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Justicia pendiente

Justicia fallida en Guerrero: Informe de Open Society Justice Initiative

Guerrero vive una crisis grave en materia de justicia que se manifiesta en la impunidad en las violaciones de derechos humanos, según informe de la OSJI

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MIembros de organizaciones de derechos humanos junto con la Open Society Justice en la lectura del informe sobre Guerrero. Foto: Arturo Ávila/OSJI

MIembros de organizaciones de derechos humanos junto con la Open Society Justice en la lectura del informe sobre Guerrero. Foto: Arturo Ávila/OSJI

CHILPANCINGO, Guerrero.- Una nueva evaluación independiente del sistema de justicia en el estado mexicano de Guerrero ha evidenciado la falla sistemática de las autoridades en el estado para investigar y perseguir los graves delitos de homicidios, torturas y desaparición forzada

El informe “Justicia Fallida en el Estado de Guerrero” ha sido elaborado por investigadores de la Open Society Justice Initiative (OSJI), con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

El resultado de una exhaustiva investigación en Guerrero que comenzó en 2013 es un informe que ofrece la más completa evaluación hasta la fecha de los problemas estructurales que enfrenta el sistema de justicia penal de Guerrero, basado en entrevistas en primera persona con fiscales, policías, políticos locales y defensores de los derechos humanos. Incluye datos actualizados sobre los delitos y las investigaciones en el estado, procedentes de decenas de solicitudes de acceso a la información, incluyendo:

Asesinatos: De los 19.434 homicidios denunciados a los fiscales desde 2005 a 2014, los fiscales abrieron 10.921 investigaciones por homicidio intencional o no intencional, lo cual derivó en sólo 2.391 acusaciones y en únicamente 1.269 condenas. Entre 2011 y 2013, hubo 77 muertes bajo custodia en las cárceles de Guerrero, sin que esto derivara en ninguna investigación penal.

Desapariciones forzadas: La Comisión de Derechos Humanos del Estado ha documentado 90 casos de desapariciones forzadas e involuntarias, entre 1990 y 2014. Los fiscales no han iniciado investigaciones penales en ninguno de esos casos, pero recibieron 44 casos adicionales. Ninguno de ellos ha dado lugar a acusaciones. No ha habido ninguna detención.

Tortura: La Comisión de Derechos Humanos del Estado ha documentado 54 casos de tortura, entre 1994 y 2014. Los fiscales no han emitido ninguna acusación por ese delito, y tampoco ha habido condenas por tortura.

El informe también señala las prioridades en esta materia para el nuevo gobernador y su administración, quien asumirá el cargo el 27 de octubre; un nuevo Congreso fue conformado el 1 de septiembre.

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Impunidad total en las violaciones de derechos humanos

James A. Goldston, director ejecutivo de OSJI sostuvo: “Guerrero es uno de los estados mexicanos que han sido tomados por asalto por la corrupción y la violencia. Este estado está enfrentando una crisis de casi total impunidad para graves violaciones de derechos humanos. Restaurar la confianza pública en la seguridad y en el estado de derecho en Guerrero requiere de un correcto funcionamiento del sistema de justicia penal. Así, el presente informe busca diagnosticar los problemas existentes y determinar lo que hay que cambiar”.

El informe atribuye la crisis de la impunidad en Guerrero a una falla política: la erosión de los controles y equilibrios, elementos que son parte esencial en un sistema de justicia que funciona. Asimismo, llega a la conclusión de que los fiscales estatales, jueces y policías se han alineado con los estrechos intereses de los líderes políticos del estado, en lugar de proteger a la población mediante la investigación y la persecución de los delitos. La interferencia política también ha inhabilitado la capacidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado para enfrentarse a la inacción oficial.

También detalla otras deficiencias graves, entre las cuales se incluyen: la falta de servicios forenses independientes; un sistema débil o inexistente de protección de testigos; dependencia de la tortura por parte de los fiscales para obtener confesiones; lagunas fundamentales en el marco legal para la persecución de la tortura y las desapariciones forzadas; falta de coordinación entre los fiscales del estado y sus análogos federales; falta de servicios de defensa legal confiables; y un sistema penitenciario disfuncional.

El nuevo gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, declaró durante su campaña para las elecciones en este mes de junio: “Hay que enfrentar la impunidad y acabar con los abusos desde el poder”.

El informe llama al gobernador a impulsar una serie de cambios urgentes, incluyendo las siguientes siete propuestas:

Crear el cargo de fiscal adjunto independiente estatal, responsable de investigar los casos de abusos y atrocidades contra los derechos humanos, con el fin de fortalecer la rendición de cuentas en este ámbito.

Establecer equipos integrados y multidisciplinarios de fiscales, investigadores y trabajadores sociales para investigar las desapariciones, y llevar a cabo investigaciones penales relacionadas.

Localizar, exhumar, e investigar fosas comunes y clandestinas, en colaboración con las autoridades federales, y buscar ayuda nacional e internacional para la exhumación oportuna y la investigación de dichas fosas.

Asegurarse de que los servicios forenses y de testigos expertos sean independientes de las autoridades políticas y de la oficina del procurador del estado.

Modificar la ley de tortura, para armonizarla con la Convención Interamericana para la Prevención y Sanción de la Tortura, asegurando así adecuadas penas según las normas internacionales; incluir formalmente los delitos de tortura y desaparición forzada en el Código Penal.

Modificar la ley para crear un comité de supervisión de la Comisión de Derechos Humanos, compuesto por representantes de los ciudadanos, incluidos los representantes de la sociedad civil, e incluyendo un papel formal para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Al respecto Goldston afirmó: “En el pasado han habido numerosos llamados al cambio en Guerrero. Pero el cambio más básico y necesario para comenzar es un cambio de actitud: las autoridades deben reconocer que tienen un problema y estar abiertas a todos los que puedan ayudar, tanto desde dentro como de fuera de México.

La Open Society Justice Initiative es parte de las Open Society Foundations, fundadas por el filántropo George Soros, con el fin de apoyar el desarrollo de democracias fuertes y tolerantes, cuyos gobiernos sean responsables ante su propio pueblo.

La organización ha estado trabajando con sus asociadas en México desde 2004, inicialmente en Nuevo León y luego en Morelos, donde ayudamos a establecer primera agencia de servicios previos al juicio en México. La agencia se compromete a realizar evaluaciones de riesgo de los arrestados y proporciona servicios de supervisión de la libertad bajo fianza. Este modelo ha sido adoptado en al menos otros dos estados mexicanos. Además, nosotros y nuestras asociadas hemos tenido éxito en lograr que el nuevo código federal de procedimientos penales para que las agencias de servicios previos al juicio sean obligatorias a nivel federal, y para que lo sean a nivel estatal en los próximos años.

Más recientemente, nuestros expertos legales que trabajan en el campo del Derecho a la Información y el Derecho a la Verdad han brindado apoyo a través de sus asociados, Artículo 19  y la Fundación para la Justicia (Fundación para la Justicia -FJEDD), que tiene por objetivo elaborar documentos públicos relacionados con la investigación de los asesinatos en masa en San Fernando.

Open Society Foundations (OSF) es el mayor financiador privado del mundo de las causas de derechos humanos, y nuestro trabajo en México incluye el apoyo a muchos de los principales grupos que abogan por los derechos humanos, la rendición de cuentas por parte del gobierno y la libertad de expresión.

El informe completo puede consultarse en la siguiente dirección
http://osf.to/justiciafallida
 

Justicia pendiente

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, víctima de fabricación de culpables, volvió a ser torturado dentro del Cefereso #17, el 29 de marzo, por custodios bajo las órdenes del director del penal Julio César Pérez Ramírez, para que se desistiera de los amparos concedidos en contra de los tratos crueles e inhumanos y confinamiento injustificado de las autoridades carcelarias.

“Todavía son visibles las lesiones en la cara, frente y ojos, y apenas puede caminar porque le patearon la columna”, denunció su abogada a Los Ángeles Press, quien tenía un mes sin verlo, y estaba en espera de entrar a locutorios. En la notificación de queja al Poder Judicial del estado de Michoacán, interpuesto el 9 de abril de 2021, se describe que “presenta una hematoma pronunciado en la frente y otro en el pómulo derecho… diversos golpes en la espalda los cuales se ven inflamados y bastante marcados al igual que un hematoma en el costado izquierdo y una abertura en la cabeza…”

Abundó la abogada, de quien nos reservamos su identidad por seguridad, que habían ya interpuesto las denuncias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se están haciendo a la Secretaría de Gobernación, sin embargo, en la anterior vez que lo golpearon, el 18 de julio de 2020, las autoridades no dieron seguimiento a sus denuncias contra el director del Cefereso, quien le pedía 500 mil pesos para dejarlo de golpear.

George Khoury señaló que el titular de Seguridad penitenciaria y el director del penal no acataron la suspensión de malos tratos y ordenaron que lo golpearan. Lo tuvieron ocho días sin atención médica, desangrándose en el área del comedor donde fue golpeado y obligado a dormir durante esos días.

George Khoury ha liderado un amparo colectivo de 400 internos para la destitución del director del Cefereso, quien en un franco desacato a la Ley de Amparo, artículo 262, al ordenar de nueva cuenta la tortura contra Khoury viola el amparo 107/2021 del Juez Quinto por el Juez Quinto de Distrito en el estado de Michoacán y 134/2021 y 185/2021 del Juez Sexto de Distrito en el estado de Sinaloa.

El caso de Khoury Layón se ha presentado ante el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en conferencia matutina el 7 de diciembre de 2020, y en otras ocasiones en 2019 por violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades del sistema penitenciario.

Tiene una opinión de libertad inmediata desde el 18 de septiembre de 2017 por el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y el reconocimiento de inocencia en 2019 por la Secretaría de Gobernación. No obstante, sigue retenido ilegalmente por el Estado mexicano.

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México aceptó enviar más de 10 mil tropas en la frontera sur para evitar paso de migrantes

Ignacio García

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La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó que México acordó con Estados Unidos enviar más de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México para evitar el paso de migrantes centroamericanos que pretenden ingresar a la Unión Americana.

La funcionaria norteamericana dijo que con esta medida se logrará contener el paso de los migrantes centroamericanos que buscan arribar a Estados Unidos, medida que ya se había implementado desde el gobierno de Donald Trump para impedir una mayor cantidad de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala.

De acuerdo con la representante del gobierno de Estados Unidos, con estas medidas han detenido a más del doble de las personas que intentaban cruzar México para arribar a esa nación, por lo que manifestó que también Guatemala accedió a reforzar su seguridad con más de 15 mil elementos.

En el caso de Honduras se desplegarán más de 70 mil efectivos de seguridad para evitar la salida de los migrantes que buscan radicar en Estados Unidos, por lo que buscan evitar que ingresen más personas de forma ilegal a la Unión Americana, continuando con una política de deportaciones masivas implementada desde el gobierno de Barack Obama.

En mayo de 2019 el entonces presidente de Donald Trump amenazó a México con incrementar las tarifas de los aranceles, por lo cual el gobierno federal aceptó aumentar la seguridad en la frontera sur para evitar el ingreso de migrantes centroamericanos al país.

Al respecto, Amnistía Internacional (AI) refirió que existe una crisis humanitaria implementada por el gobierno de Estados Unidos para marginar a las personas de escasos recursos económicos que radican en Centroamérica y que buscan nuevas oportunidades de desarrollo económico.

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Sacerdote es sentenciado a 27 años de prisión por participación en asesinato de estudiante

Ignacio García

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Un juez del Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a 27 años y seis meses de prisión al sacerdote Francisco Javier Bautista Ávalos por su presunta participación en el asesinato del diácono y estudiante de la Universidad Intercontinental, Leonardo Avendaño, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 12 de junio de 2019 en la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México.

El juzgador ordenó una reparación del daño equivalente a 422 mil 450 pesos a la familia de la víctima, así como 5 mil 69 pesos por gastos funerarios, por lo que el clérigo fue sentenciado por el delito de homicidio calificado.

Días después de la localización del cuerpo del estudiante, el sacerdote fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCMDX) por su presunta responsabilidad en el homicidio del diácono, por lo que fue trasladado al Centro de reclusión varonil Oriente.

Los familiares de la víctima acusaron al clérigo de haber sido el responsable del asesinato del joven de 29 años de edad, debido a que previamente lo había amenazado, por lo que tras su desaparición lo señalaron como principal sospechoso del secuestro del estudiante.

Al respecto, la fiscal de justicia capitalina, Ernestina Godoy, señaló que las pesquisas relacionaban la participación del sacerdote en la muerte del joven, por lo que fue procesado por su culpabilidad en la desaparición de los estudiantes.

Leonardo Avendaño de 29 años de edad era estudiante de posgrado de la Universidad Intercontinental y era diácono y desapareció el 11 de junio de 2019 al salir de su domicilio en Iztapalapa, por lo que dos días su cuerpo sin vida fue localizado en el interior de un vehículo particular en la colonia Héroes en la alcaldía de Tlalpan.

 

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