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Mexico Violento

Infonavit: más de 4 mil millones de pesos a discreción de Murat

Alejandro Murat, candidato del PRI a la gubernatura de Oaxaca, asignó fondos de Infonavit sin licitación a empresas privadas

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Alejandro Murat, candidato por el PRI a gobernador de Oaxaca. Foto: red

Alejandro Murat, candidato por el PRI a gobernador de Oaxaca. Foto: red

Diario de un Reportero

¡Guácaxa!

Ramsés Ancira

Si el domingo 5 de junio, tras las elecciones en Oaxaca se declarara el triunfo del candidato del triángulo partidista PRI-PVEM-PANAL, al siguiente día habría que cancelar los comicios, al menos hasta que se explique por qué durante la administración de Alejandro Murat Hinojosa se pagaron a proveedores, sin licitación o cumplimiento de las normas del Instituto para el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, más de 4 mil millones.

Por ejemplo, la póliza de servicios médicos en favor de Medi Acces no tiene número de contrato del INFONAVIT, pero sí un valor de 73 millones 882 mil pesos y 26 centavos. ¿Quiénes y cuántos trabajadores del INFONAVIT requirieron primas de ese tamaño y para cubrir que enfermedades?

Hay un contrato que destaca por estar a nombre de una persona física con actividad empresarial, Clara Ponce Moreno, que según las pocas referencias en Internet se dedica a remodelaciones residenciales, sugiriendo residencias muy por encima de las que se pueden acceder con créditos del INFONAVIT. En este caso dos contratos de remodelación  suman el importe de 21 millones de pesos, más o menos lo que cuestan cinco condominios en la Colonia del Valle.

Sólo en el año 2014, de los 827 contratos celebrados por el Infonavit, por un monto total de 11 mil 420 millones de pesos, en 337 de estos  se hicieron compras directas por 2 mil 515 millones de pesos, esto equivale al 22 por ciento del total.

La fuente de esta información es ni más ni menos la contraloría interna del  INFONAVIT y las cifras están contenidas en  el documento denominado “2014/047 Adquisiciones de Compras Directas y Procedimientos específicos 1S15, del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT)”, que tuvo como responsable del proceso al gerente de Auditoría Interna, Héctor Salazar Brenes.

En 2013, la contraloría del Infonavit observó irregularidades en 136 contratos a 104 empresas, siete de estos son a “Call Centers” y suman 414 millones de pesos. A compañías aseguradoras se les pagaron 719 millones de pesos, a empresas de vigilancia 73 millones y a otras de remodelación  por 21 millones de pesos. Todos estos sin cumplir las normas correspondientes.

Ya en el desglose de empresas favorecidas por el Infonavit en 2014 destaca el gran número de despachos de abogados privados, quizá para la recuperación de carteras vencidas, pero también dos contratos con la empresa Sinergia de Negocios Consultores, por 119 millones y 99 millones de pesos respectivamente.

Y lo que llama la atención es: ¿El Infonavit es un Instituto del Estado o es una empresa que requiera sinergia para hacer negocios con las aportaciones de los trabajadores?

En suma, durante la gestión de Murat, según el documento al que tuvo acceso este reportero,  se pagó a proveedores  un total de 16 mil 256 millones de pesos, pero exactamente el 25 por ciento de ese total, 4 mil 64 millones de pesos, llegaron a posesión de empresas privadas, sin licitar o sin cumplir los procedimientos que el propio INFONAVIT establece a sus proveedores.

Cercano al presidente Enrique Peña Nieto, quien apadrinó su candidatura a gobernador de Oaxaca, Murat no fue cuestionado en principio por las cuentas de pago a proveedores del INFONAVIT,  sino por   la compra de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores a través del Fondo de Apoyo a la Vivienda de los Trabajadores, creado en 2014.

Esta operación, publicada por la revista Proceso en las últimas horas del recién terminado mes de mayo,  sirvió de base para la denuncia que presentó la coalición PAN-PRD, en contra del abanderado del PRI-PVEM-PANAL. Esto detonó que para la noche de este 1 de junio y a cuatro días de la elección, la etiqueta #LadyINFONAVIT, refiriéndose a Murat,  ocupara los primeros lugares de tendencia en la red social twitter.

Pero si el PRI llega con un enorme caudal de ilegalidades, de acuerdo al documento de la contraloría del INFONAVIT, Oaxaca enfrenta el día de las elecciones con los peores indicadores tras la gubernatura de Gabino Cue, quien llegó con las siglas del  PRD y el PAN. El estado debería crecer el 4.5 por ciento anual y sólo logró el 3.3;  crear 9 mil 650 empleos por trimestre y no llegó a 57. Finalmente, mantiene los peores indicadores económicos del país, al aumentar del 61 al 63 por ciento, el número de personas que no tienen ingresos suficientes para comprar una canasta básica.

Las cifras con las que Oaxaca enfrenta la elección de este domingo, son para provocar la náusea. Guácala, dice la onomatopeya mexicana del asco. Cotejar la honrosa medianía del servidor público  que pregonó el ilustre oaxaqueño Benito Juárez, con  los 4 mil millones de pesos pagados de más por la administración de Murat en el INFONAVIT, provocan al neologismo ¡Pobre Oaxaca! ¿O deberíamos decir Guáxaca? El voto dominical podrá confirmarlo, o desmentirlo.

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Justicia pendiente

Sedena identificó a 20 alcaldes de Guerrero con el narcotráfico tras caso Ayotzinapa

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó a 20 alcaldes de Guerrero vinculados con el crimen organizado, después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con un informe elaborado por la Subjetafura de Inteligencia del Estado Mayor que fueron difundidos por Guacamaya Leaks.

El informe reveló que estaban involucrados con el crimen organizado alcaldes de los municipios cercanos a Iguala, como César Miguel Peñaloza de Cocula, Saúl Beltrán Orozco de San Miguel Totolapan, Taurino Vázquez Vázquez de Arcelia, Efraín Peña Damasio de Apaxtla, Rey Hilario Serrano de Coyuca.

También fueron señalados los alcaldes de Tlapehuala, Everardo Wences; Pungarabato, Reynel Rodríguez; de Taxco, Salomón Majul González, de Huitzuco, Norberto Figueroa Almanzo; Buenavista, Elías Salgado; de General Canuto Neri, Eleuterio Aranda; Tlacotepec, Mario Alberto Chávez; Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares; Ixcateopan, Filiberta Hornelia Barrera, así como de Pilcalaya, Sandra Velázquez.

De la misma manera, la Sedena identificó a José Luis Abarca por su cercanía con el cártel de “Guerreros Unidos” en el municipio de Iguala, por lo que enfrenta un proceso penal por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Los ediles señalados forman parte de todos los partidos políticos, pues siete son del Partido de la Revolución Democrática (PRD), otros siete del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tres del Partido Acción Nacional (PAN) y uno del Partido del Trabajo (PT).

La mayoría de los ediles tenían relación con Guerreros Unidos, con los cuales estaban vinculados ocho alcaldes y “La Familia Michoacana” con otros ocho munícipes en 2014, pero la configuración de estas organizaciones criminales se modificó en 2020.

La Sedena estimó la presencia del Cártel del Pacífico, los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia, Caballeros Templarios y Guerreros Unidos que se disputan el control y el tráfico de las drogas en Guerrero.

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Mexico Violento

Por intereses económicos, hijos atentan contra la integridad de su madre, adulta mayor

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María Rodríguez Lemus sufre el maltrato y abandono de dos de sus hijos; es un adulta mayor, con problemas auditivos

Juan Gabriel y Roberta Torres Rodríguez dan testimonio falso en la fiscalía en contra de sus hermanos acusándolos de secuestro de su madre

Por Zavianny Torres Baltazar

Hace 25 años, doña María Rodríguez Lemus se jubiló tras tres décadas de trabajo constante y asiduo. Servidora pública, laboró en la Secretaría de Recursos Hidráulicos y en la Semarnat, y durante los últimos 25 años vivió en su casa ubicada en la delegación Tlalpan en la Ciudad de México, al cuidado de sus hijos Juan Gabriel Torres Rodríguez y su hija Roberta Torres Rodríguez.

Sus hijos tienen locales comerciales en el domicilio de doña María, espacios que están exentos de pago de renta. En esos 25 años todo transcurrió con “normalidad”, sus hijos menores, Marlein Torres Rodríguez y Marcos Javier Torres Rodríguez, podían visitarla con la frecuencia que desearan y estar al tanto de los cuidados de su mamá.

Con el paso de los años los hijos menores conformaron sus propias familias y dejaron el hogar materno. Doña María Rodríguez quedó al cuidado de los hermanos mayores Juan Gabriel y Roberta. Sin embargo, hace 7 años la situación se tornó dramática y preocupante, debido a que sus hijos Marlein y Marcos Javier empezaron a notar que a su madre la tenían en un estado de abandono total – por parte de sus hermanos Juan Gabriel y Roberta – pues el departamento donde vivía doña María estaba en completo abandono y en condiciones de insalubridad. Rodeada de decenas de gatos y perros.

Previo a la pandemia del Covid 19 que a todos nos obligó a resguardarnos en nuestras casas, sus hijos menores -Marlein y Marcos- ya habían tomado en sus manos el cuidado de su madre. Es cuando los hermanos mayores -Juan Gabriel y Roberta- empiezan a restringir el libre acceso a la casa de doña María y da inicio un conflicto intrafamiliar con repercusiones de tipo jurídico, que al día de hoy continúan en los juzgados del estado de Morelos- y que tienen acusados de manera dolosa (con testimonios y declaraciones falsas) a los hermanos menores.

En este proceso, Juan Gabriel y Roberta, han levantado denuncias de secuestro en contra de los dos hermanos menores. Acusan que se llevaron a su madre sin su conocimiento y por la fuerza. En el estado de Morelos levantaron una denuncia con carpeta de investigación FEDFPM/101/2021. Entre las acusaciones más delicadas están la de tener secuestrada a su madre y en contra de su voluntad, vivir con los hijos menores en sus domicilios en Temixco, Morelos.

Considerando que las acusaciones son muy serias, Marlein y Marcos Javier tuvieron que contratar los servicios profesionales de un abogado defensor, ya que en diversas ocasiones han sido asediados por elementos de la fiscalía del estado y agentes del Ministerio Público. Del mismo modo, personas que se identifican como representantes del poder judicial, han tratado de ingresar de forma ilegal al fraccionamiento donde habitan Marlein con su hijo menor de edad y Marcos Javier, sin contar con alguna orden de aprensión o presentación a los acusados.

En junio de 2021, la fiscalía general del estado de Morelos emitió una alerta para localizar a la María Rodríguez Lemus, en la que solicita la ayuda para encontrar a la supuesta extraviada. Ante estas circunstancias ajenas a una buena impartición de justicia por parte de las autoridades a las que corresponde esta responsabilidad, es que solicitamos el testimonio de Marlein Torres Rodríguez por estas falsas acusaciones y en entrevista nos narra.

Testimonio

“Mi mamá desde muy niña perdió el oído. A los ocho años inició un trabajo, a su corta edad fue muy trabajadora, y a pesar de su discapacidad pudo ser independiente, hasta incluso separarse de mi papá y hacerse cargo de sus cuatro hijos. A los 25 años de laborar se jubiló. Desde entonces, mis hermanos – Juan y Roberta- administraron todo lo correspondiente a sus ingresos. Aproximadamente al año que mi mamá se jubiló adquiere un terreno, pero le faltó dinero para completar su pago. Es ante esta circunstancia que nos percatamos que no tenía dinero para adquirirlo. En ese tiempo les pedimos a los hermanos mayores que explicaran el por qué mi mamá no tenía dinero, ambos se negaron rotundamente a responder.

Me asesoré legalmente, pero no pude hacer algo en ese momento porque mi mamá estaba en condiciones de decidir, me pidió respetar su decisión, que ella estaba consciente de lo que estaban haciendo. En ese momento respeté su decisión y salí de su casa. Mi hermano y yo no tenemos la libertad de visitar a mi mamá cuando nosotros lo deseamos, y mucho menos intervenir en el arreglo de su casa. Cuando se daban cuenta de que mi mamá nos daba llaves de su casa, con diferentes excusas ellos cambiaban la combinación. Hace siete años aproximadamente, era evidente el deterioro y el descuido en el que se encontraba la casa.

Por otro lado, mi mamá tenía problemas severos de circulación, colesterol, triglicéridos altos, retención de líquidos, hipertensión, sin que tuviera tratamiento médico alguno, además tenía problemas con mis hermanos y con mi mamá porque decían que ella estaba bien de salud. Tenía también mala alimentación, no tenía comida en su casa. En varias ocasiones me percaté que no tenía dinero, le dejaba yo dinero y se le perdía o se lo daba a mis hermanos. No tenía un super o despensa en su casa, su lavadora y boiler estaban oxidados en su caja, no se los habían instalado porque no tenía dinero; artículos o prendas que le regalábamos no las usaba, las regalaba o se le perdían. Vivía entre basura, con demasiadas cosas acumuladas, las paredes con bastante humedad, no tenía luz porque la misma humedad había provocado un corto en toda la instalación.

Vivía con 22 gatos y perros que adoptaba de la calle, viviendo en una situación inhabitable e inhumana. Después de algún tiempo se nos empiezan a negar las visitas a casa de mi mamá, poniendo excusas y diciendo que no quería ver a nadie, en ocasiones los vecinos le permitían brincarse la barda para poder verla. En agosto del 2020 mi hermano menor logra visitar a mi mamá. Roberta le comenta que mi mamá presenta comportamientos y actitudes extrañas, le dicen que no la ven bien y consideran internarla en una clínica psiquiátrica o en un asilo. Posterior a eso, uno de mis hermanos le llama a mi hermano Marcos para que vaya por ella y se la lleve unos días mientras acondicionan su casa.

Mientras mi mamá está con nosotros en Temixco, Morelos, inicia tratamiento médico, jamás presentó problemas de alimentación o que algo le hiciera daño, tampoco presentó cuadros depresivos, se adaptó inmediatamente a la rutina y hábitos que teníamos en casa. Nos quedó claro que lo que necesitaba era atención, compañía, amor y convivir con personas. En octubre del 2020 mi mamá regresa a su casa, Marcos y yo exponemos nuestras observaciones al convivir con mi mamá, proponemos estar al pendiente todos, que se contrate una persona para que conserve su casa ordenada, le tenga comida y ella pueda comer cuando lo disponga. Les preguntamos quién es el encargado de cobrar las pensiones de mi mamá y cuánto es lo que percibe.

Roberta y Juan se niegan a contestar y se ponen a la defensiva, rechazan el medicamento que mi mamá llevaba porque dicen que ella tenía a sus médicos, también se niegan a que una persona extraña entre a la casa de mi mamá y nos dicen que ejerzamos nuestro derecho de hijos e investiguemos cuánto cobra mi mamá. Dejamos que mi mamá se quede en su casa porque ella así lo quería, a pesar de que Marcos y yo no estábamos muy convencidos, dejándoles en claro que para tomar una decisión de internar a mi mamá debían consultarlo con nosotros, situación que no considerábamos fuera necesario, ya que nosotros estábamos dispuestos a cuidar de ella. En diciembre mi madre se enfermó de COVID, al hacerlo de su conocimiento, ella pidió que nos la trajéramos, ya que consideraba que mis hermanos mayores no le tenían paciencia ni empatía.

Actualmente está a nuestro cuidado, está sana, anímicamente se ve bien, se muestra más segura, ya se siente merecedora de recibir afecto, acepta abrazos y está sonriente, ya se preocupa por su aseo y su aspecto personal. Lo único que solicitamos es que nos dejen cuidar a mi señora madre. Que desistan de sus falsas acusaciones. Y respeten nuestros derechos a la privacidad. Finalmente, debo decir que hacemos responsables a mis hermanos Juan Gabriel y Roberta, ambos de apellido, Torres Rodríguez, de cualquier agresión o atentado físico y/o psicológico en contra de mi hijo menor, de mi mamá o de mi hermano Marcos, denuncia que hice pública en las redes sociales a través de Instagram«.

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‘Nos asesinan por querer una forma de vida más humana’: Ambientalista mexicano Rogelio Rosales Contreras

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activista Rogelio Rosales Contreras

Por Albison Linares

La última década ha sido mortal para los activistas del medioambiente: la organización Global Witness ha registrado 1,733 asesinatos, una cifra que equivale a una muerte cada dos días.

«Solo queremos una forma de vida más humana, más comunitaria, y nos andan asesinando por eso», dice Rogelio Rosales Contreras, activista medioambiental de Ayotitlán, Jalisco, que vive bajo amenaza por defender a su comunidad nahua–otomí. Su hermano y su hijo fueron asesinados.

Para saber más del tema: Activistas y ciudadanos protestan por cierre de oficinas de la PROFEPA en Tijuana y Ensenada

De los datos de 2021, Global Witness denuncia que México fue el país con el mayor número registrado de asesinatos con un total de 54 muertes, frente a las 30 del año anterior. Más del 40% de las personas asesinadas eran indígenas.

Además, la organización afirma que más de las tres cuartas partes de los ataques registrados en 2021 sucedieron en América Latina, por lo que sigue siendo la región más mortífera para los defensores.

Esta investigación también ha detectado que las comunidades indígenas enfrentan un nivel desproporcionado de ataques, casi el 40%, a pesar de que solo representan el 5 % de la población mundial.

Lee más: La depredación del medio ambiente: una violencia que no se quiere ver en Colima

 

«Soy víctima de las amenazas por resistirnos a la explotación de los recursos que defendemos», asevera Higinio Trinidad de la Cruz, otro activista de Ayotitlán. A medida que se intensifica la crisis climática, la violencia contra los defensores de los territorios empeora.

 

Fuente: Muck Rack

La depredación del medio ambiente: una violencia que no se quiere ver en Colima

La violencia de los cárteles, la corrupción gubernamental, y los proyectos industriales son los principales factores de agresión al ecosistema natural de Manzanillo, Colima, con riesgo de especies en extinción, sin ninguna sanción para México. Revisa el reportaje aquí.

 

 

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