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Justicia pendiente

Justicia para indígenas, sin traductores ni defensores de oficio

El sistema de justicia mexicano aún no ha implementado traductores ni defensores de oficia a las comunidades indígenas

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Sin traductores ante el Ministerio Público Foto: animalpolitico.com

Sin traductores ante el Ministerio Público Foto: animalpolitico.com

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Los distritos judiciales de Morelos y Montaña captan las denuncias de pueblos originarios en La Montaña de Guerrero. En el caso del primero se trata de un 80 por ciento de la población originaria y en el segundo más del 90 por ciento para ser atendido por la Justicia. Sin embargo, en éste último, ni en el juzgado de primera instancia ni en la agencia del Ministerio Público tienen traductores habilitados, sino que improvisan cuando necesitan uno.

En el juzgado de Malinaltepec, cabecera del distrito Montaña, el defensor de oficio atiende 120 asuntos en promedio a la semana y es me´phaa, aunque se suscitan asuntos con pobladores del pueblo ñuu savi como en el caso de Atlamajalcingo del Monte o Cochoapa el Grande un municipio alejado de Malinaltepec.

En Tlapa, correspondiente al Distrito Morelos, hay tres defensores de oficio de los cuales solo uno habla me´phaa, los otros dos no dominan alguna lengua originaria, según denuncias del jurista. Ellos atienden 250 asuntos del Ministerio Público, juzgados de paz, delitos sexuales, los dos juzgados así como asuntos en lo penal y lo civil, pero no existen traductores adscritos que colaboren en los trabajos necesarios en un contexto indígena.

El día de ayer, fue aprobado un exhorto promovido ante el pleno por la diputada local por el Distrito 27, Luisa Ayala Mondragón en el que se le pide al gobernador Aguirre Rivero cumplir con lo señalado en los artículos transitorios de la Ley Número 848 de Defensa Pública del Estado de Guerrero, cuya ley incluye también atención a los pueblos originarios.

Además, el derecho de los pueblos indígenas a un acceso pleno a la justicia se encuentra estipulado en la Constitución Mexicana en sus artículos segundo y primero, en éste último se reconoce a los tratados internacionales en el mismo nivel jerárquico que la carta magna.

Esta problemática, ha sido investigada por el abogado de origen indígena Joaquín Morales Sánchez, a quien se le consultó sobre el tema; aseguró que en La Montaña es violentado el derecho al acceso a la justicia para indígenas al no existir traductores ni abogados de oficio en los distritos judiciales con presencia naua, na´savi y me´phaa.

El investigador que presentará próximamente una tesis del tema para obtener el título de doctorado en una universidad española indicó que es necesario que los indígenas a quienes se les impute algún cargo o investigación cuenten con la asistencia de un defensor e intérprete o traductor que conozcan su lengua y cultura para un total acceso a sus derechos.

Asimismo, entre otras puntos de importancia en la materia es necesario que sean consideradas las características culturales al resolver los casos, proporcionar atención durante todo el proceso, instauración de penas alternativas, entre otras.

Criticó que hay jueces que se han excusado al hacer que la persona diga que sí entienden el español e inmediatamente montan una justificación en el expediente, lo cual no es bueno ni fidedigno.

Un caso difícil en el que ambas partes han sido afectadas

Eloy C., padre de familia na savi, denunció que su hijo no fue asistido por un traductor o defensor que hablara su lengua durante la rendición de su declaración preparatoria y aseguró que su hijo habla mixteco y poco español.

A pesar de que Cochoapa el Grande corresponde al Distrito Montaña, la declaración del inculpado fue tomada en Tlapa aunque después fue trasladado a Malinaltepec comunidad me´phaa. Aunque desde hace 20 días han pedido se designe a un defensor de oficio que conozca la lengua y cultura mixteca el juez dijo que él no tenía la obligación de pagar a un abogado mixteco y ya que no había presupuesto para eso mejor los familiares lo consiguieran y lo pagaran.

Posteriormente reviró que preguntaría a los magistrados cómo resolver la solicitud, pero por el momento no habría nada que pudiera hacer. “Mi hijo no habla bien el español, es analfabeta y somos de bajos recursos”, aseguró el padre.

En información aparte sobre el tema, se indagó que el joven está involucrado en la denuncia por un ataque de violación tumultuaria en contra de una joven el mes de marzo en el que participaron más de cinco personas. Al parecer dos inculpados se dieron a la fuga con la presunta intervención de autoridades municipales, además de faltar investigación de los hechos que describió la joven estudiante menor de 18 años en su declaración.

Aunque se buscó en su municipio de origen a la joven para conocer con discreción el caso, no se encontró durante una visita de campo efectuada el primero de mayo. Mientras el joven mixteco esperará en la cárcel sin que se sepa con precisión si es culpable o inocente.

Exhorta el Congreso local al gobernador para atender pendiente del Instituto de la Defensoría Pública

En sesión del Congreso local, se aceptó formular un exhorto al gobernador para que cumpla con lo señalado en los artículos transitorios de la Ley Número 848 de Defensa Pública del Estado de Guerrero, que entraron en vigor en agosto de 2012 o en su caso, informe las circunstancias que se lo impiden.

Además, al titular del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Guerrero lo exhortan a que garantice el servicio de defensoría pública de calidad para la población guerrerense, y en el caso de distritos judiciales con población indígena, éstos cuenten con los defensores bilingües necesarios.

Es necesario tener por lo menos 4 defensores públicos, uno en cada lengua o idioma, pero además, que éstos conozcan al mismo tiempo su cultura, menciona el texto.

Agrega:

En este sentido, es insoslayable que para cumplimentar el derecho a una defensa adecuada, se requiere que en las agencias del Ministerio Público y juzgados se encuentren adscritos defensores indígenas Nauas, mixtecos y tlapanecos, según las necesidades”.

Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Justicia pendiente

Organizaciones exigen frenar violencia contra la activista Susana Prieto

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Por Ignacio García

Integrantes de diferentes organizaciones civiles y colectivos exigieron frenar la persecución política que ha sufrido la activista y abogada Susana Prieto Terrazas, así como al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria y los Servicios (SNITIS) por parte de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua.

Los defensores de derechos humanos señalaron que estos días se llevan a cabo las audiencias de la abogada laborista en Ciudad Juárez, Chihuahua, por impulsar la organización sindical independiente de los trabajadores de la maquila en la zona fronteriza de Tamaulipas y Chihuahua.

Por ello, acusaron que los gobiernos estatales defienden las políticas neoliberales, por lo que cualquier muestra de defensa de los derechos de los trabajadores son castigados, aunado a que las autoridades judiciales han sido “obsequiosas” con los deseos de los empresarios nacionales e internacionales para los intereses que defienden y han fabricado delitos a la activista.
Recordaron que tanto la activista como el sindicato independiente han sido constantemente hostigados y violentados, así como la actitud omisa de las autoridades federales por no haberse reunido con la abogada, quien ha sido criminalizada por los gobiernos de Francisco Cabeza de Vaca y Javier Corral.

Sostuvieron que deben respetarse los derechos como la libre asociación y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la maquila ante los señalamientos de los gobiernos estatales, por lo que anunciaron una nueva jornada obrera por la libertad de la abogada.

Este sábado se llevarán a cabo distintas manifestaciones en varias zonas del país como a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se actúe conforme al Estado de Derecho.

 

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Justicia pendiente

Funcionarios capitalinos son detenidos por nexos con el crimen organizado

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Por Ignacio García

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a un hombre y una mujer que trabajan en la alcaldía Cuajimalpa por posesión de armas y su presunta relación con el grupo delictivo Los Lenin Canchola que operan en la alcaldía de Álvaro Obregón.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Los Lenin Canchola se dedican al narcomenudeo, robo, secuestro y homicidio, por lo que ambos funcionarios fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público federal para que se lleven a cabo las indagatorias.

Los detenidos son identificados como Flor Leticia “N” de 38 años de edad, quien se desempeña como coordinadora del área de Reordenamiento de la Vía Pública de la alcaldía Cuajimalpa y Marco Posadas “N” de 48 años de edad, director de Recursos Naturales.

En la aprehensión se les aseguraron dos radios que sirven de conexión con la alcaldía, así como siete celulares, diez mil pesos en efectivo y el arma de fuego que no tenían permiso para portarla, por lo que se les acusa de dar seguridad a la banda delictiva para la distribución de drogas.

Asimismo, en un aseguramiento en la colonia Lomas de Memetla se aseguraron armas cortas, cartuchos útiles, celulares y 30 dosis de cocaína, así como distinta documentación.

Al respecto, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, aseguró que no permitirán más actos ilícitos en el interior de la alcaldía, por lo que reforzarán los exámenes de control y confianza para que estén en el servicio público personas honestas y capacitadas.

 

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