Por Guadalupe Lizárraga

Personal de seguridad y de enfermería del Centro Federal de Readaptación Social #17, en Buenavista, Tomatlán, Michoacán, presentó su renuncia al verse rebasado por las protestas de los internos, debido a “la mala administración, tortura y maltratos” por parte de los directivos del penal.

Se señala como principal responsable del colapso al director general Alfredo Reyes Vázquez, quien hace tres meses llegó en sustitución de Jorge Isaac Neri García, retirado por presuntos actos de corrupción. Pero también al director de seguridad, de apellido Cisneros, y los subdirectores Alejandro Flores y Roberto Lázaro Echeverría, quienes son señalados de acosar laboralmente a sus oficiales, además de extorsionar a los internos, incluso con carpetas de investigación por denuncias de tortura.

Los responsables de la custodia de cada turno ya presentaron su renuncia formalmente señalando que “está colapsado el penal”. De acuerdo con la información, todo el personal nuevo que llegó de apoyo a la dirección general después de Neri García renunció al cargo, pero también servidores públicos que tenían años laborando en ese centro, como el ‘comandante Godoy’, un comandante de compañía con más de veinte años de servicio público que prefirió perder los beneficios de su antigüedad laboral a verse involucrado en la corrupción, torturas y falta de atención a los internos por órdenes del director Reyes Vázquez.

“El comandante Godoy entregó las llaves, entregó la radio, y dijo a los internos que se retiraba, que ya no aguantaba más esta situación”, refirió la fuente, por lo que mandaron llamar de inmediato a un sustituto para la custodia, y cuando llegó el sustituto al penal reiteró, alarmado, que el penal estaba colapsado.

Se explicó a este medio que no hay médicos, no hay dentistas, no hay psiquiatras, no hay trabajo social para los internos, y además se les quitó de manera arbitraria sus pertenencias, le rompieron fotografías familiares, los golpearon y no se les ha entregado víveres y provisión comprada en la tienda. Agregado a esto, han incurrido en maltrato, torturas y extorsión para que dejar de golpearlos.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a través del senador Noe Castañón Ramírez, presentó un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de la directora general de Notimex, Sanjuana Martínez, ante la extensión de la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que suma casi 27 meses.

De acuerdo con documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, se pedirá a la directora que explique la situación de la Huelga, así como el uso de recursos públicos, de más de 400 millones de pesos, destinado al medio público durante los más de dos años del paro de labores, lo cual constituye una ilegalidad por parte de la funcionaria.

Asimismo, se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que encabeza Luisa María Alcalde, para que atienda el conflicto laboral, y a la Junta de Gobierno de Notimex, para que sesione y coadyuve a la solución de la huelga, privilegiando el diálogo y la generación de acuerdos.

De acuerdo a la Ley que crea a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, la directora general de Notimex está obligada a presentar informes ante el Congreso de la Unión cada año; sin embargo, Sanjuana Martínez no ha cumplido con esa obligación desde que asumió el cargo en 2019.

Por otro lado, el senador de Movimiento Ciudadano también presentó un proyecto de decreto para reformar el artículo 18 de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, para que el periodo del director general pase de seis a tres años.

El próximo 21 de mayo, la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano cumplirá 27 meses vigente, ante la negativa de la dirección de Notimex para llegar a un acuerdo con los trabajadores, a pesar de que jurídicamente se han comprobado las violaciones a sus condiciones de trabajo, así como las irregularidad que cometió la directiva.

La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó al gobierno federal a redoblar esfuerzos para reducir las desapariciones forzadas, pues se han documentado más de cien mil casos desde 1964.

La funcionaria internacional señaló que se deben implementar acciones estratégicas para que se contengan las violaciones graves a los derechos humanos, debido a que se ha tratado un problema multidimensional que ha alcanzado diferentes sectores del país.

De acuerdo con la ex presidenta de Chile, en México persiste una elevada tasa de impunidad sobre las desapariciones, pues sólo en 35 de los cien mil casos que se han cometido se han sentenciado a los responsables de cometer esos crímenes.

Recordó que al menos una cuarta parte del total de la población que ha desaparecido de forma forzada son mujeres y una quinta parte fueron menores de 18 años de edad, aunado a que el 97 por ciento de los casos ocurrieron desde 2006, cuando inició la denominada “guerra contra el narcotráfico”.

Asimismo, indicó que los familiares de las víctimas han sido claves para organizar y proponer soluciones, así como para lograr avances legales e institucionales encaminados a la reconocer la magnitud de la problemática del país.

Aunque reconoció que se han implementado mecanismos como la creación de comisiones de búsquedas de los estados o la fundación del Centro Nacional de Identificación Humano, por lo que enfatizó uno de los casos más representativos como fue la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.