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Justicia pendiente

#Caravana43 exige a EEUU fin del Plan Mérida por humanidad

Los normalistas de Ayotzianpa denuncian que el Plan Mérida se utiliza para financiar la ‘guerra sucia’ del gobierno mexicano contra el pueblo

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Joseimar De la Cruz, normalista de Ayotzinapa / FOTO: José Pedro Martínez

Joseimar De la Cruz, normalista de Ayotzinapa / FOTO: José Pedro Martínez

Por José Pedro Martínez

SAN DIEGO, California.- La ‘Caravana 43’, formada por familiares y compañeros de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en la ciudad guerrerense de Iguala el pasado septiembre, llegó este lunes a la ciudad fronteriza para exponer la que será su principal petición en su recorrido por los Estados Unidos: poner fin al Plan Mérida. Para ello, apelaron a la solidaridad de los ciudadanos norteamericanos para que sean conscientes de que están sufragando la represión y los crímenes de Estado en México con sus impuestos. Una vez más, volvieron a exigir que se entregue con vida a los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos al grito de ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

La Iniciativa Mérida es un tratado impulsado en 2008 por el entonces presidente George W. Bush que ha venido facilitando hasta la fecha la entrada de capital y recursos armamentísticos estadounidenses para financiar la “guerra al narco” en México y Centroamérica. Aunque la mayoría de los fondos se han destinado a compras de aviones militares, equipos de intercepción y entrenamiento de las diferentes fuerzas del orden, los más de 2 mil millones de dólares invertidos se han traducido en un aumento del tráfico de armas hacia el sur y el establecimiento de una “guerra de baja intensidad” (pequeños grupos fragmentados de los grandes cárteles, más violentos y difíciles de controlar), que ha incrustado la violencia en prácticamente todo el país. Diversos organismos internacionales han concluido que la militarización de la policía, sumada a la presencia del ejército en las calles, ha sido aprovechada por el gobierno mexicano como herramienta para el sometimiento de movimientos insurgentes, opositores y estudiantiles.

En palabras del normalista Josimar De la Cruz, superviviente de los sucesos de Iguala, el dinero que iba a ser destinado a combatir al narcotráfico, se está empleando para la compra de armamento que está siendo utilizado en la represión de organizaciones disidentes al gobierno, especialmente las surgidas de las comunidades indígenas. “Campesinos, estudiantes, obreros,… todo aquel se atreva a alzar la voz en México sufre la represión. Hoy nos tocó a nosotros, aunque se equivocaron porque nosotros no nos rendiremos, pero mañana le puede ocurrir a cualquiera, por eso venimos a exponerles la realidad de nuestro país y que sean conscientes de lo que cuentan los medios de comunicación es mentira”, enfatiza

Caravana 43 exige el fin del Plan Mérida / FOTO: José Pedro Martínez

Caravana 43 exige el fin del Plan Mérida / FOTO: José Pedro Martínez

De la Cruz precisa: “Venimos a pedir apoyo al país más poderoso del mundo para que presione al gobierno de México, para que no se dé carpetazo a la investigación sobre lo que ocurrido y haya resultados. Pero sobre todo, venimos a exigir al gobierno norteamericano, con la ayuda de sus ciudadanos, que detengan el Plan Mérida por humanidad”. El también normalista superviviente, Angel Neri, recordó que el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien mantuvo en todo momento que el ejército no tuvo nada que ver con los sucesos de Iguala, se vio obligado a dejar su cargo porque su versión fue desmentida cuando los mismos militares, presionados por la sociedad, comenzaron a publicar fotografías que ponían en evidencia que efectivamente habían tenido relación directa con los normalistas desaparecidos aquella noche.

Los integrantes de la Caravana 43 afirmaron haberse sentido sorprendidos por la acogida multitudinaria que están teniendo en Estados Unidos, que va más allá de la comunidad latinoamericana, mientras en México pretender acallarse el tema. Aprovechando para agradecer este recibimiento, quisieron remarcar la importancia de los valores de los estudiantes de las normales. “Nuestros compañeros desaparecidos son maestros, ya que nos están enseñando a unir fuerzas para alcanzar el bien común”, y concluyeron: “Un pueblo educado es un pueblo libre”.

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Justicia pendiente

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, víctima de fabricación de culpables, volvió a ser torturado dentro del Cefereso #17, el 29 de marzo, por custodios bajo las órdenes del director del penal Julio César Pérez Ramírez, para que se desistiera de los amparos concedidos en contra de los tratos crueles e inhumanos y confinamiento injustificado de las autoridades carcelarias.

“Todavía son visibles las lesiones en la cara, frente y ojos, y apenas puede caminar porque le patearon la columna”, denunció su abogada a Los Ángeles Press, quien tenía un mes sin verlo, y estaba en espera de entrar a locutorios. En la notificación de queja al Poder Judicial del estado de Michoacán, interpuesto el 9 de abril de 2021, se describe que “presenta una hematoma pronunciado en la frente y otro en el pómulo derecho… diversos golpes en la espalda los cuales se ven inflamados y bastante marcados al igual que un hematoma en el costado izquierdo y una abertura en la cabeza…”

Abundó la abogada, de quien nos reservamos su identidad por seguridad, que habían ya interpuesto las denuncias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se están haciendo a la Secretaría de Gobernación, sin embargo, en la anterior vez que lo golpearon, el 18 de julio de 2020, las autoridades no dieron seguimiento a sus denuncias contra el director del Cefereso, quien le pedía 500 mil pesos para dejarlo de golpear.

George Khoury señaló que el titular de Seguridad penitenciaria y el director del penal no acataron la suspensión de malos tratos y ordenaron que lo golpearan. Lo tuvieron ocho días sin atención médica, desangrándose en el área del comedor donde fue golpeado y obligado a dormir durante esos días.

George Khoury ha liderado un amparo colectivo de 400 internos para la destitución del director del Cefereso, quien en un franco desacato a la Ley de Amparo, artículo 262, al ordenar de nueva cuenta la tortura contra Khoury viola el amparo 107/2021 del Juez Quinto por el Juez Quinto de Distrito en el estado de Michoacán y 134/2021 y 185/2021 del Juez Sexto de Distrito en el estado de Sinaloa.

El caso de Khoury Layón se ha presentado ante el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en conferencia matutina el 7 de diciembre de 2020, y en otras ocasiones en 2019 por violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades del sistema penitenciario.

Tiene una opinión de libertad inmediata desde el 18 de septiembre de 2017 por el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y el reconocimiento de inocencia en 2019 por la Secretaría de Gobernación. No obstante, sigue retenido ilegalmente por el Estado mexicano.

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Justicia pendiente

México aceptó enviar más de 10 mil tropas en la frontera sur para evitar paso de migrantes

Ignacio García

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La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó que México acordó con Estados Unidos enviar más de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México para evitar el paso de migrantes centroamericanos que pretenden ingresar a la Unión Americana.

La funcionaria norteamericana dijo que con esta medida se logrará contener el paso de los migrantes centroamericanos que buscan arribar a Estados Unidos, medida que ya se había implementado desde el gobierno de Donald Trump para impedir una mayor cantidad de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala.

De acuerdo con la representante del gobierno de Estados Unidos, con estas medidas han detenido a más del doble de las personas que intentaban cruzar México para arribar a esa nación, por lo que manifestó que también Guatemala accedió a reforzar su seguridad con más de 15 mil elementos.

En el caso de Honduras se desplegarán más de 70 mil efectivos de seguridad para evitar la salida de los migrantes que buscan radicar en Estados Unidos, por lo que buscan evitar que ingresen más personas de forma ilegal a la Unión Americana, continuando con una política de deportaciones masivas implementada desde el gobierno de Barack Obama.

En mayo de 2019 el entonces presidente de Donald Trump amenazó a México con incrementar las tarifas de los aranceles, por lo cual el gobierno federal aceptó aumentar la seguridad en la frontera sur para evitar el ingreso de migrantes centroamericanos al país.

Al respecto, Amnistía Internacional (AI) refirió que existe una crisis humanitaria implementada por el gobierno de Estados Unidos para marginar a las personas de escasos recursos económicos que radican en Centroamérica y que buscan nuevas oportunidades de desarrollo económico.

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Justicia pendiente

Sacerdote es sentenciado a 27 años de prisión por participación en asesinato de estudiante

Ignacio García

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Un juez del Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a 27 años y seis meses de prisión al sacerdote Francisco Javier Bautista Ávalos por su presunta participación en el asesinato del diácono y estudiante de la Universidad Intercontinental, Leonardo Avendaño, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 12 de junio de 2019 en la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México.

El juzgador ordenó una reparación del daño equivalente a 422 mil 450 pesos a la familia de la víctima, así como 5 mil 69 pesos por gastos funerarios, por lo que el clérigo fue sentenciado por el delito de homicidio calificado.

Días después de la localización del cuerpo del estudiante, el sacerdote fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCMDX) por su presunta responsabilidad en el homicidio del diácono, por lo que fue trasladado al Centro de reclusión varonil Oriente.

Los familiares de la víctima acusaron al clérigo de haber sido el responsable del asesinato del joven de 29 años de edad, debido a que previamente lo había amenazado, por lo que tras su desaparición lo señalaron como principal sospechoso del secuestro del estudiante.

Al respecto, la fiscal de justicia capitalina, Ernestina Godoy, señaló que las pesquisas relacionaban la participación del sacerdote en la muerte del joven, por lo que fue procesado por su culpabilidad en la desaparición de los estudiantes.

Leonardo Avendaño de 29 años de edad era estudiante de posgrado de la Universidad Intercontinental y era diácono y desapareció el 11 de junio de 2019 al salir de su domicilio en Iztapalapa, por lo que dos días su cuerpo sin vida fue localizado en el interior de un vehículo particular en la colonia Héroes en la alcaldía de Tlalpan.

 

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