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Con voz propia

Jorge Ramos, una mirada ingenua sobre la reforma migratoria

Para el periodista Jorge Ramos, el silencio del gobierno mexicano sobre la reforma migratoria le indigna, porque México no es tratado como “socio comercial”

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Manifestaciones previas previas a los debates en el Senado. Foto: red

Manifestaciones previas previas a los debates en el Senado. Foto: red

 Guadalupe Lizárraga

En el reciente artículo del periodista Jorge Ramos, titulado “Vender el alma al diablo”, observa que el costo por legalizar a 11 millones de migrantes en Estados Unidos con la reforma migratoria es demasiado alto. Esto es “más de lo debido”, de acuerdo a su particular opinión. Pero lo que más le aterra, secundado por la periodista Dolia Esteves, es el silencio del gobierno de Enrique Peña Nieto y sus empleados para fijar una postura enérgica ante lo que define como una flagrante agresión de Estados Unidos hacia México. No incluye a Centroamérica, sólo México, y lo dramatiza con el alarde de “socio comercial”.

Jorge Ramos inicia su texto enumerando los “altos costos” que ocasionaría esta reforma, que van desde incrementar los 21 mil elementos de seguridad policiaca en la frontera a los 40 mil, la ampliación de 700 millas del muro, verificación digital de empleos y un grupo de drones para vigilar la división territorial entre los dos países. Esto tendrá un gasto de 50 mil millones de dólares cargado al erario estadounidense, y Ramos recuerda con indignación que estas acciones son “tácticas usadas con naciones enemigas” como Afganistán e Irak.

Primero hay que ubicar bien el contexto y puntualizar lo que pasa de largo el colega que con más de 20 años en Estados Unidos habla desde el lugar privilegiado que le da la ciudadanía.

Estados Unidos formalmente es socio comercial de México, sí, pero si a estas alturas un periodista internacional de origen mexicano no sabe lo que ello significa políticamente y se ignora no sólo el grado de dependencia económica, sino el tipo de la relación que México sostiene con su vecino del norte, solo están moviendo una cortina de humo para mantener distraída a la sociedad mexicana. No nos engañemos.

Ramos, como periodista estelar de la gran televisión hispana, no argumenta en qué afectaría a México el presupuesto que Estados Unidos decide gastar en seguridad fronteriza. Los 50 mil millones de dólares no saldrán del bolsillo de los mexicanos, sino de los contribuyentes estadounidenses. Quienes pagamos impuestos en EEUU, deberíamos al menos respingar por este rubro.

Pero Ramos también es reiterativo y alarmante con respecto al silencio del gobierno mexicano. Pregunto: ¿Qué espera este periodista que diga Enrique Peña Nieto de la reforma migratoria si su imposición fue legitimada por el mismo presidente Obama? Ramos y Esteves han olvidado muy rápido el pasado electoral de México, cuando se perpetró una grave violación constitucional el 1 de julio y después fue acallada con otra más grave el 1 de diciembre, de las que ya no nos recuperaremos. Cualquier mexicano que no sepa las implicaciones políticas en la vida pública nacional de una imposición como la que recién vivimos con el PRI y la complicidad de los partidos está condenado a padecerla. Pero ser periodista mexicano y fingir que todo marcha en México como en una simple democracia, despierta suspicacias.

Jorge Ramos, además, sostiene en su artículo que esas “medidas drásticas” van a separar a los dos países. Sin duda su mirada es ingenua. Nada más contrario a la verdad. Esas medidas, en realidad son funcionales a estrechar la relación binacional por dos razones. La primera es que México no está en condiciones de poner reparos a Estados Unidos, el silencio por la ilegitimidad de su gobierno lo hace el cómplice más leal y disciplinado del continente americano, sobre todo en momentos en que la conciencia despierta los pueblos de Suramérica. Los mexicanos ya estamos pagando el costo impuesto por nuestra holgada tolerancia a la imposición de Peña y a la impunidad de sus secuaces. Y segunda razón, al gobierno mexicano le conviene el fortalecimiento de la seguridad de la frontera estadounidense, puesto que con ello se encarece la droga, las armas y la trata de personas que se mueven entre ambos países. El negocio brilla, no cerremos los ojos.

Aunque con un aire melodramático, el periodista Jorge Ramos insiste en la “pasividad y negligencia” de Peña Nieto, y escribe: “es como si esto no tuviera nada que ver con él, como si esto no fuera a afectar seriamente a millones de mexicanos”. La pregunta es de cajón: ¿De verdad cree Ramos que le importa a Peña Nieto lo que le afecte a millones de mexicanos? ¿De verdad cree Ramos en la sensibilidad y racionalidad del gobierno mexicano? Televisa, Univision, más de lo mismo, se entiende, pero incluso Carmen Aristegui cita a Ramos, con tamaña ingenuidad, como un referente periodístico.

Después de lo “terrible” que le resulta “la construcción de muros entre socios comerciales”, Ramos todavía se aventura en una parodia: “Lo que México necesita son más visas para sus trabajadores en el norte, no más agentes norteamericanos que detengan a los mexicanos más pobres en los desiertos y montañas”.

También aquí se le olvida que México es un país expulsor al igual que Centroamérica por su violencia y no sólo por su precariedad económica, y que “los desiertos y montañas” a los que alude en su texto, son sembrados con cuerpos que tiran las mafias negociadas desde los gobiernos, incluyendo desde el gobierno federal. Es Ramos el que parece no entender cómo funcionan las cosas en México, porque está claro que Enrique Peña Nieto sí sabe cómo funcionan dentro del espectáculo político en Estados Unidos.

Así pues, el “altísimo costo” que tanto preocupa a un periodista con ciudadanía estadounidense como Jorge Ramos o Dolia Esteves, resulta irrelevante para un periodista indocumentado como Luis Horacio Nájera, que huyó de Ciudad Juárez con su familia y tuvo que limpiar baños, mientras esperaba una oportunidad de vida digna y segura en otro país. O para el talentoso periodista digital Luis Monroy que lleva años trabajando en el campo y que ve una pequeña esperanza en la reforma migratoria, tratando de encontrar un empleador para reincorporarse al gremio en este país. O para el reportero y activista Francisco Ramírez con veinte años en el oficio de albañil, y que en su tiempo libre trabaja de periodista “entre polvo y cansancio”, por no contar con un documento que lo acredite como “regularizado”.

Fortalecer la seguridad en la frontera no cambia la situación a esos 11 millones de indocumentados que han vivido en el sacrificio de las sombras, la reforma sí. Que el gobierno estadounidense gaste 50 mil millones de dólares en seguridad en la frontera tampoco afecta la precaria vida de decenas de millones de mexicanos y centroamericanos. Los que les afecta es la depredación sistemática de sus gobiernos, la falta de racionalidad en políticas públicas de desarrollo y de seguridad para generar opciones genuinas a los ciudadanos, en vez de expulsarlos con sistemas de justicia corrompidos.

Entonces, en realidad, ¿a quién afectan esas “drásticas medidas” que inlcluye la reforma migratoria? Fácil, a los contribuyentes estadounidenses porque el dinero es del erario y en vez de que se destine a elevar la calidad de vida de estos ciudadanos estadounidenses, se les está quitando para destinarlo al fantasma del miedo a los migrantes. Y el miedo no es a los 11 millones que podrían eventualmente obtener un permiso de trabajo, y que no podrán obtener la residencia hasta que cumplan un periodo de diez años, y luego tendrán que esperar otros tres más para la ciudadanía. El miedo sólo es un fantasma creado para mover la economía. Y es un fantasma que cuesta muy caro a los contribuyentes en Estados Unidos. Pero es una gran inversión para el Estado estadounidense y para empresas aliadas contratadas para la seguridad en las fronteras.

Son descomunales los recursos que mueven las cárceles privadas de Migración a lo largo de la frontera con México. Para darnos una idea, por cada persona detenida en una cárcel de migración el estado paga por ella, paga por su salud y su alimentación. Si el detenido requiere de atención médica especial, el estado, es decir, con dinero público, se paga esa atención en hospitales privados subcontratados por el estado, desde intervenciones quirúrgicas hasta tratamientos de enfermedades terminales. Y luego los internos se recuperan en las cárceles.

Los recursos que se mueven cada día al deportar a cientos de personas que los obligan a separarse de sus familias tampoco son pocos. Las familias hacen hasta lo imposible por reunir los recursos, pagar perdones, abogados o “polleros” para volver a reunirse en este país.

También son descomunales los recursos que se obtienen de la “caza” de migrantes por parte de las policías fronterizas, del pago de multas por entrar al país ilegalmente y de las empresas de comunicaciones en las cárceles y tribunales. Más los trámites de regularización de quienes son aceptados en calidad de refugiados, asilados o residentes, a cálculo de 1,300 dólares por persona. Más los recursos que entrarían por los 11 millones de indocumentados que calculan que podrían eventualmente beneficiarse con esta reforma migratoria. El miedo pues cuesta, pero también produce. Y los gobiernos de Estados Unidos y México lo saben bien. Al que parece costar más trabajo entenderlo es a Jorge Ramos.

 

Con voz propia

Funcionario mexicano ocupa oficinas para hacer “Fiesta COVID”

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En un video compartido por esta redacción, se aprecia cómo el secretario de Cultura de Hidalgo (Méx), José Olaf Hernández Sánchez, usa las oficinas gubernamentales para realizar convivios e incluso causar destrozos junto con sus acompañantes, mismos que posteriormente fueron pagados con dinero del erario

Por Emmanuel Ameth

Mobiliario de las oficinas de José Olaf Hernández Sánchez, secretario de Cultura en Hidalgo (Méx), resultó dañado luego de que al funcionario en compañía de sus subalternos, ocupara el espacio público para realizar un “convivio” durante la pandemia causada por COVID el pasado 30 de octubre (2020), cuando Hidalgo estaba en riesgo de regresar al semáforo epidemiológico rojo.

Cabe señalar que en la actual administración del gobernador Omar Fayad Meneses al menos una funcionaria que se desempeñaba como subsecretaria de Salud perdió su empleo luego de que difundiera un video donde usaba las instalaciones oficiales para celebrar su cumpleaños, obligando a otros burócratas a participar.

En el video se aprecia a 6 individuos acompañando a Olaf Hernández, quien a sus espaldas tiene enmarcado el retrato de Omar Fayad Meneses como en toda dependencia gubernamental.

Entre los asistentes se encontraban A. G. M., asistente del secretario que también es encargada de organizar eventos; R. O. L., encargada de prensa así como D. R., auxiliar también en el área de prensa.

Aparecen también el secretario Olaf Hernández, Goretti y O. E. C., identificado como su particular. Todos ellos estaban en las oficinas de la cultura ubicadas en El Ferrocarril (Pachuca).

Como saldo del convivio, al menos una mesa resultó rota, misma que posteriormente fue arreglada con presupuesto del erario.

Otros señalamientos

En 2018 este medio documentó desvíos con motivo de la supuesta compra de 300 Instrumentos musicales así como la financiación de 450 Actividades culturales, para lo que la Secretaría de Cultura del Gobierno de Hidalgo presupuestó un total de 77 millones 962 mil 500 pesos según el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública (PAAASOP); sin embargo en el Centro Cultural de las Artes de Hidalgo, los trabajadores allí presentes negaron tales adquisiciones pese a estar presupuestadas según la Función Pública.

Un año después, este medio documentó el asunto de la “Compañía de Teatro del Estado de Hidalgo: timo, fracasos y corruptelas de Olaf Hernández”, dado que lo que se vendió a los actores como uno de los proyectos de mayor envergadura para la entidad, terminó en engaños, penar, desvíos y abandono por parte del funcionario.

Días después, alrededor de 200 artistas hidalguenses pidieron mediante una carta al gobernador Omar Fayad Meneses la renuncia del secretario Olaf Hernández Sánchez “ante los múltiples señalamientos de funcionamiento irregular por parte del organismo que dirige y pone en riesgo el desarrollo de la política cultural del Estado”.

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Arteleaks

El Estado español encarcela al rapero Pablo Hasél por críticas al sistema

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

El español Pablo Rivadulla Duró (1988), conocido en el ambiente musical como Pablo Hasél, es un rapero de izquierda que se asume antifascista y ha adoptado el compromiso con sus composiciones en video y mensajes a través de la red social Twitter en denunciar y poner en tela de juicio a los poderes monárquicos, políticos, jurídicos y policiacos de su país.

Y debido a 64 tuits (de 2014 a 2016) y una canción (publicada en YouTube), en donde pone de manifiesto su rechazo a los excesos del poder, ha sido sentenciado a prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y contra las instituciones del Estado, por lo que deberá someterse a nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación y al pago de casi 30,000 euros de multa (es decir, más de 700 mil pesos mexicanos).

Por ello, más de 200 personalidades del cine, la televisión, el teatro y la música, entre ellos Joan Manuel Serrat, Javier Bardem y Pedro Almodóvar, emitieron un manifiesto en favor de Hasél, rechazando de manera tajante su reclusión en prisión y planteando la solicitud de eliminar del Código Penal ese tipo de delitos, “que no hacen sino cercenar el derecho, no sólo de libertad de expresión, sino de libertad ideológica y artística”, tal y como sucede en países como Turquía o Marruecos

Pero van más allá los firmantes al argumentar lo evidente bajo un Estado autoritario:  “el encarcelamiento de Pablo Hasél hace que la espada de Damocles que cuelga sobre la cabeza de todos los personajes públicos que osemos criticar públicamente la actuación de alguna de las instituciones del Estado se haga aún más evidente. Es necesario que se difunda esta situación a nivel internacional, para poner de relieve en qué situación nos encontramos. Somos conscientes de que, si dejamos que Pablo sea encarcelado, mañana pueden ir a por cualquiera de nosotros, así hasta conseguir acallar cualquier suspiro disidente”.

Más aún, la organización Amnistía Internacional se ha pronunciado en el sentido de que el encarcelamiento de Hasél por sus expresiones artísticas es una injusticia, y hace un enérgico llamado al Estado español para que realice una reforma al Código Penal con respecto a ciertos artículos que vulneran el derecho a la libertad de expresión.

“Nadie debería ser procesado penalmente sólo por expresarse en redes sociales o por cantar algo que pueda ser desagradable o escandaloso. No se pueden penalizar expresiones que no incitan de manera clara y directa a la violencia. Si no se modifican estos artículos se seguirá silenciando la libertad de expresión y coartando las manifestaciones artísticas”, subraya Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Incluso en favor del cantante y también poeta se expresó asimismo la diputada del Parlamento Europeo para Dublín, Clare Daly: “Mañana, el rapero catalán Pablo Hasél irá a la cárcel por sus letras. ¿Dónde está el llamado a sancionar a España?” Todo lo cual en el marco de la discusión por amonestar a Rusia debido al arresto de un disidente de ese país, en donde Daly evidencia la hipocresía de los congresistas de ser rígidos contra Rusia pero blandos con países como España o Estados Unidos al violar los derechos humanos de sus ciudadanos.

En definitiva, Pablo Hasél no es más que una víctima del autoritarismo de Estado que rige en España, en donde los excesos del poder son públicos y evidentes, basta revisar algunos medios de comunicación para corroborarlo. Él no miente, sólo dice la verdad de manera visceral.

Y este martes, 16 de febrero, ha sido consumada la ignominia. Ha sido aprehendido por los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica catalana) en la Universidad de Lleida, en donde se resguardó acompañado de un centenar de simpatizantes, quienes fueron dispersados con gases.

 

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Con voz propia

En Materia de Justicia, en México, estamos en la Edad Media

Ramses Ancira

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Historias para armar la Historia

Ramsés Ancira

A pesar de todas las dificultades, el gobierno de López Obrador está haciendo lo que puede y donde puede para conseguir vacunas para atender el problema del COVID, pero hay otro gran tema en el que no se ha avanzado un ápice en la administración de Olga Sánchez Cordero, éste es el de la corrupción en los reclusorios federales y locales de todo el país, algunos de los cuales, tal y como sucede en Estados Unidos han sido concesionados a particulares.

Y mencionamos a la carismática, aunque despistada Secretaria de Gobernación, porque como ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ella sabe que como responsable de la seguridad interna, de lo que pase en los centros de detención del país, ella es la última responsable. En el libro Reportero Encubierto, que me valió el premio Bellas Artes de Literatura testimonial, escribía en 2016, que las cárceles en México se parecen a las encomiendas que se daban en La Nueva España a los conquistadores. Estos hacían una especie de redadas, se apoderaban de los indios y los obligaban a trabajar para ellos, muchas veces de por vida, sobre todo si los llevaban a las minas, donde vivían muy poco tiempo, por eso iniciaron con la trata de esclavos africanos.

Sólo por poner un ejemplo de lo que ocurre en todo el país, vamos a citar el Centro Federal de Reclusión Social de Buena Vista, Tomatlán, en Michoacán. Aunque lo dirige un militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, los dueños de la prisión le cobran al gobierno más de 5 mil pesos al día por cada interno.

A este precio, el gobierno se ahorraría varios cientos de millones de pesos, si en lugar de tener a los presos en la cárcel los mantuviera retenidos en un hotel de cinco estrellas; pero ése no es el punto. El tema es que no es suficiente, además los reclusos tienen que pagar una renta de mil 500 pesos mensuales para poder adquirir en la tienda, galletas, café, agua potable, jabón o pasta de dientes. No es opcional, porque el director de la prisión les cierra las llaves para que no puedan tomar agua y obligarlos a comprarla embotellada.

Algunos de los detenidos ya han obtenido el beneficio de la libertad anticipada por buen comportamiento o por haber cumplido la mayor parte de su sentencia, sin embargo no la obtienen porque cada uno de ellos que salga en libertad, conforme a derecho, representa una pérdida económica de por lo menos 150 mil pesos mensuales para la empresa PRODEMEX, que tiene el negocio y para los custodios que extorsionan a los familiares, no solo con la renta mensual, sino con los materiales que tienen que comprarles para que puedan trabajar dentro de la prisión.

No todos los presos, por supuesto, son personas de bajo nivel adquisitivo. Hay otros casos muy mediáticos como George Khoury Layón, víctimas de Isabel Miranda, a quien además el mismo director del CEFEESO le intentó extorsionar con 500 mil pesos para “protección” y dejar de ser acosado y golpeado en prisión.

Este personaje es de especial mención porque la Organización de las Naciones Unidas recomendó al Estado Mexicano su liberación en el año 2017. La propia Secretaría de Gobernación, ya durante la administración de López Obrador le dio calidad de preso político en reconocimiento a su inocencia, el 1 de noviembre de 2019, con el oficio número UASJ/MJ/094/2019.

Sin embargo, Khoury Layón no ha obtenido el dinero necesario para que se cumpla la decisión que le otorga la libertad.

Según la versión de Khoury, la periodista Anabel Hernández, autora del libro Los señores del Narco, se entrevistó con él, le pidió disculpas por las calumnias, y le dijo que la jueza Hermelinda Silva Meléndez había recibido instrucciones del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera para sentenciarlo por el homicidio de Hugo Alberto Wallace. Este crimen no fue probado, existen todas las evidencias de violación al debido proceso, entre las cuales figura: el hecho de que se hayan expedido dos actas de defunción para la misma persona; un peritaje que asegura que la víctima fue asfixiada, aunque nunca se encontró el cadáver, una gota de sangre misteriosamente encontrada meses después del supuesto crimen, cuando se sabe que por más que se lave con cloro o lejía una escena del crimen, los peritos disponen de químicos que pueden revelar presencia hemática, sobre todo cuando se trata de litros de sangre como debe ocurrir cuando un cuerpo es descuartizado.

A esto se agrega que la gota de sangre tenía el ADN, la huella genética, de Isabel Miranda Torres y Enrique Wallace Díaz, que no era padre biológico de la supuesta víctima, por lo tanto, no tenía ninguna razón para portar ese Ácido Desoxirribonucleico, que es la molécula que identifica entre sí todos los seres vivos, e incluso a algunos virus como el que provoca el COVID-19. Ésa es la razón de que casi todas las vacunas que se han producido hasta ahora para atacar la pandemia tengan como objetivo evitar la replicación de ese virus en particular.

Para colmo, el ADN de la gota de sangre encontrada era de mujer. Para dar una idea al lector de la enorme diferencia que hace el Acido Desoxirribonucleico, femenino o masculino, o de una y otra persona, es como si quisieran prevenir el coronavirus, aplicando vacunas contra la polio, la viruela o el tétanos.

Sin embargo, Khoury era propietario de negocios. Ha recabado 70 testimonios de otros tantos presos del CEFERESO de Michoacán, que atestiguan las extorsiones que ha sufrido para que lo dejen usar tenis que permitan la transpiración o para no ser golpeado por otros presos. Para los demás, culpables inventados o reales, pero que ya cumplieron su sentencia o los requisitos para obtener su libertad, las condiciones son mucho peores.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, literalmente sirve, como dice el refrán mexicano, “para lo que se le unta al queso”, es decir, para nada. Cuando se le concedió el beneficio de la libertad, a uno de los detenidos, cuyo nombre nos reservamos para evitarle represalias, sus familiares acudieron a esta. De ahí los enviaron a la Comisión del Estado de México, debido a que ahí se encuentra el juzgado, aquí declinaron y les dijeron que acudieran a la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, porque ahí estaba el prisionero y de ahí los enviaron de vuelta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque se trata de un asunto federal. En la CNDH la titular también tiene el mismo valor que un florero porque la señora Rosario Piedra Ibarra no tiene idea de cómo trabajar.

Prueba de ello es que hace unas semanas convocó a un concurso que hubiera significado mucho si se hubiera tratado de exponer videos sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren en México, pero en lugar de eso se pedía a los participantes que presentaran guiones que hablaran bien de la CNDH, y solo si era así les darían 20 mil pesos para producir los cortometrajes, pero además con la vigilancia de un censor de la propia Comisión.

Si la ciencia y el arte tienen un valor tan pobre en la 4T. Si las leyes que emitió el Estado para conceder la libertad a presos políticos y personas que ya cumplieron con los requisitos, no son respetadas por el poder judicial, y el gobierno hace caso omiso. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de injusticia en México? ¿Cuándo va a haber 4ta transformación en materia de Derechos Humanos?

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