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Justicia pendiente

“La CRAC es de los pueblos, no de una persona”, afirman coordinadores

La Policía Comunitaria y la CRAC viven un proceso de recuperación del sistema de justicia comunitario en San Luis Acatlán después de los golpes del gobierno

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Policía comunitaria de San Luis Acatlán. Foto: Sergio Ferrer

Policía comunitaria de San Luis Acatlán. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

SAN LUIS ACATLÁN, Guerrero.- Mientras un grupo de policías comunitarios indígenas firman la lista de asistencia de guardia, adentro de las modestas oficinas de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, tres coordinadores realizan un careo entre dos partes en conflicto por la propiedad de tierras.

Es el último día del mes y las actividades continúan para la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) luego de que semanas antes brotara un conflicto interno que originó la expulsión de los anteriores coordinadores por un fraude cometido en su periodo contra la institución comunitaria por 700 mil pesos para la presunta compra de armas.

En la lista de grupos de policía aparecen comunidades de municipios como Iliatenco, Marquelia, San Luis Acatlán. En entrevista, dos coordinadores de la sede respondieron una serie de preguntas sobre el desarrollo de las labores comunitarias.

Se trató de Jesús Carranza y Abad García García, hombres me´phaa a quienes una asamblea regional los avaló como coordinadores sustitutos. Lo primero que resaltó fue dejar claro que “no es la CRAC de Abad, ni la CRAC de Eliseo (anterior coordinador) planteó Jesús Carranza; “Eliseo Villar Castillo es un elemento que actuó indebidamente, hubo mal funcionamiento de la Policía Comunitaria, no tomó en cuenta a la asamblea, no había aplicación de justicia de acuerdo al reglamento interno”.

Por su parte García García aseguró que le incomoda lo que maneja la prensa, dice que hay periodistas equivocados que mal informan y expuso, “nosotros estamos basados en un reglamento interno, nadie es el dueño de la Policía Comunitaria, nadie dirige, no hay un líder, aquí el proyecto está estructurado desde coordinadores, comandantes regionales, consejeros regionales, comisarios, consejeros locales, policía comunitario, son quienes aterrizan diferentes compromisos que se asimilan en conjunto”.

Coordinadores del sistema comunitario de justicia. Foto: Sergio Ferrer

Coordinadores del sistema comunitario de justicia. Foto: Sergio Ferrer

Sí, hay cuatro coordinadores, cuatro comandantes regionales y consejeros que son guía, así como los comisarios, ciudadanas civiles que aportan ideas, pero no hay un dueño, los dueños son los pueblos que están integrados al proyecto” reiteró.

A la pregunta ¿es necesaria la Policía Comunitaria a más de 18 años de su fundación? García García respondió: todo el tiempo, es la seguridad de los pueblos si deja de existir la delincuencia recobrará fuerza y el asalto se revivirá, la maldad está al pendiente, se han controlado por la PC y la confianza de los pueblos de que son gente nombrada en asamblea, saben que se buscará el orden la seguridad y la armonía.

Respalda la CRAC a Nestora Salgado García

García García contestó respecto a las policías comunitarias adheridas a la Casa de Justicia de El Paraíso , Tixtla, Olinalá, Huamuxtitlán de las cuales varios integrantes han sido acusados de secuestro, delincuencia organizada e incluso terrorismo que siempre los pueblos cuando ingresan es fácil pero los errores que cometieron no puede decirse que los pueden cometer siempre.

Especificó que analizando se entablará un diálogo con ellos para buscar la forma de que vean el respeto al reglamento interno y haya organización, comunicación, información para quitar las debilidades, “es un análisis, no hacemos menos a nadie aquí hay puertas abiertas siempre y cuando acaten lo mandatado por la asamblea regional” dijo el coordinador.

García García ratificó que la CRAC respalda a Nestora Salgado porque así lo determinó la asamblea por lo cual estarán pendientes de su caso.

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En un momento de descanso, policías comunitarios de San Luis Acatlán. Foto: Sergio Ferrer

En otro tema, referente a la aprobación de una Ley de Policía Rural promovida por el gobierno del estado de Guerrero que pretende desbancar a la Ley 701 en materia de seguridad, la cual reconoce derechos de los pueblos indígenas, el coordinador me´phaa refirió que siempre para que haya modificaciones de la Ley 701 el Congreso tiene que hacer consulta a los pueblos porque es para pueblos indígenas respecto a sus usos y costumbres.

Agregó que hasta el momento no les ha llegado ningún oficio para analizar la nueva reforma, saben que el gobierno quiere deshacer a la PC, pero atajaron, “pueden buscar cambiar esa ley pero el Convenio 169 no, porque es único y viene de la Organización Internacional del Trabajo al cual el Gobierno Federal se comprometió, el gobierno estatal no puede echarse para atrás con esos lineamientos internacionales, para reformar las leyes deben consultar a los pueblos”, remató.

En cuanto al presupuesto, Carranza señaló que desde que comenzó el conflicto interno la asamblea aprobó la suspensión temporal del recursos que otorga el gobierno del estado hasta que se resuelva todo pero se replanteará porque el gobierno está facultado para proporcionar apoyo, porque es trabajo de seguridad de territorio comunitario que le compete al gobierno, pero no ha sido capaz de impartir y procurar justicia, por eso existe el proyecto de los pueblos por lo cual no deben negarse, deben apoyar, es un tema pendiente la asamblea lo definirá si se recibirá o ya no dinero del gobierno estatal.

En cuanto a la situación de impartir y procurar justicia, los coordinadores reprocharon que cuando las policías de la seguridad “clásica” conformadas por policías municipales, estatales, hasta las federales y el Ejército, porque no han actuado “como debe ser”, En casos de emergencia no están, y también en cuanto a los ministerios públicos han existido casos de corrupción lo que resulta un grave perjuicio para los pueblos.

El coordinador Carranza, aseguró que en cuanto a las armas usadas por los policías comunitarios, éstas son propiedad de las comunidades que cooperaron de manera voluntaria para su adquisición, porque con machete no se arreglan los asuntos con delincuentes, son gente campesina, no es como en la ciudad que hay delincuentes que se meten de policías, los comunitarios son jóvenes o señores de respeto nombrados en asamblea de sus pueblos.

Sobre la visión de los jóvenes de la labor de la Policía Comunitaria García García afirmó, “cuando se habla de sus acciones, intervenciones, decisiones de asamblea del pueblo, todo esto forma parte de una educación comunitaria para la nueva generación, para los niños, jóvenes forma parte de su contexto comunitario, cuando los retenidos realizan trabajo comunitario los niños ven, los principales les otorgan consejos, la población lo ve, su mentalidad trabaja y saben que no pueden caer en eso, que lo niños lo deben evitar, está implícito, aunque también no olvidamos la importancia de que exista una educación comunitaria”.

Uno de los talleres que la CRAC da a la comunidad sobre justicia. Foto: Sergio Ferrer

Uno de los talleres que la CRAC da a la comunidad sobre justicia. Foto: Sergio Ferrer

La CRAC-PC mantiene una serie de talleres, pláticas, proyección de videos para que la población tenga conocimiento de cómo perjudica la minería, al ser el Territorio Comunitario propenso a la entrada de empresas mineras que buscan establecerse en Guerrero y en específico en las colindancias de la Montaña y la Costa Chica.

De las vejaciones denunciadas por la reportera Rubicela Prudente durante el desarrollo de una asamblea, García García atajó que la molestia “de los pueblos” es por la información que difunde el medio El Faro de la Costa Chica, carente de imparcialidad en muchos casos. “ Se inclinan a una parte, pensamos que la información debe ser clara con evidencias ni favor ni uno ni otro, tal como es pero este medio difunde información conveniente a una parte, a la otra la afecta, es la inconformidad”, se quejó.

Ya hubo una primera vez, segunda vez, no mostraban disciplina, cuando le dijeron que se retirara siguió como capricho por lo que aconteció lo que llamó “pequeño detalle” pero después la misma asamblea determinó que siguiera en el lugar porque los hechos son reales no hay que esconder, estamos en la recuperación del sistema comunitario, justificó García García.

Del caso de las denominadas autodefensas de Michoacán, el coordinador reconoció que necesitan saber más información pero le queda claro que lo hicieron por una necesidad pero, “no hay que confrontar con el gobierno, la estructura de la CRAC no es para confrontar con el gobierno, porque ellos son gobierno, necesitamos coordinación, coadyuvar, para que no surja el choque, quizá eso les falta a los grupos de autodefensa”, opinó.

Por último, el coordinador llamó a la gente de los pueblos a solidarizarse con la Policía Comunitaria para sacar avante el proyecto porque se desvió del camino y cayó en un grave error como lo fue el fraude que es visto como un golpe fuerte el cual los hizo reaccionar y mostrar dignidad, trabajo colectivo, evaluación permanente, aunque con dificultadas con los recursos económicos requeridos.

Detenido por la Policía comunitaria, en proceso de reeducación. Foto: Sergio Ferrer

Pescador detenido por la Policía comunitaria lleva 10 meses en porceso de reeducación. Foto: Sergio Ferrer

Que nos respete el Gobierno” reclama comandante regional

Pedro Valdés Moso, Comandante Regional originario de Cruzcomahuac, Iliatenco, recordó en entrevista que él entró a la Policía Comunitaria un año después de su conformación, en el 96, un tiempo fue llamada policía auxiliar del camino creada en Cuanacaxtitlán, pero posteriormente con la conformación de más grupos apoyados para su organización por sacerdotes que hacían talleres, creció como Policía Comunitaria con la convicción de buscar defender el territorio ante los asaltos y violaciones perpetrados en el camino de San Luis a Tlapa y a las comunidades.

Valdés Moso estuvo hasta el año dos mil, después fue coordinador un año en una sede ubicada en Tres Marías que con el tiempo se cambiaría a Espino Blanco, luego de pasar por la policía preventiva volvió a la comunitaria siendo elegido comandante regional.

El hombre aceptó que no está totalmente eliminado el crimen pero la gente confía en ellos y están recorriendo los caminos para que no aumente la delincuencia. Su reclamo es contra los federales y el Ejército, porque de un tiempo a la fecha les ponen obstáculos, los detienen constantemente para revisar sus armas, no los dejan estar de pronto en el territorio, “nos cargan en la mira”, apuntó.

En su respuesta, el comandante criticó a Villar Castillo: “No sé si tuvo algún convenio con el ejército o con el gobernador. Antes todavía el Gobierno Federal respetaba nuestro derecho, usábamos M1, M2, hasta 9mm, porque los delincuentes no ocupan armas sencillas; pero una vez que hubo un convenio y nos credencializaron sólo podemos tener armas de un tiro y aún así el ejército nos acosa y nos maltrata.

“Aquí tu vez que nadie trae R15, pero aún así el gobierno nos molesta, pido que el gobierno respeta nuestro proyecto, que no reprima, no tenemos que andar escondiéndonos, si el gobernador quiere apoyar que lo haga si no empezaremos desde cero como ya lo hicimos una vez para defender el territorio y dejarle a nuestros hijos un lugar sano y de paz, el pueblo unido jamás será vencido”.

En las rejas hay dos retenidos. Uno platicó que lleva 10 meses y que es pescador. Al otro lado hay dos jóvenes que fabrican pulseras y cinturones. Uno de ellos sonríe y dice que ya quiere salir, que andaba de loco en la carretera. En el patio de tierra, hay personas esperando ser atendidas por los coordinadores, una cocinera limpia el frijol para la comida y los comunitarios descansan o firman el rol de guardia.

Cocinera de la CRAC para el sistema de justicia comunitario. Foto: Sergio Ferrer

Cocinera de la CRAC para el sistema de justicia comunitario. Foto: Sergio Ferrer

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Placa Miguel Hidalgo es develada sin la presenciada de la médica condecorada que denunció acoso laboral en IMSS Oaxaca

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Por Ignacio García

Sin la presencia de la médica Ana Luisa Martínez Pérez, condecorada por méritos eminentes y servicios prestados a la patria en atención a la emergencia sanitaria por el Covid-19, fue develada la placa Miguel hidalgo del Hospital General de Zona Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La especialista en salud no fue invitada a la ceremonia de la develación de la placa en el nosocomio, luego de que la jefa de Prestaciones Médicas, Martha Escobar Vázquez, la despidió tras denunciar el acoso laboral del que fueron víctimas las trabajadoras que atendieron a los pacientes de Covid-19.

La ceremonia fue encabezada por el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado Estatal Oaxaca, Julio Mercado Castruita; el secretario de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine; el comandante de la VIII Región Militar, Juan Arturo Cordero Gómez; el representante del ISSSTE en Oaxaca, José Eduardo Arredondo Carrasco; el alcalde de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín, y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección XXVIII Oaxaca, Carlos Mario Aragón Ziga.

Sin embargo, Ana Luisa Martínez no estuvo presente ante las denuncias permanentes de las trabajadoras que han señalado los malos tratos que han recibido por parte de Martha Escobar, quien ha despedido o retirado funciones al personal de salud del nosocomio del IMSS.

Los Ángeles Press publicó que las trabajadoras del IMSS Oaxaca han sido constantemente víctimas del hostigamiento laboral y acoso cibernético por parte del Sindicato de Trabajadores, la jefatura de Prestaciones Médicas y el personal del Hospital que han desprestigiado su labor durante la pandemia.

Pese a que han evidenciado estas situaciones ante el titular del IMSS, Zoé Robledo, aún no han recibido respuestas por parte del gobierno federal, por lo que han continuado laborando los directivos del nosocomio en Oaxaca amedrentando a las trabajadoras.

 

 

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Alfredo Castillo es inhabilitado por la SFP por 10 años

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Por Ignacio García

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años al ex titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Alfredo Castillo, para ejercer cualquier cargo en la administración pública por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales.

La dependencia federal detalló que el también ex comisionado para la Seguridad y Desarrollo en Michoacán durante la administración de Enrique Peña Nieto omitió realizar declaraciones ante la SFP por el falto a la verdad entre 2014 y 2016.

De acuerdo con la institución federal, omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge en las que tenía más de 18 millones 300 mil pesos, por lo que constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que establecía la obligatoriedad de presentar la oportunidad y veracidad de las declaraciones de la situación patrimonial del ex servidor público.

Al respecto, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, celebró la inhabilitación que se aplicó contra el ex funcionario federal, quien fue uno de los colaboradores más cercanos de Peña Nieto, acusado de distintos actos de corrupción en el país.

Alfredo Castillo fue procurador de Justicia del Estado de México involucrado en el caso de la desaparición de la niña Paulette en Huixquilucan en 2010 en la gestión de Peña Nieto y en el gobierno federal fue comisionado de Seguridad para la Paz, acusado de haber desarmado a las Autodefensas para beneficiar a los grupos del crimen organizado y posteriormente fue titular de la Conade, señalado de no apoyar a los atletas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016.

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Sandoval reconoce que Salvador Cienfuegos es asesor de la Sedena

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Por Ignacio García

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, reconoció que el ex responsable de esa dependencia federal, Salvador Cienfuegos, forma parte del equipo de asesores del Ejército mexicano.

El general dijo que las normativas del Ejército establecen que los ex titulares de la Sedena forman parte del equipo de asesores del secretario en turno, sin embargo, aseguró que Cienfuegos no es tomado en cuenta por la actual administración federal.

De acuerdo con Sandoval, únicamente cuando el secretario en turno desee consultar algún tema o situación en particular con los ex secretarios es cuando son considerados, por lo que en la actualidad el equipo de asesores está conformado por tres o cuatro ex secretarios de la Defensa Nacional.

Indicó que los ex secretarios forman parte del equipo de asesores hasta que fallecen, por lo que son los únicos integrantes de la milicia, quienes después de retirarse perciben el mismo sueldo que cuando estaban en activo, por lo que es una normativa que deben respetar.

Enfatizó que en la actualidad Salvador Cienfuegos no ha sido consultado para abordar algún tema relacionado con la Sedena, por lo que se encuentra en el mismo nivel que los otros ex secretarios de la Defensa Nacional que están retirados.

Salvador Cienfuegos fue titular de la Sedena en la administración de Enrique Peña Nieto, pero el gobierno de Estados Unidos lo acusó de estar vinculado con el Cártel de los Beltrán Leyva desde la administración de Felipe Calderón, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) desistió de una orden penal en su contra al presuntamente no encontrar elementos suficientes contra el general.

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la Agencia Anti Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) fabricó el caso contra Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en la Unión Americana, pero que fue liberado tras su extradición a México.

 

 

 

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