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La red en lucha

Jefe del Ejército argentino ratificado pese a delitos en la dictadura

El nuevo jefe del Ejército de Argentina fue ratificado por el Senado pese a estar investigados por delitos de lesa humanidad

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Césa Milani, ratificado como jefe del Ejército, pese a ser investigado por delitos en la dictadura. Foto: Archivo/Ejército de Argentina

Por Fabiana Frayssinet

BUENOS AIRES, Argentina (IPS).- La ratificación como jefe del ejército de Argentina de un militar acusado de complicidad en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, reabrió el debate sobre la delgada línea entre responsabilidad moral o jurídica de quienes se exculpan en la obediencia debida.

El Senado aprobó el 18 de diciembre el ascenso de César Milani a teniente general, lo que implicó su aval como jefe del Estado Mayor General del Ejército, pese a las sombras sobre su pasado, como subteniente en la norteña provincia de La Rioja durante la dictadura.

El ahora teniente general renunció el 3 de este mes como director general de Inteligencia castrense, cargo que había retenido tras su designación en julio para la máxima jefatura militar, lo que avivaba la polémica sobre su figura y su inédito poder. Milani asegura que “ignoraba qué ocurría” en el riojano batallón 141, donde estuvo destacado.

El periodista Guillermo Alfieri, preso político en La Rioja entre 1976 y 1980, no le cree. “Milani no esgrime la ingenuidad de Heidi (protagonista del cuento infantil homónimo), sino la hipocresía de Tartufo (el impostor y oportunista de la obra del dramaturgo francés Molière)”, dijo.

La última dictadura militar (1976-1983) dejó 30.000 muertos y desaparecidos y 500 niños robados en el país, según organismos humanitarios. Milani se justifica con que era joven y acataba órdenes, por lo que no supo de abusos a los derechos humanos en esa provincia. Pero está involucrado en tres procesos abiertos por familiares de víctimas de la dictadura. Una de ellas es por la desaparición del soldado riojano Alberto Ledo.

Milani firmó el acta de la supuesta deserción de Ledo de su batallón. El soldado fue visto por última vez en 1976 en la también norteña provincia de Tucumán, durante el Operativo Independencia, que con el pretexto de aniquilar un contingente guerrillero terminó en una represión generalizada.

Ese caso indigna a Alfieri, quien en su autobiografía “Ver de memoria” califica de “terrorismo de Estado” la represión en La Rioja, donde conoció a Ledo por amigos comunes. “Era un muchacho simpático, respetuoso y respetado, con vocación de historiador, músico que animaba reuniones, con ideas de izquierda que expresaba con mesura”, recordó.

El ascenso de Milani fue aprobado en el Senado con 39 votos a favor y 30 en contra, después de su designación en julio como máximo jefe militar por el gobierno de izquierda moderada de Cristina Fernández, que esgrime “el principio de presunción de inocencia”.

“No puedo, sobre simples sospechas, ejecutar o linchar a un general”, argumentó el senador Aníbal Fernández, del gobernante Frente para la Victoria.

Diferentes organizaciones humanitarias y el Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, lo consideraron un retroceso, por volverse a argumentar la obediencia debida, a la que se acogieron militares de bajo rango para exculpar su participación en atrocidades.

El caso Milani causa sorpresa y escozor porque los gobiernos del ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de Fernández, su esposa y sucesora, fueron artífices de una activa política de derechos humanos, con énfasis en la recuperación de la memoria histórica. Ellos anularon las leyes de amnistía y respaldaron los juicios contra los violadores de derechos humanos. Desde 2003, fueron sentenciados 515 de ellos.

“Me ofende que el gobierno proteja y promueva a un miembro de ese aparato criminal, que pretendió ubicar a Ledo como desertor”, lamentó Alfieri.

El no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) objetó en julio el nombramiento de Milani, por su supuesta participación en casos de violación de derechos humanos.

El jefe militar pidió explicarse ante el CELS, promotor del enjuiciamiento de violadores de derechos humanos, y en respuesta a un cuestionario argumentó el 13 de diciembre que en La Rioja la represión fue “pasiva y de baja intensidad”. Alfieri aseguró, en cambio, que allí “se registró el mayor número de capturados del país, en proporción a la cantidad de habitantes de la provincia”.

“En La Rioja se desató una intensiva caza de brujas, con tormentos sistemáticos, traslados infernales y prisiones convertidas en campos de concentración”, dijo.

“Hasta el gimnasio del Batallón de Ingenieros 141 se empleó como centro de detenidos a granel en los primeros días de implantación de la dictadura”, puntualizó, antes de indicar que Milani no pudo no enterarse.

Aliados políticos y sociales de Fernández han criticado el ascenso de Milani. Cuestionan lo que la legisladora Gabriela Cerruti, del aliado grupo parlamentario Nuevo Encuentro, define como “el umbral entre la culpa judicial, política, moral y social”.

El presidente del CELS, el también periodista Horacio Verbitsky, consideró que su nombramiento fue “un grave error político”, aunque subrayó que “afirmar que eso invalida la política de derechos humanos de la última década revela un sesgo deliberado”.

Para el ensayista y analista político Alejandro Horowicz, autor del libro “Los cuatro peronismos”, hay que remontarse a “la lógica operativa de la represión militar” y a sus patrones.

“Los combatientes irregulares carecían de cualquier derecho, se los podía torturar, violar y asesinar sin que los responsables tuvieran que hacerse cargo de su comportamiento”, dijo. Según Horowicz, con los Grupos de Tarea para reprimir a la guerrilla, la cadena de mandos queda suspendida o subordinada a los jefes operativos.

A su juicio, el nombramiento de Milani debe entenderse en el contexto de los diferentes enfoques de la “responsabilidad personal” para juzgar crímenes de lesa humanidad. “El primero deja en un segundo plano el carácter institucional de cada comportamiento personal, para poner bajo la lupa las acciones del incriminado”, explicó.

“En el segundo, como todos son inocentes hasta que no se prueba lo contrario, los oficiales que no han sido juzgados resultan inocentes en una institución que no lo es”, dijo.

“El tercero: los que no ocupan cargos de alta visibilidad, pasan desapercibidos y cubiertos por el ancho manto de falta de imputación”, puntualizó.

Para Horowicz, que Milani proclame su adhesión al proyecto democrático “no significa demasiado políticamente” y su declaración al CELS “permiten entrever que no está dispuesto, al igual que el resto de la oficialidad, a hacerse cargo de nada”.

Esto llevaría, analizó, a un planteo más profundo, relativo a “la reconstitución democrática de una fuerza militar en descomposición”.

“Basta mirar el comportamiento de las Fuerzas (Armadas) en todos estos años, incluso después de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, para comprobar la voluntad de hacer más de lo mismo”, dijo. También sirve, aseguró, “para comprender que no se trata de nombres propios sino de una ausencia decisiva: una política armada genuinamente democrática”.

La pregunta aún sin respuesta es qué razón tuvo un gobierno comprometido en materia de derechos humanos, para decidir pagar este costo político. ¿Fue un error político? ¿O acaso es una pieza clave para garantizar la gobernabilidad, en momentos de crisis política, por denuncias de corrupción, elevada inflación y levantamientos policiales con el argumento de demandas salariales? Las respuestas quizás tengan que ver con la confianza que adquirió Fernández en Milani desde que asumió la inteligencia militar.

A falta de explicaciones, “las interpretaciones navegan por la tozudez, la estrategia de convertir al ejército en un nido de espías, o el sueño irrealizado de que los uniformados se alineen con sectores populares para promover el bienestar general”, respondió Alfieri. En cualquier caso es un arma de doble filo, según Horowicz, porque “disminuye su capacidad de maniobra frente a la crisis”.

 

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Europa

Rusia y Ucrania se culpan por los ataques a un sitio de energía nuclear

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La Agencia Internacional de Energía Atómica advierte sobre un posible desastre nuclear en Zaporizhzhia, la planta nuclear más grande de Europa, ubicada en una ciudad al sureste de Ucrania, situada a orillas del río Dniéper. Es el centro administrativo del Óblast en la región de Zaporizhzhia, que fue atacado dos veces desde el viernes 5 de agosto.

Ucrania y Rusia se acusan mutuamente del ataque del sitio nuclear. Rusia, por su parte, ha ocupado la planta desde principios de marzo. y afirma que los bombardeos de las fuerzas ucranianas podrían tener “consecuencias catastróficas” para Europa.

Ucrania, por otro lado, afirma que fueron las fuerzas rusas las que llevaron a cabo ataques con misiles en la planta nuclear en un esfuerzo por desconectarla de la red eléctrica de este país. Los residentes locales pidieron el fin de los combates cerca del sitio, que alberga seis reactores nucleares y miles de toneladas de materiales altamente radiactivos.

Volodymyr Martynyuk señaló que “como residentes de la ciudad, hacen un llamado al ejército ruso y a las Fuerzas Armadas de Ucrania para que eviten los combates abiertos en el área alrededor de Enerhodar y dentro de una zona de 20 kilómetros alrededor de la planta de energía nuclear. Estamos hablando de la seguridad de todo el planeta, no sólo de la seguridad de Ucrania, Bielorrusia y Rusia y los países cercanos”.

Con información de Democracy Now!

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Oriente Medio

Asalto de Israel en Gaza mata a 44 palestinos, 15 niños: el alto al fuego no acaba con derramamiento de sangre

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El número de muertos de tres días de un bombardeo militar israelí en Gaza ha llegado a al menos 44 palestinos, incluidos 15 niños. Al menos 350 palestinos resultaron heridos. Desde entonces, los bombardeos se han detenido después de que Israel y el grupo militante Jihad Islámica acordaron el domingo un alto el fuego mediado por Egipto, y los cruces fronterizos se reabrieron el lunes para permitir la entrada de las necesidades básicas.

El periodista y activista Issam Adwan, señaló que la operación militar de Israel está destinada a reforzar el actual gobierno israelí antes de las elecciones de noviembre. “Están usando la sangre palestina para promover una campaña a favor de ciertas personas”, dice Adwan.

El periodista reiteró fueron testigos de la muerte de 44 palestinos, incluidos 15 niños y seis mujeres, lo que representa la mitad de las bajas del lado palestino. «No hay palabras para describir los crímenes de guerra que se han cometido, incluso con las afirmaciones de las autoridades israelíes de que están apuntando a los miembros de alto rango de PIJ, miembros militares de alto rango. Esto incluía, por supuesto, atacar edificios residenciales, matar niños y mujeres, por supuesto», especificó.

De acuerdo con Adwan, en entrevista con Amy Goodman, el conflicto inició cuando Israel cortó el suministro de combustible a Gaza durante el bombardeo lanzado sobre Gaza. Luego la escalada comenzó, cuando la administración israelí decidió cerrar ambas fronteras, en el cruce de Kerem Shalom y en el cruce de Erez, que son los principales cruces de las mercancías que ingresan a Gaza, así como de equipos médicos y combustible.

Otro de los puntos que mencionó el periodista es la acción de provocación para detener a Bassam al-Saadi, un alto miembro del PIJ en Cisjordania y de convertir en objetivo también a Tayseer al-Jabari, un alto miembro de la PIJ en Gaza, quien según Adwan se trata de una persona política más que un militar.

Con información de Democracy Now!

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Latinoamérica

Torturas y muertes silenciosas en el régimen de excepción del presidente Bukele de El Salvador

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Por Edgardo Ayala

SAN SALVADOR – El cadáver de Walter Sandoval muestra varios hematomas oscuros en brazos y rodillas, así como una laceración en el ojo izquierdo y en la cabeza, señales de que sufrió algún tipo de violencia antes de morir en una cárcel salvadoreña, acusado de ser un miembro de una pandilla.

Esos golpes son evidentes en las fotografías que el padre de Walter, Saúl Sandoval, mostró al medio, el jueves 28 de julio.

Walter, de 32 años, es uno de los fallecidos en prisiones salvadoreñas luego de ser detenido  por las autoridades, en las redadas masivas que el gobierno de Nayib Bukele inició desde finales de marzo, al amparo del decretado régimen de excepción y de su lucha contra las organizaciones delictivas.

El joven, dedicado a la agricultura, murió el 3 de abril, en el aparcamiento del hospital de Sonsonate, un municipio del occidente del país donde fue trasladado moribundo, según la familia, desde la delegación policial de Ahuachapán, ciudad del departamento homónimo, en el occidente de El Salvador.

A esa estación de policía había sido trasladado, luego de su arresto el 30 de marzo, en la colonia (barrio) Jardines, del municipio de El Refugio, también del departamento de Ahuachapán.

“Lo torturaron, en las bartolinas (calabozos) de la delegación de Ahuachapán”, dijo el padre.

El joven, agregó, había estado compartiendo con amigos y embriagándose. Minutos más tarde, una patrulla policial lo capturó bajo la acusación de ser pandillero, algo que la familia negó rotundamente.

No alcanzó a recibir ayuda médica, se murió en el parqueo (aparcamiento) del hospital”, agregó el padre.

Para él, la única explicación que tiene de por qué los policías detuvieron a Walter es porque “querían sacar la cuota del día”, en referencia a que los efectivos tendrían asignado un número específico de capturas, a cambio de algunos beneficios en sus tareas diarias.

“Lo torturaron, en las bartolinas (calabozos) de la delegación de Ahuachapán… No alcanzó a recibir ayuda médica, se murió en el parqueo (aparcamiento) del hospital: Saúl Sandoval.

Muertes como la de Walter, de confirmarse la participación de agentes del Estado, son la expresión más violenta y arbitraria de las violaciones a los derechos humanos cometidas desde que el gobierno inició su plan de redadas masivas, en lo que presenta como una lucha frontal contra las pandillas.

Desde finales de marzo, el gobierno salvadoreño mantiene vigente un régimen de excepción que suspendió varias garantías constitucionales, como una forma de parar una abrupta alza de homicidios cometidos por pandilleros entre el 25 y 27 de marzo.

En esas fechas, unas 87 personas fueron asesinadas por pandilleros, en una especie de venganza contra el gobierno que habría roto un oscuro acuerdo bajo la mesa con esos grupos criminales, para mantener bajos los índices de homicidios.

El régimen de excepción, como se denomina esta figura constitucional en el país, se aplica desde el 27 de marzo, con prorrogas mensuales de la Asamblea Legislativa, ampliamente dominada por el gubernamental partido Nuevas Ideas. Desde entonces, las muertes violentas han caído a un promedio de tres

Entre los derechos constitucionales suspendidos se encuentran el de asociación y reunión, aunque el gobierno lo enmarcó solo a grupos delictivos que estuvieran reunidos para organizar crímenes. También se restringe el derecho a la defensa y se extiende el periodo en que una persona puede ser detenida y presentada a los tribunales, que actualmente es de tres días.

El gobierno puede además intervenir las comunicaciones “de grupos terroristas”, refiriéndose así a las pandillas, aunque eso ya podía hacerlo con las leyes ordinarias.

Luego de iniciado el régimen de excepción, los homicidios volvieron a la baja, que ronda los dos o tres muertos diarios, pero incluso hay días en que no se registra ninguno.

Pero en cambio, alrededor de 48 000 personas han sido detenidas y encarceladas preventivamente, todas acusadas por las autoridades de formar parte de pandillas, proscritas por ley. Y el número aumenta cada día.

Sin embargo, familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos han advertido que entre los capturados hay personas que no tenían ningún vínculo con esas estructuras criminales, también llamadas “maras” en El Salvador, y las que conforman un ejército de unos 70 000 miembros.

El 2 de junio, Amnistía Internacional afirmó en un comunicado oficial: en el marco del régimen de excepción actual, las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos.

Sin embargo, el presidente Bukele, lejos de mostrarse receptivo ante las críticas, las deslegitima tajantemente y suele referirse a los representantes de esas organizaciones como “sinvergüenzas”, preocupados más por defender los derechos de los pandilleros, según la narrativa oficial.

Walter Sandoval es uno de los jóvenes que han fallecido con muestra de torturas en cárceles de El Salvador en el marco del régimen de excepción vigente en este país desde finales de marzo. La policía lo capturó sin ninguna evidencia que lo vinculara con grupos de pandillas, afirmó la familia del joven, en un caso de los que se repiten cada vez más y que han sido documentados por organizaciones de derechos humanos. Foto: Cortesía de familia Sandoval

Muertes silenciosas y torturas

La organización de derechos humanos Cristosal ha recopilado cerca de 2500 casos de detenciones que, según los denunciantes, han sido arbitrarias, sin fundamento para que sus familiares hayan sido detenidos en el marco del régimen de excepción.

Esa organización también ha monitoreado reportes de prensa, redes sociales e indagaciones propias para establecer que, hasta el 28 de julio, cerca de 65 personas habían fallecido mientras se encontraban detenidas en cárceles del país o en calabozos de la policía, como parte de las redadas policiales masivas.

Algunos de los fallecidos presentaban señales evidentes de golpes y violencia física, como sucedió con Walter y otros casos sobre los que los medios de comunicación  han informado ampliamente.

Los informes oficiales de esas muertes que reciben los familiares son confusos y ambiguos, como el de Julio César Mendoza Ramírez, de 25 años, quien murió en un hospital de San Salvador, la capital del país, el 15 de julio.

El reporte oficial señalaba que había fallecido por un edema pulmonar, es decir, sus pulmones se llenaron de líquido, pero también señalaba que el caso se encontraba “en estudio”.

La duda de que los fallecidos fueron víctima de golpizas y torturas durante su encarcelamiento es algo que no descartan sus familiares ni las organizaciones de derechos humanos.

“La causa de la muerte que le dan a la persona (familiar) en el hospital, a veces difiere del reconocimiento médico legal, y eso da lugar a pensar que algo pasa”, señaló a la abogada Zaira Navas, de Cristosal.

Agregó: “También hay familias que dicen que les dijeron que fue por paro cardiaco, pero tiene golpes en su cuerpo, entonces no es compatible (la versión oficial)”.

Y ante las dudas y acusaciones de que bajo la mirada del Estado se están dando golpizas y torturas, las autoridades simplemente callan y no realizan, por ejemplo, las autopsias respectivas, que develarían lo que realmente pasó.

La abogada Navas remarcó que, incluso dentro del estado de excepción, «las detenciones son arbitrarias» porque el procedimiento seguido no está justificado jurídicamente y son muchas las personas detenidas por la simple denuncia telefónica de vecinos. Algo en que coinciden los defensores de derechos humanos

Una violencia adicional es que entre esa cifra de 2500 denuncias hay cerca de 30 % de personas con enfermedades crónicas, discapacidad o que se encontraban recibiendo tratamientos médico o quirúrgicos, según los reportes de Cristosal.

Se sabe que el personal de las penitenciarías no permite que los familiares de esas personas enfermas reciban sus medicamentos, aunque en algunos raros casos sí lo han autorizado.

“Hemos visto fallecidos porque se presume que han sido torturados, golpeados, etc., pero también han muerto personas a las que no les han dado el medicamento al que están sometidos permanentemente”, explicó a IPS el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Henri Fino.


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Sobre el dudoso papel jugado por el gubernamental Instituto de Medina Legal (IML), encargado de realizar los exámenes forenses para informar a los familiares sobre las causas de las muertes, Fino dijo que ese organismo no le merece ninguna credibilidad.

Sobre todo, añadió, ahora que militares del llamado Batallón de Sanidad Militar se encuentran, desde el 4 de julio, en varias sedes del IML, presuntamente para apoyar en tareas varias, incluidas las de tipo forense, dada la falta de personal.

“Qué colaboración pueden prestar (los militares), si no son expertos, y la única razón de que estén en Medicina Legal es para controlar”, aseguró Fino.

Guerra mediática

Algunos de los fallecidos en las cárceles, capturados durante el régimen de excepción, fueron presentados como casos de detenciones arbitrarias e ilegales por los medios locales, en confrontación  con la guerra propagandística de Bukele que afirma que todos los detenidos son, en efecto, pandilleros.

La prensa ha destacado el caso de Elvin Josué Sánchez, de 21 años, quien falleció el 18 de abril en el Centro Penal de Izalco, localizado en las inmediaciones de la población homónima, del departamento de Sonsonate, en el occidente de El Salvador.

Los medios se han referido a él como el caso del “joven músico”, porque en efecto estuvo un tiempo aprendiendo a tocar el saxofón, y han destacado sus virtudes como persona de bien como miembro de una Iglesia evangélica de la zona.

Pero Sánchez, según sus vecinos, era bastante conocido como pandillero activo en su natal cantón El Carrizal, del municipio de Santa María Ostuma, en el central departamento de La Paz.

“Lo veían bien armado, en fincas de la zona, junto a otros pandilleros, y les decía a los dueños que no se aparecieran más por ahí, o los asesinarían”, dijo a IPS un residente de ese municipio, quien pidió no ser identificado.

Situaciones como esa ha favorecido la narrativa de Bukele, entre la población, de que los medios independientes están a favor de los pandilleros y en contra de las acciones del gobierno para erradicar la violencia en el país.

De hecho, los sondeos de opinión muestran que una mayoría de la población de este país de 6,7 millones de personas, apoya las acciones del presidente para enfrentar a las pandillas.

Pero aun ante el hecho de que Sánchez era reconocido por la gente como pandillero, su arresto tuvo que haberse dado siguiendo los procedimientos y protocolos, en base a información fidedigna que comprobara fu afiliación a organización delictiva.

Eso es algo que la policía no suele hacer, en esas redadas masivas donde es imposible que se tenga toda la evidencia para individualizar cada uno de los cerca de 48 000 detenidos.

Tampoco el hecho de que haya sido pandillero ameritaba vapulearlo y someterlo a golpizas que acabaron con su vida, ya que sus derechos humanos debieron respetarse siempre, dijeron los entrevistados.

ED: EG

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Fuente: ipsnoticias.net

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