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Justicia militar pide comparecer a comunitarios de Olinalá sin motivo

Policías comunitarios de Olinalá califican de intimidación llamado a comparecer de la PGJM sin motivos, y en específico de la líder Citlali Pérez Vázquez

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Militares cierran paso en la carretera de Olinalá el 30 de enero. Foto: Consejo Olinala/FB

Por Arturo de Dios Palma

CHILAPA, Guerrero.- La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), que opera en los municipios de Olinalá y Cualac, denunció que la Procuraduría General de Justicia Militar llamó a comparecer a una de sus coordinadoras ante la fiscalía de la agencia del Ministerio Público Militar adscrito a la 35 zona castrense.

La corporación ciudadana advirtió que el citatorio es infundado y lo calificó de acto de intimidación y hostigamiento.

De acuerdo con el citatorio que adjuntó la CRSJ-PCP al comunicado, el 30 de enero, la Procuraduría General de Justicia Militar citó a la coordinadora en esa corporación ciudadana, “Sitlali Pérez Vázquez”, para comparecer el 6 de febrero, sin argumentar los motivos del llamado.

“El citatorio tiene un fundamento inequívoco, según el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: ‘que funde y motive la causa legal del procedimiento’. El citatorio no cubre con los requisitos de formalidad porque el nombre de la agraviada está mal escrito, el domicilio es incorrecto y por si fuera poco, no ponen los hechos que se investigan sólo dice: ‘en relación a los hechos que se investigan’. ¿Por qué en el citatorio no escriben el motivo?”, pregunta la PCP.

Y agregó: “a los hechos que se investigan seguramente se refieren a la queja que los representantes de nuestro movimiento independiente, interpusieron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para denunciar el hostigamiento constante del que fue objeto La brigada Totlajtol Nejnemi (La palabra que camina) que salió el 16 junio a la ciudad de México”.

La CRSJ-PCP precisó, en el comunicado, que no pertenece al cuerpo militar “para asignarnos a la justicia militar”.

“Ahora resulta que los denunciados como violadores de los derechos humanos, sean los mismos quienes hagan Justicia, no se puede ser juez y parte”, argumenta.

Asimismo, la CRSJ advirtió de la intimidación y hostigamiento del Ejército en su territorio.

La CRSJ-PCP indicó que “la agraviada”, Citlali Pérez, nunca hizo una denuncia por derecho propio ante el fuero militar. Y cuestionó: “¿cómo se va a radicar una averiguación previa si no existe una denuncia previa por la supuesta agraviada? Absurdo”.

“Nos queda claro que este tipo de citatorios que fue dejado en la comunidad del Nuevo Paraíso por el Ejército y supuestas personas de derechos humanos es para intimidar e incriminar a nuestra CRSJ-PCP”.

 El Ejército irrumpe en comunidad de Olinalá

En el mismo comunicado, la CRSJ-PCP denunció que el ejército irrumpió en la comunidad de San Antonia Coyahuacán, Olinalá, e intimidó a los pobladores.

Informó que el pasado 6 de febrero en dicha localidad se presentó un “carro exclusivo” del ejército cuyos elementos rodearon la comisaría municipal. Posteriormente, indica el texto, un soldado se dirigió hacia el ciudadano José Franco que se encontraba en la cancha municipal y “de manera prepotente, violenta y amenazante le dijo: nos avisaron (sin decir quién) que en la comisaría municipal había una persona secuestrada y nosotros venimos a rescatarla ¿Quiénes son los del consejo y dónde están? ¿Dónde está el comisario? El aludido dijo que el comisario no se encontraba. Entonces ellos preguntaron ¿Dónde vive?”.

Ante la agresividad que mostraron los soldados, señala el documento, un ciudadano que se encontraba a la expectativa de lo ocurrido, avisó vía telefónica al comisario y se anunció por un aparato de sonido para informar a la comunidad de lo que estaba ocurriendo y de la presencia del ejército.

Al escuchar, dice el texto, el anuncio los soldados abordaron el carro y se retiraron rápidamente.

Dos días antes, la PCP detuvo a Pedro Carrasco Aquino quien fue acusado por la comunidad de “despojo a propiedad ajena, robo, daños materiales, por fabricar delitos en el Ministerio Público, fraude de una caja de ahorros, cómplice de homicidio, violencia y amenaza”.

Agrega: “vecinos ya habían hecho sus quejas y la justicia gubernamental nunca hizo nada para llamarlo a cuentas, ahora que la PCP lo retiene intentan incriminar a los representantes de las comunidades de “secuestradores. ¡Queda claro para quién trabaja el ejército!”.

El detenido se encontraba en un proceso de reeducación.

“Evidentemente, esta actitud del ejército y autoridades de gobierno es una muestra de cómo se ensañan contra los pueblos indígenas y no respetan las leyes que otorga derechos plenos a los pueblos para ejercer su autonomía, autogobierno y autodeterminación. Este tipo de acciones lo que muestra es su desprecio a los pueblos indígenas y al orden constitucional que dicen defender”, expone el documento.

La PCP acusó que “con estas acciones el Estado pretenden incriminar nuestro sistema de seguridad y justicia Indígena (SSJI) y señalarnos como personas delincuentes, están buscando una justificación de cómo adentrarse a las tierras comunales”.

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Cefereso #17 colapsa por renuncia de personal de seguridad y enfermería debido a extorsión y torturas de directivos

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Por Guadalupe Lizárraga

Personal de seguridad y de enfermería del Centro Federal de Readaptación Social #17, en Buenavista, Tomatlán, Michoacán, presentó su renuncia al verse rebasado por las protestas de los internos, debido a “la mala administración, tortura y maltratos” por parte de los directivos del penal.

Se señala como principal responsable del colapso al director general Alfredo Reyes Vázquez, quien hace tres meses llegó en sustitución de Jorge Isaac Neri García, retirado por presuntos actos de corrupción. Pero también al director de seguridad, de apellido Cisneros, y los subdirectores Alejandro Flores y Roberto Lázaro Echeverría, quienes son señalados de acosar laboralmente a sus oficiales, además de extorsionar a los internos, incluso con carpetas de investigación por denuncias de tortura.

Los responsables de la custodia de cada turno ya presentaron su renuncia formalmente señalando que “está colapsado el penal”. De acuerdo con la información, todo el personal nuevo que llegó de apoyo a la dirección general después de Neri García renunció al cargo, pero también servidores públicos que tenían años laborando en ese centro, como el ‘comandante Godoy’, un comandante de compañía con más de veinte años de servicio público que prefirió perder los beneficios de su antigüedad laboral a verse involucrado en la corrupción, torturas y falta de atención a los internos por órdenes del director Reyes Vázquez.

“El comandante Godoy entregó las llaves, entregó la radio, y dijo a los internos que se retiraba, que ya no aguantaba más esta situación”, refirió la fuente, por lo que mandaron llamar de inmediato a un sustituto para la custodia, y cuando llegó el sustituto al penal reiteró, alarmado, que el penal estaba colapsado.

Se explicó a este medio que no hay médicos, no hay dentistas, no hay psiquiatras, no hay trabajo social para los internos, y además se les quitó de manera arbitraria sus pertenencias, le rompieron fotografías familiares, los golpearon y no se les ha entregado víveres y provisión comprada en la tienda. Agregado a esto, han incurrido en maltrato, torturas y extorsión para que dejar de golpearlos.

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Senador presenta punto de acuerdo para que comparezca Sanjuana Martínez por ilegalidades en Notimex

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El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a través del senador Noe Castañón Ramírez, presentó un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de la directora general de Notimex, Sanjuana Martínez, ante la extensión de la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que suma casi 27 meses.

De acuerdo con documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, se pedirá a la directora que explique la situación de la Huelga, así como el uso de recursos públicos, de más de 400 millones de pesos, destinado al medio público durante los más de dos años del paro de labores, lo cual constituye una ilegalidad por parte de la funcionaria.

Asimismo, se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que encabeza Luisa María Alcalde, para que atienda el conflicto laboral, y a la Junta de Gobierno de Notimex, para que sesione y coadyuve a la solución de la huelga, privilegiando el diálogo y la generación de acuerdos.

De acuerdo a la Ley que crea a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, la directora general de Notimex está obligada a presentar informes ante el Congreso de la Unión cada año; sin embargo, Sanjuana Martínez no ha cumplido con esa obligación desde que asumió el cargo en 2019.

Por otro lado, el senador de Movimiento Ciudadano también presentó un proyecto de decreto para reformar el artículo 18 de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, para que el periodo del director general pase de seis a tres años.

Se propone: “Artículo 18.- El Director General de la Agencia durará en su cargo tres años, pudiendo ser reelegido hasta por una sola ocasión, pudiendo ser ser removido cuando transgreda las disposiciones contenidas en la Constitución, esta Ley y sus principios rectores, así como por actos u omisiones que afecten las atribuciones de la Agencia o cuando haya sido sentenciado por cualquier delito”.

El próximo 21 de mayo, la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano cumplirá 27 meses vigente, ante la negativa de la dirección de Notimex para llegar a un acuerdo con los trabajadores, a pesar de que jurídicamente se han comprobado las violaciones a sus condiciones de trabajo, así como las irregularidad que cometió la directiva.

 

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Comisión de Derechos Humanos de la ONU llama a reducir desapariciones forzadas en México

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La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó al gobierno federal a redoblar esfuerzos para reducir las desapariciones forzadas, pues se han documentado más de cien mil casos desde 1964.

La funcionaria internacional señaló que se deben implementar acciones estratégicas para que se contengan las violaciones graves a los derechos humanos, debido a que se ha tratado un problema multidimensional que ha alcanzado diferentes sectores del país.

De acuerdo con la ex presidenta de Chile, en México persiste una elevada tasa de impunidad sobre las desapariciones, pues sólo en 35 de los cien mil casos que se han cometido se han sentenciado a los responsables de cometer esos crímenes.

Recordó que al menos una cuarta parte del total de la población que ha desaparecido de forma forzada son mujeres y una quinta parte fueron menores de 18 años de edad, aunado a que el 97 por ciento de los casos ocurrieron desde 2006, cuando inició la denominada “guerra contra el narcotráfico”.

Asimismo, indicó que los familiares de las víctimas han sido claves para organizar y proponer soluciones, así como para lograr avances legales e institucionales encaminados a la reconocer la magnitud de la problemática del país.

Aunque reconoció que se han implementado mecanismos como la creación de comisiones de búsquedas de los estados o la fundación del Centro Nacional de Identificación Humano, por lo que enfatizó uno de los casos más representativos como fue la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

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