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Mexico Violento

Infonavit: más de 4 mil millones de pesos a discreción de Murat

Alejandro Murat, candidato del PRI a la gubernatura de Oaxaca, asignó fondos de Infonavit sin licitación a empresas privadas

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Alejandro Murat, candidato por el PRI a gobernador de Oaxaca. Foto: red

Alejandro Murat, candidato por el PRI a gobernador de Oaxaca. Foto: red

Diario de un Reportero

¡Guácaxa!

Ramsés Ancira

Si el domingo 5 de junio, tras las elecciones en Oaxaca se declarara el triunfo del candidato del triángulo partidista PRI-PVEM-PANAL, al siguiente día habría que cancelar los comicios, al menos hasta que se explique por qué durante la administración de Alejandro Murat Hinojosa se pagaron a proveedores, sin licitación o cumplimiento de las normas del Instituto para el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, más de 4 mil millones.

Por ejemplo, la póliza de servicios médicos en favor de Medi Acces no tiene número de contrato del INFONAVIT, pero sí un valor de 73 millones 882 mil pesos y 26 centavos. ¿Quiénes y cuántos trabajadores del INFONAVIT requirieron primas de ese tamaño y para cubrir que enfermedades?

Hay un contrato que destaca por estar a nombre de una persona física con actividad empresarial, Clara Ponce Moreno, que según las pocas referencias en Internet se dedica a remodelaciones residenciales, sugiriendo residencias muy por encima de las que se pueden acceder con créditos del INFONAVIT. En este caso dos contratos de remodelación  suman el importe de 21 millones de pesos, más o menos lo que cuestan cinco condominios en la Colonia del Valle.

Sólo en el año 2014, de los 827 contratos celebrados por el Infonavit, por un monto total de 11 mil 420 millones de pesos, en 337 de estos  se hicieron compras directas por 2 mil 515 millones de pesos, esto equivale al 22 por ciento del total.

La fuente de esta información es ni más ni menos la contraloría interna del  INFONAVIT y las cifras están contenidas en  el documento denominado “2014/047 Adquisiciones de Compras Directas y Procedimientos específicos 1S15, del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT)”, que tuvo como responsable del proceso al gerente de Auditoría Interna, Héctor Salazar Brenes.

En 2013, la contraloría del Infonavit observó irregularidades en 136 contratos a 104 empresas, siete de estos son a “Call Centers” y suman 414 millones de pesos. A compañías aseguradoras se les pagaron 719 millones de pesos, a empresas de vigilancia 73 millones y a otras de remodelación  por 21 millones de pesos. Todos estos sin cumplir las normas correspondientes.

Ya en el desglose de empresas favorecidas por el Infonavit en 2014 destaca el gran número de despachos de abogados privados, quizá para la recuperación de carteras vencidas, pero también dos contratos con la empresa Sinergia de Negocios Consultores, por 119 millones y 99 millones de pesos respectivamente.

Y lo que llama la atención es: ¿El Infonavit es un Instituto del Estado o es una empresa que requiera sinergia para hacer negocios con las aportaciones de los trabajadores?

En suma, durante la gestión de Murat, según el documento al que tuvo acceso este reportero,  se pagó a proveedores  un total de 16 mil 256 millones de pesos, pero exactamente el 25 por ciento de ese total, 4 mil 64 millones de pesos, llegaron a posesión de empresas privadas, sin licitar o sin cumplir los procedimientos que el propio INFONAVIT establece a sus proveedores.

Cercano al presidente Enrique Peña Nieto, quien apadrinó su candidatura a gobernador de Oaxaca, Murat no fue cuestionado en principio por las cuentas de pago a proveedores del INFONAVIT,  sino por   la compra de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores a través del Fondo de Apoyo a la Vivienda de los Trabajadores, creado en 2014.

Esta operación, publicada por la revista Proceso en las últimas horas del recién terminado mes de mayo,  sirvió de base para la denuncia que presentó la coalición PAN-PRD, en contra del abanderado del PRI-PVEM-PANAL. Esto detonó que para la noche de este 1 de junio y a cuatro días de la elección, la etiqueta #LadyINFONAVIT, refiriéndose a Murat,  ocupara los primeros lugares de tendencia en la red social twitter.

Pero si el PRI llega con un enorme caudal de ilegalidades, de acuerdo al documento de la contraloría del INFONAVIT, Oaxaca enfrenta el día de las elecciones con los peores indicadores tras la gubernatura de Gabino Cue, quien llegó con las siglas del  PRD y el PAN. El estado debería crecer el 4.5 por ciento anual y sólo logró el 3.3;  crear 9 mil 650 empleos por trimestre y no llegó a 57. Finalmente, mantiene los peores indicadores económicos del país, al aumentar del 61 al 63 por ciento, el número de personas que no tienen ingresos suficientes para comprar una canasta básica.

Las cifras con las que Oaxaca enfrenta la elección de este domingo, son para provocar la náusea. Guácala, dice la onomatopeya mexicana del asco. Cotejar la honrosa medianía del servidor público  que pregonó el ilustre oaxaqueño Benito Juárez, con  los 4 mil millones de pesos pagados de más por la administración de Murat en el INFONAVIT, provocan al neologismo ¡Pobre Oaxaca! ¿O deberíamos decir Guáxaca? El voto dominical podrá confirmarlo, o desmentirlo.

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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