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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

La corrupción de Wal Mart en México

El caso de corrupción más grande en la cadena multinacional de Wal Mart

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la cadena WalMart en México, corrupción y complicidad Foto: emol.com

Por José Martínez M.*

Hace unos días el periódico The New York Times –uno de los medios más influyentes del mundo– destapó por enésima vez la cloaca de la corrupción que corroe a México. Ahora le tocó a la cadena de supermercados Wal-Mart, fundada en 1962 por Sam Walton y cuyos herederos forman uno de los clanes más ricos de Estados Unidos y asiduos en la lista de los multimillonarios de las revistas Forbes y Fortune.

En México proliferan este tipo de supermercados gracias a la corrupción. Muchos de estos establecimientos han sido construidos mediante permisos ilegales a cambio de sobornos a funcionarios. No son los únicos ni los primeros. El caso es que las revelaciones del poderoso The New York Times ha exhibido al gobierno mexicano como un país donde a cambio de “mordidas” se violan las leyes más elementales.

No está por demás señalar que la corrupción en México es el deporte nacional por excelencia. Lamentablemente México es un país enfermo. Donde quiera que ponga uno el dedo brota la pus de la corrupción.

De acuerdo al NYT la subsidiaria en México de Wal-Mart pagó sobornos hasta por 24 millones de dólares para ganar el dominio en el mercado mexicano. La investigación del rotativo identificó a Eduardo Castro-Wright, entonces director de la empresa en México, como “fuerza motora detrás de los años de soborno”, aunque apuntó que hubo cohechos ocasionales antes de su llegada a la compañía en 2002.

La denuncia fue presentada por Sergio Cícero Zapata, ex abogado de bienes raíces de Wal-Mart, quien indicó que la firma usó los sobornos para facilitar “cambios de zonas en los mapas, hicieron desvanecer objeciones ambientalistas, permisos que típicamente toman meses para su proceso, mágicamente se materializaron en días”.

Cícero denunció que las prácticas de cohecho estimuladas por Castro-Wright eran parte de una estrategia expansiva de negocios, para construir cientos de nuevas tiendas tan rápido que sus competidores no tuvieran tiempo de reaccionar.

“El ex ejecutivo dio nombres, fechas y montos de los sobornos, él sabía mucho, explicó que por años fue el abogado a cargo de obtener los permisos de construcción para Wal-Mart de México”, indicó el rotativo.

Incluso familiares de personajes como el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; la primera dama del país, Margarita Zavala y el ex secretario del Trabajo, Javier Lozano, salieron inmiscuidos en el escándalo, pues varios de ellos pertenecían a la plantilla laboral de dicha empresa.

El NYT mencionó que la compañía, con sede en Bentonville, Arkansas, inició una investigación interna luego que Cícero Zapata informara en septiembre de 2005 sobre la campaña de cohechos para obtener permisos en “virtualmente cada rincón del país”.

Un investigador nombrado por Wal-Mart, ex agente de la Oficina Federal de investigaciones (FBI), reportó “sospechas razonables” para creer que hubo violaciones tanto a las leyes mexicanas como a las estadounidenses.

No es ninguna novedad las revelaciones del NYT que han exhibido al gobierno mexicano, lo lamentable es el grado de impunidad. Es innegable que las acciones de Wal-Mart se han devaluado en las bolsas, pero en México no pasa nada, nadie ha sido sancionado. México es el paraíso de la impunidad.

Lo anterior revela que la corrupción ha invadido todos los sectores sociales y que muchas empresas privadas han florecido al amparo de este fenómeno que corroe al país en su conjunto.

México, que es campeón de los tratados internacionales, es de los firmantes de la Convención de la ONU contra la Corrupción, ¿y…?

El problema en nuestro país es que la corrupción ha alcanzado dimensiones impresionantes, tanto que uno de los principales centros de educación superior de más prestigio en el país, el Tecnológico de Monterrey, realizó un estudio que tituló La corrupción-gobierno-empresas en México. La investigación arrojó datos reveladores. Por ejemplo, estableció que 62 por ciento de las compañías que operan en México admiten que destinan una porción de sus ingresos a pagar sobornos a funcionarios públicos para obtener algún beneficio.

El estudio, que se basó en encuestas a 3 mil 985 compañías, tanto nacionales como extranjeras, demoró un año y costó 430 mil dólares. El coordinador de la investigación, el doctor René Zenteno, que pertenece al Centro de Estudios Estratégicos del TEC, en su análisis indica que la corrupción que existe en el sistema económico representa un serio problema para el entorno productivo del país, al grado de que todas empresas que admiten pagar sobornos, el 81 por ciento hace desembolsos ilegales para “agilizar permisos” y el 79 por ciento “corrompe a funcionarios” para facilitar la conexión de servicios públicos.

Asimismo, el 82 por ciento otorga dinero para “evitar molestias” de inspectores, mientras que el 52 por ciento lo hace para obtener contratos gubernamentales. La investigación del TEC contó con la asesoría del Banco Mundial y de varias instituciones académicas de Estados Unidos, como las universidades de Yale y de California.

Hay que destacar que esta es la primera vez que se hace un estudio tan amplio sobre la corrupción en México. María Reyes, que también pertenece al Centro de Estudios Estratégicos del TEC y que participó en el trabajo de investigación al comentar algunos pormenores de la investigación, refirió que se habló con los directivos o los dueños de las compañías y, cuando eso no era posible, con algún representante designado.

Para el Centro de Estudios Estratégicos del TEC, uno de los propósitos que animaron el estudio en cuestión fue que los mexicanos tuvieran una fotografía del problema de la corrupción, como si fuera el diagnóstico de una enfermedad. Fue así que la investigación reveló que las grandes compañías reconocen que destinan hasta el 8.5 por ciento de sus ingresos para influir en la modificación de leyes, regulaciones o trámites que las beneficien.

Las pequeñas y medianas empresas, en cambio, gastan un promedio de 5.2 por ciento en pagos ilegales a funcionarios.

Con base a esta investigación que abarcó a empresas de los 32 estados del país, se pudo cotejar que lo que se refiere a licitaciones públicas y corrupción el 22 por ciento del gasto público se destina a contrataciones gubernamentales. Del total de recursos públicos destinados a realizar contrataciones gubernamentales, 30 por ciento se destina a la corrupción.

Algunos expertos estiman que los actos de corrupción le cuestan a México 30 mil millones de dólares anuales (no sólo en compras y obras públicas), lo que representa entre 3 y 4 por ciento del Producto Interno Bruto, algo así como el 10 por ciento de los impuestos recaudados.

Los sectores empresariales han salido al paso para cuestionar el lastre de la corrupción. La más representativa de estas organizaciones, Coparmex, en un diagnóstico sobre este fenómeno sociocultural cuestiona que en México se le apostó a la creación y acumulación de controles, informes y reportes para evitar las posibilidades de que hubiera corrupción. Sin embargo, esta estrategia ha mostrado sus limitaciones.

Allí está el caso de Wal-Mart, que apenas en el año 2009 emprendió un proceso de renovación tanto de su imagen que incluyó el cambió de logo y el nuevo lema de la marca: “Ahorra Dinero. Vive Mejor”. Pero en el fondo el código de ética de Wal-Mart sigue siendo el de la corrupción, como la demostrado The New York Times.

*José Martínez M., es periodista y escritor. Consejero de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex). Es autor del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más rico del mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank González. Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción y La Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo.

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Padres de estudiantes de Bachillerato en Puebla denuncian al director por robo de cuotas voluntarias

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Por Claudia Martínez Sánchez

Padres de familia del Bachillerato Héroes de la Reforma en Puebla denunciaron el robo de cuotas voluntarias solicitadas para la graduación de sus hijos por parte del director de la escuela, Carlos Roberto Martínez Peláez, quien recientemente levantó un acta administrativa para el cese como docente a esta periodista tras revelar en reportajes la corrupción de familiares del gobernador Miguel Barbosa y agresiones a las comunidades indígenas de la región.

De acuerdo con las denuncias de los padres de familia, desde hace dos años, el director escolar les solicitó el dinero para organizar la graduación de unos 50 estudiantes, pese a la estricta orden de confinamiento por la pandemia Covid-19. No obstante, Carlos Roberto Martínez Peláez, en su calidad de director, y Ana Isabel Coriche Avilés, prefecta y asesora estudiantil, pidieron la cuota de 2 mil pesos por alumno, sin llevarse a cabo el evento y sin que hasta la fecha se les regrese el dinero a los padres de familia.

«Fuimos engañados, dice los padres de los estudiantes, con la celebración de su graduación y nos timaron a los padres de los dos grupos de sexto», señalaron entre quejas e indignación.

En medio del confinamiento por el Covid-19, los jóvenes fueron citados en la escuela para tomarles fotos de su certificado y la foto de generación; los padres abundaron que pese a los momentos de crisis por los que atravesaban en el hogar por la pandemia que se traducía en desempleo y falta de dinero, todos los padres -sin excepción- cubrieron los gastos de la graduación para la celebración de sus hijos.

La cantidad solicitada de 2 mil pesos, (105 dólares, según tipo de cambio) incluía fotos del certificado, la foto de generación, así como de la fiesta para los graduados. Sin embargo, de último momento, Martínez Peláez «canceló todo pero se quedó con el dinero», acusan.

Han pasado dos años y los padres de familia y ex alumnos siguen reclamando su dinero, pero no hay devolución de dicha cantidad. Las respuestas son variadas: «organizarán la fiesta de graduación cuando termine la pandemia», «el señor de las fotos se fue con el dinero», «regrese la próxima semana y vemos», «no se encuentra la asesora», «el director no está ahora».

Por lo anterior, los padres de familia denunciantes hicieron un llamado a la Secretaría de Educación Pública para que ejecute la sanción correspondiente por el abuso de confianza que el director escolar y la maestra Ana Isabel Coriche Avilés incurrieron en contra de los padres de familia.

 

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Mexico Violento

Deficiente pavimentación en caminos rurales a municipios de Oaxaca, por corrupción de autoridades locales

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Por Miguel Montesinos León

El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, en diversas presentaciones públicas, ha manifestado que el programa que su gobierno está implementando para la pavimentación de caminos rurales, en el estado de Oaxaca, beneficia el tiempo de recorrido entre una comunidad a otra, además de generar empleo a los habitantes de las comunidades beneficiadas. Incluso ha dicho que las mujeres tienen más sensibilidad para escoger las piedras, y también ha inaugurado algunos caminos y señalado que algunas autoridades han devuelto recursos a su gobierno por la buena administración y honestidad de quienes las están ejecutando.

Sin embargo, aunque el presidente ha mostrado su buena intención para beneficiar a las comunidades rurales y a sus habitantes, en la región Mixteca, y específicamente en las comunidades pertenecientes al Distrito de Nochixtlán, Oaxaca, el cemento, de marca Tolteca de Cemex, empleado para las obras de pavimentación es aplicado de manera deficiente y los recursos públicos son saboteados para beneficio personal.

En un recorrido de este periodista, se pudo constatar a simple vista que el pavimento es de pésima calidad, al igual que los acabados.

En el tramo perteneciente a la agencia municipal del Fortín Chicahua, donde todavía se encuentra en etapa de construcción, claramente, sin ser experto en la materia se percibe que la proporción de cemento es mínima. Esto significa que le están aplicando más arena y grava de lo que técnicamente debe agregarse a la proporción de cemento.

Todavía no se concluye la obra de pavimentación y ya presenta enormes grietas y baches, también la capa final del pavimento se está levantando.

En el tramo en construcción del camino que comunica de Santa María Apazco a Nochixtlán se percibe a simple vista la deficiencia en la aplicación de cemento.

También este camino en proceso de construcción y al no tener alternativa de transitar a la comunidad sin haber concluido la obra ni mucho menos ser inaugurado, los vehículos ya circulan en el nuevo pavimento.

Ambos tramos en mención ya presentan desperfectos, por lo que se consultó a expertos en construcción y manifestaron que los encargados de ejecutar estas obras están aplicando mayor cantidad de arena y grava al cemento con la finalidad que el material les rinda más metros.

Aunado a la elevada cantidad de arena y grava, también consultando con los lugareños, señalan que la presidenta municipal de San Miguel Chicahua, Ester Guzmán Jiménez, ha asignado las obras de pavimentación del camino que comunica a su comunidad con la cabecera Distrital, Nochixtlán, a personas como Olegario López, originario de la comunidad del Fortin Chicahua, a Manuel Gómez de San Miguel Chicahua, infringiendo con esto lo mandatado por el presidente de la república, que la obra debe ejecutarla un comité, y hombres y mujeres de la comunidad beneficiada, sin privilegios.

En el caso de Santa María Apazco, a pregunta expresa de este reportero al presidente municipal, Omar Bautista Rodríguez, sobre quién está ejecutando la obra de pavimentación en su municipio, enfático, señaló que la misma autoridad municipal encabezada por él.

Al entrevistar a ciudadanos de estas comunidades, señalaron que se sabe que funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Delegación Oaxaca, no acuden a supervisar las obras de pavimentación y exigen su respectiva compensación (moche o cuchupo), por lo que quienes están ejecutando estas obras se ven obligados a aplicar más arena y grava y menos cemento.

Según el presidente López Obrador, la vida útil del pavimento de estos caminos es de aproximadamente 14 años. Lo que vemos será difícil de cumplir ya que todavía no se concluyen los caminos, ni tampoco se han inaugurado y ya presentan desperfectos.

Los expertos hablan

Los expertos en la materia señalaron a Los Ángeles Press que si el personal de la SCT quisiera supervisar las obras y ver que se cumpla con los estándares de calidad y proporción adecuada de los materiales, sobre todo en la cantidad de cemento, existen técnicas avanzadas para corroborarlo.

Desafortunadamente en estas comunidades se siguen aplicando los malos vicios de antaño, donde las obras se le asignan a amigos y compadres, pero además no les importa la calidad de las obras, sino ver de qué manera se obtienen ventajas particulares de los recursos públicos, señaló el ingeniero Miguel Ángel Hernández.

Mencionó que era vergonzoso darse cuenta cómo se evidencian quienes están ejecutando estas obras, ya que está a la luz del público la deficiencia del material empleado.

Un claro ejemplo de que los empleados de la SCT Oaxaca no están cumpliendo a cabalidad con la supervisión de la obra es el que desde sus oficinas dan el visto bueno, a través de firmas de documentos sin importar que millones de pesos estén quedando en los bolsillos de las autoridades municipales y en sus familiares y amigos a los que les asignan las obras.

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Mexico Violento

Periodista de Los Ángeles Press amenazada por denunciar corrupción y represión del gobernador de Puebla

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Por Guadalupe Lizárraga

Claudia Martínez Sánchez, corresponsal de Los Ángeles Press en Puebla y activista de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, denunció acoso y amenazas por parte del gobierno de Luis Miguel Gerónimo Huerta, tras publicar reportajes que revelaron corrupción de familiares del gobernador y otros funcionarios vinculados a gestiones sindicales del magisterio, así como las violaciones de derechos humanos contra comunidades indígenas de la región.

La periodista denunció que tras sus publicaciones en el digital internacional para el que colabora, Carlos Roberto Martínez Peláez, director del Bachillerato Oficial Héroes de la Reforma, donde ella también labora como docente, levantó un acta administrativa en su contra por las notas adversas al gobernador Barbosa Huerta.

Por lo que la periodista fue citada a principios de la semana pasada por Martínez Peláez para observarle que su conflicto se podría terminar si ella deja de publicar notas periodísticas contra Barbosa.

El director le dijo que autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) le mostraron el material publicado, y le pidieron que la periodista “dejara de escribir ese tipo de contenido”.

El funcionario además le advirtió que, de persistir, Claudia Martínez ponía en juego su plaza de docente y los 21 años de servicio que lleva, pero también ponía en riesgo tanto su vida como la de su familia.

Además, le informó que el viernes 15 de octubre se presentaría ante el jurídico para revisar el caso, y que ya estaban listos tanto su defensa como los testigos, propuestos por Jaime García Roque, secretario general de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Claudia Martínez narró que el director del Bachillerato le pidió que en el encuentro se sometiera, diciendo que sí a todo lo que le preguntaran en la audiencia y admitiera que si bien difundió notas periodísticas en contra del gobernador Barbosa y las compartió en el grupo de WhatsApp “Delegación-D-II-235” del SNTE, no lo volvería a hacer.

Sin embargo, el día de la audiencia, Martínez Sánchez debía estar en Coyomeapan para la visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante el conflicto postelectoral al que ha dado cobertura internacionalmente por el acoso gubernamental a los líderes de la comunidad, Basiliza Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez, Gonzalo Martínez, y Anastacio González Sanguinez, a quienes les fabricaron delitos y los encarcelaron.

Adicionalmente, en el acta administrativa levantada en contra de la periodista señala que, además de difundir las notas referidas, se ausentaba de su labor como docente e incurrió en seis faltas injustificadas los días 7, 13, 10 y 21 de septiembre y el 4 y 5 de octubre de este año, “lo que afectó el desarrollo de la comunidad escolar a su cargo”.

Quien presenta las pruebas en su contra es Ana Isabel Coriche Ramírez, funcionaria sindical y de la SEP, quien es hija de Jorge Luis Coriche Avilés, ex diputado federal, dueño de una mina a cielo abierto en Zacatlán, que entregó varias tierras a transnacionales y sería uno de los primeros beneficiados, de concretarse la presa hidroeléctrica en Coyomeapan y Zoquitlán.

El despojo de estas tierras de la comunidad indígena ha sido parte de las revelaciones periodísticas de Claudia Martínez Sánchez, incluyendo testimonios y evidencias de las agresiones de las autoridades después de protestar por la presencia de grupos delictivos tolerados por el gobierno de Barbosa Huerta.

Además, un reportaje de Claudia Martínez Sánchez desmintió acusaciones del presidente municipal electo David Celestino contra los indígenas de Coyomeapan de haber incendiado inmuebles y robado patrullas. El trabajo de la periodista demostró que los inmuebles estaban intactos y las patrullas bajo resguardo de las mismas autoridades, sin embargo, los líderes indígenas que fueron acusados por esos supuestos delitos siguen encarcelados.

Otros casos de acoso

No es la primera denuncia por represión del gobierno de Miguel Barbosa Huerta. Otro maestro, del que nos reservamos su identidad, quien había denunciado a «aviadores» en su escuela, personas que cobraban sueldo sin trabajar, fue reprimido con el uso de la fuerza pública y cesado de su plaza laboral. Él mismo señala que «no paran hasta destruirte», y que es una característica del actual gobierno de Puebla.

Preocupado por las amenazas contra la periodista Claudia Martínez Sánchez, le envía un audio para prevenirla de agresiones mayores.

Por otra parte, la exalcaldesa de Puebla Claudia Rivera Vivanco también denunció el acoso del que fue víctima durante su gestión pública, directamente por el gobernador Miguel Barbosa. Incluso, el gobernador intentaba imponerle personajes cercanos al ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, para puestos de seguridad en el municipio, y la instaba a atacar a la exgobernadora del PAN Martha Erika Alonso.

Una denuncia adicional ha sido también la de la diputada federal Inés Parra Juárez, quien ha dado varias conferencias de prensa para denunciar los agravios a los indígenas de Coyomeapan, Puebla, y quien ha señalado reiteradamente de represor y cacique al gobernador Barbosa, por lo que ha sufrido también campañas de odio y violencia de género.

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