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Justicia pendiente

Justicia fallida en Guerrero: Informe de Open Society Justice Initiative

Guerrero vive una crisis grave en materia de justicia que se manifiesta en la impunidad en las violaciones de derechos humanos, según informe de la OSJI

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MIembros de organizaciones de derechos humanos junto con la Open Society Justice en la lectura del informe sobre Guerrero. Foto: Arturo Ávila/OSJI

MIembros de organizaciones de derechos humanos junto con la Open Society Justice en la lectura del informe sobre Guerrero. Foto: Arturo Ávila/OSJI

CHILPANCINGO, Guerrero.- Una nueva evaluación independiente del sistema de justicia en el estado mexicano de Guerrero ha evidenciado la falla sistemática de las autoridades en el estado para investigar y perseguir los graves delitos de homicidios, torturas y desaparición forzada

El informe “Justicia Fallida en el Estado de Guerrero” ha sido elaborado por investigadores de la Open Society Justice Initiative (OSJI), con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan».

El resultado de una exhaustiva investigación en Guerrero que comenzó en 2013 es un informe que ofrece la más completa evaluación hasta la fecha de los problemas estructurales que enfrenta el sistema de justicia penal de Guerrero, basado en entrevistas en primera persona con fiscales, policías, políticos locales y defensores de los derechos humanos. Incluye datos actualizados sobre los delitos y las investigaciones en el estado, procedentes de decenas de solicitudes de acceso a la información, incluyendo:

Asesinatos: De los 19.434 homicidios denunciados a los fiscales desde 2005 a 2014, los fiscales abrieron 10.921 investigaciones por homicidio intencional o no intencional, lo cual derivó en sólo 2.391 acusaciones y en únicamente 1.269 condenas. Entre 2011 y 2013, hubo 77 muertes bajo custodia en las cárceles de Guerrero, sin que esto derivara en ninguna investigación penal.

Desapariciones forzadas: La Comisión de Derechos Humanos del Estado ha documentado 90 casos de desapariciones forzadas e involuntarias, entre 1990 y 2014. Los fiscales no han iniciado investigaciones penales en ninguno de esos casos, pero recibieron 44 casos adicionales. Ninguno de ellos ha dado lugar a acusaciones. No ha habido ninguna detención.

Tortura: La Comisión de Derechos Humanos del Estado ha documentado 54 casos de tortura, entre 1994 y 2014. Los fiscales no han emitido ninguna acusación por ese delito, y tampoco ha habido condenas por tortura.

El informe también señala las prioridades en esta materia para el nuevo gobernador y su administración, quien asumirá el cargo el 27 de octubre; un nuevo Congreso fue conformado el 1 de septiembre.

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Impunidad total en las violaciones de derechos humanos

James A. Goldston, director ejecutivo de OSJI sostuvo: «Guerrero es uno de los estados mexicanos que han sido tomados por asalto por la corrupción y la violencia. Este estado está enfrentando una crisis de casi total impunidad para graves violaciones de derechos humanos. Restaurar la confianza pública en la seguridad y en el estado de derecho en Guerrero requiere de un correcto funcionamiento del sistema de justicia penal. Así, el presente informe busca diagnosticar los problemas existentes y determinar lo que hay que cambiar».

El informe atribuye la crisis de la impunidad en Guerrero a una falla política: la erosión de los controles y equilibrios, elementos que son parte esencial en un sistema de justicia que funciona. Asimismo, llega a la conclusión de que los fiscales estatales, jueces y policías se han alineado con los estrechos intereses de los líderes políticos del estado, en lugar de proteger a la población mediante la investigación y la persecución de los delitos. La interferencia política también ha inhabilitado la capacidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado para enfrentarse a la inacción oficial.

También detalla otras deficiencias graves, entre las cuales se incluyen: la falta de servicios forenses independientes; un sistema débil o inexistente de protección de testigos; dependencia de la tortura por parte de los fiscales para obtener confesiones; lagunas fundamentales en el marco legal para la persecución de la tortura y las desapariciones forzadas; falta de coordinación entre los fiscales del estado y sus análogos federales; falta de servicios de defensa legal confiables; y un sistema penitenciario disfuncional.

El nuevo gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, declaró durante su campaña para las elecciones en este mes de junio: «Hay que enfrentar la impunidad y acabar con los abusos desde el poder».

El informe llama al gobernador a impulsar una serie de cambios urgentes, incluyendo las siguientes siete propuestas:

Crear el cargo de fiscal adjunto independiente estatal, responsable de investigar los casos de abusos y atrocidades contra los derechos humanos, con el fin de fortalecer la rendición de cuentas en este ámbito.

Establecer equipos integrados y multidisciplinarios de fiscales, investigadores y trabajadores sociales para investigar las desapariciones, y llevar a cabo investigaciones penales relacionadas.

Localizar, exhumar, e investigar fosas comunes y clandestinas, en colaboración con las autoridades federales, y buscar ayuda nacional e internacional para la exhumación oportuna y la investigación de dichas fosas.

Asegurarse de que los servicios forenses y de testigos expertos sean independientes de las autoridades políticas y de la oficina del procurador del estado.

Modificar la ley de tortura, para armonizarla con la Convención Interamericana para la Prevención y Sanción de la Tortura, asegurando así adecuadas penas según las normas internacionales; incluir formalmente los delitos de tortura y desaparición forzada en el Código Penal.

Modificar la ley para crear un comité de supervisión de la Comisión de Derechos Humanos, compuesto por representantes de los ciudadanos, incluidos los representantes de la sociedad civil, e incluyendo un papel formal para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Al respecto Goldston afirmó: «En el pasado han habido numerosos llamados al cambio en Guerrero. Pero el cambio más básico y necesario para comenzar es un cambio de actitud: las autoridades deben reconocer que tienen un problema y estar abiertas a todos los que puedan ayudar, tanto desde dentro como de fuera de México.

La Open Society Justice Initiative es parte de las Open Society Foundations, fundadas por el filántropo George Soros, con el fin de apoyar el desarrollo de democracias fuertes y tolerantes, cuyos gobiernos sean responsables ante su propio pueblo.

La organización ha estado trabajando con sus asociadas en México desde 2004, inicialmente en Nuevo León y luego en Morelos, donde ayudamos a establecer primera agencia de servicios previos al juicio en México. La agencia se compromete a realizar evaluaciones de riesgo de los arrestados y proporciona servicios de supervisión de la libertad bajo fianza. Este modelo ha sido adoptado en al menos otros dos estados mexicanos. Además, nosotros y nuestras asociadas hemos tenido éxito en lograr que el nuevo código federal de procedimientos penales para que las agencias de servicios previos al juicio sean obligatorias a nivel federal, y para que lo sean a nivel estatal en los próximos años.

Más recientemente, nuestros expertos legales que trabajan en el campo del Derecho a la Información y el Derecho a la Verdad han brindado apoyo a través de sus asociados, Artículo 19  y la Fundación para la Justicia (Fundación para la Justicia -FJEDD), que tiene por objetivo elaborar documentos públicos relacionados con la investigación de los asesinatos en masa en San Fernando.

Open Society Foundations (OSF) es el mayor financiador privado del mundo de las causas de derechos humanos, y nuestro trabajo en México incluye el apoyo a muchos de los principales grupos que abogan por los derechos humanos, la rendición de cuentas por parte del gobierno y la libertad de expresión.

El informe completo puede consultarse en la siguiente dirección
http://osf.to/justiciafallida
 

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Corte avala que funcionarios del Inegi ganen más que AMLO

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Los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) avalaron la suspensión para que los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) perciban salarios más elevados que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Los ministros determinaron que el tope salarial para los servidores públicos previstos en la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos vigente desde el 20 de mayo de este año.

De acuerdo con los representantes de la SCJN, los funcionarios del Inegi podrán percibir un salario mayor al del presidente de la República en tanto se resuelva la controversia constitucional presentada por el Inegi para que tengan una reducción en sus salarios.

Esta modificación se presenta después de que el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos en la que se establece que ningún funcionario podrá percibir un salario mayor al del presidente de México que se estableció de 108 mil pesos al mes.

Situación por la cual tanto los altos funcionarios del Inegi como del Instituto Nacional Electoral (INE) se ampararon contra esta reforma, por lo que será la Corte la instancia encargada de revisar esta reforma y si será procedente contra los funcionarios de los organismos públicos autónomos descentralizados.

Apenas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que era inmoral que un funcionario de la administración pública federal percibiera un ingreso económico mayor al del jefe del Ejecutivo federal, debido a que son señalados por la ciudadanía como corruptos y distantes a las necesidades de la ciudadanía.

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Sedena detiene a esposa del líder del CJNG

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Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con la Sedena, la detención se logró como parte de un operativo conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, por lo que es acusada de operación financiera de un grupo de la delincuencia organizada.

Las autoridades federalres refirieron que con la aprehensión de la cónyuge del líder del CJNG se ha logrado un golpe contundente a la organización delictiva, sin embargo, aunque las autoridades federales la acusaron de delincuencia organizada, únicamente pudieron vincularla a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La esposa del capo ya había sido detenida en mayo de 2018, pero ante la falta de pruebas en su contra, fue liberada por un delito menor, mientras que su hermano, Abigael González Valencia es identificado como el segundo al mando del CJNG y líder de Los Cuinis, y operador financiero, enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos y es colaborador de la FGR en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación (Segob) la acusó de ser la principal responsable del manejo financiero de la estructura criminal más grande del país que también tiene operaciones en otros países.

Su esposo ha sido señalado por la FGR como el principal responsable de la violencia en el país en los últimos años a consecuencia del crecimiento de la organización delictiva en diferentes regiones del país.

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Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada urgen a México a combatir este delito

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El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada urgió al gobierno de México a combatir de forma más eficiente este delito y generar estrategias transversales para localizar a las víctimas de desaparición forzada en el país.

El organismo internacional reconoció que en la actual administración federal ha existido mayor apertura para vigilar estos casos de desaparición forzada, pues recordó que en 2017 solicitaron al gobierno de Enrique Peña Nieto tener acceso a los expedientes de los reportes de personas no localizadas, pero se negaron, misma situación que ocurrió con el gobierno de Felipe Calderón.

Sin embargo, el comité internacional manifestó que esta apertura no es suficiente para lograr que reduzca la impunidad en este delito, pues enfatizó que México ocupa el segundo lugar mundial en acciones urgentes ordenadas por este organismo con este delito, sólo por debajo de Irak.

De la misma manera, lamentó que las desapariciones forzadas permanezcan como un delito constante que se comete en todo el territorio nacional, en donde prevalece la impunidad y la revictimización por parte de las autoridades fiscales y por ello se siguen presentando casos de personas no identificadas en fosas clandestinas.

Ejemplificó que los diferentes colectivos de víctimas mantienen los reclamos constantes para casos individuales con la consolidación de un nuevo marco legal e institucional que forma parte de la impunidad que ha permanecido en el estado en los últimos años.

Recordó que los delitos de desaparición forzada persisten en Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero y Jalisco, en donde se ha observado con mayor presencia las organizaciones relacionadas al crimen organizado que operan de forma regular con la desaparición de personas cuyos cuerpos no son localizados.

 

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