Jornaleros agrícolas de Baja California se revelan contra la esclavitud

Jornaleros laborando en Maneadero
Jornaleros laborando en Maneadero

Por José Pedro Martínez

ENSENADA, México.- Imagine trabajar en la pizca en jornadas de entre 8 y 12 horas, luchando contra los efectos que el contacto sin protección con fertilizantes, fungicidas y pesticidas tienen sobre su piel, ojos y pulmones, y sin recibir una debida atención médica por ello. Piense que para poder desempeñar este oficio, debe instalarse con toda su familia en unos pequeños barracones de madera reutilizada (en el mejor de los casos, cubiertos con lámina metálica), junto a los campos de cultivo, a kilómetros de la zona urbana, lejos de escuelas y hospitales, con deficientes -o inexistentes- servicios básicos como agua potable, luz eléctrica y drenaje. Si es mujer, añada que tiene que soportar el acoso de sus superiores, y que además, todo lo hace para ganar menos de 120 pesos diarios (menos de 8 dólares). Esta es la situación de esclavitud que desde hace más de 20 años soportan los trabajadores agrícolas en Baja California, principalmente migrantes del sur del país, que este martes han decidido plantarse ante la injusticia y detener la producción para bloquear la carretera transpeninsular como medida de presión hasta que se resuelvan sus condiciones laborales.

La industria agrícola bajacaliforniana está en manos de doce empresas que llevan explotando algunos de los campos de cultivo más extensos de México desde hace más de cuatro décadas. Algunos de estos ranchos son propiedad de funcionarios estatales, o sus dueños tienen vínculos directos con éstos, como son los casos del ex secretario de Fomento Agropecuario, Antonio Rodríguez, y la familia del actual secretario de Finanzas, Antonio Valladolid. Incluso el ex presidente Felipe Calderón es accionista de una de estas empresas.

Aunque a principios de los 90 se contabilizaban más de 50 mil trabajadores llegados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, principalmente, en la actualidad no superan los 30 mil. Pese a la estabilidad de la actividad industrial, esta no es la primera vez que la situación laboral de los trabajadores del campo de este Estado estalla en una huelga. Ni el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos (gracias al cual se exportan sin aranceles cada una de las 52 toneladas por hectárea de fresa cultivada en este Estado), ni los acuerdos establecidos hace 14 años entre sindicatos y patronales lograron aportar mejoras a las condiciones de los trabajadores. Por el contrario, se acordó un “salario compactado” que ha quedado congelado desde 1994, y la precariedad y la sumisión de los jornaleros se aceptó tanto por autoridades como por sindicatos.

Niñas mixtecas de la comunidad agrícola de Maneadero
Niñas mixtecas de la comunidad agrícola de Maneadero

En 2003, la Procuraduría de Derechos Humanos emitió una recomendación (incluida también en el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México), al gobierno del Estado por violaciones a los derechos sociales, económicos y culturales de los jornaleros agrícolas, en la que señalaba las precarias condiciones de vida y trabajo existentes. También se indicó la presencia de casos de trabajo infantil en la zona, pero las autoridades estatales negaron tales conclusiones.

Ahora, tras años de explotación y estancamiento en el cumplimiento de sus derechos, los jornaleros de las poblaciones de San Quintín, Punta Colonet, Camalú, San Vicente, Lázaro Cárdenas y El Rosario, se han agrupado bajo la ‘Alianza de organizaciones del Valle de San Quintín’ y, tras el bloqueo de la transpeninsular, han emitido un pliego petitorio en el que exponen sus necesidades. Por el momento, han logrado captar la atención del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Adrián Olea Mendivil, quien hizo un llamamiento al Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, para que se apresurara en solucionar el conflicto de inmediato ante las pérdidas económicas que se derivarán no solo por el paro agrícola, sino también por el bloqueo de la única carretera que conecta el norte de la península con Baja California Sur.

Fermín Salazar, vocero de la Alianza, explicó que pretenden establecer un diálogo público con todas las partes involucradas: el gobierno del Estado, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado y la Federación, representantes de las empresas y los sindicatos. “Estamos a la mejor disposición de buscar acuerdos, pero mientras no lleguen aquí vamos a estar. La Alianza no convoca a la gente para provocar ningún tipo de violencia, solo queremos solucionar los problemas de los jornaleros agrícolas de San Quintín en base al Derecho Laboral vigente y los Derechos Humanos”.

Salazar informó que ya el pasado 15 de octubre de 2014 se dirigieron sus peticiones al gobierno del Estado, pero que no obtuvieron respuesta alguna. “El último documento girado antes de convocar el bloqueo fue dirigido al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, invitándole a que visite los campos de Baja California y se reúna con los trabajadores”.

Protestas en Vicente Guerrero, Ensenada
Protestas en Vicente Guerrero, Ensenada

“Pedimos que sean solidarios con los trabajadores agrícolas. Sabemos que mucha gente no conoce nuestra situación, pero el salario nunca pasa de los 120 pesos diarios y las condiciones son de esclavitud”. La Alianza de Organizaciones ha resumido sus peticiones en los siguientes 14 puntos, mismos que están dispuestos a negociar:

  1. Revocación del acuerdo firmado entre la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), con la Asociación Agrícola de Baja California, especialmente en lo referente al “salario compactado”.
  2. Respeto de los beneficios por antigüedad.
  3. Afiliación al IMSS desde el primer día de ingreso a una empresa y cobertura médica tanto para el trabajador como sus dependientes.
  4. Pago de todas las prestaciones de Ley correspondientes a los trabajadores.
  5. Cumplidas las 8 horas de trabajo, pago del doble por cada hora extra y triple pasadas las 10.
  6. Obtención de la baja maternal durante seis semanas en el tiempo de gestación y de otras seis después del parto para las trabajadoras embarazadas.
  7. Cinco días de baja maternal, respetando el sueldo, para los hombres.
  8. Medidas contra el acoso sexual por parte de los “mayordomos” o “ingenieros”.
  9. Medidas contra las represalias en contra de los trabajadores en protesta.
  10. Pago de todas las prestaciones de ley a los trabajadores (Séptimo Dia, dias festivos y demás prestaciones).
  11. Establecer el salario mínimo estatal para los trabajadores agrícolas en 300 pesos diarios.
  12. Aumento del pago a $30.00 pesos por caja de fresa (desde el año 2001 se está pagando a $10.00 y $12.00 pesos). Domingos y días festivos al doble.
  13. Aumento a $17.00 pesos por jarras de mora, domingos al doble.
  14. Aumento a $ 8.00 pesos el pago por cubeta de tomate.

Al cierre de esta nota ya comenzaron a reportarse los primeros enfrentamientos entre fuerzas policiales y huelguistas en las comunidades de Vicente Guerrero y San Quintín.

Campos agrícolas de Ensenada
Campos agrícolas de Ensenada

Guadalupe Lizárraga

Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias en español en Estados Unidos sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de las investigaciones en formato de libro Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017) y El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018) ambos distribuidos por Amazon.com

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