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La red en lucha

Juez militar aplaza decisión de liberar a activista palestina Ahed Tamimi

Corte militar de Israel retrasa liberación de la activista palestina Ahed Tamimi, de 16 años, encarcelada por “humillar” al ejército

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OFER, Cisjordania.- La activista palestina Ahed Tamimi, detenida tras aparecer en un vídeo haciendo frente a dos soldados israelíes, seguirá en prisión al menos dos días más, hasta que la corte militar decida si la deja en libertad hasta la celebración del juicio.

“Hasta el momento la corte ha decidido que las cosas que ha hecho son peligrosas. Esperamos que hayamos podido ser capaces de exponer evidencias de que las pruebas por las que se la acusa fueron creadas después del arresto”, declaró su abogada, Gaby Lasky, al finalizar la vista celebrada este lunes en la corte de Ofer, en territorio ocupado de Cisjordania.

La letrada argumentó que la detención de Ahed, de 16 años, se produjo “después de que la gente pensara que ella había humillado a la nación (Israel)”, al aparecer en la puerta de su casa de Nabi Saleh empujando y golpeando a soldados israelíes, que no respondieron a la provocación.

El vídeo se grabó hace un mes, durante unos altercados en protestas por la declaración estadounidense de reconocer Jerusalén como capital de Israel, y aquel día su primo Mohamed de 14 años había sido herido en el rostro por una bala recubierta de caucho, secuencia que ha recordado su abogada este lunes para justificar la reacción de Ahed.

La menor fue detenida cuatro días después, el 19 de diciembre, durante una redada nocturna en su casa, y al día siguiente su madre Nariman, que también compareció en la corte, y su prima Nour, liberada bajo fianza hace dos semanas, también fueron arrestadas al aparecer junto a Ahed en el vídeo.

“Lo que se ha dicho en el juicio es que Ahed es peligrosa porque ha estado resistiéndose a la ocupación durante varios años y por eso deberían mantenerla detenida”, asegura Lasky, al estar acusada de doce cargos, incluido el asalto agravado y otros que pertenecen a hechos anteriores.

La defensa puso sobre la mesa la Convención de los Derechos del Niño al considerar que ha sido infringida con la actual detención y dijo que “no se juzga igual a la población palestina de Cisjordania que a los israelíes que residen en colonias judías en esta zona“.

Ahed apareció escoltada por policías israelíes y con esposas en los pies e intentó comunicarse con su padre mediante susurros en la sala donde escuchó los doce cargos que se le imputan.

En la sala, repleta de medios de comunicación y representantes diplomáticos, entre ellos del consulado de España en Jerusalén, estaba su padre, Basem Tamimi, que aseguró a Efe no creer en el “sistema de la ocupación que la está juzgando”.

Parte del grupo de diputados españoles, que visita esta semana Palestina, se ha reunido con la familia de la adolescente palestina. “Es un espanto todo”, valoró la diputada socialista, Soraya Rodríguez, tras escuchar las explicaciones de Basem Tamimi.

Los parlamentarios del PSOE, Unidos Podemos y Compromís acudieron a la casa familiar en la villa cisjordana de Nabi Saleh, donde fue detenida Ahed. “Hemos visitado a su familia en Nabi Saleh para expresarle nuestro apoyo. Su padre nos ha dicho: “No somos víctimas, somos luchadores, y resistiremos hasta el fin de la ocupación“, declaró el diputado de Podemos, Pablo Bustinduy, en un mensaje que difundió en sus redes sociales.

Los diputados -a excepción del PP y Ciudadanos que, aunque forman parte de la delegación, no participaron en el encuentro extraoficial- han posado con carteles de la campaña de Avaaz que pide la liberación de la adolescente.

Foto: La adolescente palestina Ahed Tamimi, es escoltada por agentes de la policía israelí hacia un juzgado en la localidad de Betunia (Palestina). EFE/ Abir Sultan

Foto: palestinalibre.org

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Europa

Periodistas y defensores de derechos humanos en 45 países espiados con el programa israelí Pegasus

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LONDRES.– La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) y la canadiense Citizen Lab denunciaron que defensores de derechos humanos y periodistas han sido vigilados y atacados en 45 países de todo el mundo gracias al programa Pegasus, del grupo tecnológico israelí NSO.

Danna Ingleton, del brazo tecnológico de AI, Amnesty Tech, resaltó que una nueva plataforma, Digital Violence (Violencia digital) “saca a la luz las importantes conexiones entre el uso del software espía de NSO y demoledoras violaciones de derechos humanos”, en cuatro continentes.

Esa plataforma, de la agrupación británica Forensic Architecture, permitió ya trazar un mapa de la distribución mundial de Pegasus, un programa que NSO (iniciales de sus creadores y propietarios) vende exclusivamente a gobiernos y solo después de ser autorizados con base en la legislación militar israelí.

Pegasus es un malware (programa malicioso) que se instala subrepticiamente en los teléfonos y permite acceso total a los mensajes, correos electrónicos, multimedia, micrófono, cámara, llamadas y contactos en el dispositivo del usuario.

Un caso latinoamericano de víctimas de Pegasus, según las investigaciones de AI y Citizen Lab, fue el espionaje sobre defensores de derechos humanos que participaron en las indagatorias por la desaparición de los 43 estudiantes  de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en México, un crimen masivo ocurrido en 2014.

En 2012, el gobierno de México había anunciado un convenio con NSO por 20 millones de dólares.

En octubre de 2019, AI reveló que el teléfono del historiador y periodista marroquí Maati Monjib fue infectado con el software espía Pegasus. Detenido en diciembre de 2020 y liberado bajo fianza en marzo de 2021, el activista “continúa sufriendo acoso por parte de las autoridades marroquíes por su labor de derechos humanos”.

“El dominio digital en el que habitamos se ha convertido en la nueva frontera de las violaciones de derechos humanos, un sitio de vigilancia e intimidación del Estado que le permite cometer esas violaciones”: Shourideh Molavi.

En 2018, Citizen Lab y el diario The New York Times informaron sobre el uso del software NSO para espiar al círculo íntimo de Jamal Khashoggi justo antes del asesinato de ese periodista en el consulado de Arabia Saudita en Turquía.

Otros medios de prensa han dado cuenta del empleo de Pegasus en países tan disímiles como España, Turquía, Tailandia, Qatar, Kenia, Uzbekistán, Mozambique, Marruecos, Yemen, Hungría, Nigeria y Bahréin.

En octubre de 2019, la empresa de mensajería instantánea WhatsApp y su matriz Facebook demandaron a NSO en Estados Unidos en virtud de la Ley de Abuso y Fraude Informático de ese país.

Según la demanda, NSO habría utilizado la aplicación WhatsApp para espiar hasta 1400 de sus usuarios en el mundo.

La nueva plataforma “revela que el dominio digital en el que habitamos se ha convertido en la nueva frontera de las violaciones de derechos humanos, un sitio de vigilancia e intimidación del Estado que le permite cometer esas violaciones”, dijo Shourideh Molavi, responsable de investigación de Forensic Architecture.

Edward Snowden, quien preside en Estados Unidos la Fundación para la Libertad de Prensa, dijo en una serie audiovisual de AI-Citizen Lab que “NSO Group es lo peor de lo peor, al vender herramientas de robo digital a actores de los que sabe perfectamente que violan activa y agresivamente los derechos humanos”.

La plataforma Digital Violence reúne datos sobre actividades relacionadas con NSO, sus licencias de exportación, presuntas adquisiciones, infecciones digitales y ataques físicos (que incluyen intimidación, acoso y detención) a activistas que anteriormente han sufrido ataques mediante software espía, destacó AI.

NSO se presenta como una empresa dedicada a “crear tecnología que ayuda a las agencias gubernamentales a prevenir e investigar el terrorismo y el crimen, para salvar miles de vidas alrededor del mundo”.

Con sede en Herzliya, cerca de Tel Aviv, NSO (iniciales de sus fundadores Niv Carmi, Omri Lavie Shalev Hulio), tiene ingresos anuales entre 40 y 150 millones de dólares, según informes concordantes, y en 2017 ya empleaba 500 personas.

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Latinoamérica

Presidente de Haití, Jovenel Moises, asesinado en golpe de Estado

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SANTO DOMINGO.- El presidente de Haití, Jovenel Moises, fue asesinado esta madrugada por un comando armado que penetró a su residencia en medio de un intenso tiroteo. Era su cuarto año de presidencia, y en febrero había alertado de que había un golpe de Estado en marcha y que utilizaba la calle para desestabilizar. Incluso, el 12 de febrero de 2021, señaló a un grupo de familias vinculadas al sector eléctrico de querer asesinarlo.

En la acción fue herida de gravedad su esposa Martine Moise, cuyo estado de salud aún era confuso.

Los primeros informes de seguridad indican que en el comando que atacó a Moïses había mercenarios suramericanos. El primer ministro de Haití, Claude Joseph, emitió un comunicado en el que confirma que a eso de las 1:00 de la madrugada Moises fue mortalmente herido. Así lo confirmó el diario local El Día.

Moises, de 53 años, ganó las elecciones presidenciales de su país en primera vuelta el 27 de noviembre de 2016 y asumió el 7 de febrero de 2017, proceso que apenas contó con la participación del 21 por ciento de los electores.

Desde el año pasado enfrentaba protestas violentas promovida por grupos opositores, quienes exigían su salida del poder alegando que su periodo concluía el 7 de febrero pasado en el entendido de que el mismo se contabilizaba desde el 7 de febrero del 2016 pese a que él tomó posición en 2017.

Otra de las situaciones que enfrentaba Moises fue el auge de grupos criminales que han tomado el control de gran cantidad del territorio haitiano y que desafiaban la autoridad gubernamental.

Comunicado emitido por Claude Joseph dando razón del atentado contra el presidente Jovenel Moises, quien falleciera poco después.

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Latinoamérica

EEUU publica primera lista de funcionarios señalados de corrupción en Centroamérica

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El Departamento de Estado de Estados Unidos identificó a más de 50 funcionarios y exfuncionarios, incluidos expresidentes y legisladores activos, sospechosos de corrupción o de socavar la democracia en tres países centroamericanos.

Muchos de los casos ya se conocían en Guatemala Honduras y El Salvador pero la mención de los nombres en la lista de Estados Unidos avivó las esperanzas de quienes luchan contra la corrupción. La lista fue entregada al Congreso de Estados Unidos, de conformidad con la ley estadounidense U.S.-Northern Triangle Enhanced Engagement Act, impulsada el año pasado por el representante federal Eliot Engel.

La publicación ocurre mientras el gobierno del presidente Joe Biden presta atención a la corrupción endémica en la región como uno de los factores que impulsa a los centroamericanos a migrar a Estados Unidos.

El llamado del Congreso para el reporte refleja una preocupación creciente “sobre el nivel de corrupción sistémica en los países del Triángulo Norte, la reincidencia considerable que hemos visto en toda la región en los últimos años” y la necesidad de “garantizar que nuestra ayuda no termine en los bolsillos de funcionarios corruptos o sus aliados”, dijo Adriana Beltrán, directora de seguridad ciudadana en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental enfocada en asuntos de derechos humanos.

Entre las figuras más destacadas de la lista se encuentran el expresidente de Honduras José Porfirio “Pepe” Lobo Sosa y la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. El informe del Departamento de Estado señala que Lobo Sosa aceptó sobornos de un cártel del narcotráfico y que su esposa estuvo involucrada en fraude y malversación de fondos. Ambos niegan las acusaciones. La Corte Suprema invalidó el año pasado la condena de Bonilla por cargos relacionados y está esperando un nuevo juicio.

Quizás tan importante que la inclusión de Lobo Sosa o de más de una docena de legisladores actuales, fue la omisión del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Los fiscales estadounidenses en Nueva York han señalado sospechas de que Hernández financió su ascenso político con sobornos de narcotraficantes, pero el mandatario no ha sido acusado formalmente.

Él ha negado haber cometido alguna falta. Su hermano, el exlegislador federal Juan Antonio “Tony” Hernández, fue condenado en marzo en Nueva York a cadena perpetua.

El analista hondureño Raúl Pineda Alvarado dijo que había muchas expectativas por la lista, pero que en general no incluye a los perpetradores principales, algo que lo decepcionó .

“Si esta es la forma en la que el Congreso de Estados Unidos pretende combatir la corrupción en Honduras, es algo parecido a querer curar el cáncer con aspirina”, comentó.

En lugar de nombrar a quienes dan las órdenes y controlan los recursos, la mayoría de los nombres eran de “autores secundarios”, sostuvo.

“Esta lista Engel, de alguna manera era muy esperanzadora, se pensó que sería un golpe demoledor a los verdaderos pesos pesados de la corrupción… pero lamentablemente esas esperanzas se ven frustradas”, declaró.

En cuanto a El Salvador, en la lista se incluyeron exfuncionarios del gabinete, un juez y el jefe de despacho del presidente Nayib Bukele La comisionada presidencial de operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos, ha mantenido un perfil bajo desde que su nombre apareció en mayo en una lista más corta del Departamento de Estado, pero los funcionarios del gobierno afirman que sigue presente en las oficinas presidenciales.

La lista del jueves detalló que ella “se involucró en corrupción considerable al hacer mal uso de fondos públicos para beneficio personal” y que participó en un plan de lavado de dinero.

La lista también incluyó a dos expresidentes de la Asamblea Legislativa, entre ellos Walter Araujo, que abandonó el partido conservador Arena para convertirse en un líder preeminente del partido Nuevas Ideas de Bukele.

De acuerdo con la lista, Araujo fue incluido por “exhortos a la insurrección contra la Asamblea Legislativa y amenazar repetidamente a candidatos políticos”.

Araujo reacción en Twitter, diciendo que no será callado por “gringos” ni por periodistas sin escrúpulos.

“Si por defender a mi pueblo y a mi gente me ponen en una lista Engel…. me pueden poner 100 veces más”, tuiteó.

Jean Manes, una exembajadora estadounidense para El Salvador, que recientemente regresó de manera temporal como encargada de negocios, dijo en un comunicado en video que la estrategia de Estados Unidos en la región se centra en combatir la corrupción porque es el factor más grande que impide el desarrollo.

“Las personas en la lista Engel pierden de forma inmediata su visa para acceder a los Estados Unidos”, afirmó. “Esta es una lucha larga compleja y continua, por eso hacemos uso de diferentes herramientas como la lista Engel que nos permite tomar acción inmediata en contar de actores que están abusando su poder para beneficio personal”.

Eduardo Escobar, jefe de Acción Ciudadana, una organización de rendición de cuentas públicas de El Salvador, dijo que se reunió el miércoles con la subsecretaria de Estado de Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, durante su visita al país.

Escobar dijo que en algunos casos, la lista dio crédito a los señalamientos de que algunos miembros del gobierno de Bukele estaban involucrados en actos de corrupción, así como miembros de otros partidos políticos. Añadió que ahora tendrían que ver si la Fiscalía General de El Salvador toma alguna medida para perseguir a las personas mencionadas en la lista.

El gobierno de Bukele no ha respondido de momento a una solicitud de comentarios.

En Guatemala, el expresidente Álvaro Colom Caballeros fue acusado de participación en fraude y malversación de fondos en el caso de un nuevo sistema de autobuses en Ciudad de Guatemala. El actual juez de la Corte Suprema Manuel Duarte Barrera presuntamente “abusó de su autoridad para influenciar y manipular inapropiadamente el nombramiento de jueces para el tribunal supremo”. Otro magistrado del máximo tribunal salvadoreño, Nester Vásquez, también se entrometió presuntamente en la selección de jueces.

El fiscal jefe contra la impunidad de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, opinó que el alcance de la corrupción en el país ha ido mucho más allá de los mencionados en la lista.

“Creo que faltan varios procesados por corrupción”, añadió Sandoval. “En la fiscalía investigamos a cientos de personas y otras cientos han sido condenados. Creo que se deben tocar los puestos altos de las estructuras de corrupción, sobre todo aquellos que la financian.”

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Fuente: AP

Sherman reportó desde Ciudad de México. Los periodistas de The Associated Press Marcos Alemán en San Salvador y Marlon González en Honduras contribuyeron a este despacho.

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