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Justicia pendiente

Justicia fallida en Guerrero: Informe de Open Society Justice Initiative

Guerrero vive una crisis grave en materia de justicia que se manifiesta en la impunidad en las violaciones de derechos humanos, según informe de la OSJI

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MIembros de organizaciones de derechos humanos junto con la Open Society Justice en la lectura del informe sobre Guerrero. Foto: Arturo Ávila/OSJI

MIembros de organizaciones de derechos humanos junto con la Open Society Justice en la lectura del informe sobre Guerrero. Foto: Arturo Ávila/OSJI

CHILPANCINGO, Guerrero.- Una nueva evaluación independiente del sistema de justicia en el estado mexicano de Guerrero ha evidenciado la falla sistemática de las autoridades en el estado para investigar y perseguir los graves delitos de homicidios, torturas y desaparición forzada

El informe “Justicia Fallida en el Estado de Guerrero” ha sido elaborado por investigadores de la Open Society Justice Initiative (OSJI), con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan».

El resultado de una exhaustiva investigación en Guerrero que comenzó en 2013 es un informe que ofrece la más completa evaluación hasta la fecha de los problemas estructurales que enfrenta el sistema de justicia penal de Guerrero, basado en entrevistas en primera persona con fiscales, policías, políticos locales y defensores de los derechos humanos. Incluye datos actualizados sobre los delitos y las investigaciones en el estado, procedentes de decenas de solicitudes de acceso a la información, incluyendo:

Asesinatos: De los 19.434 homicidios denunciados a los fiscales desde 2005 a 2014, los fiscales abrieron 10.921 investigaciones por homicidio intencional o no intencional, lo cual derivó en sólo 2.391 acusaciones y en únicamente 1.269 condenas. Entre 2011 y 2013, hubo 77 muertes bajo custodia en las cárceles de Guerrero, sin que esto derivara en ninguna investigación penal.

Desapariciones forzadas: La Comisión de Derechos Humanos del Estado ha documentado 90 casos de desapariciones forzadas e involuntarias, entre 1990 y 2014. Los fiscales no han iniciado investigaciones penales en ninguno de esos casos, pero recibieron 44 casos adicionales. Ninguno de ellos ha dado lugar a acusaciones. No ha habido ninguna detención.

Tortura: La Comisión de Derechos Humanos del Estado ha documentado 54 casos de tortura, entre 1994 y 2014. Los fiscales no han emitido ninguna acusación por ese delito, y tampoco ha habido condenas por tortura.

El informe también señala las prioridades en esta materia para el nuevo gobernador y su administración, quien asumirá el cargo el 27 de octubre; un nuevo Congreso fue conformado el 1 de septiembre.

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Impunidad total en las violaciones de derechos humanos

James A. Goldston, director ejecutivo de OSJI sostuvo: «Guerrero es uno de los estados mexicanos que han sido tomados por asalto por la corrupción y la violencia. Este estado está enfrentando una crisis de casi total impunidad para graves violaciones de derechos humanos. Restaurar la confianza pública en la seguridad y en el estado de derecho en Guerrero requiere de un correcto funcionamiento del sistema de justicia penal. Así, el presente informe busca diagnosticar los problemas existentes y determinar lo que hay que cambiar».

El informe atribuye la crisis de la impunidad en Guerrero a una falla política: la erosión de los controles y equilibrios, elementos que son parte esencial en un sistema de justicia que funciona. Asimismo, llega a la conclusión de que los fiscales estatales, jueces y policías se han alineado con los estrechos intereses de los líderes políticos del estado, en lugar de proteger a la población mediante la investigación y la persecución de los delitos. La interferencia política también ha inhabilitado la capacidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado para enfrentarse a la inacción oficial.

También detalla otras deficiencias graves, entre las cuales se incluyen: la falta de servicios forenses independientes; un sistema débil o inexistente de protección de testigos; dependencia de la tortura por parte de los fiscales para obtener confesiones; lagunas fundamentales en el marco legal para la persecución de la tortura y las desapariciones forzadas; falta de coordinación entre los fiscales del estado y sus análogos federales; falta de servicios de defensa legal confiables; y un sistema penitenciario disfuncional.

El nuevo gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, declaró durante su campaña para las elecciones en este mes de junio: «Hay que enfrentar la impunidad y acabar con los abusos desde el poder».

El informe llama al gobernador a impulsar una serie de cambios urgentes, incluyendo las siguientes siete propuestas:

Crear el cargo de fiscal adjunto independiente estatal, responsable de investigar los casos de abusos y atrocidades contra los derechos humanos, con el fin de fortalecer la rendición de cuentas en este ámbito.

Establecer equipos integrados y multidisciplinarios de fiscales, investigadores y trabajadores sociales para investigar las desapariciones, y llevar a cabo investigaciones penales relacionadas.

Localizar, exhumar, e investigar fosas comunes y clandestinas, en colaboración con las autoridades federales, y buscar ayuda nacional e internacional para la exhumación oportuna y la investigación de dichas fosas.

Asegurarse de que los servicios forenses y de testigos expertos sean independientes de las autoridades políticas y de la oficina del procurador del estado.

Modificar la ley de tortura, para armonizarla con la Convención Interamericana para la Prevención y Sanción de la Tortura, asegurando así adecuadas penas según las normas internacionales; incluir formalmente los delitos de tortura y desaparición forzada en el Código Penal.

Modificar la ley para crear un comité de supervisión de la Comisión de Derechos Humanos, compuesto por representantes de los ciudadanos, incluidos los representantes de la sociedad civil, e incluyendo un papel formal para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Al respecto Goldston afirmó: «En el pasado han habido numerosos llamados al cambio en Guerrero. Pero el cambio más básico y necesario para comenzar es un cambio de actitud: las autoridades deben reconocer que tienen un problema y estar abiertas a todos los que puedan ayudar, tanto desde dentro como de fuera de México.

La Open Society Justice Initiative es parte de las Open Society Foundations, fundadas por el filántropo George Soros, con el fin de apoyar el desarrollo de democracias fuertes y tolerantes, cuyos gobiernos sean responsables ante su propio pueblo.

La organización ha estado trabajando con sus asociadas en México desde 2004, inicialmente en Nuevo León y luego en Morelos, donde ayudamos a establecer primera agencia de servicios previos al juicio en México. La agencia se compromete a realizar evaluaciones de riesgo de los arrestados y proporciona servicios de supervisión de la libertad bajo fianza. Este modelo ha sido adoptado en al menos otros dos estados mexicanos. Además, nosotros y nuestras asociadas hemos tenido éxito en lograr que el nuevo código federal de procedimientos penales para que las agencias de servicios previos al juicio sean obligatorias a nivel federal, y para que lo sean a nivel estatal en los próximos años.

Más recientemente, nuestros expertos legales que trabajan en el campo del Derecho a la Información y el Derecho a la Verdad han brindado apoyo a través de sus asociados, Artículo 19  y la Fundación para la Justicia (Fundación para la Justicia -FJEDD), que tiene por objetivo elaborar documentos públicos relacionados con la investigación de los asesinatos en masa en San Fernando.

Open Society Foundations (OSF) es el mayor financiador privado del mundo de las causas de derechos humanos, y nuestro trabajo en México incluye el apoyo a muchos de los principales grupos que abogan por los derechos humanos, la rendición de cuentas por parte del gobierno y la libertad de expresión.

El informe completo puede consultarse en la siguiente dirección
http://osf.to/justiciafallida
 

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Familiares de activistas desaparecidos en Colima exigen justicia a gobierno federal

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Familiares y amigos de los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecidos el pasado 15 de enero en los límites de Colima y Michoacán, exigieron justicia al gobierno federal para localizarlos con vida.

Los parientes del abogado y del líder comunal reclamaron en las instalaciones de la Procuraduría Agraria federal en la Ciudad de México para localizarlos, después de casi 15 días después de su desaparición y cuyo paradero desconocen.

De acuerdo con los familiares de los activistas, su desaparición ocurre en un contexto de injusticia agraria y la forma de no respetar y cuidar los procesos de los pueblos para elegir a sus autoridades.

Asimismo, consideraron que los activistas fueron desaparecidos por un grupo cercano a la empresa minera Ternium, la cual ha utilizado diferentes estrategias para evitar que haya una representación comunal elegida democráticamente.

También demandaron impulsar una reforma agraria avanzada que complemente a la actual Ley Agraria y el sistema de justicia agraria, pues actualmente no garantizan la protección de los derechos colectivos frente a intereses privados, lo que origina conflictos.

Desde el pasado 15 de enero grupos de activistas defensores de derechos humanos denunciaron la desaparición de Lagunes y Díaz, quienes habían realizado una defensa de las comunidades para la protección del medio ambiente, por lo cual habían recibido diferentes amenazas de grupos criminales

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México, responsable por violar libertad y presunción de inocencia en caso Tzompaxtle Tecpile

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Las violaciones se dieron al aplicar el arraigo y la prisión preventiva en 2006

SAN JOSÉ, Costa Rica, 27 de enero de 2023.- En la Sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de México es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas en contra de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en el marco de su detención y privación a la libertad, como parte del proceso penal del que eran objeto.

México reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos que la Comisión Interamericana identificó como violados en su Informe de Fondo y firmó un Acta de Entendimiento con los representantes de las víctimas del caso.
El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí. Las víctimas fueron detenidas el 12 de enero de 2006 en la carretera México-Veracruz cuando su automóvil se descompuso y luego de que una patrulla de la policía que se había acercado realizara una requisa del vehículo, habiendo encontrado elementos que consideraron incriminantes y eventualmente relacionados con la delincuencia organizada.

Durante dos días fueron interrogados y mantenidos incomunicados. Con posterioridad fue decretada una medida de arraigo que implicó su confinamiento por más de tres meses hasta que fue decretada la apertura del proceso penal por el juez de la causa y las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva por un período de 2 años y medio aproximadamente. El 16 de octubre de 2008 fue pronunciada la Sentencia en firme que absolvió a las víctimas del delito de violación a la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada en la modalidad de terrorismo, y el mismo día, fueron liberadas.

El caso abordó el análisis de dos figuras que se encuentran establecidas en la normatividad mexicana: el arraigo y la prisión preventiva. Con respecto al arraigo, establecido en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia de 1996 así como en el artículo 133 bis al Código Federal Procesal Penal de 1999, la Corte consideró que, por tratarse de una medida restrictiva a la libertad de naturaleza preprocesal con fines investigativos, resultaba contraria al contenido de la Convención, en particular vulneraba per se los derechos a la libertad personal y la presunción de inocencia de la persona arraigada.

Asimismo, concluyó que el Estado vulneró su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana en relación con el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, a ser oído, a la presunción de inocencia y a no declarar contra sí mismo, en perjuicio de Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Gustavo Robles López por la aplicación de esa figura en el caso concreto.

Comunicado
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Corte IDH_CP-08/2023 Español

En cuanto a la prisión preventiva, que fue aplicada en el caso, y que era contemplada en el artículo 161 del Código Federal Procesal Penal de 1999, la misma resultaba per se contraria a la Convención Americana porque no hacía mención a las finalidades de la prisión preventiva, ni a
los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Además, el referido artículo establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleva a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso.

En esa medida, la Corte concluyó que el Estado vulneró el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas.

El Tribunal también indicó que las condiciones de incomunicación y aislamiento en las que las víctimas estuvieron privadas de su libertad bajo la figura del arraigo violaron su derecho a la integridad personal, y que la requisa del vehículo en el que se encontraban vulneró su derecho a la vida privada. Por último, la Corte expresó que el Estado era responsable por una vulneración al derecho a la vida privada en perjuicio de Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile por los cateos llevados a cabo en la casa de su madre, así como en una tienda que era el negocio de la familia.

En razón de las violaciones declaradas en la Sentencia, la Corte ordenó diversas medidas de reparación: a) dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal; b) adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva; c) realizar las publicaciones y difusiones de la Sentencia y su resumen oficial; d) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; e) brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten, y f) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de costas y gastos.
***
La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Ricardo C. Pérez Manrique, Presidente (Uruguay); Humberto Antonio Sierra Porto, Vicepresidente (Colombia); Nancy Hernández López, Jueza (Costa Rica); Verónica Gómez, Jueza (Argentina); Patricia Pérez Goldberg, Jueza (Chile), y Rodrigo Mudrovitsch, Juez (Brasil).

El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot de nacionalidad mexicana, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de esta Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento de la Corte.
***
El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.

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INAI ordena a gobierno de México revelar informe de EUA sobre caso Ayotzinapa

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El INAI ordenó que AMLO publicara el informe que le entregó Kamala Harris sobre los Guerreros Unidos

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó al gobierno de México revelar el informe que la administración de Estados Unidos compartió sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Los comisionados del INAI determinaron que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debe publicar el informe que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, le compartió en una reunión virtual en mayo de 2021 sobre el caso Ayotzinapa.

No te pierdas: INAI instruye a FGR informar denuncias de tomas clandestinas de agua potable en todo el país

La comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, dijo que como parte de la reparación integral del daño se debe garantizar el principio de máxima publicidad como parte del acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria histórica.

La investigación del gobierno de Estados Unidos reunió intervenciones telefónicas realizadas en la Unión Americana por el grupo delictivo “Guerreros Unidos” que está relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El mandatario mexicano solicitó al gobierno estadounidense el expediente de la investigación, debido a que era necesario para la Comisión de la Verdad que en agosto pasado determinó que hubo un crimen de Estado con la intervención de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Lee también: Juez desecha amparos interpuestos por tres militares presos por caso Ayotzinapa

Asimismo, el INAI sostuvo que el caso es emblemático de la crisis en violaciones graves de derechos humanos que se presentó en México, por lo cual pugna por la apertura de la información general pública sobre el caso Ayotzinapa acontecido el 26 de septiembre de 2014.

Sobre este mismo caso, el pasado 21 de diciembre, el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de MéxicoEutimio Ordoñez Gutiérrez, declaró improcedentes los amparos interpuestos por el general José Rodríguez Pérez, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Alejandro Pirita Ochoa, presos por el caso Ayotzinapa.

El juzgador consideró que no existían elementos para atraer los amparos interpuestos por los militares contra la orden de aprehensión que recibieron en septiembre pasado, así como a la negativa de entregarles copias certificadas del pliego de consignación y mandamiento judicial.

 

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