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México de conciencia

Jornaleros agrícolas de Baja California se revelan contra la esclavitud

Denuncian condiciones de hacinamiento, explotación, falta de derechos y seguridad ante el acoso sexual

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Jornaleros laborando en Maneadero

Jornaleros laborando en Maneadero

Por José Pedro Martínez

ENSENADA, México.- Imagine trabajar en la pizca en jornadas de entre 8 y 12 horas, luchando contra los efectos que el contacto sin protección con fertilizantes, fungicidas y pesticidas tienen sobre su piel, ojos y pulmones, y sin recibir una debida atención médica por ello. Piense que para poder desempeñar este oficio, debe instalarse con toda su familia en unos pequeños barracones de madera reutilizada (en el mejor de los casos, cubiertos con lámina metálica), junto a los campos de cultivo, a kilómetros de la zona urbana, lejos de escuelas y hospitales, con deficientes -o inexistentes- servicios básicos como agua potable, luz eléctrica y drenaje. Si es mujer, añada que tiene que soportar el acoso de sus superiores, y que además, todo lo hace para ganar menos de 120 pesos diarios (menos de 8 dólares). Esta es la situación de esclavitud que desde hace más de 20 años soportan los trabajadores agrícolas en Baja California, principalmente migrantes del sur del país, que este martes han decidido plantarse ante la injusticia y detener la producción para bloquear la carretera transpeninsular como medida de presión hasta que se resuelvan sus condiciones laborales.

La industria agrícola bajacaliforniana está en manos de doce empresas que llevan explotando algunos de los campos de cultivo más extensos de México desde hace más de cuatro décadas. Algunos de estos ranchos son propiedad de funcionarios estatales, o sus dueños tienen vínculos directos con éstos, como son los casos del ex secretario de Fomento Agropecuario, Antonio Rodríguez, y la familia del actual secretario de Finanzas, Antonio Valladolid. Incluso el ex presidente Felipe Calderón es accionista de una de estas empresas.

Aunque a principios de los 90 se contabilizaban más de 50 mil trabajadores llegados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, principalmente, en la actualidad no superan los 30 mil. Pese a la estabilidad de la actividad industrial, esta no es la primera vez que la situación laboral de los trabajadores del campo de este Estado estalla en una huelga. Ni el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos (gracias al cual se exportan sin aranceles cada una de las 52 toneladas por hectárea de fresa cultivada en este Estado), ni los acuerdos establecidos hace 14 años entre sindicatos y patronales lograron aportar mejoras a las condiciones de los trabajadores. Por el contrario, se acordó un “salario compactado” que ha quedado congelado desde 1994, y la precariedad y la sumisión de los jornaleros se aceptó tanto por autoridades como por sindicatos.

Niñas mixtecas de la comunidad agrícola de Maneadero

Niñas mixtecas de la comunidad agrícola de Maneadero

En 2003, la Procuraduría de Derechos Humanos emitió una recomendación (incluida también en el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México), al gobierno del Estado por violaciones a los derechos sociales, económicos y culturales de los jornaleros agrícolas, en la que señalaba las precarias condiciones de vida y trabajo existentes. También se indicó la presencia de casos de trabajo infantil en la zona, pero las autoridades estatales negaron tales conclusiones.

Ahora, tras años de explotación y estancamiento en el cumplimiento de sus derechos, los jornaleros de las poblaciones de San Quintín, Punta Colonet, Camalú, San Vicente, Lázaro Cárdenas y El Rosario, se han agrupado bajo la ‘Alianza de organizaciones del Valle de San Quintín’ y, tras el bloqueo de la transpeninsular, han emitido un pliego petitorio en el que exponen sus necesidades. Por el momento, han logrado captar la atención del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Adrián Olea Mendivil, quien hizo un llamamiento al Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, para que se apresurara en solucionar el conflicto de inmediato ante las pérdidas económicas que se derivarán no solo por el paro agrícola, sino también por el bloqueo de la única carretera que conecta el norte de la península con Baja California Sur.

Fermín Salazar, vocero de la Alianza, explicó que pretenden establecer un diálogo público con todas las partes involucradas: el gobierno del Estado, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado y la Federación, representantes de las empresas y los sindicatos. “Estamos a la mejor disposición de buscar acuerdos, pero mientras no lleguen aquí vamos a estar. La Alianza no convoca a la gente para provocar ningún tipo de violencia, solo queremos solucionar los problemas de los jornaleros agrícolas de San Quintín en base al Derecho Laboral vigente y los Derechos Humanos”.

Salazar informó que ya el pasado 15 de octubre de 2014 se dirigieron sus peticiones al gobierno del Estado, pero que no obtuvieron respuesta alguna. “El último documento girado antes de convocar el bloqueo fue dirigido al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, invitándole a que visite los campos de Baja California y se reúna con los trabajadores”.

Protestas en Vicente Guerrero, Ensenada

Protestas en Vicente Guerrero, Ensenada

“Pedimos que sean solidarios con los trabajadores agrícolas. Sabemos que mucha gente no conoce nuestra situación, pero el salario nunca pasa de los 120 pesos diarios y las condiciones son de esclavitud”. La Alianza de Organizaciones ha resumido sus peticiones en los siguientes 14 puntos, mismos que están dispuestos a negociar:

  1. Revocación del acuerdo firmado entre la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), con la Asociación Agrícola de Baja California, especialmente en lo referente al “salario compactado”.
  2. Respeto de los beneficios por antigüedad.
  3. Afiliación al IMSS desde el primer día de ingreso a una empresa y cobertura médica tanto para el trabajador como sus dependientes.
  4. Pago de todas las prestaciones de Ley correspondientes a los trabajadores.
  5. Cumplidas las 8 horas de trabajo, pago del doble por cada hora extra y triple pasadas las 10.
  6. Obtención de la baja maternal durante seis semanas en el tiempo de gestación y de otras seis después del parto para las trabajadoras embarazadas.
  7. Cinco días de baja maternal, respetando el sueldo, para los hombres.
  8. Medidas contra el acoso sexual por parte de los “mayordomos” o “ingenieros”.
  9. Medidas contra las represalias en contra de los trabajadores en protesta.
  10. Pago de todas las prestaciones de ley a los trabajadores (Séptimo Dia, dias festivos y demás prestaciones).
  11. Establecer el salario mínimo estatal para los trabajadores agrícolas en 300 pesos diarios.
  12. Aumento del pago a $30.00 pesos por caja de fresa (desde el año 2001 se está pagando a $10.00 y $12.00 pesos). Domingos y días festivos al doble.
  13. Aumento a $17.00 pesos por jarras de mora, domingos al doble.
  14. Aumento a $ 8.00 pesos el pago por cubeta de tomate.

Al cierre de esta nota ya comenzaron a reportarse los primeros enfrentamientos entre fuerzas policiales y huelguistas en las comunidades de Vicente Guerrero y San Quintín.

Campos agrícolas de Ensenada

Campos agrícolas de Ensenada

México de conciencia

Activistas y ciudadanos protestan por cierre de oficinas de la PROFEPA en Tijuana y Ensenada

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Por Ignacio García

Luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) anunció el cierre de las oficinas de representación en los municipios de Ensenada y Tijuana, en Baja California, activistas y ciudadanos se pronunciaron en contra de esta decisión federal al considerar que se trata de una institución que debe proteger y vigilar de forma permanente las afectaciones al medio ambiente en el país.

Sashenka Fierro Reséndiz, bióloga de la región, señaló en comentario a la página de la institución, que las funciones de las oficinas de la PROFEPA en esos municipios son de importancia ante la crisis climática que padece el planeta, por lo que debe atender las violaciones a los reglamentos y leyes en materia ambiental en Baja California, que al cerrar estos espacios será más difícil emitir las denuncias correspondientes, así como la actuación de las autoridades federales.

La bióloga refirió que este tipo de decisiones reflejan la falta de compromiso del gobierno federal para preservar y proteger el medio ambiente, sobre todo en zonas protegidas, por lo que contrario al cierre de las oficinas se requiere la contratación de más personal y mayor presupuesto para la dependencia, y por ello solicitó que se revierta esta decisión.

De la misma manera, Charlotte Vizzuet Montoya, ciudadana de la región, manifestó su preocupación por la decisión del gobierno federal, pues dijo que “limitará la presencia en el territorio de los oficiales que atienden los delitos ambientales, debido a que Baja California presenta diferentes complejidades territoriales y de accesibilidad y con la eliminación de las oficinas de la Profepa se limita la capacidad de atender estas problemáticas”.

También Laura Isabel Martínez Ríos del Río, miembro de la Pro Esteros, AC y de The Ocean Foundation, asociaciones dedicadas a la preservación de la vida mariana y medio ambiente, señaló que la labor de la PROFEPA ha sido crucial en los últimos 30 años para rescatar la fauna silvestre en peligro y realizar inspecciones y vigilancia por delitos ambientales sin importar las circunstancias, por lo que con el cierre de las oficinas se dejan desprotegidos dos parques nacionales, dos áreas de protección de flora y fauna y tres reservas de biósfera del Golfo de Baja California.

Consideró que al operar en Mexicali se tendrán que duplicar los gastos para viáticos, combustibles y para atender cualquier denuncia que se presente en Ensenada y Tijuana, mientras que los trámites que tengan que realizar los ciudadanos también serán más costosos por los tiempos de traslado, situación por la cual solicitó revertir esta decisión.

Otro usuario no identificado que trabaja en la reserva de la Biósfera Bahía de los Ángeles sostuvo que esta determinación provocará que la PROFEPA sea completamente ineficiente para atender las quejas ambientales que ocurran en la zona, por lo que también dejará pérdidas económicas para la zona.

Indicó que este acuerdo incumple los principios de la Ley de Mejora Regulatoria, ya que no existe el beneficio social y los costos de la entrada en vigor del mismo serán graves, por lo que reiteró que no existe justificación para el cierre de las oficinas de representación.

Enlace del acuerdo de Conamer:

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México de conciencia

Salud confirma casi 10 mil contagios de Covid-19 en menores de edad tras regreso a clases

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La Secretaría de Salud federal (SSa) informó que tras el regreso a clases presenciales el pasado 30 de agosto se han registrado nueve mil 941 casos de Covid-19 en menores de edad, sin embargo, no se considera el cierre masivo de escuelas.

El subsecretario de Salud federal (SSa), Hugo López Gatell, refirió que los casos de Covid-19 en el país comienzan a decrecer con el avance de la campaña nacional de vacunación, por lo que exhortó a la ciudadanía a vacunarse para reducir los riesgos de contagios ocasionados por las distintas variantes de coronavirus.

Los datos de la SSa muestran que los casos de Covid-19 en el estado permanecen al alza, por lo que permanece el riesgo en las aulas, aunque existen planteles que decidieron cerrar sus instalaciones al no existir condiciones para el regreso seguro a clases presenciales.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Educación Pública federal (SEP), Delfina Gómez, mencionó que regresaron a clases un total de 13 millones 220 mil 916 alumnos y un millón 263 mil 89 trabajadores del sector educativo del país desde la semana pasada.

La funcionaria federal enfatizó que se deben priorizar las medidas sanitarias al ingreso y egreso de los planteles escolares, aunado a que en todo momento los estudiantes y docentes deben portar cubrebocas y deben garantizarse el distanciamiento social, mientras que se debe aplicar gel antibacterial al ingreso de las escuelas y en las aulas, que deben estar al 50 por ciento de su capacidad.

Añadió que con el regreso a clases presenciales se han cumplido los protocolos sanitarios en la mayoría de los planteles educativos, pero se mantendrán las medidas de vigilancia permanentes y los padecimientos reportados son los mínimos.

 

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Justicia pendiente

Zapatistas emprenden gira hacia Europa para encuentro con grupos anticapitalistas

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San Cristóbal de las Casas, México (AFP).- Alrededor de 180 miembros de del EZLN partieron la madrugada de este viernes de sus cuarteles en el sur de México para emprender un viaje rumbo a Viena, Austria, en el marco de una gira por Europa en la que esperan compartir experiencias con grupos anticapitalistas.

Aún con la noche cerrada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el grupo de mujeres y hombres salió ordenadamente y en filas del llamado “caracol” Jacinto Canek, un centro de resistencia autónoma, según la terminología zapatista, para abordar cuatro autobuses que los llevarían a Ciudad de México, su primera escala.

“Vamos a ir a compartir como lo venimos haciendo nosotros como zapatistas (…) conocer y compartir todo lo que sabemos”, dijo a la AFP Lady Jiménez Rodríguez, de 18 años y militante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Del contingente destaca el grupo llamado “La Extemporánea”, conformado por 39 mujeres de entre 18 y 21 años, que relevará en su gira por Europa al llamado “Escuadrón 421”, integrado por siete delegados del EZLN que salieron a finales de abril en barco desde el Caribe mexicano, y que regresan este sábado.

A diferencia del primer grupo, este viajará por vía aérea el lunes 13 de septiembre.

“Todas son de raíz maya y hablan (las lenguas indígenas) tzeltal, tzotzil, cho’ol, tojolabal y castilla”, señaló el EZLN en un comunicado.

Jiménez y la gran mayoría de sus compañeras portan gorras moradas provistas de caretas plásticas, y utilizan mascarillas negras para protegerse del covid-19.

“Yo soy de la selva”

Hombres y mujeres llevan también pañuelos atados al cuello y van uniformados con playeras negras con la leyenda “zapatista” escrita en grandes letras blancas. Debajo, una colorida ilustración de unos niños viajando en un bote identificado con una estrella roja sobre fondo negro, símbolo del EZLN.

“Somos de diferentes pueblos, yo soy de la selva, del Caracol 8”, dice Dalia, quien no da su apellido pero es coordinadora del primer grupo de jovencitas que sube a los autobuses.

Una vez a bordo, los coordinadores se despidieron, alguno de ellos dando vivas a sus subcomandantes, mientras simpatizantes aplaudían y gritaban “¡buen viaje, compañeros!”.

Los recorridos por Europa, que incluyen hasta 30 países, buscan denunciar problemáticas como el feminicidio, los grandes proyectos de infraestructura del gobierno mexicano, la militarización del país, el racismo y el despojo contra los pueblos originarios, según el EZLN.

El convoy zapatista saldrá de Chiapas hacia Veracruz (este) y luego a Puebla (centro), para arribar a Ciudad de México en un lapso de entre 12 y 15 horas, según los organizadores.

Una caravana de automóviles entre coordinadores, reporteros y simpatizantes acompaña su recorrido.

Encabezado por el subcomandante Marcos, el EZLN se levantó brevemente en armas el 1 de enero de 1994 en combates que duraron 12 días y dejaron decenas de muertos, la mayoría zapatistas. Tras un alto al fuego se abrió un proceso de diálogo con el gobierno.

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