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Justicia pendiente

Justicia para indígenas, sin traductores ni defensores de oficio

El sistema de justicia mexicano aún no ha implementado traductores ni defensores de oficia a las comunidades indígenas

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Sin traductores ante el Ministerio Público Foto: animalpolitico.com

Sin traductores ante el Ministerio Público Foto: animalpolitico.com

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Los distritos judiciales de Morelos y Montaña captan las denuncias de pueblos originarios en La Montaña de Guerrero. En el caso del primero se trata de un 80 por ciento de la población originaria y en el segundo más del 90 por ciento para ser atendido por la Justicia. Sin embargo, en éste último, ni en el juzgado de primera instancia ni en la agencia del Ministerio Público tienen traductores habilitados, sino que improvisan cuando necesitan uno.

En el juzgado de Malinaltepec, cabecera del distrito Montaña, el defensor de oficio atiende 120 asuntos en promedio a la semana y es me´phaa, aunque se suscitan asuntos con pobladores del pueblo ñuu savi como en el caso de Atlamajalcingo del Monte o Cochoapa el Grande un municipio alejado de Malinaltepec.

En Tlapa, correspondiente al Distrito Morelos, hay tres defensores de oficio de los cuales solo uno habla me´phaa, los otros dos no dominan alguna lengua originaria, según denuncias del jurista. Ellos atienden 250 asuntos del Ministerio Público, juzgados de paz, delitos sexuales, los dos juzgados así como asuntos en lo penal y lo civil, pero no existen traductores adscritos que colaboren en los trabajos necesarios en un contexto indígena.

El día de ayer, fue aprobado un exhorto promovido ante el pleno por la diputada local por el Distrito 27, Luisa Ayala Mondragón en el que se le pide al gobernador Aguirre Rivero cumplir con lo señalado en los artículos transitorios de la Ley Número 848 de Defensa Pública del Estado de Guerrero, cuya ley incluye también atención a los pueblos originarios.

Además, el derecho de los pueblos indígenas a un acceso pleno a la justicia se encuentra estipulado en la Constitución Mexicana en sus artículos segundo y primero, en éste último se reconoce a los tratados internacionales en el mismo nivel jerárquico que la carta magna.

Esta problemática, ha sido investigada por el abogado de origen indígena Joaquín Morales Sánchez, a quien se le consultó sobre el tema; aseguró que en La Montaña es violentado el derecho al acceso a la justicia para indígenas al no existir traductores ni abogados de oficio en los distritos judiciales con presencia naua, na´savi y me´phaa.

El investigador que presentará próximamente una tesis del tema para obtener el título de doctorado en una universidad española indicó que es necesario que los indígenas a quienes se les impute algún cargo o investigación cuenten con la asistencia de un defensor e intérprete o traductor que conozcan su lengua y cultura para un total acceso a sus derechos.

Asimismo, entre otras puntos de importancia en la materia es necesario que sean consideradas las características culturales al resolver los casos, proporcionar atención durante todo el proceso, instauración de penas alternativas, entre otras.

Criticó que hay jueces que se han excusado al hacer que la persona diga que sí entienden el español e inmediatamente montan una justificación en el expediente, lo cual no es bueno ni fidedigno.

Un caso difícil en el que ambas partes han sido afectadas

Eloy C., padre de familia na savi, denunció que su hijo no fue asistido por un traductor o defensor que hablara su lengua durante la rendición de su declaración preparatoria y aseguró que su hijo habla mixteco y poco español.

A pesar de que Cochoapa el Grande corresponde al Distrito Montaña, la declaración del inculpado fue tomada en Tlapa aunque después fue trasladado a Malinaltepec comunidad me´phaa. Aunque desde hace 20 días han pedido se designe a un defensor de oficio que conozca la lengua y cultura mixteca el juez dijo que él no tenía la obligación de pagar a un abogado mixteco y ya que no había presupuesto para eso mejor los familiares lo consiguieran y lo pagaran.

Posteriormente reviró que preguntaría a los magistrados cómo resolver la solicitud, pero por el momento no habría nada que pudiera hacer. «Mi hijo no habla bien el español, es analfabeta y somos de bajos recursos», aseguró el padre.

En información aparte sobre el tema, se indagó que el joven está involucrado en la denuncia por un ataque de violación tumultuaria en contra de una joven el mes de marzo en el que participaron más de cinco personas. Al parecer dos inculpados se dieron a la fuga con la presunta intervención de autoridades municipales, además de faltar investigación de los hechos que describió la joven estudiante menor de 18 años en su declaración.

Aunque se buscó en su municipio de origen a la joven para conocer con discreción el caso, no se encontró durante una visita de campo efectuada el primero de mayo. Mientras el joven mixteco esperará en la cárcel sin que se sepa con precisión si es culpable o inocente.

Exhorta el Congreso local al gobernador para atender pendiente del Instituto de la Defensoría Pública

En sesión del Congreso local, se aceptó formular un exhorto al gobernador para que cumpla con lo señalado en los artículos transitorios de la Ley Número 848 de Defensa Pública del Estado de Guerrero, que entraron en vigor en agosto de 2012 o en su caso, informe las circunstancias que se lo impiden.

Además, al titular del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Guerrero lo exhortan a que garantice el servicio de defensoría pública de calidad para la población guerrerense, y en el caso de distritos judiciales con población indígena, éstos cuenten con los defensores bilingües necesarios.

Es necesario tener por lo menos 4 defensores públicos, uno en cada lengua o idioma, pero además, que éstos conozcan al mismo tiempo su cultura, menciona el texto.

Agrega:

En este sentido, es insoslayable que para cumplimentar el derecho a una defensa adecuada, se requiere que en las agencias del Ministerio Público y juzgados se encuentren adscritos defensores indígenas Nauas, mixtecos y tlapanecos, según las necesidades”.

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Justicia pendiente

Juez de EUA sentencia a 9 años de prisión a hijo del Mayo Zambada

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El juez de la Corte Federal del distrito sur de California, Estados Unidos, Danna Sabraw, sentenció a nueve años de prisión a Ismael Zambada Imperial, alìas “El Mayito Gordo”, tercer hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos para que el hijo del Mayo Zambada sea sentenciado por los delitos de importación y distribución de metanfetaminas, cocaína y mariguana de México a Estados Unidos, aunque le restaron los cargos por codirigir una empresa criminal y de lavado de dinero.

Sin embargo, se le tomaron en cuenta los años que ha pasado tras las rejas, pues fue capturado en noviembre de 2014 en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por lo que sólo le restará un año en prisión.

De acuerdo con la fiscalía norteamericana, el Mayito conspiró para transportar la droga y luego lavar y transferir las ganancias a México en beneficio de los integrantes del Cártel de Sinaloa.

El Mayito es el tercer hijo del líder criminal que ha sido procesado penalmente en Estados Unidos, pues en 2009 fue detenido Vicente Zambada Niebla, alías “El Vicentillo”, en México y extaditado un año después a Estados Unidos.

Otro de los hijos del Mayo Zambada procesados penalmente fue Serafín Zambada Ortíz, alías “El Sera”, quien fue detenido en noviembre de 2013, cuando intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en 2013, pero fue liberado en 2018, después de una condena de cinco años por conspiración en el tráfico de metanfetaminas.

El Mayito Zambada fue extraditado en diciembre de 2019 a Estados Unidos, luego de reconocer que formó parte del Cártel de Sinaloa, en donde coordinó el tráfico de drogas a la Unión Americana entre 2014 y 2015.

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Justicia pendiente

Red Solidaria litiga en la Corte Interamericana contra México por caso Tzompaxtle, de detención arbitraria en 2006

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Por primera vez, se lleva a cabo la audiencia pública por el equipo jurídico de la Red Solidaria Década contra la Impunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de detención ilegal y arbitraria en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López por parte de agentes policiales.

Los representantes legales, María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez, Fray Julián Cruzalta, entre otros, han liderado la defensa de las víctimas contra el Estado mexicano, por el arraigo ilegal y la falta de garantías judiciales en el proceso penal que se les siguió en su contra.

En su Informe de Fondo la Comisión concluyó que las víctimas fueron retenidas y requisadas por agentes policiales sin orden judicial y que tampoco se evidenció que fuera posible percibir una situación de flagrancia, se especifica en el documento.

Asimismo, consideró que la retención resultó ilegal y arbitraria, y se agregó en el informe que la posterior requisa del vehículo que llevaban constituyó una afectación al derecho a la vida privada, así como que las víctimas no fueron informadas sobre las razones de su detención ni que fueron llevadas sin demora ante una autoridad judicial.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la figura del arraigo y su aplicación al presente caso, estableciendo que su aplicación “constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar”, señalando que la dicha figura resulta contraria a la Convención Americana y, en el presente caso, constituyó una detención arbitraria.

Finalmente, consideró que el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención, puesto que durante ese tiempo tuvieron lugar diligencias relevantes en donde se recabó prueba en su contra y se dispuso su arraigo.

Con información de la CoIDH.

 

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Fabricación de culpables

George Khoury Layón, torturado en el traslado del Cefereso de Michoacán a Guanajuato, «por denunciar violaciones»

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, privado de su libertad arbitrariamente y torturado por órdenes del empresario en seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, en 2005, 2006 y 2009, de nuevo fue víctima de actos de tortura e incomunicación con golpes y shocks eléctricos, el 12 de junio, dentro del Centro Federal de Rehabilitación Social Número 17, de Michoacán, y en su traslado al penal federal, de Ocampo, Guanajuato.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, bajo el número de la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-MICH/00000067/2021, George Khoury Layón fue “brutalmente golpeado y torturado, entre otras cosas, por medio de toques eléctricos y precisamente por los servidores públicos que en esta carpeta se encuentran denunciados” por un espacio de diez horas, antes del traslado y durante éste, en el trayecto de Michoacán a Guanajuato.

Los mismos servidores públicos denunciados, el subdirector de Seguridad Alejandro Flores y el comandante Roberto Lázaro Echeverría, quienes también tienen acusaciones por acoso laboral de sus oficiales, además por extorsionar a los internos y con carpetas de investigación por denuncias de tortura, como la mencionada, le hicieron saber a Khoury Layón que “lo que le sucedía y le seguiría sucediendo era por haberlos denunciado”.

George Khoury Layón, pese a tener una opinión de libertad por parte del Grupo de Trabajo de Atención Arbitraria de Naciones Unidas, desde septiembre de 2017, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación, desde 2019, y la reciente admisión de su caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2022, se le han suspendido sus derechos humanos, aislándolo e incomunicándolo en el área de Observación, del Cefereso de Guanajuato, para supuestamente vigilar su conducta.

Reconocido como víctima del Estado mexicano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puso quejas por la violación a sus derechos  ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

Desde hace más de dos meses, Khory Layón cumplió el 50 por ciento de la pena por un delito que no cometió, y del que fue imputado en 2012, por la jueza Hermelinda Silva Meléndez sentenciándolo culpable por señalamientos de terceros bajo tortura, pero fue detenido arbitrariamente y torturado desde el 2 de septiembre de 2009, por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), y ya había sufrido dos detenciones arbitrarias, el 16 de julio de 2005 y el 30 de enero de 2006, por órdenes dadas de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol a los mismos policías federales, bajo la gestión de Genaro García Luna.

Denuncias por tortura en el Cefereso #17

12 de abril de 2021

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

19 de julio de 2020

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

22 de julio de 2020

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de julio de 2019

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de mayo de 2019

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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