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La dignidad perdida del Estado frente al caso Wallace

El Estado mexicano se ha vuelto sordo, ciego y cínico ante la gran farsa del caso Wallace

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 Guadalupe Lizárraga

Cuando se vulnera la dignidad de otros seres humanos, dañamos también nuestra propia dignidad, nos recuerda Peter Bieri, en La dignidad humana. La afirmación me lleva a pensar en el caso Wallace y en su red de servidores públicos que por mera codicia han sido cómplices de la aberrante fabricación de culpables en México.

Hace un año, el 29 de marzo de 2019, expuse la falsedad del caso Wallace en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por mi voz, escuchó de la persecución desatada contra mi persona de parte de Isabel Miranda Torres después de revelar por años la fabricación de pruebas en el falso secuestro de su hijo Hugo Alberto. También escuchó de las amenazas que recibí en mis redes sociales de la diputada federal de MORENA, María de los Ángeles Huerta del Río, para que no mencionara el nombre de Isabel Miranda ni de su hijo en el foro que organicé en la Cámara de diputados sobre el tema.

En esa ocasión, López Obrador fue receptivo y dio la instrucción a sus subordinados que se atendiera el caso, especialmente por los riesgos que yo enfrentaba como periodista. Sin embargo, ha pasado un año y las víctimas siguen en prisión injusta con la esperanza en un hilo, toreando las embestidas de Miranda, y el disimulo de las autoridades. Hace más de un año, puse las denuncias formales ante la Fiscalía General de la República por la fabricación del secuestro de su hijo y por secuestro en grado tentativa contra mí en dos ocasiones. El fiscal Gertz Manero confirmó al presidente mis denuncias y dijo que se encontraba en etapa inicial la investigación contra Miranda. Incluso, me presenté varias veces con el fiscal para darle seguimiento a la información que aportaba, y presenté a la fiscalía y al Senado al padre biológico de Hugo Alberto, así como las evidencias de la fabricación de pruebas, dando él el testimonio de cómo lo obligaron a aportar una muestra de sangre. Di a los medios de comunicación los nombres de los agentes del Ministerio Público que trabajaron al servicio de Miranda para torturar, violar y hostigar a las víctimas con el fin de que se inculparan. Y sin embargo, el Estado ha sido sordo, ciego y cínico ante la contundencia de la farsa. Un estado que ha perdido su dignidad.

Los medios, de igual manera. ¿Qué dignidad puede tener el dueño del periódico El Universal al vender sus espacios a una torturadora que paga lo que sea para sostener la farsa del hijo secuestrado? ¿Qué dignidad puede tener un periodista que vende su nombre para legitimar la mentira a sabiendas que va la vida de otras personas? Da lo mismo que se llame Ciro Gómez Leyva que Anabel Hernández García, ambos han sido parte de la fabricación y del sufrimiento de muchas personas inocentes, además de las víctimas de Miranda, y ambos reciben aplausos por su inmoralidad.

El Universal no sólo fue constante en el apoyo al narcotraficante Genaro García Luna, quien junto con Isabel Miranda hizo de México un botín. También el diario puso a su reportera Icela Laguna, al servicio de la criminal de derechos humanos y exhibieron a personas inocentes como los peores delincuentes sólo por capricho de Miranda. Icela y Anabel se han mostrado como íntimas amigas, se citan en sus textos una a otra, y reproducen sin ningún pudor ético la información de los expedientes fabricados de los agentes del Ministerio Público al servicio también de Isabel Miranda. Eso, desde 2006. Y en los libros de Anabel, desde 2010. Pero lo más sorprendente es que en 2020, diez años después y con un supuesto cambio de régimen, la titular de la Agencia del Estado Notimex, Sanjuana Martínez, dé voz a Isabel Miranda como la única verdad, y dé trato de escoria a las verdaderas víctimas. ¿Qué dignidad puede tener una funcionaria pública como Martínez, servil a la criminal de derechos humanos por pura codicia y complicidad?

¿Qué dignidad pueden tener los funcionarios que usan nuestros recursos públicos para favorecer la inmoralidad de los macabros despropósitos de Isabel Miranda como lo hicieron con los de García Luna? ¿Qué dignidad puede tener un agente ministerial que le pagan para que viole sexualmente a los internos en prisión y luego en su casa llega a abrazar a su mujer y a sus hijos? ¿Qué dignidad puede tener un juez que cierra los ojos a la justicia por dinero? ¿Un abogado que simula actos jurídicos a cambio de varios millones de pesos como lo hizo el abogado José Patiño, recomendado por la asociación canadiense En Vero? ¿Cómo es posible que el Estado mexicano siga siendo la fuente de aberración en la fabricación de culpables y cobre años de vida de miles de personas inocentes a costa de la avaricia de unos cuantos?

Luchar contra el caso Wallace es luchar contra la crueldad y la corrupción del Estado. Un estado que fue secuestrado desde la administración de Fox, tiempo en el que crearon la farsa del secuestro Wallace, y consolidada en la administración de Calderón. Pero hoy, en la administración de AMLO, y con las contundentes evidencias de la falsedad del caso, las graves violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas y el deterioro de su salud, sólo puede pensarse que el Estado no ha logrado su liberación. Se trata de un poder judicial que dicta sentencias acordes a los beneficios económicos ofrecidos por los victimarios. Un poder legislativo que se vuelve cómplice por su silencio y simulación de cambio. Un poder Ejecutivo que no hace valer su palabra y tolera las indignidades de sus propios servidores públicos. Una sociedad cómplice por su tolerancia. Un Estado, pues, que ha perdido su dignidad.

Recientemente, un juez señaló como improcedente la libertad de George Khoury Layón, víctima del caso Wallace, pese a la petición de la Naciones Unidas después de investigar el caso y determinar que es inocente y que sus derechos humanos fueron violados. Otro juez negó beneficios básicos a las víctimas en respuesta a las compensaciones inmorales de Miranda. A César Freyre Morales de nueva cuenta le filtran llamadas telefónicas y le dan trato de “peligroso criminal”, y las torturas sufridas hasta 2017 para que se incriminara por la farsa Wallace son tomadas con toda normalidad por el Estado mexicano. Servidores públicos siguen desviando o copiado la correspondencia en los penales, los custodios siguen dando trato vejatorio a los internos, los medios y periodistas siguen haciendo eco de las calumnias a los culpables fabricados. Y sin embargo, todos –en México– ya saben que el caso Wallace es la gran farsa sostenida por el dinero mal habido de Isabel Miranda Torres; pero la entelequia llamada Estado sigue movida por los mismos actos inmorales de la corrupción y la codicia a costa de las vidas de las víctimas.

El mismo presidente López Obrador se refirió a la injusticia que viven las víctimas de fabricación de culpables como “secuestro de Estado”, reconoció que las violaciones de derechos humanos podrían incurrir en delitos de lesa humanidad, como es la detención arbitraria, tortura, violación y encarcelamiento injusto. El presidente lo ha reconocido en las cinco veces que le he expuesto de una u otra forma la situación de las personas en prisión injusta. No obstante, el problema persiste: la profunda fractura del Estado de derecho, y la falta de dignidad de un Estado que no termina de levantarse.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

El colombiano, operador político del gobernador de Quintana Roo, con vínculos al narcotráfico

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Los Ángeles Press/CDMX Press

Gerardo Ortega Otero, conocido como “El Colombiano” es uno de los mejores amigos y asesores del actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, quien también se ha desempeñado como uno de los operadores políticos más cercanos al mandatario estatal, ha sido señalado reiteradamente de estar coludido con el crimen organizado.

El Colombiano comenzó su carrera como vendedor de comida a unas cuadras del palacio de Solidaridad, donde se relacionó con el ahora gobernador de Quintana Roo, quien fue postulado como candidato a alcalde de esa demarcación por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En esa campaña electoral, Gerardo Ortega inició su trayectoria como operador político y desempeñó diferentes cargos como asistente, coordinador de logística, y recolector de las “aportaciones” voluntarias de los empresarios locales, quienes enfocaron sus intereses en la campaña de Carlos Manuel Joaquín.

Debido a que el hoy mandatario estatal posee la Playa del Carmen, el destino turístico más importante del sur del país, los empresarios apoyaron su campaña, mientras que el Colombiano adquirió distintas propiedades, aunque no correspondían con sus ingresos económicos como funcionario municipal.

El ex servidor público por medio de influencias y del apoyo del entonces alcalde pedía contribuciones económicas a comerciantes, empresas y grupos de la delincuencia organizada para establecerse en la región.

Como candidato de la coalición entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el Colombiano buscó recaudadores de su campaña a la gubernatura de Quintana Roo, por lo que al acceder al Poder Ejecutivo estatal impuso a su esposa Samaria Angulo Sala como regidora del municipio de Solidaridad.

Entre Estados Unidos y Colombia

Gerardo Ortega es también operador financiero de las avionetas del gobernador Joaquín González. Por lo menos realiza cinco viajes por mes a Colombia o a Estados Unidos. De acuerdo con la fuente, también ha permitido el arribo de los grupos de la delincuencia organizada en la entidad al ser el encargado de repartir los territorios entre los cuatro cárteles que tienen presencia en el estado, por lo que posee varias residencias que funcionan como casas de seguridad.

Construcción de muelles

Entre las excentricidades, el operador del gobernador de Quintana Roo, ha construido muelles en lugares estratégicos de Playa del Carmen. Sin embargo, los mismos trabajadores de la construcción se quejaron que no les pagó sus honorarios y fueron amenazados.

Gerardo Ortega tiene una influencia directa en las decisiones del gobierno estatal, pues funge como organizador de las fiestas privadas del gobernador, por lo que incluso la revista Forbes señaló que Quintana Roo se ha convertido en un paraíso perdido que está al borde del colapso.

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Estados Unidos

Diversidad de posiciones, fortalece comunidad mexicana: Cónsul de Nueva York

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Por Guadalupe Lizárraga

El cónsul general de Nueva York, Jorge Islas López, en entrevista para Los Ángeles Press, consideró que las críticas y diversidad de posiciones son una fortaleza de la comunidad mexicana en Nueva York, porque “eso demuestra que hay libertad, conciencia y pluralidad en la diversidad de posiciones”.

Señaló lo anterior, debido a que un grupo de mexicanos que se identifican como simpatizantes de MORENA, realizaron una protesta el jueves pasado frente al Consulado para pedir su renuncia, y anunciaron que volverán a hacerlo esta semana bajo el argumento de que “es del PRI” y “no los ha atendido”.

Sin embargo, el cónsul Islas López enfatizó que están tomando en cuenta las diferentes expresiones de inconformidad aunque no representen la mayoría, pero las consideró legítimas y auténticas, y dijo “necesarias, para hacer los cambios que se requieran a fin de satisfacer con la mayor amplitud posible, las peticiones que formula la comunidad”.

“Yo creo que la divergencia de criterios nos debe fortalecer, porque en lo esencial es en lo que debemos estar unidos, que es apoyar al que más necesita en condiciones de por sí complejas”.

Entre los vulnerables, dijo Jorge Islas López, “siempre hay alguien más vulnerable, y a ellos hay que tenderles la manos”. Señaló que el puente solidario debe proveerles de ayuda, pero también de dignidad para que busquen nuevas oportunidades de vida.

En cuanto a la pandemia que azota al mundo y ha afectado principalmente Nueva York, el cónsul dijo que se teme el regreso de brotes, como sucede en Europa, por lo que la comunidad mexicana debe estar unida y preparada, por lo que se atenderán “al menor tiempo posible y dadas la circunstancias” las peticiones de la comunidad.

 

Quién es el Cónsul

Especializado en Derecho Constitucional, encabeza la cátedra “Giovanni Sartori” en la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue abogado general de la misma universidad por designación del rector Juan Ramón de la Fuente, actual representante de México ante Naciones Unidad. Jorge Islas López ha sido promotor de los derechos humanos y derechos ambientales. Fue el autor de la primera disposición legal de los derechos de la “Madre Tierra” en las leyes mexicanas.

Pese a las críticas contra el cónsul por ser supuestamente contrario a los principios de MORENA, Jorge islas López fue designado como cónsul general de Nueva York directamente por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ratificado de manera unánime por el Senado de la República, en sesión realizada el 20 de marzo de 2019.

Manifestantes frente al Consulado de NY, pidiendo la renuncia del cónsul. Foto: detalle de video en las redes.

Más de 7 mil citas en el Consulado, pese a la pandemia

Para personas que requieran documentación consular, Jorge Islas dio el aviso de que la próxima semana darán más de 7 mil citas, pese a las circunstancias impuestas por la pandemia. Incluso están trabajando con las unidades móviles para atender diferentes puntos de la ciudad, sin que los mexicanos tengan que trasladarse a Manhattan.

 Como parte de las actividades consulares, Islas López emprendió la distribución de despensas a las familias más vulnerables, que han perdido sus empleos por el cierre de empresas ante las condiciones sanitarias extremas de una de las ciudades con mayor afectación del Covid 19.

También anunció que se abrirá la línea de Mexitel para dar las citas, además de que se dará orientación telefónica. Explicó que Mexitel es el concepto de un Call center, para dar las citas en todo el área consular, y evita que haya “coyotaje” y les cobren a los mexicanos por un derecho que es gratuito.

 

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El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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