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La lucha minera marcha de Asturias a Madrid

El movimiento convoca a trasladarse a Madrid el 11 de julio como protesta por recortes y derogación de reforma laboral

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La lucha minera en España Foto: perfil de FB Lidia Asencio

Por Lidia Asencio

ASTURIAS, España.- Desde el colectivo español Movimiento Mundial por los Derechos Humanos al Trabajo, se ha convocado a la clase obrera (desempleados y activos) a concentrarse ante el Parlamento y el Ministerio de Industria en Madrid en apoyo a los mineros el próximo 11 de julio. Las protestas pretenden terminar con la paralización de los recortes, derogación de la reforma laboral y políticas antiobreras, así ciomo la de exigir una política social basada en el reparto del trabajo como salida a la crisis del desempleo.

El colectivo ha extendido la convocatoria a asociaciones de trabajadores, de desempleados, de vecinos, sindicatos y partidos políticos de todo el país, y pidió organizarse en diferentes transportes públicos para llegar ese día a Madrid.

El Movimiento Ciudadano de Apoyo a los Mineros, por su parte, ha denunciado que en Asturias los mineros no reciben apoyo económico alguno. «Se recauda lo que se puede para sufragar gastos de los mineros encerrados, los comerciantes les dan comida, pero la mayoría de las familias no tienen ningún tipo de apoyo económico», dijo.

Hasta ahora, no ha habido tregua en la ‘lucha’ entre los piquetes mineros y los antidisturbios de la Guardia Civil. Ha sido una jornada larga, más los cortes de tráfico en la carretera A-6, a la altura de Villafranca del Bierzo, que han generado enfrentamientos de auténtica batalla campal.

Sobre el asfalto, los mineros han levantado barricadas con neumáticas (llantas), avivadas con aceite y gasolina. A unos metros de la autopista y con la llegada de los policías antidisturbios los mineros han vivido escenas de lucha abierta contra las fuerzas de seguridad.

«Luchamos por lo nuestro», recuerdan los mineros, que insisten en que «no queremos estar aquí, sino en la mina, trabajando».

Solidaridad con mineros de Asturias Foto: Raúl Martínez

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Presidente de El Salvador construye megacárcel para «terroristas» con información «reservada»

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mega cárcel en El Salvador

Presagian corrupción en el secretismo de Bukele en la construcción de la cárcel más grande de América

SAN SALVADOR – La construcción de una megacárcel, llamada Centro de Confinamiento para Terroristas, en la que el gobierno de El Salvador pretende encerrar a unos 40 000 pandilleros, sigue la tendencia del presidente Nayib Bukele de esconder información pública sobre proyectos estatales, al clasificarla como “reservada”.

De esa forma, el Ejecutivo sigue saltándose los procedimientos de rendición de cuentas y transparencia, y habilita una enorme prisión de la que nadie sabe información relevante porque está “reservada”, como otros proyectos gubernamentales.

Los trabajos de construcción del presidio se iniciaron el año pasado, bajo total hermetismo.

Solo se sabía que la prisión estaba siendo edificada en un terreno rural de 165 hectáreas, en el caserío El Perical, en el municipio de Tecoluca, en el central departamento de San Vicente. Se finalizó en siete meses.

Fue el propio Bukele, en un programa televisado el 31 de enero, quien oficializó el inicio de operaciones de la cárcel durante un recorrido por las instalaciones, acompañado de cuatro de sus funcionarios.

La cárcel aún estaba vacía, sin reos y se desconoce cuándo comenzarán a trasladarlos al recinto.

Manto de oscuridad

Pese a la magnitud de esa megaobra, la población desconoce el monto invertido y, sobre todo, qué criterios se consideraron para otorgar el proyecto, y a qué compañía, entre otros aspectos.

Los críticos le cuestionan a Bukele por qué ese velo de secretismo, el mismo que ha impuesto anteriormente a temas relacionadas con la pandemia del covid-19, por ejemplo, o la construcción de otras obras.

“Hay una política, me atrevería a decir pública, porque es una decisión del Estado salvadoreño, de reservar todo, no importa qué, hay algo que no se quiere que se sepa”, dijo Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, de la Fundación Nacional para el Desarrollo.

Si bien la legislación salvadoreña permite clasificar como reservada algunos aspectos de programas estatales, por ejemplo la seguridad nacional, el gobierno salvadoreño cubre casi todo de hermetismo.

En el caso de la prisión, Sandoval afirmó que no se está pidiendo que se revele información sensible o confidencial, como los protocolos de seguridad internos de la cárcel.

Más bien, se trata de saber aspectos básicos, que deben ser conocidos por la población, como el monto y los procesos de licitación, entre otros, porque se construyen con fondos públicos.

“Hay una política, me atrevería a decir pública, porque es una decisión del Estado salvadoreño, de reservar todo, no importa qué, hay algo que no se quiere que se sepa”: Wilson Sandoval.

La reserva que el gobierno impuso a la información sobre la prisión se conoció en diciembre de 2022 y estará vigente hasta  2024, según el diario local La Prensa Gráfica.

Pero es muy probable que antes de su expiración, la fecha se prorrogue, como ya ha pasado en otros casos, agregó el experto.

El abuso de la figura de la “reserva” puede llevar a malversación de fondos, acotó.

“Yo diría que más que una duda, es más bien casi una certeza (de que pueden haber malos manejos) porque hay una fórmula básica en la gestión pública: discrecionalidad más opacidad normalmente va a dar como resultado corrupción”, subrayó Sandoval.

Bukele megacarcel

El presidente Nayib Bukele atiende la explicación de un funcionario sobre cómo operan los escáneres de rayos X, ubicados en la entrada de la megaprisión. Foto: Presidencia de El Salvador

La prisión más grande de América

El gobierno se ha ufanado de haber construido el presidio, que ha calificado como el más grande de América, como si inaugura una universidad estatal o un hospital moderno.

“Es lógico pensar que el gobierno necesita las cárceles, porque de lo contrario no tendría dónde meter presos a los delincuentes”, dijo un conductor de motocicleta de la aplicación Uber, que recorría una de las avenidas de San Salvador y que se identificó solo con su nombre, Carlos.

En la megacárcel, llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), estarán recluidos buena parte de las casi 63 000 personas detenidas en el marco del régimen o estado de excepción, que el gobierno inició a finales de marzo de 2022.

Esa política suspendió varias garantías constitucionales, como ampliar el plazo de tres a 15 días la presentación de cargos ante un juez.

Esa “guerra contra las pandillas” implicó, al principio, detenciones masivas de personas sospechosas de pertenecer a las denominadas “maras”, en muchos casos, sin el debido proceso.

Las maras o pandillas son grupos criminales que se enraizaron en El Salvador a comienzos de los años 90, cuando llegaron deportados de Estados Unidos jóvenes salvadoreños que en esa nación se involucraron en pandillas.

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El presidente Bukele recorre los pabellones de las celdas de la prisión construida en el centro de El Salvador. Foto: Presidencia de El Salvador

La megacárcel posee varios anillos de seguridad, el principal es un muro perimetral de concreto, de 11 metros de altura y reforzado en lo alto con una cerca electrificada con 15 000 voltios. Cuenta además con 19 torres de vigilancia.

Otro anillo de seguridad ha sido montado en las afueras del recinto, por 600 soldados y 250 policías.

Un moderno equipo de rayos X escrutará por completo el cuerpo de quien entre, para evitar introducir objetivos prohibidos.

Parado frente a esas pantallas de rayos X, Bukele dijo a uno de sus funcionarios: “Aquí incluso se puede ver el organismo, se ven los pulmones, los huesos”.

Amnistía Internacional se pronunció el 3 de febrero, mediante un tuit, contra el presidio porque supondría “la continuidad y el escalamiento de los abusos” cometidos durante las redadas masivas, documentadas por organizaciones locales e internacionales.

El fin justifica los medios

La nueva prisión es la más reciente maniobra del gobierno de Bukele, en su lucha contra las pandillas.

Esa lucha, al menos hasta antes del régimen de excepción, había quedado en duda desde que una investigación del periódico digital El Faro reveló, en 2020, que el gobierno de Bukele había negociado con las pandillas para que se mantuvieran bajas las cifras de homicidios en el país.

Bukele comenzó su mandato de cinco años en junio de 2019, con 38 años, con aires de modernidad que llevaron a calificarlo como el presidente milenial, pero tras pasar a dominar dos años después la Asamblea Legislativa, tomó control del Poder Judicial y la Fiscalía General, dando pasos progresivos hacia el autoritarismo.

Desde que el gobierno inició el estado de excepción, en marzo de 2022, las organizaciones de derechos humanos han denunciado más de 4000 casos de detenciones arbitrarias y de abusos por parte de soldados y policías envalentonados por el discurso duro de Bukele contra las pandillas.

De hecho, el mismo gobierno ha informado que alrededor de 3000 personas detenidas han sido liberadas ya, al no comprobárseles su participación en esas bandas.

Eso ha sido leído por los opositores como una evidencia de que sí se han arrestado a personas inocentes.

Pero el gobierno lo interpreta en positivo, como una muestra de que los casos se investigan, y si no hay pruebas contundentes, las personas quedan libres.

Carlos, el conductor de Uber, señaló que desde el régimen de excepción, las colonias de San Salvador son más seguras, y él lo ha comprobado al entrar a zonas donde antes era imposible, por el control de las pandillas ahí.

Como él, la mayoría de la población de 6,7 millones de habitantes de este pequeño país centroamericano aprueba las medidas impulsadas por Bukele para desarticular a las pandillas, tal como se percibe en las calles de pueblos y ciudades, y como lo han venido confirmando todas los sondeos de opinión.

“Solo él se ha puesto los pantalones contra los pandilleros”, acotó Carlos.

Da la impresión, no obstante, que la población avala esa política de persecución y represión contra las pandillas, aun cuando haya de por medio violaciones a los derechos humanos.

Era tan agudo el tema de los asesinatos y la inseguridad en El Salvador, que la mayoría de las personas aprueban esas medidas, siempre y cuando no sean sus parientes los detenidos arbitrariamente y los que sufran abusos policiales.

En lo más álgido de la criminalidad, en 2015, El Salvador llegó a tener una tasa de 103 asesinatos por cada 100 000 habitantes, lo que lo colocaba como el país más violento del mundo.

Al cierre del 2022, tras tres años y medio en el Ejecutivo de Bukele, la tasa de homicidios fue de 7,8 asesinatos por cada 100 000 habitantes.

Pero no todos avalan que impere el principio de Maquiavelo, que el fin justifique los medios y se combata a las pandillas a cualquier costo.

A pesar de estar de acuerdo, en general, con la lucha contra las pandillas de Bukele, Álvaro, como se identificó un artista del dibujo, del retrato, en el centro de San Salvador, dijo a IPS que no le parece correcto que se cometan abusos por perseguir a las pandillas.

“Es obvio, está bien lo que se está haciendo (contra las pandillas), pero debemos de recordar que hay casos, tal vez no es un gran porcentaje, de personas que son inocentes”, agregó, mientras, sentado a un costado del Teatro Nacional, esperaba por algún cliente que quisiera ser retratado.

Y agregó: “Son personas que han sido víctimas de una denuncia infundada, eso se ha dado y por lo que veo se seguirán dando”.

“La clave está en cómo hacer más eficiente la tarea legal y policial, sin llevarse de encuentro a toda esa gente”, finalizó.

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¿Qué el periodismo indígena?

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Kau Sirenio habla sobre el periodismo indígena y sus necesidades

El periodismo indígena plantea construir un cambio verdadero del paradigma en el quehacer de la comunicación para visibilizar a las comunidades indígenas

Por Kau Sirenio
Twitter: @Kausirenio

El periodismo indígena es una herramienta para visibilizar a pueblos y comunidades desde su cosmovisión y estructura comunitaria, así como replantear el futuro de las lenguas maternas. El quehacer periodístico es el puente para fortalecer la cultura y la promoción de los derechos humanos.

En la agenda del periodismo indígena deben de estar los espacios virtuales que se involucran con territorio histórico, lugares legítimos de pueblos y comunidades, así como compartir experiencias, problemas y aspiraciones en el ámbito de la comunicación y la formulación de planes y estrategias de desinformación.

La prioridad debe ser el servicio de los intereses de las comunidades indígenas. Dignificar el escenario virtual en el que el periodismo indígena tiene como objetivo principal la construcción de una plataforma capaz de encaminar y articular esfuerzos a escala local, regional e internacional.

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O sea, el periodismo indígena será el puente para contar las experiencias entre el mundo indígena y no indígena, pero en sus propios códigos lingüísticos y no en lenguas prestadas como ha sucedido hasta ahora, donde los periodistas de la ciudad hablan de los indígenas e interpretan o desinforman el contexto de las comunidades.

Luego entonces, el compromiso del periodismo indígena es una iniciativa de los periodistas indígenas de promover técnicas y métodos de comunicación desde las cosmovisiones y culturas de pueblos y comunidades. Así como informar los sucesos en que los sectores sociales están inmersos: el movimiento de los pueblos afrodescendientes y las comunidades campesinas.

Durante años las corporaciones periodísticas (racistas y clasistas) alimentaron el mito de la neutralidad periodística; sin embargo, esta creencia de los medios convencionales se desvanece. De ahí, el periodismo indígena debe estar de lado de las distintas luchas que pueblos y comunidades indígenas emprenden en contra de la opresión histórica. Así como lo definió De Sousa Santos: “Colonialismo, neocolonialismo, capitalismo, imperialismo, neoliberalismo que trataron de aniquilar sus culturas y diferencias”.

El matiz de periodismo indígena no es una versión romántica del periodismo convencional ni folklorista, como lo venden los medios corporativos que pretenden ser indigenistas, aunque en su línea editorial lo único que reproducen es el clasismo y extractivismo cultural. El planteamiento del periodismo indígena es construir un cambio verdadero del paradigma en el quehacer de la comunicación.

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En la actualidad, el desarrollo del periodismo indígena se enfrenta a desafíos y obstáculos que van desde lo económico, la formación de los reporteros, locutores y presentadores de la información en prensa escrita, radio, televisión, cine e internet. La tarea no es sencilla, pero tampoco es imposible. Es cuestión de empezar a tejer redes entre los comunicadores indígenas.

Planear la cobertura a corto plazo tiene que superar las dificultades que se presentan en la producción, organización y coordinación de los medios de comunicación de los pueblos y comunidades indígena. Apropiarse de espacios virtuales estratégicos en distintas plataformas digitales para informar los acontecimientos importantes en que están involucrados los indígenas y afrodescendientes.

Además, el periodismo indígena tiene que incidir en las agendas controladas por los medios corporativos de comunicación, para romper con los mecanismos mediáticos que reproducen el racismo, los guiones informativos y contenidos, no sólo respecto de los temas relacionados con la vida comunitaria, sino también temas de interés público.

Para conseguir la meta se debe fortalecer el periodismo indígena desde la pluriculturalidad e interculturalidad. El nuevo periodismo indígena tiene que pisar las aulas de las universidades para formar nuevas herramientas en las ciencias de la comunicación para que la información no sea una improvisación.

Es necesario definir nuevos elementos teóricos que permitan renovar las ciencias de la comunicación para cambiar la narrativa impuesta hasta ahora. La defensa y promoción de nuevas prácticas en la construcción de medios indígenas de comunicación debe fincarse en un nuevo tipo de periodismo, más incluyente y menos clasista.

Si no somos capaces de cuestionar las dinámicas actuales de los medios corporativos de comunicación, que se dedican a concentrar el capital y monopolizar la información, corremos el peligro de mirar una sola cara de la moneda. La apuesta es desafiar la monoculturalidad para construir el periodismo de pueblos y comunidades indígenas, donde entremos todos.

 

 

 

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Genaro García Luna: ¿quién es el exfuncionario juzgado en EEUU por operar con el Cártel de Sinaloa?

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Genaro García Luna, exfuncionario mexicano, se enfrenta a un juicio en EU que lo liga al Cártel de Sinaloa

Este martes empezó uno de los juicios más importantes de un alto exfuncionario público mexicano ante la justicia de los Estados Unidos. Se trata de Genaro García Luna, que tuvo puestos clave en los servicios de Inteligencia y seguridad pública durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, ambos de filiación del Partido Acción Nacional.

Sin embargo, no sólo durante los sexenios panistas de Fox y Calderón trabajó en el gobierno, también lo hizo en las administraciones previas, las cuales encabezaron los priistas Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, aunque en estos dos gobiernos no tuvo puestos tan altos como en los de sus sucesores.

¿Quién es Genaro García Luna?

Nació el 10 de julio de 1968 en la Ciudad de México, poco tiempo después de que su familia emigrara desde Michoacán. Él creció en la colonia Romero Rubio, un barrio pobre al norte de la Ciudad de México que colinda con el Estado de México, de acuerdo con el libro «El señor de la muerte», del autor Francisco Cruz.

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Es ingeniero mecánico de profesión, egresado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), una de las universidades públicas con más prestigio en México. A los21 años, fue recomendado por el expresidente Salinas de Gortari como agente investigador del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). No se tiene claro si en algún momento ejerció como ingeniero.

En sus primeros años en el Cisen, todavía en el sexenio de Salinas de Gortari, monitoreó la actividad de grupos guerrilleros en México y opositores al entonces presidente. Ya en el sexenio de Zedillo, cuando cumplió 31 años, se integró a la extinta Policía Federal Preventiva. Un año después y, en el 2000, coincidiendo con la entrada de Fox como presidente de México, fue nombrado Coordinador de Inteligencia del CISEN bajo la dirección de Eduardo Medina Mora.

En el 2001, después de que un grupo de académicos y periodistas avalaran la no infiltración del narcotráfico en el CISEN, se autorizó el presupuesto millonario para la creación de la Agencia Federal de Investigación, de la cual Genaro García Luna fue nombrado titular. A partir de allí, se enfocó en el combate contra el secuestro, reclutando familiares de víctimas como activistas.

Para 2006, Calderón asumió la presidencia de la república y, entre su gabinete, lo nombró como nuevo Secretario de Seguridad Pública a nivel federal.

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¿Qué cargos enfrenta García Luna?

El extitular de la Secretaria de Seguridad Pública federal mexicana actualmente está acusado por el Gobierno de los Estados Unidos de conspiración y tráfico de cocaína, además de declarar en falso a las autoridades migratorias. También se le ha señalado de proteger y beneficiar al Cártel de Sinaloa durante el sexenio de Calderón en la llamada «guerra contra el narcotráfico».

A García Luna se le relacionó con el Cártel de Sinaloa, desde que el narcotraficante Jesús «El Rey» Zambada, hermano del «Mayo» Zambada e integrante de dicha organización criminal, testificó ante las autoridades estadounidenses de que García Luna recibió sobornos por al menos diez millones de pesos. El dinero, según la declaración del «Rey» Zambada, se lo entregó él mismo al exfuncionario.

¿Cuál sería la sentencia de García Luna si es encontrado culpable?

Según reportes periodísticos, si el juez Brian Cogan -encargado del juicio del exfuncionario y al frente de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York– lo encuentra culpable podría ponerle una sentencia máxima de cadena perpetua.

La pena mínima que podría enfrentar si es declarado culpable es de 20 años de prisión. Es decir, si cumpliera su sentencia completa en Estados Unidos saldría cuando tuviera 74 años. Además, las autoridades mexicanas también lo han acusado de varios cargos criminales que tendría que enfrentar en ese país.

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