Raúl Ramírez Baena

Además del rechazo de algunos sectores de la sociedad –sobre todo tijuanense- a los refugiados centroamericanos, que en caravanas llegan a la frontera norte del país en busca de asilo en los Estados Unidos, tal parece que las autoridades de este país y de México no han terminado de entender la historia, origen, dinámica y perfil de la migración hacia el país del norte, a partir del Programa Bracero, hasta la fecha.  

La política migratoria de Donald Trump utiliza el tema antiinmigrante como bandera de su campaña presidencial (ahora, en búsqueda de su reelección), que muchos votos le arrojaron en 2016 al criminalizar a los inmigrantes indocumentados, mexicanos incluidos.

Esta política xenófoba se le ha revertido ahora a Trump, acarreándole serios tropiezos, como la derrota en la Cámara de Representantes para la obtención de recursos para construir su muro en la frontera con México, bajo el argumento de que en esta región los EU viven una “crisis humanitaria y de seguridad”, que pocos creen, incluso, legisladores de su partido.

A consecuencia de su política de “Tolerancia Cero” a la inmigración indocumentada, Trump ha sido evidenciado por la separación de menores de sus padres, lo que –eso si- ha generado una crisis internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido a petición de las defensorías públicas de México, Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala, dictando medidas cautelares en favor de 572 menores detenidos en jaulas del Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE), en condiciones inhumanas, afectando su integridad física y psicológica.

Escribe Pablo Jiménez de Sandoval en El País: “Un número aún desconocido de niños fueron separados de sus padres. El Gobierno ha reconocido 2.816. Al menos 471 padres fueron deportados sin sus hijos (…). Nadie registró quién era quién o dónde estaban. Han sido las ONG las que los han ido a buscar, en ocasiones a pueblos perdidos de Centroamérica.”

Esta crisis obligó a la administración federal a admitir el ingreso a los EU, en calidad de solicitantes de asilo, a los padres de 29 menores encontrados por las ONG “Al Otro Lado”, de Tijuana, y “Families Belong Together”, de Los Ángeles. Un triunfo.

Por su parte, el Condado de Los Ángeles reta a la administración Trump al declararse oficialmente en febrero “Santuario de Inmigrantes”. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no ejercerá más funciones de control de inmigración, restringiendo su ayuda a las autoridades migratorias federales. Otro triunfo.

El caso México

Ante el arribo masivo de miles de centroamericanos desde el año pasado, a través de las caravanas que ingresan por la frontera sur como solicitantes de asilo a los EU, la administración de López Obrador sorprendió al inicio de su gestión anunciando un giro de 180 grados en la política migratoria: no criminalización y persecución de indocumentados, respeto a sus derechos humanos, emisión de visas humanitarias, reconocimiento del estatus de refugiados,  creación de fuentes de trabajo y negativa a convertir a México en “Tercer País Seguro” (TPS), según deseos del Sr. Trump.

Con el paso de los días las cosas han cambiado, sobre todo en Tijuana y Mexicali, y la realidad es otra:

1.- Como consecuencia de la nueva política social federal y ante la quiebra financiera del Gobierno de Baja California y la posición xenófoba del alcalde de Tijuana, los albergues de apoyo a migrantes ya no reciben recursos públicos, por lo tanto, tienen serias dificultades para ofrecer comida, medicamentos y asistencia a miles de centroamericanos y de otras nacionalidades que llegan todos los días, atraídos por el boom del asilo en los Estados Unidos.

2.- La Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR), de la Segob, dejó de prestar asistencia a las ONG y a los inmigrantes para la tramitación de refugio en México, en tanto se decide su situación migratoria en el país y el asilo en los Estados Unidos.

3.- A partir de enero pasado y a pesar de que siguen ingresando al país, México cerró la expedición de visas humanitarias, complicando la situación legal de los inmigrantes, que están en calidad de indocumentados, acrecentando su vulnerabilidad al quedar expuestos a las autoridades locales.

4.- Ante el arribo diario a Tijuana y Mexicali de ciudadanos centroamericanos y de otras nacionalidades, el gobierno federal y los locales no han dispuesto, como en octubre pasado, de albergues provisionales con servicios humanitarios, sanitarios y legales básicos y suficientes.

5.- México ha declarado que no será “Tercer País Seguro” de los Estados Unidos para alojar a inmigrantes mientras se resuelven sus solicitudes de asilo, pero en los hechos ha abierto sus puertas para ello, favoreciendo los deseos de Trump, violentando así las normas del Derecho Humanitario Internacional.

6.- Haciendo el trabajo sucio a Trump, las autoridades del Instituto Nacional de Migración han impedido el acceso a México a abogados y periodistas estadounidenses en aeropuertos nacionales, que trabajan en colaboración con miembros de la caravana en Tijuana, al estar “fichados” por autoridades de los Estados Unidos.

7.- Como corolario, sin conocimiento y asesoría sobre el origen y la dinámica migratoria, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, culpa a “Pueblo sin Fronteras” de organizar las caravanas.

Así las cosas, sólo esperamos que el proceso electoral de Baja California de este año no se contamine del discurso antiinmigrante de Trump, como recurso para ganar votos. Ya veremos.

Fotografía: Gerson Martínez.

Raúl Ramírez Baena

“Yo sigo insistiendo, lo decimos en este informe de seguimiento,
que la tortura (en México) es generalizada”

Juan E. Méndez, Relator sobre Tortura de la ONU, 2017

Los años 2008 al 2012 fueron la época negra para Baja California, en particular para la ciudad de Tijuana. En estos años, en el marco de la “guerra al narco”, se cometieron a la vista de la ciudadanía múltiples crímenes entre bandas del narco y autoridades, con sus respectivos “daños colaterales” que provocaron miedo y terror entre la población.

Entre los años 2008 al 2010, bajo el mando del Tte. Cor. Julián Leyzaola Pérez, entonces Secretario de Seguridad Pública Municipal, murieron en enfrentamientos más de 50 policías municipales de Tijuana y se documentaron y probaron decenas de quejas y denuncias por tortura, delitos cometidos por el propio Leyzaola, por agentes municipales bajo su mando y por elementos del ejército. Además, se registró el arraigo de decenas de personas en los cuarteles militares de Tijuana, todas, sometidas a actos de tortura.

Tan sólo la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) documentó en esos años 30 casos que arrojaron a más de 100 víctimas directas de tortura, incluyendo a policías municipales de Tijuana, acusados de pertenecer a la delincuencia organizada, en el marco de la fracasada y simulada “depuración policial” ordenada por Felipe Calderón (hoy, todos en libertad y absueltos por la justicia federal), casos presentados en 2014 por la CCDH, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Federación Internacional de Derechos Humanos a la Corte Penal Internacional de La Haya. Aparte, las múltiples quejas por tortura que recibieron la CNDH y la CEDH local, que continúan a la fecha.

Lo más sorprendente es que, con esos antecedentes, en el año 2012, el gobierno federal, el estatal y el municipal, presumieron a Tijuana como “modelo exitoso en seguridad”, basado en un esquema de Mando Único militar.

Los crímenes bajaron de 844 muertes violentas en 2008 a casi la mitad para el año 2012, baja atribuida por los analistas a la detención de Teodoro Simental, “El Teo”, que había declarado la guerra al cártel de los Hnos. Arellano Félix en favor del Cártel de Sinaloa, y a una especie de pax narca acordada para enfriar la plaza en el marco del Plan Mérida, más que a la eficiencia oficial.

Evidentemente, ese modelo de seguridad nunca tuvo entre sus objetivos abatir los altos índices de tortura (método que ocurre desde la detención hasta la puesta a disposición de la justicia, con fines de castigo e “investigación”) y otras violaciones a los derechos humanos cometidos por autoridades civiles y militares, en la modalidad de detenciones arbitrarias, allanamientos y cateos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en Tijuana y el resto de los municipios de la entidad, al contrario, la estrategia se basaba en la fabricación de culpables.

Negadas las autoridades, obviamente, a desarrollar la estrategia de seguridad –hasta la fecha-con un enfoque de derechos humanos.

A pesar de que México cuenta con una “Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, de que es Estado Parte de la “Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” de la ONU, y de su Protocolo Facultativo, que crea un Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura bajo la administración de la CNDH, destacamos dos cosas:

1) El alto grado de impunidad en el castigo a la tortura en Baja California y en todo el país. La CCDH conoce sólo dos casos en que los agentes torturadores han sido sometidos a proceso penal (ningún militar), y

2) No hay en el estado de Baja California una política integral para prevenir y sancionar la tortura que contemple la armonización de la legislación local en la materia, la instalación de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y la debida y permanente capacitación para su prevención, dirigida a los agentes estatales y municipales, preventivos e investigadores, de seguridad y de custodia penitenciaria, así como a los integrantes del Poder Judicial local para la debida sanción de este flagelo.

Posdata: El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) tiene la oportunidad de hacer historia, de abonar a la democracia y asumir el interés general y el bien común por sobre los intereses del capital. ¿Renuncian a ello?

Ilustración: Lorenzo Mattotti/The New Yorker

Raúl Ramírez Baena*

 “Todo lo que tiene que ver con la sociedad civil tiene que ver con el conservadurismo…”

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

En el marco del devastador sismo de la Ciudad de México del año 1985, la respuesta de la población ante la emergencia rebasó al gobierno de Miguel de la Madrid, arrojándose a la acción solidaria espontánea, de la que surgieron organizaciones populares y vecinales como la “Unión Popular Nueva Tenochtitlán”, el personaje enmascarado “Superbarrio Gómez”, las brigadas de rescate de estudiantes de la UNAM y la “Coordinadora Unificada de Damnificados” (CUD) formada por cerca de 40 organizaciones que demandaban al gobierno la reconstrucción y dotación de viviendas.

En mayo de 1985 se firma entre las organizaciones de damnificados y el entonces Regente Manuel Camacho Solís, el Convenio de Concertación Democrática para la Reconstrucción, decretándose de facto la pérdida del control corporativo de las organizaciones populares por el PRI en la Ciudad de México.

Este fue el germen del posterior triunfo electoral del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas en 1997 a la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, seguido en el año 2000 de la victoria de Andrés Manuel López Obrador al mismo cargo. Ambos triunfos electorales fueron la base social del PRD, sostenidos por un fortalecido movimiento urbano popular de izquierda surgido de los sismos de 1985.

Más tarde, a principios de los años 90 y ante el gradual abandono del gobierno neoliberal de los derechos sociales, culturales y laborales de la población, se formó una coalición de organismos no gubernamentales en torno a la “Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia” (una de cuyas principales dirigentes, Ernestina Godoy, es hoy la Procuradora de Justicia de la CdMx), el “Foro de Apoyo Mutuo”, el “Centro Mexicano para la Filantropía”, la “Fundación Miguel Alemán” y la Universidad Iberoamericana, que aglutinaron un importante movimiento plural de sociedad civil.

Estas organizaciones empujaron en el Congreso la “Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil” y sus correspondientes en las entidades federativas, creadas para regular y financiar las actividades civiles filantrópicas, asistencialistas, de desarrollo social y de protección de los derechos humanos.

El espíritu de estas normas consiste en el fomento y el apoyo financiero a las actividades de la sociedad civil organizada, previo proyecto evaluado mediante estándares previamente establecidos a Convocatoria pública, y la creación de un Consejo Ciudadano de Fomento a nivel nacional y en cada estado, como vigilante de estos procesos de apoyo oficial para el desarrollo de actividades en favor de personas en condición de vulnerabilidad.

Lamentablemente, la ley federal y las estatales, y los Consejos, fueron cooptados por los gobiernos en turno, y su estructura terminó siendo un mecanismo más de control corporativo, por lo que urge reformarlas.

Una de las pioneras del campo de los derechos humanos en México, doña Rosario Ibarra de Piedra, madre del –hasta hoy- desaparecido Jesús Piedra Ibarra, reconocida por la Cámara de Diputados el pasado 12 de febrero con la medalla al mérito cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, fundó en 1977 el “Comité Pro-Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México”, más tarde denominado Comité ¡Eureka!

Posteriormente, en 1988, se creó el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. y, en 1989, la “Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos”, A.C. y el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria», A.C.  Tres organizaciones civiles pioneras en la promoción y defensa de los derechos humanos en México.

Hoy, la “Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todas y Todos” (RED TDT), creada en los años 80, aglutina a más de 80 ONG de todo el país.

Tradicional es la lucha y resistencia de comunidades y pueblos originarios contra gobiernos y empresas trasnacionales que desarrollan macroproyectos, como la Termoeléctrica de Huexca y la planta cervecera Constellation Brands en Mexicali, en defensa de sus derechos culturales, sus territorios, su hábitat, el medio ambiente y el agua.

Tras los efectos de la “Guerra al narco” de Felipe Calderón, al calor de las desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, bajo la iniciativa de Javier Sicilia, se formaron de manera espontánea y urgente diversos colectivos de víctimas en busca de la justicia, la verdad y la paz, y para buscar la justa reparación integral del daño sufrido.

Ahora, la acción concertada de ONG, académicos, juristas y especialistas en derechos humanos y seguridad pública, aglutinados en el colectivo #SeguridadSinGuerra, apoyados por el Derecho Internacional de Derechos Humanos, la ONU-DH, los órganos de tratados y mecanismos de derechos humanos de la ONU y las jurisprudencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más una firme posición de los partidos de oposición en el Senado, lograron lo que parecía imposible: revertir el carácter militar de la Guardia Nacional a un mando civil, estableciendo una temporalidad de 5 años para el retiro de los militares. 

Advertir por la sociedad civil sobre los riesgos de elevar a rango constitucional la militarización de la seguridad y la acción de grupos comunitarios y pueblos indígenas contra macroproyectos depredadores, no pueden ser argumentos para calificarlos de “conservadores”, ni para frenar el subsidio oficial a proyectos auténticos de ONG en favor de personas en condición de vulnerabilidad. Además, la mayoría de ellos votó por el actual Mandatario.