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Fabricación de culpables

Isabel Miranda pretende entorpecer justicia a Alfonso Martín del Campo

Alfonso Martín del Campo con 22 años preso por confesar bajo tortura un crimen que no cometió espera justicia, mientras Isabel Miranda se lanza en su contra

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Isabel Miranda aleccionando en fabricar culpables a las hijas Zamudio Martín del Campo por el hmicidio de sus padres. Foto: cortesía

Isabel Miranda aleccionando en fabricar culpables a las hijas Zamudio Martín del Campo por el homicidio de sus padres. Foto: cortesía

Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES, California.- El caso de Alfonso Martín del Campo Dodd, preso durante 22 años por la confesión bajo tortura del homicidio de su hermana Juana Patricia y su cuñado Gerardo Zamudio en 1992, ha servido a periodistas y cineastas para obtener reconocimientos internacionales por demostrar las fallas estructurales del sistema de justicia mexicano. Pero también ha sido pretexto para Isabel Miranda Torres, conocida como la “señora Wallace”, para presionar a miembros del Poder Judicial a preservar estas fallas y evitar la reparación de justicia.

Recientemente, Martín del Campo lanzó un comunicado para denunciar públicamente a Isabel Miranda de interferir en su proceso sin tener personalidad jurídica para ello. La acusó de desafiar al Estado de derecho y de sembrar la duda sobre la independencia del Poder Judicial. “Ella da por hecho que no se va a comprobar la tortura en mi caso y da a entender de que ya sabe el sentido de la resolución, lo cual sería gravísimo”, señaló.

En entrevista a Los Ángeles Press, Martín del Campo dijo que ignoraba por qué Isabel Miranda se ha entrometido en su caso, sin siquiera conocerlo a profundidad ni tener personalidad jurídica para ello. Incluso se mostró sorprendido de los recursos que ha destinado Miranda para la campaña mediática y en las redes sociales para que no lo liberen, pese a que se trata de un caso emblemático de violaciones por derechos humanos del Estado mexicano. «¿Qué interés tiene esta señora en mi caso? Ella puede decir cualquier cosa, pero no tiene ninguna validez jurídica», comentó telefónicamente Martín del Campo Dodd desde la prisión.

Isabel Miranda Torres, quien también ha sido denunciada ante la Procuraduría General de la República por simular el secuestro de su hijo Hugo Wallace, obtener lucro con ello y fabricar culpables bajo tortura, el pasado 6 de septiembre difundió en las redes que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México “se probará que no hubo tortura” en el caso de Martin del Campo. De la misma manera, hizo referencia a que la víctima sólo quería que el Estado lo compensara “millonariamente” por el tiempo que lleva en la cárcel.

Hijas de los Zamudio Martin del Campo con Emilio ALvarez Icaza, de la CIDH. Foto: especial

Hijas de los Zamudio Martin del Campo con Emilio ALvarez Icaza, de la CIDH. Foto: especial

Junto con las declaraciones por la próxima resolución del Poder Judicial, Miranda Torres también exhibió en espectaculares públicos cuestionamientos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la defensa a Alfonso Martín del Campo, durante la visita del secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza, el pasado 15 de agosto. No obstante, el funcionario sin hacer alusión a los cuestionamientos posó para las fotografías junto a las hijas de los occisos Zamudio Martin del Campo.

El caso de Alfonso fue uno de los primeros atendidos por tortura y violaciones al debido proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se acreditó cabalmente que fue obligado a confesar bajo tortura física el doble homicidio de sus familiares perpetrado el 30 de mayo de 1992 en la Ciudad de México, se le detuvo ilegalmente y se le sentenció a 50 años de prisión sin respeto a las normas del debido proceso, según el informe 117/09 de la CIDH. Las violaciones a su integridad física y a sus garantías constitucionales fueron validadas también ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entre otras. Incluso se argumentó la simulación de pruebas por agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

El Comité por la liberación de Alfonso Martín del Campo, coordinado por Alejandro Juárez, ha registrado y documentado las violaciones de derechos humanos, ordenando la información con las evidencias del caso en el blog #AlfonsoLibre y ha elaborado varios videos con la argumentación jurídica y pruebas periciales que demuestran la inocencia del inculpado. Incluso periodistas como Kevin Sullivan y Mary Jordan del The Washington Post ganaron el Pulitzer en 2003 por demostrar las violaciones en el caso de Alfonso. Sin embargo, su liberación de ha sido postergada.

Las sobrinas de Alfonso Martín del Campo, por su parte, han abierto un blog para subir imágenes y documentos orientados a incriminarlo; y aleccionadas por Isabel Miranda, han lanzado una campaña de hostigamiento contra la víctima de tortura y prisión injustificada en las redes sociales. María Fernanda escribió una narración en el blog en el que acusa directamente a su tío, a quien dijo haberlo visto matar a sus padres a los cuatro años de edad. Mientras Brenda no duda en posar frente a las cámaras empuñando armas, quien junto con su hermana Tamara se lanzan contra la libertad de Alfonso ignorando el proceso judicial durante 22 años.

Brenda Zamudio empuñando armas y luciendo autos lujosos. Foto: especial

Brenda Zamudio empuñando armas y luciendo autos lujosos. Foto: especial

Los presuntos responsables del homicidio

En la investigación realizada para juntar las evidencias que demuestran la fabricación de la culpabilidad contra Alfonso Martín del Campo dos personas han sido señaladas como principales beneficiados del crimen: José Roberto Zamudio Aldaba y su madre María del Carmen Aldaba Corral. Ambos con un largo historial de fraudes millonarios en diferentes ciudades mexicanas desde principios de los años noventa y con antecedentes delictivos en Reno, Nevada.

Alfonso Martín del Campo también ha denunciado que a raíz de las evidencias reveladas contra los presuntos delincuentes, ellos han dejado de fungir como coadyuvantes del Ministerio Público en su caso, y se encuentran en calidad de prófugos. Ante la ausencia de los presuntos autores intelectuales del crimen, Isabel Miranda de Wallace ha tomado la estafeta de «fiscal», y pese a que no tiene personalidad jurídica para ello hace declaraciones, presiona a los jueces, y manipula a las jóvenes hijas de los occisos a quienes incluso les adjudica frases en espectaculares de su empresa Show Case Publicidad, SA de CV como las siguientes:

¿Por qué te olvidas de las víctimas de Alfonso Martín del Campo? ¿Será porque no nos representas?

No somos invisibles, somos las víctimas del Alfonso Martín del Campo.

Yo vi que Alfonso Martín del Campo mató a mis padres.

Esta última frase, Miranda Torres se la adjudicó a María Fernanda Zamudio Martín del Campo, cuando tenía cuatro años de edad, y a quien doce años después llevó a declarar ante los medios de comunicación que había visto asesinar a sus padres. Miranda usa el espectular para volver al caso de Brenda Quevedo Cruz, acusando a la CIDH de favorecerla en referencia al falso secuestro de su hijo, dado a conocer en los medios por ella como «el caso Wallace».

Aunque María Fernanda Zamudio tampoco tiene personalidad jurídica en el proceso de Alfonso Martín del Campo, se puso en evidencia que Gerardo García Chavarría, cuñado del occiso Gerardo Zamudio Aldaba, al haber sido el primero en entrar en la escena del crimen, declaró ante el Ministerio Público que sacó dormidas a las entonces niñas Brenda y a María Fernanda (quien es la que ha declarado en contra de Alfonso Martín del Campo).

Más aún, la propia procuraduría concluyó que no podía incorporar las imputaciones hechas ahora de la joven, por tratarse de hechos que fueron juzgados hace más de doce años.

Sin embargo, para Isabel Miranda no ha pasado el tiempo, y al igual que manipula la prensa, falsea declaraciones y ratifica la simulación de pruebas pese a testimonios y evidencias de rastros de vida de Hugo Wallace, pretende inmiscuirse en el proceso de Alfonso Martín del Campo, quien se encuentra desde hace años a un paso de la libertad.

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Fabricación de culpables

George Khoury Layón, torturado en el traslado del Cefereso de Michoacán a Guanajuato, «por denunciar violaciones»

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, privado de su libertad arbitrariamente y torturado por órdenes del empresario en seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, en 2005, 2006 y 2009, de nuevo fue víctima de actos de tortura e incomunicación con golpes y shocks eléctricos, el 12 de junio, dentro del Centro Federal de Rehabilitación Social Número 17, de Michoacán, y en su traslado al penal federal, de Ocampo, Guanajuato.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, bajo el número de la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-MICH/00000067/2021, George Khoury Layón fue “brutalmente golpeado y torturado, entre otras cosas, por medio de toques eléctricos y precisamente por los servidores públicos que en esta carpeta se encuentran denunciados” por un espacio de diez horas, antes del traslado y durante éste, en el trayecto de Michoacán a Guanajuato.

Los mismos servidores públicos denunciados, el subdirector de Seguridad Alejandro Flores y el comandante Roberto Lázaro Echeverría, quienes también tienen acusaciones por acoso laboral de sus oficiales, además por extorsionar a los internos y con carpetas de investigación por denuncias de tortura, como la mencionada, le hicieron saber a Khoury Layón que “lo que le sucedía y le seguiría sucediendo era por haberlos denunciado”.

George Khoury Layón, pese a tener una opinión de libertad por parte del Grupo de Trabajo de Atención Arbitraria de Naciones Unidas, desde septiembre de 2017, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación, desde 2019, y la reciente admisión de su caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2022, se le han suspendido sus derechos humanos, aislándolo e incomunicándolo en el área de Observación, del Cefereso de Guanajuato, para supuestamente vigilar su conducta.

Reconocido como víctima del Estado mexicano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puso quejas por la violación a sus derechos  ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

Desde hace más de dos meses, Khory Layón cumplió el 50 por ciento de la pena por un delito que no cometió, y del que fue imputado en 2012, por la jueza Hermelinda Silva Meléndez sentenciándolo culpable por señalamientos de terceros bajo tortura, pero fue detenido arbitrariamente y torturado desde el 2 de septiembre de 2009, por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), y ya había sufrido dos detenciones arbitrarias, el 16 de julio de 2005 y el 30 de enero de 2006, por órdenes dadas de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol a los mismos policías federales, bajo la gestión de Genaro García Luna.

Denuncias por tortura en el Cefereso #17

12 de abril de 2021

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

19 de julio de 2020

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

22 de julio de 2020

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de julio de 2019

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de mayo de 2019

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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Fabricación de culpables

‘Se fabricó el delito para esconder a los verdaderos responsables’: Abogado Gerardo Manrique sobre caso Solid Gold

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  • Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, sentenciada a 22 años de prisión

  • Por violaciones al debido proceso debía tener sentencia absolutoria, dice abogado

Por Guadalupe Lizárraga

Tras la noticia de la sentencia condenatoria a 22 años de prisión a Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, acusada por el delito de obtener beneficio de la explotación sexual ajena, el abogado Gerardo Augusto Manrique señaló las faltas al debido proceso y el problema estructural del sistema que permite la impunidad de los verdaderos responsables del delito.

Para Manrique, quien estuvo en la última fase de su defensa, la conclusión acusatoria de la Fiscalía General de la República presentó “bastante problemáticas técnicas y de investigación del propio delito, por lo que el Órgano jurisdiccional debía haber resuelto una sentencia absolutoria”.

El abogado explicó que cuando una persona es acusada de un delito, no se puede realmente saber materialmente lo que pasó, entonces el procesamiento de la información tiene ciertas reglas; esas reglas es lo que se llama el debido proceso, y uno de los pilares fundamentales del debido proceso es que el Estado tiene que demostrar la culpabilidad.

En el caso de Claudia  Ivonne Sánchez Mayorga, el abogado enfatizó que no existen elementos suficientes para acreditarse ese beneficio económico del cual habla la acusación. “Si el delito es el beneficio de la explotación sexual ajena tiene que haber víctimas de explotación sexual, tiene que haber el acto de explotación, pero también tiene que haber el beneficio económico, y este elemento no está claro en la acusación”.

El defensor señaló que el Ministerio Público tenía que acreditar la culpabilidad, y que en lo personal él está convencido de la inocencia de Claudia Ivonne, pero en el procesamiento de cómo se presenta la acusación derivado de la investigación que tenía que ser seria, tenía que ser profesional, tenía que ser exhaustiva, todo eso no sucedió, por lo tanto, más allá de mi opinión personal -señaló el abogado-, el hecho de que la investigación presente tantas deficiencias nos tenía que llevar a que se le dictara una sentencia absolutoria.

El tema del supuesto beneficio económico queda completamente oscuro, especificó Manrique, “no hay una forma clara en que el órgano jurisdiccional pueda decir que está justificado con las constancias del expediente”, y abundó que en el caso de Claudia “se fabricó el delito para esconder a los verdaderos responsables”.

Señaló que sí existió una red de explotación sexual, pero que Claudia Ivonne claramente no estaba involucrada. “Y nosotros creemos que esto tiene más con el encubrir a los verdaderos responsables de esos hechos, generando la culpabilidad artificial de Claudia”.

El abogado apuntó que ya “el sólo hecho de que el proceso se haya tardado ocho años en decidir si era culpable o inocente es ya de por sí una violación a sus derechos, y a la lógica misma, no puedes tardarte tanto en juzgar a una persona. Si te tardas tanto es porque hay un problema estructural del propio sistema, y un segundo punto es que el ente de investigación de delitos y de acusación no se está llevando a cabo de manera correcta, ahí pues también tenemos un problema estructural”.

Concluyó Gerardo Manrique que ambas situaciones generadas en del poder judicial sobrepasa el caso de Claudia Ivonne, “esto lo vemos en muchos casos y eso es en realidad en lo que se debía estar más preocupado, no tanto en si Claudia cometió o no el delito que le atribuyen, el tema más allá de su caso, es que estructuralmente está mal diseñado el sistema y ello termina impactando en los derechos de cada una de las personas involucradas, sobre todo en los acusados”.

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Fabricación de culpables

Juez federal niega cambio de medida cautelar a expolicía Porfirio Sánchez Mendoza acusado de tortura

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una audiencia judicial de más de seis horas, un juez federal negó el cambio de medida cautelar solicitado por la defensa de Porfirio Javier Sánchez Mendoza, exsecretario de Seguridad Pública en Aguascalientes y policía federal de Genaro García Luna, acusado de tortura y detención ilegal contra George Khoury Layón, en prisión desde 2009, con reconocimiento de inocencia.

La víctima señaló ante el juez que temía por su vida y la de su familia si su victimario seguía el proceso en libertad condicional, además temía por la vida de quienes atestiguaron su detención arbitraria e ilegal el 2 de septiembre de 2009, tal como quedó asentado en video de las cámaras de seguridad del centro comercial donde se encontraba dentro de un gimnasio en la Ciudad de México.

La audiencia se prolongó por la defensa de Sánchez Mendoza, que presentó a un grupo de familiares, servidores públicos e incluso de agentes de la Guardia Nacional que declararon en favor de la “honorabilidad” del policía en juicio.

Por su parte, George Khoury Layón señaló que el agente del Ministerio Público no intervino prácticamente en el juicio, y al cuestionarlo, el agente argumentó que “lo habían cambiado hacía un mes, y no conocía el caso”. Por lo que Khoury apreció la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Khoury Layón, con opinión de libertad del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas desde 2017 y reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación de 2019, señaló que Porfirio Javier Sánchez Mendoza intervino en las tres últimas detenciones, de cuatro de las que fue víctima, ordenadas por el empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol.

La primera detención fue el 16 de julio de 2005, y desde entonces se le quiso relacionar con el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. La siguiente detención arbitraria fue el 30 de enero de 2006, perpetrada por el policía federale Porfirio Sánchez Mendoza y su suboficial Rolando Mayorga Cordero, éste último actualmente prófugo. Posteriormente, tras obtener una sentencia absolutoria el 14 de febrero de 2012, al momento de su salida de prisión, Porfirio Sánchez Mendoza volvió a detenerlo el 26 de febrero de ese año.

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