Connect with us

Fabricación de culpables

Juez fabrica culpable para cerrar caso de feminicidio en CDMX

Fernando Mangas Nevárez, culpable fabricado desde 2003 por jueces del TSJDF para cerrar caso de feminicidio sin investigar

Avatar

Published

on

Fernando Mangas, torturado e incriminado por el feminicidio de su esposa. Foto: especial

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- Fernando Mangas Nevárez lleva preso trece años en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México por un crimen que no cometió. El juez ejecutor de su sentencia Eduardo Mata Carillo, en 2004, le dijo claramente: “Yo sé que usted es inocente, pero lo tengo que declarar culpable, pues no puedo ir en contra del Tribunal Superior de Justicia, porque corro el riesgo de estar allá adentro” (sic).

Mata Carrillo era entonces Juez 64º de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y sabía perfectamente de la inocencia de Mangas de acuerdo al expediente 306/2004 con la existencia de 97 pruebas periciales realizadas de las que ni una sola tuvo en su contra. Pero el juez dejaba entrever que no podía dejar un feminicidio sin “resolver” en la Ciudad de México, pese a inconsistencias y contradicciones del Ministerio Público ni el testimonio del acusado de haber sido torturado durante la detención ilegal de 14 horas para arrancarle una confesión de culpabilidad que nunca lograron.

Fernando Mangas Nevárez, ingeniero en Sistemas electrónicos del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, fue sentenciado a 27 años y seis meses por el homicidio de su esposa, con la que tenía nueve meses de casado, vivía con ella en Morelia, Michoacán, y era la segunda vez que visitaban en pareja la Ciudad de México.

El 26 de septiembre de 2003, la pareja llegó a hospedarse al conocido Hotel Montreal de la avenida Tlalpan. De ahí, se trasladó a la casa de un amigo de Mangas, Erick Alcocer López, en la colonia Miramontes, donde se quedaría Mangas con su amigo, mientras su esposa Trisha Helenka Herreros González visitaba a unas amigas, acordando verse más noche para salir con otra pareja. Sin embargo, esa noche Trisha no llegó a recoger a su esposo a la casa de Erick como fue acordado. Y fue éste quien lo llevó de nuevo al hotel del Tlalpan.

Durante la noche del 26 de septiembre y el día siguiente, Mangas llamó innumerables veces al celular de su esposa, sin respuesta. Después de llamar a Locatel en su búsqueda, el comandante de la Policía Judicial Fernando Peñaloza le dijo que su esposa estaba a salvo, sólo que estaba detenida por un accidente de tránsito, y que necesitaba presentarse en la Agencia investigadora para asistirla. De inmediato, Mangas se trasladó al Ministerio Público y no volvió a salir de allí. Era 28 de septiembre de 2003, en torno a las 12 horas, cuando fue detenido arbitrariamente por el comandante Peñaloza y el policía Héctor Cortés Pérez, mismos que lo encañonaron y lo metieron a golpes a un cuarto donde lo aventaron sobre el cuerpo desnudo y ensangrentado de su esposa.

IMG-20160725-WA0001 (1)

Declaración del acusado.

Ni hora ni lugar del asesinato

–¡Para que veas lo que hiciste, hijo de la chingada, a ver si te arrepientes! –espetó el judicial Peñaloza golpeándolo.

Mangas vio el cuerpo de su esposa que había sido lastimado con saña, sobre todo en la cabeza, le habían fracturado el cráneo. No obstante, su muerte había sido diagnosticada por estrangulamiento, de acuerdo a la opinión del criminalista de campo de la agencia del Ministerio Público, ante la carencia de un médico forense. El mismo criminalista, quien se declaró incompetente para determinar lugar, día y hora exacta del feminicidio, señaló que para determinar el horario de muerte lo más importante era tomar la temperatura del cuerpo, pero él no utilizó ningún termómetro para medir la temperatura del cadáver de Trisha ni del medio ambiente.

La no intervención de un médico forense también generó que las especulaciones del criminalista respecto a la hora de muerte de Trisha contradijeran las declaraciones de tres testigos quienes afirmaron haber estado con ella. Incluso un cuarto testigo demostró haber tenido dos conversaciones telefónicas al presentar el recibo telefónico donde estaban registradas las llamadas. Pero las autoridades dijeron que el testigo “se había confundido”, y descartaron esa evidencia.

La escena del crimen, según las autoridades, fue la casa de Erick Alcocer López, el amigo de Mangas desde la escuela secundaria. Con este domicilio se asentó jurídicamente la sentencia condenatoria, pese a que las pruebas periciales descartaron en su totalidad que se hubiese cometido el asesinato allí. En entrevista, Fernando Mangas dijo a Los Ángeles Press, que el cuerpo de su esposa estaba cubierto de sangre:

“La golpearon muchísimo en la cabeza, yo la vi porque los policías me empujaron encima de su cuerpo”.

De acuerdo a las fotografías periciales “fue un homicidio con muchas maniobras de defensa y forcejeo, ¿cómo es posible si en las pruebas periciales salió que la casa estaba completamente limpia, sin ningún vestigio orgánico? Una pericial dijo que no había arrastre de muebles, evidencia de lucha, defensa ni forcejeos, incluso aplicaron el luminol (sustancia química para revelar rastros de sangre) y todo salió limpio. Hubo una sola gota de sangre en un sofá, y la analizaron, y era una gota de sangre no humana, porque en esa casa mi amigo tenía dos perritas y andaban por toda la casa, pero jamás encontraron una gota de sangre humana”.

Sin embargo, los magistrados dijeron que a pesar de que las periciales realizadas a la casa de Alcocer salieron negativas, “el homicidio pudo haberse cometido en otro lugar que a lo mejor no se examinó”.

Dos culpables fabricados, un sólo expediente

Junto con Fernando Mangas, fue inculpado su amigo Erick Alcocer López, bajo el mismo expediente y etiquetado de homosexual, alegando que había sido un “crimen pasional” con fines a cobrar el seguro de vida anombre de Trisha Helenka Hereros. El mismo 28 de septiembre de 2003, en las primeras horas de su detención ilegal, Mangas fue encañonado en las costillas por el policía judicial Peñaloza para exigirle que le hablara a su amigo por el celular:

–Si le hablas y le dices otras cosas que no sean las que yo te estoy diciendo, nadie sabe que estás aquí con nosotros, y te sacamos de la agencia.

Mangas habló a la casa de Alcocer como se lo exigió el judicial y fue el padre de Alcocer quien respondió la llamada. Mangas le dio el mensaje para su amigo “que fuera a recoger algo allí con él, que lo esperaba afuera de la agencia” y fue cuando lo detuvieron acusado por el mismo delito. Sin embargo, Alcocer López, con abogado en la familia, al año y medio fue absuelto por el mismo juez Eduardo Mata Carrillo que sentenció a Mangas Nevárez, siendo el mismo caso y teniendo las mismas pruebas.

Una semana después de la sentencia, Mangas solicitó una audiencia al juez y le hizo la pregunta: “¿por qué, juez?”, en referencia a su decisión de declararlo culpable a él mientras había dado la absolución de Alcocer. En ese momento, el juez Mata Carrillo le dijo que tenía que declararlo culpable, porque era la línea del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

El cadáver prestado a los deudos

El cadáver de Trisha fue encontrado en la cajuela de su auto estacionado en el garaje de una casa a la salida de la carretera México-Cuernavaca, de acuerdo a las fotografías periciales. Sin embargo, diarios mexicanos como Milenio y El Universal difundieron un boletín del Ministerio Público indicando que “el cadáver había quedado en el asiento del conductor”. Junto a éste, una agenda de ella, una bolsa de plástico cubriéndole la cabeza y una soga al cuello. En la versión de las autoridades, incluso se alude que los judiciales revisaron “la agenda dejada sobre su regazo” y que “de esta forma lograron dar con el esposo de la mujer asesinada y el amigo de éste…”.

No obstante, Fernando Mangas en su defensa demostró con las mismas declaraciones de los policías judiciales que lo torturaron que fue él quien se presentó a la agencia investigadora en busca de su esposa, y después fue obligado por los mismos policías a llamar a Alcocer diciéndole mentiras para que se presentara en la agencia.

Las autoridades, primero, trasladaron el cadáver a la agencia del Ministerio Público, y fue mostrado a Fernando Mangas como parte de su tortura. Horas después, se lo facilitaron a los familiares para su velación. Ahí mismo en la funeraria, según consta en el expediente, fueron citados los peritos para realizar pruebas periciales después de que el cadáver había sido limpiado y maquillado, mientras el Servicio Médico Forense realizaba las pruebas periciales sin el cadáver.

Mangas Nevares señaló a Los Ángeles Press que dentro del auto de su esposa también se encontraron dos condones. Sin embargo, en las pruebas periciales simuladas no se especificó agresión sexual o si la víctima había tenido relaciones sexuales poco antes de su muerte. Ni se especificó el origen de las huellas en el auto.

Cinco años tardó en responder la CIDH

Fernando Mangas envió la información sobre las violaciones de sus derechos humanos por parte del Tribunal Superior de Justicia del DF, junto con el expediente completo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero pasaron cinco años sin que le dieran una respuesta. Después cuando respondieron electrónicamente a su petición de ayuda, fue para pedirle información general sobre su caso.

Al respecto, comentó Mangas que “de nada había servido enviar los 25 kilos de papel a la CIDH, y esperar cinco años, si ni siquiera se habían tomado la molestia en revisar el caso”.

Volvió a mandar su información el 16 de noviembre de 2011, y un año después, el 7 de diciembre de 2012, recibió el acuse de recibido. Aún se encuentra en espera de que su caso sea atendido.

Screenshot_20160724-144150

La posibilidad del indulto presidencial

La defensa de Fernando Mangas prepara la petición del indulto presidencial, que en México existe esta posibilidad a partir de 2013 cuando se reforma el artículo 37 Bis del Código Penal Federal para otorgarle esta facultad al Jefe del Ejecutivo.

Debido a las violaciones sistemáticas de derechos humanos y al debido proceso, Mangas optó por el amparo, pero nuevamente en el juicio no se valoraron las pruebas. Y destaca que “hasta este momento no se han podido comprobar las condiciones de lugar, de tiempo ni de modo en el que se cometió el feminicidio de su esposa, a pesar de que nuestra Constitución exige las tres para sentenciar a una persona.”

Petición de firma contra la fabricaciónde culpables aquí.

El Caso Wallace

Isabel Miranda viola de nuevo derecho a la intimidad y vida privada de sus inculpados en prisión

Avatar

Published

on

Por Guadalupe Lizárraga

Isabel Miranda Torres recientemente ofreció pruebas a un juez federal y dos peticiones administrativas a directores de penales para que informaran “si Brenda Quevedo Cruz recibe visitas conyugales, con qué carácter entra dicha persona, y quiénes más la visitan en el penal de Morelos”, y así mismo con quiénes intercambia correspondencia.

Ante la negativa del juez, Miranda Torres insistió en que la directora del Cefereso de Morelos, donde se encuentra interna Quevedo Cruz, informara también si recibía correspondencia de su coprocesado Jacobo Tagle Dobín, porque según Miranda “está enterada de que se comunican y eso está prohibido”, alegando que además Brenda tenía amigas en el penal que pertenecían al Cártel de Tijuana.

Otra de las pruebas que ofertó quien tiene una carpeta de investigación por fabricación del secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace y por tortura contra los inculpados, fue contra Jacobo Tagle Dobín, para que el director del Cefereso #15, de Chiapas, informara cuándo se divorció Tagle de Edith Nava Sánchez, y desde cuándo lo visita su nueva mujer. Incluso, Miranda señaló que “tiene conocimiento de que Tagle tiene relación con George Khoury Layón y éste era íntimo de un tal Benajmin Ben Sutchi”, además enfatizó que Tagle también tenía amigos miembros de los cárteles dentro la prisión.

Al igual que en el caso de Brenda Quevedo, quien lleva 12 años de prisión preventiva pese a la Opinión de Libertad Inmediata de Naciones Unidas, Isabel Miranda ofertó como prueba que el director del Cefereso de Chiapas informara con quién intercambia correspondencia Jacobo Tagle, y qué personas lo han visitado desde que llegó a ese penal, así se trate de familiares, amigos, activistas, periodistas o abogados de Defensoría pública.

El juez negó estas pruebas, pero sin embargo, Miranda apeló la decisión y fue turnada a los tribunales para su revisión. Incluso, también interpuso dos peticiones administrativas solicitando informes de sus inculpados sobre las personas que los visitan y con quiénes intercambian correspondencia.

Por otra parte, de acuerdo con la fuente informativa, Isabel Miranda falseó datos en dichas peticiones, por ejemplo, refirió en el documento a un supuesto representante jurídico que no existe y un domicilio falso.

En el caso de César Freyre, inculpado también por la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace y sentenciado a 131 años de prisión, su esposa Nelly Flores dijo que se están vigilando sus llamadas y su correspondencia. Informó que le envió una carta a través de la empresa DHL, y confirmó su entrega el 11 de febrero de 2020 en el Cefereso #1 el Altiplano, Estado de México. Sin embargo, las autoridades del penal le entregaron la carta hasta finales de la primera semana de marzo, y se la entregaron ya abierta, cuando anteriormente le abrían las cartas delante de él sólo para revisión de rutina de seguridad y en ese mismo momento se la entregaban.

Comprobante de envío postal a César Freyre por parte de su esposa.

Violaciones a la intimidad y al derecho a la vida privada

La abogada María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva y representante legal de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, señaló que el reglamento de las prisiones autoriza a los internos a enviar y recibir cartas sin censura, además de que las visitas no son personas imputadas ni delincuentes, y deben de recibir un trato digno.

“Se debe de tratar a los internos con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes al ser humano, esto se encuentra plasmado, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Nelson Mandela”, explicó la abogada.

López Paulino consideró que respecto al caso de las víctimas del falso caso Wallace, el juez respondió correctamente al negarle la petición a Isabel Miranda, porque también “los internos deben de ser sujetos a un trato humano, igualitario y no-discriminación, tener contacto con el mundo exterior, y esto se encuentra en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”.

 Por su parte, el abogado Jefte Méndez, defensor de los derechos humanos de falso culpables, enfatizó que “la correspondencia es inviolable, pero en todos los ceferesos las cartas son revisadas previas a su salida a quien las recibe.

No obstante, afirmó que lo que está haciendo Isabel Miranda con sus inculpados por una parte, “es una violación constitucional al artículo 16, que tutela la vida privada, y es una violación a la intimidad de las personas, aparte de que violar la correspondencia privada constituye un delito estipulado en el artículo 173, del Código Penal Federal, la cual dicta que se aplicarán de tres a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad:

I.- Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y II.- Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella”.

El derecho a la vida privada también está consagrado en tratados internacionales suscritos por México, por ejemplo en los artículos 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; v, ix y x de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como el artículo 11, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Continue Reading

Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

Ignacio García

Published

on

Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

Continue Reading

Fabricación de culpables

Activistas y familiares de falsos culpables piden libertad al presidente López Obrador

Avatar

Published

on

Por Guadalupe Lizárraga

Familiares de víctimas de fabricación de culpables y organizaciones de derechos humanos se manifestaron frente a Palacio Nacional, para exigir atención a los casos de las personas privadas de su libertad con delitos fabricados, confesiones bajo tortura o procesos irregulares, muchos desde la administración de Vicente Fox.

Uno de los oradores fue José Humbertus Pérez Espinoza, quien fue preso de conciencia como represalia a su activismo, y quien recientemente participó en la elaboración de la ley de amnistía del Estado de México, logrando la inclusión de acusados por delitos de alto impacto. Entre sus propuestas, enfatizó la importancia de replicar esta ley de amnistía a los demás estados de la república para abordar casos con violaciones de derechos humanos, de presunción de inocencia y al debido proceso.

Por parte de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), Adrián Ramírez López enfatizó en los problemas dentro de los penales, el maltrato, la tortura, el tráfico de drogas y la inducción al consumo de ésta, que hacen estragos en los internos.

Expuso el presidente de la Limeddh que además de las confesiones bajo tortura, los falsos culpables eran exhibidos en los medios de comunicación como delincuentes.

El caso de Luis Díaz Pantoja, preso político, detenido de manera arbitraria en 2013, pero con orden de aprehensión desde 2010, fue expuesto por su abogado Jefte Méndez, quien se trasladó desde el estado de Oaxaca a la manifestación.

Francia Henao, madre Nino Colman Hoyos Henao, tomó la palabra para exponer el caso de su hijo, víctima de tortura y detención arbitraria, acusado falsamente de secuestro, y responsabilizó a Isabel Miranda Torres de interferir en la justicia. Señaló que en todas las audiencias judiciales estuvo presente Miranda Torres actuando frente al juez como acusadora de su hijo, además de controlar los medios donde Nino Colman también fue exhibido como responsable del delito sin ninguna prueba.

El caso del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón, torturado por la Policía Judicial Militar, después de denunciar por narcotráfico a militares de alto rango de la SEDENA y al entonces secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, fue expuesto por Elizabeth Pérez Ramos. Destacó que Malagón fue acusado de homicidio, y se encuentra privado de su libertad desde junio de 2010.

El caso de José Eduardo Toledano Téllez, quien lleva 21 años preso acusado de secuestro, pese a pruebas contundentes de su inocencia, fue otra de las exposiciones por su hermano Héctor Toledano, quien se trasladó de Querétaro a la manifestación. José Eduardo fue sentenciado a más de 38 años por la jueza María Medel, pese a que en 2009, se había capturado al verdadero responsable del delito que se le acusaba, a José Ángel Toledano Sánchez.

Después del plantón en el zócalo, funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia que dirige Paulina Téllez, convocaron a las organizaciones a una reunión para escuchar a los activistas.

 

 

Continue Reading

Trending