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Mexico Violento

La guerra de las monedas: 800 casinos más contra maquinitas de barrio

Unos 800 casinos más propiedad de políticos serán abertos en México, mientras el gobierno se dedica a combatir los pequeños establecimientos de tragamonedas

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Casino en México. Foto: El Universal

Casino en México. Foto: El Universal

 

Por Alberto Buitre

ECATEPEC, Estado de México. Don Samuel se ganaba la vida por una máquina tragamonedas; juegos electrónicos de apuesta muy populares en los barrios del país. Un fabricante le propuso ponerla afuera de su casa a cambio de una comisión de 200 pesos diarios. Tiene 72 años. Siempre trabajó independiente, era mecánico; no está pensionado, no tiene seguro social, y carga con una artritis reumatoide y afectaciones en los pulmones que le causan gastos médicos por arriba de los 800 pesos mensuales.  Viudo, solo y enfermo, aquel juego era su tabla de salvación. Le daba para comer y comprar medicamento. Hasta que hace un mes,  un operativo federal se la decomisó. El gobierno de México le declaró la guerra a estos juegos, incautando y clausurando locales dedicados al juego bajo amparo de la Ley Federal de Juegos y Sorteos que las tipificó como ilegales porque –indica-, “abre la puerta a la delincuencia”.  Don Samuel pudo guardar unos pesos, aunque, dice,  “ahora que se me acabe, igual ya me muero, ¿quién me va dar trabajo?”.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, en México existen 300 mil máquinas tragamonedas. La mitad son ilegales. Afirma que de los dos millones y medio de jugadores de casinos, al menos unos 100 mil ya tienen adicción; ludopatía. El propósito del Gobierno mexicano es erradicar la actividad porque -en palabras de la directora general de Juegos y Sorteos de la SeGob, Marcela González Salas-, las maquinitas “son ilegales, altamente adictivas, especialmente para niños entre 4 y 12 años, en un nivel de dependencia similar a la cocaína y el crack”.

Pero “no somos delincuencia organizada, somos personas honradas con un trabajo digno”, dicen en contraste fabricantes de estas maquinitas. Videojuegos, pinballs, juegos de azar, ruletas, grúas de muñecos, rockolas y otras piezas, son hechas en talleres establecidos. Se distribuyen en farmacias, tiendas, casas particulares,  restaurantes, plazas comerciales. “Estas máquinas nos ayudan a pagar la renta, porque está muy cara”, dice un locatario. Son unas 175 mil en todo el país. Pero “no es un juego, es una adicción que abre la puerta a la delincuencia”, afirma González Salas. Hasta el momento se han decomisado 8 mil, según las autoridades mexicanas, gracias a denuncias anónimas mediante el teléfono 088.

Falso, dicen los fabricantes. Fueron unos 20 mil prevenientes de todo el país quienes marcharon el pasado 30 de septiembre en la Ciudad de México en rechazo a su criminalización. “Nuestro empleo es honrado y generan empleo donde antes no lo había”, afirman. Los talleres cuentan desde 5, 20, 80 y hasta más trabajadores de todas las edades, ambos géneros. Los compradores son cientos, generando ganancias hasta de 500 mil pesos al año, para empresarios mayoristas. Más, con su ilegalización, la mercancía está parada. “Yo tengo ocho empleados que los tuve que descansar. Estoy perdiendo el ochenta por ciento de mis ingresos y las bodegas están llenas”, declara uno de ellos. “Dicen que lo que quieren es generan empleos, nosotros los generamos, hay gente que se mantiene de eso totalmente, y nos lo están quitando. No se vale”, agrega.

800 nuevos casinos en 2015

Coincidencia o no, mientras la Policía Federal decomisa las máquinas tragamonedas y los medios de comunicación difunden en horarios estelares la propaganda oficial contra estos juegos, el Congreso mexicano está por aprobar la nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos que avala la expansión de los concesionarios de casinos “hasta su máxima capacidad”.

Información recabada por la reportera Fabiola Martínez del diario La Jornada, los 340 casinos existentes en el país podrían expandirse hasta llegar a los 800. Esto gracias a un periodo de dos años que la nueva Ley abriría para que los actuales permisionarios de casinos, dueños de una  licencia de 25 años, la canjeen por un permiso en el cual lograrían duplicar su inversión en 24 meses. Luego entonces, no se avalarían más concesiones.

Uno de los principales beneficiarios de esta reforma sería el priísta, ex alcalde de Tijuana y miembro junto con el presidente Enrique Peña Nieto del club político conocido como ‘Grupo Atlacomulco’, Jorge Hank Rohn, cabeza del Grupo Caliente, dueño de un hipódromo-galgódromo y casinos con sucursales en 19 Estados del país. Además de hoteles y centros comerciales.

El pequeño local de maquinitas que la señora Hortensia tiene en un barrio de la colonia San Agustín, no sería competencia. En un cuarto de tres por cuatro, tiene cinco juegos; dos de ruleta, un pinballl y dos de apuesta. Cada crédito cuesta cinco pesos. Es madre soltera, sus dos hijos estudian la secundaria. Ella dice: “Lo único que les pedimos es que no nos quiten las máquinas porque gracias a las máquinas tenemos un empleo y de ahí mantenemos a nuestros hijos. Yo soy madre soltera y gracias a esto los mando a la escuela y mantengo sus estudios. Sí queremos la regularización de las máquinas, porque es nuestra fuente de trabajo y gracias a eso comemos y no hacemos cosas que no debemos”.

La  propaganda contra las máquinas tragamonedas asocia su distribución con el crimen organizado y empata su adicción al consumo de cocaína.

En respuesta, Eva, fabricante de máquinas tragamonedas, rechaza que su gremio esté asociado a la delincuencia e invita a la directora general de Juegos y Sorteos a visitar las calles donde tienen lugar estas maquinitas para que conozca la realidad de quienes las operan.

“No pertenecemos al crimen organizado. Así como se hace la invitación para denunciar este tipo de máquinas al 088, yo la invito a usted a que visite las calles donde operan este tipo de máquinas y se encontrará con una realidad totalmente distinta a la que usted se refiere en sus conferencias de prensa. Está usted empeñada en dejar sin trabajo a miles de familias, madres solteras, gente con capacidades diferentes, ancianos y padres de familia,  jóvenes que de ahí solventan sus estudios. Éste señora, es un trabajo digno”.

Pero González Salas desestima las quejas: “Lamentamos que alguien pierda su patrimonio, pero tenemos la certeza de que es una fuente de adicción al juego y de una actividad vinculada con otros ilícitos”, dijo. La nueva Ley para la ampliación de casinos entraría en operación este 2015.

 

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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