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Latinoamérica

La CIDH despedirá a la mitad de sus trabajadores por falta de fondos

La Organización de Estados Americanos, que solo destina el 6% de su presupuesto al organismo, permitirá que se archiven cientos de casos de violaciones de DDHH

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Miembros del GIEI presentan su informe sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa

Miembros del GIEI presentan su informe sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa

Los Ángeles Press

WASHINGTON, Estados Unidos.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atraviesa una crisis financiera extrema que tendrá graves consecuencias en su capacidad para cumplir con su mandato y funciones básicas. El organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) tendrá que despedir al 40% del personal por falta de fondos, viéndose obligado a archivar cientos de investigaciones sobre casos de violaciones de Derechos Humanos en todo el continente.

Con tres décadas de historia, la CIDH ha conseguido importantes avances en la defensa de los derechos humanos, especialmente en Latinoamérica, donde la Comisión ha desempeñado trabajos de suma relevancia en casos aún no resueltos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, su importancia en la región no le ha otorgado el mismo rédito económico: la OEA le destina solo el 6% de su presupuesto, unos 4,8 millones de dólares, insuficientes para sufragar su funcionamiento. El organismo viene recurriendo a donaciones voluntarias y fondos de cooperación procedentes de los países de Europa, pero la crisis de los refugiados en las fronteras con los países árabes ha provocado que se destinen menos aportaciones a América, lo que ha supuesto un varapalo insuperable para su economía.

En un comunicado de prensa, la CIDH lanza un llamado para recibir fondos, «o al menos compromisos escritos de donaciones», antes del 15 de junio, aunque no tienen «la expectativa de recibir fondos». Aquí, el resto del comunicado:

Date: June 07,2011Place: San SalvadorCredit: Juan Manuel Herrera/OAS

Date: June 07,2011Place: San SalvadorCredit: Juan Manuel Herrera/OAS

La CIDH expresa su profunda aflicción ante las víctimas, los peticionarios y las organizaciones de la sociedad civil que tenían planificado participar en audiencias, reuniones de trabajo y otros espacios previstos para las sesiones de octubre. Asimismo, la CIDH expresa su extrema preocupación porque la suspensión de las sesiones tiene un impacto directo en la capacidad de la Comisión de avanzar en el procesamiento de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, ya que es en dichas sesiones cuando los Comisionados y las Comisionadas analizan, debaten y aprueban informes sobre peticiones y casos.

Resulta igualmente perturbador el estado de indefensión en que quedarán miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Será inevitable que el retraso procesal que se estaba intentando reducir vuelva a aumentar y llegue a un punto incompatible con el derecho de acceso a la justicia. Asimismo, la CIDH lamenta profundamente estar enfrentada a un escenario inminente de perder a valiosos/as funcionarios/as que han trabajado de manera infatigable en favor de los derechos de las víctimas, entregados/as a la causa de los derechos humanos con responsabilidad y dedicación.

En los últimos meses y semanas, la CIDH y su Secretaría Ejecutiva han hecho todos los esfuerzos que estuvieron a su alcance para confirmar donaciones que estaban previamente conversadas, pero desafortunadamente no prosperaron. La CIDH continuará realizando todos los esfuerzos que estén a su alcance para que este escenario pueda ser revertido en lo inmediato, a fin de evitar la pérdida del 40% de su personal y de poder reprogramar los períodos de sesiones, las visitas y el desarrollo de todas las actividades previstas para el año 2016. Con este fin, la Comisión Interamericana hace un llamado a los países miembros, los países observadores y otros posibles donantes a realizar aportes financieros urgentes y de libre disposición para lograr este objetivo.

A fin de evitar esta situación catastrófica, la CIDH necesita recibir fondos, o al menos compromisos escritos de donaciones, antes del 15 de junio.

Por otra parte, más allá de la actual crisis financiera, la Comisión Interamericana sufre una situación estructural y sistémica de financiamiento inadecuado que es indispensable atender y resolver. Existe una profunda discrepancia entre el mandato que los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) le han asignado a la CIDH, y los recursos financieros que le otorgan. El presupuesto regular de la CIDH para el año en curso no alcanza los 5 millones de dólares, o sea menos de cinco milésimas de dólar ($0.005) por habitante. El personal de la CIDH financiado por el fondo regular de la OEA totaliza 31 personas, es decir, tiene menos funcionarios/as que países bajo su jurisdicción. Los otros 47 funcionarios están financiados con donaciones, las cuales presentan problemas de inestabilidad e imprevisibilidad, tal como lo demuestra la crisis actual.

La Comisión ha realizado gestiones permanentes a lo largo de las últimas dos décadas ante los Estados miembros de la OEA para asegurar un presupuesto que permitiera trabajar de manera eficaz en el cumplimiento de su mandato. Como resultado de esas gestiones, la Asamblea General de la OEA ha aprobado varias resoluciones comprometiéndose a atender la situación, pero las mismas no se han visto reflejadas en un aumento significativo de recursos. Mientras que el Consejo de Europa destina el 41,5% de su presupuesto a la promoción y protección de los derechos humanos, la OEA destina el 6% de su presupuesto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un enérgico llamado a los Estados Miembros de la OEA a asumir su responsabilidad con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La CIDH espera que la próxima Asamblea General de la OEA, a realizarse en junio, adopte una decisión histórica y trascendental, que refleje el compromiso de los Estados con la defensa de los derechos humanos en la región. Esto significa aumentar de forma radical el presupuesto del fondo regular de la OEA y asignar a la CIDH y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en general los recursos necesarios para el cumplimiento del mandato asignado por los propios Estados. Es indispensable, imperativo y urgente que los Estados efectivamente adopten una solución sustentable a este grave y crónico problema y demuestren su compromiso con el respeto y garantía a los derechos humanos con hechos y no sólo palabras.

La CIDH expresa su firme compromiso en seguir trabajando en cumplimiento de sus funciones, inspirada por el ideal expresado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de que “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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La red en lucha

Gobierno de México exige de nuevo visa a ecuatorianos para evitar «oleada migratoria»

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Sara España/Micaela Valera
El País

Solo uno de cada tres ecuatorianos que vuela hasta México aduciendo que viaja por turismo vuelve a su casa. Esa estadística equivale en cifras absolutas a 54.000 personas que salieron de Ecuador en ocho meses y se quedaron o intentaron quedarse como migrante ilegal en otro lugar. En Estados Unidos, principalmente. Ante la nueva oleada detectada por México desde que eliminara la exigencia de visado a los ecuatorianos, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dado marcha atrás y reinstaurado el requisito migratorio.

A partir del 4 de septiembre y hasta marzo de 2022, de momento, quienes elijan a México como destino deberán pedir autorización previa a las autoridades migratorias. La Cancillería ecuatoriana reaccionó al anuncio de México con un comunicado de cuatro párrafos en donde toma “conocimiento” de la decisión que achaca “al alto número de connacionales que son víctimas de mafias que utilizan este mecanismo con la intención de trasladarlos irregularmente hacia Estados Unidos”.

La decisión precedió en días a la llegada del presidente de la nación andina, Guillermo Lasso, para unirse a la conmemoración de los 200 años de la Independencia de México por la Firma de los Tratados de Córdoba. Pese al revuelo que levantó el anunció de México, la agenda de Lasso a partir de este martes estará centrada en consolidar el acercamiento de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Ninguno de los dos países ha confirmado si el asunto de las visas estará en la conversación entre Lasso y López Obrador.

Lasso, quien aterrizó el lunes en Ciudad de México y se quedará hasta el próximo jueves, ha destacado que las conversaciones con López Obrador se centrarán en apertura económica y comercial, cooperación, y planes de vacunación. El canciller Marcelo Ebrard ha recibido al mandatario en su primera visita oficial a México como jefe de Estado y ha dado una afectuosa bienvenida pública tanto al presidente como a su esposa. La Secretaría de Exteriores mexicana ha detallado que después de la cita entre ambos presidentes para conversar “sobre diversos temas de la agenda bilateral y regional”, Lasso volverá a la capital mexicana para proseguir con asuntos de su agenda de trabajo privada.

Fuente original: El País

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La red en lucha

Violencia del Estado persiste en Colombia tras los acuerdos de La Habana en 2016

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Por Ignacio García

Tras los acuerdos de La Habana en 2016 firmados por el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Estado colombiano sigue ejerciendo violencia contra los ciudadanos.

De acuerdo con el Tercer Informe sobre los asesinatos sistemáticos en Colombia durante 2021, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos del Colectivo por la Paz en Colombia desde México (Colpaz), después de cinco años de haberse firmado los acuerdos por las autoridades colombianas, mil 201 líderes han sido asesinados y el Estado ha sido incapaz de detener la violencia.

El estudio revela que el gobierno de Iván Duque ha minimizado los efectos de la violencia en ese país atribuyendo los homicidios sistemáticos a una disputa de territorio para la ilegalidad.

En las zonas del país donde asesinan a defensores de derechos humanos existen organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico, pero el gobierno nacional ha desestimado las nuevas formas del paramilitarismo, aunado a que se siguen desarticulando las organizaciones comunitarias en defensa de los territorios y en los distintos territorios del país.

Al respecto, Lady Johanne Rondón Arévalo, activista e integrante del Colectivo por la Paz en Colombia desde México, y Juan Sebastián Granada-Cardona, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalaron en entrevista con Los Ángeles Press que la fiscalía de Justicia ha elogiado la actuación del gobierno, pese a que tendría que ser una institución independiente.

Las condiciones de violencia en Colombia han continuado con una profunda inequidad social, altos índices de corrupción e impunidad, aunado a que el gobierno nacional ha priorizado el uso de la fuerza antes del diálogo y consenso correspondiente a un Estado de Derecho, señalan los académicos.

Asimismo, se ha mantenido la violencia institucional, estructural y la ejercida a través de los cuerpos públicos de seguridad que dan cuenta de la prolongación de las formas criminales que se instalaron en el poder desde hace más de 40 años y que se han sofisticado a través de nuevas formas de operación por medio de recursos del crimen organizado.

El informe refiere los distintos casos de asesinatos sistemáticos de líderes sociales y excombatientes de las FARC, feminicidios, violencia estatal cometida durante el primer semestre de este año.

También 69 líderes sociales fueron asesinados en la primera mitad de este año, 106 ex combatientes de las FARC, así como 45 masacres cometidas por el Estado colombiano, por lo que advirtieron que de continuar esta tendencia constante contra la ciudadanía el tejido social colombiano seguirá siendo afectado.

Además, la violencia del Estado pudo evidenciarse cuando la Fuerza pública se utiliza contra la ciudadanía violentando los derechos humanos y criminalizando la protesta social como forma de deslegitimación de las exigencias ciudadanas como sucedió en abril pasado con las protestas contra el gobierno de Duque.

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Latinoamérica

Presidente de Haití, Jovenel Moises, asesinado en golpe de Estado

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SANTO DOMINGO.- El presidente de Haití, Jovenel Moises, fue asesinado esta madrugada por un comando armado que penetró a su residencia en medio de un intenso tiroteo. Era su cuarto año de presidencia, y en febrero había alertado de que había un golpe de Estado en marcha y que utilizaba la calle para desestabilizar. Incluso, el 12 de febrero de 2021, señaló a un grupo de familias vinculadas al sector eléctrico de querer asesinarlo.

En la acción fue herida de gravedad su esposa Martine Moise, cuyo estado de salud aún era confuso.

Los primeros informes de seguridad indican que en el comando que atacó a Moïses había mercenarios suramericanos. El primer ministro de Haití, Claude Joseph, emitió un comunicado en el que confirma que a eso de las 1:00 de la madrugada Moises fue mortalmente herido. Así lo confirmó el diario local El Día.

Moises, de 53 años, ganó las elecciones presidenciales de su país en primera vuelta el 27 de noviembre de 2016 y asumió el 7 de febrero de 2017, proceso que apenas contó con la participación del 21 por ciento de los electores.

Desde el año pasado enfrentaba protestas violentas promovida por grupos opositores, quienes exigían su salida del poder alegando que su periodo concluía el 7 de febrero pasado en el entendido de que el mismo se contabilizaba desde el 7 de febrero del 2016 pese a que él tomó posición en 2017.

Otra de las situaciones que enfrentaba Moises fue el auge de grupos criminales que han tomado el control de gran cantidad del territorio haitiano y que desafiaban la autoridad gubernamental.

Comunicado emitido por Claude Joseph dando razón del atentado contra el presidente Jovenel Moises, quien falleciera poco después.

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