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Justicia pendiente

La lucha de los Jornaleros de San Quintín cruza México

Una caravana en representación de jornaleros y jornaleras de San Quintín llevará su lucha por derechos laborales y un salario justo hasta Ciudad de México.

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Por José Martínez

MEXICALI, Baja California.- Un autobús con una delegación de representantes de los jornaleros y jornaleras del valle de San Quintín cruza en estos momentos el desierto de Sonora camino a la capital del país. La caravana lleva la lucha del campesinado de Baja California ante otros colectivos de trabajadores de otros estados, y lo hace cuando se cumplen dos años de la huelga que dio inicio al movimiento laboral. La Alianza de Organizaciones por la Justicia Social, que enarbola la causa, acusa al gobierno y las empresas de incumplir los acuerdos.

El 17 de marzo de 2015, unos 70 mil trabajadores del campo en el valle de San Quintín, al sur de Ensenada, comenzaron a organizarse e iniciaron una huelga que se extendió durante semanas. Pese a que en la región se extienden multimillonarias hectáreas de cultivo, propiedad de empresas transnacionales y latifundistas locales, la mano de obra – imprescindible en este tipo de cosechas – roza condiciones de esclavitud en algunos aspectos. Captados por falsas promesas o por extrema necesidad, familias enteras abandonan cada año sus lugares d origen en Guerrero, Oaxaca, Chiapas o Puebla, y se trasladan a Baja California para ganar entre 80 y 200 pesos por jornadas de 12 horas o más y para vivir en viviendas precarias sin acceso a servicios educativos o sanitarios de calidad.

Muchas de la familias indígenas que durante las últimas décadas han venido llegando del sur de México, han echado raíces conservando sus lenguas originarias: el triqui, el mixteco o el zapoteco. Y en sus idiomas, establecidos en campamentos de protesta en la carretera transpeninsular – la única vía de acceso al norte para los camiones de carga – llevaron a cabo asambleas multitudinarias en las que organizaron bloqueos y manifestaciones en las puertas de los ranchos y la delegación del gobierno.

Tras meses de tensión en los que llegaron a producirse enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas policiales desplegadas en el Estado, los jornaleros y jornaleras crearon un sindicato independiente que forzó al gobierno y la patronal a pactar un acuerdo: aumento de salarios, inversión en infraestructura y mejora de derechos laborales, especialmente en las medidas para acabar con el acoso sexual de las trabajadoras del campo.

Sin embargo, dos años después las mejoras en los derechos laborales en el valle de San Quintín parece que no han mejorado excesivamente. Bonifacio Martínez afirma que los abusos se cometen con más prudencia, pero las principales exigencias que mantuvieron durante el nacimiento del movimiento en 2o15 prácticamente han sido ninguneadas. Fidel Sánchez, otro de los voceros, lamenta que no haber “visto un salario digno ni justo, ni la afiliación al IMSS, ni la construcción del hospital de especialidades”.

La caravana tratará de estrechar relaciones con otras organizaciones de estados como Sonora y Sinaloa y finalmente llevará sus peticiones al encuentro nacional de jornaleros del próximo 17 de marzo en Ciudad de México. De forma paralela, además, el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA), surgido en el movimiento de 2015, de forma coordinada con organizaciones obreras y de derechos humanos en Estados Unidos, desarrolla un boicot a los productos de Driscoll’s y Sakuma Farms, principales exportadores mundiales de bayas y frutas de alto valor como la fresa que se cultiva en los campos de San Quintín.

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Justicia pendiente

Juez ordena retomar investigación contra presidente del TEPJF por lavado de dinero

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que un juez ordenó retomar la indagatoria por lavado de dinero contra el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas.

La dependencia federal detalló que el juez reconoció que la UIF es la denunciante facultada para impugnar la determinación del Ministerio Público de no investigar al presidente del máximo organismo electoral del país.

Por ello, el Ministerio Público deberá investigar el uso indebido de recursos de procedencia ilícita, ya que el magistrado presidente adquirió el año pasado propiedades de lujo en Miami, Estados Unidos, por un valor superior a los 10 millones de pesos, así como en el Estado de México y la Ciudad de México.

El magistrado refirió que tuvo la capacidad de adquirir esas propiedades con su esposa, Mónica Bauer Mengelberg, quien se desempeña como vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Pepsico Latinoamérica, obteniendo más ganancias económicas que él.

Sin embargo, la UIF señaló que no corresponden los ingresos económicos de la pareja para adquirir tantas propiedades, por lo que acusó que ha cometido enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, evasión fiscal y uso de empresas fachada.

Según José Luis Vargas, sus ingresos económicos son transparentes y por ello demostrará su inocencia ante las acusaciones de la UIF, pues reiteró que no ha cometido alguna irregularidad en el ejercicio del servicio público como magistrado presidente del TEPJF.

 

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Justicia pendiente

Organización de Derechos Humanos se solidariza con huelga de sindicato minero

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La organización de Derechos Humanos Red Solidaria contra la Impunidad expresó su solidaridad con el sindicato minero de la sección 17 de Taxco, Guerrero, a 14 años de haber iniciado su huelga en demanda de mejoras condiciones salariales y seguridades sociales justas en sus labores.

Por medio de un comunicado, el organismo defensor de los derechos humanos externó su apoyo al sindicato minero que no ha obtenido respuesta positiva por parte de Germán Larrea, propietario de Grupo México.

Desde que inició la huelga, los mineros fueron apoyados por el grupo denominado como “Las Guerreras de Plata”, que han exigido mejores condiciones laborales justas para que se resuelva el conflicto que viola la integralidad de los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

Por ello, pidieron la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se resuelva esta situación y que llame a su resolución a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, así como a la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado, para que atiendan esta problemática.

Recordó que en 2019 el líder del Sindicato de la Sección 17, Roberto Hernández Mojica, fue amenazado, así como en el pasado proceso electoral en el que se renovó la gubernatura de Guerrero, por lo que responsabilizó al gobierno estatal y federal por la integridad física y psicológica de todos los mineros.

Asimismo, demandaron que las autoridades estatales y federales manifiesten su interés en la resolución de este conflicto que ha afectado a 386 trabajadores desde que comenzó la huelga hace más de dos décadas, pero en la cual persisten en la lucha laboral 136 mineros.

 

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Justicia pendiente

INE sanciona con más de mil 210 millones de pesos a partidos políticos por elecciones

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sancionar con mil 210 millones de pesos a partidos políticos por distintas irregularidades durante el pasado proceso electoral en el que se renovó la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y 30 congresos locales.

El organismo electoral determinó aplicar sanciones por 210 millones de pesos por irregularidades en el proceso electoral federal y 993 millones de pesos para los procesos locales del país.

Después de revisar las operaciones económicas de los partidos políticos por 11 mil 346 millones de pesos, de las cuales 5 mil 644 millones de pesos fueron por ingresos y 5 mil 702 millones de pesos de egresos de partidos políticos y candidatos.

Del total de las sanciones impuestas, el 91 por ciento corresponden a partidos políticos nacionales, el 8 por ciento a partidos políticos locales y el 0.5 por ciento a candidatos independientes.

De acuerdo con el INE, el 6 por ciento de los recursos económicos que recibieron los partidos políticos no fueron informados a las autoridades electorales, por lo que sumaron 268 millones de pesos en esta condición.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue el partido más sancionado con 373.1 millones de pesos, Fuerza Por México con 102.9 millones de pesos, Redes Sociales Progresistas con 100.9 millones de pesos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 89.3 millones de pesos, el Partido Acción Nacional (PAN) con 88.4 millones de pesos, el Partido del Trabajo (PT) con 85.9 millones de pesos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 84.5 millones de pesos, Movimiento Ciudadano (MC) con 73.1 millones de pesos, el Partido Encuentro Social (PES) con 55 millones de pesos y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 42.8 millones de pesos.

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