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Justicia pendiente

La lucha de los Jornaleros de San Quintín cruza México

Una caravana en representación de jornaleros y jornaleras de San Quintín llevará su lucha por derechos laborales y un salario justo hasta Ciudad de México.

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Por José Martínez

MEXICALI, Baja California.- Un autobús con una delegación de representantes de los jornaleros y jornaleras del valle de San Quintín cruza en estos momentos el desierto de Sonora camino a la capital del país. La caravana lleva la lucha del campesinado de Baja California ante otros colectivos de trabajadores de otros estados, y lo hace cuando se cumplen dos años de la huelga que dio inicio al movimiento laboral. La Alianza de Organizaciones por la Justicia Social, que enarbola la causa, acusa al gobierno y las empresas de incumplir los acuerdos.

El 17 de marzo de 2015, unos 70 mil trabajadores del campo en el valle de San Quintín, al sur de Ensenada, comenzaron a organizarse e iniciaron una huelga que se extendió durante semanas. Pese a que en la región se extienden multimillonarias hectáreas de cultivo, propiedad de empresas transnacionales y latifundistas locales, la mano de obra – imprescindible en este tipo de cosechas – roza condiciones de esclavitud en algunos aspectos. Captados por falsas promesas o por extrema necesidad, familias enteras abandonan cada año sus lugares d origen en Guerrero, Oaxaca, Chiapas o Puebla, y se trasladan a Baja California para ganar entre 80 y 200 pesos por jornadas de 12 horas o más y para vivir en viviendas precarias sin acceso a servicios educativos o sanitarios de calidad.

Muchas de la familias indígenas que durante las últimas décadas han venido llegando del sur de México, han echado raíces conservando sus lenguas originarias: el triqui, el mixteco o el zapoteco. Y en sus idiomas, establecidos en campamentos de protesta en la carretera transpeninsular – la única vía de acceso al norte para los camiones de carga – llevaron a cabo asambleas multitudinarias en las que organizaron bloqueos y manifestaciones en las puertas de los ranchos y la delegación del gobierno.

Tras meses de tensión en los que llegaron a producirse enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas policiales desplegadas en el Estado, los jornaleros y jornaleras crearon un sindicato independiente que forzó al gobierno y la patronal a pactar un acuerdo: aumento de salarios, inversión en infraestructura y mejora de derechos laborales, especialmente en las medidas para acabar con el acoso sexual de las trabajadoras del campo.

Sin embargo, dos años después las mejoras en los derechos laborales en el valle de San Quintín parece que no han mejorado excesivamente. Bonifacio Martínez afirma que los abusos se cometen con más prudencia, pero las principales exigencias que mantuvieron durante el nacimiento del movimiento en 2o15 prácticamente han sido ninguneadas. Fidel Sánchez, otro de los voceros, lamenta que no haber “visto un salario digno ni justo, ni la afiliación al IMSS, ni la construcción del hospital de especialidades”.

La caravana tratará de estrechar relaciones con otras organizaciones de estados como Sonora y Sinaloa y finalmente llevará sus peticiones al encuentro nacional de jornaleros del próximo 17 de marzo en Ciudad de México. De forma paralela, además, el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA), surgido en el movimiento de 2015, de forma coordinada con organizaciones obreras y de derechos humanos en Estados Unidos, desarrolla un boicot a los productos de Driscoll’s y Sakuma Farms, principales exportadores mundiales de bayas y frutas de alto valor como la fresa que se cultiva en los campos de San Quintín.

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Justicia pendiente

CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

Ignacio García

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para reparar el daño a Israel Vallarta, acusado de secuestro en 2005 por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en montaje transmitido por Televisa.

El organismo autónomo emitió la recomendación al fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, por violentar los derechos humanos de una persona a la integridad personal y de trato digno por actos de tortura atribuibles a la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones.

Esta recomendación de la CNDH se emitió después de la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima en 2008, pero fue hasta 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de su coacusada Florence Cassez,, cuando la comisión de derechos humanos inició una investigación por las violaciones graves de derechos humanos.

En la queja presentada por Israel Vallarta se refiere que fue detenido de forma ilegal por elementos federales, quienes lo sometieron junto a Florence Cassez y trasladados a un espacio donde los esperaban trabajadores de Televisa que comenzaron a realizarles preguntas en una simulación.

Por ello, la CNDH solicitó a la FGR que realice las investigaciones correspondientes para que se repare de forma integral el daño a las personas afectadas por los hechos acontecidos hace 16 años, después de que el Poder Judicial proporcionó estas ventajas.

Apenas la semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el montaje difundido en su momento por Televisa, en el cual se señalaba que tanto Cassez como Vallarta como presuntos secuestradores, lo que fue desmentido por las investigaciones posteriores.

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Justicia pendiente

Diputados aprueban eliminar el outsourcing

Ignacio García

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Los integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados federal aprobaron la eliminación del Outsourcing en cualquier tipo de contrato del gobierno federal.

Con 50 votos a favor y 10 en contra, los legisladores federales aprobaron la reforma para la eliminación de la subcontratación laboral, con la cual se eliminen este tipo de esquema de contratación por medio de terceros para afectar a los trabajadores.

La presidenta de la comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, dijo que se analizaron todos los puntos del proyecto, mismo que se prolongó por varias horas, después de que los legisladores del Partido del Trabajo (PT) consideraron que esa figura fue incompleta y se tendría que erradicar por completa esta figura.

La diputada federal del PT, Margarita García, sostuvo que era necesario incorporar que las empresas de seguridad y de limpieza que son considerados empleos no especializados, pues los trabajadores de estos sectores son de los más afectados por las malas prácticas de subcontratación.

Por su parte, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Angélica Zamudio, indicó que en ningún esquema del gobierno federal se debe considerar la eliminación completa del esquema de subcontratación en cualquier área interna.

Esta iniciativa fue retomada en el pleno legislativo para que se incluya esta modificación para la atención de las personas que laboran en diferentes áreas de producción laboral y con ello se fortalezcan las defensas de los derechos sociales de las personas.

Previamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que se necesita eliminar este esquema privativo de los derechos laborales de los trabajadores que desde la reforma laboral de 2012 han sido afectados por la falta de estas condiciones.

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Justicia pendiente

Familiares de víctimas del Ejército manchan de sangre la SEDENA en protesta

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una protesta de sangre en el campamento por justicia afuera de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), familiares de víctimas del Ejército piden justicia al general Luis Crescencio Sandoval y que se atiendan sus demandas, entre éstas la libertad del Capitán Malagón y la reparación de daño a Óscar Kabata, sobreviviente de tortura a los 17 años.

Elizabeth Pérez familiar del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón -quien fue torturado y acusado de homicidio en 2010 por la Policía Judicial Militar, después de resistirse a un secuestro por el escolta personal de Javier Lozano Alarcón, exsecretario de Estado vinculado al Cártel de Sinaloa- señaló que su protesta es porque han hecho caso omiso de la injustica y su familiar lleva once años en prisión sentenciado por un falso crimen pasional, después de denunciar la narco-corrupción de altos mandos militares bajo el gobierno de Felipe Calderón.

Asimismo, Laura Kabata, madre de Óscar Alejandro Kabata De Anda, sobreviviente de tortura y violencia sexual a los 17 años a manos de militares bajo órdenes del general Felipe de Jesús Espitia, se sumó a la protesta manchando las paredes del edificio de la SEDENA con su propia sangre. Su hijo, junto con otros dos amigos, fueron detenidos arbitrariamente y retenidos de manera ilegal por el general Espitia. Víctor Manuel Baca Prieto y Ramiro Unzueta Islas fueron ejecutados, uno de ellos frente a Kabata, quien fue liberado cinco días después con amenazas de muerte directamente de Espitia.

Se sumó a la protesta de sangre también Eric Guidchard Peña, quien exige justicia por su padre y tres tíos que fueron ejecutados por el ejército en Chiapas en 1974, y tienen el reconocimiento como víctimas del Estado sin que hasta la fecha le hayan reparado el daño a su familia.

El caso del capitán Malagón y el de Óscar Kabata fueron expuestos ante el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, en conferencia matutina del 6 de abril de 2021, estando presente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, a quien le pidió un informe, y se valoraría si se creaba una comisión de la verdad para crímenes del Ejército. No obstante, siguen sin ser atendidos.

Desde el 24 de marzo, montaron el campamento con dos tiendas de campaña y colgaron lonas y cartulinas con la información de los hechos y fotografías de exfuncionarios a los que responsabilizan de las injusticias.

 

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