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Mexico Violento

La enfermedad de Calderón hunde a México

Ante la magnitud de la violencia producida por el combate parcial contra el narcotráfico, Calderón pierde la realidad y se entrampa en amagos contra sus denunciantes, en vez de analizar alternativas para frenar la violación de derechos humanos.

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Guadalupe Lizárraga

 Felipe Calderón está enfermo. La falta de sensatez y de conciencia transforma su realidad, muy al estilo de Salinas de Gortari en tiempos de declive. El poder y la corrupción han dejado a Calderón en un estado mental en el que sólo ve el agujero donde está metido: el pequeño DF, en su entrada a la casa presidencial, rodeada de árboles y buenos restaurantes. No lo escribo con sorna. Cualquier gobernante serio, con un mínimo de vocación moderna, podría haberse percatado que 50 mil masacrados en las calles de su país, incluyendo mujeres y niños, eran un problema grande como para seguir en la misma línea de combate. En vez de analizar las alternativas para frenar de inmediato las torturas y los asesinatos masivos en México, hace un berrinche y lanza amenazas contra quienes los señalamos ante la opinión pública internacional como genocida y responsable de las violaciones de derechos humanos.

Las denuncias ante la Corte Penal Internacional por los 470 casos de violación al derecho humanitario, han sido jurídicamente argumentadas y completadas con evidencia videográfica y testimonios. No es una jugada sucia, no es un alarde aislado del abogado Netzaí Sandoval, ni son “falsas calumnias” como alega Calderón, incapaz de comprender el sentido de dignidad y dolor que hay en esta acción colectiva que intenta dar justicia a nuestras familias menguadas. Además, ¿ante qué tribunales demandaría al par de millones de personas que firmaron la petición de jucio? Si es con los tribunales mexicanos, podemos reírnos y esperar a que le hagan caso. Los mexicanos sabemos, por experiencia, de la ineficacia y corrupción del sistema de justicia. Es precisamente el problema. Y Calderón está a escasos meses de dejar la presidencia. Seguramente lo que pretenderá es huir del país, sin aliados y sin poder. ¿O sólo demandaría a 23 mil?

Calderón muestra los síntomas de una persona enferma que piensa sólo en sí misma, mientras sigue al mando de una nación hundida. Parecería haber desaparecido de su vocabulario el significado de la palabra «violencia», y fue sustituido por el de «seguridad personal». Tendríamos que recordarle que la violencia es el uso de la fuerza contra un Otro. Y cuando este uso de la fuerza es reclamada por el Estado de acuerdo a la conocida concepción weberiana, la violencia se asume como legítima, es decir ampliamente aceptada por la sociedad porque va la garantía de su protección en ello. Pero ¿cómo nos explicamos esta violencia cuando los representantes del Estado “oligopolizan” los medios para ejercerla y se convierten en criminales, violadores, torturadores y pederastas que utilizan la red institucional para someter y depredar a la sociedad? No es el caso de un tirano. Son varios tiranos criminales de diferentes niveles que compiten entre sí por el mismo botín.

La evidencia de casi seis años de las actuaciones monstruosas de policías, militares, sicarios, narcotraficantes, paramilitares y políticos está los medios alternativos, en los medios digitales, en los testimonios de las familias, en las fotografías y videos que guardan los cuerpos destrozados, amontonados y desangrados. Seis años de ver niños con armas y drogas. De saber de 400 decapitados por año. De circular la información de miles de desaparecidas, sin que las autoridades atiendan las denuncias. Seis años de huir de nuestra patria, y a Calderón, en una grotesca farsa lingüística, lo que le preocupa de la denuncia ante la Corte Penal Internacional es que “afecta terriblemente el buen nombre de México”.

Calderón está enfermo, pero está obligado a decir la verdad. Porque cada víctima cuenta un trozo de verdad, su verdad, y son momentos esperanzadores de saber qué fue lo que pasó a nuestro país. Está la verdad de la madre anciana que vio cómo se llevaron a sus tres hijos y 27 días después los regresaron muertos, en una gasolinera en Juárez. Está la madre de un joven abogado que transitaba por una calle de Chihuahua y pasaron dos camionetas acribillando a todos. Está la madre que llora a sus tres niñitos balaceados por dos militares en Sinaloa. El militar que disparó contra el rostro de un indígena. Está la madre que busca todavía justicia para su hijo rociado con gasolina y quemado vivo. Las jóvenes de Guerrero, gritando la impunidad de los militares que las violaron. Son decenas de miles de verdades, ante las cuales Calderón ha levantado sus hombros y dicho: «daño colateral». Pero Calderón sí tiene la verdad completa, porque él se ha aprovechado de un sistema criminal que ha hecho del exterminio del pueblo un deber disimulado con una guerra parcial contra el narcotráfico.

La violencia impulsada por Calderón ha afectado, además, los espacios vitales de nuestras familias, la percepción del orden del mundo de las nuevas generaciones. Sus significaciones, nuestra cultura y comportamientos colectivos han sido radicalmente alterados. Las armas y las drogas no sólo han caracterizado la política mexicana ni sólo el fin económico explica sus crímenes. El terror y la crueldad, generados a partir de acciones institucionalizadas, han producido más violencia por el sólo hecho de poder producirla.

Ante la magnitud de estas atrocidades, la enfermedad de Calderón sólo podrá curarse tras las rejas, después del juicio de la Corte Penal Internacional. Y entonces, sólo entonces, llegará luz a su mente.

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Mexico Violento

Grupo armado libera a 9 reos del penal de Tula; objetivo prioritario era líder de “Pueblos Unidos”

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Esta madrugada un grupo armado irrumpió en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tula, en donde liberaron a nueve reos, entre ellos José Artemio Maldonado, conocido como “El Michoacano”, líder de la agrupación criminal “Pueblos Unidos” que apenas fue detenido el viernes pasado en el Estado de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH), los hechos ocurrieron cerca de las 04:00 horas, cuando sujetos irrumpieron en el penal y liberaron al “Michoacano”, por lo que colocaron como distractores dos vehículos incendiados para distraer al personal.

Durante la persecución, dos elementos de la policía estatal fueron lesionados por los presuntos delincuentes, por lo que fueron trasladados al Hospital Regional de Tula, donde se reportan como estables.

Al respecto, el titular de la SSPH, Mauricio Delmar Saavedra, dijo que el objetivo principal del comando era la liberación del líder de la agrupación delictiva, por lo que se desplegó un operativo con el apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército mexicano y la policía investigadora para dar con los responsables.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) abrió tres carpetas de investigación para deslindar responsabilidades por evasión, daños a propiedades y lesiones, aunado a que los reos fugados eran procesados por delitos como homicidio y secuestro.

El Michoacano es considerado como el líder de la agrupación “Pueblos Unidos”, grupo criminal que está vinculado con otras organizaciones delictivas como “Los Emes” y “Hades” que se encargan del robo de hidrocarburo en la zona sur de la entidad, así como al tráfico de droga y secuestro.

Apenas este día se llevaría a cabo su audiencia inicial para determinar su situación jurídica, después de su aprehensión el viernes pasado en un operativo conjunto de la PGJEH y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo (FGJEDOMEX).

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Justicia pendiente

CNDH pide a gobiernos de Puebla, Jalisco y Guerrero respeto a libertad de expresión

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Redacción

Autoridades de las tres entidades federativas han incurrido en conductas contrarias al libre ejercicio periodístico y al derecho de acceso a la información

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a autoridades de los estados de Jalisco, Puebla y Guerrero que respeten la actividad periodística y se asegure el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información.

Así lo hizo saber en un comunicado público este organismo nacional, y manifiestó su preocupación ante la reciente declaración realizada por el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien señaló que los medios de comunicación locales deben limitar la información y dejar de hacer publicaciones sobre los delitos de alto impacto porque lastiman el turismo en Puerto Vallarta, circunstancia que no abona al libre desempeño periodístico.

Por otro lado, luego de que los medios “E-Consulta” y “El Popular”, acusaran al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, de realizar un proceso de hostigamiento administrativo en su contra, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la CNDH llama a las autoridades estatales a salvaguardar la libertad de expresión.

Barbosa Hurtado ha sido denunciado reiteradamente por el hostigamiento contra los periodistas de la entidad, además de promover acciones de hostilidad contra las comunidades indígenas que han revelado fraude electoral y presencia de grupos delictivos.

Asimismo, la CNDH manifiestó su indignación por los hechos ocurridos en días pasados en Guerrero, donde organizaciones civiles y medios de comunicación presentaron una queja ante la CNDH y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, ante la violación a sus derechos por parte de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, a quien acusaron de hacer declaraciones de odio en contra del gremio, incluso responsabilizándolos de la violencia que se vive localmente.

Ante la persistencia de agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios, la CNDH enfatizó la urgencia de que todas las autoridades federales, estatales y municipales tomen las medidas necesarias, a fin de que la labor informativa no se vea afectada de manera directa o indirecta y eviten expresiones que coarten los derechos fundamentales de las y los periodistas.

En el comunicado, este organismo público, especificó que esto no significa coartar el derecho a la verdad que tiene la sociedad mexicana, y hay que diferenciar el debate sano y el contraste de ideas con manifestaciones que van más allá de esto y ponen en riesgo o coartan con hechos la libertad de expresión.

Para la CNDH es de suma importancia que ante el contexto de violencia que las y los comunicadores continúan enfrentando en el país, se reconozca, respete y difunda la relevancia de la labor que realizan en beneficio de la sociedad, fortaleciendo con ello una cultura de respeto a sus derechos humanos.

Esta Comisión Nacional considera pertinente seguir revisando el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y crear un frente común entre autoridades federales y locales y los propios comunicadores, para apoyar y defender a quienes inclusive, a riesgo de su propia vida, ejercen su libertad de expresión para comunicar, difundir y denunciar públicamente temas que nos atañen a todos y cuyo fin último es asegurar la participación consciente e informada de la ciudadanía.

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Justicia pendiente

Juez vincula a proceso a ex jefe de Gabinete de Mancera por enriquecimiento ilícito

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El Juez de Control de la Ciudad de México vinculó a proceso al ex jefe del Gabinete del gobierno de la capital del país durante la administración de Miguel Ángel Mancera, Julio César Serna Chávez, por el delito de enriquecimiento ilícito.

El juzgador consideró que existieron pruebas suficientes para proceder contra el ex funcionario capitalino y por ello también determinó la inmovilización de las cuentas financieras del ex servidor público, considerado como uno de los principales operadores políticos de Mancera.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el ex servidor público es acusado de enriquecimiento ilícito durante la administración de Miguel Ángel Mancera beneficiándose de su cargo como servidor público para intereses personales.

De acuerdo con la fiscalía capitalina, después de revisar las declaraciones patrimoniales de Serna no corresponden los ingresos económicos que percibió como funcionario público y el patrimonio que ostentó, por lo que parte de sus ingresos económicos provinieron del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aportado por trabajadores de la administración pública de la Ciudad de México.

La fiscalía capitalina identificó un total de 14 propiedades que no están contempladas en las declaraciones de intereses, aunado a que existe un registro de razón social que no fue señalada en su declaración patrimonial, por lo que se dedujo que hubo irregularidades.

En diciembre de 2019 la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México inhabilitó por diez años a Julio César Serna para ejercer un cargo como funcionario público por las diferentes irregularidades detectadas en su actuación como coordinador general de la Central de Abastos de la capital del país entre 2015 y 2017.

Al respecto, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, pidió que se lleve a cabo un proceso legal conforme a lo establecido por la Ley, y que no se politice el caso por haber sido uno de sus colaboradores más cercanos.

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