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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

La corrupción de Wal Mart en México

El caso de corrupción más grande en la cadena multinacional de Wal Mart

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la cadena WalMart en México, corrupción y complicidad Foto: emol.com

Por José Martínez M.*

Hace unos días el periódico The New York Times –uno de los medios más influyentes del mundo– destapó por enésima vez la cloaca de la corrupción que corroe a México. Ahora le tocó a la cadena de supermercados Wal-Mart, fundada en 1962 por Sam Walton y cuyos herederos forman uno de los clanes más ricos de Estados Unidos y asiduos en la lista de los multimillonarios de las revistas Forbes y Fortune.

En México proliferan este tipo de supermercados gracias a la corrupción. Muchos de estos establecimientos han sido construidos mediante permisos ilegales a cambio de sobornos a funcionarios. No son los únicos ni los primeros. El caso es que las revelaciones del poderoso The New York Times ha exhibido al gobierno mexicano como un país donde a cambio de “mordidas” se violan las leyes más elementales.

No está por demás señalar que la corrupción en México es el deporte nacional por excelencia. Lamentablemente México es un país enfermo. Donde quiera que ponga uno el dedo brota la pus de la corrupción.

De acuerdo al NYT la subsidiaria en México de Wal-Mart pagó sobornos hasta por 24 millones de dólares para ganar el dominio en el mercado mexicano. La investigación del rotativo identificó a Eduardo Castro-Wright, entonces director de la empresa en México, como “fuerza motora detrás de los años de soborno”, aunque apuntó que hubo cohechos ocasionales antes de su llegada a la compañía en 2002.

La denuncia fue presentada por Sergio Cícero Zapata, ex abogado de bienes raíces de Wal-Mart, quien indicó que la firma usó los sobornos para facilitar “cambios de zonas en los mapas, hicieron desvanecer objeciones ambientalistas, permisos que típicamente toman meses para su proceso, mágicamente se materializaron en días”.

Cícero denunció que las prácticas de cohecho estimuladas por Castro-Wright eran parte de una estrategia expansiva de negocios, para construir cientos de nuevas tiendas tan rápido que sus competidores no tuvieran tiempo de reaccionar.

“El ex ejecutivo dio nombres, fechas y montos de los sobornos, él sabía mucho, explicó que por años fue el abogado a cargo de obtener los permisos de construcción para Wal-Mart de México”, indicó el rotativo.

Incluso familiares de personajes como el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; la primera dama del país, Margarita Zavala y el ex secretario del Trabajo, Javier Lozano, salieron inmiscuidos en el escándalo, pues varios de ellos pertenecían a la plantilla laboral de dicha empresa.

El NYT mencionó que la compañía, con sede en Bentonville, Arkansas, inició una investigación interna luego que Cícero Zapata informara en septiembre de 2005 sobre la campaña de cohechos para obtener permisos en “virtualmente cada rincón del país”.

Un investigador nombrado por Wal-Mart, ex agente de la Oficina Federal de investigaciones (FBI), reportó “sospechas razonables” para creer que hubo violaciones tanto a las leyes mexicanas como a las estadounidenses.

No es ninguna novedad las revelaciones del NYT que han exhibido al gobierno mexicano, lo lamentable es el grado de impunidad. Es innegable que las acciones de Wal-Mart se han devaluado en las bolsas, pero en México no pasa nada, nadie ha sido sancionado. México es el paraíso de la impunidad.

Lo anterior revela que la corrupción ha invadido todos los sectores sociales y que muchas empresas privadas han florecido al amparo de este fenómeno que corroe al país en su conjunto.

México, que es campeón de los tratados internacionales, es de los firmantes de la Convención de la ONU contra la Corrupción, ¿y…?

El problema en nuestro país es que la corrupción ha alcanzado dimensiones impresionantes, tanto que uno de los principales centros de educación superior de más prestigio en el país, el Tecnológico de Monterrey, realizó un estudio que tituló La corrupción-gobierno-empresas en México. La investigación arrojó datos reveladores. Por ejemplo, estableció que 62 por ciento de las compañías que operan en México admiten que destinan una porción de sus ingresos a pagar sobornos a funcionarios públicos para obtener algún beneficio.

El estudio, que se basó en encuestas a 3 mil 985 compañías, tanto nacionales como extranjeras, demoró un año y costó 430 mil dólares. El coordinador de la investigación, el doctor René Zenteno, que pertenece al Centro de Estudios Estratégicos del TEC, en su análisis indica que la corrupción que existe en el sistema económico representa un serio problema para el entorno productivo del país, al grado de que todas empresas que admiten pagar sobornos, el 81 por ciento hace desembolsos ilegales para “agilizar permisos” y el 79 por ciento “corrompe a funcionarios” para facilitar la conexión de servicios públicos.

Asimismo, el 82 por ciento otorga dinero para “evitar molestias” de inspectores, mientras que el 52 por ciento lo hace para obtener contratos gubernamentales. La investigación del TEC contó con la asesoría del Banco Mundial y de varias instituciones académicas de Estados Unidos, como las universidades de Yale y de California.

Hay que destacar que esta es la primera vez que se hace un estudio tan amplio sobre la corrupción en México. María Reyes, que también pertenece al Centro de Estudios Estratégicos del TEC y que participó en el trabajo de investigación al comentar algunos pormenores de la investigación, refirió que se habló con los directivos o los dueños de las compañías y, cuando eso no era posible, con algún representante designado.

Para el Centro de Estudios Estratégicos del TEC, uno de los propósitos que animaron el estudio en cuestión fue que los mexicanos tuvieran una fotografía del problema de la corrupción, como si fuera el diagnóstico de una enfermedad. Fue así que la investigación reveló que las grandes compañías reconocen que destinan hasta el 8.5 por ciento de sus ingresos para influir en la modificación de leyes, regulaciones o trámites que las beneficien.

Las pequeñas y medianas empresas, en cambio, gastan un promedio de 5.2 por ciento en pagos ilegales a funcionarios.

Con base a esta investigación que abarcó a empresas de los 32 estados del país, se pudo cotejar que lo que se refiere a licitaciones públicas y corrupción el 22 por ciento del gasto público se destina a contrataciones gubernamentales. Del total de recursos públicos destinados a realizar contrataciones gubernamentales, 30 por ciento se destina a la corrupción.

Algunos expertos estiman que los actos de corrupción le cuestan a México 30 mil millones de dólares anuales (no sólo en compras y obras públicas), lo que representa entre 3 y 4 por ciento del Producto Interno Bruto, algo así como el 10 por ciento de los impuestos recaudados.

Los sectores empresariales han salido al paso para cuestionar el lastre de la corrupción. La más representativa de estas organizaciones, Coparmex, en un diagnóstico sobre este fenómeno sociocultural cuestiona que en México se le apostó a la creación y acumulación de controles, informes y reportes para evitar las posibilidades de que hubiera corrupción. Sin embargo, esta estrategia ha mostrado sus limitaciones.

Allí está el caso de Wal-Mart, que apenas en el año 2009 emprendió un proceso de renovación tanto de su imagen que incluyó el cambió de logo y el nuevo lema de la marca: “Ahorra Dinero. Vive Mejor”. Pero en el fondo el código de ética de Wal-Mart sigue siendo el de la corrupción, como la demostrado The New York Times.

*José Martínez M., es periodista y escritor. Consejero de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex). Es autor del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más rico del mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank González. Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción y La Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo.

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  1. Pingback: PRI difunde falacias de periodista de Wall Street Journal en redes para promover voto : Mexico Violento : Los Ángeles Press

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Organización de Presos de México exige cese inmediato del director del Cefereso 17 por torturas y extorsión

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Por Guadalupe Lizárraga

La Organización de Lucha por la Dignidad, Justicia y Libertad de los Presos de México lanzaron un comunicado público en solidaridad con George Khoury Layón, preso político, quien por segunda vez fue torturado dentro del Cefereso #17, en Buenavista Michoacán, por custodios bajo órdenes del director del penal Julio César Pérez Ramírez.

El documento lo firman los dirigentes de la organización Antonio Barragán Carrasco y Cleofas Hernández Reyes, privados de su libertad en Atlacholoaya, Morelos, desde donde demandan el cese inmediato del director del penal de Michoacán por torturas y extorsión a los internos, y específicamente en este caso a Khoury Layón, quien además tiene reconocimiento de inocencia por parte de la Secretaría de Gobernación, desde noviembre de 2019, y la opinión de libertad inmediata de la Naciones Unidas desde el 18 de septiembre de 2017.

Khoury Layón ha liderado un amparo colectivo de 400 internos que piden la destitución del director del Cefereso y del titular de Seguridad pública por los tratos denigrantes y crueles, extorsiones y falta de atención médica, por lo que las torturas son para que se desista de los amparos concedidos por los jueces Quinto y Sexto de Distrito del estado de Michoacán y del estado de Sinaloa.

La primera tortura a Khoury en el Cefereso número 17 fue el 18 de julio de 2020, por promover los amparos contra los malos tratos. Esta segunda tortura fue el 29 de marzo de 2021 para que se desistiera de esos amparos concedidos. Además, denunció la extorsión del director del penal quien le exigía 500 mil pesos (26,315 dólares aprox) para dejar de golpearlo.

La Organización de Lucha por la Dignidad, Justicia y Libertad de los Presos de México, fundada el 22 de febrero de 2021, por Barragán Carrasco y Hernández Reyes, surgió con el objetivo de detener el maltrato y las violaciones de derechos humanos a la población carcelaria. Asimismo, tiene como objetivo la denuncia sobre el abandono jurídico y la indefensión en el que se encuentran miles de presos, con enfermedades crónico-degenerativas sin atención médica y la negación de beneficios de ley como las preliberaciones.

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Gobernador de Tamaulipas nombra como vocero para su defensa al exsenador del PAN denunciado por lavado de dinero

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El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, nombró a Javier Lozano Alarcón, exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), como su vocero para enfrentar el proceso de desafuero.

Lozano Alarcón, quien también fue secretario del Trabajo durante la administración de Felipe Calderón, ha sido denunciado por lavado de dinero y operaciones financieras para el Cartel de Sinaloa por el capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón, en prisión desde 2010 y torturado por la Policía Judicial Militar.

En su primer mensaje a favor de Cabeza de Vaca, Lozano Alarcón señaló a Mario Delgado Carrillo, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de ’mal amigo’ por supuestamente haberle dado la espalda al Gobernador de Tamaulipas después de que éste le pidió ayuda.

En 2018, luego de renunciar al Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón se convirtió en el vicecoordinador de mensaje de la precampaña de José Antonio Meade Kuribreña. Ahí protagonizó algunos debates sin éxito. Su candidato, el del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llegó fuerza política a la contienda presidencial y quedó atrás de Ricardo Anaya Cortés, y muy atrás de Andrés Manuel López Obrador.

El 28 de abril de 2020, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), después de una campaña nacional manifestada en redes sociales, decidió retirar la responsabilidad como vocero especial que su entonces presidente, Gustavo De Hoyos Walther, le había entregado a Lozano unas horas antes, y en comunicado público Coparmex señaló que sería solo uno más entre sus miembros. Al día siguiente, Lozano acusó a Gustavo de Hoyos de mostrar ’poco carácter’ y reconoció que la ’presión interna’ en ese sindicato patronal lo mandó, en menos de 8 horas, al desempleo.

La defensa de Lozano a Cabeza de Vaca

“Este mensaje es en respuesta a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, por el infame video que grabó en contra del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y digo infame porque, Mario, tú sabes que mientes. No tienes una sola prueba, ningún elemento para poder afirmar que el gobernador está involucrado en redes de delincuencia organizada o narcotráfico. Mucho menos tienes elementos para decir que la DEA respalda tus acusaciones”, dijo Lozano en su primera defensa del gobernador Cabeza de Vaca.

“Lo que sí tenemos son elementos probatorios de que el 3 de octubre pasado, tú me pediste a mí el contacto del entonces ‘amigo’, como decías del gobernador García Cabeza de Vaca, porque ibas a ir a Reynosa a reunirte con tus huestes de Morena en búsqueda de la dirigencia nacional del partido. Temías que se te armara un desmadre y pediste la intervención del gobernador para que toda la situación política de la entidad pudiera transcurrir en calma y en orden. Hoy le das la espalda. Eso es una cobardía”, agregó.

El proceso contra el gobernador

La Cámara de Diputados notificó a principios de marzo al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca sobre el arranque del proceso de desafuero en su contra.

Antes, funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) ratificaron ante la Cámara de Diputados, la solicitud de desafuero contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Los funcionarios de la FGR llegaron a San Lázaro, donde dejaron seis cajas de cartón, con 27 tomos del expediente completo de las imputaciones contra el gobernador militante del Partido Acción Nacional (PAN), quien ha sido imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La declaratoria de procedencia es un procedimiento que popularmente se conoce como desafuero, por el cual la Cámara de Diputados tiene que dar permiso para juzgar a altos funcionarios del Gobierno, con el objeto de evitar que se haga un mal uso político de la acción penal.

Fue el 23 de febrero cuando la Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Cámara de Diputados el desafuero del Gobernador del norteño estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para poder acusarlo de corrupción.

De acuerdo con lo reportado por la prensa local, en meses pasados se presentó una denuncia contra Cabeza de Vaca por enriquecimiento ilícito por un valor de 46 millones de dólares. A raíz de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente del Gobierno Federal, habría acreditado triangulaciones financieras mediante una empresa fantasma que reportaron al gobernador ingresos por unos 2 millones de dólares.

Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional (PAN), pidió en agosto de 2020 a la Fiscalía General de la República que le informara si existía alguna investigación en su contra. En aquel momento, quien empezara su mandato en el fronterizo estado de Tamaulipas en 2016, aseguró en un escrito estar a disposición ’de cualquier autoridad local o federal’.

El gobernador, cuyo periodo al frente de Tamaulipas termina en 2022, es uno de los señalados por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de corrupción, Emilio Lozoya, como uno de los políticos que habrían recibido sobornos para la aprobación de la reforma energética en 2013.

Con información de EFE.

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Disturbios y violencia en penal federal de Chiapas por corrupción y extorsión de autoridades carcelarias

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Por Gonzalo Egremy

En la prisión federal ubicada en el municipio costeño de Villa Comaltitlán, en la que se encuentran 2,560 presos, impera la ingobernabilidad por actos de corrupción y extorsión a internos por parte de directivos.

Lo anterior es una denuncia pública, a través de un escrito, del personal de las áreas de la dirección técnica, de seguridad y administración del Centro de Readaptación Federal (CEFERESO) número 15, quienes solicitan la omisión de sus identidades por temor a sus vidas.
Acusan del cúmulo de irregularidades al director general de esa prisión, Guillermo Montoya de la Torre, a la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza y al director de seguridad, Abelardo Cortéz Skewes, así como a Alfonso Alvarado López, subdirector técnico.

Los denunciantes detallan que los directivos realizan venta de privilegios a los presos, internados ahí como presuntos responsables de delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley federal de armas de fuego, homicidio y secuestro, entre otros delitos.
“Interno que no se somete a la extorsión o “pago de piso” dentro de la cárcel, es enviado a un módulo de segregación y aislamiento en donde son amenazados y violentados por los comandantes, Gapi Zenen Benitez y Jaciel “N”, por órdenes de los directivos”, afirman.

Agregan que personal de ese CEFERESO sufre de hostigamiento laboral y hasta sexual por parte de directivos de la prisión, y que, por ello, hace unas semanas se vieron obligados a “renunciar” una veintena de empleados.

La prisión federal, añaden, es ya “ingobernable” por las constantes riñas y hasta amotinamientos de los internos, que en ocasiones se defienden de las extorsiones que ordenan los directivos, y varios oficiales de seguridad han resultado golpeados.

“Por extrañas razones, dos internos murieron en un lapso de 25 días, y los directivos, junto con un sujeto de la CNDH, de nombre Carlos Cervantes, dijeron a familiares de los muertos, que se “suicidaron” por “el estado emocional depresivo”.

Todo lo que ahí ocurre tiene mucha responsabilidad la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza, quien llegó del CEFERESO 13 en Oaxaca, en donde dejó una estela de corrupción con la venta de privilegios a presos con alta solvencia económica, como fue al “Menchito””, aseguraron.

Alfonso Alvarado López, subdirector técnico, es compadre con el director general CEFERESO 15, Guillermo Montoya de la Torre, y junto con Guadalupe Estrada Meza, encubren todas las extorsiones a presos, golpizas a algunos de éstos, los “suicidios” y el hostigamiento laboral y sexual a empleados.

Añaden los denunciantes que el 21 de febrero pasado, un interno logró evadir los filtros de seguridad del penal y llegar hasta el área verde (pocos metros de la carretera costera), pero la oportuna intervención de personal de empresa privada que ahí presta un servicio, logró evitar la fuga.

Piden al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, así como a la Secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (Federal), Rosa Isela Rodríguez, ordenar exhaustiva investigación sobre los supuestos “suicidios” de los dos presos, así como la serie de “pillerías” descritas en líneas superiores.

Los denunciantes alertan a las autoridades federales y estatales, de un posible amotinamiento o fuga masiva de reos, con fatales consecuencias, si no son castigados los directivos señalados, por ser los responsables; el director del penal, Guillermo Montoya de la Torre, es del “grupo de trabajo” de Jaime Telesforo Fernández, responsable del amotinamiento en la Colonia Penal Islas Marías hace algunos años.

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