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El menosprecio del siglo

Interpretación equivocada y expediente fabricado: caso Nestora Salgado

El caso de Nestora Salgado, con expediente fabricado por la Procuraduría de Guerrero tiene una interpretación equivocada, dice Tribunal Superior de Justicia

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Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES, California.- El caso de Nestora Salgado García, coordinadora regional de la Policía Comunitaria de Olinalá, ha entrado en una fase de confusión, mientras ella sigue presa en un penal de alta seguridad en Nayarit, México. El presidente del Tribunal Superior de Justicia en Guerrero, Alberto López Celis, dijo en entrevista telefónica a Los Ángeles Press, que hay una “interpretación equivocada” en los medios y que la intervención del Tribunal es “estrictamente jurídica” y no de “negociación política” como se alude.

Explicó que Salgado García, a través de su abogado, había interpuesto un recurso de apelación contra su auto de formal prisión, y que la sala correspondiente integrada por una terma de jueces es la que resolverá, conforme a derecho, si procede o no tal recurso.

Rechazó contundentemente que el término “negociación” califique la resolución del recurso de apelación, y sostuvo que será un análisis jurídico del Tribunal Superior de Justicia lo que determine el éxito o no de la apelación de la comandante Nestora.

“Las negociaciones”

Uno de los diarios populares de la Ciudad de México, de corte oficialista, Milenio, publicó una nota el 22 de octubre, encabezada con una supuesta negociación que se estaría llevando a cabo entre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el Poder Judicial y el gobierno político de Guerrero. Sin embargo, no da información sobre el expediente fabricado por la Procuraduría de Justicia del Estado, que de acuerdo a las palabras de Vidulfo Rosales, abogado de la organización no gubernamental Tlachinollan, y representante jurídico en la defensa de Nestora Salgado, “la gente sabe que los que ahora están detenidos son policías comunitarios que se dedicaban a brindar seguridad y justicia, que no son secuestradores, a pesar de que la Procuraduría de Justicia se ha encargado de fabricar el expediente en su contra”.

En esta supuesta negociación política han intentado capitalizarla representantes del Congreso local, por interés específico de la diputada Luisa Ayala Mondragón, quien también buscaba sustituir al abogado de Tlachinollan ya registrado para la defensa de Nestora Salgado. La diputada condicionaba su apoyo a familiares de Salgado García a cambio de sustituir al abogado de Tlachinollan. No obstante, hasta la fecha, no ha habido por su parte ningún pronunciamiento político desde la tribuna legislativa en la defensa de la coordinadora regional de la Policía comunitaria.

Han trascendido otras reuniones sostenidas entre miembros de la CRAC, la familia de Nestora Salgado y funcionarios de la Secretaría de Gobernación. La última reunión incluso en esta semana fue suspendida, sin que se diera a conocer porqué motivos, pese a que se había presentado como una posibilidad de “negociar” la liberación de Nestora García. La reciente detención de otro de los líderes destacados por su valor y compromiso con la seguridad de la comunidad, Gonzalo Molina González, parecería postergar indefinidamente esa posibilidad.

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Contradicciónes y mentiras

De acuerdo a la copia del expediente 142/2013-11, el 19 de agosto de 2013, fue librada una orden de aprehensión por la Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, contra Nestora por el delito de secuestro agravado cometido “contra los menores Dulce Rubí Burgos Pérez, Pedro Gil Apreza Salmerón, Betzabé Rubí Baltazar Sosa, Sofía Navarrete Baltazar, Yesenia Castillo Mesa y Ramiro Santiago Martínez”. Sin embargo, a Nestora no se le notificó dicha orden de aprehensión ni se le detuvo bajo el cargo de secuestro de estos jóvenes.

Miembros del ejército y la marina, en 15 vehículos de la Fuerza Armada, la aprehendieron sin orden judicial el día 21 de agosto de 2013, y la pusieron a disposición del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, pero “de manera injustificada la internan en el Centro de Reinserción Social de Acapulco”, especifica el abogado. Rosales explica que lo jurídicamente correcto habría sido internarla en el Cereso de Chilpancingo.

El motivo de la detención se dio a conocer siete días después de que se supiera que Nestora había sido internada en un penal de alta seguridad, luego de que sus hijas y su esposo José Luis Ávila, insistieron con la Embajada de Estados Unidos para que interviniera por derecho que le da la ciudadanía estadounidense. La primera versión del gobierno mexicano por la detención de Nestora Salgado fue por la demanda de supuesto secuestro contra el síndico procurador Armando Patrón Jiménez, quien fue detenido por la Policía Comunitaria de Olinalá, el 15 de agosto de 2013, por robo de una res y estar presuntamente vinculado a un doble asesinato. Al ser liberado por las autoridades locales, Patrón Jiménez declaró haber sido secuestrado por la policía comunitaria, e incluso dijo haber sido abusado sexualmente.

La presión social de medios extranjeros y defensores de derechos humanos sobre las autoridades mexicanas por la liberación de Nestora Salgado, generó que el propio demandante, Patrón Jiménez, se retractara e intentara huir del estado de Guerrero, ante sus mentiras descubiertas. Decisión que, a decir de personas cercanas a la presidencia municipal de Eusebio González, no se le permitió, aunque se le pidió su renuncia como síndico procurador.

La causa de la detención de Nestora obtuvo otro giro. Ahora serían los mismos padres que pidieron ayuda a la Policía comunitaria por la supuesta desaparición de sus hijas el 10 de junio de 2013, los que la acusarían de secuestro. Los jóvenes fueron detenidos por drogarse y embriagarse, con varias jóvenes, entre ellas, dos menores de edad. Los padres de los infractores, incluso de las adolescentes que fueron regresadas a las familias por la propia Policía comunitaria, firmaron y solicitaron ayuda oficialmente a la Policía comunitaria ayuda para la reeducación de sus hijas. Existe oficio de cada una de las madres de los jóvenes involucrados.

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Los nuevos cargos fabricados

El comandante regional Jesús Coronel declaró en entrevista a Los Ángeles Press que él atendió directamente a las madres de las menores que ahora están demandando por secuestradas a Nestora Salgado García. Se trata de las señoras Mariza Meza Castro y Susana Baltazar Sosa, quienes personalmente pidieron ayuda al comandante el 9 de junio de 2013 por la supuesta desaparición de sus hijas Yesenia Castillo Baltazar y Betzabé Rubí Baltazar.

El comandante Coronel las llevó de inmediato a la casa de Nestora García, quien en su calidad de coordinadora regional de la Policía comunitaria de Olinalá, ofreció la ayuda de inmediato. La casa de Nestora es utilizada también como oficina de esta institución creada por la comunidad, y ese mismo día, los policías comunitarios se movilizaron en la búsqueda de las jóvenes.

Al día siguiente, 10 de junio, la mayoría de las jóvenes habían sido regresadas a sus familias por la Policía comunitaria y se tomaron las declaraciones de las jóvenes, que confirmaban que habían estado embrigándose y drogándose con jóvenes identificados con la delincuencia organizada. Las madres pidieron también a la coordinadora regional que les ayudaran a reeducar a sus hijas. El acuerdo se realizó por medio de un acta firmada entre la coordinadora (Nestora Salgado), el secretario del Consejo Social Olinalteco (Miguel Zapoteco), y las madres de las adolescentes, para que les impusieran sanciones de servicio social dentro de la comunidad y detención. El comandante Jesús Coronel declaró ser testigo ocular de la petición de las madres.

De acuerdo al comandante Coronel, la petición de las señoras sobre la reeducación de sus hijas era porque “las jóvenes ya habían rebasado la autoridad de sus madres, llegaban a sus casas bien borrachas, bien drogadas y hacía muchas cosas que ciudadanos de esas características no deberían andar haciendo, pero fueron detenidas precisamente porque sus madres nos pidieron que interviniéramos, incluso ya andaban delinquiendo con los mismos muchachos aquí en la comunidad”.

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La detención de Nestora, según el expediente de la Procuraduría

Pese a las evidencias, testigos y declaraciones firmadas sobre la inocencia de Nestora Salgado, se decretó oficialmente su detención. En el expediente, otra de las confusiones ha sido la fecha precisa y hora. El Juzgado Segundo de Chilpancingo le decreta la detención a las doce del día con seis minutos del día 22 de agosto. El Juez de Acapulco expide una boleta de detención dirigida al director del penal y señala la hora de detención de Nestora a las dos de la mañana. Pero la supuesta declaración, ante un defensor de oficio que no quiso identificarse, según el abogado Vidulfo Rosales, la señalan a las 7 de la mañana de ese mismo día.

De tal forma que el día 22 de agosto, Nestora Salgado fue requerida en varios lugares, con largas distancias y en muy pocas horas de diferencia. Fue internada en Acapulco, pero también ese día fue internada en El Rincón, de Tepic Nayarit. Se le decretó la detención a las 2 de la madrugada, a las 7 de la mañana se le tomó declaración y a las 12 del día se le volvió a decretar la detención, de acuerdo al expediente fabricado por la Procuraduría de Justicia. Sin especificar, porqué se decidió internarla en Nayarit y no en su jurisdicción.

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La construcción del “agravamiento” del secuestro

Nestora Salgado primero fue acusada de secuestro del síndico procurador Armando Patrón Jiménez. Acusado de robo e involucrado en un doble asesinato, él mismo se retractó de la mentira de las autoridades municipales. Después fue acusada por el secuestro de jóvenes con trayectoria en la delincuencia organizada.

“La punibilidad privativa de su libertad”, tal como reza el expediente fabricado de la Procuraduría de Justicia, 142/2013-11, fue agravada porque los “vástagos menores de edad Dulce Rubí Burgos Pérez, Pedro Gil Apreza Salmerón, Betzabé Rubí Baltazar Sosa, Sofía Navarrete Baltazar, Yesenia Castillo Meza y Ramiro Santiago Martínez” presuntamente fueron los secuestrados por Nestora Salgado García.

En el expediente de la Procuraduría, página 6, señala a todos los jóvenes como menores de edad. Betzabé Rubí Baltazar y Sofía Navarrete son señaladas como menores de 11 y 13 años respectivamente, en la página 23. Sin embargo, en los documentos oficiales del Consejo Social Olinalteco, firmados por sus madres, Betzabé Rubí tiene 14 años y Sofía Navarrete, 16 años. En el perfil de Facebook de Betzabé, se comprueba su edad. Son las únicas menores de edad, de acuerdo a los miembros del Consejo Social Olinalteco y de las propias madres que signan los documentos. El resto de los jóvenes serían mayores de edad, e incluso uno de ellos ya está casado.

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¿Quiénes demandan a Nestora por secuestro? 

Según la Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero, los demandantes por secuestro son los padres de los detenidos por la Policía comunitaria el 10 de junio de 2013. En una serie de declaraciones descuidadamente construidas, los padres de los jóvenes caen en contradicciones y mentiras para incriminar a Nestora Salgado. Bajo supuesta presión económica, medios locales se prestaron a la farsa para publicar que la coordinadora regional de la Policía comunitaria de Olinalá pedía rescate por los jóvenes. En el expediente de la Procuraduría es el argumento central para incriminarla de secuestro.

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La nota de la periodista local Laura Sánchez Granados, del diario Ultra Noticias, es encabezada dolosamente con la afirmación de que Salgado García pedía rescate por los jóvenes. Incluso, el portal www.pueblo-guerrero.com, publica que las jóvenes Yesenia Castillo Meza y Dulce Rubí Burgos Pérez, a quienes identifica como universitarias (sin especificar en qué universidad asisten) pagaron a Nestora Salgado una cantidad de 20 mil pesos cada una (USD 1800 dlls aprox).

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Dulce Rubí Burgos Pérez, hija de Félix Burgos y Petra Pérez, declaró el 10 de junio por escrito ante las autoridades del Consejo Social Olinalteco que su “desaparición” fue voluntaria, porque había discutido con sus padres. La joven en el acta firmada con su rúbrica declaró que “andaba paseando” con sus amigos y “se había ido a vivir con María Isabel”. La adolescente cuenta que el jueves 6 de junio se encontró con Ramiro Santiago Martínez, a quien apodan La Marucha, y que él les dio asilo esa noche. Al día siguiente, se fue con “Paco” y salieron a beber y viajarían a Tulcingo con otros amigos.

En el expediente de la Procuraduría se sostiene que la joven es menor de edad, pero no se especifica cuántos años tiene. Sus padres declararon que Nestora Salgado la había privado de su libertad y que les había pedido 5 mil pesos (USD393.00) “por su rescate”, lo cualno concuerda con lo que ya habían publicado dolosamente los medios locales. Tampoco en el expediente la madre alude al consumo de drogas y alcohol de su hija, siendo menor de edad, tal como la adolescente misma lo confirma en su declaración.

El joven Pedro Gil Apreza Salmerón tiene antecedentes penales, según lo publicado en varios medios locales, y fue detenido por la Policía comunitaria por herir de un balazo en la pierna a un vecino de Olinalá. Su madre, Antonia Salmerón Cruz, se quejó a los medios en torno al 26 de junio de este año, que no se le permitía visitarlo, en una campaña mediática promovida por el grupo llamado Consejo ciudadano en el diario Milenio contra la Policía comunitaria. El grupo es comandado por Juan Rendón Casillas, colaborador del presidente municipal priista Eusebio González.

En el expediente de la Procuraduría, la señora Antonia Salmerón contrario a lo declarado en los medios, señala que su hijo fue “privado de su libertad el 10 de junio de 2013, que en varias ocasiones se trasladó al domicilio de Nestora Salgado García para solicitarle que le diera informes del paradero de su hijo y se lo entregara, logrando informarse con posterioridad que lo tenía en El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, donde le permitieron verlo y cada ocho días lo visitó…”.

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Betzabé Rubí Baltazar Sosa y Sofía Navarrete fueron denunciadas a la Policía comunitaria por posesión de droga y prostitución. Tal como lo declaran sus madres en el expediente de la Procuraduría.  No obstante, manipulan la información y acusan a un policía comunitario de haberles “tocado” sus senos. Estas jóvenes, según lo declarado por Ramiro Santiago Martínez, las encontró en ‘Las Ceibas’ y se tomaron unas cervezas en Tlacomulco. Después las invitó a cenar al “Santuario”, a las 10:30 de la noche. Una de ellas le pidió el celular para “mandar un taxi a sus papás”. Y Dulce Rubí Burgos le pidió que si se podía quedar a dormir en su casa. Según Ramiro, le prestó una colchoneta (declaración que coincide con la Burgos) y se quedó a dormir en su casa. Al día siguiente él se iría al trabajo, y ellas seguirían de paseo ahora con otros jóvenes de nombre Miguel Franco y Francisco (al que no identifican por apellidos).

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La Procuraduría de Justicia en la negociación

Estos son algunos de los hechos que claramente contrastan con lo fabricado por la Procuraduría y los demandantes contra nestora Salgado. Mientras el Presidente del Tribunal Superior de justicia del Estado de Guerrero, Alberto López Celiz, aclara contundente que la justicia no es asunto de “negociación”, las instancias judiciales del Ejecutivo participan en la fabricación de los delitos de Nestora Salgado García. Lo mismo ha sucedido en los casos de los otros dos líderes comunitarios Bernardino García y Gonzalo Molina González, recién detenido contra derecho por los mismos delitos de secuestro y terrorismo.

 

 

 

 

El Caso Wallace

El abogado que metió a la cárcel a la señora Wallace

Crónica sobre el penalista José E. Patiño Hurtado que metió a la cárcel a Isabel Miranda Torres, la señora Wallace, y de cómo aún sigue enfrentándola

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Por Guadalupe Lizárraga

I

–¡El que se suba, mátenlo! –gritó una mujer para impedir que se subieran a la estructura que sostenía un panel de publicidad exterior.

Era la tarde del 17 de  julio de 1998 y la voz de María Isabel Miranda Torres, «la señora Wallace». Su aspecto corpulento de mujer poco afable destacaba entre una veintena de hombres a su alrededor. Empleados bajo sus órdenes intentaban impedir el retiro de tres espectaculares de su empresa Showcase Publicidad en zonas prohibidas de Tlalpan, sobre Periférico Sur, en la colonia Héroes de Padierna.

Por parte de la Delegación Tlalpan, unas ochenta personas enfrentaban la resistencia Wallace, al tiempo que también iban desmontando las estructuras de otra empresa. El abogado José Patiño Hurtado, entonces subdirector Jurídico y de Gobierno, lideraba el conflicto. Un hombre alto, moreno, de estructura fuerte, cuarenta y tanto años de edad, vestido con chamarra de piel negra y camisa color claro, intentaba que la mujer entrara en razón.

–Señora, voy a quitarle los espectaculares, grite o patalee, los tengo que quitar porque son peligrosos, no tiene autorización para montarlos ahí –relataba Patiño haberle dicho en aquel momento.

Pero ella, con cúter en mano, empezó a cortar una de las mangueras de las cuatro que tenía unidas el sistema hidráulico de la grúa que operaba el trabajador de Tlalpan, quien tenía la orden de quitar los paneles. Cuando Isabel Miranda terminó de cortar la manguera dio el cúter a un hombre joven que estaba a su lado y éste continuó cortándolas. Era su hijo, Hugo Alberto Wallace.

Después del corte de tres mangueras, la grúa empezó a desestabilizarse y Hugo Alberto corrió a subirse a su auto, un Cutlass gris, que había metido al predio sin autorización, mientras uno de sus empleados corrió a abrir la puerta a toda prisa. Patiño y otros funcionarios también corrieron para bloquear la salida con la intención de impedirle que huyera. Sin embargo, Hugo Alberto aceleró el auto, lanzándolo con determinación contra ellos.

–¡Nos aventó el coche! Otro funcionario me jaló de la chamarra para evitar que nos atropellara –prosiguió Patiño, instalándosele un gesto de sorpresa que vino del recuerdo.

El conflicto se llevó el tiempo promedio de una jornada laboral, desde las once de la mañana hasta las ocho de la noche. Patiño no era la primera vez que se encontraba con Isabel Miranda por problemas similares. Sin embargo, ese día impidió que la mujer impusiera su voluntad y quedara impune.

Hugo Alberto Wallace logró escapar, pero los empleados de la delegación impidieron que ella hiciera lo mismo y fue llevada por la policía local al Ministerio Público. Los cargos fueron resistencia a la autoridad, daño a propiedad ajena en agravio al Gobierno del Distrito Federal y homicidio calificado en grado tentativa. El juez Joel Blanno García, a cargo en ese momento del juzgado en turno del Reclusorio Norte, del Décimo Segundo de lo Penal del Distrito Federal, la absolvió de los dos últimos cargos, pero dictó prisión preventiva por el de resistencia a las autoridades. Cinco días después, salió libre.

II

Hablar con el abogado José E. Patiño Hurtado es un vertiginoso vaivén entre la historia y el presente. Su memoria privilegiada para los nombres y hechos nos retrata realidades a detalle de aquel día en que metió a la cárcel a la «señora Wallace».

–Yo la iba a meter a la cárcel por el uso indebido de documentos falsos –explicó Patiño–. Preparé un expediente con los supuestos permisos y escrituras que tenía para montar los espectaculares en los bosques públicos.

–¿Escrituras?

–Sí, eran escrituras falsas. Cuando llegamos como gobierno a la delegación de Tlalpan, empezamos a hacer recuperación de esos terrenos, unos en Lomas de Cuilotepec, La Cuchilla de Padierna, El llano, Coapa, son algunos.

Patiño comentó que no todo fue éxito. Isabel Miranda llegó a quedarse con propiedades acreditándolas con documentos falsos de administraciones pasadas.

Uno de estos casos que confirmaron las afirmaciones del abogado fue el expediente 762/2000 que se abrió en contra de Luciano Ureña Pérez, propietario original del predio ubicado en la avenida Miramontes #3158, Ex hacienda de Coapa, Delegación Tlalpan. Ureña Pérez había denunciado y demostrado la falsedad en peritajes y documentos por parte de Isabel Miranda. Sin embargo, perdió el caso en 2001 contra Hugo Alberto Wallace Miranda y Claudia Wallace Miranda. El perito, ingeniero civil Eduardo Adolfo Castañeda Niebla, falseó el dictamen en favor de los Wallace, y Miranda presentó documentos notariales falsos, utilizando también sellos falsos del testimonio notarial 35004 con fecha del 20 de julio de 1992, de la Notaría número 4 y falsificando además la firma del notario Felipe de Jesús Zacarías Ponce.

Copia de averiguación previa del despacho jurídico de Isabel Miranda para alegar ser propietaria de terrenos pese a falsedad de documentos y falsificación de firmas notariales.

Desde entonces, Miranda empezaba a cobrar notoriedad por sus acciones ilícitas e infundía temor al rodearse de abogados como Ricardo Martínez Chávez, quien hizo las gestiones para sacarla de la cárcel en 1998, y quien después fue acusado de trata sexual en el Distrito Federal, y asesinado en Tamaulipas el 5 de enero de 2017 por supuestas relaciones no satisfactorias con el narcotráfico, tres meses después de haber sido nombrado como coordinador regional de la procuraduría local en ese estado.

III

José Patiño vivía en las colinas del norte de la Ciudad de México. El camino serpenteaba para llegar a su casa, rodeado de macizos de flores y árboles pequeños. El edificio era de tres niveles y utilizaba el primero como garaje. Un amplio salón se abría con la puerta en el segundo nivel. La decoración destacaba en paredes con arte prehispánico y pisos de madera cubiertos con tapetes estilo persa. Un piano antiguo atraía la vista a uno de los costados; del otro, una sala de estar en piel café con una mesita al centro cubierta de expedientes judiciales. Entre éstos, se asomaba un pequeño libro con las hojas amarillas por el tiempo.

Cuando mis ojos se posaron en automático sobre el libro, Patiño lo cogió, buscó el índice y estiró la mano para mostrármelo: Santa Ana y Juan Álvarez, frente a frente, el autor era Fernando Díaz Díaz, de una colección de la SEP de 1972. El entusiasmo le inyectó un brillo a su mirada de ojeras sombrías. Me contó que se trataba de su tatarabuelo Juan Álvarez Hurtado, por parte de su madre. De cómo el general, miembro de una pléyade de liberales en 1854, había participado junto con Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal en la elaboración del Plan de Ayutla para terminar la dictadura de Santa Anna.

La conversación con José Patiño era intensa. La madrugada no hacía mella en el vigor de sus relatos. Desde la historia del general Álvarez  y cómo entregó sus riquezas a la causa para ayudar a la liberación de México, hasta su niñez en el orfanato Nuestros Pequeños Hermanos con el Padre Wasson,  en Cuernavaca, Morelos. Patiño tenía cinco años cuando secuestraron y asesinaron a su padre. Su madre investigó el crimen por su cuenta y descubrió que se trataba de un grupo de gavilleros, dedicados a asaltar y a violar en la sierra de Guerrero y solían esconderse en Iguala. La familia se apoyó en el abuelo y se mudaron a Cuernavaca para proteger a los hijos. Dos años después, la madre de Patiño fallecía de cáncer.

–El Padre Wasson, cuando se entera de la muerte de mi madre, le dice a mis tías “déjenos a los muchachos”, y mi hermana fue la única que no entró, pero mis hermanos y yo nos quedamos ahí, porque mi madre había sido bienhechora del orfanato.

Allí,  José Patiño conoció al escritor Erich Fromm. Él vivía en Cerritos, Cuernavaca, y Patiño ya cursaba la preparatoria.

–Erich Fromm nos daba clases de Psicología en la prepa. Era algo maravilloso platicar con ese personaje. Recuerdo que nos decía: «Lo más importante del hombre es la raíz, pero más  importante aún es su existencia. A ver platícame tu vida», y empezábamos los jóvenes a tartamudear con nuestras historias, y nos interrumpía: «No, no, lo más importante eres tú, a ver cuéntame de ti». Era tan preciso en su vida.

IV

En  2012, José Patiño Hurtado dio una entrevista a Carmen Aristegui, conductora entonces de MVS, quien buscaba verificar si la ficha signalética de Isabel Miranda de Wallace, publicada el 14 de abril de ese año por la revista Proceso, era oficial. El hecho cobraba relevancia porque Miranda corría como candidata a la gubernatura de la Ciudad de México por el PAN. Y Patiño confirmó los hechos de aquel día de 1998: “Miranda sí estuvo presa”.

Fue un golpe seco a la imagen mediática de la señora Wallace, quien todavía desafiando en tono de burla al semanario Proceso, mandó imprimir en tamaño poster la fotografía de su ficha policial negando que fuera ella y jugaba con la información sobre su estatura. También dijo que se trataba de una campaña negra. Algunas encuestas sobre preferencias electorales todavía en marzo de ese año de 2012, la sostenía en la segunda posición para los capitalinos, pero después de las declaraciones de Patiño y la amplia difusión de los medios bajó a la tercera posición perdiendo por más de 300 mil votos con respecto al PRI que fue el que subió a la segunda posición.

Patiño recuerda que después de esa entrevista, incluso en la misma noche, recibió una llamada del abogado de Isabel Miranda, Samuel González Ruiz. Fue para amenazarlo.

–A mí no me andes amenazando –respondió Patino a González– Demándame, yo sí me dedico a esto. Y dile a esa señora que conmigo se topa con pared. (…) ¡Te espero donde gustes!

Patiño con el documento que ampara a la periodista contra acoso de PGR. Foto: Los Ángeles Press

V

En noviembre de 2016, José Patiño volvió a cruzarse con el nombre de Isabel Miranda de Wallace. Esta vez, el abogado tramitaba mi amparo y protección de la Justicia federal contra el acoso de autoridades de la Procuraduría General de la República, específicamente contra supuestos agentes ministeriales que pretendían llevarme a declarar a una “subdelegación” por mis reportajes sobre la falsedad del caso Wallace, mientras participaba en un evento universitario de derechos humanos en Baja California. La acción venía presuntamente como consecuencia de la denuncia interpuesta por Isabel Miranda en 2014, de acuerdo a la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014 contra David Bertet, presidente de la organización de derechos humanos En Vero y contra mi persona.

Ante la viralización de la noticia en las redes sociales lanzada por la directora de La Jornada de Baja California, Mireya Cuéllar, la señora Wallace cuestionó a través de su cuenta de Twitter que por qué tenía miedo en ir a declarar. Que mi negativa había sido un «ardid publicitario» para llamar la atención. Pero Patiño me informó que autoridades de la PGR confirmaron en audiencia judicial que ellos no habían enviado agentes ministeriales a Baja California, y que ya no existía la averiguación previa mencionada, pese a que David Bertet llegó a trasladarse desde Canadá a México para ratificar ante el Ministerio Público su recepción.

Cuando pregunté a Patiño su opinión sobre Miranda respecto a estas agresiones a la prensa respondió con indignación:

–Atacar a libertad de prensa, a los periodistas y a los activistas de derechos humanos que se preocupan por gente que no tienen a nadie quien les ayude, que han sido condenados a la injusticia, es de alguien perverso. Isabel Miranda de Wallace es perversa, es mala en ese sentido. Se ha puesto a hablar que los defensores de derechos humanos son delincuentes, eso es muy grave… Además su arrogancia, su ignorancia, su prepotencia… tiene todo lo negativo de un ser humano.

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Con voz propia

Gobernadores, los clientes de Isabel Miranda de Wallace

Graco Ramírez, gobernador de Morelos, después de haber sido presionado por Isabel Miranda de Wallace, consume sus servicios de publicidad exterior

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Guadalupe Lizárraga

María Isabel Miranda Torres, desde que fabricó el caso Wallace en 2005, no ha dejado de ganar dinero. Además de obtener recursos del Estado como “víctima”, pese a que no se ha resuelto el caso y no hubo evidencias periciales ni científicas del supuesto crimen contra su hijo Hugo Alberto, el gobierno mexicano la sigue privilegiando. Sin embargo, Miranda, ansiosa de poder y no conforme con esos privilegios, ahora encontró otra forma de exprimir el erario: manipulando la información sobre cifras de secuestros para presionar a los gobernadores a que consuman sus servicios de publicidad exterior, al mismo tiempo que juega con el tráfico de influencias políticas para golpear a las verdaderas víctimas de fabricación de delitos o a quien le dé la contra.

Graco Ramírez es una de sus presas más recientes por la ambición de promoverse como candidato a presidencia de México, quien no ha escatimado recursos para contratar los espectaculares de la empresa de Isabel Miranda, Showcase Publicidad. Una empresa, por cierto, que enfrenta varias demandas y la mayoría de sus espectaculares opera con amparos porque están sobredimensionados, en azoteas, adosados, en escuelas o invaden espacios en la vía pública, de acuerdo a la información proveída por el reportero Pedro Suárez Aguilar en el diario mexicano El Economista.

El primer paso de Miranda Torres para llegar al erario de Morelos fue dar una conferencia de prensa y entrevistas a modo en las que destacó que el estado de Morelos era el primer lugar en secuestros del país en marzo de 2016. Denuncias en los medios con titulares llamativos, y ataques al gobierno de Graco se multiplicaron en las redes sociales y crearon el ambiente de ser el más peligroso estado, pese a que Guerrero ya llevaba más de dos mil ejecuciones y varios secuestros masivos (ahora van 3003 asesinatos, de acuerdo al último registro periodístico de Luis Fontova, desde Acapulco). Pero en la mira de “la señora Wallace” primero estaba Morelos. Veamos un breve recorrido por los titulares de los medios durante estos recientes meses.

Marzo 2016 / Radio Fórmula

Morelos es el  primer lugar en secuestros, dice Miranda de Wallace

La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace informó que Morelos ocupó el primer lugar de secuestro en marzo por cada 100 mil habitantes.

Abril 2016 / MVS Noticias

Morelos ocupa el primer lugar en secuestros: Alto al Secuestro

“En el último año para acá Morelos se había estado manteniendo muy bajo. Hoy al tener siete secuestros por cada 100 mil habitantes se coloca en el primer lugar, sin embargo, si lo vemos en términos absolutos”, indicó Isabel Miranda de Wallace.

Junio 2016 / La Jornada Morelos

Miranda de Wallace afirma que Morelos es puntero en secuestros

Meses más tarde, la empresa de Showcase Publicidad empieza a exhibir los anuncios de “Graco Ramírez transforma Morelos”. Y el siguiente paso de Miranda es convocar a nueva conferencia de prensa ahora para decir que en Morelos se ha reducido el número de secuestros, y sin titubear recomienda a los gobernadores “a seguir el ejemplo de Graco”.

15 de Agosto 2016 / Radio Fórmula

Desciende el secuestro en Morelos, reconoce Miranda de Wallace

13 de Octubre 2016 / Uno TV

Morelos ejemplo a seguir en lucha contra el secuestro: Isabel Miranda

Foto; S. Saldaña.

Fotos: S. Saldaña.

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Pero mientras recompensa a Graco a través apapachos en los medios, Isabel Miranda ya tiene en la mira a otros cuatro estados, y por lo pronto lanzó la pedrada a Veracruz.

20 de Octubre 2016 / Formato 7

En secuestro, Veracruz repunta a nivel nacional: Miranda de Wallace”

Miranda es un icono de la ilegalidad en México. Su trayectoria criminal –pública– inicia desde 1998, por intento de homicidio contra un trabajador de la delegación Tlalpan que operaba una grúa para quitar uno de los espectaculares de su empresa que violaban los reglamentos del Distrito Federal. Miranda mandó cortar los cables de la grúa poniendo en grave riesgo la vida del operador, después de negarse a retirar el espectacular por su propia cuenta pese a que se le notificó con antelación.

Sus delitos se fueron incrementando con la calumnia a quien se opusiera a sus opiniones o denunciara sus acciones ilegales, con la corrupción a autoridades, falsificación de documentos, perjurio, hasta crímenes de lesa humanidad como la tortura y el encarcelamiento injusto, usurpando facultades exclusivamente judiciales para sostener la historia del hijo muerto supuestamente en 2005. Jueces, agentes ministeriales, periodistas y funcionarios administrativos de todos los niveles han pasado por su nómina extraoficial. No son pocas las evidencias ni las personas que atestiguan sus crímenes, con denuncias formales ante la PGR, donde se ha infiltrado incluso su propia familia, entre ésta su hermana María Magdalena, encargada de un despacho de Recursos Humanos.

Para México, Isabel Miranda Torres es un mal público que está perjudicando a todos y cada uno de los ciudadanos. Su nivel de corrupción ha fracturado profundamente al Estado de derecho y es lo que afecta a todo aquel que vive en este país. Tan sólo para sostener la historia del hijo muerto ha corrompido jueces, agentes ministeriales, periodistas, y funcionarios administrativos en todos los niveles. Personas claves que deberían ser pilar de solidez en un auténtico Estado de derecho.

Su modus operandi para obtener beneficios de gobernadores como el caso de Graco Ramírez, alterando a su conveniencia la información sensible sobre seguridad pública, resulta en extremo grave en un país donde la impunidad está sellada con acuerdos políticos. Miranda, activa en el saqueo del país con una irrisoria bandera de “sociedad civil” que todos le permiten, ha seguido la lógica depredadora del priismo en su expresión más fascista, con un arma muy peligrosa como es la manipulación informativa del secuestro con lo que montó su fábrica de culpables.

Si no se detiene ya, decenas de familias mexicanas más pasarán a ser víctimas directas de su avaricia de poder, pero más aún, toda una nación seguirá siendo rehén de su ignominia.

Twitter: @gpelizarraga

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Con voz propia

La farsa de Peña Nieto: Libertad de expresión en México

Con tema de la libertad de expresión, Enrique Peña Nieto inauguró la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, como si de otro país se tratara.

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Foto; Notimex

Foto; Notimex

Guadalupe Lizárraga

De todos los mexicanos es sabido, que su país es el más peligroso de toda América Latina para los periodistas. Este récord fue alcanzado durante la administración de Peña Nieto, de acuerdo a la conclusión del último informe de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras. Incluso, después del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinoza Villarreal en junio de 2015 en la Ciudad de México, la organización afirmó que ya no quedaba ningún refugio para los periodistas mexicanos en peligro.

Artículo 19, otra organización independiente de derechos humanos de los periodistas, con sede en el Distrito Federal, también demostró que durante la administración de Peña Nieto se habían incrementado las agresiones al gremio. “Cada 26 horas es agredido un periodista en México”, apuntó, mientras que en la administración de Calderón se cometía una agresión cada 48 horas. De hecho, el informe de esta organización fue titulado como “Estado de censura”.

Sin embargo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, que dirige el peruano Ricardo Trotti, en sentido contrario a los informes de las anteriores organizaciones, fue parte del escenario para la farsa de Enrique Peña Nieto sobre la libertad de expresión y los derechos fundamentales para los periodistas.

En un boletín de la agencia gubernamental Notimex, la cual pese a estar pagada con nuestros impuestos, solo funciona para hacer eco de lo que dice el gobierno, se difunde el discurso de Peña. Nada más cínico.

Fuera del escenario peñista, México se encuentra en una crisis de derechos humanos, con varias decenas de miles de desaparecidos, con el mayor número de periodistas asesinados en el mundo, con otros miles que nos fuimos al exilio por amenazas y censuras, y con un sistema de justicia que se dedica a fabricar culpables, tortura y encarcelar para dar las cifras a la prensa.

En este contexto, el discurso de Peña con la participación de los periodistas internacionales a quienes se les pagó también para estar en la asamblea del SIP, pone de relieve también el cinismo mediático que hace mancuerna con el del criminal en Los Pinos. Dejo a Usted, lector, la nota completa para que juzgue usted mismo.

México, 14 de Oct. (Notimex). “La libertad de expresión y de prensa es el instrumento más poderoso contra el autoritarismo, la intolerancia y la mentira”, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto.

Además “la libre manifestación de las ideas es un derecho irrenunciable de la ciudadanía, cuya defensa nos compromete a todos”, subrayó el mandatario durante la inauguración de la 72 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa.

La mejor garantía para avanzar hacia una sociedad de derechos y de libertades, añadió, es la libertad de expresión y por ello su gobierno es respetuoso “de lo que piensan, opinan, publican o transmiten los periodistas”.

El mandatario ratificó la Declaración de Chapultepec, adoptada en marzo de 1994 y que contiene principios para la protección de periodistas.

En ese marco enfatizó que es obligación de un Estado democrático otorgar garantías a los periodistas para el ejercicio de su profesión, “especialmente ante la amenaza a la libertad de prensa que representa el crimen organizado”.

“La intimidación y los ataques contra periodistas no solo afectan su integridad y el ejercicio de sus libertades individuales, sino que nos dañan como sociedad”, expuso ante directivos de medios de comunicación.

Durante su administración, añadió, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas protege a 452 personas: 285 son activistas de las garantís individuales y 167, informadores.

En tanto que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión cuenta con nuevas atribuciones legales contra ataques a periodistas.

A la fecha ha atraído 48 casos, y en apoyo al Mecanismo de Protección ha dado seguimiento a 249 solicitudes de medidas cautelares para proteger a periodistas y sus familiares.

En este contexto Peña Nieto sostuvo que es “consciente que pese a los avances en los últimos años, aún hay crímenes contra los periodistas que debemos resolver”.

Externó que para que este esfuerzo ofrezca mejores resultados, es necesario que los gobiernos de los estados asuman la responsabilidad que les corresponde.

“En la era de la información y el conocimiento, los gobiernos tenemos que actuar auténticamente en una caja de cristal, al lado de la sociedad y bajo el escrutinio de los medios de comunicación, y así lo entendemos en México”, afirmó.

El mandatario destacó que con el aumento en la cobertura de Internet, los medios de comunicación, los blogs y las redes sociales, son una plataforma para denunciar lo que no funciona, al tiempo que las sociedades demandan respuesta inmediata a sus inquietudes.

“La justa insatisfacción ante problemas complejos como la pobreza, la desigualdad o el lento crecimiento de la economía, junto con la expectativa de soluciones rápidas, a menudo producen frustración”, dijo.

Estos “pueden ser factores que expliquen el desencanto con la democracia y el pesimismo sobre el futuro que sabemos existe en muchas sociedades”, abundó.

“Esta insatisfacción con la democracia suele ser tierra fértil para la demagogia, abre la puerta a soluciones mágicas o promesas irrealizables y siempre existe el riesgo de que en su afán de encontrar salidas rápidas, las sociedades opten por salidas falsas”, advirtió el gobernante.

Sin embargo en las naciones donde se impone la demagogia, lejos de alcanzar el cambio anhelado, “encuentran división o retroceso”, hizo notar el presidente de la República.

Por ello los gobiernos democráticos “nos enfrentamos al reto de mejorar nuestra forma de interactuar o dialogar con los ciudadanos, de explicar de manera convincente los avances y sumar esfuerzos para superar los desafíos de nuestro tiempo”, comentó.

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