Connect with us

Últimas noticias y en vivo

La extraña discriminación en el mantenimiento de la línea 12 del Metro

Published

on

Historias para Armar la Historia

Por Ramsés Ancira

El ocho de octubre de 2014 se creó un fideicomiso con carácter irrevocable, mediante el cual se establecía que el incremento de la tarifa en el sistema de transporte colectivo, de tres a cinco pesos, se utilizaría integralmente para mejoras en el transporte colectivo más empleado en la Ciudad de México, el Metro.

Diez meses antes este incremento del 66 por ciento, ejecutado en los primeros meses de la administración de Miguel Ángel Mancera, provocó brotes de indignación popular. Se creó el movimiento Pos me salto, para protestar, e ingresar al servicio por encima de los torniquetes; sin embargo, se crearon medidas de mitigación para proteger a la población vulnerable: a los estudiantes se les ofrecieron tarjetas especiales en las cuáles se descontarían sólo tres pesos por viaje y los discapacitados y mayores de 60 años contarían con ingreso gratuito.

El 30 de junio de 2018, este fideicomiso contaba ya con una  cantidad de 12 mil 155 millones de  pesos, de los cuales se destinaron mil  306 millones para compra de trenes de la línea 1; 2 mil 12 millones para mantenimiento mayor a los trenes de la línea  2;  mil 861 millones para modernizar el sistema de tracción y frenado de las líneas 4,5,6, y B; mil 400 millones para renovar las estaciones, de la línea 1, muchas de las cuales en efecto quedaron mucho mejor iluminadas e impermeabilizadas; y mil 400 millones para comprar siete trenes para la línea A.

Pero fíjese que gran diferencia: En la página 7 del informe recibido por el  Sub secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la administración de Miguel Ángel Mancera,  Guillermo Orozco Loreto, se precisa que para la adquisición, suministro y puesta en servicio de 10 trenes de nueve carros cada uno, de rodamiento neumático, para la línea 1, se invertirían tres mil  millones 295 mil 050 pesos; en cambio para la renta  de 30 trenes para la Línea 12, seis años antes, Mario Delgado, secretario de Finanzas, del gobierno de Marcelo Ebrard había autorizado 30 mil millones de pesos, es decir, el triple de trenes;  pero diez veces más caros.

Racionalmente no podría ponerse objeción al presupuesto presentado seis meses antes de la gestión de Mancera; todas las obras eran necesarias sin embargo queda la duda de por qué en este presupuesto no se incluyeron las mejoras para la Línea 12.

Se corrigieron y trazaron perfiles de la Línea A, se remozaron de manera evidente las estaciones Salto del Agua, Cuauhtémoc, Balbuena, Merced, Sevilla y Pino Suárez, a costos promedio de entre 40 y 60 millones de pesos por cada una.

Pero en la Línea 12 

Al ocurrir el accidente en la Línea 12 del Metro, el pasado 3 de mayo de 2021, se tenía contemplado adquirir 12 trenes nuevos de rodadura férrea, los cuales según las recomendaciones originales son recomendables para los tramos subterráneos, pero no para las elevadas, debido a la sinuosidad de las vías. Por otra parte, ante el proyecto (que no tiene para cuando acabar) del tren México-Toluca se mantiene el plan de ampliar las estaciones hacia el Poniente, desde la estación Mixcoac hasta Observatorio, con lo que el trayecto que ahora beneficia directamente a las alcaldías de Tláhuac, Iztapalapa y Benito Juárez, se extendería a la Álvaro Obregón. Además, con esto se daría a elegir a los usuarios que se transportan de Poniente a Oriente de la capital, entre las líneas 1, 9 y 12 que convergerán en la terminal Observatorio.

Otro proyecto para ahorrar costos, presentado en junio de 2018, fue el de sustituir los boletos desechables de banda magnética, pues el costo de impresión y destrucción de los mismos asciende a 34 millones de pesos, los cuales se sustituyen con la impresión de tarjetas, cuyo costo se carga al usuario.

Florencia Serranía

La ingeniera Florencia Serranía es egresada de la carrera de Ingeniería Mecánica, por la UNAM. De 2001 a 2004, durante la jefatura de gobierno de la Ciudad de México de Andrés Manuel López Obrador fue directora general de servicios de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.

De 2004 a 2006, en la transición del gobierno de López Obrador y Alejandro Encinas, dirigió el Metro.

Después regresó a la iniciativa privada, Serranía fundó una empresa privada, Urban Travel Logistics. En 2017, aún como particular, participó en licitaciones para brindar diversos servicios al Metro, pero fue rechazada por la administración de Miguel Ángel Mancera. En este concurso no hubo ninguna irregularidad como dolosamente insinuó el cuartel de guerra de oposición sistemática a López Obrador, Latin Us.

En 2018, Serranía fue nombrada nuevamente directora del Metro por Claudia Sheinbaum, recién llegada a la jefatura de gobierno. Ambas se conocían desde que coincidieron al terminar sus estudios de doctorado.

El 7 de mayo de este año, el Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SMTSTCM) presentó una denuncia contra Serranía Álvarez, a través de la Fiscalía contra servidores públicos y contra el subdirector general de mantenimiento, Nahum Leal Barroso, quien acababa de ingresar al puesto. Y realmente no tiene ninguna responsabilidad; pero no podía faltar la politiquería.

La denuncia es como probables responsables de los delitos de “homicidio culposo, lesiones culposas, delito de corrupción y los que resulten”-

Cabe mencionar que este sindicato es disidente del Sindicato Nacional de trabajadores del metro, que ha sido dirigido por Francisco Espino Arévalo por más de cuatro décadas, desde 1978.

El mantenimiento del Metro a finales del 2019

El 26 de noviembre de 2019, la entonces secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, recibió el Tercer Informe Trimestral de avance de mejoramiento del Metro, y el informe irrevocable de administración y fuente de pago de su programa de mejoramiento. Recordemos que se trata de lo recabado por el aumento de 3 a 5 pesos de lo recaudado por la venta de pasajes. Lo firma el licenciado Miguel Ángel Monroy Aranda.

Para entonces se reportaban fondos por más de 15 mil millones de pesos, de los cuáles se habían gastado 12 mil millones, pero nuevamente los gastos se distribuían en la Línea 1, mantenimiento a trenes de la Línea 2 y renivelación de la Línea A. Pero, la Línea 12 no aparece en el presupuesto.

Curiosamente en el proyecto definido en la administración del proyecto de 2013, en los albores de la administración de Miguel Ángel Mancera se habla de la reincorporación de los 105 trenes que están fuera de servicio dispuestos para recibir atención en los talleres y lograr su reincorporación al servicio en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A y B del S.T.C. (Sistema de Transporte Colectivo), La única que no se menciona es la 12, a pesar de que ya se mencionaban los chirridos en la parte elevada.

En cambio se advierte:  “Al no llevar a cabo la adquisición de los 12 trenes férreos nuevos, se verá afectada considerablemente la eficiencia y calidad del servicio de la línea, debido a que la demanda superará a la oferta de material rodante, mismo que en su justa medida es fundamental para proporcionar un servicio de transporte de calidad a los usuarios de esta línea, y como consecuencia se esperarían largos tiempos de espera, aglomeraciones en andenes y trenes, lo cual generaría situaciones de riesgo y conflictos para los usuarios”.

Como se puede observar: se advertían riesgos potenciales, pero hasta que se ampliara la Línea 12. No de inmediato.

En este mismo sentido, la revista especializada Portal Automotriz, destacó que el costo de las ampliaciones de la obra electromecánica por las nuevas estaciones del Metro que están en construcción sería de mil 500 millones de pesos, pese a lo cual el contrato se hizo por adjudicación directa, sin concurso, lo que podría representar un conflicto de intereses, ya que una filial de la empresa Alstom, también había sido contratada para las obras de mantenimiento de la Línea 12.

En general, las obras de mantenimiento de la Línea 12 está a cargo de trabajadores mexicanos, pero es responsabilidad de empresas extranjeras.

Sin más información oficial disponible hasta el momento se sabe que la empresa francesa TSA es la que cobra por el mantenimiento de las vías, pero esto no incluye la solidez de las ballenas y pilotes que sostienen la estructura elevada. Es más, a pesar del derrumbe las vías quedaron colgando, pero se mantuvieron unidas.

El hecho de que la Línea 12 del Metro no esté incluida en el fideicomiso maestro del 2014, constituido en el gobierno de Miguel Ángel Mancera no implica que ésta no tenga presupuesto. De hecho, según el portal Animal Político, éste asciende a 120 millones de pesos anuales.

Quedan dos preguntas por resolver: ¿No están en el fideicomiso, porque estos tienen una normativa que implica varias supervisiones, mientras que el presupuesto de la Línea 12 es más discrecional? Y la segunda, si el mantenimiento solo incluye a las vías ¿quién es el responsable de que la ballena de la estación Olivos se haya colapsado?

Otro tema es que, durante la gestión de Mancera, cada año se incrementó el presupuesto del Metro, en 2018 alcanzó los 17 mil 548 millones de pesos; mientras que para este 2021, en el tercer año de Claudia Sheinbaum se calculaba invertir 15 mil millones de pesos.

Si a la baja del presupuesto se agrega la pandemia del 2020 que redujo la movilidad y por lo tanto el flujo de pasajeros, la economía del Metro se vio aún más afectada.

Por supuesto después del accidente habrá que gastar mucho más en reparaciones, por lo que también cabe preguntarse, si por ahorrar dos mil millones, lo barato saldrá inmensamente más caro.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Últimas noticias y en vivo

Masacre El Charco, 24 años de impunidad del Ejército mexicano

Published

on

By

 

El 7 de junio de 1998, el Ejército mexicano masacró a diez campesinos indígenas en El Charco, Ayutla de los Libres, Guerrero. Los campesinos descansaban en la Escuela Primaria «Profr. Caritino Maldonado Pérez», después de una reunión sobre proyectos productivos para la comunidad, cuando fueron rafagueados, les lanzaron dos granadas, detuvieron a 25 personas, de las cuales dos estuvieron presos y fueron torturados.

Desde entonces, ha sido una larga lucha por la justicia para las víctimas que ha liderado la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, ante diferentes instancias mexicanas, y posteriormente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tardó seis años en admitir el caso para su revisión. Por lo que a 24 años de la masacre, la organización mantiene la exigencia de justicia que ha ignorado el Estado mexicano.

Comunicado Red Solidaria contra la Impunidad

A 24 AÑOS DE LA ATROS MASACRE DE EL CHARCO, AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO, COMETIDA POR INTEGRANTES DEL EJERCITO MEXICANO, MANTENEMOS LA EXIGENCIA DE JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS; NO PERDONAMOS, NO OLVIDAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS.

El 16 de julio del 2012, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la Petición de Admisibilidad del caso la masacre de El Charco. Para el 19 de diciembre del 2018, la CIDH nos otorga el Informe de Admisibilidad 166/18, en diciembre del 2018.

El caso gira en torno a que el 7 de junio de 1998, en la comunidad del Charco, Ayutla, Guerrero, el ejército mexicano masacró a 10 campesinos indígenas Nu’Saavi y al estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ricardo Zavala Tapia, 4 adultos y un niño fueron gravemente heridos, mientras  que otras 22 personas, 4 de ellas adultos y un niño y una estudiante universitaria, fueron ilegalmente detenidas y posteriormente torturadas.

Actualmente representamos  a 3 viudas y a la familia del estudiante de la UNAM, Ricardo Zavala Tapia, a 6 sobrevivientes, entre quienes se encuentran Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortes Chávez, por lo que nos unimos con las víctimas para recordar la deuda de justicia que existe a 24 años plagados de impunidad. Las víctimas aún siguen caminando en busca de la justicia, tienen sus esperanzas en que la CIDH, emita su Informe de Fondo y de traslado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a nivel internacional se logre la justicia que a nivel nacional no se logró.

Hoy traemos a la memoria que Ericka Zamora Pardo, junto con Ricardo Zavala Tapia, entonces estudiantes de la UNAM, soñadores y comprometidos con las causas del pueblo, fueron agredidos por el Estado; Ricardo ejecutado extrajudicialmente, Ericka torturada, acusada de formar parte de un grupo guerrillero, ingresada al penal de máxima seguridad de “Puente Grande”, exclusivo para varones, por ser catalogada de alta peligrosidad. Efrén Cortes Chávez, activista social que se encontraba en la comunidad de El Charco, también fue torturado y encarcelado, ambos; Ericka y Efrén salieron absueltos de la prisión 4 años después de su detención.

Sin embargo, los generales que encabezaron esta masacre, Juan Alfredo Oropeza Garnica y Luis Humberto Portillo Leal, militares expertos en contrainsurgencia que combatieron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, se mantienen totalmente impunes. Los obstáculos enfrentados por las víctimas, son el termómetro que mide la impunidad en este país, es tiempo de derribar la impunidad que prevalece y se pueda lograr la verdad y justicias para las víctimas, México tiene una deuda histórica con las víctimas y con la comunidad de El Charco. Las víctimas hoy encienden una luz contra la impunidad.

¡NO PERDONAMOS, NO OLVIDAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS!

¡HASTA QUE LA JUSTICIA SE SIENTE ENTRE NOSOTROS!

 Responsables: Ericka Zamora Pardo y María Magdalena López

Continue Reading

Últimas noticias y en vivo

El infierno de ser mujer, migrante y negra en México

Published

on

By

 

Por Rodrigo Soberanes

MÉXICO – Joy es originaria de Camerún. Logró llegar viva a Tijuana, en Baja California, en el noroeste de México. Betty nació en Haití y viajó hasta Tapachula, en el sureño estado de Chiapas, al igual que Elena, proveniente de El Congo. Las tres huyeron de sus países para escapar de un destino de pobreza, violencia y muerte.

Recorrieron miles de kilómetros. Un largo camino lleno de abusos, maltratos y discriminación. Llegaron a México con la esperanza de una vida mejor. No la encontraron.

Como ellas, miles de personas provenientes de Haití y África que en los últimos años han llegado a México, forman parte de un flujo inédito en la historia de este país.

La situación de vulnerabilidad de estas mujeres migrantes es evidente. Alejandra Elizalde Trinidad, coordinadora del Programa de Género de Formación y Capacitación  (Foca), califica la situación humanitaria que atraviesan de “terrible”.

Un ejemplo son las originarias de Haití quienes padecen “subordinación racial y xenofóbica”, señala E. Tendayi Achiume, relatora especial de las Naciones Unidas sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia.

Elena, de El Congo

Elena huyó de la guerra civil en El Congo, viajó hasta Brasil donde encontró otro tipo de violencia: el desprecio por ser pobre… Y negra.

Con su familia emprendió el viaje hacia el norte, pero a la mitad del camino encontró un nuevo infierno: la selva conocida como el Tapón de Darién, una de las regiones más peligrosas del mundo para las personas migrantes, que separa a Colombia de Panamá, y está controlada por bandas de narcotráfico y tráfico de personas.

Elena fue una de sus víctimas. Durante 10 días fue separada de su esposo e hijo de ocho años, para ser convertida en esclava sexual. Cuando finalmente lograron escapar, pudieron llegar a Tapachula, Chiapas. Pero su alma quedó atrapada en la selva de El Darién.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2021 más de 133 000 personas migrantes cruzaron el Tapón del Darién; cuatro veces mayor al récord de 2016, cuando pasaron por esa región selvática unos 30 000 migrantes.

En Tapachula –ciudad mexicana fronteriza con Guatemala– muchas personas migrantes, sobre todo de Haití y África, viven en casonas o grandes construcciones con una multitud de habitaciones pequeñas llamadas cuarterías.

Cuarterías, habitaciones muy pequeñas donde se hacinan personas migrantes en Tapachula. Foto: Duilio Rodríguez / PdP

En una de esas cuarterías un joven originario de El Congo grita desesperado, una mezcla de portugués y español. Es Djingo, el esposo de Elena. “¡La máquina de la prostitución está funcionando en México!”, grita el congolés.

Sus vecinos en la cuartería, que sostenían una intensa discusión sobre la forma de abandonar Tapachula, enmudecen. Saben que Elena se ha visto obligada al trabajo sexual, porque su esposo no ha logrado conseguir un empleo.

“¡Sus manos, sus manos!”, insiste Djingo sobre su esposa. “¡Están manchadas por el contacto con tanta persona!”. En la cuartería donde se encuentran, como en el resto de la comunidad migrante de la frontera sur, es secreto a voces que las crueles prácticas sexuales de El Tapón del Darién también llegan a Tapachula y persiguen, sobre todo, a mujeres vulnerables.

Djingo, en la azotea de la cuartería donde vive junto a su esposa e hijo de ocho años. Foto: Duilio Rodríguez / PdP

La dramática experiencia marcó la vida de la mujer migrante. Las huellas visibles están en sus manos con manchas y escoriaciones, que parecen surcos que se prolongan hasta los antebrazos.

La familia no sabe qué son. Ningún médico la ha revisado, pero Elena cree que es una reacción al estrés, que su cuerpo grita algo por el dramático paso por El Darién.

Necesita ayuda, no sólo por las manchas sino porque desconoce el impacto por el daño físico por los días de esclavitud sexual sin métodos de protección. También requiere apoyo psicológico con urgencia, sobre todo porque sigue sometida a un infierno.

Elena se comunica más con su lenguaje corporal que con el habla. Se muestra silenciosa, casi por completo. Esconde sus manos entre las telas de su vestido. Las escoriaciones son un símbolo de su martirio en la selva, pero esas sólo son las huellas visibles, las otras se notan en la mirada triste y apagada, por momentos, ausente.

Joy, de Camerún

Joy –no es el nombre real, pidió usar este por seguridad– tiene 39 años y es enfermera. Escapó de Camerún, su país natal, donde era perseguida política e intentó refugiarse en Ecuador, en 2018, el único país latinoamericano donde no le requerían visa. Ahí, durante meses, sufrió maltrato, discriminación y abusos laborales. Vivió en la calle y en cuanto pudo emprendió camino al norte.

Joy recorrió miles de kilómetros desde Camerún para escapar de la violencia. Foto: Duilio Rodríguez / PdP

En Quito, la capital ecuatoriana, consiguió empleo en un restaurante, pero se enfrentó de lleno con la discriminación hacia las mujeres negras. Una vez, mientras trabajaba en la cocina, escuchó un reclamo airado al propietario del negocio.

“Una cliente le dijo que, si tenía en la cocina a una mujer negra, se iría de su restaurante. Pero el dueño insistió en dejarme y los clientes comenzaron a irse. Luego me dijeron que si me despedían, en pocos días volverían los clientes”, cuenta.

Joy hizo todo lo posible por conservar el empleo, pero tres meses después fue despedida. Sola, sin dinero para pagar el alquiler de la habitación donde vivía, no tuvo otra opción que vivir en la calle.

Joy es enfermera. Abandonó Camerún y ahora intenta sobrevivir en Tijuana. Foto: Duilio Rodríguez / PdP

“Comencé a dormir en el parque. Empecé a aprender a vivir así. Sin país y sin dinero. Aprendí a comer de la basura. Tenía hambre, quería comer”.

Contactó a otra mujer africana que podría ayudarla a conseguir trabajo, pero lo que ofreció fue meterla en el trabajo sexual. “Quiso usar mi cuerpo para hacer negocios. Yo no acepto eso, yo soy enfermera y auxiliar en farmacia”, dice.

Un día, cuando ya llevaba un mes en la calle, encontró a una paisana suya que estaba a punto de viajar al norte. Joy había ganado unos dólares trabajando en otro restaurante y recolectando botellas de plástico que vendió a un centro de reciclado. Usó ese dinero para irse.

La mujer camerunesa enfrentó un camino pleno en abusos y violencia. “Mucha gente murió enfrente de mí, vi demasiada gente muerta en la jungla”, dice.

Joy cruzó el río Suchiate, que divide la frontera entre Guatemala y México, en agosto de 2019, y entró a Tapachula, Chiapas, donde fue detenida y encerrada en la Estación Migratoria Siglo XXI. Un mes después hubo protestas por el maltrato hacia las personas detenidas que fueron disueltas por la Guardia Nacional.

“Yo estaba adentro. Sufrí discriminación. Sufrí racismo adentro. Cuando llegas, personas africanas están apartadas del resto. Te dan un ticket de diferente color. Tu color es diferente, ¿por qué? La comida que te dan es diferente al resto”, relata Joy.

Después del incidente, la camerunesa fue liberada y permaneció algunos días en un campamento en Tapachula, mientras conseguía dinero para seguir el viaje. En ese lapso sufrió incidentes con la policía.

Uno de ellos ocurrió durante una manifestación de personas migrantes, cuando preguntó a un agente, traductor de por medio, si tenía el poder de retener sus documentos.

El policía contestó con un insulto racista e insistió al traductor que lo dijera tal cual: “Cerdos, no sé qué vienen a hacer a mi país”.

“¿Por qué nos escogen para pedirnos nuestra identificación? Nos dicen que tenemos apariencia peligrosa. ¡Wow! ¿Apariencia peligrosa? Porque somos negras nos miran así, lo siento”, se pregunta Joy.

Ocho meses después de cruzar el Río Suchiate consiguió un documento de refugio de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) y logró llegar a Tijuana. Allí se encuentra, a la espera de solicitar asilo humanitario al gobierno de Estados Unidos.

En esta ciudad fronteriza del norte de México no hay muchos cambios para Joy. Como en Ecuador, El Darién o en Tapachula, la camerunesa enfrenta su realidad: es la misma mujer vulnerable y sin derechos.

Cuando llegas aquí es lo mismo. Cada vez que camino veo cómo la policía arresta a las personas. A mí los policías me pidieron mi identificación y me la quitaron. Me dijeron que no era válida. Me registraron, tocaron mi cuerpo.

El mural de un albergue en Tijuana muestra el nuevo rostro de la ciudad fronteriza. Foto: Duilio Rodríguez / PdP

Betty, de Haití

Haití siempre ha sido el país más pobre de América Latina, pero su marginación histórica se profundizó con el terremoto que en 2010 lo devastó. Fue el inicio de una diáspora que en los siguientes años expulsó a decenas de miles de personas. Betty y su esposo fueron parte de ese éxodo.

Hace ocho años llegaron a Ecuador, donde nacieron sus dos hijos y creyó que podría refugiarse de la discriminación y la violencia por el color de su piel, pero estaba equivocada.

Aunque tenían una mejor vida que en Haití no era suficiente y, al inicio de 2021, vendieron sus pocas pertenencias e iniciaron el camino a Estados Unidos. El viaje marcó su vida. “Soy una persona destrozada”, confiesa.

Betty escapó de Haití, devastado por sismos, pobreza y violencia. Atravesó la selva del Darien, donde sufrió violencia sexual. Foto: Duilio Rodríguez / PdP

Como miles de haitianos que han compartido la misma ruta de migración, la familia se vio obligada a cruzar por el Tapón del Darién. El costo fue muy alto, sobre todo para Betty.

Ahora en una cuartería de Tapachula, a Betty le cuesta hablar del viaje. Platica en tercera persona, como si con eso intentara creer que se trata de otra persona.

Quitan a la madre enfrente de los niños para hacerle cualquier cosa. Los niños están llorando y el esposo no puede hacer nada. Una se tiene que aguantar todo lo que está pasando”, dice.

Robaron, violaron y mataron a muchos de nosotros. Es una mezcla de dolor, miedo. De todo”, dice Betty en voz baja.

Betty, en una de las cuarterías donde viven principalmente personas migrantes de Haití. Foto: Duilio Rodríguez / PdP

Su esposo escucha la narración en silencio. A unos metros otros migrantes haitianos asienten: ellos también saben de las caminatas a ciegas por una selva desconocida, el cansancio, sed extrema y el riesgo permanente a convertirse en víctimas de cualquier crimen grave.

“Mi sueño solamente era sacar a mi familia adelante, un buen futuro para mis hijos. Un futuro que no tenía y quería para mis hijos”, cuenta.

El tono de su voz parece desesperanzado. Puede que tenga razón. Hasta ahora en México no ha encontrado la ayuda que necesita.

Sus hijos, por ejemplo, cuando se han enfermado de fiebre y diarrea, no han sido atendidos por ningún médico porque la familia no puede acreditar su estancia regular en el país.

“Están destruidos, no tienen escuela, no tienen ayuda”, confiesa Betty. “Tengo el corazón destruido como madre”.

Éxodo en medio de discriminación

Las historias de Joy, Betty y Elena son un reflejo de la cruda realidad que enfrentan las mujeres migrantes en México y que en su caso resulta aún peor, pues también padecen discriminación por su piel.

El éxodo se siente en México, a donde llegó la mayoría de estas personas. De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría /ministerio) de Gobernación (Segob), en 2021 el Instituto Nacional de Migración detuvo a cien mil 64 mujeres. De ellas, 32 mil 393 eran menores de edad.

Las estadísticas nada dicen sobre su destino. De acuerdo con organizaciones civiles, muchas fueron deportadas, pero otras solicitaron asilo humanitario en México.

El año pasado, según la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), 53 mil 745 mujeres migrantes pidieron refugio en el país. La dependencia enfrenta la mayor ola de solicitudes en su historia, y los recursos con que cuenta han sido insuficientes para atender la demanda.

El daño que sufren las mujeres migrantes y sobre todo las afrodescendientes es grave, dice Paulina Olvera, directora de la organización Espacio Migrante que trabaja con esta población en Tijuana.

“El viaje tiene un gran impacto en todos los sentidos. El tema de la salud mental es preocupante. Vienen desde Brasil, Chile y Venezuela. Hay muchos casos que llegaron aquí con anemia severa. Muchas mujeres embarazadas llegaban aquí con desnutrición y con cero revisiones médicas en su haber”, cuenta.

Alejandra Elizalde, de Foca, insiste en que las mujeres en las mismas circunstancias que Betty, Joy y Elena deberían tener de inmediato la posibilidad de permanecer en el país. “Se tiene que garantizar el acceso pleno a sus derechos, reconocer su situación de vulneración de derechos, acercarles servicios médicos y acompañamiento psicológico”, señala.

En la presentación del informe “Un viaje de esperanza: La migración de mujeres haitianas a Tapachula, México”, Achiume, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, reconoce que las mujeres migrantes “deben navegar la intolerancia y exclusión basada en su raza e identidad de género, las cuales se exacerban por la intolerancia racista en las regiones por las que se mueven e intentan asentarse”.

Las personas migrantes, en general, viven en situación de vulnerabilidad, debido a su situación irregular, cultural, muchas veces de idioma. Sin embargo, para las mujeres y en particular para las de color, la vulnerabilidad es aún mayor y la padecen a cada paso de su trayecto, sin que existan mecanismos efectivos de protección para ellas.

***

Este artículo se publicó originalmente en Pie de Página, de la mexicana red Periodistas de A Pie.

RV: EG

Continue Reading

Últimas noticias y en vivo

El Consejo de Europa pide crear tribunal especial para juzgar a líderes rusos por crimen de agresión

Published

on

By

 

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) ha aprobado este jueves una resolución para que se cree urgentemente un tribunal penal internacional ‘ad hoc’ que investigue y juzgue el crimen de agresión cometido por los líderes políticos y militares de Rusia, cuya sede estaría en Estrasburgo.

El crimen de agresión está definido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículo 8 bis) y supone el uso de la fuerza militar de un Estado contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro, incluyendo la invasión de otro Estado, el bombardeo y el bloqueo de puertos.

Ese tribunal tendría el poder de emitir órdenes de arresto internacionales y no estaría limitado por la inmunidad del Estado, de los jefes de estado y de gobierno, y otros funcionarios.

La creación del Tribunal ‘ad hoc’ se haría con un tratado multilateral aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, con el apoyo del Consejo de Europa, la Unión Europea y otras organizaciones internacionales. La sede estaría en Estrasburgo, ante las posibles sinergias con el tribunal Europeo de Derechos Humanos, que examina numerosas demandas individuales e interestatales relacionadas.

El texto asegura que “esta guerra se lleva a cabo con una brutalidad sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”. La resolución se ha aprobado por unanimidad de 115 votos.

Con información de Agencias.

 

Continue Reading

Trending

A %d blogueros les gusta esto: