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Mexico Violento

La enfermedad de Calderón hunde a México

Ante la magnitud de la violencia producida por el combate parcial contra el narcotráfico, Calderón pierde la realidad y se entrampa en amagos contra sus denunciantes, en vez de analizar alternativas para frenar la violación de derechos humanos.

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Guadalupe Lizárraga

 Felipe Calderón está enfermo. La falta de sensatez y de conciencia transforma su realidad, muy al estilo de Salinas de Gortari en tiempos de declive. El poder y la corrupción han dejado a Calderón en un estado mental en el que sólo ve el agujero donde está metido: el pequeño DF, en su entrada a la casa presidencial, rodeada de árboles y buenos restaurantes. No lo escribo con sorna. Cualquier gobernante serio, con un mínimo de vocación moderna, podría haberse percatado que 50 mil masacrados en las calles de su país, incluyendo mujeres y niños, eran un problema grande como para seguir en la misma línea de combate. En vez de analizar las alternativas para frenar de inmediato las torturas y los asesinatos masivos en México, hace un berrinche y lanza amenazas contra quienes los señalamos ante la opinión pública internacional como genocida y responsable de las violaciones de derechos humanos.

Las denuncias ante la Corte Penal Internacional por los 470 casos de violación al derecho humanitario, han sido jurídicamente argumentadas y completadas con evidencia videográfica y testimonios. No es una jugada sucia, no es un alarde aislado del abogado Netzaí Sandoval, ni son “falsas calumnias” como alega Calderón, incapaz de comprender el sentido de dignidad y dolor que hay en esta acción colectiva que intenta dar justicia a nuestras familias menguadas. Además, ¿ante qué tribunales demandaría al par de millones de personas que firmaron la petición de jucio? Si es con los tribunales mexicanos, podemos reírnos y esperar a que le hagan caso. Los mexicanos sabemos, por experiencia, de la ineficacia y corrupción del sistema de justicia. Es precisamente el problema. Y Calderón está a escasos meses de dejar la presidencia. Seguramente lo que pretenderá es huir del país, sin aliados y sin poder. ¿O sólo demandaría a 23 mil?

Calderón muestra los síntomas de una persona enferma que piensa sólo en sí misma, mientras sigue al mando de una nación hundida. Parecería haber desaparecido de su vocabulario el significado de la palabra «violencia», y fue sustituido por el de «seguridad personal». Tendríamos que recordarle que la violencia es el uso de la fuerza contra un Otro. Y cuando este uso de la fuerza es reclamada por el Estado de acuerdo a la conocida concepción weberiana, la violencia se asume como legítima, es decir ampliamente aceptada por la sociedad porque va la garantía de su protección en ello. Pero ¿cómo nos explicamos esta violencia cuando los representantes del Estado “oligopolizan” los medios para ejercerla y se convierten en criminales, violadores, torturadores y pederastas que utilizan la red institucional para someter y depredar a la sociedad? No es el caso de un tirano. Son varios tiranos criminales de diferentes niveles que compiten entre sí por el mismo botín.

La evidencia de casi seis años de las actuaciones monstruosas de policías, militares, sicarios, narcotraficantes, paramilitares y políticos está los medios alternativos, en los medios digitales, en los testimonios de las familias, en las fotografías y videos que guardan los cuerpos destrozados, amontonados y desangrados. Seis años de ver niños con armas y drogas. De saber de 400 decapitados por año. De circular la información de miles de desaparecidas, sin que las autoridades atiendan las denuncias. Seis años de huir de nuestra patria, y a Calderón, en una grotesca farsa lingüística, lo que le preocupa de la denuncia ante la Corte Penal Internacional es que “afecta terriblemente el buen nombre de México”.

Calderón está enfermo, pero está obligado a decir la verdad. Porque cada víctima cuenta un trozo de verdad, su verdad, y son momentos esperanzadores de saber qué fue lo que pasó a nuestro país. Está la verdad de la madre anciana que vio cómo se llevaron a sus tres hijos y 27 días después los regresaron muertos, en una gasolinera en Juárez. Está la madre de un joven abogado que transitaba por una calle de Chihuahua y pasaron dos camionetas acribillando a todos. Está la madre que llora a sus tres niñitos balaceados por dos militares en Sinaloa. El militar que disparó contra el rostro de un indígena. Está la madre que busca todavía justicia para su hijo rociado con gasolina y quemado vivo. Las jóvenes de Guerrero, gritando la impunidad de los militares que las violaron. Son decenas de miles de verdades, ante las cuales Calderón ha levantado sus hombros y dicho: «daño colateral». Pero Calderón sí tiene la verdad completa, porque él se ha aprovechado de un sistema criminal que ha hecho del exterminio del pueblo un deber disimulado con una guerra parcial contra el narcotráfico.

La violencia impulsada por Calderón ha afectado, además, los espacios vitales de nuestras familias, la percepción del orden del mundo de las nuevas generaciones. Sus significaciones, nuestra cultura y comportamientos colectivos han sido radicalmente alterados. Las armas y las drogas no sólo han caracterizado la política mexicana ni sólo el fin económico explica sus crímenes. El terror y la crueldad, generados a partir de acciones institucionalizadas, han producido más violencia por el sólo hecho de poder producirla.

Ante la magnitud de estas atrocidades, la enfermedad de Calderón sólo podrá curarse tras las rejas, después del juicio de la Corte Penal Internacional. Y entonces, sólo entonces, llegará luz a su mente.

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Internos del Cefereso #15, en huelga de alimentos por incumplimiento de autoridad penitenciaria a órdenes de Judicatura

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Por Guadalupe Lizárraga

Internos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 15, en Comaltitlán, Chiapas, harán una huelga pacífica en la que se abstendrán de comer y de realizar actividades en protesta contra el incumplimiento de la directora general Ericka Adriana Tenopala Chaussee ante las controversias judiciales ganadas por los internos.

La huelga en la prisión iniciará el lunes 4 de julio por la mañana hasta que sean atendidas sus demandas y se restituya el trato digno. Entre las principales exigencias, además del cumplimiento de sus controversias, denuncian la falta de atención médica, espacios de visita insalubres, negativa de acceso a amistades en zonas de visita familiar, alimentos en descomposición y pésima calidad, así como el maltrato sistemático por los agentes de seguridad y custodia.

En un comunicado a este medio, los internos señalaron que “con esta directora, el centro se fue en declive”, y el 2 de marzo de este año, a través de un amparo colectivo otorgado a 197 internos, el Consejo de la Judicatura de la Federación le ordenó la suspensión de plano para que cesen de inmediato -“bajo la más estricta responsabilidad” de las autoridades penitenciarias- los actos de tortura, tortura psicológica, coacción, aislamiento, segregación y golpes al solicitar atención médica, u otro pedimento que por derecho constitucional tienen los internos.

Por lo que con esta huelga, los internos quieren poner de manifiesto ante el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como a la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Derechos Humanos, y al presidente de la república, que la directora general del cefereso número 15, Ericka Adriana Tenopala Chausse, está cometiendo actos alevosos y premeditados en contra de los internos e incumpliendo las órdenes de la Judicatura. Sus peticiones:

-Dé cumplimiento a todas las controversias que se ganaron, ya que esta servidora pública no cumplimiento a ningún ordenamiento judicial.

-Que se suspenda el maltrato, la tortura y tratos crueles e inhumanos de todo tipo, como lo indica la suspensión de plano de la Judicatura.

-Que se nos dé atención médica.

-Que los alimentos estén en buen estado, sean porciones normales de acuerdo con los reglamentos penitenciarios.

-Que resuelva la falta de oficiales en cada módulo, ya que como no hay personal nos dejan afuera de la celda y tenemos que hacer nuestras necesidades fisiológicas en las regaderas del comedor.

-Que nos entreguen la correspondencia en tiempo y forma, y se envíe de la misma manera la correspondencia a nuestros familiares.

-Que nos den actividades físicas y laborales orientadas a la salud psicológica y física de los internos.

-Que los familiares nos depositen para la tienda sin tantos requisitos que nos obstaculizan el acceso al recurso.

-Que el área técnica haga reclasificaciones en todos los módulos porque nos están juntando procesados y sentenciados, y gente del fuero común y federal. Lo que genera conflictos y extorsiones entre los internos.

-Que nos respeten nuestro derecho constitucional a la información a través de noticieros nacionales.

-Que haya variedad y calidad en los productos de la tienda.

-Que haya higiene en la sala de visitas familiares, en los módulos de locutorios y pasillos.

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Fiscalía de Michoacán localiza 22 cadáveres en fosa clandestina

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán informó que fueron localizados 22 cuerpos humanos en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Villamar, Michoacán, que podrían pertenecer a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asesinados por el grupo criminal “Los Pájaros de la Sierra”.

De acuerdo con la fiscalía estatal, esta fosa clandestina fue hallada desde el pasado 19 de marzo en un terreno de la comunidad de “Los Negritos” que colinda con una presa, donde recientemente las autoridades federales y estatales localizaron dos osamentas humanas más para un total de 22 cuerpos recuperados.

Las autoridades estatales refirieron que estos cuerpos corresponden en su totalidad a varones, quienes formarían parte del CJNG, y habrían sido abatidos por el grupo criminal que controla la región, aunque hasta el momento no han sido identificados.

En total de los 22 cuerpos recuperados, 17 corresponden a varones y cinco mujeres, por lo que continúan con las labores de peritajes forenses para conocer la identidad de los asesinados, por lo que esta zona es acordonada por elementos de la Guardia Nacional que se encarga del resguardo del sitio.

Michoacán es uno de los estados más afectados por la violencia ocasionada por la disputa de los diferentes grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas, por lo que las bandas escindidas de la Familia Michoacana buscan retomar el control del estado, mientras que el CJNG pretende apoderarse del mismo.

Aunque el gobierno federal se comprometió a reforzar la seguridad en la entidad, hasta el momento los niveles de inseguridad en ese estado no han disminuido, por lo que persiste el riesgo de nuevas agresiones entre las organizaciones delictivas que pretenden controlar el trasiego de estupefacientes.

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Colectivo Artículo 20 denuncia muerte de internas con enfermedades terminales tras su traslado arbitrario al Cefereso #16

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Los Ángeles Press

Familiar de una interna enferma de cáncer, en el Centro de Rehabilitación Social de Acapulco, Guerrero, denunció el fallecimiento tras su traslado arbitrario al Centro Federal número 16, en Coatlán del Río, Morelos. Según el testimonio dado al colectivo de derechos humanos Artículo 20, la interna de nombre Guadalupe Merino Sánchez, «iba estable» pero se le suspendió su tratamiento. Se trata de la tercera muerte tras el traslado arbitrario al mismo penal federal.

“La dejaron morir, yo tengo todos los audios grabados dónde mi mamá me decía que no le daban de comer y tampoco le daban la atención médica”, señaló en su testimonio la hija de la interna. Reiteró que nunca le dieron un medicamento, ni por humanidad, siendo una enferma en fase terminal, pero que además le piden 10 mil pesos (530 dólares) para el traslado del cuerpo nuevamente a Acapulco.

Durante los últimos cinco meses, se han realizado al menos unos 500 traslados de los centros estatales al CEFERESO número 16, de Morelos, sin justificación, ya que la mayoría de las internas son del fuero común, señala la organización Artículo 20.

El centro federal femenil, de acuerdo con la denuncia, se trata de un penal concesionado a una empresa privada presuntamente por el grupo Carso, del que es dueño el empresario Carlos Slim, y que en entrevista para Los Ángeles Press, las activistas de los derechos humanos de las internas en el movimiento «Ola Beige» habían denunciado una serie de irregularidades que iban desde el maltrato hasta la falta de atención médica.

El traslado masivo de mujeres y hombres en reclusión, con procesos judiciales del fuero común a penales federales, “es una violación de derechos humanos al alejarlos de sus familias a cientos de kilómetros, como pasó con las reclusas del puerto de Acapulco, del Cereso de Las Cruces”, apuntó la denunciante de Artículo 20.

Los familiares de las internas con traslados arbitrarios se han organizado en diversas protestas para exigir el retorno de sus familiares, sobre todo porque implicó que personas con enfermedades terminales, interrumpieran su tratamiento, lo que derivó en la muerte antes de tiempo.

También se enfatizó que la falta de atención médica en el Cefereso 16 se debe a la fata de personal, ya que sólo hay dos médicos para 1200 reclusas, además de que la comida es escasa y falta agua potable, les limitaron las llamadas telefónicas y la entrada de suministros.

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