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La corrupción a detalle de Gerardo Ruiz Esparza

La corrupción de Gerardo Ruiz Esparza

Alberto Farfán

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Enrique Domínguez Gutiérrez

Al hablar de Gerardo Ruiz Esparza, no podemos decir que haya sido un hombre “tibio”. Por supuesto que no. La “herencia” que ha dejado siempre se atribuye a su paso en el servicio público. Hay personajes que dejaron un legado de paz, civilidad y contribución a la ciencia, tal es el caso de Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Leibniz, Newton. Hay otros que dejaron una percepción de hastío, corrupción y genocidios como Adolfo Hitler o Nerón, Simplemente podemos afirmar que Ruiz Esparza no aparecería como un benefactor de la sociedad mexicana. Evidencias e investigaciones que quedaron en vilo, sin aclararse, pero es muy importante que sigan su curso. Sería injusto pensar que ahora toda la culpa recae solamente en él, hay responsables que deberán de responder a todas y cada una de las tropelías cometidas.

Su fallecimiento tuvo grandes muestras de afecto por parte de cómplices, amigos, falsos amigos y políticos que lamentaron su pérdida. El expresidente Enrique Peña Nieto tuvo incluso el descaro de lavarse las manos responsabilizándolo de importantes proyectos en todo México, agradeciéndole su excelencia como servidor público pero omiso ante el banquete de estafas en que el mismo Peña Nieto disfrutó de manera descarada por medio de simulaciones y artilugios leguleyos para infringir la ley.

Si la corrupción en el sistema energético o en el sector Salud nos impacta por sus vastos alcances, los hechos aún impunes que prevalecen en el sector de las Comunicaciones y Transportes no es algo para dejarse en el olvido. La evidente ola de corrupción, malversación, trampas y simulaciones con la anuencia de los altos jerarcas de la política mexicana es la herencia que predomina de los sexenios anteriores.

En este contexto, el nombre que destaca es el de Gerardo Ruiz Esparza, como el artífice y representante fiel de la corrupción neoliberal que sigue vigente a través de subordinados, inmersos todavía en la gran red de servidores públicos, que, de manera perversa, bajo las siglas del nuevo gobierno siguen persiguiendo sus propios intereses.

En el gobierno de la 4T Javier Jiménez Espriú como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) destaca por su tibieza, lejos está de tener una cercanía a la operación de los Aeropuertos con su impunidad y situaciones abominables que ocurrieron y que mantienen esa hegemonía del antiguo régimen.

Quien está más inmerso en el tema es el Subsecretario de Comunicaciones y Transportes, el Ing. Carlos Alfonso Morán Moguel, habría que preguntarle si realmente se mantiene ignorante ante la herencia y la permanencia de personajes cercanos al hoy desaparecido Ruiz Esparza.

Los grandes tentáculos de la mafia siguen vigentes con Alexandro Argudín a la cabeza y subordinados como Armando Subirats Limón quien recientemente dejó el cargo como Director de Operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuya sombra permanece en el Comandante General del AICM: Francisco Luis Quiroz Pulido quien es señalado como presunto cómplice.

Turbias operaciones, crimen organizado que involucra el tráfico de estupefacientes, personas, órganos, control de aduanas, empresas de seguridad, robo de equipaje, empresas fantasmas para reparación de pistas, control de transporte terrestre como taxis, siembra de droga en equipaje para la acusación fabricada, uso del salón oficial para el tráfico de armas, obras de arte, dinero en efectivo y trata, son algunas de las actividades que aún se viven en el Aeropuerto.

Con una trayectoria plagada de estafas, complicidades y engaños, la mafia de la SCT de Ruiz Esparza se mantiene insertada en la burocracia de gobiernos estatales y aeropuertos.

Lista de irregularidades desfalcos y trampas evidenciadas por auditorías.

  • La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, fue una de las once dependencias de gobierno federal que utilizaron para desvíos millonarios del erario, operación conocida como “Estafa Maestra”.
  • Desvío de 3,600 millones de pesos para la campaña de Alfredo del Mazo Maza cuando era candidato por el gobierno del Estado de México.
  • Supuesto soborno recibido por 1.5 millones de euros de parte de la constructora OHL para tener la concesión de la autopista Atizapán–Atlacomulco.
  • Durante la gestión de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con Declaranet, reportó la compra de seis inmuebles que van desde los 182 a los 581 metros cuadrados. Uno de éstos, rentado a Rosario Robles Berlanga, hoy procesada y recluida.
  • Amplió el título de concesión a GANA, subsidiaria de OHL por 30 años, a pesar de no contar con el reconocimiento de inversiones extras realizadas a la autopista Amozoc–Perote, según consta en un laudo arbitral, así como 20 años más al libramiento de Perote.
  • Autorización de Ruiz Esparza de un incremento de seis por ciento adicional a la inflación por seis años consecutivos, a pesar de no contar con esas atribuciones.
  • En complicidad con Pablo Wallentin, José Andrés de Oteyza, Raúl Murrieta Cummings, Gerardo Ruiz Esparza impuso un sobrecosto en el libramiento Atlacomulco–Atizapán, por 2 mil 500 millones de pesos para un “trazo adicional”.
  • En el ejercicio 2014–2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en 16 mil 543 millones de pesos, un equivalente al 2.52% del gasto total pagado (654 mil 400 millones de pesos) y de 9 mil 502 millones de pesos por actos u omisiones que ameritan sanciones de acuerdo con la Ley de responsabilidades administrativas a los servidores públicos (PRAS).
  • Cumplimiento del 59 por ciento en obra pública federal, es decir, sólo 97 de los 156 compromisos fueron realizados.
  • Pagos excesivos de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, encontrando 2 mil 700 millones de pesos para compra de bienes que no fueron efectuados o encontrados, se detallan dos casos emblemáticos: la UANL y la adquisición de televisores para el programa de transición a la televisión digital.
  • De manera unilateral y bajo el amparo de Enrique Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza adquiere más de 10 millones de televisiones digitales a un precio de 18 mil 760 millones de pesos que al final terminaron costando 28 mil 446 millones de pesos. De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el 55 por ciento de las televisiones no fueron repartidas debidamente y la ASF detectó 400 mil televisiones “perdidas”. Dos empresas se vieron beneficiadas: Diamonds Electronics, junto con Comercializadora Milenio, con el 63 por ciento de la licitación, así como la Cadena de Supermercados Soriana (la misma que estuvo involucrada en el escándalo de las tarjetas de apoyo a la candidatura por la presidencia de la república de Enrique Peña Nieto).
  • En los dos primeros años de la gestión de Gerardo Ruiz Esparza en la SCT, otorgó al menos siete contratos a OHL, 64 por ciento de la autopista Atizapán–Atlacomulco, por 9 mil 500 millones de pesos; el primer tramo del tren interurbano México–Toluca con un monto de 10 mil millones de pesos, junto con grupo Hermes, propiedad de Carlos Hank Rhon; se otorgó también el segundo piso de la autopista México–Puebla por más de 10 mil millones de pesos, la Línea 3 del tren eléctrico de Guadalajara por 7 Mil 418 Millones de pesos. Cabe destacar, que, mientras OHL se vio beneficiada con 41 mil 500 millones de pesos, a otras constructoras sólo se les entregaron contratos por 9 mil 412 millones de pesos, es decir, el 20 por ciento del total de la obra.
  • Ruiz Esparza fue evasivo ante la muerte de Juan Mena Ruiz y Juan Mena Romero en el “Socavón” del paso exprés de Cuernavaca, bajo el argumento de no estar informado y responsabilizando a la lluvia y a la basura por una obra que costó más de 2 mil millones de pesos con una garantía de 220 millones de pesos por mala ejecución, cuya obra presentaba 45 puntos de riesgo, en cuyo inicio en enero de 2015 y hasta 2017 sumaban más de 20 muertes por accidentes viales y trabajadores de la obra.
  • Contratación de una empresa rusa con claros antecedentes de fracasos en funcionamiento, planeación y preparación para el lanzamiento de satélites (hasta ese entonces 4 pérdidas desde 2012). Aún persisten dudas acerca del excesivo pago por la prima del seguro 13.36 por ciento, es decir: 52 millones de dólares.
  • Corrupción y pésima planificación del tren interurbano México–Toluca, lo que en un inicio se calculaba en 30 mil millones de pesos, el desembolso de la administración anterior de Enrique Peña Nieto fue de 60 mil millones de pesos, jamás se consideró su paso por el aeropuerto de Toluca y se requerirían 29 mil millones de pesos, en total la obra costará 89 mil millones de pesos.

Operadores Cercanos a Gerardo Ruiz Esparza:

  • Rodrigo Ramírez Reyes, Ex Oficial Mayor de la SCT.
  • Yuriria Mascott Pérez, Ex Subsecretaria de Transporte de la SCT
  • Nidia Chávez Rocha, Ex Contralora de la SCT y Servicio Postal Mexicano.
  • Alfonso Sarabia de la Garza
  • Alexandro Argudín Leroy
  • Jesús Guajardo Briones, Ex Director de Operaciones en AICM
  • Miguel Ángel Marcos Morales, Ex Director de Administración AICM
  • Martín Vázquez Ramírez, Ex Director Jurídico AICM
  • Sergio Saavedra Arellano, Ex Director Jurídico AICM
  • Armando Subirats Simón, Ex Director de Operaciones AICM
  • Fernando Bueno Montalvo, Ex Director Jurídico SCT
  • Guillermo Ruiz De Teresa, Ex Titular en la Secretaría de la Función Pública.
  • Manuel Del Riego de los Santos, Ex Director de Seguridad del AICM

Los cargos públicos recorridos por Gerardo Ruiz Esparza

Trabajó en el gobierno del Estado de México como titular de la Secretaría General de Gobierno, de 1981 a 1987, durante el mandato del gobernador Alfredo del Mazo González, y de Alfredo Baranda García como gobernador interino. Fue coordinador general de giras de la Presidencia de México en 1988, y coordinador general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en el Distrito Federal de 1989 a 1991. Trabajó para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como director jurídico de 1991 a 1993, y como director de administración de 1993 a 1997. Fue director jurídico Aeropuertos y Servicios Auxiliares en 1998, y director de administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 1999 a 2005. Asumió el cargo de secretario de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, de 2005 a 2011, durante la administración de Enrique Peña Nieto; y secretario de Comunicaciones y Transportes, de 2012 a 2018, también en la administración de Enrique Peña Nieto como presidente de México.

Hasta hace poco se desempeñaba como asesor de la empresa Jaguar que está inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el tema de la torre de control del ahora enterrado Nuevo Aeropuerto Internacional de México, operaba también un negocio a través de su socio Moisés Zecua Muñoz (Fundador y Director de Jaguar Ingenieros Constructores para un desarrollo en Cancún, Quintana Roo en el predio Tajamar en sociedad con Alfredo del Mazo González, Natividad González Parás, Heberto Guzmán y Emilio Gamboa Patrón, que por medio de influencias se apoderaron de ese predio cuando Alfredo del Mazo fungió como Director de FONATUR.

Uno de sus principales prestanombres era su yerno “la picuda” Casado con su hija: Karla Ruiz Dosal, radica en Yucatán y es un empresario multimillonario que opera los negocios de la familia en la península.

Otros operadores de Ruiz Esparza son: Salvador Muriel, cuñado y Socio en negocios de infraestructura y Rodrigo Ramírez Reyes que comenzó en la CFE como secretario particular y dio un brinco impresionante para llegar a Oficial Mayor de la SCT enriqueciéndose de manera desmesurada por el tráfico de influencias, principal negociador que viajaba de manera constante a hacer los depósitos correspondientes a las cuentas de su “jefe”.

Su estrecho vínculo con Alfredo Elías Ayub lo llevó a manejarse como un símil de la dirección General del AICM siendo Director de Administración estrechando lazos con Alfonso Sarabia de la Garza llevando el plan perfecto para la codiciosa de intentar el quebranto y saturación del AICM y justificar de esa manera la obra cumbre del sexenio: el NAIM.

El NAIM

Era el negocio perfecto, los acomodos legales para evitar cualquier reclamo futuro sirvió para enriquecer y lograr jugosas ganancias, detrás de esta obra, habría más intereses como los terrenos aledaños, la venta y el desarrollo de infraestructura para hacer un corredor comercial, planeaban el mantenimiento de pistas, vialidades, sistema de transporte, tren rápido, campo de golf y una zona residencial.

El hijo de Ruiz Esparza y sus nexos con “ilustres” políticos

Gracias al apoyo de Alfredo del Mazo González, Gerardo Ruiz Esparza fue ascendiendo a posiciones de la administración pública lo que le permitió obtener grandes beneficios formando alianzas con consorcios constructores del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Uno de los grandes beneficiados como resultado de estas alianzas es su hijo Gerardo Ruiz Dosal quien fungió como director General de Formación Profesional, además de ser secretario particular del ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam. Su sueldo era en ese entonces de 171 mil 901 pesos al mes.

Paulo Diez Gargari, uno de los litigantes representantes de Infraiber, llegó a denunciar presuntos actos de corrupción entre OHL (ahora ALEATICA) y la SCT, bajo la gestión de Gerardo Ruiz Esparza, por ello ha sufrido persecuciones, amenazas y privación de la libertad, esta última bajo la responsabilidad de Ruiz Dosal en una detención arbitraria e ilegal (retenido sin orden judicial y con lujo de violencia) y la “siembra” de una pistola en el auto del abogado, generando un escándalo por supuesta intercepción de llamadas telefónicas y portación ilegal de armas.

Manuel Añorve Baños, otro destacado miembro del clan acusado presuntamente de haber recibido al menos dos millones de dólares por parte de Edgar Valdez Villarreal “La Barbie” mientras fue alcalde de Acapulco y de robarse 100 millones de pesos, fue quien llevó al hijo de Ruiz Esparza a la Secretaría de Asuntos Migratorios, del PRI, en el periodo de Manlio Fabio Beltrones. Posteriormente, se fue a la campaña de Alfredo del Mazo Maza en el Estado de México, donde se desempeñó como responsable de Asuntos migratorios y terminó como titular de la Dirección General del Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México (Fidepar). El equipo de Alfredo del Mazo le advirtió que no ocuparía cargo alguno en su administración, sin embargo, ocupó un lugar privilegiado en su equipo más cercano de colaboradores.

La vida ostentosa del vástago de Gerardo Ruiz Esparza es conocida en redes sociales por exhibirse en un Ferrari, en yates y aviones privados, y de vacaciones en lugares exóticos.

No hay que olvidar que dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México existen al menos tres Casas de Bolsa, presumiblemente propiedad de Gerardo Ruiz Dosal, quien emplea prestanombres para la actuación sin tregua generando operaciones ilícitas, con la anuencia de Rafael Castro González y la dirección de Alfonso Sarabia de la Garza.

En tanto, los negocios y los vínculos de Ruiz Esparza con los grandes beneficiarios de 12 años de contratos parecen estar a buen resguardo.

Raúl Murrieta Cummings (subsecretario de infraestructura de SCT 2012–2016) ha sido acusado por proteger a funcionarios federales que cobraban anticipos del 15 por ciento sobre el valor de diferentes obras públicas, con el fin de apoyar a las campañas políticas de Beatriz Rodríguez Casasnova en la diputación federal de Oaxaca, así como al hoy gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.

José Antonio Rodarte Leal (ex coordinador de centros de SCT 2012–2018), al igual que Murrieta Cummings, fue acusado también de favorecer a empresas en 14 entidades federativas a pesar de tener demandas por incumplimiento de contratos.

Benito Neme Sastré (director de Caminos y Puentes Federales 2013–2018), es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta adjudicación irregular de contratos y enriquecimiento ilícito, por un monto de 151 millones 510 mil pesos. Uso indebido de funciones para pago de facturas que no tenían relación con el objeto de contrato de la obra pública de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.

Gerardo Alberto Salomón Bulos (titular de la SCT en Hidalgo 2015–2017) investigado por la Auditoría Superior de la Federación, se le detectaron irregularidades sin solventar por 25 millones 100 mil pesos en modernización carretera, concluyendo que hubo discrepancias entre el volumen de obra pagado y el cuantificado.

Luis Enrique Miranda Nava (secretario de Desarrollo Social Sedesol 2016–2018) fue muy cercano a Enrique Peña Nieto, Arturo Montiel y a José Andrés de Oteyza (ex presidente de OHL México, ahora ALEATICA), Luis Miranda está presuntamente vinculado a gasolineras abastecidas por el huachicol, que combatió el presidente López Obrador, también denunciado por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos a campañas políticas. Al igual que José Antonio Meade (excandidato a la presidencia de la república y ex secretario de Sedesol, necesitan aclarar o devolver 284 millones 400 mil pesos, pues desde 2015 el dinero supuestamente se utilizó para el pago a beneficiarios que estaban muertos o simplemente las obras no se construyeron. En 2016, el semanario Proceso señaló que posee un terreno con una superficie de 1,693 m2 en Sierra Ventana #300, un lugar exclusivo de Lomas de Chapultepec, con un valor en ese entonces por 55 millones de pesos. Después, supuestamente, construiría una mansión, todas las operaciones se hacían a nombre de su esposa Alma Laura Saldaña Farah. Hay otra casa en Sierra Gorda, en la misma de área de Lomas de Chapultepec, con un valor comercial estimado en 83 millones de pesos, donde el pago de la renta a la familia Burillo Azcárraga era de 218 mil pesos mensuales. Dicha cantidad excedía en demasía a los 135 mil 967 pesos que siendo subsecretario percibía.

A Luis Enrique Miranda Nava se le acusó de manipular y suprimir hipótesis del asesinato de la niña Paulette Gebara Farah, hija de la prima hermana de su pareja sentimental, Alma Saldaña Farah.

En 2008, fue acusado por el décimo quinto regidor de Tlalnepantla, José Luis Cortés Trejo de tener inmuebles a su nombre por un valor estimado a los 300 millones de pesos. Se le atribuían 123 a Luis Enrique Miranda en Ixtapan de la Sal, entre ellos una villa de descanso en el Country Club Gran Reserva, junto a sus vecinos Alfredo del Mazo, Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto. En ese entonces sólo reconoció 33 inmuebles como sus propiedades.

Vecinos asentados en Ixtapan de la Sal son testigos de calidad de las fiestas de Miranda, sus excesos y la abundancia de mujeres, escoltas y camionetas aguardando por largo tiempo la salida de políticos, empresarios y amigos. Narran también el reclamo que éste hizo en franco estado etílico a Enrique Peña Nieto por no haberlo considerado como Secretario de Gobernación.

Rafael Castro González (Ex director adjunto del AICM) fue contratado por Alfonso Sarabia de la Garza, a pesar de haber tenido múltiples denuncias, según el reporte ministerial DE-033/2013-SACM. Siendo directivo de Novartis fue exhibido mientras realizaba una llamada con César Mora Eguiarte, coordinador de adquisiciones y bienes del IMSS donde se evidenció el cobro de “comisión” del 5% de la licitación para la compra de medicamentos por un valor de 80 millones de pesos. Siendo director adjunto del AICM, se encargó de los tratos comerciales de publicidad, renta de locales y estacionamientos, siendo un reclamo continuo por los sobornos que solicitaba a arrendatarios.

Durante la gestión de Alfonso Sarabia, era común ver a Rafael Castro en comidas de más de cuatro horas en los restaurantes y bares del AICM, así como el “pase” directo de bebidas alcohólicas de los espacios “Duty Free”, acto que es completamente ilegal en los aeropuertos, tenía entre sus colaboradores a sujetos acusados de corrupción como es el caso de Felipe Espíndola, gerente de promoción y optimización de servicios quien fue despedido de Aeroméxico por fraude.

Alexandro Argudín Le Roy, hasta el pasado 8 de septiembre fungía como el director del Aeropuerto de Toluca, finalmente fue sustituido por Luis Federico Bertrand Rubio.

Casado con María Eugenia Muñoz Occeli (sobrina de la ex esposa de Carlos Salinas de Gortari), Alexandro Agudín fue gerente de Recursos Humanos en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la administración de Alfredo Elías Ayub, mientras que Gerardo Ruiz Esparza era el director de administración (1999–2005) cuando éste último se va al gobierno de EPN en el Estado de México, Argudín es nombrado director general y administración del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), de esta manera, el 10 de junio de 2006, la administradora mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca empieza a operar el (AIT), el consejo de administración se integra en ese entonces por Gerardo Ruiz Esparza como presidente, surge ahí la “vía libre” para tener los derechos de administrar, operar, explotar, construir y arrendar, así como el otorgamiento de derechos de uso y/o paso sobre las mismas con el fin de prestar los servicios complementarios y aeroportuarios que fuesen requeridos y en su caso servicios comerciales en todas las áreas.

De esta manera, el AIT se desligaba de la paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), ésta solo participaría con el 25% y se concretaría al suministro de combustible, la conclusión de las etapas dos y tres de la ampliación de infraestructura de 20,000 metros cuadrados, de este modo, se da la independencia total a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, así como la presidencia del consejo de administración del AIT.

El 15 de agosto de 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Anunció que el grupo aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) firmaba con ALEATICA, en su calidad de accionista en la administradora mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT) la carta de intención para el establecimiento de criterios en la participación accionaria del 49 por ciento del (AIT).

Es de hacer notar que ALEATICA es el resultado de la adquisición por parte de IFM Global Infrastructure Fund, de OHL México, de esta manera queda de manifiesto que el AIT funcionaba con la participación de OHL, empresa favorecida por Enrique Peña Nieto desde su gestión como gobernador del Estado de México.

Una vez que Enrique Peña Nieto llega a la presidencia de México, Alexandro Argudín es colocado como director general de Aeronáutica Civil (DGAC), hoy Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) para la instrumentación del NAIM haciendo declaraciones como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México había superado el límite técnico de operaciones permitidas de 394,000 a 449,664 y con la consigna de acabar con el actual por considerarlo saturado, justificando la obra faraónica que suponía el NAIM y mediatizando la idea de que el país estaría en rezago en materia de infraestructura aeroportuaria limitando su desarrollo. El 24 de octubre de 2014 es nombrado director general del AICM puesto que ocupó hasta el 2 de abril de 2018.

A la llegada de Alfredo del Mazo Maza, actual gobernador del Estado de México, Argudín es redireccionado nuevamente al Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), pero su punto de vista cambió radicalmente, ahora lo promovía como una opción para cubrir las necesidades que requiere un sistema aeroportuario, por increíble que parezca una de las estrategias para saturar de manera inmisericorde el AICM fue con el descenso de operaciones en el AIT que llegó a su pico más alto en 2008 con un movimiento de 4 millones 500 mil pasajeros, según cita Alexandro Argudín en la publicación de elarsenal.net el día 23 de agosto de 2018 y su caída en 2018 con solo 691 mil 712 pasajeros.

Mientras estuvo como director del AIT, Alexandro Argudín en plena gestión del actual gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador, resultaba inverosímil que permaneciera un personaje truculento en el manejo de un aeropuerto que si bien, comparte su administración con ALEATICA (Antes OHL México) finalmente fue removido de su cargo en septiembre del presente año.

El Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) es un islote sin control que ha sido parte de hechos poco claros como la presunción de que Oscar Espinosa Villarreal y, el hoy prófugo, Emilio Lozoya Austin, hayan huido a través de dicho aeropuerto, es probable que el detonante de su destitución haya sido favorecida por la huida de Lozoya Austin, pues el día 8 de septiembre fue declarado como prófugo de la justicia de acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR), justo seis días después se designó a un nuevo director.

Una más de las irregularidades que se han detectado en el AIT es la “no rotación” de personal de seguridad, tema delicado, pues mucho tiene que ver con la salvaguarda de una entidad, incluso del país, pues los empleados estaban siendo obligados a firmar bitácoras falsas y por un tiempo hubo “extraños cambios” pues no se podía acceder a las bitácoras de vuelos privados. La información sólo estaba disponible para personas señaladas a capricho. Los Ángeles Press ha iniciado los trámites para solicitarlas en el periodo de diciembre de 2018 hasta septiembre de 2019, fecha en que Alexandro Argudín dejó de estar a cargo.

El paso de Argudín por los dos aeropuertos cuyo control sigue manifestándose por una serie de oscuros intereses encabezados por Gerardo Ruiz Esparza, actualmente permanece en el cargo Armando Subirats Simón (director general adjunto del AICM) quien es el responsable de las “zonas estériles”, es decir, la zona restringida donde sólo tiene acceso el personal autorizado.

Subirats es el encargado de ver quién entra y sale a las zonas restringidas, autoriza los vuelos privados y tiene la opción o no de reportar en bitácora, así como la posibilidad de manipularla.

Alexandro Argudín Jr. es socio en locales del aeropuerto de la cafetería Maison Kaiser y además pagan menos alquiler del debido, según cita Salvador Camarena en el diario El financiero con fecha del 9 de diciembre de 2015. A pesar de la aclaración del entonces director Alexandro Argudín, quien señaló que no se pagaba menos de la renta normal, en ese entonces 2,200 pesos por metro cuadrado, el caso es que no solamente se le liga al tráfico de influencias, también está presuntamente involucrado junto con Armando Subirats Simón.

La mansión de Alexandro Argudín en Ticumán

Una investigación pendiente aún en el Registro Público de la Propiedad es la construcción de una mansión ubicada en Ticumán Morelos, que fue construida en un tiempo no mayor a un año, siendo director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. (AICM). Dicho inmueble fue construido con recursos otorgados por Alfredo Del Mazo Maza (actual gobernador del Estado de México), a cambio de la concesión de un contrato por asignación directa a Pumasa, S.A. de C.V. para la operación de estacionamientos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), dicha empresa vinculada con Alfredo Del Mazo Maza ha obtenido al menos 20 contratos desde 2006, el cobro diario de 2 mil 700 cajones de estacionamiento en la segunda sección del bosque de Chapultepec y 2 mil 32 cajones en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Alfredo Del Mazo ha referido que dejó de participar en la empresa en 2012 y además reconoció que en ese mismo año abrió una cuenta en Andorra por 1 millón 500 mil euros.

La alianza entre Armando Subirats Simón y Alexandro Argudín Le Roy se remonta al sector aeroportuario donde la gestión de Argudín dio las bases para que Subirats –al margen de las acusaciones por “acoso”– se vinculara presuntamente a la trata de blancas, empleando el salón oficial del aeropuerto (destinado a celebridades, diplomáticos y personas que pudieran causar algún problema) para pasar a las personas y “productos” sin pasar revisión alguna. Para ello, valiéndose de influencias en Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal que se encuentra en proceso de desaparición.

Alexandro Argudín, por su parte, ha servido a dos grupos: al de Atlacomulco (a través de Gerardo Ruiz Esparza) y al de Luis Videgaray (ex secretario de Hacienda y de Relaciones exteriores).

Miguel Peláez Lira y el huachicol de la turbosina

Una situación que nos preguntamos con el actual gobierno y, en especial, con Javier Jiménez Espriú, es acerca de la permanencia de Miguel Peláez Lira como director General del AICM, del 2 de abril de 2018 a 11 de octubre de 2019, pese a que ha sido señalado de estar involucrado en el “huachicol” de turbosina, utilizando al personal de limpieza en favor de sus nexos con personas de oscura trayectoria. Sólo habría que preguntarse: ¿Quién abastece de turbosina a los aviones empleados por el crimen organizado? Los Ángeles Press entrevistó a varias personas del servicio de limpieza, y expresaban su preocupación la emplearlos como “burras” para el trasiego de enervantes a través de sus cubetas.

Manuel del Riego de los Santos, ahora miembro del partido Nueva Alianza, fungió como subdirector de Seguridad del AICM. Anteriormente se desempeñaba como director del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán, conocida como (CUSAEM), empresa que opera bajo diferentes denominaciones, entre ellas habría que añadir Texcoco y Valle de Toluca. Esta empresa, durante la gestión de Riego de los Santos en Seguridad, fue vinculada a varios temas oscuros como el homicidio de la Arq. Alicia Rivera Ugalde, en Condado de Sayavedra, Atizapán, Estado de México y a la protección de narcotraficantes como José Jorge Balderas Garza, alias el “JJ”, quien baleó al futbolista paraguayo Salvador Cabañas en Bar Bar en la Ciudad de México, el 25 de enero de 2010. También ha sido escolta de Rosario Robles Berlanga, en la época en que Alfonso Sarabia de la Garza fue director del AICM. Esta corporación no está regulada, tampoco existen registros de haber sido avalada como empresa de Seguridad Privada. Durante el gobierno de Tomás Yarrington en Tamaulipas (1999-2005), Riego de los Santos fue director de penales, y no Yarrington está actualmente preso en Estados Unidos por los delitos de tráfico de drogas, fraude, extorsión y lavado de dinero.

En abril de 2008, Manuel del Riego fue acusado y detenido por fraude, con una orden de aprehensión por el Juzgado Segundo Penal. Aun con estos antecedentes, en 2014, fue contratado, junto con Jesús Guajardo Briones y Hugo de la Cuadra Mendoza, por Alfonso Sarabia de la Garza como funcionario de áreas estratégicas de Seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), reprobando los exámenes de control de confianza aplicados por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) en junio de ese mismo año.

Hubo también una polémica por la contratación de empresas privadas de seguridad en el AICM y de acuerdo con la prensa local, en una carta de despedida, Manuel del Riego de los Santos avisaba que sería en adelante consultor en áreas estratégicas de Seguridad.

El hangar presidencial

Con capacidad para dar resguardo al avión presidencial y seis helicópteros habría que añadir un salón oficial, sala para atención de pasajeros, áreas administrativas, alojamiento, seguridad, almacenes y comedores, canchas de fútbol, basquetbol, frontón y squash. Además, un estacionamiento con capacidad para 520 autos.

El costo inicial era de 945 millones 600 mil pesos, pero la inversión se incrementó en un 25 por ciento, es decir, $1,182 263 084 millones de pesos, a eso hay que agregarle 1 millón 140 mil pesos diarios de mantenimiento que se extendió por más de 1,000 días.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó también 213 millones 121 mil pesos en pagos indebidos y probables daños a la Hacienda Pública por discrepancias entre el volumen pagado y el obtenido, duplicidad en personal técnico y administrativo, incorrecta integración de costos y precios, pagos a precios excesivos, obras no previstas e injustificadas y pago por penalizaciones sin solventarse y sobrecostos.

La construcción del hangar presidencial estuvo a cargo del general de Brigada Crisanto García quien estaba siendo investigado por su probable implicación en casos de corrupción y fraude.

Alfonso Sarabia de la Garza, la riqueza inexplicable desde ASA

Alfonso Sarabia es otro funcionario público que debería de estar siendo investigado por presuntos actos de corrupción. Desde 2014 a 2019, fungió como director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) que hasta ahora es la única empresa del país que puede proveer de turbosina a todas las aeronaves incluyendo las no autorizadas. ASA se encarga también de la administración, operación, conservación y prestación de servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales de los Aeropuertos de la Red ASA y Estaciones de Combustibles de Aviación para contribuir a la conectividad y al desarrollo económico y social del país

Después de haber sido nombrado por Enrique Peña Nieto como director de ASA, Sarabia se vio involucrado en escándalos por temas de corrupción e ineficiencia que, en lugar de someterlo a una rigurosa investigación, simplemente obtuvo la oscura operación del hangar presidencial.

En complicidad con Gerardo Ruiz Esparza, Sarabia amasó una riqueza inexplicable digna de ser investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y determinar su procedencia pues presumiblemente, junto con Ruiz Esparza, ha estado cercano a las adjudicaciones de locales comerciales, casas de cambio, salones VIP, empresas de seguridad para zonas estériles del AICM, taxis, empresas contratadas para la construcción del hangar presidencial y la empresa Fumisa S.A. de C.V.

El empoderamiento de Alfonso Sarabia de la Garza implicaba la utilización de una camioneta Cherokee Blindaje Nivel 5 y un automóvil para 5 escoltas, la compra de un inmueble en San Antonio Texas por 1 millón de dólares, decorada con obras de arte y muebles que llegaban de Europa y otros inmuebles a nombre de su esposa quien también se movía en camioneta blindada y escoltas todo ello pagado por el AICM. Ninguno de los bienes apareció en sus declaraciones.

Dos alertas en el AICM

El AICM presenta dos alertas en cuestión de seguridad. Una es la presencia de Hugo de la Cuadra Mendoza, relacionado con el trasiego de droga, trata de blancas y artículos de procedencia ilícita. Actualmente es el encargado del C5 en el Estado de México nombrado por Alfredo del Mazo Maza. Estuvo encargado de la vigilancia y operaciones en el AICM, así como de los estacionamientos administrados por PUMASA S.A de C.V.; además de casas de cambio relacionadas con el lavado de dinero por parte de Gerardo Ruiz Esparza, Enrique Peña Nieto, Alfonso Sarabia de la Garza, entre otros. La otra pieza clave es el actual director General Adjunto de Operación del AICM, Armando Subirats Simón quien cuenta con una larga trayectoria y la supuesta alianza con el crimen organizado, quien hace alarde constantemente de su cercanía con el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard.

Armando Subirats Simón ha sido relacionado con una red de corrupción en el ámbito de construcción y rehabilitación de las pistas del AICM. Es propietario a través de prestanombres de las empresas que realizan tareas de construcción, y se le ha señalado de vender favores para pasar mercancías por los filtros de revisión sin proceder a ello. También fue vinculado a los escándalos y balaceras en el AICM, por parte de la Policía Federal, y con injerencia en Aduanas en tiempos de Eva María Soria, quien decía ser su ahijada.

Subirats adquirió varios inmuebles, uno de ellos ubicado en San Ángel, varios automóviles y boletos de avión gratis a todo el mundo valiéndose de chantajes que aplicaba a las aerolíneas a cambio de Slots y favores de operación.

Por su parte, Sarabia de la Garza fue el encargado de operar la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la implementación de la toma de instalaciones, la contratación y el pago a notarios del Estado de México, la enajenación de inmuebles en una primera vuelta, plantas de luz y maquinaria que a la postre fueron enviadas a almacenes del Estado de México por instrucciones de Alfredo Elías Ayub.

Prestanombres probables de Alfonso Sarabia de la Garza

Entre los nombres relacionados con los negocios de Alfonso Sarabia se encuentra el de su esposa Silvia de Lourdes Camarillo, el de sus hijos Alfonso y José Luis Sarabia Camarillo, el de sus hermanos José Luis, Susana y Martha Sarabia de la Garza, así como Felipe Espíndola, Miguel Ángel Marcos Morales y Martín Vázquez Ramírez.

Reuniones cómplices.

Ya convaleciente Alfredo del Mazo González, vivió por un tiempo en una casa ubicada en Acapulco, propiedad del abogado hoy preso Juan Collado. Allí recibía las visitas de Carlos Salinas de Gortari, Emilio Gamboa, Héctor Yunes Landa, y Heberto Guzmán (uno de los personajes que financia la organización Antorcha campesina). Pero también en esta lista de visitas al enfermo, destacaba la de Gerardo Ruiz Esparza.

Jamás se llamó a cuentas por abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho y peculado, a Gerardo Ruiz Esparza, quien murió sin que la justicia terrenal le cobrase los actos corruptos generados en su gestión.

“un trabajo bien hecho (refiriéndose a la corrupción) no admite reclamación”

Armando Subirats Simón

 

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Fabricación de culpables

Fabricación de delitos: el riesgo de combatir la corrupción

Susana Enríquez Silva

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Jorge López vivió dos años recluido en un centro penitenciario acusado de un delito que no cometió; fue torturado por las autoridades que lo detuvieron, dejándole secuelas físicas y psicológicas. En México, el 64% de personas encarceladas sufre algún tipo de violencia al ser arrestada*.

Por Susana Enríquez Silva

Jorge López Pérez inició su carrera en 1982 cuando ingresó a la Dirección Federal de Seguridad, años después lo comisionaron al Estado Mayor Presidencial donde laboró cuatro años en el sexenio de Ernesto Zedillo y otros cuatro en el sexenio de Vicente Fox. En el 2007 lo nombraron Director de la Policía Ministerial de Tabasco y en el 2014 lo invita el entonces Comisionado Estatal de Seguridad, Orlando May Zaragoza, a trabajar en Tlaxcala como director de la Policía Estatal Acreditable.

La situación en dicho estado era preocupante, tan sólo del año 2011 al 2013 había más de 150 denuncias por delito de trata de personas con fines de prostitución y únicamente tres sentencias respecto a esos casos. Además, un mes antes de que Jorge López iniciara su periodo, el narcomenudeo ya era considerado uno de los delitos con mayor incidencia delictiva.

La tarde del 21 de enero del año 2015 transcurría de manera normal para Jorge López, después de 30 años de servicio era común recibir avisos sobre asaltos, robos, detenciones, y como en esa ocasión, linchamientos. Se encontraba comiendo en su casa cuando recibió una notificación por radio en la que se solicitaba su presencia en el poblado de Santa Apolonia Teacalco en el municipio de Nativitas. Fue a las cinco de la tarde que junto a elementos de la Policía Estatal Acreditable comenzaron la recuperación de una persona que estaba a punto de ser linchada por presuntamente haber intentado robar un auto.

Horas más tarde, la vida del exdirector de la PEA cambió de manera drástica cuando fue llamado a la oficina de la que en ese entonces era la Procuradora General de Justicia, Alicia Fragoso Sánchez. Al llegar al lugar, Fragoso Sánchez ordenó que fuera detenido sin tener orden de aprehensión; fue en ese momento que comenzó una historia de impunidad y corrupción, historia que hoy en día no ha terminado, pues Jorge López continúa exigiendo al estado de Tlaxcala que le reparen el daño causado por la fabricación de un delito que jamás cometió.

«Somos oficiales que nos debemos al ciudadano»

Jorge López sabe la razón por la que lo detuvieron: intentó cambiar el sistema de policía en Tlaxcala. Desde que obtuvo su puesto en la Policía Estatal Acreditable, López Pérez notó que algunos de sus elementos estaban involucrados en los delitos como narcomenudeo o corrupción, e incluso que recibían órdenes de autoridades de rango mayor por lo que comenzó una estrategia para homologar el sistema de policía y poder garantizar la seguridad al ciudadano.

Su objetivo era transformar la estructura y comenzó a dar cursos propedéuticos a cada municipio, pues había notado que, además, los protocolos de actuación eran ineficientes. Sabe también que los aseguramientos que realizó desde que comenzó su labor al día de su detención, pegaron en el ámbito de autoridades corruptas lo cual molestó a los altos mandos. “Somos oficiales que nos debemos al ciudadano, servimos, no nos servimos de él, desafortunadamente toqué fibras que nunca se habían tocado en el estado y pagué con la cárcel”, afirma con un tono de voz seguro de que él hizo lo que correspondía a su labor.

El día de la detención del director, también fueron acusados por el delito de secuestro exprés, el exdelegado de Apizaco y cinco elementos más de la policía, quienes además fueron obligados a firmar una declaración que jamás dieron. Jorge López fue el único que se negó a hacerlo y asegura que fue el detonante para que en todo el proceso sufriera tortura y maltrato por parte de las autoridades. “Desde el momento que me detuvieron comenzaron a agredirme, me decían de todo: a ver hijo de tu pinche madre, aquí mandamos nosotros”, narra. Lo único que podía hacer era esquivar los golpes y cubrirse la cabeza: “me sentía impotente, no sabía cómo responder”.

Lo estuvieron paseando por horas, primero con el fiscal, pero al no querer declarar lo trasladaron a los separos y lo metieron en un cuarto donde fue violentado física, emocional y psicológicamente. “Me pidieron que me encuerara, me aventaron al suelo y me echaron agua. Yo tenía los ojos vendados pero veía como bolas rojas, me ordenaron que abriera las piernas y es cuando me dan toques en el cuerpo, en todas partes, y yo sólo gritaba el nombre de mi hijo que falleció, ese momento se me hizo eterno”.

«Se te acaba el mundo»

En Tlaxcala no está tipificado el delito de secuestro exprés, así que se buscó meter a la demanda la legislación federal para que procediera. En el momento de la detención no existía ninguna denuncia en contra de Jorge López ni de las otras seis personas detenidas, estas se hicieron hasta las 22:35 y 23:45 de ese día, otra el 26 de enero, después el 27 de enero, y la última el 3 de febrero. “¿Cómo es posible que me detuvieran por algo que nadie había denunciado?”; pregunta López Pérez, todavía sorprendido por lo absurdo de la situación que vivió.

«¿Cuándo acaba la tortura?». Audio: .Susana Enríquez.

Fue ingresado a la zona de alta peligrosidad del Centro de Reinserción Social (Cereso) en Apizaco. La celda en la que lo metieron era pequeña, con un baño, la cama de piedra y un pedazo de zotehuela. “Estuve dos meses incomunicado, lo poco que entraba de luz era por unos barrotes que había pero estaban muy altos, y no los alcanzaba”, narra mientras su voz cambia de tono al recordar los hechos.

El trato que vivió fue inhumano, le pasaban la comida en bolsas de plástico y lo mantuvieron sin tener comunicación con sus familiares hasta por dos meses. “Estar ahí era la muerte para uno, de los barrotes alcanzaba a ver unas como cuerdas y yo decía no pues me voy a ahorcar, se te acaba el mundo al estar ahí, yo pensaba lo peor”. Solamente cuando Jorge López salía a audiencias es cuando veía a su esposa, quien siempre estuvo acompañando el proceso y luchando por su libertad.

Sin embargo Jorge López no fue la única víctima, su madre, y su esposa Sandra Reyes, también sufrieron vejaciones cuando iban a visitarlo al CERESO; las hacían desvestirse, hacer sentadillas para hacer revisión y las tocaban, todo con la justificación de ser necesariopara poder accesar a realizar las visitas. Sandra Reyes siempre estuvo presente buscando pruebas para demostrar la inocencia de su esposo, “yo tampoco me la creía, mi hijo llegó con el licenciado, amá, ahora tú te vas a hacer cargo, yo tengo que trabajar, me puse a llorar pero yo sabía que así no iba a resolver nada”.

En las declaraciones que fabricaron hubo muchos errores, en una de ellas la persona afirmó que reconocía a los detenidos por haber estado presentes en el secuestro, sin embargo el director Jorge López junto al delegado que también fue detenido arbitrariamente, estuvieron juntos en el conflicto de linchamiento que se dio en Santa Apolonia Teacalco. Así que al darse cuenta de que con esa declaración se iba a caer la denuncia, cambiaron la versión de los hechos y acusaron a López Pérez de ser el líder de la banda.

Fotografía que muestra al delegado Juan Carlos Yáñez, el 21 de enero de 2015 en el poblado de Santa Apolonia Teacalco, lugar donde se encontraba con el ex director de la Policía Estatal Acreditable, Jorge López, realizando la recuperación de una persona que estaba a punto de ser linchada por presuntamente haber intentado un auto.

“Una vez hablé con una de las personas que llamaron a notificar, me dijo que había firmado su denuncia por un robo a su casa y que vio un espacio en blanco pero le dijeron que era para otras firmas, yo tenía copia de la denuncia porque en ese espacio en blanco habían puesto el nombre de mi esposo y los demás acusados”, cuenta la señora Sandra.

Hubo un movimiento que se organizó mientras Jorge López se encontraba privado de la libertad. Su esposa realizó dos marchas para exigir justicia y buscó a medios de comunicación de Tlaxcala como Radio Universidad o Línea de Contraste, con el objetivo de dar a conocer todas las irregularidades que estaban sucediendo en el caso. “Por eso digo que mi esposa es una guerrera, porque creyó en mí, sabe quién soy y empezó su lucha desde afuera”, afirma Jorge López mientras presume que lleva más de 30 años en matrimonio con Sandra Reyes.

Después de muchos meses de no presentarse a las audiencias la ministerio público, Jorge López y sus compañeros fueron absueltos de todas las averiguaciones previas: “eran nueve averiguaciones,todas las personas que llamaron a declarar dijeron que no sabían porque estaban ahí o que las habían obligado a firmar, es inverosímil lo que fabricaron, de verdad inverosímil”, narra el ex director de la PEA.

«Los derechos humanos no existen en Tlaxcala«

Es hasta dos años después, el 2 de febrero del 2017, que un juez decide dar la libertad a Jorge López, sin embargo eso no significó el fin, sino el inicio de una lucha para obtener justicia por lo que vivió, pues además de la tortura física, fue exhibido en medios nacionales e internacionales, y perdió la oportunidad de continuar con su carrera laboral. “Yo lucho por reparar el daño moral que nos hicieron a mí ya mi familia, quedé estigmatizado y eso te destruye, pierdes todo”, cuenta.

En el lapso de tiempo que López Pérez estuvo privado de su libertad, encarcelaron a un agente de la policía ministerial, quien le confirmó que las personas que lo torturaron lo hicieron por orden de la ex procuradora Alicia Fragoso Sánchez. Es el 2 de abril de 2018, que el ex director de la Policía Estatal Acreditable, presentó una denuncia penal en contra de Fragoso Sánchez y del ex subprocurador, Víctor Pérez Dorantes, además de integrar a elementos policíacos que participaron en los actos de tortura; un año más tarde de haber ratificado la denuncia, no hay detenidos, los policías continúan laborando para la PEA en Tlaxcala y Fragoso Sánchez no ha sido siquiera llamada a declarar por los hechos.

Jorge López también interpuso una queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las violaciones que sufrió desde su detención, y fue el 30 de abril de 2018 que se emitió la recomendación 02/2018 contra el Estado de Tlaxcala. El 29 de mayo fue acatada por el Estado sin embargo hasta la actualidad no ha sido cumplida de manera idónea siendo que el artículo 51 de la ley de la CEDH se establece que una vez aceptada, se deberá realizar su total cumplimiento. Por causa de esto ha realizado dos huelgas frente al Palacio de Gobierno para exigir que le sea reparado el daño realizado. La recomendación emitió que se debía dar una disculpa pública, pagar los sueldos correspondientes que no recibió debido a su detención, recibir tratamiento psicológico para él y su familia, así como ser indemnizado por el tratamiento médico que hasta ahora lleva debido a las lesiones que le dejaron por la tortura, sin embargo únicamente se le otorgó la disculpa pública y el pago de su sueldo por los dos años que estuvo privado de la libertad.

“Para mí los derechos humanos no existen en Tlaxcala, pero creo en la justicia, siempre confié en las leyes y sé que México ya debe de cambiar”, afirma López Pérez quien lucha por algo más que dinero, busca recuperar lo perdido, re dignificar su nombre y el de su familia. Él sabe que sólo un juez podrá determinar quiénes son los responsables por su detención pero su exigencia es que su historia no quede sólo en una más de impunidad. «Quiero encontrarme nuevamente con mi familia y recuperar todo lo que perdimos, pero no voy a dejar pasar esto, voy a seguir luchando para que se reconozca que también existimos policías que somos víctimas de un sistema corrupto. Soy un servidor público que sirvió a su país por 35 años y no permitiré ser pisoteado”, afirma con la mirada fija, seguro de que no descansará hasta lograr su objetivo.

 

Esta historia periodística es resultado del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM), auspiciado por USAID. 

Nuevo Periodismo para la Justicia

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Ex funcionarios públicos de Hidalgo investigados por desvíos de 5 mil millones de pesos

Emmanuel Ameth

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  • El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y los Centros SCT de Guanajuato e Hidalgo son investigados por desvíos cercanos a los 5 mil millones de pesos, siendo aparentemente fraguados por los hidalguenses.

Por Emmanuel Ameth
EA Noticias

El exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, el exalcalde de Tepeapulco Leoncio Pineda Godos, así como el exfuncionario Gerardo Salomón Bulos son investigados por su probable participación en los desvíos que provocaron daño a la Hacienda pública por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que ha provocado que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación Financiera cumplimenten investigaciones emanadas de los documentos que obran en manos de la Auditoría Superior de la Federación.

En total, son 75 funcionarios investigados por desvíos que ascienden a más de 10 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.

Sin embargo, más de la mitad del monto observado recae en instituciones que estuvieron a cargo de los tres personajes hidalguenses referidos, es decir, destacando entre los desvíos y malos manejos investigados.

Al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), mismo que estuvo encabezado por el exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, le siguen la pista dos investigaciones: una por 4 mil 098 millones 311 mil 608 pesos y otra por 736 millones 133 mil 008.35 pesos.

El Centro SCT Hidalgo, mismo que estuvo encabezado por el exfuncionario cercano al exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, Gerardo Salomón Bulos, lo indagan por desvíos observados por la ASF que ascienden a 73 millones 812 mil 987.10 pesos.

En cuanto al Centro SCT Guanajuato, el mismo estuvo encabezado por José Leoncio Pineda Godos, ligado al exgobernador José Francisco Olvera Ruiz y las indagatorias son por desvíos de 45 millones 492 ml 643.20 pesos.

Entre los tres exfuncionarios hidalguenses se acumulan probables desvíos acreditados por la ASF del orden de los 4 mil 953 millones 750 mil 246.65 pesos, es decir, más de la mitad de todos los montos observados a toda la SCT durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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México de conciencia

Comisión del Senado aprueba la desaparición de fideicomisos

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Por Ignacio García 

La comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobó por mayoría el dictamen que avala la desaparición de 109 fideicomisos que previamente aprobó el pleno de la Cámara de Diputados federal, por lo que fue turnada a la Mesa Directiva.

Un día antes fue aprobada por la comisión de Hacienda del Senado de la República, aunque los legisladores federales de oposición pidieron que no se avalara la desaparición de los fideicomisos, ya que se pone en riesgo el apoyo a los científicos, deportistas y creadores culturales, así como la atención en desastres naturales.

El coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, operó para que los legisladores aliados como del Partido del Trabajo (PT) para que avalaran el dictamen que envió la Cámara de Diputados federal y así enviarlo a la Mesa Directiva para su votación con los 128 senadores.

Con seis votos a favor de Morena y cuatro del bloque opositor, fue aprobado el dictamen, aunque la senadora del PT, Nancy de la Sierra, votó en contra de la propuesta para extinguir los fideicomisos, ya que acusó que se pretende erradicar los apoyos a los más necesitados.

Asimismo, los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) también se opusieron para aprobar los fideicomisos, ya que se conformará como una manera de aprobar los proyectos de la denominada cuarta transformación.

Sin embargo, la senadora de Morena, Jesusa Rodríguez, afirmó que los fideicomisos con mecanismos opacos que únicamente pervierten los intereses de ciertos grupos y no se benefician a los científicos, deportistas ni artistas, por lo que ahora se destinarán de forma directa por parte de la Federación.

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