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La red en lucha

Jefe del Ejército argentino ratificado pese a delitos en la dictadura

El nuevo jefe del Ejército de Argentina fue ratificado por el Senado pese a estar investigados por delitos de lesa humanidad

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Césa Milani, ratificado como jefe del Ejército, pese a ser investigado por delitos en la dictadura. Foto: Archivo/Ejército de Argentina

Por Fabiana Frayssinet

BUENOS AIRES, Argentina (IPS).- La ratificación como jefe del ejército de Argentina de un militar acusado de complicidad en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, reabrió el debate sobre la delgada línea entre responsabilidad moral o jurídica de quienes se exculpan en la obediencia debida.

El Senado aprobó el 18 de diciembre el ascenso de César Milani a teniente general, lo que implicó su aval como jefe del Estado Mayor General del Ejército, pese a las sombras sobre su pasado, como subteniente en la norteña provincia de La Rioja durante la dictadura.

El ahora teniente general renunció el 3 de este mes como director general de Inteligencia castrense, cargo que había retenido tras su designación en julio para la máxima jefatura militar, lo que avivaba la polémica sobre su figura y su inédito poder. Milani asegura que “ignoraba qué ocurría” en el riojano batallón 141, donde estuvo destacado.

El periodista Guillermo Alfieri, preso político en La Rioja entre 1976 y 1980, no le cree. “Milani no esgrime la ingenuidad de Heidi (protagonista del cuento infantil homónimo), sino la hipocresía de Tartufo (el impostor y oportunista de la obra del dramaturgo francés Molière)”, dijo.

La última dictadura militar (1976-1983) dejó 30.000 muertos y desaparecidos y 500 niños robados en el país, según organismos humanitarios. Milani se justifica con que era joven y acataba órdenes, por lo que no supo de abusos a los derechos humanos en esa provincia. Pero está involucrado en tres procesos abiertos por familiares de víctimas de la dictadura. Una de ellas es por la desaparición del soldado riojano Alberto Ledo.

Milani firmó el acta de la supuesta deserción de Ledo de su batallón. El soldado fue visto por última vez en 1976 en la también norteña provincia de Tucumán, durante el Operativo Independencia, que con el pretexto de aniquilar un contingente guerrillero terminó en una represión generalizada.

Ese caso indigna a Alfieri, quien en su autobiografía “Ver de memoria” califica de “terrorismo de Estado” la represión en La Rioja, donde conoció a Ledo por amigos comunes. “Era un muchacho simpático, respetuoso y respetado, con vocación de historiador, músico que animaba reuniones, con ideas de izquierda que expresaba con mesura”, recordó.

El ascenso de Milani fue aprobado en el Senado con 39 votos a favor y 30 en contra, después de su designación en julio como máximo jefe militar por el gobierno de izquierda moderada de Cristina Fernández, que esgrime “el principio de presunción de inocencia”.

“No puedo, sobre simples sospechas, ejecutar o linchar a un general”, argumentó el senador Aníbal Fernández, del gobernante Frente para la Victoria.

Diferentes organizaciones humanitarias y el Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, lo consideraron un retroceso, por volverse a argumentar la obediencia debida, a la que se acogieron militares de bajo rango para exculpar su participación en atrocidades.

El caso Milani causa sorpresa y escozor porque los gobiernos del ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de Fernández, su esposa y sucesora, fueron artífices de una activa política de derechos humanos, con énfasis en la recuperación de la memoria histórica. Ellos anularon las leyes de amnistía y respaldaron los juicios contra los violadores de derechos humanos. Desde 2003, fueron sentenciados 515 de ellos.

“Me ofende que el gobierno proteja y promueva a un miembro de ese aparato criminal, que pretendió ubicar a Ledo como desertor”, lamentó Alfieri.

El no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) objetó en julio el nombramiento de Milani, por su supuesta participación en casos de violación de derechos humanos.

El jefe militar pidió explicarse ante el CELS, promotor del enjuiciamiento de violadores de derechos humanos, y en respuesta a un cuestionario argumentó el 13 de diciembre que en La Rioja la represión fue “pasiva y de baja intensidad”. Alfieri aseguró, en cambio, que allí “se registró el mayor número de capturados del país, en proporción a la cantidad de habitantes de la provincia”.

“En La Rioja se desató una intensiva caza de brujas, con tormentos sistemáticos, traslados infernales y prisiones convertidas en campos de concentración”, dijo.

“Hasta el gimnasio del Batallón de Ingenieros 141 se empleó como centro de detenidos a granel en los primeros días de implantación de la dictadura”, puntualizó, antes de indicar que Milani no pudo no enterarse.

Aliados políticos y sociales de Fernández han criticado el ascenso de Milani. Cuestionan lo que la legisladora Gabriela Cerruti, del aliado grupo parlamentario Nuevo Encuentro, define como “el umbral entre la culpa judicial, política, moral y social”.

El presidente del CELS, el también periodista Horacio Verbitsky, consideró que su nombramiento fue “un grave error político”, aunque subrayó que “afirmar que eso invalida la política de derechos humanos de la última década revela un sesgo deliberado”.

Para el ensayista y analista político Alejandro Horowicz, autor del libro “Los cuatro peronismos”, hay que remontarse a “la lógica operativa de la represión militar” y a sus patrones.

“Los combatientes irregulares carecían de cualquier derecho, se los podía torturar, violar y asesinar sin que los responsables tuvieran que hacerse cargo de su comportamiento”, dijo. Según Horowicz, con los Grupos de Tarea para reprimir a la guerrilla, la cadena de mandos queda suspendida o subordinada a los jefes operativos.

A su juicio, el nombramiento de Milani debe entenderse en el contexto de los diferentes enfoques de la “responsabilidad personal” para juzgar crímenes de lesa humanidad. “El primero deja en un segundo plano el carácter institucional de cada comportamiento personal, para poner bajo la lupa las acciones del incriminado”, explicó.

“En el segundo, como todos son inocentes hasta que no se prueba lo contrario, los oficiales que no han sido juzgados resultan inocentes en una institución que no lo es”, dijo.

“El tercero: los que no ocupan cargos de alta visibilidad, pasan desapercibidos y cubiertos por el ancho manto de falta de imputación”, puntualizó.

Para Horowicz, que Milani proclame su adhesión al proyecto democrático “no significa demasiado políticamente” y su declaración al CELS “permiten entrever que no está dispuesto, al igual que el resto de la oficialidad, a hacerse cargo de nada”.

Esto llevaría, analizó, a un planteo más profundo, relativo a “la reconstitución democrática de una fuerza militar en descomposición”.

“Basta mirar el comportamiento de las Fuerzas (Armadas) en todos estos años, incluso después de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, para comprobar la voluntad de hacer más de lo mismo”, dijo. También sirve, aseguró, “para comprender que no se trata de nombres propios sino de una ausencia decisiva: una política armada genuinamente democrática”.

La pregunta aún sin respuesta es qué razón tuvo un gobierno comprometido en materia de derechos humanos, para decidir pagar este costo político. ¿Fue un error político? ¿O acaso es una pieza clave para garantizar la gobernabilidad, en momentos de crisis política, por denuncias de corrupción, elevada inflación y levantamientos policiales con el argumento de demandas salariales? Las respuestas quizás tengan que ver con la confianza que adquirió Fernández en Milani desde que asumió la inteligencia militar.

A falta de explicaciones, “las interpretaciones navegan por la tozudez, la estrategia de convertir al ejército en un nido de espías, o el sueño irrealizado de que los uniformados se alineen con sectores populares para promover el bienestar general”, respondió Alfieri. En cualquier caso es un arma de doble filo, según Horowicz, porque “disminuye su capacidad de maniobra frente a la crisis”.

 

España

Líderes de otros países reaccionan ante el asalto al Capitolio en EEUU

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Líderes y organizaciones de todo el mundo han mostrado su asombro e indignación ante el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump, que ha concluido con cinco personas fallecidas y numerosos destrozos en la sede del Legislativo.

Desde el Gobierno español, su presidente Pedro Sánchez ha dicho seguir “con preocupación las noticias que llegan desde el Capitolio en Washington” y ha mostrado su confianza “en la fortaleza de la democracia de EE.UU”.

Sánchez también ha señalado que con la nueva Presidencia de Joe Biden, Estados Unidos “superará la etapa de crispación uniendo al pueblo estadounidense”.

Por su parte, el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado lo ocurrido en Estados Unidos propio del “modus operandi de la ultraderecha: la mentira descarada como arma política y el intento de subversión de los mecanismos institucionales cuando no le son favorables”. Así, ha reivindicado “democracia y antifascismo” ante “la violencia y sus mentiras allí y aquí”.

En un vídeo colgado en su cuenta de Twitter, el presidente francés Emmanuel Macron ha lamentado las escenas de violencia de Washington y ha expresado su confianza en  “la fuerza de la democracia de los Estados Unidos”. Macron ha querido mostrar “su amistad y fe en los Estados Unidos. Lo que ha pasado hoy en Washington no es americano”, ha concluido.

 

Desde el corazón de Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que cree “en la fuerza de las instituciones y la democracia estadounidenses” y ha añadido que espera trabajar con Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos

El repudio a la violencia ha llegado también por parte de uno de los aliados de Trump, el primer ministro británico, Boris Johnson, quien ha calificado de “vergonzosas escenas” el asalto al Capitolio y ha reclamado un traspaso “pacífico y ordenado del poder” en ese país.

La conmoción ha sido el sentimiento mayoritario entre los mandatarios europeos, como ha manifestado el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en su Twitter, donde ha calificado el suceso de “vergüenza democrática” y ha pedido el cese de este “ataque a las libertades”.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se ha mostrado “entristecido” por la toma del Capitolio por parte de una turba de seguidores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha pedido a los líderes políticos que no insten a sus seguidores a la violencia.

Ante estos actos, Guterres ha recordado que “es importante que los líderes políticos inculquen a sus seguidores la necesidad de abstenerse de usar la violencia, así como respetar los procesos democráticos y el estado de derecho”, a través de un comunicado emitido por su portavoz, Stephane Dujarric.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha calificado las escenas de Washington de “impactantes” y ha enfatizado que “se debe respetar el resultado de esta elección democrática”.

Al otro lado del océano, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha señalado que sus compatriotas “están gravemente preocupados y entristecidos por el ataque a la democracia en Estados Unidos, el aliado más cercano y vecino. La violencia nunca triunfará al anular la voluntad del pueblo”.

Desde Venezuela, el Ejecutivo de Nicolás Maduro ha expresado su preocupación por los hechos aunque ha añadido que “con este lamentable episodio, Estados Unidos padece lo mismo que han generado en otros países con sus políticas de agresión”. Venezuela “condena la polarización política y la espiral de violencia” que, a su juicio, “no hace sino reflejar la profunda crisis por la que actualmente atraviesa el sistema político y social de Estados Unidos”.

Condena también en EEUU

En Estados Unidos, expresidentes, congresistas y otros dirigentes políticos, tanto demócratas como republicanos, han repudiado el asalto al Capitolio. Incluso, crece el movimiento para destituir a Trump a través de la 25 Enmienda que lo inhabilitaría de inmediato o someterlo a un juicio político como responsable de los disturbios.

“La Historia recordará correctamente la violencia de hoy en el Capitolio incitada por el presidente en funciones, quien ha continuado sin fundamentos la mentira sobre el resultado electoral legal, como un momento de gran deshonor y vergüenza para nuestra nación”, ha afirmado el expresidente Barack Obama apuntando a Trump.

Republicano como Trump, el expresidente George W. Bush se ha declarado “consternado por el comportamiento imprudente de algunos líderes políticos desde las elecciones y por la falta de respeto mostrado hoy por nuestras instituciones, nuestras tradiciones y nuestra aplicación de la ley”. “Es repugnante y desgarrador”, ha dicho Bush sobre la entrada de los partidarios de Trump en el Congreso.

 

Información: eitb.ues

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Latinoamérica

Documentos desclasificados de EEUU confirman financiamiento del Cártel de Medellín a expresidente Álvaro Uribe

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Hispan TV

De acuerdo con un reportaje publicado por el portal de noticias Hispan TV, se reitera que el expresidente colombiano Álvaro Uribe sí llegó a recibir financiamiento del cártel del narcotraficante Pablo Escobar para sus campañas electorales al Senado de ese país. Así lo confirman nuevos documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En los documentos se afirma que el cartel del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, en Medellín (noroeste), financió las campañas electorales de Uribe, y lo hicieron público este sábado medios locales del país suramericano.

Los papeles desclasificados desvelan que el expresidente ultraderechista recibió dinero por parte de Ochoa Vásquez, miembro del Cártel de Medellín para campaña al Senado de Colombia. Además, la información explica que la relación de Uribe con el grupo del capo de Escobar data de 1993.

La acusación no es nueva, pero en esta ocasión las fuentes son otras.

Según la información desclasificada por el diario The New York Times (NYT), hubo entre 1992 y 1995 varias reuniones entre funcionarios estadounidenses y Uribe, quien para la época era un político prometedor un “joven líder”, una “estrella brillante en la escena política colombiana”, dicen los cables diplomáticos.

En una de las comunicaciones, la embajada de Estados Unidos en Colombia informó al Departamento de Estado de la condena de Uribe a las bombas con las que el narcotraficante colombiano Pablo Escobar desangró la ciudad de Medellín (noroeste) y concluye diciendo: “Seguimos sospechando de las posibles conexiones de Uribe con el narcotráfico”.

El NYT también reseña otro cable de 1993 que describe una reunión de la embajada de EE.UU. con Luis Guillermo Vélez Trujillo, quien era en ese entonces senador del Partido Liberal. El político aseguró que las campañas políticas de Uribe habían sido financiadas por su primo el narcotraficante Ochoa Vásquez.

Aunque los diplomáticos dicen que no encontraron pruebas contundentes que respalden esas acusaciones, las investigaron durante años y expresaron sus preocupaciones a los funcionarios estadounidenses.

Según la publicación, Escobar exigió a Uribe que le ayudara a comunicarse con el entonces presidente César Gaviria (1990-1994) “a cambio del favor” de la financiación de su campaña electoral.

Esta polémica sobre el expresidente colombiano no es algo nuevo, el Archivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. desclasificó en 2004 un informe de la inteligencia militar que incluía a Uribe entre las principales figuras del narcotráfico en Colombia, junto con Escobar y el jefe narcoparamilitar, Fidel Castaño.

Uribe renunció al Senado, tras recibir detención domiciliaria preventiva el 4 de agosto, por las investigaciones por presunto fraude procesal y manipulación de testigos. La dimisión de Uribe como legislador permitió que su caso pasara de la Corte Suprema de Justicia al fuero común para lograr la libertad que, consiguió como se esperaba, el pasado 11 de octubre.

Estos escándalos han salpicado al Gobierno del actual mandatario de Colombia, Iván Duque, que también es investigado por presuntos delitos de soborno y fraude procesal.

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Europa

En 12 semanas, se vacunarán contra el covid-19 dos millones de personas en España

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El Salto Diario

Ayer, domingo 27 de diciembre, dio comienzo la Estrategia de Vacunación contra el covid-19 en España. Dos mujeres de un centro residencial de Guadalajara han sido las primeras en recibir las dosis. En esta primera fase, según ha informado Sanidad, se priorizan cuatro grupos: los residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad; el personal sanitario de primera línea; otro personal sanitario y sociosanitario y personas con gran dependencia que no están institucionalizadas.

La vacuna Comirnaty, del laboratorio Pfizer, será recibida a razón de 350.000 dosis semanales por el Ministerio de Sanidad, que tiene previsto que, en las próximas doce semanas, se inmunicen 2.250.000 personas.

Con la vacunación en la jornada de hoy de la residente Araceli Hidalgo, de 96 años, y la auxiliar sanitaria Mónica Tapias, se inicia el camino hacia la inmunización vía vacunas de la población. Está previsto que durante el día de hoy comiencen a distribuirse las vacunas en todas las comunidades autónomas.

La semana pasada, el ministro Salvador Illa detalló que se han establecido 18 grupos poblacionales para la priorización de los grupos, en función de cuatro tipos de riesgos: El riesgo de mortalidad, el de exposición a la enfermedad, el de impacto socioeconómico y el de transmisión de la enfermedad. Según el ministro, “habrá tres etapas en función de la disponibilidad de la vacuna. En el primer suministro, limitado. De enero a marzo. La segunda etapa, que se permitirá ir aumentando. Hasta junio, probablemente, y una última etapa para cubrir a todos los grupos prioritarios”. La vacuna será gratuita y que se administrará a través del Sistema Nacional de Salud. De momento, la vacunación será voluntaria.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA en sus siglas en inglés) dio el visto bueno el 21 de diciembre a la comercialización de la vacuna Comirnaty, desarrollada por BioNTech y Pfizer, para prevenir el covid-19 “en personas a partir de los 16 años”.

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