de no haber rentabilidad en el país, por lo que BBV BANCOMER el mes pasado despidió a 500 empleados bajo el pretexto de restructuración.

Como un guiño hacia los capitales mexicanos y para acabar voces, AMLO propuso la creación de un comité de asesores donde se incluyen a los principales empresarios mexicanos, con el objeto de “lograr con su ayuda el progreso de México” dijo el presidente electo en entrevista a medios nacionales, agregando que se “necesita el apoyo de los empresarios para que éstos generen empleos”.

Lo anterior es una muestra de cómo la política internacional está coartando los movimientos de un presidente que en campaña prometió luchar contra la mafia del poder, haciendo que a los que tildó de mafiosos y corruptos, hayan sido invitados a asesorarlo y a conformar el nuevo gobierno.

Muchos podrían juzgar a AMLO de mentiroso y de dar marcha a tras a su promesa de campaña, pero lo que AMLO y Monreal están haciendo es evitar que los “sicarios económicos” terminen por asfixiar al gobierno entrante.

Según el documental ZEITGEST Addendum (Peter Joseph, 2008), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) son instituciones de dominación que buscan doblegar a las naciones a través de créditos que a todas luces son impagables, con la única finalidad de controlar a los gobiernos por medio de la deuda.

De acuerdo al documental en comento, el BM y el FMI dan créditos para que por medio de deudas impagables se controle a la nación deudora, haciendo que siempre haya refinanciamientos para evitar la autonomía de las naciones, y que sus pueblos sean los que paguen lo que ellos no utilizaron ni disfrutaron.

La figura de sicario económico está inspirada en Kermit Roosevelt Jr. (1916-200), quien fuera nieto de Teddy Roosevelt, el presidente americano que creó una guerra para quitarle a España, la Cuba de 1898. Kermit Roosevelt, como agente de la CIA, desestabilizó Irán en 1953 para quitar del poder al régimen de Mossadegh bajo la operación encubierta AJAX, que depuso a un presidente electo democráticamente para imponer en su lugar a Mohamed Reza Pahlevi el SHA de Irán.

Tras el éxito de la Operación Ajax, los estadounidenses vieron que salía más barato y era más efectivo crear inestabilidad en las naciones que invadirlas, crearon la figura del consultor económico, quien se encargará de vender las bondades del capitalismo a los integrantes del régimen, para que éste sea afín a los intereses del imperialismo, y en caso de negatividad y no cooperación, se derroca a los gobiernos rebeldes, como sucedió con Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, en Ecuador con Jaime Roldó por citar algunos.

Los consultores al servicio del imperialismo, primero tratarán de cooptar a los gobernantes y en caso de negativa se encargarán de eliminar a éstos indeseables para el capitalismo, a través de brotes de inestabilidad y después por asonadas marcadas por revueltas “espontaneas” ciudadanas, primero tildando al régimen a deponer, como violentador de los Derechos Humanos y después como un déspota enemigo de la democracia y opresor de su pueblo.

Por lo que una vez manipulada la opinión pública, se procede a su eliminación a través de los llamados Chacales (Jackals) quienes harán todo el trabajo de agitación en redes sociales y subversión por medio de organizaciones de fachada y acciones encubiertas patrocinados por los futuros beneficiados de la derrota, que por lo regular son los afectados por éstos líderes incómodos.

Finalmente, como último recurso se recurre a la acción militar, disfrazada de asistencia humanitaria, iniciando campañas de desprestigio y mala prensa para crear una mala opinión e imagen del régimen a deponer y después poner a un títere como ocurrió con Guillermo Endara en Panamá en 1989, tras el derrocamiento del General Manuel Antonio Noriega, tildado y acusado de narcotraficante por sus antiguos empleadores de la CIA.

En un mundo donde se habla de una post verdad, definida en el contexto global de la desinformación, como una gran falsedad disfrazada de verdad, de acuerdo a lo vertido por el Coronel Pedro Baños en Así se domina el mundo (Ariel, 2018), y ésta post verdad está patrocinada no por los gobiernos, sino por una Corporocracia (Corpotrocacy) que es simple y llanamente, el conglomerado económico creado por los empresarios y los TRUST que controlan un impero clandestino que bajo la égida de la globalización,  no conoce fronteras.

A través de la CORPOROCRACIA, los políticos simplemente fungen como títeres que sirven para mantener un stablishment, por lo que la frase de Lev Tolstoi; “Quien tiene el dinero, tiene en su bolsillo a los que no lo tienen” es más que una realidad, siendo la democracia y los valores occidentales, las banderas que utilizan estos integrantes de la banca y de los TRUST que buscan no el beneficio de los que expolian, sino seguir controlando a naciones enteras, por medio del dinero y el terror, y en el caso mexicano, AMLO no es la excepción.

Es por ello que vemos cómo fenómenos como la “Caravana de Migrantes” surgen como medios de desestabilización, para medir el pulso del gobierno entrante, por lo que no nos deberá de sorprender que el presidente AMLO de marcha a tras a muchas de sus promesas de campaña, ya que una cosa es liderar una oposición y otra muy distinta, gobernar a una nación sin tomar en cuenta el poder del dinero.

El dinero es poder y es el motor que mueve a la humanidad, ya que a través del dinero se consiguen bienes y voluntades. Por eso de acuerdo al Coronel Baño (OP.Cit), “la lucha por conseguirlo, conservarlo y disponer de mayores sumas, es y será un combate eterno”.

@borgestom

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