Connect with us

Latinoamérica

La imparcialidad electoral como mito

La autoridad electoral se muestra parcial en Latinoamérica con gran inmadurez política sobre lo que significa la democracia

Published

on

Composición de diariouno.com.ar

Aníbal Ortizpozo*

Las constituciones de nuestras naciones, aprobadas por la mayoría de sus ciudadanos, ordenan a través de una legislación precisa, quiénes deben ser las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la Ley Electoral. Generalmente es un Consejo Supremo Electoral que actúa como poder independiente, además norma dirige y supervisa, cómo debe realizarse el proceso y cuáles son las penalizaciones ante posibles irregularidades.

Pero lo que siempre se debe considerar, es que las personas encargadas de realizar el proceso: presidentes de mesas, miembros y testigos, policías o militares armados, encargados de la seguridad en el Centro de Votación o fuera de él, observadores nacionales y extranjeros etc., todos tienen en su corazoncito, preferencia por un candidato y que en la medida que puedan, harán en forma abierta o encubierta todo lo que esté a su alcance para favorecerlo y lograr su elección. Lo paradójico es que aún sabiéndolo, los convocamos y conminamos a que actúen el papel de árbitros imparciales y al finalizar los comicios exclamamos sorprendidos “¡Oh …¿cómo pudo suceder?…” ante actos comprobados de cohecho durante el proceso electoral.

Las buenas y las malas palabras en la política electoral de hace 50 años, siempre están vigentes, han sido altamente satirizadas como la tradicional jaladera de mecate de los candidatos, que se sigue haciendo casa por casa, abrazando y besando viejitas. Las palabras golpistas y golpismo, lo afirma con humor Ángel Rosemblat, “el golpe es la más vieja tradición, el latinoamericano baila el golpe, silba un golpe y se encuentra con la novia a golpe de seis. De todos los golpes el más pesado es el Golpe de Estado y por más malos que hayan sido los golpistas del joropo, eran bastante menos temibles que los golpistas de hoy”.

Las palabras permanecen junto a la práctica política, según Rosemblat, en uno de sus libros: “…en el año 1958, en Venezuela, se hablaba de una ‘candidatura extra-partido’, la expresión es realmente insólita, aunque anuncia una aspiración muy clara, un candidato a la Presidencia de la República que esté fuera de los partidos, que no pertenezca a ninguno de ellos, gran aspiración aunque parece difícil de lograr” y continúa refiriéndose a términos de uso electoral de ese tiempo, como “planchas prioritarias” en vez de “ listas de candidatos”.

Al respecto el autor escribe, “se cuenta de un horrible percance de una señora que, en un vuelo internacional, empezó a gritar despavorida que se había tragado la plancha y los otros pasajeros que solo conocían la de alizar la ropa, la miraban con ansiosa incredulidad. Ojalá nuestras «planchas electorales» no se parezcan en nada a esa dos planchas de nuestra venerable tradición lingüística.”

Las malas palabras, usadas en los períodos electorales más recientes, corresponden a invenciones, sobrenombres generalmente descalificadores que pasan a formar parte del “argot político popular venezolano”, expresiones que personalmente nunca he compartido por respeto a la otredad, especialmente cuando se usan a modo de insulto descalificador agresivo, por ejemplo: demócrata oportunista, demagogo, panfleto, mentiroso mayor, tierrúo, pobre tipo, golpista, escuálido, gobiernero, majunche, familiocrático, oficialista, esbirro, rojorojito, pitiyanqui, palangrista, peculador, burócrata, pesetero, chayota (chayotismo), etc. Por ello la sátira popular electoral afirma que “a un militar en guerra, sólo lo supera un político en campaña”.

Fraude, fraude y fraude

Si en un Centro de Votación algunos de los miembros de mesa, tienen una preferencia común por algún candidato, estarán bajo sospecha de fraude por parte de testigos y delegados de mesa, pertenecientes a la corriente política opuesta a ellos y entonces…la guerra comienza y por arte de magia surgen, las impugnaciones al grito de fraude,… fraude y…¡¡¡¡fraudeeee!!!!, es más, afirmar hoy que habrá fraude electoral en las elecciones presidenciales, es parte de una estrategia política.

En Venezuela los futurólogos políticos, adivinos a sueldo, estudiosos consultores, pronostican el fraude y sobre todo lo difunden profusamente en sus medios de comunicación con meses de anticipación para descalificar… y los más fascistas para que no haya elecciones y buscar otras vías anticonstitucionales de acceso al poder. Todo esto sabiendo cuánto se ha avanzado en Venezuela con la incorporación de la tecnología para evitar cualquier tipo de fraude.

Voto castigo, voto a ganador y salto de talanquera

Clasificando el voto en sí mismo y la intención del voto, en la práctica habría variados tipos de votos a saber: el voto directo, indirecto, voto de censura, de confianza. Paralelo a ellos han surgido entre otros, el voto cautivo, el voto castigo y el voto a ganador. El éxito de éstos dos últimos, hicieron en una ocasión afirmar aun reconocido politólogo alemán, que Venezuela era el país con mayor madurez política del continente.

Aunque etéreos, de ningún modo mensurables, estos votos, de castigo y a ganador, consisten en que el votante, no vota por el candidato de su propio partido, sino por cualquier otro candidato. Lo que supone la frecuente práctica del llamado salto de talanquera, en otras palabras pasarse al bando opuesto.

Acta mata voto

Desde que en nuestras nacientes patrias, los conquistadores, dictadores y caudillos militares, fueron extinguiéndose como los dinosaurios, surgieron mediante movilizaciones ciudadanas las actas de independencia, plebiscitos y consultas públicas (como el “¿quieren que siga gobernando?” de Vicente Emparan, en Caracas el 19 de abril de 1810) y con ello se dio paso a los procesos electorales llamados democráticos, que se pusieron en práctica, con incipientes normativas, permeables a la tramposería, como la exitosa acta mata voto en Venezuela, que era todo un artilugio.

Según cuentan los testigos que lo practicaron (no me consta que sea cierto), las personas designadas para realizar el fraude, debían con bastante antelación dejarse crecer una o dos uñas del dedo anular o meñique, lo suficiente largas, para que ocultara un pequeño trozo de mina de lápiz, con la cual altearían datos o efectuarían tachaduras, que se transformarían en la causa de anulación de una acta con listados de varios votantes.

Abstencionismo o ausentismo

Todas las elecciones universales libres, dan el valor agregado de país democrático. Esa etiqueta obtenida permanece aunque, esa democracia representativa sea de utilería, por el hecho que la participación a votar haya sido mínima, debido al alto porcentaje de abstención (renuncia voluntaria a no ejercer el derecho al voto) o ausentismo.

En países donde votar es obligatorio y el no hacerlo altamente penalizado, los abstencionistas usan el recurso del voto nulo: anular intencionalmente el voto, rayarlo o viciarlo.

Los muertos votan

En toda elección han existido trampas y laboratorios de viveza criolla. La tecnología de punta hizo que en algunos países se remplazara la votación manual por la votación electrónica, aunque todavía hay incrédulos que piensan que dentro de las máquinas de votación hay un hombrecito pequeño que alterará los resultados y otros genios que están convencidos que se pueden alterar los resultados desde un control remoto; la realidad es que el fraude, si existiera hoy, es a menor escala.

En la actualidad a los muertos les ha resultado difícil ejercer su derecho al voto y con ello engañar a las modernas máquinas “capta huellas”.

Encuestas, sondeos a “boca de urna”

Como todos sabemos, en esta postmodernidad neoliberal, toda la vida social está permeada por el consumo y una profunda mercantilización, allí están las exitosas empresas encuestadoras al servicio de quien les paguen más, por información de sus productos en el mercado. Los candidatos se han transformado en un producto vendible y las seudocientíficas encuestadoras, en maquinarias de propaganda, de tal o cual candidato.

Los porcentajes de preferencia o rechazo, varían según el lugar donde se haga la encuesta, ellos dan a los candidatos como ganadores o perdedores, en ocasiones muchos meses antes del día de la elección. Los famosos sondeos a boca de urna han nacido ante la tardanza de la información oficial sobre los primeros resultados.

Mediante ellos se adelantan porcentajes y resultados, generalmente altamente desestabilizadores, especialmente cuando la diferencia es estrecha, lo anuncian como empate técnico, lo que resulta un llamado a la guerra de los conteos y reconteos de votos, todo ello mezclado con llamadas, comunicados públicos a reconocer el ganador o a desconocer los resultados, antes que terminen los escrutinios.

Las buenas y las malas palabras en política electoral, son tantas que para explicarlas necesitaríamos varios libros y esto es sólo un artículo de opinión, aquí les dejo algunas que son importantes seguir analizando: Voto Cautivo, Alternancia, Clientelismo, Pugna Electoral, Sufragio, Cohecho, Acarreado, Mítines , Discursos, Papeletas, Cámara Obscura, Planillas, Demagogia, Transición, Votos Nulos, Testigo, Cuoteo Político, Escaños Reservados, Testigo, Nepotismo, Ley Seca, Escrutinios, Vender el Voto, Entintarse el Dedo, Elector Calificado, Impugnación Electoral, Acreditación, Papeletas Válidas o Invalidas, Alianzas Políticas, Corrupción Electoral, Actos de Presión o Coacción, Partidos Políticos, Observadores, Sondeo, Victoria Absoluta, Protagonismo Estatal, Oposicionismo, Proceso Electoral, Participación Consciente, Boletas Sobrantes, Comicios, Cómputo de Actas, Contienda electoral, Uninominal, Binominal, Encuestas, Elegibilidad, Financiamiento de Campañas, Impugnación, Cargos de Elección Popular, Reelección, Cierre de mesas.

En los procesos electorales es donde más se engaña a los ciudadanos, quienes acuden desprevenidos, a votar, ignorando las normas y prácticas, que se han establecido, para ejercer el derecho a sufragar y elegir mediante el voto al candidato de su preferencia.

Los electores podemos acertar o equivocarnos en una elección presidencial, como de hecho ha sucedido. Si nos equivocamos, es importante subrayar como ejemplo, que en la Constitución vigente de Venezuela, existe la extraordinaria figura del referéndum revocatorio, donde legalmente la ciudadanía puede, mediante la búsqueda y consignación de de firmas, a mitad de mandato, solicitar el Referéndum Revocatorio, para votar por la salida o no de una autoridad elegida por voto popular, por que a juicio de los convocantes lo está haciendo mal. Esta sería una práctica positiva concreta de democracia participativa, por la cual luchamos para la construcción del socialismo en la Venezuela contemporánea.

*El autor es venezolano, analista de Barómetro Internacional

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

La red en lucha

Grave retroceso en derechos humanos y democracia en Centroamérica

Published

on

By

Las intenciones de reelección de Nayib Bukele no son las únicas acciones autoritaristas en Centroamérica

El autoritarismo de Bukele quiebra nuevamente el Estado de derecho

Por Edgardo Ayala

SAN SALVADOR – Algunos de los avances democráticos alcanzados en América Central, tras el fin de los conflictos bélicos de los años 80, han sufrido un notable e incesante retroceso en los últimos años, sobre todo en aquellos países con gobiernos con tendencias autoritarias.

Eso se ha visto reflejado, entre otras cosas, en el resquebrajamiento o pérdida de derechos que se daban por descontado, como el de la libertad de expresión, el derecho a la debida asistencia legal ante una detención y el de no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos.

Esas carencias fueron parte del día a día en una América Central sumida a finales de los 70 en una aguda turbulencia política que estalló en guerras civiles en los años 80, por ejemplo en El Salvador, aunque en Guatemala había comenzado ya en 1960.

Esa inestabilidad en la región, donde ahora viven 43 millones de personas, terminó a principios de los 90, a partir de acuerdos de paz y procesos de democratización.

No te pierdas: Torturas y muertes silenciosas en el régimen de excepción del presidente Bukele de El Salvador

Ahora, el miedo a ser detenido por razones políticas o a ser encarcelado arbitrariamente, como en aquellos días oscuros, ha vuelto a presentarse en países como El Salvador, gobernando desde junio de 2019 por Nayib Bukele, un milenial con una querencia creciente por el autoritarismo.

También ha pasado con creciente crudeza en Nicaragua, donde ninguno de sus críticos políticos, de los estamentos sociales y de los medios ha escapado a la represión de Daniel Ortega, atornillado en el poder desde 2007.

Déjà vu bélico

“Yo ando con miedo porque tengo tatuajes, porque los policías y soldados no ven si son artísticos, ellos ven a una tatuada y ya asumen que una es delincuente”, afirmó a IPS la camarera Liliana Eleonor, que trabaja en una pizzería en el norte de San Salvador.

Eleonor, de 37 años, se refería al estado de excepción que está vigente desde finales de marzo en esta pequeña nación de 6,7 millones de habitantes.

Esa política, aprobada el 27 de marzo por una Asamblea Legislativa controlada desde mayo de 2022 por el partido de Bukele, Nuevas Ideas, ha suspendido varios derechos constitucionales, como mecanismo para combatir el crimen y mantener a raya los homicidios cometidos por las pandillas.

Muchos de esos pandilleros tienen tatuajes como marca de lealtad a su respectivo grupo, principalmente los dos principales: la MS13 y el Barrio 18, que en conjunto se calcula que superan los 60 000 miembros.

Hasta la fecha van más de 52 000 personas capturadas, acusadas de ser pandilleros, en redadas masivas ejecutadas por policías y soldados.

Y aunque se entiende que la mayoría de los detenidos sí forman parte de esas estructuras criminales, hay personas que no, como lo han denunciado familiares y evidenciado organizaciones de derechos humanos.

Para saber más del tema: Presidente Bukele impone estado de excepción por ola de homicidios en El Salvador

“Ando siempre nerviosa cuando voy por la calle y veo policías o soldados porque pienso: ya me van a parar, me van a llevar (a prisión)”, insistió Leonor, al final de su turno de trabajo, la madrugada de este viernes 16 de septiembre.

Ella dijo saber de amigos que han sido capturados precisamente porque tenían tatuajes y por su aspecto: jóvenes melenudos seguidores del rock metal.

“Yo tengo amigos metaleros que se los han llevado detenidos por los tatuajes, por esto del régimen de excepción, y no les dieron oportunidad de defenderse, ni a la familia”, agregó Eleonor.

La falta de la debida asistencia legal a los capturados y de una verdadera investigación de los casos son dos de los varios cuestionamientos hechos contra el estado de excepción por parte de organizaciones civiles.

Sin embargo, la controversial medida es respaldada mayoritariamente por la población en general, según varias encuestas, pues ahora las personas notan una disminución sensible de la criminalidad.

La falta del debido proceso “suena mucho a los años de guerra civil”, sostuvo la investigadora Natalia Ponce, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

“Es un primer paso para la desaparición forzada”, subrayó.

La guerra civil salvadoreña dejó unos 70 000 muertos y 8000 desaparecidos entre 1980 y 1992.

Eleonor aseguró que ella no se opone a la medida gubernamental contra las pandillas, pero siempre que no se encarcele a personas inocentes.

Entre los derechos constitucionales suspendidos se encuentran el de asociación y reunión. Sin embargo el gobierno lo enmarcó solo a grupos delictivos que estuvieran reunidos para organizar crímenes.

También se restringió el derecho a la defensa y se extiende el periodo en que una persona puede ser detenida y presentada a los tribunales, que actualmente es de tres días.

detenciones en El Salvador

Liliana Eleonor, de 37 años, trabaja en una pizzería en el norte de San Salvador, y al final de su turno laboral siente miedo de andar por las calles de la ciudad, pues por los tatuajes en su cuerpo puede ser estigmatizada como pandillera, detenida y encarcelada, por el estado de excepción en El Salvador. Foto: Edgardo Ayala / IPS

Prohibido criticar

Otro derecho ganado en la región que se daba por sentado, pero que ha sufrido un neto retroceso, es de la libertad de expresión y, vinculado a este, el de la libertad de prensa.

Por ejemplo, en Guatemala fue detenido, el 29 de julio, José Rubén Zamora, fundador y director de elPeriódico, un medio crítico del gobierno del derechista Alejandro Giammattei, en la presidencia desde enero de 2020.

Ese medio de comunicación, fundado en 1996, había sacado a la luz investigaciones sobre corrupción y manejos oscuros de funcionarios de varios gobiernos, entre ellos el de Giammatei.

El proceso judicial contra Zamora, que sigue en curso, sería parte de una vendetta por parte de Giammatei, ha asegurado a IPS el hijo del periodista, Ramón Zamora.

En El Salvador fue capturado el 21 de agosto el tuitero Luis Alexander Rivas Samayoa, de 38 años, por haber publicado que miembros del Batallón Presidencial, encargado entre otras cosas de la seguridad del presidente de la República, daban protección a Karim Bukele, hermano del presidente,

Karim Bukele, que no es funcionario público, departía en una playa del país junto a familiares, protegidos por soldados del ejército, como si fueran su seguridad privada, y Rivas denunció el hecho en Twitter.

En El Salvador, “en efecto hay un retroceso democrático de la institucionalidad pública, en otorgar garantías básicas para la ciudadanía, en general”, acotó la investigadora Ponce.

Ella participó en la presentación de un informe, el 8 de septiembre, sobre vulneraciones de derechos cometidos en 2021 contra quienes defienden los derechos humanos en el país, como parte de un esfuerzo en el que participaron otras organizaciones.

El reporte dio cuenta de 29 casos de vulneraciones contra activistas de derechos humanos, basado en informaciones publicadas en la prensa local. Se identificó que la libertad de expresión es uno de los derechos más vulnerados.

“Aunque no pueden hacerse inferencias estadísticas a nivel nacional, sí es para llamar la atención”, de lo grave que está la situación en el país, dijo Ponce.

Bukele anunció la noche del jueves 15 de septiembre que lanzará su candidatura para las elecciones de 2024 y buscar una reelección continua, algo que en principio estaba restringido constitucionalmente.

Pero los magistrados de la Corte Constitucional, impuestos en mayo de 2021 por la Asamblea, controlada por el oficialismo, le dieron el aval a la reelección inmediata, y se prevé desde ya el triunfo de Bukele, por la aceptación de la que goza.

 

La dictadura de Ortega

Los casos más graves de violaciones a los derechos humanos, políticos y de libertad expresión se han dado en Nicaragua, en especial a partir de las multitudinarias protestas de  2018.

En abril de 2018 el presidente Ortega, que ya lleva cuatro periodos en el poder, desde 2007, frenó a sangre y fuego una revuelta popular contra su gobierno de corte dictatorial.

La respuesta represiva de Ortega produjo más de 300 de muertos y persecución política contra ciudadanos y opositores políticos, que ha vuelto a avivarse desde agosto.

La editora recomienda: EEUU publica primera lista de funcionarios señalados de corrupción en Centroamérica

 

El gobierno de Ortega mandó cerrar medios independientes, como los fundados por el veterano periodista Carlos Fernando Chamorro, quien ahora se encuentra exilado en Costa Rica, mientras culminó en agosto la confiscación del histórico diario La Prensa.

Se sabe que al menos unos 70 periodistas han dejado el país debido al acoso y persecución iniciada por la dictadura de Ortega, que se ha reavivado en la antesala de las elecciones municipales de noviembre, que se da por hecho que ganarán sus designados, debido a que ha cooptado y todas las instituciones del país.

La lucha de los pueblos indígenas

Otros derechos, surgidos de los procesos democráticos iniciados en América Central, como el acuerdo de paz alcanzando en Guatemala, en diciembre de 1996, comenzaron a levantar vuelo pero quedaron truncados en el camino.

Eso pasó con los varios derechos recogidos por el acuerdo de paz en favor de la población indígena en Guatemala, que se calcula ronda 60 % de los 17,4 millones de habitantes.

Uno de esos logros plasmados en el documento era el del reconocimiento pleno, jurídico, de los territorios indígenas, históricamente arrebatados por procesos de expropiación por parte de la oligarquía del país, contó el líder cachiquel Leocadio Juracán.

Los cachiqueles son uno de los más de 20 pueblos originarios en los que se divide la etnia maya, que ha convivido con el pueblo garífuna y xinca.

Lee más: Grave retroceso en derechos humanos y democracia en Centroamérica

“En eso del reconocimiento de nuestros territorios estuvimos avanzando bastante”, señaló Juracán, desde San Lucas Tolimán, en el departamento de Sololá, en el suroeste de Guatemala.

Agregó que a partir de investigaciones y peritajes se logró avanzar y establecer que los propietarios de determinados territorios eran comunidades indígenas, que evidentemente lo fueron desde antes de la Colonia, con la llegada de los españoles, en el siglo XVI, pero de los que fueron despojados con el devenir del tiempo.

Pero el avance en el reconocimiento de sus territorios quedó estancado en abril de 2021, cuando tomaron posesión los nuevos magistrados de la Corte Constitucional para el periodo 2021-2026, añadió Juracán.

Agregó que los del periodo saliente habían fallado a favor de las comunidades indígenas en los litigios, y los nuevos responden más a intereses oligárquicos.

Algunos territorios recuperados, “hasta la fecha no se han inscrito legalmente”, pues se recurre a la estrategia de retrasar el proceso, aseguró.

Continue Reading

La red en lucha

En riesgo, 244 millones de hectáreas en la Amazonia

Published

on

By

Incendios y otros fenómenos naturales están afectando grandes cantidades de hectáreas del Amazonas

 

LIMA – En la Amazonia hay unos 244 millones de hectáreas, una superficie mayor a la Argelia y casi tan grande como Argentina, cuyo bioma está en riesgo al no tener estatus adecuados para su protección, advirtió un estudio presentado este lunes 5 en un encuentro de pueblos indígenas en esta capital peruana.

“Hasta 20 % de los bosques ha sido destruido, por un pozo de petróleo, por la minería ilegal, incendios, tala, introducción de monocultivos y ganadería”, dijo en el encuentro el indígena curripaco venezolano Gregorio Díaz Mirabal, líder de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

Agregó que los pueblos indígenas de la Amazonia “ya no queremos que la superficie de bosques baje de 80 %, porque sería nuestra destrucción”.

Para saber más del tema: Crecimiento de Amazonia en riesgo por falta de fósforo, consecuencia del cambio climático

 

En el encuentro de la Coica, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) presentó su estudio “La Amazonia a contrarreloj: Un diagnóstico regional sobre dónde y cómo proteger el 80 %” de su bioma.

El informe muestra el tamaño del problema, pues de los 7 004 120 kilómetros cuadrados del bioma amazónico todavía hay 2 441 607 (244 millones de hectáreas) expuestas a actividades extractivas al no contar con el estatus protector de áreas protegidas o de territorios indígenas.

Marlene Quintanilla, de la boliviana Fundación Amigos de la Naturaleza, indicó que las últimas dos décadas han sido las de mayor transformación de la Amazonia.

“Cada año se pierden, en promedio, dos millones y medio de hectáreas. Comparadas con países, cada año se eliminan bosques del tamaño de Haití”, expresó.

Lee más: “La selva tiene el mismo derecho a la vida que un ser humano”: líder indígena amazónico a los presidentes en la Cumbre de las Américas

 

La Amazonia es compartida por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela. Los siete Estados soberanos sostienen desde 1978 la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica.

“Hasta  20 % de los bosques ha sido destruido, por un pozo de petróleo, por la minería ilegal, incendios, tala, introducción de monocultivos y ganadería”: Gregorio Díaz Mirabal.

Raisg sostiene que “allí donde hay fuerte presencia estatal se presentan amenazas y presiones o impulsores legales y, donde la presencia estatal es débil, se presentan impulsores ilegales”.

Si 20 % del territorio ya ha sido transformado, Raisg pide medidas urgentes, en los próximos tres años, para salvar el 80 % restante. Seis por ciento tiene una alta degradación y necesita restauración, 41 % con bajos niveles de degradación necesita protección, y solo 33 % está intacto.

El análisis revela que el reconocimiento de territorios indígenas –hay 6983 territorios de ese tipo, con 2 418 705 kilómetros cuadrados o 28,6 % de la Amazonia– ha sido fundamental, pues solo cuatro por ciento de esos espacios se ha degradado.

En cambio, han sufrido transformaciones 33 % de los espacios amazónicos que no tienen ese estatus o el de áreas protegidas.

La transformación alcanza a 34 % del espacio amazónico en Brasil (que a su vez tiene 60,3 % de la Amazonia), a 24 % de la boliviana, 16 % de la ecuatoriana, 14 % de la colombiana y 10 % de la peruana.

Los incendios forestales son una ruda muestra de la destrucción: según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil, en los últimos 30 días se registraron vía satélite 31 513 alertas de incendios en la Amazonia, haciendo del pasado agosto el peor desde 2010, cuando hubo 45 018 quemas.

Según la Raisg, la industria ganadera es la mayor impulsora de la deforestación, y representa casi dos por ciento de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, haciendo que buena parte de la Amazonia emita más CO2 del que absorbe.

También deploró que “los bloques petroleros, centrales hidroeléctricas y minas se planifican a lo largo y ancho de la Amazonia. Los marcos legales vigentes generan condiciones para que los Estados concesionen licencias en bosques intactos o territorios indígenas sin el consentimiento libre previo e informado”.-

Además se señala que las comunidades indígenas y rurales tradicionales son hostigadas y muchos líderes de etnias, ambientales y comunitarios han sido asesinados por la disputa de tierra y derechos: 232 entre 2015 y 2019, y más de 100 solo en 2020.

Te puede interesar: “La selva tiene el mismo derecho a la vida que un ser humano”: líder indígena amazónico a los presidentes en la Cumbre de las Américas

 

“El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica es una solución urgente para salvaguardar ese 80 % de la Amazonia. Debemos actuar todos en unidad, y debemos hacerlo antes de 2025”, dijo Díaz Mirabal.

Los territorios indígenas –a diferencia de las áreas protegidas- no cuentan con presupuestos específicos de los gobiernos de la región ni son objeto de financiamiento internacional, se recordó en el marco del encuentro.

La propuesta básica del informe Raisg es que deben detenerse la deforestación y las actividades extractivas si se quiere salvar la Amazonia, reconocer los derechos de los pueblos indígenas de la región y tender un nuevo manto de protección sobre los 244 millones de hectáreas que están desprotegidas y en riesgo.

***

Fuente: ipsnoticias.net

 

Continue Reading

La red en lucha

Protestas en Haití para exigir alimentos, seguridad y renuncia del primer ministro Ariel Henry

Published

on

By

haiti protestas

Han organizado un número creciente de protestas debido al aumento de los secuestros y asesinatos relacionados con pandillas. Haití se ha vuelto cada vez más inestable desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse.

“¡Ariel, tienes que irte! ¡Vete, Ariel! ¡Vete, Ariel!”, gritaba la multitud en la capital Puerto Príncipe.

Te puede interesar: Patrick Julney, residente de Nueva Jersey por años, sufre secuestro extorsivo al ser deportado a Haití por EEUU

Otras protestas paralizaron varias ciudades costeras en las regiones del norte y del sur de Haití, incluidas Port-de-Paix, Petit-Goave y Jeremie, y la policía disparó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Este episodio es uno más de como la policía del país maneja estas manifestaciones.

Los ciudadanos también señalan el alza en los precios de los productos básicos y una grave falta de combustible en medio de una tasa de inflación que ha llegado al 30%.

Leer más: Cruce masivo de miles de haitianos a Texas en espera de asilo

Jeanine Joseph, un manifestante dijo: “Tenemos hambre y la vida aquí es cara. No puedo enviar a mis hijos a la escuela. No puedo pagar mi casa. Hay miseria y desorden. No puedo salir a la calle por la inseguridad”.

Otro manifestante señaló que el presidente “Ariel Henry es un delincuente y el autor del asesinato de Jovenel Moïse. No tenemos tiempo que perder. Estamos aquí en las calles para exigir la destitución de estos criminales asesinos”.

Organizaciones en defensa de los derechos humanos calculan que los grupos criminales controlan más de la mitad del territorio de Haití y ocupan el vacío de poder que dejó el asesinato del presidente Jovenel Moïse ocurrido en julio de 2021.

Continue Reading

Trending

A %d blogueros les gusta esto: