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Justicia pendiente

#Caravana43 exige a EEUU fin del Plan Mérida por humanidad

Los normalistas de Ayotzianpa denuncian que el Plan Mérida se utiliza para financiar la ‘guerra sucia’ del gobierno mexicano contra el pueblo

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Joseimar De la Cruz, normalista de Ayotzinapa / FOTO: José Pedro Martínez

Joseimar De la Cruz, normalista de Ayotzinapa / FOTO: José Pedro Martínez

Por José Pedro Martínez

SAN DIEGO, California.- La ‘Caravana 43’, formada por familiares y compañeros de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en la ciudad guerrerense de Iguala el pasado septiembre, llegó este lunes a la ciudad fronteriza para exponer la que será su principal petición en su recorrido por los Estados Unidos: poner fin al Plan Mérida. Para ello, apelaron a la solidaridad de los ciudadanos norteamericanos para que sean conscientes de que están sufragando la represión y los crímenes de Estado en México con sus impuestos. Una vez más, volvieron a exigir que se entregue con vida a los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos al grito de ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

La Iniciativa Mérida es un tratado impulsado en 2008 por el entonces presidente George W. Bush que ha venido facilitando hasta la fecha la entrada de capital y recursos armamentísticos estadounidenses para financiar la “guerra al narco” en México y Centroamérica. Aunque la mayoría de los fondos se han destinado a compras de aviones militares, equipos de intercepción y entrenamiento de las diferentes fuerzas del orden, los más de 2 mil millones de dólares invertidos se han traducido en un aumento del tráfico de armas hacia el sur y el establecimiento de una “guerra de baja intensidad” (pequeños grupos fragmentados de los grandes cárteles, más violentos y difíciles de controlar), que ha incrustado la violencia en prácticamente todo el país. Diversos organismos internacionales han concluido que la militarización de la policía, sumada a la presencia del ejército en las calles, ha sido aprovechada por el gobierno mexicano como herramienta para el sometimiento de movimientos insurgentes, opositores y estudiantiles.

En palabras del normalista Josimar De la Cruz, superviviente de los sucesos de Iguala, el dinero que iba a ser destinado a combatir al narcotráfico, se está empleando para la compra de armamento que está siendo utilizado en la represión de organizaciones disidentes al gobierno, especialmente las surgidas de las comunidades indígenas. “Campesinos, estudiantes, obreros,… todo aquel se atreva a alzar la voz en México sufre la represión. Hoy nos tocó a nosotros, aunque se equivocaron porque nosotros no nos rendiremos, pero mañana le puede ocurrir a cualquiera, por eso venimos a exponerles la realidad de nuestro país y que sean conscientes de lo que cuentan los medios de comunicación es mentira”, enfatiza

Caravana 43 exige el fin del Plan Mérida / FOTO: José Pedro Martínez

Caravana 43 exige el fin del Plan Mérida / FOTO: José Pedro Martínez

De la Cruz precisa: “Venimos a pedir apoyo al país más poderoso del mundo para que presione al gobierno de México, para que no se dé carpetazo a la investigación sobre lo que ocurrido y haya resultados. Pero sobre todo, venimos a exigir al gobierno norteamericano, con la ayuda de sus ciudadanos, que detengan el Plan Mérida por humanidad”. El también normalista superviviente, Angel Neri, recordó que el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien mantuvo en todo momento que el ejército no tuvo nada que ver con los sucesos de Iguala, se vio obligado a dejar su cargo porque su versión fue desmentida cuando los mismos militares, presionados por la sociedad, comenzaron a publicar fotografías que ponían en evidencia que efectivamente habían tenido relación directa con los normalistas desaparecidos aquella noche.

Los integrantes de la Caravana 43 afirmaron haberse sentido sorprendidos por la acogida multitudinaria que están teniendo en Estados Unidos, que va más allá de la comunidad latinoamericana, mientras en México pretender acallarse el tema. Aprovechando para agradecer este recibimiento, quisieron remarcar la importancia de los valores de los estudiantes de las normales. “Nuestros compañeros desaparecidos son maestros, ya que nos están enseñando a unir fuerzas para alcanzar el bien común”, y concluyeron: “Un pueblo educado es un pueblo libre”.

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‘Youtuber’ Meme Yamel reconoce ignorar a víctimas de Isabel Miranda de Wallace por sentirse «saturada»

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Meme Yamel reconoce ignorar a víctimas de Isabel Miranda de Wallace por sentirse "saturada"

Por Guadalupe Lizárraga

En una serie de tuits, la youtuber Meme Yamel respondió a la periodista Guadalupe Lizárraga sobre la revelación que hizo Alma Nelly Flores, esposa de César Freyre Morales, a Los Ángeles Press, el haber sido ignorada cuando le solicitó ayuda en julio de 2021 para darle mayor visibilidad a las violaciones de derechos humanos sufridas por su esposo, César Freyre, a lo largo de 16 años de encarcelamiento injusto, con un protocolo de Estambul positivo en tortura. Mientras que en el caso de Brenda Quevedo Cruz, promovido por Defensoría pública, todos los medios, incluyendo los youtuberos y a ella misma, han hecho suyos los boletines de prensa de la institución.

Justificó la youtubera que era un ser humano y estaba «saturada», por lo que podrían olvidársele algunas cosas y pidió disculpas.

«Soy un ser humano, me saturo. Hay cosas que se me pueden llegar a olvidar y me disculpo, pero ¿de ahí a decir que sigo la línea de la defensoría y que por eso no voltee a ver a los demás? Wow.»

Tras leer la nota de César Freyre, Elena Uscanga, la madre de Jael Malagón Uscanga, mencionó que a ellos también les había hecho lo mismo. Después de que Meme Yamel se presentara a la conferencia matutina con el caso de Brenda Quevedo, también recurrieron a ella para que mostrara los otros casos de las víctimas de la fabricación. Sin embargo, no hubo respuesta de parte de la youtubera.

Meme Yamel acusó a la periodista de quererse «colgar» de su persona para «sacar un nota». A lo que Lizárraga le recordó que la denuncia había sido de la familiar de la víctima, y cuestionó el por qué habría de «colgarse» de una mala réplica de su trabajo.

Un siguiente tuit de la youtuber señala que «nadie la obligó o presionó para reconocer a periodistas que investigaron el caso». Sin embargo, la investigación que reveló los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda, iniciada en 2014 por Guadalupe Lizárraga, demostró que en 2018 todavía la supuesta víctima estaba activa en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tenía un número de seguro social, contaba con tres actas de nacimientos y dos actas de defunción y había siete testigos que interactuaron con él años después de la supuesta fecha de muerte que alega Isabel Miranda de Wallace como el 11 de julio de 2005.

Incluso, en 2006, dos de los testigos denunciaron ante la Procuraduría General de la República, hoy FGR, y en el programa de Ciro Gómez Leyva, a quienes posteriormente Isabel Miranda de Wallace los acusó de intento de extorsión.

Para Meme Yamel, «el problema de la periodista, dice, es que ella quiere ser la protagonista de la historia y los protagonistas son las víctimas». No obstante, a la única víctima que le da cobertura, con imprecisiones y falta de rigor periodístico señalado por Guadalupe Lizárraga, es a Brenda Quevedo Cruz, de quien emprendió campaña el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, y promovió en medios, youtubers y periodistas para que le dieran cobertura «viral» a su boletín de prensa posterior a la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas de emitir una opinión de libertad por la larga prisión preventiva que sufría Brenda.

Las víctimas que siguen bajo consigna

El caso Wallace implica a ocho víctimas de detención arbitraria, tortura y encarcelamiento injusto, algunas por más de 16 años. De las seis víctimas acusadas directamente son Juana Hilda González Lomelí, caso recién atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con amparo interpuesto por Isabel Miranda de Wallace, y que los medios han dado cobertura desde el empuje de Defensoría pública.

Otras víctimas son los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz, a quienes les negaron aplicar el protocolo de Estambul bajo el falso argumento de que ya estaban sentenciados, y que la madre de ellos solicitó el apoyo mediático para visibilizar sus casos.

Jacobo Tagle Dobín, sin sentencia con tres protocolos de Estambul positivos en tortura, uno de éstos aplicado por el Consejo de la Judicatura de la Federación, y César Freyre Morales, sentenciado a 131 años de cárcel con protocolo positivo en tortura.

Las otras dos víctimas relacionadas de manera indirecta para justificar una «banda de secuestradores» son George Khoury Layón, con reconocimiento de inocencia y opinión de libertad de Naciones Unidas, que vivió su tortura más reciente el 12 de junio de 2022, y Jael Malagón Uscanga, con registro de tortura en 2010, de la que quedó parcialmente ciego dentro del Cefereso #1, El Altiplano, Estado de México, y de la que le dijeron sus atacantes que no era nada personal, sino órdenes de Isabel Miranda de Wallace.

No ignores: Mi hijo lleva 16 años preso sin sentencia, 12 jueces, golpizas y pagos a autoridades carcelarias: Elena Uscanga

En la serie de tuits de Meme Yamel en respuesta a la periodista Guadalupe Lizárraga también asevera que respecto a las otras víctimas del caso Wallace dio lectura a una carta de Jacobo Tagle. No obstante, Los Ángeles Press, ha publicado y dado lectura a varias cartas de todas las víctimas, a excepción de Tony Castillo. En el caso de César Freyre se publicó en este medio, en 2019, una carta de 17 páginas y 25 puntos en donde narra la tortura a detalle y da nombres de sus agresores que sigue siendo ignorada por los medios, por Meme Yamel y los demás operadores de las redes sociales en favor del gobierno de López Obrador.

Para enterarte más: Represalias en penales a víctimas del Caso Wallace por exigir justicia – Los Ángeles Press

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Fiscalía de Campeche pide desafuero de Alejandro ‘Alito’ Moreno por presunto enriquecimiento ilícito

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Fiscalía de Campeche pide desafuero de Alejandro 'Alito' Moreno por presunto enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de Justicia de Campeche (FGE Campeche) solicitó a la Cámara de Diputados federal que desafueren al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como ‘Alito‘, por ser responsable de presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal estatal de Campeche, Renato Sales, solicitó a los legisladores federales que inicien el procedimiento de desafuero contra el legislador federal para que se pueda desarrollar el proceso penal en contra del líder del tricolor.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que recibieron la petición de la fiscalía estatal de Campeche para que puede continuar la investigación que se inició en su contra, por lo que deberán dar seguimiento de ley correspondiente.

De acuerdo con el fiscal estatal, la investigación contra Alito Moreno no tiene relación con los audios que recientemente ha publicado la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, pues aseguró que los ingresos económicos que percibió como servidor público no corresponden a las propiedades y bienes que ha obtenido.

Recordó que una de las propiedades de “Alito” tiene un valor de 130 millones de pesos, aunado a que el contenido de la misma tiene un costo de más de 50 millones de pesos, por lo que consideró que debe demostrar que todos estos bienes los ha adquirido de forma legal.

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Por su parte, el dirigente nacional del PRI acusó que hay una persecución política en su contra, debido a que es una de las figuras más visibles de la oposición contra el gobierno federal, y por ello aseveró que el gobierno de Campeche pretende fabricarle delitos para afectar su imagen.

 

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¿Quién es el defensor de derechos humanos Gonzalo Martínez Herrera, en la resistencia de Coyomeapan, Puebla?

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¿Quién es el defensor de derechos humanos Gonzalo Martínez Herrera, en la resistencia de Coyomeapan, Puebla?

 

El municipio de Coyomeapan, se encuentra en el estado de Puebla, enclavado en la Sierra Negra, zona de pobreza extrema, gobernado por caciques como lo es el expresidente municipal, David Celestino Rosas, quién intervino políticamente para que lo sucediera al cargo su cuñado, Rodolfo García López; además de intervenir para que su hermana Aracely Celestino Rosas, actualmente ostente el cargo de diputada federal. Hechos que provocaron que la comunidad se organizara para hacer denuncias públicas y protestas pacíficas.

Como respuesta de las autoridades a la organización de Coyomeapan, el 5 de septiembre de 2021, fue detenido arbitrariamente el defensor de derechos humanos Gonzalo Martínez Herrera, cuando se encontraba en su domicilio.

El defensor de los derechos humanos convaleciente de COVID, sin que le otorgaran las medidas sanitarias correspondientes y sin recibir atención médica necesaria a su estado de salud, con padecimientos de diabetes e hipertensión arterial.

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Gonzalo Martínez Herrera fue procesado de homicidio calificado bajo la Averiguación Previa;  AP-1548/2013/TEHUA, con un expediente de más de 200 páginas, donde lo señalan de agravios en contra de quienes respondieran en vida a los nombres de Juan Vázquez López, Pedro Vázquez García y José Villanueva García; así como por el delito de tentativa de homicidio calificado cometido en agravio de Gregorio González Lázaro. El suceso en mención sucedió el día 22 de abril de 2013 en el municipio de San Sebastián Tlacotepec, perteneciente a la Sierra negra, en el paraje denominado “la cascada de Papalocuautla”.

El día en que dicen que se cometió el delito, el activista indígena Gonzalo Martínez Herrera se encontraba laborando en su centro de trabajo. La distancia aproximada entre ambos lugares es de aproximadamente 5 horas, por lo cual le resultaba imposible que él se encontrara en dicho lugar día y hora que señalan los denunciantes. Esto se confirma por testigos que lo ubican ese día en diversos horarios en su centro de trabajo, así como un talón de pago en el cual se aprecia que en esa quincena respectiva no tuvo descuento alguno por inasistencia a su centro de trabajo.

En la Averiguación Previa se encuentran muchas anomalías en la investigación que realiza el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Puebla, por lo que es totalmente claro que al defensor de derechos humanos Gonzalo Martínez Herrera, lo están criminalizando por su labor de defensa a la comunidad.

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Por lo que la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC) y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (C.N.P.A.), han pedido la intervención de Relatora Especial de la ONU, Mary Lawlor, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, así como la de Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

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Responsables de la información: María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez Cabrera (RSDCIAC) y Blanca Vera Mendoza Ramírez (CNPA).

 

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