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La crisis de las instituciones en México

La crisis de las instituciones mexicanas ha sido generada en parte por los contubernios entre partidos, IFE, TRIFE y Suprema Corte de Jusiticia

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La parcialidad del IFE y del Tribunal Federal Electoral, parte de la crisis de las instituciones en México, Foto: quadratinmexico.com

Francisco Bedolla Cancino*

Si una fuerza viene cobrando forma y vigor creciente en estos primeros cien días de gobierno, es que el fantasma de la crisis campea por los pilares institucionales del Estado mexicano: el IFE, el IFAI, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia. Las cifras provenientes de los sondeos de opinión acerca de la desconfianza social que les rodea o, para decirlo con mayor crudeza y propiedad, de la alta confianza en que su papel estriba en traicionar el interés público para favorecer intereses particulares no confesables en público, es el síntoma irrebatible de que, quizás salvo el IFAI ─por ahora─, han fracasado en la superación del desafío más importante: el de la construcción de sus bases de legitimidad.

Que ello suceda precisamente en esas cuatro instituciones dista mucho de ser una casualidad. Las encomiendas que ellas están llamadas a desempeñar (arbitraje de las contiendas electorales, transparencia de la gestión gubernamental, impartición de la justicia e impartición de la justicia electoral, respectivamente) son, por naturaleza propia, funciones genuinamente estatales, cuyo cumplimiento depende de una condición necesaria, aunque nunca suficiente: la autonomía plena respecto de cualesquier agencias e intereses político-partidistas. Dicho en lenguaje llano y sin rodeos: la principal amenaza que estructuralmente se cierne sobre las instituciones que desempeñan funciones estatales estriba en quedar atrapadas o ser convertidas en apéndice de los intereses gubernamentales, de los partidos políticos y de los grupos de interés. He aquí en pocas palabras la relevancia de la autonomía como imperativo de funcionalidad de las instituciones estatales.

Nada más necesario hoy que revisar el último lapso de muestra historia institucional, que inicia con la reforma electoral de 1989-1990, en el cual surgen el IFE, el Tribunal Electoral y el IFAI, y cobra vida nueva, en un entorno no presidencialista, la Suprema Corte de Justicia. En todos los casos, hay brotes iniciales y esperanzadores de un desempeño autónomo, eficiente y responsable frente al interés y la opinión públicos. Y en todos los casos se ha producido un rendimiento menguante, con impactos de descrédito y pérdida de credibilidad. Si alguna duda cabe al respecto, es muy fácil de disipar a través de los datos y las tendencias que arrojan los estudios de opinión, destacadamente los ofrecidos por la ENCUP 2012 (Encuesta Nacional de Culturas Políticas y Participación Ciudadana) auspiciada por la Secretaría de Gobernación. Al respecto, más allá de que el dato no le preocupe mayormente a su consejero presidente, Leonardo Valdés (véase la entrevista publicada en Reforma el pasado domingo), el caso más dramático sea el del IFE, cuya tasa de confianza hacia 2001 alcanzaba los 70 puntos porcentuales y que hoy ronda en promedio los 40 puntos.

¿Cuáles son las razones de la crisis de las instituciones del Estado mexicano, expresada como pérdida tendencialmente acelerada de confianza social y de legitimidad sociopolítica? He aquí una pregunta de tesis doctoral, pero que exige ser tomada seriamente en cuenta, a fin de evitar la debacle de nuestro Estado en su conjunto y de convertirlo en pilar de competitividad y desarrollo. La respuesta a tal pregunta, a mi entender, ha de ser encajada en el marco de la pérdida de la autonomía funcional de dichas instituciones o, si así prefiere verse, en la victoria de las lógicas e intereses partidocráticos sobre las lógicas del interés estatal y público.

No es difícil de imaginar cómo ha sido posible la perversión de las instituciones estatales. Quizás ni los partidos ni los ciudadanos nos preparamos lo suficiente para lidiar con la incertidumbre democrática ni con el imperio de la ley; y seguramente tampoco fuimos lo suficientemente precavidos e inteligentes para dotarnos con diseños institucionales a prueba del acoso pujante de los contubernios conformados por agentes partidistas, agentes gubernamentales y grupos de interés. Menos incierto es que hasta ahora han ganado la batalla quienes prefieren un árbitro (IFE) y un juez electoral (Tribunal Electoral) favorablemente imparciales, un impartidor de justicia “privatizado” (Suprema Corte) y un ente que no se tome tan a pecho garantizar el derecho del público a la información pública y la protección de los datos personales.

La arena en la que los intereses contrarios al Estado mexicano y al interés público nacional han establecido su triunfo inobjetable es en la designación de quienes integran los cuerpos colegiados de dirección: consejerías y magistraturas. Es del dominio público pleno que el mecanismo utilizado en la integración de dichos órganos es el reparto por cuotas entre los tres principales partidos políticos nacionales. Precisamente por ello, allí reside la primera área de oportunidad para impulsar una salida a la crisis de las instituciones estatales. Las elites partidarias y sus fracciones en el Poder Legislativo, con un poco de voluntad política, están en posibilidad de buscar un mecanismo que sustituya sus afanes de garantías de certeza, mediante la designación de escuderos propios, con mecanismos de asignación simétrica de la incertidumbre, sustentados en perfiles muy bien diseñados, pruebas de reclutamiento y selección genuinamente objetivas e imparciales, que culminen en la designación de funcionarios ética y profesionalmente garantes de la autonomía institucional.

El tiempo apremia especialmente para el IFE. El compromiso público de separar la sustitución del consejero electoral renunciante de la designación de tres nuevos consejeros y del consejero presidente, que cumplen su periodo en octubre del presente año, podría desatar los demonios de las cuotas partidistas y profundizar la crisis del árbitro electoral federal e incluso tornarla irreversible. Más conveniente sería empaquetar la solución bajo una lógica de solución en clave de problema estatal.

En el contexto descrito poco lugar hay a la crítica profunda de que, salvo notables excepciones, los integrantes de dichos órganos practiquen intencionalmente la miopía e incluso la ceguera, ignorando el descrédito en que están sumidos y la profunda crisis institucional que existe, ni tampoco que se comporten como saltimbanquis en el juego perverso de los intereses particulares a los que sirven, porque, a final de cuentas, dadas las reglas del juego imperante, de eso viven y, además, muy bien remunerados.

 

* Analista político.

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Jorge Hank Rhon y Julián Leyzaola, una mancuerna electoral de terror en Baja California

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Por Kristian Camarena-Sánchez

Desde los nazis de hace 80 años, en los tribunales internacionales hay algo que no se perdona: la tortura. Y en pleno 2021, Julián Leyzaola y el Partido Encuentro Solidario (PES) de Baja California no lo han entendido, y se empeñan en que el exmilitar debe ser candidato a alcalde y acompañar a Jorge Hank Rhon en la Campaña Electoral de este año.

Lo cierto es que esto no sólo radica en el empeño del PES y de Leyzaola, sino también en el de Jorge Hank, quien sigue considerando que el exmilitar en retiro y prófugo de la justicia debe ser su candidato a la alcaldía de Tijuana.

Tan es así, que ayer en su acto de campaña en el Estadio Caliente, aplaudió la presencia de Juliana Leyzaola, la hija del ex secretario de Seguridad Pública de Tijuana que lleva casi 10 meses sin dar la cara porque lo detiene la policía.

“Le tienen miedo”, dijo Hank Rhon, mientras juntaba los cinco dedos en señal de cuchi cuchi.

Hace unos días el Instituto Estatal Electoral (IEE) aprobó que la Carta de Residencia no es el único formato para que los candidatos demuestren que viven en la ciudad y se puedan registrar para la Alcaldía.

Los aplaudidores incomprensibles de Julián Leyzaola modificaron las cosas y viralizaron que éste no necesitaba la Carta de Residencia, pero sin mencionar que cualquiera de los otros medios también requiere la presencia del exmilitar.

Fue así, como el jueves pasado la gente de Leyzaola Pérez diseminó en redes sociales que éste ya era prácticamente el candidato a la Presidencia Municipal de Tijuana por el PES.

Mentira en despoblado: Lo que el IEE resolvió es que la Carta de Residencia no es el único método que un candidato puede presentar para demostrarse tijuanense; sin embargo, los otros posibles requieren igualmente la llegada y presencia de Julián Leyzaola, y en cualquiera de estas posibilidades lo van a detener.

Independientemente de todos los entuertos locales que Hank Rhon busque desde su dinero, el exmilitar no será candidato a Alcalde porque la Constitución Política de México se lo prohíbe debido a que tiene una orden de aprehensión vigente.

En el artículo 38, inciso V, de la Carta Magna, se indica la suspensión de los derechos ciudadanos “por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal”.

Hank puede decidir desde hoy lunes, en el segundo día de su campaña, no seguir apoyando la faramalla de candidatura inexistente de Leyzaola, pero seguramente esperará hasta el 18 de abril para modificar sus pasiones, en vista de que al día siguiente inician las campañas para Alcalde.

El exreo por acopio de armas, Jorge Hank Rhon, va a gastar las primeras dos semanas de su campaña en proteger y sostener en el discurso al prófugo de la justicia por tortura, Julián Leyzaola Pérez.

Al parecer, está el canasto pa’l garrero

Esto lo saben todos en ese circulito pequeño de intereses creados. Lo sabe el presidente en funciones del Partido Encuentro Solidario (PES), Alfredo Ferreiro; lo sabe el diputado Héctor Cruz Aparicio, que obtiene favores usando el nombre de su jefe el exmilitar; lo saben Hank Rhon y Julián Leyzaola, los principales interesados.

Pero quienes no lo saben, son los ciudadanos. Porque desde el poder del dinerote les han hecho creer que todo es posible si llega un costal de dólares a la persona adecuada.

Muy mal hace el PES y Hank en poner a Leyzaola como una víctima del sistema que hoy lo busca por tortura, cuando en el pasado, fue el victimario del sistema que le dio trabajo como Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana.

Engañan a la ciudadanía y ésta se alebresta en favor de un sujeto que pateaba detenidos con sus botas de casquillo tipo militar.

En el equipo del magnate Jorge Hank Rhon los que tienen miedo son ellos mismos, porque saben que van a perder la contienda si se siguen esforzando en darle cabida a la obsesión del ingeniero.

Pero Hank Rhon es obsesivo hasta los dientes; él está seguro de poder cargar con su leyendota negra y con la de Leyzaola durante la Campaña Electoral 2021.

A ver si cuando se esté lamiendo las heridas por haber perdido otra vez la gubernaturano se arrepiente.

DE LA AMENAZA: “Yo pienso hacer exactamente lo mismo del municipio cuando estuve aquí, pero ahora en el Estado”, dijo Jorge Hank Rhon en su evento de ayer en el Estadio Caliente.

Fuente: glocal.com.mx

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Exfuncionarios hidalguenses detrás de inversión millonaria en torre habitacional

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Ambos políticos hidalguenses han edificado más de 10 mil viviendas en desarrollos inmobiliarios al interior del país y para ello han constituido diversas sociedades; aunque quieran esconder el origen de las inversiones, el rastro de los hombres de confianza que dejan al frente llevan siempre a ellos

Por Emmanuel Ameth

El pasado 24 de marzo fue anunciada una inversión de 260 millones de pesos para edificar la Torre AG en la zona plateada de Pachuca, misma que en sus 20 niveles albergará 97 departamentos y 176 cajones de estacionamiento; aunque la cara pública del proyecto fue el empresario Ricardo Mejía Pesquera, una serie de conexiones llevan a nombres como el del exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto así como del exdirector de Infonavit David Penchyna Grub, entre otros.

La riqueza generada a partir de información privilegiada y presuntos actos de corrupción confabulados desde distintos puestos públicos y sus conexiones, les han permitido constituir una serie de sociedades a partir de las cuales han podido comercializar más de 10 mil viviendas al interior del país.

La misma Policía Federal ha dado cuenta de estos manejos político-empresariales pero por alguna razón, las investigaciones no llegaron a judicializarse en el sexenio pasado y parece que en el presente tampoco se han tenido avances significativos, si bien existen otras pesquisas que podrían llevar a la cárcel a los involucrados.

Las dudas sobre el representante del proyecto

De acuerdo con la misma información que Spazios ha hecho pública, el grupo empresarial también ha edificado desarrollos como Mina Real en Zona Plateada, Los Frailes Residencial en Ex Hacienda la Concepción, Valle del Sol al sur de la ciudad, así como Don Carlos en Tizayuca (cabe señalar que pese a los millonarios ingresos, solamente la página de Spazios está activa y está “en construcción”).

Si bien el ramo de la construcción es altamente lucrativo y permitiría seguir invirtiendo en otros proyectos, destaca que en 3 de los 4 desarrollos citados, pese a llevar algunos más de una década en comercialización, la totalidad de lotes no han sido vendidos aún, lo que disminuye considerablemente la liquidez para hacer nuevas inversiones.

Dicho argumento planteó dudas que motivaron la presente investigación, pues a diferencia de un fraccionamiento, una torre requiere de una inversión inicial considerable de la que no podrían darse el lujo de inyectar capital conforme vayan avanzando las ventas, pues los propietarios del proyecto no pueden esperar años a que avancen las ventas -como sucedió en sus otros desarrollos- para ver el complejo terminado, pues en general se dificulta que habiten si continúa la construcción en pisos posteriores.

También está el currículum -en poder de este medio-, donde se establece que Mejía Pesquera es directivo y socio de Grupo MB desde 2006, dentro del cual destacan empresas como Vipegasa SA de CV, PAK Desarrollos Sa de CV, Argenta Condominial SA de CV y Spazios.

Si bien la sociedad le permitiría ser poseedor de algún porcentaje de la renta en los desarrollos, llama la atención que no se presente como dueño o principal accionista de ninguna de las anteriores, además de vislumbrarse que hay más personas involucradas en los proyectos.

Las conexiones que llevan a los probables verdaderos inversionistas

La Torre AG, de la que Mejía Pesquera es el rostro público, es desarrollada por Spazios.

Spazios, entre otros desarrollos, tiene a Los Frailes Residencial (VÉASE AQUÍ).

La constructora que edifica y “comercializa” los espacios -es decir, no es sobre pedido ni a petición de particulares- en Los Frailes Residencial es Constructora Maroja (VÉASE AQUÍ), misma que incluso es promocionada por el medio de Marín Huazo -vinculado a Núñez Soto en el escándalo del GACM donde el exgobernador lo favoreció con un contrato irregular por 5 millones de pesos-.

Constructora Maroja edifica en Valle del Sol -del mismo grupo que Spazios- así como en Bosques de Santiago (VÉASE AQUÍ).

Bosques de Santiago es un complejo propiedad de Desarrolladora E-Hogar (VÉASE AQUÍ).

Según el documento PF/DINV/CIC/DGIDA/5097/2018 de la Policía Federal, elaborado en noviembre de 2018, Desarrolladora E-Hogar es la única empresa de entre todas las que posee Manuel Ángel Núñez Soto, que es declarada como su propiedad (VÉASE AQUÍ). Incluso, figura en sus redes sociales (VÉASE AQUÍ).

Manuel Ángel Núñez Soto está al frente de la CAMORRA DEL ÁNGEL, grupo de políticos y empresarios que han desarrollado más de 10 mil viviendas en el país valiéndose de diversas irregularidades -que este medio ya ha documentado en una investigación especial- y donde figuran como socios el exdirector del Infonavit David Penchyna Grub así como el actual director de Bancomext y Nafin de la SHCP Carlos Noriega Romero, entre otros.

El negocio de la Zona Plateada

Como destacan las investigaciones “La Cofradía Tuza” de Proceso y “Las artimañas legales” de El Universal, la zona plateada se convirtió en un botín para los entonces funcionarios del más alto nivel en Hidalgo: primero con Jesús Murillo Karam y luego con Manuel Ángel Núñez Soto.

Primero cerraron los flujos de aguas negras para los ejidatarios de Venta Prieta con la intención de dejarlos en la hambruna y la desesperación. Posteriormente les ofrecieron un pago ínfimo por sus tierras, el cual además tardó años en llegar y sólo una fracción, pues aparentemente entre tantas manos, gestores de gobierno y representantes, la mayor parte del recurso se perdió.

En ese entonces les comentaron sobre un proyecto único a nivel nacional, donde participaría el gobierno, la iniciativa privada y los empresarios para el complejo denominado Zona Plateada.

El gobierno actualmente participa absorbiendo diversos gastos mientras que los entonces funcionarios se hicieron de grandes extensiones de tierra desde las cuales realizan sus negocios, siendo el preferido, el de bienes y raíces. A los ejidatarios no les tocó nada.

Familiares de Murillo Karam, prestanombres de Núñez Soto, así como empresarios ligados al fútbol como es el caso de Jesús Martínez Patiño fueron los grandes beneficiarios.

Y eso no fue todo. Tras diversos intentos, el único proyecto que les fue autorizado a los ejidatarios destinaba el 58% de las ganancias netas a los intermediarios -gestores de gobierno-, quienes tardaron años en capitalizar, y nuevamente jugando con el hambre de la gente, recompraron las acciones de quienes fueron despojados de sus tierras bajo amenazas.

Hoy el complejo Zona Plateada ostenta los desarrollos habitacionales con mayor plusvalía de la entidad y estos están en manos de exfuncionarios de Hidalgo, quienes para recaudar fondos, invitaron a inversionistas judíos a los que, como agradecimiento, incluyeron un busto de David Ben Gurión, considerado padre del sionismo e incluso como genocida.

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El juicio a Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd

Amy Goodman

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Amy Goodman y Denis Moynihan

Nueve minutos y 29 segundos. Ése es el tiempo que Derek Chauvin, el ex oficial de policía de la ciudad de Mineápolis, quien ahora enfrenta un juicio por matar a George Floyd, mantuvo su rodilla presionada contra el cuello de Floyd el pasado Día de los Caídos. Floyd estaba esposado, tirado boca abajo en el pavimento, sin prestar resistencia y respirando con dificultad, mientras suplicaba por su vida. Las imágenes del incidente grabadas por una adolescente con su teléfono móvil desencadenaron protestas a lo largo y ancho del mundo en reclamo de justicia para George Floyd y por el fin de la brutalidad policial y el racismo sistémico. A lo largo del juicio contra Chauvin, vemos morir a George Floyd, una y otra vez, mientras se reproducen ante el jurado diferentes imágenes del hecho registradas por teléfonos móviles, cámaras de vigilancia y cámaras corporales de la policía.

Quienes fueron testigos presenciales describen con sombrío detalle una escena de linchamiento moderno —a plena luz del día— de un hombre afroestadounidense por parte de la policía. Si bien los testimonios reflejan de manera contundente la violencia policial, también exponen otra faceta de nuestra sociedad que, a pesar de las horribles circunstancias, debemos celebrar: el coraje y la compasión de los transeúntes que presenciaron el hecho, que se arriesgaron a enfrentarse a policías armados e intentaron desesperadamente salvar la vida de un extraño.

Una de las transeúntes que brindó su testimonio en el juicio fue Darnella Frazier: “Escuché a George Floyd decir: ‘¡No puedo respirar! Por favor, quítate de encima. ¡No puedo respirar!’”. Frazier tenía solo 17 años de edad cuando grabó a los oficiales Derek Chauvin, J. Alexander Keung y Thomas Lane mientras inmovilizaban a Floyd en el suelo, y a Tou Thao mientras los cubría, todos robándole a Floyd su vida.

La testigo continuó: “Pedía por su mamá. Estaba sintiendo mucho dolor. Parecía que sabía que todo había terminado para él. Estaba aterrorizado. Estaba sufriendo. Se trataba de un grito de ayuda. Cuando miro a George Floyd, veo a mi papá, veo a mis hermanos, veo a mis primos y a mis tíos, porque todos son negros. Tengo un padre negro, un hermano negro, amigos negros. Veo lo que le pasó a él y sé que podría haberle pasado a cualquiera de ellos.
En el video de Frazier, se escucha a Donald Williams, un luchador profesional de artes marciales afroestadounidense, implorar a los oficiales que dejen de presionar el cuello de Floyd.

“¡No reacciona, hermano! […] ¡Toma su pulso! Toma su pulso, Thao. Thao, toma su pulso. ¡Thao, toma su pulso, hermano!”. Conocedor de las técnicas de estrangulamiento, Williams le gritó a Chauvin que dejara de hacer lo que se denomina “estrangulamiento de sangre”, una maniobra de restricción que corta el flujo de sangre al cerebro. Williams afirmó que Chauvin hizo contacto visual con él al escuchar el término, lo que indica que Chauvin sabía lo que estaba haciendo.

El fiscal le preguntó a Williams sobre la llamada al teléfono de emergencias que hizo después de que el cuerpo de George Floyd fuera retirado en una ambulancia: “Llamé a la policía porque creí haber sido testigo de un asesinato”.

Genevieve Hansen, una bombero blanca y técnica en urgencias médicas del Departamento de Bomberos de Mineápolis, que se encontraba dando un paseo fuera de su horario laboral cuando vio a Chauvin arrodillado sobre el cuello de George Floyd, describió sus intentos de intervenir:

“Me identifiqué de inmediato, porque noté que Floyd necesitaba atención médica. No tardé en darme cuenta de que su nivel de conciencia estaba alterado. Por mi entrenamiento sabía que en esos casos se necesita atención médica de inmediato. Por tanto, dejé de concentrar mi atención en el Sr. Floyd y me enfoqué en cómo acceder al paciente y brindarle atención médica, o cómo instruir a los oficiales a que lo hicieran, pero los oficiales no me dejaron intervenir. Recuerdo que me ofrecí a indicarles lo que debían hacer o les dije ‘Si no tiene pulso, hay que hacerle compresiones’. Y eso tampoco se hizo”.

El fiscal Matthew Frank le preguntó entonces a Hansen: “¿Eso es lo que quería hacer usted?”. Hansen respondió entre sollozos: “Es lo que habría hecho por cualquiera. Se los supliqué y estaba desesperada”.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de Charles McMillian, que tenía 60 años en el momento del asesinato y fue uno de los primeros en detenerse cuando ocurrió el incidente. La policía ya le había apuntado con un arma a Floyd, lo había esposado y, a pesar de las súplicas de Floyd porque era claustrofóbico, lo estaban metiendo en el asiento trasero de una patrulla. En el registro de video, se escucha que McMillian le grita a Floyd: “¡No puedes ganar!”, a lo que Floyd le contesta: “¡No estoy tratando de ganar!”. Ésa fue la última conversación que tendría George Floyd. Sin poder contener el llanto, McMillian expresó: “Porque he tenido interacción con la policía, tengo claro que una vez que te meten las esposas, no puedes ganar”.

En conversación con Democracy Now!, Mel Reeves, editor del periódico Minnesota Spokesman-Recorder, el periódico de propiedad afroestadounidense más antiguo del estado, expresó: “La gente se detuvo, pero sólo porque la policía la detuvo”.

Volvamos al testimonio de Darnella Frazier: “He pasado noches despierta disculpándome y disculpándome con George Floyd por no haber hecho más, por no intervenir físicamente y salvarle la vida”. Cada uno de los testigos carga con el trauma de haber presenciado el asesinato de George Floyd.

Este juicio nos muestra el profundo poder de la bondad humana, en cruda yuxtaposición con la crueldad demostrada por Derek Chauvin y los otros oficiales. Sin embargo, la bondad de los extraños no es suficiente para detener la violencia policial. Es hora de implementar leyes de aplicación efectiva y efectuar una revisión radical de los procedimientos policiales. Los movimientos populares y la organización de base son elementos clave para forzar ese cambio sistémico.

Democracy Now!

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