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La justicia española absuelve a la infanta y condena su marido a 6 años de prisión

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El marido de la infanta, Iñaki Urdangarín, durante el juicio / Foto: Lecturas.

El tribunal señala que Urdangarin usó su influencia y amistades para que la administración balear contratase con él saltándose los cauces legales

Por Marcos Pinheiro y Gonzalo Cortizo

La Audiencia Provincial de Palma ha absuelto a la infanta Cristina por su participación en el caso Nóos, que solo tendrá que pagar una sanción de 265.000 euros como partícipe a título lucrativo, y ha condenado a su marido, Iñaki Urdangarin, a 6 años y tres meses de cárcel,  y al socio de este, Diego Torres, a 8 años y seis meses. El tribunal, que ha hecho pública la sentencia este viernes, ha condenado también al expresidente balear Jaume Matas a 3 años y 8 meses de cárcel.

La Fiscalía Anticorrupción no había acusado de ningún delito a la Infanta, pero la acusación popular ejercida por Manos Limpias había pedido para ella ocho años de prisión y una multa de dos millones de euros. El tribunal decidió no aplicarle la doctrina Botín y la sentó en el banquillo junto al resto de acusados. Ahora le absuelve de los delitos y condena a Manos Limpias a pagar las costas del proceso.

Al final, la Audiencia ha decidido absolverla por unanimidad por los dos delitos fiscales en grado de cooperadora como copropietaria de la empresa con la que Urdangarin defraudó 337.000 euros a la Hacienda Pública durante dos ejercicios (2007 y 2008). A él, sin embargo, sí le considera culpable, le impone también una multa de  de 512.553 euros y una inhabilitación de siete años.

El fiscal Pedro Horrach había pedido 19 años y medio de cárcel para el marido de la infanta por no arrepentirse durante el juicio. La condena de la Audiencia es menor porque le aplica el atenuante de daño reparado y le absuelve del delito falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

La misma razón, el no arrepentimiento, levó a Horrach mantener la petición de 16 años y medio de cárcel para Torres. El fiscal siempre ha defendido que ambos crearon una estructura ficticia para hacerse con dinero público mediante adjudicaciones amañadas.

La Audiencia también ha condenado a Matas  por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con falsedad y malversación. La Fiscalía pedía 5 años de cárcel por contratar con el instituto Nóos saltándose los cauces legales. Horrach rebajó la pena inicial de 11 años porque el expresidente balear entregó 900.000 euros en concepto de reparación de daños.

El tribunal ha absuelto a Mercedes Coghen, exconsejera de Madrid 2016, al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, y a los dos cuñados de Torres, Marco Antonio Tejeiro -que había pasado a ser testigo tras colaborar con la Fiscalía- y Miguel Tejeiro,  secretario del grupo Nóos.

La mujer de Torres, Ana María Tejeiro, también ha sido absuelta del delito de blanqueo de capitales, y como la infanta, se la considera responsable civil subsidiario. Tiene que abonar 344.000 euros junto con su marido.

La Audiencia ha exculpado también al resto de exaltos cargos valencianos, entre los que están el exresponsable de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Jorge Vela, su exdirectora de gestión, Elisa Maldonado, el ex secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat Valenciana, Luis Lobón, y el sucesor de Vela, José Manuel Aguilar.

La infanta Cristina de Borbón y su marido, Iñaki Urdangarín / Foto: RTVE

Urdangarin usó su influencia y amistad con cargos públicos

Las tres magistradas que han redactado la sentencia, Samantha Romero, Rocío Martín y Eleonora Moyá, señalan que la administración balear contrató con el Instituto Noos “prescindiendo de la tramitación legal que era aplicable y, respondió, a la decisión unilateral” de Matas, y en base a “la influencia ejercida” por Urdangarin.

El marido de la infanta, según la sentencia, “se sirvió de la íntima relación de amistad que le unía” a ‘Pepote’ Ballester, entonces director de Deportes, y que ha sido condenado a un año y tres meses de prisión.

Los subordinados de Matas, dicen las magistradas, “trataron de revestir de legalidad las decisiones” del expresidente balear “simulando que habían sido tomadas por la Fundación Illesport a través de la confección de unas actas” de unas reuniones que nunca se celebraron.

Entre esos subordinados condenados están Gonzalo Bernal, director de Illesport, a un año y tres meses de cárcel, Juan Carlos Alía, exdirector del Instituto Balear de Turismo Ibatur, y Miguel Ángel Bonet, exsecretario del Ibatur, ambos a un años. 

La fundación  Illesport también pagó 445.000 euros por una serie de trabajos que nunca llegaron a realizarse. El tribunal recalca que el pago se hizo “como consecuencia de la reiterada exigencia de pago promovida por los representantes del Instituto Nóos, pese a ser conscientes, la autoridad y los funcionarios públicos, que los servicios no se habían prestado”.

La sentencia considera probado también que esos representantes de Nóos, Torres y Urdangarin, se aplicaron deducciones “a las que no tenían derecho, defraudando al erario público cantidades superiores a 120.000 euros”. Además, Torres creo un entramado de sociedades para ocultar la cuota defraudada y devolverla a sus cuentas como ingresos legales.

Los acusados, la Fiscalía y el resto de acusaciones tienen ahora cinco días para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Además, las partes pueden solicitar una vista para decidir sobre el ingreso inmediato en prisión, si hay riesgo de fuga, de los tres condenados a pena de cárcel: Urdangarin, Torres y Matas.


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Fabricación de culpables

Gobierno de Biden admite asilo político a defensor público acosado por caso Wallace

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Por Joselaine Gutiérrez y Guadalupe Lizárraga

El Gobierno de los Estados Unidos de América, encabezado por el presidente demócrata Joe Biden, aceptó la solicitud de asilo político de Alejandro Garduño Real, abogado y defensor público que fue cesado del Instituto Federal de Defensoría Pública, luego de recibir amenazas de muerte y acoso judicial por parte de Isabel Miranda de Wallace.

En Los Ángeles, California, el abogado acudió al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) el pasado 10 de mayo donde narró el acoso judicial y los atentados con armas de fuego en su contra, a partir de abril de 2019 tras presentar evidencias supervenientes en favor de Jacobo Tagle Dobín, víctima del caso Wallace, quien lleva once años de prisión preventiva y tiene dos protocolos de Estambul y una valoración psiquiátrica positiva en tortura.

Durante la entrevista de Migración en el aeropuerto angelino (LAX) donde solicitó el asilo, Garduño señaló que en la búsqueda de información los agentes identificaron a Isabel Miranda Torres, como “la señora Wallace”, y la relacionaron con Genaro García Luna, quien enfrenta un proceso por narcotráfico y lavado de dinero en una prisión de Nueva York.

En menos de 24 horas, y por las evidencias documentales presentadas, los agentes determinaron que el defensor público cesado Alejandro Garduño Real tenía un miedo creíble a la persecución o tortura, y que su vida corría riesgo en México, por lo que calificaba para tener una audiencia con el juez de Inmigración.

Entre los documentos que presentó como evidencia, destaca la negativa de la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, para renovarle el servicio de escoltas pese a la discapacidad física que limita su movilidad a una silla de ruedas. El documento firmado por Gabriela Quintanilla Lázaro fue expedido el 4 de marzo de 2021, días antes del cese del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Otros documentos que fortalecieron su solicitud de protección fueron diversas denuncias interpuestas en la Fiscalía General de la República sobre los atentados, así como la carpeta de investigación promovida en su contra por Isabel Miranda por supuesta falsedad de declaración judicial, en contraste con los protocolos de Estambul de su defendido Jacobo Tagle, que desmienten a Miranda.

Contexto

Tras 20 años de servicio en el Poder Judicial, Garduño Real también se desempeñó como defensor de Francisco García Medel, acusado falsamente en el caso Nelson Vargas, y en el de Noé Robles Hernández, del caso Martí, ambos también relacionados con Isabel Miranda Torres.

Anteriormente, denunció para Los Ángeles Press que el 13 de abril de 2021 su jefa inmediata Claudia Maribel lo citó a una reunión para revisar supuestamente la carpeta de investigación en su contra por parte de “la señora Wallace”, sin embargo, en la reunión le fue notificado su cese en la Defensoría Pública encabezada por Netzaí Sandoval Ballesteros, bajo el argumento que Isabel Miranda de Wallace “era una figura pública” y que él “ya estaba causando muchos problemas”, luego de haber denunciado acoso judicial por parte de la señora tras el avance significativo en la situación jurídica de Tagle Dobin.

Incluso el defensor enfatizó que antes de ser cesado del instituto, había notificado de las amenazas y solicitado la intervención de la Defensoría pública para su protección, sin embargo, ésta también le fue negada.

Una de las amenazas de muerte, se registró al concluir una audiencia judicial el 14 de enero de 2020, en presencia de su defendido García Medel, al tener el teléfono en alta voz, por lo que su defendido pudo constatar la agresión. Un siguiente atentado se suscitó entre Teoloyucan y Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde fue interceptado por un grupo de policías locales, quienes le cortaron cartucho, apuntándole con sus armas y aprehendiendo a sus escoltas por supuestas órdenes “de arriba”.

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Alcaldesa de MORENA en Nochixtlán detenida por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu

Miguel Montesinos Leon

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Joselaine Gutiérrez/Miguel Montesinos León

La Fiscalía General del estado de Oaxaca confirmó la detención de Lizbeth Victoria Huerta, alcaldesa por MORENA en Nochixtlán, Oaxaca, por su presunta participación en la desaparición forzada de la activista británica-mexicana Claudia Uruchurtu Cruz, quién fue reportada desde el 26 de marzo de 2021.

De acuerdo con la Fiscalía hay otras dos personas detenidas por parte de Agentes Estatales de Investigación en colaboración con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); la orden de aprehensión fue girada este viernes 7 de mayo.

Cabe recordar que la activista fue reportada como desaparecida, luego de ser vista por última vez en una protesta para pedir la libertad y atención médica para Alfonso Avendaño tras su violenta y arbitraria detención por parte de la alcaldesa de MORENA, en Nochixtlán, después de que le solicitara el pago que le correspondía por vender distintos materiales al ayuntamiento. Avendaño fue golpeado en la cabeza por policías municipales y le causaron una fractura.

Las familiares de Claudia Uruchurtu reportaron anteriormente que no han obtenido respuesta por parte de las autoridades, pese a la petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y del gobierno de Reino Unido al gobierno mexicano para localizarla, por lo que solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador una investigación para dar con su paradero y destacaron que la defensora de derechos humanos había denunciado en diferentes ocasiones el desvío de recursos públicos y las arbitrariedades del municipio.

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Congreso de Tamaulipas se rehúsa a juicio contra Cabeza de Vaca y acude a la SCJN

Ignacio García

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Los diputados del Congreso de Tamaulipas—encabezados en su mayoría por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN)—se rehusaron a que la Cámara de Diputados someta a juicio político al gobernador de esa entidad, Francisco García Cabeza de Vaca, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado e interpondrán una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La diputada local panista Marta Patricia Palacios Corral anunció que interpondrá el recurso legal ante la Corte para que determine la constitucionalidad del juicio de desafuero que pretende efectuar la Cámara de Diputados al acusar que desean violar la soberanía de la entidad que está contemplada en el pacto federal.

De acuerdo con la legisladora blanquiazul, se pretende politizar el proceso contra el mandatario estatal, quien ha rechazado en varias ocasiones sus presuntos nexos con el crimen organizado, pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de haber recibido dinero ilícito de integrantes del narcotráfico.

Apenas ayer la comisión instructora de la Cámara de Diputados aprobó someter el desafuero del gobernador de Tamaulipas, después de rechazar los procedimientos contra el diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Saúl Huerta, acusado de abuso sexual contra menores de edad.

En los próximos días la Cámara de Diputados someterá a pleno el proceso de desafuero contra el mandatario estatal, por lo que podría perder su blindaje legal que le impide ser aprehendido por las autoridades por la comisión de un delito y podría ser detenido por la FGR ante una posible orden de aprehensión.

Francisco García Cabeza de Vaca es señalado de haber recibido sobornos del crimen organizado para permitir la operación de los cárteles de la droga que operan en Tamaulipas, una de las entidades más afectadas por la presencia de estos grupos delictivos.

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