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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

La corrupción de Wal Mart en México

El caso de corrupción más grande en la cadena multinacional de Wal Mart

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la cadena WalMart en México, corrupción y complicidad Foto: emol.com

Por José Martínez M.*

Hace unos días el periódico The New York Times –uno de los medios más influyentes del mundo– destapó por enésima vez la cloaca de la corrupción que corroe a México. Ahora le tocó a la cadena de supermercados Wal-Mart, fundada en 1962 por Sam Walton y cuyos herederos forman uno de los clanes más ricos de Estados Unidos y asiduos en la lista de los multimillonarios de las revistas Forbes y Fortune.

En México proliferan este tipo de supermercados gracias a la corrupción. Muchos de estos establecimientos han sido construidos mediante permisos ilegales a cambio de sobornos a funcionarios. No son los únicos ni los primeros. El caso es que las revelaciones del poderoso The New York Times ha exhibido al gobierno mexicano como un país donde a cambio de “mordidas” se violan las leyes más elementales.

No está por demás señalar que la corrupción en México es el deporte nacional por excelencia. Lamentablemente México es un país enfermo. Donde quiera que ponga uno el dedo brota la pus de la corrupción.

De acuerdo al NYT la subsidiaria en México de Wal-Mart pagó sobornos hasta por 24 millones de dólares para ganar el dominio en el mercado mexicano. La investigación del rotativo identificó a Eduardo Castro-Wright, entonces director de la empresa en México, como “fuerza motora detrás de los años de soborno”, aunque apuntó que hubo cohechos ocasionales antes de su llegada a la compañía en 2002.

La denuncia fue presentada por Sergio Cícero Zapata, ex abogado de bienes raíces de Wal-Mart, quien indicó que la firma usó los sobornos para facilitar “cambios de zonas en los mapas, hicieron desvanecer objeciones ambientalistas, permisos que típicamente toman meses para su proceso, mágicamente se materializaron en días”.

Cícero denunció que las prácticas de cohecho estimuladas por Castro-Wright eran parte de una estrategia expansiva de negocios, para construir cientos de nuevas tiendas tan rápido que sus competidores no tuvieran tiempo de reaccionar.

“El ex ejecutivo dio nombres, fechas y montos de los sobornos, él sabía mucho, explicó que por años fue el abogado a cargo de obtener los permisos de construcción para Wal-Mart de México”, indicó el rotativo.

Incluso familiares de personajes como el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; la primera dama del país, Margarita Zavala y el ex secretario del Trabajo, Javier Lozano, salieron inmiscuidos en el escándalo, pues varios de ellos pertenecían a la plantilla laboral de dicha empresa.

El NYT mencionó que la compañía, con sede en Bentonville, Arkansas, inició una investigación interna luego que Cícero Zapata informara en septiembre de 2005 sobre la campaña de cohechos para obtener permisos en “virtualmente cada rincón del país”.

Un investigador nombrado por Wal-Mart, ex agente de la Oficina Federal de investigaciones (FBI), reportó “sospechas razonables” para creer que hubo violaciones tanto a las leyes mexicanas como a las estadounidenses.

No es ninguna novedad las revelaciones del NYT que han exhibido al gobierno mexicano, lo lamentable es el grado de impunidad. Es innegable que las acciones de Wal-Mart se han devaluado en las bolsas, pero en México no pasa nada, nadie ha sido sancionado. México es el paraíso de la impunidad.

Lo anterior revela que la corrupción ha invadido todos los sectores sociales y que muchas empresas privadas han florecido al amparo de este fenómeno que corroe al país en su conjunto.

México, que es campeón de los tratados internacionales, es de los firmantes de la Convención de la ONU contra la Corrupción, ¿y…?

El problema en nuestro país es que la corrupción ha alcanzado dimensiones impresionantes, tanto que uno de los principales centros de educación superior de más prestigio en el país, el Tecnológico de Monterrey, realizó un estudio que tituló La corrupción-gobierno-empresas en México. La investigación arrojó datos reveladores. Por ejemplo, estableció que 62 por ciento de las compañías que operan en México admiten que destinan una porción de sus ingresos a pagar sobornos a funcionarios públicos para obtener algún beneficio.

El estudio, que se basó en encuestas a 3 mil 985 compañías, tanto nacionales como extranjeras, demoró un año y costó 430 mil dólares. El coordinador de la investigación, el doctor René Zenteno, que pertenece al Centro de Estudios Estratégicos del TEC, en su análisis indica que la corrupción que existe en el sistema económico representa un serio problema para el entorno productivo del país, al grado de que todas empresas que admiten pagar sobornos, el 81 por ciento hace desembolsos ilegales para “agilizar permisos” y el 79 por ciento “corrompe a funcionarios” para facilitar la conexión de servicios públicos.

Asimismo, el 82 por ciento otorga dinero para “evitar molestias” de inspectores, mientras que el 52 por ciento lo hace para obtener contratos gubernamentales. La investigación del TEC contó con la asesoría del Banco Mundial y de varias instituciones académicas de Estados Unidos, como las universidades de Yale y de California.

Hay que destacar que esta es la primera vez que se hace un estudio tan amplio sobre la corrupción en México. María Reyes, que también pertenece al Centro de Estudios Estratégicos del TEC y que participó en el trabajo de investigación al comentar algunos pormenores de la investigación, refirió que se habló con los directivos o los dueños de las compañías y, cuando eso no era posible, con algún representante designado.

Para el Centro de Estudios Estratégicos del TEC, uno de los propósitos que animaron el estudio en cuestión fue que los mexicanos tuvieran una fotografía del problema de la corrupción, como si fuera el diagnóstico de una enfermedad. Fue así que la investigación reveló que las grandes compañías reconocen que destinan hasta el 8.5 por ciento de sus ingresos para influir en la modificación de leyes, regulaciones o trámites que las beneficien.

Las pequeñas y medianas empresas, en cambio, gastan un promedio de 5.2 por ciento en pagos ilegales a funcionarios.

Con base a esta investigación que abarcó a empresas de los 32 estados del país, se pudo cotejar que lo que se refiere a licitaciones públicas y corrupción el 22 por ciento del gasto público se destina a contrataciones gubernamentales. Del total de recursos públicos destinados a realizar contrataciones gubernamentales, 30 por ciento se destina a la corrupción.

Algunos expertos estiman que los actos de corrupción le cuestan a México 30 mil millones de dólares anuales (no sólo en compras y obras públicas), lo que representa entre 3 y 4 por ciento del Producto Interno Bruto, algo así como el 10 por ciento de los impuestos recaudados.

Los sectores empresariales han salido al paso para cuestionar el lastre de la corrupción. La más representativa de estas organizaciones, Coparmex, en un diagnóstico sobre este fenómeno sociocultural cuestiona que en México se le apostó a la creación y acumulación de controles, informes y reportes para evitar las posibilidades de que hubiera corrupción. Sin embargo, esta estrategia ha mostrado sus limitaciones.

Allí está el caso de Wal-Mart, que apenas en el año 2009 emprendió un proceso de renovación tanto de su imagen que incluyó el cambió de logo y el nuevo lema de la marca: “Ahorra Dinero. Vive Mejor”. Pero en el fondo el código de ética de Wal-Mart sigue siendo el de la corrupción, como la demostrado The New York Times.

*José Martínez M., es periodista y escritor. Consejero de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex). Es autor del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más rico del mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank González. Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción y La Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

El colombiano, operador político del gobernador de Quintana Roo, con vínculos al narcotráfico

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Los Ángeles Press/CDMX Press

Gerardo Ortega Otero, conocido como “El Colombiano” es uno de los mejores amigos y asesores del actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, quien también se ha desempeñado como uno de los operadores políticos más cercanos al mandatario estatal, ha sido señalado reiteradamente de estar coludido con el crimen organizado.

El Colombiano comenzó su carrera como vendedor de comida a unas cuadras del palacio de Solidaridad, donde se relacionó con el ahora gobernador de Quintana Roo, quien fue postulado como candidato a alcalde de esa demarcación por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En esa campaña electoral, Gerardo Ortega inició su trayectoria como operador político y desempeñó diferentes cargos como asistente, coordinador de logística, y recolector de las “aportaciones” voluntarias de los empresarios locales, quienes enfocaron sus intereses en la campaña de Carlos Manuel Joaquín.

Debido a que el hoy mandatario estatal posee la Playa del Carmen, el destino turístico más importante del sur del país, los empresarios apoyaron su campaña, mientras que el Colombiano adquirió distintas propiedades, aunque no correspondían con sus ingresos económicos como funcionario municipal.

El ex servidor público por medio de influencias y del apoyo del entonces alcalde pedía contribuciones económicas a comerciantes, empresas y grupos de la delincuencia organizada para establecerse en la región.

Como candidato de la coalición entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el Colombiano buscó recaudadores de su campaña a la gubernatura de Quintana Roo, por lo que al acceder al Poder Ejecutivo estatal impuso a su esposa Samaria Angulo Sala como regidora del municipio de Solidaridad.

Entre Estados Unidos y Colombia

Gerardo Ortega es también operador financiero de las avionetas del gobernador Joaquín González. Por lo menos realiza cinco viajes por mes a Colombia o a Estados Unidos. De acuerdo con la fuente, también ha permitido el arribo de los grupos de la delincuencia organizada en la entidad al ser el encargado de repartir los territorios entre los cuatro cárteles que tienen presencia en el estado, por lo que posee varias residencias que funcionan como casas de seguridad.

Construcción de muelles

Entre las excentricidades, el operador del gobernador de Quintana Roo, ha construido muelles en lugares estratégicos de Playa del Carmen. Sin embargo, los mismos trabajadores de la construcción se quejaron que no les pagó sus honorarios y fueron amenazados.

Gerardo Ortega tiene una influencia directa en las decisiones del gobierno estatal, pues funge como organizador de las fiestas privadas del gobernador, por lo que incluso la revista Forbes señaló que Quintana Roo se ha convertido en un paraíso perdido que está al borde del colapso.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Ex funcionarios públicos de Hidalgo investigados por desvíos de 5 mil millones de pesos

Emmanuel Ameth

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  • El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y los Centros SCT de Guanajuato e Hidalgo son investigados por desvíos cercanos a los 5 mil millones de pesos, siendo aparentemente fraguados por los hidalguenses.

Por Emmanuel Ameth
EA Noticias

El exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, el exalcalde de Tepeapulco Leoncio Pineda Godos, así como el exfuncionario Gerardo Salomón Bulos son investigados por su probable participación en los desvíos que provocaron daño a la Hacienda pública por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que ha provocado que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación Financiera cumplimenten investigaciones emanadas de los documentos que obran en manos de la Auditoría Superior de la Federación.

En total, son 75 funcionarios investigados por desvíos que ascienden a más de 10 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.

Sin embargo, más de la mitad del monto observado recae en instituciones que estuvieron a cargo de los tres personajes hidalguenses referidos, es decir, destacando entre los desvíos y malos manejos investigados.

Al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), mismo que estuvo encabezado por el exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, le siguen la pista dos investigaciones: una por 4 mil 098 millones 311 mil 608 pesos y otra por 736 millones 133 mil 008.35 pesos.

El Centro SCT Hidalgo, mismo que estuvo encabezado por el exfuncionario cercano al exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, Gerardo Salomón Bulos, lo indagan por desvíos observados por la ASF que ascienden a 73 millones 812 mil 987.10 pesos.

En cuanto al Centro SCT Guanajuato, el mismo estuvo encabezado por José Leoncio Pineda Godos, ligado al exgobernador José Francisco Olvera Ruiz y las indagatorias son por desvíos de 45 millones 492 ml 643.20 pesos.

Entre los tres exfuncionarios hidalguenses se acumulan probables desvíos acreditados por la ASF del orden de los 4 mil 953 millones 750 mil 246.65 pesos, es decir, más de la mitad de todos los montos observados a toda la SCT durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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Investigaciones

Sobreprecio millonario en dólares de la Línea 12 del Metro, autorización de Mario Delgado en 2009

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  • Adjudicación directa, con un sobreprecio de 378 % del costo original
  • El prófugo Jesús Orta Martínez, involucrado en el proyecto

Por Guadalupe Lizárraga

Con oficio fechado el 17 de diciembre de 2009, Mario Delgado Carrillo, entonces titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, autorizó más de 1, 588 millones de dólares para el arrendamiento de 30 trenes que darían servicio a la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Sin embargo, el contrato de la empresa española CAF, dos meses antes, especificaba en el desglose de precios, que el costo total sería de 420 millones de dólares.

De acuerdo con la información entregada a Los Ángeles Press, el hoy candidato a dirigir el partido de MORENA, Mario Delgado, intervino en aquella gestión y pidió que CAF rentara en dólares –y no pesos– el lote de los 30 trenes, y operó el contrato junto con Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad de CDMX, quien se encuentra prófugo de las autoridades federales por desvío de 2 mil 500 millones de pesos, y fue también responsable del sobreprecio en la renta de 1855 patrullas de la Ciudad de México.

En el caso de los trenes de la Línea 12 del Metro, antes de que hubiera una licitación oficial, Mario Delgado Carrillo había autorizado una comisión de dos ingenieros, uno de ellos el director del personal de Mantenimiento del Material Rodante, Carlos Daniel Martínez López, para que visitaran fabricantes chinos, del 7 al 18 de febrero de 2009. Inició la negociación con la empresa Norinco, y se imprimió folletería. No obstante, ante la denuncia de este hecho ante Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo, bajo el oficio 000215, con fecha del 13 de marzo de 2009, se revirtió el contrato.

 

Pese a las denuncias y auditorías, Delgado no tuvo impedimento para adjudicar directamente el contrato a la empresa española con representación en México, CAF México, S.A de C.V. en un periodo de gestión de manera extraordinaria, entre el 12 de octubre y el 22 de diciembre de 2009.

  1. El 12 de octubre de 2009, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) solicitó con el oficio SGAF/50000/0224/09 una propuesta de la “Prestación del Servicio de Largo Plazo (PPS)” con un lote de 30 trenes.
  2. El 14 de diciembre de 2009, el STC Metro solicitó una propuesta técnica y económica “para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa para la Prestación del Servicio de Largo Plazo”.
  3. El 16 de diciembre de 2009, CAF México, S.A. de C.V. presentó la propuesta al STC Metro.
  4. El 22 de diciembre de 2009, SCT Metro informó la asignación directa del contrato a CAF México, S.A. de C.V. con el oficio SGAF/50000/229/09.
  5. El 17 de mayo de 2010, CAF México y Provetren celebraron convenio de consorcio para formalizar su participación en el proyecto.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló en el análisis de costo-beneficio del proyecto Tren Interurbano México-Toluca, presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que si el sobrecosto de la obra era mayor al 25% del costo original, el proyecto dejaría de ser socialmente rentable. Sin embargo, el proyecto de la Línea 12 del Metro, se realizó con el 378 por ciento de sobrecosto, de 420 millones de dólares, del costo original, a 1, 588, 152, 500 millones de dólares.

En la descripción del Proyecto de prestación de servicios para otorgar el contrato a CAF México, SA de CV se estipula que el Sistema de Transporte Colectivo Metro se hacía cargo de la calidad del servicio especificando que el prestador del servicio recibiría un pago mensual “cuyo monto estará sujeto al cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en el contrato”. Pero entre las justificaciones financieras, se alude a un “presupuesto insuficiente”.

Auditorías encubridoras

La Auditoría Superior de la Federación, a través del director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, Celerino Cruz García, en referencia al oficio DGCNCP/1545/2011, con fecha del 13 de junio de 2011, para la revisión de la Cuenta Pública de 2009, dirigió un oficio en respuesta al director general de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a cargo de Marco Antonio Alvarado Sánchez.

En este documento dejó asentado bajo el número de oficio DGAIFF-K-1525/2011, con fecha del 3 de noviembre de 2011, que en respuesta a la auditoría número 554, de “inversiones físicas” de la Línea 12 del Metro, se cumplía con la evidencia documental que soportaba la autorización del pago.

Cruz García emitió un siguiente oficio, con el número de oficio DGAIFF-K-1524/2011 y fecha, en el que afirmó que con la documentación técnica aportada se sustentaba también la necesidad de modificaciones en el trazo especificado en el convenio, y que se había aclarado que “con los nuevos cadenamientos topográficos para la ubicación de las estaciones y tramos se incrementó la longitud de operación y la longitud de construcción de los tramos”, sin que el monto del contrato se hubiera modificado.

Con otro oficio número DGAIFF-K-1522/2011, fechado el 15 de noviembre de 2011, también Cruz García dio fe con su firma que debido a la “situación financiera internacional que acusaba sus efectos en el país”, la inversión programada no se podía cumplir y se tuvieron que reprogramar los montos e incrementar anticipos a fin de asegurar los costos de la obra.

El oficio DGAIFF-K-1539/2011, bajo la misma firma de Cruz García, y con fecha del 7 de noviembre de 2011, derivado de la misma auditoría, especificó que al cierre del ejercicio presupuestal de 2009, “la contratista cumplió con el programa establecido en el convenio formalizado, razón por la cual la Dirección General del Órgano Desconcentrado del Proyecto Metro le devolvió las retenciones observadas por un importe de 10,004.0 miles de pesos”.

Con el oficio número DGAIFF-K-1520/2011, del 15 de noviembre de 2011, Cruz García asienta “que la contratista cumplió en términos absolutos con el importe programado (…) y comprobó la correcta inversión de los anticipos concedidos no amortizados”, señalando que resultaba además improcedente un cargo mensual del 2.0 %”.

La Auditoría Superior de la Federación había reportado daños por 5,130 millones de pesos en la Línea 12, pero después de la auditoría, en cinco hojas de la Auditoría de Inversiones Físicas Federales, desaparecieron los daños.

 

Polémicas por averías y corrupción en 2014

Marcelo Ebrard, quien se desempeñaba como jefe del gobierno de la Ciudad de México, durante la construcción de la Línea 12, fue cuestionado por legisladores por supuestos desvíos de recursos de 627 millones de pesos.  No obstante, en tuit del 10 de septiembre de 2014, el actual secretario de Relaciones Exteriores, negó las imputaciones.

Miguel Ángel Mancera, por su parte, el 8 de julio de 2013, ya como jefe de Gobierno, dijo que recibía la Línea 12 del Metro “como segura y operable”. Al año siguiente, cuando surgió la polémica de la corrupción y negligencia técnica, Ebrard reclamó a través de los medios por qué Mancera había recibido el proyecto de manera “legal y formal”, como operable.

De acuerdo con reportes de prensa, según el director general del Sistema de Transporte colectivo, Jorge Gaviño Ambriz, en su diagnóstico presentado en 2017, declaró que la Línea 12 del Metro tuvo fallas de construcción, y en marzo de 2014, en su tramo de Tláhuac a Atlalilco, se suspendió el servicio.

Los trenes volvieron a operar en su totalidad para finales de 2015, pero el funcionario hizo énfasis en que los errores cometidos en la construcción eran permanentes, y requería un mantenimiento de alto costo por el desgaste ondulatorio de las vías.

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