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Con voz propia

La crisis de las instituciones en México

La crisis de las instituciones mexicanas ha sido generada en parte por los contubernios entre partidos, IFE, TRIFE y Suprema Corte de Jusiticia

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La parcialidad del IFE y del Tribunal Federal Electoral, parte de la crisis de las instituciones en México, Foto: quadratinmexico.com

Francisco Bedolla Cancino*

Si una fuerza viene cobrando forma y vigor creciente en estos primeros cien días de gobierno, es que el fantasma de la crisis campea por los pilares institucionales del Estado mexicano: el IFE, el IFAI, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia. Las cifras provenientes de los sondeos de opinión acerca de la desconfianza social que les rodea o, para decirlo con mayor crudeza y propiedad, de la alta confianza en que su papel estriba en traicionar el interés público para favorecer intereses particulares no confesables en público, es el síntoma irrebatible de que, quizás salvo el IFAI ─por ahora─, han fracasado en la superación del desafío más importante: el de la construcción de sus bases de legitimidad.

Que ello suceda precisamente en esas cuatro instituciones dista mucho de ser una casualidad. Las encomiendas que ellas están llamadas a desempeñar (arbitraje de las contiendas electorales, transparencia de la gestión gubernamental, impartición de la justicia e impartición de la justicia electoral, respectivamente) son, por naturaleza propia, funciones genuinamente estatales, cuyo cumplimiento depende de una condición necesaria, aunque nunca suficiente: la autonomía plena respecto de cualesquier agencias e intereses político-partidistas. Dicho en lenguaje llano y sin rodeos: la principal amenaza que estructuralmente se cierne sobre las instituciones que desempeñan funciones estatales estriba en quedar atrapadas o ser convertidas en apéndice de los intereses gubernamentales, de los partidos políticos y de los grupos de interés. He aquí en pocas palabras la relevancia de la autonomía como imperativo de funcionalidad de las instituciones estatales.

Nada más necesario hoy que revisar el último lapso de muestra historia institucional, que inicia con la reforma electoral de 1989-1990, en el cual surgen el IFE, el Tribunal Electoral y el IFAI, y cobra vida nueva, en un entorno no presidencialista, la Suprema Corte de Justicia. En todos los casos, hay brotes iniciales y esperanzadores de un desempeño autónomo, eficiente y responsable frente al interés y la opinión públicos. Y en todos los casos se ha producido un rendimiento menguante, con impactos de descrédito y pérdida de credibilidad. Si alguna duda cabe al respecto, es muy fácil de disipar a través de los datos y las tendencias que arrojan los estudios de opinión, destacadamente los ofrecidos por la ENCUP 2012 (Encuesta Nacional de Culturas Políticas y Participación Ciudadana) auspiciada por la Secretaría de Gobernación. Al respecto, más allá de que el dato no le preocupe mayormente a su consejero presidente, Leonardo Valdés (véase la entrevista publicada en Reforma el pasado domingo), el caso más dramático sea el del IFE, cuya tasa de confianza hacia 2001 alcanzaba los 70 puntos porcentuales y que hoy ronda en promedio los 40 puntos.

¿Cuáles son las razones de la crisis de las instituciones del Estado mexicano, expresada como pérdida tendencialmente acelerada de confianza social y de legitimidad sociopolítica? He aquí una pregunta de tesis doctoral, pero que exige ser tomada seriamente en cuenta, a fin de evitar la debacle de nuestro Estado en su conjunto y de convertirlo en pilar de competitividad y desarrollo. La respuesta a tal pregunta, a mi entender, ha de ser encajada en el marco de la pérdida de la autonomía funcional de dichas instituciones o, si así prefiere verse, en la victoria de las lógicas e intereses partidocráticos sobre las lógicas del interés estatal y público.

No es difícil de imaginar cómo ha sido posible la perversión de las instituciones estatales. Quizás ni los partidos ni los ciudadanos nos preparamos lo suficiente para lidiar con la incertidumbre democrática ni con el imperio de la ley; y seguramente tampoco fuimos lo suficientemente precavidos e inteligentes para dotarnos con diseños institucionales a prueba del acoso pujante de los contubernios conformados por agentes partidistas, agentes gubernamentales y grupos de interés. Menos incierto es que hasta ahora han ganado la batalla quienes prefieren un árbitro (IFE) y un juez electoral (Tribunal Electoral) favorablemente imparciales, un impartidor de justicia “privatizado” (Suprema Corte) y un ente que no se tome tan a pecho garantizar el derecho del público a la información pública y la protección de los datos personales.

La arena en la que los intereses contrarios al Estado mexicano y al interés público nacional han establecido su triunfo inobjetable es en la designación de quienes integran los cuerpos colegiados de dirección: consejerías y magistraturas. Es del dominio público pleno que el mecanismo utilizado en la integración de dichos órganos es el reparto por cuotas entre los tres principales partidos políticos nacionales. Precisamente por ello, allí reside la primera área de oportunidad para impulsar una salida a la crisis de las instituciones estatales. Las elites partidarias y sus fracciones en el Poder Legislativo, con un poco de voluntad política, están en posibilidad de buscar un mecanismo que sustituya sus afanes de garantías de certeza, mediante la designación de escuderos propios, con mecanismos de asignación simétrica de la incertidumbre, sustentados en perfiles muy bien diseñados, pruebas de reclutamiento y selección genuinamente objetivas e imparciales, que culminen en la designación de funcionarios ética y profesionalmente garantes de la autonomía institucional.

El tiempo apremia especialmente para el IFE. El compromiso público de separar la sustitución del consejero electoral renunciante de la designación de tres nuevos consejeros y del consejero presidente, que cumplen su periodo en octubre del presente año, podría desatar los demonios de las cuotas partidistas y profundizar la crisis del árbitro electoral federal e incluso tornarla irreversible. Más conveniente sería empaquetar la solución bajo una lógica de solución en clave de problema estatal.

En el contexto descrito poco lugar hay a la crítica profunda de que, salvo notables excepciones, los integrantes de dichos órganos practiquen intencionalmente la miopía e incluso la ceguera, ignorando el descrédito en que están sumidos y la profunda crisis institucional que existe, ni tampoco que se comporten como saltimbanquis en el juego perverso de los intereses particulares a los que sirven, porque, a final de cuentas, dadas las reglas del juego imperante, de eso viven y, además, muy bien remunerados.

 

* Analista político.

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Claudia Sheinbaum: accidentes del Metro y procesos Kafkianos

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Claudia Sheinbaum Metro CDMX

 

Por Alberto Farfán

Se ha dicho que si el extraordinario escritor Franz Kafka (1883-1924) hubiera nacido en México, su obra no se consideraría universal, sino costumbrista, pues buena parte de lo que expone en su literatura guarda estrecha relación con la estulticia de los gobernantes de nuestro país en sus diferentes momentos y con sus respectivos partidos en detrimento de la ciudadanía, en donde ningún régimen resulta exento. Pues no hay que olvidar que nuestro autor efectúa en sus historias una fusión de elementos realistas y fantásticos bajo una atmósfera que gira en torno a la filosofía del absurdo.

Recordemos que en columna anterior (09/01/23), relativa a los accidentes e incidentes en el Metro, indicamos que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, habría asegurado que los problemas en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) obedecían a una campaña o complot en su contra con el objeto de defenestrarla. Y suponiendo que así fuera planteamos que lo conducente era solicitar apoyo a los centros de inteligencia capitalinos y también del gobierno federal. Pero no. Pues, por un lado, se oficializó que lo que ocurría en realidad eran acciones de sabotaje, palabras mayores sobre las cuales al momento inicial de pronunciarlas jamás se presentaron pruebas. Es decir, tanto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como la propia jefa de Gobierno procedieron como la oposición política y la prensa corporativa anti-AMLO, como expertos de alto nivel. Y no lo son. ¿Los critican y actúan igual?

Por otro lado, lo que hizo Sheinbaum, con la anuencia (¿las órdenes?) de AMLO, fue imponer a la Guardia Nacional en las instalaciones de este transporte, pero absurdamente como vigilantes comunes y corrientes, no como elementos de inteligencia, o sea, como si fueran policías de los que ya existen y que nunca detectaron sabotaje alguno. Pero como la propaganda pro-Sheinbaum debe proseguir, en estos días debido a que continuaron los no incidentes sino los hechos “atípicos” en el Metro, como han preferido llamarlos la jefa y el presidente con un sesgo infantil, curiosamente la burocratizada Fiscalía General de Justicia de esta capital, a cargo de Ernestina Godoy Ramos, rauda y veloz como nunca ha presentado un par de reportes en donde se supone que se encontraron pruebas del presunto sabotaje, acusando a personal sindicalizado como los perpetradores. Aunque ya respondió el sindicato para negar dichas conclusiones. Confrontación que va a ser interesante monitorear.

Por si te lo perdiste: Claudia Sheinbaum y su criminal irresponsabilidad con el Metro – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Peor aún, una señora de bajos recursos que todo indica que accidentalmente dejó caer a las vías del metro unas aspas de plástico de una lavadora fue detenida por ¡“ataques a las vías de comunicación”! (y nada más faltó que le hubieran imputado el cargo de terrorismo), y de inmediato los fanáticos del partido en el poder celebraron en redes sociales su puesta a disposición a las autoridades y la presunta confirmación del real sabotaje, satanizándola en esas mismas redes. Tal y como actúa la oposición, o sea que sí son iguales. Y en efecto, autoritariamente la señora Viviana “N” fue encarcelada durante dos días en el penal femenil de Santa Martha Acatitla. Pero, ¡oh, Kafka!, días después Martí Batres, secretario de Gobierno, salió sin vergüenza alguna con la noticia de que la mujer fue liberada porque la Fiscalía “determinó que no hay elementos para continuar con la investigación» y el correspondiente proceso judicial (¿al final ocurrirá lo mismo en la pugna entre gobierno y sindicato?, no lo dudo), pues la acusada tuvo que demostrar su inocencia, y lo hizo plenamente con pruebas. Cuando esto le correspondía a la autoridad, no a la imputada.

Ciertamente, todo este asunto del STC pareciera una historia kafkiana por la serie de excesos, incongruencias, afirmaciones, desmentidos, acusaciones, metamorfosis, procesos y demás, todo un espectáculo del absurdo propio de su época, pero la gran diferencia es que en las historias de nuestro autor lo plasmado es ficción, aunque hace alusión a la realidad. En cambio, en el Metro de la Ciudad de México ha habido muertos y heridos de gravedad realmente, y de los que nadie quiere hacerse responsable, arguyendo que la víctima es Sheinbaum, no la ciudadanía; como si la opinión pública no razonara. ¿Alguna vez veremos en prisión a los autores intelectuales y materiales de todo ello, a los culpables por omisión o comisión?  En este régimen no lo creo.

Entérate cómo fue: Colapso del metro de la CDMX en Olivos suma 23 muertos – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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Con voz propia

El hartazgo, un gran elector

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AMLO mañanera

TRAS BAMBALINAS

Por Jorge Octavio Ochoa

A poco más de un año de que se realice una de las contiendas electorales más delicadas en la historia del país, es un hecho que la tensión y la violencia política se dibujan en el horizonte.

Las teorías de conspiración, sublevación y sabotaje, lanzadas por el mismísimo presidente de la república, pululan y están en operación. Son parte de la estrategia de Morena para enfrentar a una oposición que, dicho sea de paso, no muestra nada, pero se les necesita.

Sea como sea, ambos bandos, según se ve, están dispuestos a llevar la sangre al río, y a echar mano de todas las mañas que han aprendido en su paso por el gobierno, pero ahora acompañados por el crimen organizado.

La guerra sucia 

Así, la confrontación está en espera de la primera chispa. El epicentro de la conflagración, curiosamente, no está en el Estado de México ni en Coahuila, donde habrá elecciones este año. Será esta vez la Ciudad de México.

Unos y otros están dispuestos a todo, echando mano a las peores mañas de sus años en el poder como PRD, PAN, PRI, MORENA. El primer cedazo estará en los dos comicios señalados. De los resultados, se verá hasta dónde escala la reacción.

Guerra Sucia y Montaje, son las dos nuevas expresiones que se suman al vocabulario de este año. Junto con éstas, menudearán las denuncias anónimas, la aparición de propaganda subversiva y los mensajes intimidantes.

Sin embargo, por el momento, la máxima expresión de Guerra Sucia y Montaje que podemos destacar en estas horas, es el Plan B que pretende imponer el presidente López Obrador bajo argumentos absolutamente falsos y tramposos.

Es increíble que sea el propio titular del Ejecutivo federal, el principal instigador de esta violencia verbal que ya permea por todos los frentes. Poco le importa que haya sangre. Es la disputa del poder por el poder.

Sus seguidores hablan desde ahora, de una supuesta “Guerra Sucia”, porque “descubren” (y aún no se ha comprobado el origen) unos volantes de propaganda en contra de Claudia Sheinbaum, favorita del presidente. Pero no les parece “SUCIO” el Plan B del mandatario.

Para que la sociedad pueda contrastar el tamaño de la suciedad y lo monstruoso de las enmiendas electorales que están a punto de entrar en juego si la Suprema Corte no las frena, destacaremos sólo algunos puntos:

1.- Serán despedidos más de 2 mil 700 trabajadores del INE en todo el país, que se han especializado en el manejo electoral de la información e incluso tomaron cursos para ello. Es el punto más grave de la iniciativa presidencial.

2.- Para suplantar a estos trabajadores y representaciones del INE, el gobierno de López Obrador piensa instalar oficinas en instituciones de gobierno, para expedir desde ahí la credencial para votar con foto.

Será Gobernación quien, tácitamente, controle nuevamente el proceso. No hay, por tanto, garantía ni seguridad en el uso de datos personales que entrarían nuevamente al limbo del uso político-policiaco, que ellos llamarán ahora “inteligencia militar

3.- Proponen “facilitar” el voto en el extranjero, con documento “alterno” a la credencial de elector. No serán las autoridades electorales quienes lo regulen. Será el gobierno federal, a través de Gobernación, como en los tiempos de Bartlett pues.

4.- El Plan B permitirá no sólo que los candidatos y partidos rebasen los topes de campaña; tampoco tendrán que informar de sus gastos de precampaña. El dinero sucio podrá fluir sin rubor alguno.

5.- Con la Nueva Ley de Comunicación, los funcionarios de los tres niveles de gobierno y de todas las dependencias podrán hablar libremente de sus preferencias, sin que esto se considere un delito electoral, como actualmente está configurado.

Así, incluso días previos a la elección, un gobierno federal, estatal o municipal podrá realizar actos inaugurales para presumir obras y proyectos que catapulten a determinado partido político y realizar gastos y concentraciones para dichos eventos.

Ése es el tamaño del monstruo que pretende imponer a los mexicanos el actual mandatario.

La mentira

Bajo el burdo pretexto de la “austeridad”, López Obrador ha iniciado esta andanada, aunque en los hechos él no practica ni de lejos esa política, e incluso permite abiertamente la corrupción, como puede verse en la cuenta pública del INSABI del 2020.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió ese año, un enorme boquete de 8 mil millones de pesos sin comprobar, luego de la pandemia del Covid19, cuando supuestamente compró ventiladores que no llegaron a todos los estados o no servían.

Recuérdese que uno de los involucrados en este asunto es el hijo de Bartlett quien, a través de una de sus empresas, vendió a sobre precio y a destiempo, ventiladores al IMSS para atender la emergencia sanitaria.

Aunque se comprobaron todas las irregularidades, que partieron de información falsa presentada por la empresa de Bartlett, un tribunal suspendió la sanción con argumentos “leguleyos”, como diría el propio López Obrador.

El hecho es que 650 ventiladores no fueron entregados el 30 de abril del 2020, que era la fecha tope del contrato. El costo para el erario fue superior a los 920 millones de pesos. El tema fue sepultado por el régimen.

Además, el INSABI no comprobó gastos en insumos para atender a los enfermos de Covid, ni para la distribución de material médico. Pero, como para el presidente “La ley no es la ley”, la dependencia nunca respondió los requerimientos de la ASF.

El cinismo

Pero eso sí, el presidente y su partido han arrancado, desde estos días, la promoción de sus “corcholatas” a través de sus gobernadores lo que, a todas luces, parece promoción anticipada.

Abiertamente, Mario Delgado envió una carta, el 14 de enero, a los gobernadores emanados de su partido, a los que pidió fortalecer la presencia de los señalados por el señor del Palacio Nacional; dígase “Las Corcholatas”, en abierta prostitución de la política.

Luego, como queriendo salvar un poco la honra, abrió la puerta de última hora a Ricardo Monreal, que fue añadido a regañadientes; después a Fernández Noroña, quien casi casi entró por la puerta del baño.

Lo que antes hacía el PRI en lo oscurito, MORENA lo hizo con luces y sonido: el Secretario de Gobernación (una de las Corcholatas) reunió a los gobernadores de Morena y al presidente y la secretaria de ese partido: Mario Delgado y Citlalli Hernández.

Ahí fue donde se les pidió a todos los gobernadores “fortalecer” la presencia de los señalados por el señor. Actos anticipados de campaña: ¡dos años antes de que siquiera empiece la campaña! Ese es el tamaño de la trampa.

Lo que viene

La semana pasada, la Suprema Corte (ésa de la que tanto se queja AMLO) aprobó una enmienda que permite a los militares realizar detenciones o capturas, sin la obligación de avisar a mando policial civil alguno.

Si de pronto usted es sorprendido realizando algún acto que les parezca sabotaje, como los del Metro, podrá ser detenido. Y su paradero podría quedar en la secrecía hasta que los militares decidan cuando avisar a los familiares.

Está, además en marcha, un proceso de ideologización que muchos no han querido ver. El presidente López Obrador permitió la contratación del venezolano Sady Arturo Loaiza Escalona, subdirector en la SEP desde enero del año pasado.

Él encabeza, junto con Marx Arriaga Navarro, el rediseño y contenido de los libros de texto y materiales pedagógicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México. Ellos realizarán “cambios de fondo” en la estructura y materiales de primaria y secundaria.

Plantean eliminar conceptos como “eficiencia”, “competitividad”, “productividad” y “sociedad del conocimiento” porque, dicen, son conceptos “neoliberales”. Él gana 28 mil pesos al mes por sembrar estas teorías.

Fue funcionario activo del actual presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, en la Biblioteca Nacional de Venezuela del 24 de noviembre de 2014 al 1 de septiembre de 2018. La biblioteca está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura

Loaiza Escalona también fue director general de proyectos especiales del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales del gobierno de Venezuela. Podemos entender entonces el corte de su enseñanza.

Si la sociedad mexicana ve ahora estas alertas, después le sobrarán décadas para arrepentirse. Sea como sea, así como en el 2018, el hartazgo será lo que defina al ganador. La diferencia serán los niveles de violencia. No habrá quien la pueda o quiera parar.

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Con voz propia

El silencio ante los crímenes de Isabel Miranda de Wallace

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Las autoridades han guardado silencio con los delitos de Isabel Miranda de Wallace

Por Miguel Montesinos León

El 24 de enero de este 2023 fue lanzado el libro La vida impune: Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace. La autora Guadalupe Lizárraga, periodista y directora de Los Ángeles Press, con estudios en la UNAM y maestría y doctorado en Europa, da a conocer al público y a la clase política los alcances que una persona perversa, coludida con políticos de la talla de Genaro García Luna, Felipe Calderón, y los que participaron en los actos violatorios de la Ley en todos los sentidos. La periodista revela cómo estos personajes han ido dejando a su paso personas detenidas injustamente y torturadas, impunemente, y hasta la fecha algunas con sentencias exageradas, pero todos con secuelas físicas de por vida.

A las autoridades no les ha importado ser expuestos públicamente por brindarle todo el apoyo político y económico a Isabel Miranda de Wallace aún cuando se han evidenciado sus acciones ilícitas.

Para saber más del tema: ‘La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace’, el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

El actual fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, la ex secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez se han entrevistado con la autora de este y otros libros, en los que a través de sus investigaciones ha recopilado, editado y publicado el historial criminal de Isabel Miranda de Wallace.

Los funcionarios todos se comprometieron a iniciar las investigaciones pertinentes y necesarias, para darle seguimiento a estas denuncias públicas; y hasta la fecha no se han pronunciado al respecto. ¿Es tanto el poder con el que cuenta Miranda que a este gobierno también lo tiene de rodillas?

Nos hace suponer que detrás de toda su impunidad y protección del gobierno federal -tanto de Felipe Calderón como de Peña Nieto y el actual con López Obrador– están corrompidos por las células criminales a las qué pertenece Isabel Miranda. No se entendería de otra forma el por qué la justicia no se aplica en su contra ni tampoco se libera a las víctimas de sus violaciones de derechos humanos y detenciones evidenciadas en los libros de la periodista Guadalupe Lizárraga, quien ha presentado ante organismos extranjeros solicitud de apoyo para liberar a los presos de Isabel Miranda.

Para saber más del tema: Isabel Miranda de Wallace admite responsabilidad en las torturas de sus inculpados

 

Guadalupe Lizarraga ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo en las investigaciones durante diez años y ha tenido dos intentos de secuestro y privación de su vida misma, ha interpuesto denuncias ante la FGR y con todas las pruebas fehacientes del caso, las autoridades siguen ciegas y mudas. Ha denunciado la persecución también ante López Obrador en sus conferencias mañaneras y así como ése y otros casos los ha expuesto, casos de detenidos por falsa acusación con delitos inventados, todos documentados.

Ni el mismo presidente de México ha intentado por lo menos aplicar la justicia. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el poder de indultar a las personas detenidas por este caso y llevar a la justicia a los autores intelectuales y materiales de estas graves violaciones; sin embargo, se irá López Obrador y las víctimas seguirán en prisión, mientras sus acusadores criminales libres.

 

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