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Mexico Violento

La letra, con sangre entra o los contubernios del gobierno de Peña

El gobierno de Peña ha fortalecido el entramado institucional de corrupción para imponer sus cuatro grandes reformas que benefician a su grupo de poder

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El secretario de Educación, Emilio Chuayfet, y Enrque Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro

El secretario de Educación, Emilio Chuayfet, y Enrque Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro

Francisco Cruz*/ Marco Antonio Durán**

A Enrique Peña Nieto no hay quien le crea, ni él encuentra la manera de convencer. No es un estadista, no es un ideólogo, no es un intelectual, ni es un reformista. ¿Se habrá dado cuenta ya el Presidente que su imagen telegénica es insuficiente para gobernar una nación de 120 millones de habitantes? Tres de sus cuatro grandes reformas —Laboral, Fiscal y Educativa— bien podrían quedar guardadas para siempre en el archivo muerto o en el cesto de la basura, y nada pasará. El país mantendrá su paso en la inercia, a la espera de la recuperación de Estados Unidos.

Analizados y digeridos los primeros puntos, la Fiscal quedó en una vacilada, un intento por quedar bien con todo mundo, descansando en el endeudamiento, y apenas una pizca en los barones de la iniciativa privada, quienes, por cierto, protestaron de inmediato a través de Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Fieros como son, los empresarios olieron sangre, o debilidad, y se lanzaron contra las “innovadoras” propuestas fiscales peñistas.

Casi un año después de su aprobación, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alerta que la Laboral constituye un retroceso para México y una violación a los convenios del organismo, pues carece de mecanismos para consulta a los trabajadores, aumenta la inestabilidad en las relaciones laborales y no atiende las demandas por una mejora de los derechos de los trabajadores. Además, favorece la contratación a través de terceros —outsourcing—, nada hace por combatir la corrupción, el “coyotaje”, los bajos sueldos, la problemática que enfrentan los empleados que subsisten sin un salario base y que, por lo tanto, no cuentan con seguro social ni con prestaciones de ley. En otras palabras, un traje a la medida del patrón.

La tercera, la Educativa, quedó en una violenta agresión laboral. Incapaz de innovar, Peña retomó las enseñanzas de los ex presidentes Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés para golpear, todavía más, la deteriorada dignidad del magisterio, recurrió al golpeteo para controlar a un gremio que los medios de comunicación —Televisa, TVAzteca, grandes corporaciones de radio y la mayoría de los impresos— se habían encargado de desprestigiar y criminalizar, y, sin revisión, consolidó el sistema de enseñanza por competencias que —si bien sus inicios pueden rastrearse hasta 1970— desde mediados finales de la década de 1990 impuso la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), a través del programa DeSeCo o Definition and Selection of Competencies.

La enseñanza por competencias, entendida como un movimiento de memorización-aplicación de conceptos, surgió como una respuesta a la necesidad de los países ricos de dar educación a los hijos de los obreros o subordinar la educación y la enseñanza a las exigencias del mercado laboral. Afiliados en la cola, países pobres, como México y Turquía, quedaron insertos, voluntariamente a fuerza, en programas que no se adaptaban a las condiciones de su desarrollo. Como lo han puesto algunos especialistas: sin tratar de explicar siquiera que su situación interna está lejos, a años luz, de la de las naciones ricas de la OCDE, “México ha debido sumarse al concierto de naciones que acatan lo que se les ordena” y se les endilgó la tarea de usar las escuelas públicas como centros de capacitación para atender las necesidades de los patrones.

Sin recursos, el modelo impuesto se convirtió en un Frankenstein a la mexicana, donde, literalmente a medio comer o de plano “muertos” de hambre y en escuelas con una infraestructura muy pobre, los alumnos no aprenderán a razonar y los maestros se convertirán en máquinas para formar obreros dóciles.

Casi todos los que han escrito sobre la Reforma Educativa se han ocupado, entonces, de los presuntuosamente llamado grandes lineamientos nacionales; nunca han ofrecido un panorama con detalles regionales, ya no sobre la enseñanza en general, sino incluso sobre el control de los maestros, de tal forma que no existe una visión completa de la problemática ni sobre los cambios aprobados que vulneran todos los derechos de quienes laboran en educación básica y media superior.

Incapaces de innovar, y con el programa de la OCDE encima, ni el Congreso de la Unión ni la Presidencia de la República pusieron sobre la mesa de discusiones proyecto alguno sobre modelos de enseñanza o calidad de contenidos, ni, al menos, la tira de materias curriculares. Nada sobre la formación pedagógica del maestro y, mucho menos, sobre el futuro de su campo de trabajo. Como se preguntan en el plantón permanente en la plancha del Zócalo de la ciudad de México: ¿Cómo se enseñará a los futuros maestros?

Investigadores, analistas, académicos y periodistas se treparon en la inercia de las discusiones, y muchos, sino es que una gran mayoría, hicieron de los profesores de preescolar, primaria y secundaria el enemigo público número uno, hicieron escarnio de ellos. Les quitaron la dignidad para hacerlos aparecer como delincuentes, bandoleros, revoltosos, faltistas y holgazanes.

Voluntaria o involuntariamente, aplicaron el viejo refrán de que fuera del Distrito Federal todo es Cuautitlán; dieron por hecho que todos sabemos en qué condiciones se imparten clases en Chiapas, Guerrero y Oaxaca; también se olvidaron, o los desconocen, de los sindicatos locales —el del Estado de México para ejemplificar— que hicieron del magisterio el brazo operativo-electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y nadie quiso recordar que el ominoso silencio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) debe atribuirse a que desde su nacimiento se convirtió en una escuela de traidores al servicio del presidente de la República. Vayamos por partes.

El Sindicato de Maestros al servicio del Edomex, otro de los brazos políticos del Grupo Atlacomulco. Foto: red

El Sindicato de Maestros al servicio del Edomex, otro de los brazos políticos del Grupo Atlacomulco. Foto: red

La disidencia en la visión de Peña

Inmersos en las discusiones de la “problemática” “nacional”, los especialistas se olvidaron del Estado de México, entidad que gobernaron Enrique Peña Nieto y Emilio Chuayffet Chemor, el flamante secretario de Educación Pública. Y quiérase o no, allí está parte de la clave del futuro del gremio magisterial.

Visto, pues, el punto, todavía a estas alturas, fuera de territorio mexiquense pocos conocen qué es y cómo funciona el Sindicato Nacional de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM); nadie, por tanto, sabe que al menos 100 mil trabajadores del sistema educativo estatal —entre ellos poco más de 80 mil profesores de nivel básico— no están afiliados al SNTE y son controlados por un secretario general que responde exclusivamente, como lo hace toda la dirigencia, al gobernador en turno.

Por eso, no debe tomarse a la ligera que 13 de los 18 secretarios generales del SMSEM se hayan transformado de oscuros o medianos personajes de la enseñanza básica en poderosos políticos y encumbrados operadores del gobernador mexiquense en turno. Así pasó con Agripín García Estrada, Sixto Noguez Estrada, Manuel Hinojosa Juárez, Lauro Rendón Castrejón, Mario Domínguez Flores o Héctor Hernández Silva y, desde luego, Fernando Zamora Morales.

Todos, una gran familia, hicieron de los profesores un gremio dócil al servicio incondicional, del Grupo Atlacomulco. Desde su concepción a principios de 1950, bajo los auspicios del gobernador Alfredo del Mazo Vélez, y luego de obtener su registro en 1952 en el sexenio de Salvador Sánchez Colín —ambos tíos del presidente Peña— el sindicato hizo de los maestros mexiquenses el ejército electoral de los priistas. Sin ser líder magisterial en la entidad, el ejemplo del encumbramiento magisterial y de lo que puede alcanzar un humilde profesor mexiquense lo representa Carlos Hank González, uno de los íconos de la corrupción del PRI.

La sumisión tiene sus recompensas: las mejores plazas sindicales y en las altas esferas de la burocracia estatal se obtienen a través de los servicios prestados a la gubernatura y a la promoción de candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Como se ha documentado, desde hace al menos dos décadas ningún profesor del subsistema educativo estatal obtiene un ascenso por vía escalafonaria. Y El SMSEM tiene un riguroso control de aquellos que participan en los procesos electorales.

En octubre de 2007 —cuando Peña ya vislumbraba entrar a la carrera presidencial—, un grupo de profesores afiliados al SMSEM decidió rebelarse y crear una nueva organización, el Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado del México (SUMAEM), liderado por Luis Zamora Calzada. Ese mismo mes, el gobierno peñista envió un mensaje sobre como trataría a la dirigencia magisterial: a los 28 fundadores del nuevo sindicato se les impidió la entrada a las escuelas en las que impartían clase.

El joven periodista mexiquense Elpidio Hernández escribió: “Diez días después se les comunicó de manera oficial que habían sido dados de baja y que su relación laboral con el gobierno del Estado de México había terminado. Pero la andanada contra los disidentes no paró ahí. Todo aquel maestro que quisiera afiliarse al naciente gremio fue advertido de cese y de que perdería sus derechos laborales. […] Los integrantes del SUMAEM acusaron abiertamente al gobernador (Peña) ante la Procuraduría General de la República. El 20 de junio de 2008 presentaron un documento en el que aseguran que el primer opositor a nuestro movimiento sindical ha sido Enrique Peña, quien de manera pública, abierta y violando nuestras garantías, manifestó que personalmente no permitiría el divisionismo del sindicalismo oficial. Dado que no aceptamos ni aceptaremos alinearnos y no permitimos que un gobernador decida por nosotros en materia sindical, implementó una operación conjunta con funcionarios de su gobierno y el sindicato oficial para, de un solo golpe y sin garantía de audiencia, correr de su fuente laboral a los integrantes del nuevo sindicato. [También] denunciaron amenazas veladas y abiertas por parte de funcionario estatales. La única forma de regresar (a su plaza) es que se que se desistan de esta pendejada, les advirtió a los sindicalistas José Manzur, entonces subsecretario de Gobierno y actual diputado federal, quien les anticipó: ‘aquí no va a haber ningún sindicato. Mientras esté Peña, jamás les van a dar la toma de nota’. El sucesor de Manzur en la Subsecretaría General, Luis Miranda Nava, no fue menos implacable pues ‘quiso cooptarme ofreciéndome un arreglo nada más entre él y yo, pero se enfureció cuando le dije que era sólo el representante del sindicato y que lo único que queríamos es que se actuara conforme a derecho’, denunció Zamora Calzada”.

Fernando Zamora Morales, clave en el entramado. Foto: diarioportal.com

Fernando Zamora Morales, clave en el entramado. Foto: diarioportal.com

Profe en La Familia…. Michoacana

La historia del sindicalismo oficial mexiquense tiene otras enseñanzas que desdeñó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el SNTE de plano se negó a ver. Como se documenta en Tierra narca —publicado bajo el sello de editorial Planeta en 2010: La primera semana de diciembre de 2005, todo Luvianos —por lo menos los ricos y algunos de los principales dirigentes del pueblo— se aprestaba a recibir al maestro Fernando Zamora Morales, secretario general del SMSEM, organización que dirige a unas ochenta y cinco mil personas en plazas de base, y a otras 20 mil de honorarios y diversas categorías. Zamora era uno de los mayores operadores del PRI en la entidad.

La ocasión pintaba para fiesta grande. El Profe, como lo llamaban de cariño, no sólo era uno de los brazos políticos del gobierno del estado, a través del control de los maestros, sino candidato a diputado por un distrito electoral local con cabecera en Toluca. Dada su cercanía con el otrora gobernador Arturo Montiel y la especial amistad que le profesaba el sobrino de éste, Enrique Peña Nieto, pocos dudaban que en 2006 —después de los comicios del domingo 12 de marzo— El Profe estaría despachando en la Legislatura del Estado de México. Todavía el miércoles 7 de diciembre de ese 2005, nadie anticipaba su fracaso.

Sin embargo, el jueves 8 de diciembre fue un día que anunció una catástrofe. Muy temprano, en la mañana, en la Ciudad de México el periódico El Economista publicó una reveladora foto suya: uno de los tres jefes del narcotráfico en Luvianos en particular, y del sur mexiquense en general, le organizaba encuentros políticos con la gente de poder precisamente en el sur. La fotografía de primera plana del rotativo mostró a Zamora Morales montado a caballo, exhibiendo su popular cuerno de chivo y, con la rienda del animal, un misterioso personaje que sólo en ese momento pasaría inadvertido para las policías antinarcóticos de la Ciudad de México. Las del estado lo identificarían tres años más tarde.

Firmada por el reportero Rubén Torres, la historia tuvo otros matices, igualmente reveladores: “Se llama Fernando Zamora Morales y es el líder de uno de los gremios más grandes en el país, el SMSEM, integrado por unos ochenta y un mil profesores estatales. […] En la foto oficial del Comité Ejecutivo del gremio, el profesor Zamora aparece sonriente, perfectamente trajeado, junto a los otros treinta y cuatro miembros de la dirección sindical. […] En otra imagen, tomada hace unos meses, viste de rojo y está parado junto al entonces candidato a la gubernatura, Enrique Peña Nieto. Exultantes, sudorosos, ambos encabezan un mitin de campaña con maestros mexiquenses, que son utilizados de ese modo por el PRI, prácticamente desde la fundación del sindicato. […] Pero hay un lado más privado de este líder sindical: el que capta la foto que publicamos en la portada de nuestra edición de hoy. Igualmente sonriente, Zamora monta a caballo, en un rancho del municipio de Luvianos. Lleva puesta ropa informal y, en la cabeza, un sombrero calentano. Una veintena de personas tiene la vista fija en él, incluido un caballerango que lleva el animal por la rienda”.

Tres años después de publicada la misteriosa fotografía, en mayo de 2008, funcionarios de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) informaron que aquel misterioso personaje que sostenía las riendas no era un caballerango, sino Albert González Peña, El Coronel o El Tigre, cabecilla del grupo criminal conocido como La Sagrada Familia.

Si existió alguna investigación, nunca se conoció. El domingo 12 de marzo de 2006, Zamora perdió la elección en Toluca, pero más tarde sería rescatado por los peñistas, quienes lo llevaron a la Secretaría General de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI mexiquense y en 2009, con el aval de Peña, lo designaron candidato a diputado federal. Hoy despacha cómodo en una curul del Palacio Legislativo de San Lázaro.

*Autor de Los amos de la mafia sindical; Los Golden Boys; Tierra narca, y Negocios de familia, la biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto.

 **Maestro en Economía por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) especialista en ciclos económicos.

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Mexico Violento

Defensores presentan denuncia colectiva a la 52º Asamblea de la OEA por tortura y prisión preventiva en cárceles mexicanas

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En la Asamblea de la OEA, la periodista guadalupe lizárraga y colectivos de derechos humanos entregaron una denuncia colectiva por violaciones a derechos humanos en cárceles mexicanas

Los Ángeles Press

En el marco de la 52º Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en Lima, Perú, defensores de los derechos humanos de personas privadas de libertad en México llevaron una denuncia colectiva por la tortura y tratos crueles e inhumanos en las cárceles mexicanas, así como el sustento jurídico internacional de la ilegalidad de la prisión preventiva y la figura del arraigo.

Con el acompañamiento de la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, la periodista Guadalupe Lizárraga y los defensores Alejandro López Ponce de León, del Colectivo Dignidad y Derechos Humanos, y José Humbertus Pérez Espinoza, de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, AC, presentaron una queja colectiva de más de mil 500 internos en los diferentes Centros Federales de Readaptación Social y centros estatales.

Para saber más del tema: Presos de cárceles de Morelos denuncian autoridades penitenciarias por extorsión

El tema de la Asamblea General de la OEA es el de seguridad alimentaria de la región y la protección de los derechos humanos con el lema «juntos contra la desigualdad y la discriminación» y se desarrollará entre el 5 y el 7 de octubre en el Lima Convention Center, en la capital peruana, que por tercera vez será anfitrión de la cumbre, tras las ediciones de 1997 y 2010.

La Asamblea General, órgano principal de la OEA, reúne a las delegaciones de los estados miembro, como cada año desde 1971, para definir mecanismos, políticas y acciones para la región, además de decidir las autoridades al frente de organismos descentralizados.

La comitiva mexicana, por su parte, presenta por primera vez una denuncia colectiva a nivel internacional por las violaciones de derechos humanos en las cárceles y será recibida en audiencia con otros organismos de derechos humanos y autoridades miembros de la Asamblea.

No te pierdas: Desde la cárcel, líder indígena convoca a la Unidad de Coyomeapan, contra la represión en Puebla

El documento que encabeza la Red Solidaria Década contra la Impunidad señala como responsable al Estado mexicano de cometer actos de tortura de manera sistemática y generalizada a las personas privadas de libertad, así como la prohibición de alimentos, agua potable, el aislamiento, como medidas disciplinarias o de consigna, que son toleradas por los mismos jueces.

 

A continuación el documento parcial:

 

 

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Justicia pendiente

Juez niega amparo a exsecretario de Seguridad Pública de Tapachula acusado de tortura y abuso contra indígenas de Pavencul

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Los indígenas de pavencul, torturados por servidores públicos, obtuvieron un amparo contra ellos, en un caso que se denominó el lunes negro

Por Cinthya Alvarado Enríquez

TAPACHULA, Chiapas. El Juzgado Tercero de Distrito de Justicia Federal negó el amparo solicitado por Pedro Enock García Palazuelos Domínguez, ex secretario de Seguridad Pública y protección ciudadana, así como a Iván Inocente Morales Barrios, ex Jefe de la Policía municipal por su participación y coautoría en la tortura, detención ilegal y abusos de autoridad infligidos contra 42 campesinos indígenas de Pavencul y Toquian y de la periodista Cinthya Alvarado Enríquez, el 27 de enero se 2020, el llamado Lunes Negro.

Con esto, se reestablece de nueva cuenta el proceso penal conducido por la FEADLE (Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión) clamado por la periodista C.E.A.E., mismo que se encuentra en su etapa intermedia pero que ha tenido varios lapsus debido a la influencia de la actual presidente municipal Rosa Urbina Castañeda, quien en el tiempo en que sucedieron los hechos fungía como titular de la Sindicatura.

Para saber más del caso: Cómo el INM intentó fabricar delitos a una periodista: el caso de Cinthya Alvarado Enríquez

Así mismo Urbina Castañeda estuvo al frente de la querella a nombre del Ayuntamiento de Tapachula donde las víctimas fueron llevados ante la FGE (Fiscalía General del Estado) mediante abuso, imputados en carpeta de investigación y fabricándoles delitos, misma que ya quedó sobreseída por no haber elementos de cargo.

Cómo el INM intentó fabricar delitos a Cinthya Alvarado Enríquez

Cinthya Alvarado, en pleno conocimiento de sus derechos constitucionales y en su calidad de periodista, el 6 de enero grababa a miembros de la Guardia Nacional persiguiendo a mujeres migrantes para detenerlas en un parque público de Tapachula. Grupos de migrantes habían llegado al parque por la información que había trascendido de que se les estarían dando códigos QR para la regularización de su estancia por el país.  Mientras ella reportaba la situación, funcionarios del Instituto Nacional de Migración la increparon y le pidieron que se retirara, a lo que ella se negó.

No te pierdas: Alerta Temprana de Periodistas reporta presunta desaparición forzada de Cinthya Alvarado cubriendo temas de Migración

Uno de los funcionarios del INM citó un artículo del reglamento local que prohibía el libre tránsito a extranjeros, con total desconocimiento de la Constitución mexicana, la cual invocó la periodista por el artículo 1, de que la entrada de extranjeros por el solo hecho de estar en territorio mexicano alcanzarán el mismo derecho respeto y garantía de sus derechos humanos.

Por lo que ella decidió poner una denuncia ante la fiscalía del estado sobre los que estaba pasando y se hizo acompañar de los migrantes en su auto. Por lo que fue interceptada por autoridades federales y detenida de manera arbitraria.

Una información extraoficial llegó a la dirección de este medio, señalando que se le pretendía imputar el cargo de “tráfico de migrantes”, porque había subido a tres personas extranjeras a su auto particular, y que necesitaba un abogado urgente para que se amparara.

 

 

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Justicia pendiente

Grupo de la ONU pide garantizar seguridad de familias buscadoras de desaparecidos

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El Grupo de desapariciones forzadas de la ONU pidió protección para familiares de desaparecidos

El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Estado mexicano garantizar la seguridad de las familias buscadoras de personas desaparecidas en el país.

El organismo internacional alertó sobre estas medidas después del asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, quien buscaba a su hija desaparecida, Betzabé Alvarado, el pasado mes de enero de 2021.

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El Grupo de la ONU condenó el asesinato de la madre buscadora y pidió que se investigue y sancione a los responsables, debido a que se trata de un delito que puede permanecer en la impunidad.

Blanca Esmeralda Gallardo fue asesinada ayer por la mañana cuando esperaba el transporte público en la lateral de la carretera México-Puebla, cerca de la unidad habitacional Villa Frontera, donde sujetos armados le dispararon en siete ocasiones y falleció en el lugar.

La víctima refirió que uno narcomenudista fue el responsable de la desaparición de su hija, por lo que diferentes organizaciones civiles han señalado que debe ser detenido ese individuo de forma inmediata por parte de las autoridades federales y estatales.

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La ONU ha alertado sobre los elevados niveles de violencia que persisten en México, donde los familiares de las víctimas de delitos como la desaparición se encuentran en un grado mayor de vulnerabilidad, la cual no obtuvo respuesta por parte de las autoridades federales.

 

ONU-DH condena homicidio del activista Arnulfo Cerón Soriano, de La Montaña Guerrero

Ante la localización del cuerpo sin vida del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido el día 11 de octubre en Tlapa, Guerrero, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena su asesinato y exhorta a las autoridades competentes a investigar, juzgar y sancionar a los perpetradores.

Arnulfo Cerón Soriano, con una amplia y reconocida trayectoria en la defensa de derechos humanos, era uno de los principales activistas del Frente Popular de la Montaña, organización que lucha por los derechos de los pueblos indígenas de la región de la Montaña de Guerrero. Previo a su desaparición y homicidio, el Señor Cerón había recibido amenazas vinculadas con su labor de defensa de derechos humanos.

Con el homicidio del Cerón Soriano, ya son al menos 18 las personas defensoras de derechos humanos asesinadas en México durante 2019[1]. Además, siguen desaparecidos desde el día 3 de agosto Aarón Méndez y Alfredo Castillo, defensores de migrantes de Tamaulipas.

 

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