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La forma en que se resuelva la huelga de Notimex, será el estilo de gobierno en materia laboral: Adriana Urrea, SUTNotimex

El SUTNotimex ha acreditado despidos injustificados, violación al contrato colectivo, intromisión en la vida sindical, y desde el Estado se ha ignorado

Silvia Higuera

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Para Sanjuana Martínez, directora de Notimex, la huelga de los trabajadores es un acto fallido. Para Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, sin embargo, es un acto de dignidad y justicia para quienes fueron despedidos sin motivo. Desde esta perspectiva, sostiene la sindicalista que se han violado derechos laborales, derechos humanos, incluso acuerdos internacionales. Una entrevista con Urrea nos da la voz ignorada desde el Estado.

Por Zavianny Torres Baltazar

¿Cómo llega Adriana Urrea a la secretaría general del sindicato de Notimex, actualmente en huelga?

AU.- La verdad es que llegué sin ningún conocimiento y sin idea de lo que implica ser representante sindical; sin saber la responsabilidad que esto implicaba, qué significaba y el conocimiento que se requería. Pero lo hice de manera honesta, con la intención, simplemente, de no permitir injusticias. Obviamente, a sabiendas que podía tener repercusiones hacia mi persona.

¿Ha habido esas repercusiones?

AU.- Yo pensaba que me iban a correr de mi trabajo, como sucedió a los que hicimos la asamblea de elección. A cualquier persona que se le vinculara con el sindicato o levantara la mano, la despedían. Todo ese movimiento se hizo casi en la clandestinidad, porque cuando nos reuníamos resultaba que al día siguiente les hablaban a los compañeros y los acusaban de conspiración.

Hasta el día de hoy, la directora no ha querido reconocer que tengo una toma de nota expedida por la Secretaría del Trabajo. ¿Te das cuenta el grado de menosprecio de Sanjuana Martínez contra nosotras?

La secretaria general del SUTNotimex, Adriana Urrea, en entrevista con Zavianny Torres, Los Ángeles Press. Foto: Diamaris Citlalmina Torres.

¿Cuántas personas están participando en la huelga?

AU.- Somos alrededor de 80 personas –básicamente las que votaron en la asamblea– pero en campamentos estamos muchísimos menos, justo por lo de la pandemia. Hemos tenido que reducir al mínimo, se hacen guardias, algunos compañeros entran en el grupo de vulnerables, porque tienen alguna enfermedad o porque de ellos depende gente vulnerable.

¿Cuál sería el peor escenario?

AU.- Que no se respetara el Estado de derecho. Nosotros, jurídicamente hemos demostrado todo lo que hemos dicho, desde la violación al contrato colectivo, la violación a los derechos laborales y humanos, todo lo hemos evidenciado, y hasta ahora la directora sigue incumpliendo.

Déjame ponértelo así: la directora está empeñada en decir que la Secretaría del Trabajo nos ha apoyado, porque el abogado Arturo Alcalde, está detrás de nosotros y qué es quien nos asesora. Es completamente falso. No tenemos ninguna relación con el abogado Arturo Alcalde. Pero Sanjuana insiste en que por eso la Secretaría del Trabajo nos ha acreditado.

Nosotros consideramos que el papel de la secretaría y sus representantes, ha sido en aplicación de la Ley, de la Reforma y en apego a Derecho, ellos sí están queriendo aplicar la ley y aplicar la Reforma.

Por otro lado, tenemos a la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que no está dejando que procedan las denuncias en contra de Sanjuana Martínez. La está respaldando. Incluso, lo ha hecho públicamente. Respalda a una funcionaria que está violando la Ley Federal de Trabajo, la Ley de Responsabilidad Administrativa. Lo hemos denunciado, y en la Función Pública no ha pasado nada.

En lo que tenemos confianza, es en el tema de la de la parte jurídica, porque eso es lo que ha ido avanzando.

Hay muchos temas políticos que se han metido en este conflicto, nos han puesto detrás de nosotros a infinidad de personajes que nada tienen que ver. Nos han querido ensuciar, éste es un movimiento legítimo de trabajadores que enfrentaron una situación desfavorable y que estamos tratando de que se nos haga justicia nada más.

Entonces, el peor escenario es que ganara esa parte, que al final se le diera la razón a la directora, cuando estamos viendo qué es un tema ilegal, de abuso de poder, de no respetar a la propia autoridad y que a nosotros se nos dejara al abandono. No creo que suceda, confiamos en que pueda haber una salida a través de la justicia por parte de las instituciones.

Campamento de huelga SUTNotimex. Foto: Diamaris Citlalmina Torres.

¿La negociación incluye la renuncia de Sanjuana?

AU.- Nosotros no podemos establecer si tendría que renunciar la directora.

¿No es parte de sus demandas?

AU.- No es parte de nuestras demandas. Eso sería pasar al terreno de la administración de la Agencia que a nosotros no nos compete, nosotros seguimos dispuestos a negociar y a trabajar en la mejor de las condiciones.

Ahora te lo digo de forma personal, a título personal, no creo que sea conveniente tener al frente de una agencia de noticias del Estado a una persona que abiertamente ha violado la ley y que no ha cumplido con el objetivo de la agencia. Pero te reitero, es mi opinión personal.

Tendría que haber un cambio, porque esta administración le ha hecho mucho daño a la agencia: le quitó la representación internacional que tenía, dejó a los compañeros corresponsales abandonados en sus países sin ninguna retribución, remuneración o liquidación de ningún tipo y a los corresponsales nacionales también. Hoy vemos una agencia que se usa de forma personal para fines personales de la directora. No creo que tendría sentido que siguiera manejándose una agencia bajo esos criterios.

El compromiso es también de poder rescatar una agencia de noticias que en algún momento fue un referente internacional, y que hoy está en su peor momento informativo, de prestigio, financiero –porque está en números muy complicados– y laboralmente. Todo a raíz de la llegada de Sanjuana Martínez a la dirección. Por estas razones considero que debería de haber un cambio, si se busca mejorar la agencia.

Si pudieras sintetizar en tres puntos sus demandas para poder levantar la huelga…

AU.- Al convivir en la misma área de trabajo, en primer lugar sería restablecer la relación de trabajo entre ambas partes. Segundo, la reinstalación de los compañeros que están demandando por despido injustificado y que se paguen las prestaciones. Hacer la negociación y el incremento salarial que correspondía al momento de estallar la huelga.

¿La reinstalación de trabajadores que fueron despedidos abarcaría a los del sindicato “histórico”?

AU.- Nosotras y ellos traemos vías propias. Nosotras sabemos que hay entre 85 y 95 denuncias por despido injustificado contra la directora, por el maltrato hacia los trabajadores, pero en la Secretaría de la Función Pública está atorado.

¿Cómo ha sido esta situación con otras instancias gubernamentales?

AU.- Mantuvimos comunicación con presidencia, se le informó todo esto al equipo de Jesús Ramírez, y yo –en algún momento– hablé directamente con Jesús. Hemos buscado a la Secretaría de Gobernación, a la de Hacienda, la de Relaciones Exteriores, como partes integrantes de la Junta de Gobierno de la agencia. Me comuniqué con el sub-secretario de Gobernación, Ricardo Peralta, antes que la emergencia sanitaria a nivel nacional llegara al nivel 3, para que pudiéramos hacer una reunión de la Junta de Gobierno. Le pedí que me ayudara a sacarla, me dijo que no había condiciones, que no iba a ser posible y yo le insistía en que lo pudiéramos hacer vía virtual, pero nos dejaron abandonados en esta pandemia.

Por otro lado, cuento muy rápido que Sanjuana nos acusó de secuestro. Ella mandó cerrar la puerta de enfrente de la agencia, le puso cadenas y candados por dentro. Sólo personal que se le llama de emergencia puede ingresar. Hubo personas que estuvieron adentro del edificio durante 20 días, otras un mes y medio. La acusación de secuestro, según la funcionaria Martínez, es que nosotros no les permitíamos salir del edificio, cuando a todas luces, el personal denominado de emergencia salía y entraba a su libre albedrío.

Otra más, recién se le cae el sistema y también nos culpa. Por eso, intentó sacar la operación de aquí para llevarla a otro lugar; otro lugar que no cuenta con los recursos de la aprobación de la Junta de Gobierno. Ese fin de semana mantuvo una discusión muy fuerte contra López Dóriga y se salió por la tangente de que “no se nos cayó el sistema, es mantenimiento”.

Vinieron el lunes pasado los elementos de la Fiscalía, de la policía, con el abogado de la agencia. La diligencia duró escasamente 10 minutos, porque el perito consideró que no había los elementos suficientes para hacer el peritaje porque no tienen un expediente previo que le dieran elementos.

Respecto a tu relación con la dirigencia del sindicato “histórico” y su líder ¿qué nos puedes contar?

AU.- Particularmente, yo no tenía ninguna relación cercana con el líder. En su momento, trataron de vincularme sentimentalmente con él. Pero te lo digo con todas sus letras no tengo ninguna diferencia ni tampoco ninguna relación con él.

No hay nada de eso, ni con él ni con su equipo cercano. Esas personas están despedidas y curiosamente fueron los más beneficiados ¿por qué? Porque su liquidación fue conforme a la ley. O sea la gente más cercana al que de líder no está con nosotros. De hecho, uno de sus más cercanos sus amigos –y dicho por él mismo en borracheras– es el dirigente del sindicato blanco. En algún momento ese grupo se quiso acercar con nosotros, la respuesta fue un rotundo no.

Por sus características, es la primera huelga que se hace en un organismo descentralizado en más de 20 años, al menos de lo que se tiene conocimiento. Fue la primera huelga de un órgano de gobierno de la nueva administración.

Quiero dejar en claro, y lo digo con todas sus letras: nosotras no estamos cerradas a una negociación con la agencia. Queremos que se reconozca al comité ejecutivo, pero creemos que antes se tiene que restablecer la relación entre empresa y sindicato. Y también deben reconocernos como la representación sindical. Necesitamos respetar y representar dignamente a nuestros compañeros.

En ese sentido, desde finales de diciembre pasado hicimos llegar una tarjeta, muy amplia, a la presidencia de la república, con todo lo que estaba pasando, incluso con lo del anterior líder sindical y su relación con el actual líder del sindicato blanco.

Foto: Diamaris Citlalmina Torres.

Por último, ¿Cuál sería el mensaje a la presidencia y a los entes involucrados en la solución de este conflicto?

AU.- Nosotros hemos pedido muchas veces al presidente de la república que nos escuche. Incluso hemos pedido que nos reciba para poder darle la versión de los trabajadores y que pueda ver que sí hay una funcionaria que le está fallando y le está mintiendo. Que está traicionando su confianza.

Nosotras hemos acreditado que fueron despidos injustificados, que hubo una violación al contrato colectivo, que hubo una intromisión en la vida sindical, que se creó un sindicato blanco, todo eso es violatorio a la ley, a la Constitución, y a los acuerdos internacionales.

Entonces, creo que la forma en “CÓMO” se resuelva esto, nos va a indicar qué tipo de gobierno es el que vamos a tener en materia laboral.

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Estados Unidos

La mercantilización del voto: publicidad electoral en redes sociales

Raúl Magallón Rosas

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MADRID, 30 oct 2020 (IPS) – Tradicionalmente, se ha dicho que las campañas electorales sirven para persuadir a votantes dudosos o posibles simpatizantes. Pero la aparición en escena de Cambridge Analytica, ha demostrado que las campañas pueden ser muy eficaces para disuadir a posibles votantes e indecisos de ir a votar. Sobre todo, en escenarios en el que un porcentaje de indecisos tan elevado decide su voto en la última semana.

Cambridge Analytica es la consultora que, con el beneplácito de Facebook, extrajo millones de datos durante las campañas de 2016 en Estados Unidos y del Brexit

En 2016, el equipo de campaña de Donald Trump pudo descubrir, gracias al análisis de seguidores de una serie como The Walking Dead, que a sus espectadores les preocupaba la inmigración. Con esta información, segmentaron sus mensajes y anuncios políticos en Facebook: enviaron mensajes específicos a los fans de The Walking Dead.

El dinero con que cuenta cada campaña es determinante, especialmente en este contexto. Pero, ¿hasta qué punto suponen las campañas actuales una mercantilización del electorado?

Biden y Trump, 2020: Entre 89 y 93 millones de dólares en Facebook

Desde el 1 de enero de 2020, la candidatura de Joe Biden ha gastado más de 93 millones de dólares en publicidad y anuncios políticos solamente en Facebook, cifra algo superior a la gastada por el equipo de campaña de Donald Trump. Esto supone cientos de versiones de anuncios segmentados por perfiles circulando en las redes sociales.

Para entender cómo ha evolucionado la importancia de esta estrategia de comunicación política, hay que recordar que en 2008 la campaña de Obama gastó alrededor de 8 millones de dólares en anuncios en Internet. De ese monto total, solamente 500 000 dólares se destinaron a Facebook.

¿Qué se considera publicidad electoral?

Lo que se entiende por anuncio político varía dependiendo de la plataforma tecnológica donde se emite y de los países.

En el informe de transparencia de Google sobre anuncios electorales en la Unión Europea (UE) se incluyen como tales “anuncios en los que aparecen partidos políticos, actuales dirigentes electos o candidatos a cargos del Parlamento de la UE, cargos nacionales electos de un Estado miembro de la UE o del Parlamento del Reino Unido.

También se incluyen anuncios con un referéndum para votar, un grupo de campañas de referéndum, o un llamamiento al voto relacionado con un referéndum nacional o un referéndum de soberanía estatal o provincial”.

Informe de Transparencia de Google.

En la Unión Europea, por ejemplo, no se consideran anuncios electorales los anuncios de productos o servicios, incluidos los productos de merchandising político como camisetas, ni los anuncios publicados por medios de comunicación para promocionar su cobertura de referéndums, partidos políticos, candidatos o cargos electos en activo.

Propaganda y desinformación

Por otra parte, los intentos de desinformación a través de los anuncios en Facebook siguen formando parte de las estrategias políticas en muchos países. Según Nick Clegg, vicepresidente de Facebook, la compañía bloqueó en el segundo trimestre de este año alrededor de 750 000 anuncios políticos en su plataforma que no cumplían con sus requisitos.

La mayoría de países no tienen una legislación adaptada al contexto digital. En España, por ejemplo, durante las elecciones de 2019 la mayoría de anuncios políticos pagados en Facebook respetó la jornada de reflexión, si bien algún candidato/partido político, como Arturo Aliaga del PAR, Héctor Illueca de Unidas Podemos o Joan Josep Nuet de ERC, mantuvieron la publicidad a pesar de que la ley es clara y no lo permite.

Según la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de Junio del régimen electoral general, son las distintas juntas electorales las que han de velar por la celebración normal de las distintas elecciones. El artículo 53 señala que “no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado”.

Facebook.

Cómo funciona la publicidad segmentada

En los últimos años hemos visto cómo cada elección supone la actualización automática del software de la desinformación y la incorporación automática de nuevas formas, narrativas y formatos a las diferentes estrategias de propaganda digital.

La publicidad en Facebook es muy asequible y, debido a la segmentación, invisible para aquellos perfiles no deseados, salvo que se consulte su biblioteca de anuncios.

Desde 2 euros al día por anuncio, se pueden poner anuncios personalizados respondiendo a criterios como el sexo, la edad, la ubicación o los intereses. Anuncios que sólo veremos si cumplimos esos requisitos preestablecidos.

La responsabilidad de las empresas

Una encuesta del Pew Research señalaba que 54% de los estadounidenses defendía que las empresas de redes sociales no deberían permitir anuncios políticos. Hasta  77% consideraba que no es aceptable que estas empresas usen datos sobre las actividades en línea de sus usuarios para mostrarles anuncios de campañas políticas.

Por edades, cerca de 64% de las personas de más de 65 años se muestran de acuerdo con que no se permitan los anuncios políticos en estas plataformas. En cambio, poco más de la mitad de las personas de 30 a 64 años y 45% de las de 18 a 29 años comparten esta opinión.

Cada plataforma tiene sus propias normas

En septiembre de 2020, Facebook anunció que no permitiría nuevos anuncios la semana previa a las elecciones. Pero sí se permite que los anuncios políticos mientan.

Paralelamente, algunas plataformas han optado por no permitir ningún anuncio político como Twitter, LinkedIn, TikTok y Spotify. Por su parte, Reddit –que cuenta con su propia biblioteca de anuncios– o SnapChat prohíben los anuncios engañosos.

Google ha impuesto varias restricciones a la orientación de anuncios –también para Youtube– y para los anuncios segmentados solo se pueden usar datos como la ubicación, la edad y el sexo.

Empresas tecnológicas… ¿o actores políticos?

Sin embargo, en los últimos meses lo que más llama la atención no es la inversión que los equipos de campaña de Biden o Trump han hecho en Facebook sino que el propio Facebook, en los últimos 90 días, haya invertido más de 28 millones de dólares en anuncios orientados a movilizar la participación –además de más de 8 millones en Instagram–.

Facebook

La importancia de las redes sociales en este proceso electoral ha hecho que el debate se aleje ya de si deben ser consideradas empresas tecnológicas o empresas mediáticas. Ahora la cuestión gira entorno a si estas organizaciones han de ser consideradas actores políticos esenciales en la nueva esfera democrática.

Queda por ver si Facebook hace algo para controlar la publicidad electoral proveniente de otros países que puedan intentar contaminar el debate público. En este sentido, el papel de Rusia o China puede ser más visible que en anteriores elecciones.

Necesidad de una legislación específica

Regular los contenidos es algo muy diferente de legislar en torno a la forma en la que se presentan esos contenidos. Legislar en torno al discurso público, a sus contenidos y a la veracidad de las afirmaciones de o sobre los políticos es un debate necesario.

La realidad nos indica de forma clara que cuando se acaban aprobando “leyes anti fake news” se acaba limitando la libertad de expresión e información de periodistas, sociedad civil y voces “disidentes”.

Una legislación adaptada a una democracia digitalizada tiene que actualizar el papel de las campañas electorales. En este sentido algunas ideas pasan por:

  • La publicidad segmentada de los partidos políticos no puede –sirviéndose en la excusa de la campaña– apelar a las emociones y al voto útil a través de mensajes falsos.
  • Mayor transparencia. Conocer mucho mejor los criterios que hacen que seamos objetivo concreto de un anuncio político.
  • Sería recomendable que Facebook tuviera un papel más estricto a la hora de respetar la jornada de reflexión y no permitiera que partidos y candidatos siguieran promocionando sus mensajes más allá de lo previsto por la ley.
  • Establecer unos límites sobre los perfiles y las segmentaciones que se puedan hacer de los anuncios políticos. Y decidir si más allá de la edad, el sexo o la ubicación, se puede usar una segmentación por ideología, intereses, hobbies, eventos, grupos, páginas seguidas, etc. para exponer anuncios políticos.

Se trata de debatir sobre si esta publicidad segmentada simplemente forma de un nuevo ecosistema económico digital, o si no regularla puede suponer la mercantilización del voto. Es decir, un paso más en la confusión intencionada entre ciudadanos, consumidores y electores.

Es un debate importante que debería mantenerse más allá de las elecciones estadounidenses: son prácticas que seguirán utilizándose en procesos electorales en todo el mundo.The Conversation

 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

UIF congela cuentas de ex mando de la Policía Federal vinculado a Genaro García Luna

Raúl Magallón Rosas

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló tres cuentas bancarias del ex mando de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, por sus nexos con el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna.

De acuerdo con los fiscales norteamericanos, Luis Cárdenas Palomino también recibió sobornos del Cártel de Sinaloa durante la gestión de García Luna al frente de la Seguridad Pública de México en el sexenio de Felipe Calderón.

Sin embargo, el ex funcionario federal reclamó el congelamiento de sus cuentas bancarias que tiene en los bancos Santander, Banamex y Banco Azteca, por lo que formó parte dela red de corrupción entre los altos mandos de Seguridad Pública con el crimen organizado.

Las autoridades norteamericanas investigan a los principales colaboradores de García Luna, quienes habrían participado en los hechos de corrupción que se les acusan en Estados Unidos durante el sexenio de Felipe Calderón, que representó también el crecimiento del Cártel de Sinaloa.

Además de Luis Cárdenas Palomino, también las autoridades estadounidenses investigan al ex jefe de Antidrogas de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, por también ser otro de los personajes que habría recibido protección del Cártel de Sinaloa.

Genaro García Luna es procesado en Estados Unidos por enriquecimiento ilícito y haber recibido sobornos millonarios del crimen organizado para permitir su operación durante los seis años en los que estuvo al frente de la SSP.

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El Caso Wallace

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales

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Por Guadalupe Lizárraga

URUAPAN, Michoacán.- George Khoury Layón, vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace, fue torturado, amenazado y despojado de sus pertenencias dentro del CEFERESO #17, del estado de Michoacán, el día de ayer, por los comandantes de seguridad Diana Yadira Esparza y Alejandro Flores, quienes dijeron tener la orden del director del penal Julio Ramírez.

Los comandantes señalaron a Khoury Layón, mientras lo golpeaban, que “estaban apadrinados por las órdenes del director” y “que ya estaban hartos de sus amparos”, en referencia a los amparos concedidos 291/2020 y 290/2020, por el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México.  

Los actos reclamados en los amparos por Khoury, son incomunicación, peligro de vida y confinamiento. Sin embargo, el director del CEFERESO, Julio Ramírez se ha negado a acatar las órdenes del juez, por lo que mandó golpearlo y amenazarlo en su celda de confinamiento, despojándolo de sus pertenencias, incluyendo papel y lápiz para evitar que escriba nuevos amparos y quejas por sus violaciones de derechos humanos.

Con reconocimiento de inocencia por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas y por la Secretaría de Gobernación, la cual le otorgó la calidad de preso político, Khoury Layón se encuentra en aislamiento desde el 23 de mayo de 2020, debido a que su compañero de celda intentó matarlo con una piedra golpeándolo en la cabeza, mientras hacía ejercicio. Khoury pudo defenderse y no quiso poner una denuncia formal contra el agresor, por temor a que se retrasara más su liberación, la cual está pidiendo la ONU al Estado mexicano desde el 18 de septiembre de 2017.

Por esta agresión recibida, se informó a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, dirigida por Alejandro Encinas Rodríguez, sin que se resolviera su situación de confinamiento e incomunicación con su abogada defensora y familiares.

La detención ilegal de George Khoury, de acuerdo con su abogada, está relacionada con el tráfico de influencias de Isabel Miranda Torres, quien recientemente solicitó en video público al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, se prohibiera el acceso de abogados defensores a los sentenciados y procesados por el caso de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda. Sin embargo, la prohibición de acceso a los penales federales fue para todos los abogados defensores, quienes señalaron que se trataba de una flagrante violación al artículo 20 Constitucional y a la Ley de Ejecución Penal.  

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