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Justicia pendiente

Internos enfermos del penal de Atlacholoaya piden medidas cautelares a la CIDH por riesgo de contagios de Covid-19

Presos de Atlacholoaya, Morelos, piden medidas cautelares ante CIDH por falta de atención médica y abandono jurídico ante el Covid19

Ignacio García

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Por Ignacio García

ATLACHOLOAYA, Morelos.- Internos enfermos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, en Morelos, pidieron de manera colectiva, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su intervención a través de medidas cautelares para su liberación o arraigo domiciliario, debido al riesgo de contagio de Covid-19 en el interior del penal, ypor tratarse de personas enfermas y de la tercera edad que se encuentran en abandono jurídica y falta de atención médica.

El interno Lucio Bahena Osorio solicitó a la CIDH medidas cautelares con el apoyo de Víctor Simón Beltrán Piedrola para que intervenga en las acciones de protección que le permitan la liberación o el arraigo domiciliario. La CIDH confirmó la recepción del expediente y el reclamo de atención con el número MC-718-20 para analizar el caso del denunciante y se determinen las acciones a desarrollar por parte del organismo internacional, ya que el interno teme posibles contagios por el nuevo tipo de coronavirus.

Desde el pasado 25 de mayo, Lucio Bahena Osorio, Iñaqui Uriarte García y Víctor Simón Beltrán Pedrola solicitaron al coordinador de Servicios Penitenciarios de Morelos, Jorge Pérez de León Borque, arraigo domiciliario, ya que padecen enfermedades crónico degenerativas como cáncer, diabetes, Parkinson e hipertensión arterial, además de que son de la tercera edad, por lo que pueden presentar complicaciones de salud al ser contagiados por Covid-19. 

Otro de los casos que fue anexado a la petición de medidas cautelares de la CIDH fue el de Rosaura Rebolledo Ocampo, quien en días pasados estuvo en un estado grave de salud por pie diabético, al negarle atención médica y alimentación adecuadas dentro del penal, así como la insulina que requiere de tratamiento para control de la enfermedad. Incluso tuvo que ampararse judicialmente para recibir la atención necesaria, a punto de caer en coma diabético

El grupo de demandantes de medidas cautelares han señalado reiteradamente que no reciben respuesta por parte de las autoridades penitenciarias, y ya denunciaron los fallecimientos de Armando Abarca González, Marcelino Fuentes Beltrán, Baldemar Hilario Ramírez en el dormitorio número 1 del Cereso de Atlacholoaya.

Asimismo, Víctor Simón Beltrán Pedrola solicitó al Juez de Distrito de Morelos, junto con los otros diez internos la aplicación de la Ley de Amnistía, siendo presos vulnerables para que se les permita la liberación o arraigo domiciliario durante la actual contingencia sanitaria por el Covid-19, tal como lo ha señalado la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, por lo que están a la espera de la respuesta de la CIDH.

 

Acuse de recibido de CIDH

 

Justicia pendiente

Telefonistas acusan a Luisa María Alcalde de frenar reforma laboral

Ignacio García

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Trabajadores telefonistas y universitarios disidentes denunciaron que la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, Luisa María Alcalde Luján, ha frenado el avance de la reforma laboral para transformar el modelo sindical en el país.

Los inconformes acusaron que la funcionaria federal está influenciada por su padre, Arturo Alcalde, quien asesora desde hace años a los gremios sindicales del país y por ello se opone a un cambio en el modelo actual, lo que vulnera los derechos de los trabajadores organizados.

José del Refugio Cano Miramontes, integrante del Frente Telefonista Alternativo, señaló que la titular de la STPS no tiene interés en impulsar la reforma laboral que se planteó desde 2019, por lo que se sigue profundizando el rezago que prevalece en las demandas de justicia laboral.

De acuerdo con los telefonistas, no se ha impulsado la verdadera democracia dentro de las organizaciones sindicales y la pandemia de Covid-19 sirvió como un esquema para evitar el avance de la reforma laboral, por lo que expresaron que se debe eliminar por completo “el charrismo sindical”, cuyos secretarios generales se han perpetuado en el poder.

Indicó que los líderes sindicales han mantenido el control de las bases trabajadoras a partir de la represión, el hostigamiento y las amenazas a los trabajadores, por lo que recordaron que Francisco Hernández Juárez lleva al frente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana por más de 45 años y no se han cubierto las más de 16 mil vacantes causadas por jubilaciones y pensiones.

Por ello, insistieron en la necesidad de que se garantice un proceso democrático entre los sindicatos del país para que no se sigan reproduciendo este tipo de prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores, pues constantemente los líderes sindicales se enriquecen a partir de las cuotas sindicales.

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Justicia pendiente

Familiares de activista Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada en Oaxaca, exigen su localización

Ignacio García

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Por Ignacio García y Miguel Montesinos León

Familiares de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, víctima de desaparición forzada, el pasado 26 de marzo, en Oaxaca, tras una manifestación por el abuso de autoridad ejercido por el gobierno de la alcaldesa de MORENA en Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, exigieron su búsqueda y localización inmediata.

Por medio de una misiva firmada y conferencia de prensa, las hermanas de la activista, Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz, señalaron que a 19 días de la desaparición de la defensora de derechos humanos no han obtenido respuesta por parte de las autoridades, pese a la petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del gobierno de Reino Unido al gobierno federal para localizarla.

Reclamaron que el gobierno mexicano no ha dado respuesta a las exigencias sociales, por lo que la ONU -en su petición- solicita al gobierno de México una investigación clara para localizar a la víctima y a los responsables de la desaparición de la activista.

Recordaron que previo a la desaparición de la defensora de derechos humanos, la activista había denunciado insistentemente el desvío de recursos públicos y las arbitrariedades del Cabildo de Nochixtlán, encabezado por la edil emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y posteriormente tras acudir a la manifestación para pedir la libertad de Alfonso Avendaño Rodríguez el 26 de marzo, fue vista por última vez tras el arribo de los policías municipales que disolvieron la protesta.

Aseguraron que se trata del primer caso de desaparición forzada desde que comenzó la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que solicitaron al gobierno federal la búsqueda y localización de la víctima.

Por parte de Alfonso Avendaño Rodríguez, ante la gravedad de su estado de salud, en la manifestación de hoy participó en su representación su hermano Francisco Avendaño Rodríguez, y explicó que Alfonso había sido detenido por policías municipales de Nochixtlán, y que la activista fue desaparecida cuando acudió a una protesta a las afueras del ayuntamiento para exigir su liberación por haber solicitado el adeudo pendiente que tenía la alcaldía por unos servicios de ferretería que se rehusó a pagar y por lo cual fue golpeado y aprehendido sin razón legal.

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Justicia pendiente

CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

Ignacio García

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para reparar el daño a Israel Vallarta, acusado de secuestro en 2005 por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en montaje transmitido por Televisa.

El organismo autónomo emitió la recomendación al fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, por violentar los derechos humanos de una persona a la integridad personal y de trato digno por actos de tortura atribuibles a la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones.

Esta recomendación de la CNDH se emitió después de la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima en 2008, pero fue hasta 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de su coacusada Florence Cassez,, cuando la comisión de derechos humanos inició una investigación por las violaciones graves de derechos humanos.

En la queja presentada por Israel Vallarta se refiere que fue detenido de forma ilegal por elementos federales, quienes lo sometieron junto a Florence Cassez y trasladados a un espacio donde los esperaban trabajadores de Televisa que comenzaron a realizarles preguntas en una simulación.

Por ello, la CNDH solicitó a la FGR que realice las investigaciones correspondientes para que se repare de forma integral el daño a las personas afectadas por los hechos acontecidos hace 16 años, después de que el Poder Judicial proporcionó estas ventajas.

Apenas la semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el montaje difundido en su momento por Televisa, en el cual se señalaba que tanto Cassez como Vallarta como presuntos secuestradores, lo que fue desmentido por las investigaciones posteriores.

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