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Fabricación de culpables

Juez fabrica culpable para cerrar caso de feminicidio en CDMX

Fernando Mangas Nevárez, culpable fabricado desde 2003 por jueces del TSJDF para cerrar caso de feminicidio sin investigar

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Fernando Mangas, torturado e incriminado por el feminicidio de su esposa. Foto: especial

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- Fernando Mangas Nevárez lleva preso trece años en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México por un crimen que no cometió. El juez ejecutor de su sentencia Eduardo Mata Carillo, en 2004, le dijo claramente: “Yo sé que usted es inocente, pero lo tengo que declarar culpable, pues no puedo ir en contra del Tribunal Superior de Justicia, porque corro el riesgo de estar allá adentro” (sic).

Mata Carrillo era entonces Juez 64º de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y sabía perfectamente de la inocencia de Mangas de acuerdo al expediente 306/2004 con la existencia de 97 pruebas periciales realizadas de las que ni una sola tuvo en su contra. Pero el juez dejaba entrever que no podía dejar un feminicidio sin “resolver” en la Ciudad de México, pese a inconsistencias y contradicciones del Ministerio Público ni el testimonio del acusado de haber sido torturado durante la detención ilegal de 14 horas para arrancarle una confesión de culpabilidad que nunca lograron.

Fernando Mangas Nevárez, ingeniero en Sistemas electrónicos del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, fue sentenciado a 27 años y seis meses por el homicidio de su esposa, con la que tenía nueve meses de casado, vivía con ella en Morelia, Michoacán, y era la segunda vez que visitaban en pareja la Ciudad de México.

El 26 de septiembre de 2003, la pareja llegó a hospedarse al conocido Hotel Montreal de la avenida Tlalpan. De ahí, se trasladó a la casa de un amigo de Mangas, Erick Alcocer López, en la colonia Miramontes, donde se quedaría Mangas con su amigo, mientras su esposa Trisha Helenka Herreros González visitaba a unas amigas, acordando verse más noche para salir con otra pareja. Sin embargo, esa noche Trisha no llegó a recoger a su esposo a la casa de Erick como fue acordado. Y fue éste quien lo llevó de nuevo al hotel del Tlalpan.

Durante la noche del 26 de septiembre y el día siguiente, Mangas llamó innumerables veces al celular de su esposa, sin respuesta. Después de llamar a Locatel en su búsqueda, el comandante de la Policía Judicial Fernando Peñaloza le dijo que su esposa estaba a salvo, sólo que estaba detenida por un accidente de tránsito, y que necesitaba presentarse en la Agencia investigadora para asistirla. De inmediato, Mangas se trasladó al Ministerio Público y no volvió a salir de allí. Era 28 de septiembre de 2003, en torno a las 12 horas, cuando fue detenido arbitrariamente por el comandante Peñaloza y el policía Héctor Cortés Pérez, mismos que lo encañonaron y lo metieron a golpes a un cuarto donde lo aventaron sobre el cuerpo desnudo y ensangrentado de su esposa.

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Declaración del acusado.

Ni hora ni lugar del asesinato

–¡Para que veas lo que hiciste, hijo de la chingada, a ver si te arrepientes! –espetó el judicial Peñaloza golpeándolo.

Mangas vio el cuerpo de su esposa que había sido lastimado con saña, sobre todo en la cabeza, le habían fracturado el cráneo. No obstante, su muerte había sido diagnosticada por estrangulamiento, de acuerdo a la opinión del criminalista de campo de la agencia del Ministerio Público, ante la carencia de un médico forense. El mismo criminalista, quien se declaró incompetente para determinar lugar, día y hora exacta del feminicidio, señaló que para determinar el horario de muerte lo más importante era tomar la temperatura del cuerpo, pero él no utilizó ningún termómetro para medir la temperatura del cadáver de Trisha ni del medio ambiente.

La no intervención de un médico forense también generó que las especulaciones del criminalista respecto a la hora de muerte de Trisha contradijeran las declaraciones de tres testigos quienes afirmaron haber estado con ella. Incluso un cuarto testigo demostró haber tenido dos conversaciones telefónicas al presentar el recibo telefónico donde estaban registradas las llamadas. Pero las autoridades dijeron que el testigo “se había confundido”, y descartaron esa evidencia.

La escena del crimen, según las autoridades, fue la casa de Erick Alcocer López, el amigo de Mangas desde la escuela secundaria. Con este domicilio se asentó jurídicamente la sentencia condenatoria, pese a que las pruebas periciales descartaron en su totalidad que se hubiese cometido el asesinato allí. En entrevista, Fernando Mangas dijo a Los Ángeles Press, que el cuerpo de su esposa estaba cubierto de sangre:

“La golpearon muchísimo en la cabeza, yo la vi porque los policías me empujaron encima de su cuerpo”.

De acuerdo a las fotografías periciales “fue un homicidio con muchas maniobras de defensa y forcejeo, ¿cómo es posible si en las pruebas periciales salió que la casa estaba completamente limpia, sin ningún vestigio orgánico? Una pericial dijo que no había arrastre de muebles, evidencia de lucha, defensa ni forcejeos, incluso aplicaron el luminol (sustancia química para revelar rastros de sangre) y todo salió limpio. Hubo una sola gota de sangre en un sofá, y la analizaron, y era una gota de sangre no humana, porque en esa casa mi amigo tenía dos perritas y andaban por toda la casa, pero jamás encontraron una gota de sangre humana”.

Sin embargo, los magistrados dijeron que a pesar de que las periciales realizadas a la casa de Alcocer salieron negativas, “el homicidio pudo haberse cometido en otro lugar que a lo mejor no se examinó”.

Dos culpables fabricados, un sólo expediente

Junto con Fernando Mangas, fue inculpado su amigo Erick Alcocer López, bajo el mismo expediente y etiquetado de homosexual, alegando que había sido un “crimen pasional” con fines a cobrar el seguro de vida anombre de Trisha Helenka Hereros. El mismo 28 de septiembre de 2003, en las primeras horas de su detención ilegal, Mangas fue encañonado en las costillas por el policía judicial Peñaloza para exigirle que le hablara a su amigo por el celular:

–Si le hablas y le dices otras cosas que no sean las que yo te estoy diciendo, nadie sabe que estás aquí con nosotros, y te sacamos de la agencia.

Mangas habló a la casa de Alcocer como se lo exigió el judicial y fue el padre de Alcocer quien respondió la llamada. Mangas le dio el mensaje para su amigo “que fuera a recoger algo allí con él, que lo esperaba afuera de la agencia” y fue cuando lo detuvieron acusado por el mismo delito. Sin embargo, Alcocer López, con abogado en la familia, al año y medio fue absuelto por el mismo juez Eduardo Mata Carrillo que sentenció a Mangas Nevárez, siendo el mismo caso y teniendo las mismas pruebas.

Una semana después de la sentencia, Mangas solicitó una audiencia al juez y le hizo la pregunta: “¿por qué, juez?”, en referencia a su decisión de declararlo culpable a él mientras había dado la absolución de Alcocer. En ese momento, el juez Mata Carrillo le dijo que tenía que declararlo culpable, porque era la línea del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

El cadáver prestado a los deudos

El cadáver de Trisha fue encontrado en la cajuela de su auto estacionado en el garaje de una casa a la salida de la carretera México-Cuernavaca, de acuerdo a las fotografías periciales. Sin embargo, diarios mexicanos como Milenio y El Universal difundieron un boletín del Ministerio Público indicando que “el cadáver había quedado en el asiento del conductor”. Junto a éste, una agenda de ella, una bolsa de plástico cubriéndole la cabeza y una soga al cuello. En la versión de las autoridades, incluso se alude que los judiciales revisaron “la agenda dejada sobre su regazo” y que “de esta forma lograron dar con el esposo de la mujer asesinada y el amigo de éste…”.

No obstante, Fernando Mangas en su defensa demostró con las mismas declaraciones de los policías judiciales que lo torturaron que fue él quien se presentó a la agencia investigadora en busca de su esposa, y después fue obligado por los mismos policías a llamar a Alcocer diciéndole mentiras para que se presentara en la agencia.

Las autoridades, primero, trasladaron el cadáver a la agencia del Ministerio Público, y fue mostrado a Fernando Mangas como parte de su tortura. Horas después, se lo facilitaron a los familiares para su velación. Ahí mismo en la funeraria, según consta en el expediente, fueron citados los peritos para realizar pruebas periciales después de que el cadáver había sido limpiado y maquillado, mientras el Servicio Médico Forense realizaba las pruebas periciales sin el cadáver.

Mangas Nevares señaló a Los Ángeles Press que dentro del auto de su esposa también se encontraron dos condones. Sin embargo, en las pruebas periciales simuladas no se especificó agresión sexual o si la víctima había tenido relaciones sexuales poco antes de su muerte. Ni se especificó el origen de las huellas en el auto.

Cinco años tardó en responder la CIDH

Fernando Mangas envió la información sobre las violaciones de sus derechos humanos por parte del Tribunal Superior de Justicia del DF, junto con el expediente completo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero pasaron cinco años sin que le dieran una respuesta. Después cuando respondieron electrónicamente a su petición de ayuda, fue para pedirle información general sobre su caso.

Al respecto, comentó Mangas que “de nada había servido enviar los 25 kilos de papel a la CIDH, y esperar cinco años, si ni siquiera se habían tomado la molestia en revisar el caso”.

Volvió a mandar su información el 16 de noviembre de 2011, y un año después, el 7 de diciembre de 2012, recibió el acuse de recibido. Aún se encuentra en espera de que su caso sea atendido.

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La posibilidad del indulto presidencial

La defensa de Fernando Mangas prepara la petición del indulto presidencial, que en México existe esta posibilidad a partir de 2013 cuando se reforma el artículo 37 Bis del Código Penal Federal para otorgarle esta facultad al Jefe del Ejecutivo.

Debido a las violaciones sistemáticas de derechos humanos y al debido proceso, Mangas optó por el amparo, pero nuevamente en el juicio no se valoraron las pruebas. Y destaca que “hasta este momento no se han podido comprobar las condiciones de lugar, de tiempo ni de modo en el que se cometió el feminicidio de su esposa, a pesar de que nuestra Constitución exige las tres para sentenciar a una persona.”

Petición de firma contra la fabricaciónde culpables aquí.

Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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El Caso Wallace

Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales, que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo.

Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Klahr, “la omisión y el desdén hacia el acceso a la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas, hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática”. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace, y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los ministerios públicos o la confesión bajo tortura.

En entrevista para Los Ángeles Press, Lara Klahr también enfatizó que “el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada, es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del ministerio público investigar, coordinar la investigación, y es facultad del poder judicial determinar si una persona es inocente o culpable”.

Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo sólo la versión de ella y de la PGR. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista, incluso reconocieron varios años más tarde que se habían fabricado pruebas, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas.

Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina de la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón.

Quiénes son estos periodistas

Icela Lagunas

Fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda.

Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de la de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto Wallace en Morelos, donde supuestamente encontraron más víctimas de los “secuestradores”. Según los dichos de Miranda o de su reportera, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga, cuando fueron rescatadas por Isabel Miranda. En esta misma nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como la de una mujer atada a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios (Lizárraga, Guadalupe. El Falso Caso Wallace (Spanish Edition). Amazon. Kindle Edition).

Icela Lagunas publicó también las primeras calumnias contra George Khoury Layón de manera anónima en el mismo periódico El Universal, el 16 de febrero de 2006, y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro de Los señores del narco, bajo el nombre de Anabel Hernández, destacando en un pie de página a Icela Lagunas por su “extenso trabajo de investigación periodística” de 2006 a 2010. Así también fue con César Freyre, a quien presentó como líder de la banda de secuestradores.

Ciro Gómez Leyva

Desde 2006, Ciro Gómez Leyva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la república del padre biológico de Hugo, el doctor Carlos León Miranda.

La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces SIEDO-PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, pero de cromosomas femeninos.

Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte, fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leyva de las evidencias de vida de Hugo Alberto.

Hasta la fecha, Gómez Leyva ha seguido el invariable guion de Isabel Miranda, y por años ha promovido información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales, a través de su asociación Alto al secuestro.

Joaquín López Dóriga

En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió la detención arbitraria de Jael Malagón Uscanga. Lo presentó como “parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace”. Y enfatizó que tenía un “amplio historial delictivo”, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro.

López Dóriga, ese día, exhibió un video de la detención de Jael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz, y su reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freyre. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los “operativos” en Presidente Mazarick,  en Polanco.

Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado la información falsa sobre Jael Malagón, y sin embargo sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ricardo Raphael

Durante más de 12 años, Ricardo Raphael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público (Canal Once), fue parte de la falsa acusación a las víctimas, y en 2012, en El Universal hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX por el Partido de Acción Nacional.

Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Raphael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto, al leer el libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en dos ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal Once.

Cuatro meses después, en abril de 2019, Ricardo Raphael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística.

Ricardo Raphael, además de manipular la información sobre familiares de César Freyre y testigos del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la república con la senadora Nestora Salgado, el 29 de abril de 2019, y lo llamó “pederasta” por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años.

Anabel Hernández

En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freyre, George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín.

Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los señores del narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Khoury Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de “contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia” después de que ella lo visitara en el Reclusorio Oriente, en 2012, para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Khoury obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte de la ONU en septiembre de 2017, y ratificado en 2019, sin que la periodista hasta la fecha haya corregido sus libros.

En mayo de 2012 presentó el libro México en llamas, en CDMX, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda -por primera vez, en público- el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba su confesión y participación en los supuestos hechos (Location 3725, Hernández, 2012), en franca contradicción con uno de los capítulos dedicados a Brenda Quevedo.

Un año después, 2013, pese a la promesa a Khoury Layón de corregir su libro, editaba Narcoland, en inglés, en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre dos de las tres actas de nacimiento que tiene Hugo Alberto Wallace, y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010, video subido a Youtube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno, en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como “heroína”, “alguien a quien México quiere mucho” y destacó como actos dignos de aplauso las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda, junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas.

Durante el programa, Aristegui proyectó el rostro de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y César Freyre Morales. Los llamó secuestradores, sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace y sus capturas contra derecho.

En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU, que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz; al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: “es un honor, Carmen, estar aquí contigo”. Más aún, hasta la fecha Aristegui mantiene en “modo oculto” el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión.

Martín Moreno

Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas.

Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas, por medio de injurias y calumnias, bajo el sello editorial Aguilar.

 

Sanjuana Martínez

Actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la agencia de noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra Isabel Miranda, largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Khoury Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz.

El 29 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador, y también responsable de la edición cortada del video del canal de Youtube, de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda.

Un mes después, Martínez difundió cinco notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador, y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2012.

 

Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios

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Fabricación de culpables

Padre de culpable fabricado logra la libertad de su hijo después de cinco años de lucha

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Por Guadalupe Lizárraga

La lucha de Luis Castillo García por la libertad de su hijo Erick Onésimo Castillo Adame llegó al éxito, después de cinco años de prisión injusta y de haber sufrido tortura y acoso. Con una documental de 140 páginas, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero emitió el exhorto judicial con carácter urgente.

 “Erick Onésimo Castillo Adame y José Roberto Pedraza Molina (…) no son culpables ni penalmente responsables de la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de Mario César Ríos Vázquez”, así lo resolvió la Juez Primera de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, Amelia Gama Pérez, con fecha del 18 de diciembre de 2020, por lo que ordenó “la inmediata y absoluta libertad”.

Con tres sentencias absolutorias en la causa penal 19/2016-II-3, Erick Onésimo Castillo Adame y José Roberto Pedraza Molina obtuvieron su libertad la madrugada de ayer, después de haber estado cinco años en prisión por tres responsabilidades fabricadas, además de haber sido señalados en los medios de pertenecer a un grupo delictivo de Guerrero.

Luis Castillo, en su activismo por la libertad y el respeto a los derechos humanos de su hijo, logró que en febrero de 2016, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconociera que Castillo Adame había sido víctima de tortura y detención arbitraria por parte de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero y su expediente fue integrado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

Sin embargo, pese a las evidencias y la violación a la presunción de inocencia por una intensa campaña mediática en el que se le exhibía como responsable de homicidio y de pertenecer al crimen organizado, Erick pagó por un crimen que no cometió y sus familiares fueron acosados debido al activismo por su liberación, incluso en medio del riesgo de la pandemia del covid 19.

Castillo Adame y Pedraza Molina sufrieron el patrón de hostilidad que consistió en la detención arbitraria, tortura y encarcelamiento, implementado durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto para simular eficiencia policial en el combate al narcotráfico.

 

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