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La dignidad perdida del Estado frente al caso Wallace

El Estado mexicano se ha vuelto sordo, ciego y cínico ante la gran farsa del caso Wallace

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 Guadalupe Lizárraga

Cuando se vulnera la dignidad de otros seres humanos, dañamos también nuestra propia dignidad, nos recuerda Peter Bieri, en La dignidad humana. La afirmación me lleva a pensar en el caso Wallace y en su red de servidores públicos que por mera codicia han sido cómplices de la aberrante fabricación de culpables en México.

Hace un año, el 29 de marzo de 2019, expuse la falsedad del caso Wallace en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por mi voz, escuchó de la persecución desatada contra mi persona de parte de Isabel Miranda Torres después de revelar por años la fabricación de pruebas en el falso secuestro de su hijo Hugo Alberto. También escuchó de las amenazas que recibí en mis redes sociales de la diputada federal de MORENA, María de los Ángeles Huerta del Río, para que no mencionara el nombre de Isabel Miranda ni de su hijo en el foro que organicé en la Cámara de diputados sobre el tema.

En esa ocasión, López Obrador fue receptivo y dio la instrucción a sus subordinados que se atendiera el caso, especialmente por los riesgos que yo enfrentaba como periodista. Sin embargo, ha pasado un año y las víctimas siguen en prisión injusta con la esperanza en un hilo, toreando las embestidas de Miranda, y el disimulo de las autoridades. Hace más de un año, puse las denuncias formales ante la Fiscalía General de la República por la fabricación del secuestro de su hijo y por secuestro en grado tentativa contra mí en dos ocasiones. El fiscal Gertz Manero confirmó al presidente mis denuncias y dijo que se encontraba en etapa inicial la investigación contra Miranda. Incluso, me presenté varias veces con el fiscal para darle seguimiento a la información que aportaba, y presenté a la fiscalía y al Senado al padre biológico de Hugo Alberto, así como las evidencias de la fabricación de pruebas, dando él el testimonio de cómo lo obligaron a aportar una muestra de sangre. Di a los medios de comunicación los nombres de los agentes del Ministerio Público que trabajaron al servicio de Miranda para torturar, violar y hostigar a las víctimas con el fin de que se inculparan. Y sin embargo, el Estado ha sido sordo, ciego y cínico ante la contundencia de la farsa. Un estado que ha perdido su dignidad.

Los medios, de igual manera. ¿Qué dignidad puede tener el dueño del periódico El Universal al vender sus espacios a una torturadora que paga lo que sea para sostener la farsa del hijo secuestrado? ¿Qué dignidad puede tener un periodista que vende su nombre para legitimar la mentira a sabiendas que va la vida de otras personas? Da lo mismo que se llame Ciro Gómez Leyva que Anabel Hernández García, ambos han sido parte de la fabricación y del sufrimiento de muchas personas inocentes, además de las víctimas de Miranda, y ambos reciben aplausos por su inmoralidad.

El Universal no sólo fue constante en el apoyo al narcotraficante Genaro García Luna, quien junto con Isabel Miranda hizo de México un botín. También el diario puso a su reportera Icela Laguna, al servicio de la criminal de derechos humanos y exhibieron a personas inocentes como los peores delincuentes sólo por capricho de Miranda. Icela y Anabel se han mostrado como íntimas amigas, se citan en sus textos una a otra, y reproducen sin ningún pudor ético la información de los expedientes fabricados de los agentes del Ministerio Público al servicio también de Isabel Miranda. Eso, desde 2006. Y en los libros de Anabel, desde 2010. Pero lo más sorprendente es que en 2020, diez años después y con un supuesto cambio de régimen, la titular de la Agencia del Estado Notimex, Sanjuana Martínez, dé voz a Isabel Miranda como la única verdad, y dé trato de escoria a las verdaderas víctimas. ¿Qué dignidad puede tener una funcionaria pública como Martínez, servil a la criminal de derechos humanos por pura codicia y complicidad?

¿Qué dignidad pueden tener los funcionarios que usan nuestros recursos públicos para favorecer la inmoralidad de los macabros despropósitos de Isabel Miranda como lo hicieron con los de García Luna? ¿Qué dignidad puede tener un agente ministerial que le pagan para que viole sexualmente a los internos en prisión y luego en su casa llega a abrazar a su mujer y a sus hijos? ¿Qué dignidad puede tener un juez que cierra los ojos a la justicia por dinero? ¿Un abogado que simula actos jurídicos a cambio de varios millones de pesos como lo hizo el abogado José Patiño, recomendado por la asociación canadiense En Vero? ¿Cómo es posible que el Estado mexicano siga siendo la fuente de aberración en la fabricación de culpables y cobre años de vida de miles de personas inocentes a costa de la avaricia de unos cuantos?

Luchar contra el caso Wallace es luchar contra la crueldad y la corrupción del Estado. Un estado que fue secuestrado desde la administración de Fox, tiempo en el que crearon la farsa del secuestro Wallace, y consolidada en la administración de Calderón. Pero hoy, en la administración de AMLO, y con las contundentes evidencias de la falsedad del caso, las graves violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas y el deterioro de su salud, sólo puede pensarse que el Estado no ha logrado su liberación. Se trata de un poder judicial que dicta sentencias acordes a los beneficios económicos ofrecidos por los victimarios. Un poder legislativo que se vuelve cómplice por su silencio y simulación de cambio. Un poder Ejecutivo que no hace valer su palabra y tolera las indignidades de sus propios servidores públicos. Una sociedad cómplice por su tolerancia. Un Estado, pues, que ha perdido su dignidad.

Recientemente, un juez señaló como improcedente la libertad de George Khoury Layón, víctima del caso Wallace, pese a la petición de la Naciones Unidas después de investigar el caso y determinar que es inocente y que sus derechos humanos fueron violados. Otro juez negó beneficios básicos a las víctimas en respuesta a las compensaciones inmorales de Miranda. A César Freyre Morales de nueva cuenta le filtran llamadas telefónicas y le dan trato de “peligroso criminal”, y las torturas sufridas hasta 2017 para que se incriminara por la farsa Wallace son tomadas con toda normalidad por el Estado mexicano. Servidores públicos siguen desviando o copiado la correspondencia en los penales, los custodios siguen dando trato vejatorio a los internos, los medios y periodistas siguen haciendo eco de las calumnias a los culpables fabricados. Y sin embargo, todos –en México– ya saben que el caso Wallace es la gran farsa sostenida por el dinero mal habido de Isabel Miranda Torres; pero la entelequia llamada Estado sigue movida por los mismos actos inmorales de la corrupción y la codicia a costa de las vidas de las víctimas.

El mismo presidente López Obrador se refirió a la injusticia que viven las víctimas de fabricación de culpables como “secuestro de Estado”, reconoció que las violaciones de derechos humanos podrían incurrir en delitos de lesa humanidad, como es la detención arbitraria, tortura, violación y encarcelamiento injusto. El presidente lo ha reconocido en las cinco veces que le he expuesto de una u otra forma la situación de las personas en prisión injusta. No obstante, el problema persiste: la profunda fractura del Estado de derecho, y la falta de dignidad de un Estado que no termina de levantarse.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Miembros de la SEDENA y abogados estafan en penales federales bajo promesa de beneficios de ley

Ignacio García

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Por Ignacio García

El teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Francisco Fuentes Alburo, acompañado de Maricela García Bravo y un grupo de abogados fueron acusados de realizar diferentes estafas a internos en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley, entre éstos, preliberaciones.

Entre los denunciados por fraude se encuentra el arquitecto Leonardo Sotelo Mejía, quien tiene trayectoria de demandas y porta documentación como Senador de la República. Una de las demandas por Autos de Calidad Cortés, S.A. de C.V, en 2012, por lo que se abrió el expediente 1431/2012, en el Juzgado 10 Civil del Distrito Federal, y el 83/2016, en el Juzgado 41 de lo Civil en el Distrito Federal. En 2014, estuvo preso por fraude, y en 2018, ya en libertad, fue exhibido por vender plazas de la policía federal y de la policía del Estado de México.

Otros de los nombres que destacan es Guillermo Torres Rabadán, quien también se encuentra demandado por lo civil bajo el expediente 176/2010. Así mismo, Juan Carlos López Contreras, alias el “Mayor Plata”, propietario del restaurante argentino “El Arrabal”, y es enlace directo de Sotelo Mejía. Juana Jacqueline Díaz, Ibos Marlon Torres, Indira Shanel Torres, Fernando Cerezo Arenas y Laura López son acusados de realizar diferentes estafas en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley que prometen a internos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los integrantes de la SEDENA acuden a los penales federales para prometerles beneficios de ley en su proceso a cambio de compensaciones económicas, utilizando a abogados para cometer los fraudes. Uno de los ceferesos de mayor presencia de los defraudadores, es en El Altiplano, Almoloya de Juárez, del Estado de México, por tratarse de un penal de máxima seguridad con internos bajos cargos de narcotráfico y delincuencia organizada que han pagado fuertes cantidades de dinero con la esperanza de ser liberados.

Los abogados prometen visitar a los reos con falsos documentos para plantearles diferentes maneras en las que supuestamente los pueden liberar, incluyendo tráfico de influencias con miembros de la SEDENA y de diferentes niveles del Gobierno de México, incluyendo la Secretaría de Gobernación, por lo que a través de redes sociales y denuncias periodísticas, los internos víctimas de fraude han exigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga, ya que en algunos casos estos militares y abogados han pedido hasta un millón de dólares.

En su denuncia, agregaron que los presuntos extorsionadores citan a familiares de los internos en el restaurante “El Arrabal” ubicado en Naucalpan, Estado de México, del cual es propietario Juan Carlos López Contreras. Usan este espacio como lugar de operaciones y oficina, para la entrega del dinero de sus clientes, asegurando que con sus relaciones tanto en el gobierno federal, como en SEDENA, agilizarán la libertad de sus familiares.

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El Caso Wallace

Expertos internacionales en DDHH, satisfechos por respuesta de México en el caso de Brenda Quevedo

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GINEBRA (15 de octubre de 2020) – Expertos en derechos humanos de la ONU* acogieron hoy con satisfacción el anuncio del gobierno mexicano de que implementará la Opinión núm. 45/2020 y liberará a Brenda Quevedo Cruz, después de 11 años en prisión en México sin sentencia, instando a las autoridades a ponerla en libertad de inmediato.

“Estamos muy satisfechos por la declaración oficial de la Secretaría de Gobernación de México de que cumplirá con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y liberará a la víctima de detención arbitraria, esperamos que se tomen acciones concretas en ese sentido inmediatamente”, dijo el Grupo.

Quevedo Cruz fue detenida en relación con el falso secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, reportado en julio de 2005, pero el Grupo de Trabajo encontró graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, además de haber sido torturada en dos ocasiones.

“Tras pasar más de una década en prisión preventiva, la señora Brenda Quevedo Cruz debe ser liberada, con garantías de acceso a una reparación integral”, indicaron los expertos. “La violación de sus derechos humanos debe investigada a profundidad, lo que debe de conducir a la rendición de cuentas por parte de los responsables.”

El Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno de México a revisar urgentemente todas sus opiniones relativas a México, con la finalidad de identificar e implementar las reformas estructurales al sistema de justicia que son necesarias para evitar que casos como este se repitan. “Quedamos a la disposición del Gobierno para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones internacionales.”

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo, José Antonio Guevara Bermúdez, miembro mexicano del Grupo de Trabajo, no participó en la adopción de la Opinión núm. 45/2020.

* Los expertos de la ONU: Leigh Toomey (Presidenta-Relatora), Elina Steinerte (Vice-Presidenta) Sètondji Roland Adjovi y Seong-Phil Hong, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre que se da a los mecanismos de investigación, recopilación de información y mecanismos de monitoreo que analizan la situación de los derechos humanos en algún país determinado o la situación de un derecho humano en particular en todo el mundo. Los expertos trabajan de forma voluntaria, no son funcionarios de la ONU y su labor no es remunerada. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
ONU Derechos Humanos, página de país –  México

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Estados Unidos

Trump adopta estrategia de “inmunidad colectiva” contra pandemia, catalogada como amoral por la OMS

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Estados Unidos presenta un aumento drástico en los casos de coronavirus, mientras el gobierno de Donald Trump -según medios- adopta la medida de “inmunidad colectiva”, al tiempo que el clima de otoño se asienta en el país.

Hasta el martes, 13 de octubre, el registro de contagio sobrepasó los 54.000 casos y se ha alcanzado niveles récords de la enfermedad en 20 estados.

Los funcionarios de la ciudad de Oklahoma sostienen que se han quedado sin lugar en las unidades de terapia intensiva. En la ciudad de Bismarck, en el estado de Dakota del Norte, se informó que sólo queda una cama disponible para los pacientes en terapia intensiva. Asimismo, seis hospitales importantes del estado de Misisipi ya no tienen más capacidad en las unidades de cuidados intensivos.

Oficialmente, se ha registrado una cifra de 216.000 muertos por COVID-19 en Estados Unidos este año, pero un nuevo estudio de la revista de la Asociación Médica Estadounidense predice que la cifra total de muertes relacionadas con la pandemia, en 2020, podría alcanzar las 400.000

Esta información la revelaron los periódicos The Washington Post y The New York Times los cuales informaron que los funcionarios del gobierno de Trump declararon haber adoptado una política de permitir deliberadamente que gran parte de la población estadounidense se contagie del virus, con el fin de lograr la “inmunidad colectiva”.

Los expertos en Salud advierten que es posible que esa estrategia ni siquiera sea viable y que podría causar más de dos millones de muertes en el país. El lunes, en la ciudad de Ginebra, en Suiza, el director de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que la inmunidad colectiva sólo debe alcanzarse mediante la vacunación, no a través del contagio natural de la población.

Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo: “La inmunidad colectiva se logra protegiendo a las personas de un virus, no exponiéndolas a él. Nunca en la historia de la salud pública se ha utilizado la inmunidad colectiva como estrategia para responder a un brote, y mucho menos a una pandemia. Es problemático desde el punto de vista científico y ético”.

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