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Con voz propia

INE, la penuria de la integridad y la confianza

Marco Baños, en la presidencia del INE, consejero recordado por promover la inacción del árbitro contra rebelión de televisoras de suejtarse a las reglas

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El consejero Marco Baños, próximo presidente del instituto electoral, demanda una transición del IFE al INE «sin sobresaltos». Foto: Notimex

Francisco Bedolla Cancino*

Si se hiciera un meticuloso intento de detección de las fortalezas distintivas de las 15 personas que ocuparon el cargo de consejero(a) dentro del consejo electoral del Instituto Federal Electoral en el periodo posterior a la reforma electoral de 2007, salvo alguna honrosa excepción, seguramente la integridad brillaría por su ausencia. Lamentablemente, la moralidad de las decisiones y los actos de estos funcionarios públicos distan mucho de estar a la altura de los grados académicos y las trayectorias profesionales que éstos y quienes les promovieron pomposamente ostentaron.

Por desgracia para estos quince consejeros, pero especialmente para los consejeros designados de acuerdo al método escalonado de relevo (Leonardo Valdés, Marco Antonio Baños, Benito Nacif, Macarita Elizondo, Francisco Guerrero, Alfredo Figueroa, María Marván, Lorenzo Córdoba y Sergio García), el ejercicio de las facultades para administrar el nuevo modelo arbitral de comunicación, competencia política y sanción exigía de dos ingredientes básicos: uno, apego irrestricto de su actuación a principios ético-morales (el Código de Ética o de Conducta que no se atrevieron a forjar), que posibilitaría la despersonalización de las decisiones y la reducción de las presiones de los partidos políticos; y dos, un esquema de liderazgo consensual que ofreciera certeza a los consejeros electorales, todos, de que no habría sesgos en los acuerdos y resoluciones del Consejo General a favor ni en contra del partido político al que le debían su actual encargo.

Particularmente, el desafío de forjar un liderazgo transpartidista dentro del Consejo General, tanto por su investidura de presidente del Consejo como por la amplitud de sus facultades y recursos institucionales disponibles, correspondía a Leonardo Valdés. Por desgracia para el IFE, sus reconocidas dotes de gourmet y catador sobrepasaron con mucho a sus dudosas capacidades gerenciales y de conducción política. Así, cual burócrata de quinta, se dedicó a ejercer palaciegamente sus facultades y a designar funcionarios útiles a su fascinación por el culto a su persona y no al cumplimiento de sus responsabilidades institucionales. He aquí la clave del bajo perfil y los magros resultados del desempeño de los actuales directores ejecutivos y de los coordinadores de las unidades técnicas de apoyo.

Y en lo concerniente al fracaso de impulsar una forma y hasta un estilo íntegro de decisión, mucho tienen que ver los dos consejeros que acompañaron a Valdés en la terna inicial de relevo escalonado: Marco Antonio Baños y Benito Nacif. De hecho, la triste historia de la reforma electoral de 2007 les tiene reservado un lugar especial, y no propiamente como héroes o paladines de la democracia, porque respectivamente les tocó impulsar los acuerdos sintomáticos del inicio de la nueva era del arbitraje electoral y del fin del Instituto Federal Electoral.

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Marco Antonio Baños, recordado por promover la inacción del IFE frente a la rebelión de las televisoras de sujetarse a las reglas electorales. Foto: impacto.mx

En el balance histórico, Baños será recordado por el episodio del banderazo inicial de la sujeción del árbitro electoral a los designios de la las televisoras, mediante su inopinada decisión de promover el sobreseimiento (la inacción) del IFE frente a la ostensible y declarada estrategia de rebelión coordinada de aquellas de ajustarse a las pautas de difusión de los mensajes de los partidos políticos y, contrario a ello, haber interrumpido un sábado en la tarde la transmisión de sendos partidos de fútbol, mediante la argucia de que estaban acatando la instrucción del IFE y con la abierta intencionalidad de provocar la irritación social en contra de la autoridad electoral. Luego de eso, la historia de la relación entre el árbitro y las televisoras es conocida: éstas indican y aquél obedece.

Y en el mismo balance, Nacif será recordado por el episodio de su singularidad proactividad para impulsar el desechamiento, por infundado, de las quejas por la compra-venta de votos, a través de las tarjetas de Soriana, bajo el leguleyo e imaginativo argumento analógico de que si bien tiene la autoridad electoral “tiene la pistola”, no se cuenta con “el cuerpo del delito”.

Ambos episodios resumen a la perfección el perfil de actuación del árbitro electoral legado por la reforma electoral de 2007 y ofrecen las pistas explicativas de su fracaso. El común denominador de ambos episodios es la búsqueda afanosa de ángulos de interpretación jurídica para escamotear la verdad material del secuestro del interés púbico democrático y violentar el espíritu de la reforma de 2007. Baños y Nacif, así, se negaron a observar; pero aún, menospreciaron olímpicamente los severos indicios de lo que para el público era punto menos que evidente: la vulneración sistemática de la autoridad del árbitro electoral y de la equidad en las condiciones de la competencia electoral. Entre utilizar el derecho como plataforma para erigirse como abogados del interés público democrático o utilizarlo como escudo para no actuar, optaron por lo segundo. De este modo, contribuyeron a materializar el escenario hoy prevaleciente de un estado de derecho opuesto a la democracia.

El desempeño de los 15 consejeros en el lapso posterior a la penúltima reforma queda a la espera del juicio de la historia. Menos incierto que ello resulta el hecho de que el IFE, como los consejeros mismos, especialmente los últimos cuatro, saldrán inexorablemente del régimen por la puerta de atrás. Ese será su legado. Interesante y saludable para todos resultaría que Baños y Nacif, especialmente, nos regalaran en los meses por venir las razones de su cuestionable andar por el Consejo General en los poco más de seis años de actuación. Mi hipótesis, como la de muchos amantes de la democracia, es que sus respectivas versiones serían el mejor elemento de prueba de que la carencia de integridad ético-moral sería su signo distintivo.

En tanto eso sucede (o no), cobra pertinencia la integración de lo que será el máximo órgano de dirección del Instituto Nacional de Elecciones. Más allá del novedoso procedimiento de reclutamiento y selección, que involucra a la Comisión de Derechos Humanos, al IFAI y a la CONEVAL, la cuestión es si alguna relevancia tendrá buscar en los perfiles de los aspirantes indicadores de su integridad y fortaleza de principios o si, por el contrario, se reiterará la probada y fracasada receta de auscultar sólo los grados académicos y las trayectorias profesionales.

Los imperativos del naciente INE ya están aquí y recuerdan mucho más a los de la desconfianza generalizada de los años iniciales del IFE que a los de su prestigio cosechado tras sus primeras tres elecciones. Cual junior descontrolado, las últimas camadas de consejeros malgastaron la menguada confianza institucional que había. Y, como ya se sabe, un árbitro electoral que no goza de confianza, es un árbitro inútil.

* Analista político

@franbedolla

 

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Con voz propia

La nueva casta privilegiada de AMLO, los hijos de Morena

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Los hijos de políticos vinculados a Morena se encuentran en el gobierno de AMLO. Alberto Farfán destaca algunos casos

 

Por Alberto Farfán

El 7 de noviembre del año en curso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su conferencia matutina en Palacio Nacional acuñó la siguiente desafortunada frase, a todas luces absurda y cuestionable, aseveró que “el 90% de un buen servidor público es la honestidad. El otro 10% es que sea inteligente…” Palabras más, palabras menos, eso fue lo que dijo.

Y por supuesto que esta afirmación es un atentado contra toda lógica, ética y sentido común. Pero es más grave aún si consideramos por un momento a todas aquellas personas que, al margen de su coeficiente intelectual, por el sólo hecho de ser hijos o hijas de funcionarios, legisladores o gobernadores, cual innegable requisito, forman parte de la casta privilegiada que gobierna a millones de mexicanos en la actualidad bajo el régimen del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Para saber más del autor: Karl Marx, de la poesía y el amor

En efecto, existen decenas de hijos de altos funcionarios del partido gobernante que relajadamente ostentan cargos bastante bien remunerados por únicamente haber tenido la suerte de ser vástagos de los artífices de la llamada cuarta transformación. Emulando, en cierto sentido, el nepotismo que en su momento ejercieran con toda desfachatez los partidos que ahora forman la oposición, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). ¿Pues no que no son iguales?, me pregunto.

Por ejemplo, tenemos a Argel Gómez Concheiro, cuyo cargo que desempeña es el de director general de Grandes Festivales Comunitarios en el Gobierno de la Ciudad de México (lo que sea que signifique tan rimbombante puesto). Y es hijo ni más ni menos que del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, personaje que tiene como cónyuge a Elvira Concheiro Bórquez, quien es la que dirige la Tesorería de la Federación. Prácticamente toda la familia viviendo del erario.

Alejandro Encinas Nájera, por su parte, es el titular de la Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Y es hijo del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, el encargado del área de derechos humanos del gobierno federal.

Lee más: #EsClaudia, de las porras a la basura

A su vez, tenemos a Luisa María Alcalde Luján y a su hermana Bertha Alcalde Luján, la primera es secretaria del Trabajo y la segunda es directora de Operación Sanitaria en la Cofepris, ambas altas servidoras públicas son hijas de Bertha Luján Uranga, quien es la presidenta del Consejo Político Nacional de Morena.

Pero también tenemos a Jorge Alcocer Varela, el flamante titular de la Secretaría de Salud. Su vástago Jorge Adrián Alcocer Castillejos, es director general de delitos financieros en la Secretaría de Hacienda; en tanto que su hija Natasha Viviana Alcocer Castillejos, se ostenta como médica especialista en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas.

Y de parte del saltimbanqui político y/o tránsfuga Porfirio Muñoz Ledo, interfecto que ya no sé en qué partido milita dados sus aspavientos y reuniones con la derecha opositora, debemos decir que tiene un retoño de nombre Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, quien se desarrolla como cónsul en Toronto, Canadá.

Y un par de casos de gran envergadura en términos de responsabilidad política tienen que ver con la hija del senador por Morena Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado Pineda, quien es gobernadora del estado de Guerrero, sustituyendo a su progenitor cuando éste al ser candidato al mismo cargo fue cuestionado con relación a temas de carácter de violencia sexual, y debido a ello Salgado Pineda fue impuesta por la cúpula de Morena y al final logró obtener la gubernatura en juego.

El otro cargo de gran relevancia guarda relación con Pablo Daniel Taddei, quien tomará las riendas de Litio de México como director, una de las empresas emblema del gobierno de AMLO porque será la encargada de la explotación de dicho mineral en el país. Pero este joven tiene a su favor más que sus estudios en Harvard el ser hijo de Jorge Luis Taddei Bringas, el superdelegado de Sonora de Morena, ya que carece de toda experiencia práctica real en el ámbito en que se va a desempeñar y aun así el presidente lo impondrá.

Y podría continuar con el listado, pero francamente no tiene fin. Pero sí puedo añadir: pobre país.

 

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Con voz propia

¿Quién será culpable del estallido en México?

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AMLO está propiciando un estallido social, advierte Jorge Octavio Ochoa en su columna

TRAS BAMBALINAS

Por Jorge Octavio Ochoa

El presidente de la república ya decidió la ruta que tomará rumbo a los comicios del 2024: será la confrontación. Si ésta es violenta, pues hasta donde tope. Ése es el mensaje que envió el lunes 14 de noviembre, tras la serie de marchas en la CDMX y el interior del país, que revelan el hartazgo de millones de mexicanos.

A tabla rasa, López Obrador metió en la misma bolsa a los más de 600 mil que participaron en la Ciudad de México y otro cuarto de millón que participó en 50 ciudades. Los comparó con Elba Esther Gordillo, Alejandro Moreno, Roberto Madrazo, Vicente Fox, Felipe Calderón, a sabiendas de que los asistentes acudieron debido a otra convocatoria y otra convicción:

La clase media ya perdió el miedo, e incluso ya le encontró el gusto a salir a las calles a protestar. Las próximas marchas llegarán al Zócalo, azuzadas por el propio López Obrador y ahí, se podrían desatar los odios, porque la provocación está a la orden del día y el discurso sobre el “clasismo” parece haber prendido. Sólo falta una chispa.

Para leer más del autor: Repercusiones de la marcha y el juicio de la historia

Eso es lo que está en proceso ya en México. Es triste ver que lo que creímos sería la época más luminosa del país, se convirtió en la noche más negra y larga de nuestra vida. El que criticó la “guerra” declarada por Calderón a los narcos, hoy declara la guerra a las clases medias. A nosotros, los que tuvimos la osadía de participar en una marcha.

La toxicidad de las redes  

Los niveles de toxicidad en las redes sociales se han multiplicado. Los ataques de uno y otro bando se registran a todas horas. Son, según su cosmogonía: los transformadores contra los conservadores. Y el odio y la división ya están en la mesa. Las familias se han fracturado.

Hermanos, padres e hijos han tenido que “pactar” para no hablar más de esos temas en la casa. Esa es la realidad que hoy nos rompe, que en el extranjero quizá no alcanzan a ver, pero que los ciudadanos vivimos día con día, entre miradas de reproche por los que van a una u otra marcha de “la ultraderecha” o “del oficialismo”.

Ese es el México que dejará Andrés Manuel López Obrador. Ese es su gran legado. Descalificar y deshonrar. Pero desde hoy advertimos: el culpable del estallido será él. Unos y otros están dispuestos a cruzar la línea de la razón. Es evidente que él ha querido generar tormentas, para disipar el remolino de fracasos.

El rey de la opacidad  

En el 2023, el gobierno federal podrá disponer de 82 mil millones de pesos en adjudicaciones directas, para mantener así las pensiones de adultos mayores, las becas para jóvenes, Bancos o cajeros del Bienestar y una serie de obras que viven sin reglas de operación y que no resistirán las auditorías de los próximos años.

Sea como sea, para AMLO ya es cuestión de ego y de echar toda la carne al asador. Por eso, en la marcha ya se han anotado los ex trabajadores del extinto Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que, sin cubrir los requisitos de jubilación, recibirán una pensión vitalicia que este año costará mil 458 millones de pesos.

La editora recomienda: Golpe al Estado, desde Palacio Nacional

Ese es el tamaño de las discrepancias de un régimen que está montado en la opacidad desde los tiempos de René Bejarano y Carlos Imaz con sus maletas cargadas de billetes; y siguió con Eva Cadena y el hermano incómodo, Pío, y el otro hermano, Martín Jesús. La danza de sobres, con millones para “el movimiento”, como si fuera justificación.

Más de 40 mil millones de pesos pesan sobre esa marcha del 27N, que se mueven en el Programa de Adultos Mayores. Venerables mexicanos que obviamente se sienten en deuda con el gran promotor, aunque el dinero proviene de muchos de esos “otros” que participaron en la marcha del 13N.

La candidatura impresentable 

Nadie se explica el por qué, desde el fondo mismo de la impunidad, Andrés Manuel López Obrador lanza la candidatura del estado de México con Delfina Gómez a la cabeza, quien legalmente fue tipificada como CULPABLE del desvío de 2 millones 264 mil 612 pesos que esquilmó de los sueldos de los trabajadores en el municipio de Texcoco durante casi 3 años.

Pero ahora quiere levantar la bandera de la moralidad, con la cargada de 22 gobernadores morenistas, entre los que hay algun@s impresentables. ¡Claro que llenarán el Zócalo! ¡Claro que el Paseo de la Reforma estará abarrotado! Son leales, nada los desmerece ni deslegitima. Estarán porque quieren y porque creen.

Como tampoco deslegitima a los que estuvieron el domingo 13 de noviembre. Porque las evidencias siguen ahí: nada ha dicho AMLO sobre su ex jefa de ayudantes en Palacio, Almendra Lorena Ortiz Genis, que como encargada de compras concedió la adquisición de equipos de radiografía, endoscopia, tomografía y mastografía a empresas fantasma.

Los propios ideólogos de López Obrador admiten públicamente, que el mandatario quiere alimentar la polarización “para que su movimiento no se adormezca ni burocratice”. Lo dice Hernán Gómez, quien incluso califica de “descuidada” la iniciativa de reforma electoral que presentó el gobierno.

 

En suma, el hecho es que el presidente de México ha decidido tomar un derrotero sumamente arriesgado porque su partido se desmorona, no acaba de consolidarse, no tiene formación ideológica, ni convicción. La del 27N será una marcha por la lucha del Poder por el Poder.

Una de dos: o el presidente y su partido no entendieron, o quizá les llegó ya muy claro el mensaje de hartazgo de millones de mexicanos que están cansados de los insultos y los regaños por el sólo hecho de querer vivir sin penurias por el creciente pago de impuestos y por el miedo de que sus hijas e hijos sean violadas o secuestrados.

Una mala señal para el mandatario fue el desangelado desfile de este 20 de noviembre, que pasó desapercibido, casi olvidado, para millones de connacionales que prefirieron sumirse en la magia de un mundial de futbol sumamente cuestionado por celebrarse en un país que, si algo no tiene, son libertades.

El discurso de las dos caras de AMLO

En su discurso, López Obrador defendió a las Fuerzas Armadas, luego de que en el 2017 había prometido regresarlas a sus cuarteles. A contracorriente de aquella campaña de desprestigio, con pancartas guindas con la leyenda “No a la Militarización” ahora dijo que existe “una convivencia estrecha y fraterna entre el pueblo uniformado y el pueblo civil”.

Como candidato, esgrimió el argumento de la represión y la amenaza de los gobiernos conservadores que buscaban apuntalarse en la militarización. Hoy afirma que los militares “son excepcionales” y se han convertido en “pilares fundamentales del estado de Derecho democrático y social”. Las dos caras de su discurso y de su estrategia política.

En el Zócalo de la Ciudad de México, aseguró que con sus reformas, aprobadas por el Congreso mexicano, las Fuerzas Armadas continuarán apoyando en labores de seguridad pública hasta 2028, mientras la Guardia Nacional se termina de consolidar bajo la instrucción militar del Ejército mexicano.

Lo que era malo antes, es bueno ahora. “Estoy seguro de que seguiremos contando con Fuerzas Armadas para defender nuestra soberanía e integridad territorial, y al mismo tiempo, serán garantes de la seguridad pública como cuerpos de paz y de progreso”, dijo López Obrador.

Lee más: El 4º infor-mito de López Obrador, la columna de Jorge Octavio Ochoa

Para la próxima semana, tiene programado emitir un nuevo discurso, arropado en una marcha que, a diferencia de las de antes, estará enmarcada por los contingentes de 22 estados de la república, debidamente “comisionados” por sus gobiernos locales. Trabajadores y burócratas se darán cita.

Está en marcha, pues, un gran operativo de Estado, que va más allá de la simple reestructuración del INE. Busca el achicamiento del adversario, crear a como dé lugar un nuevo sistema basado en un nuevo partido y nuevos correligionarios. El estallido social está en ciernes. El principal incitador será Andrés Manuel López Obrador.

El mensaje a sus fieles es claro: “No sólo votes por el presidente o por la presidenta si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación. Apóyale también votando por los candidatos al Congreso, porque si no, lo van a ningunear”. Hoy recuerda a los suyos que requieren una mayoría aplastante.

Así, montado a pelo en el abuso y la ilegalidad, López Obrador dice cínicamente no recordar lo que dijo, como tampoco se acuerda que, en 2017, él encabezó todo un movimiento contra lo que llamó la militarización. Ahora que naufragan sus proyectos, pretende seguir viendo la cara de idiota a los mexicanos. Pues ya veremos.

 

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Prisión digital: pizca de libertad

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La prisión digital para los migrantes indocumentados en EU es sólo una pizca de libertad, escribe Kau Sirenio

 

Ante el incremento de migrantes en Estados Unidos, el gobierno de Biden solicitó 527 millones de dólares para financiar la prisión digital contra 200 mil inmigrantes

Por Kau Sirenio

El pasado mes de mayo, organizaciones comunitarias que trabajan con la comunidad migrantes en Estados Unidos publicaron el informe Rastreo y Captura: Experiencias de las prisiones digitales de ICEque recoge las experiencias de los migrantes vigilados por grilletes de tobillo, y el sistema de reconocimiento facial a través de la aplicación de SmartLink.

El programa de seguimiento electrónico, conocido como el Programa de Supervisión Intensiva (ISAP), por sus siglas en inglés, mantiene bajo vigilancia constante a más de 227 mil inmigrantes. Al principio de abril de este año, la cifra de personas que tenían este programa incrementó al doble con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos.

“Por el mero hecho de descargar SmartLink y aceptar todos los términos de uso, sentí que estaba dándoles permiso para acceder a todo lo que había en mi teléfono. A pesar de que me habían quitado los grilletes, todavía tenía la sensación de que me observaban, porque básicamente es eso lo que hacen […] No le deseo esto a ningún conocido ni desconocido, porque todos tenemos derecho a ser libres”, narra RC en el informe.

Para leer más del autor: “México debe acabar con el desafío estructural de la desaparición forzada”: CIDH

De acuerdo con el informe de las organizaciones de derechos humanos de los migrantes Alternativas a la detención (ATD), por sus siglas en inglés, el programa de seguimiento electrónico ocasiona daño psicológico a los usuarios por el monitoreo electrónico y la vigilancia constante del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), por sus siglas en inglés.

“El ISAP se presenta como una alternativa al irreparable e inhumano sistema de detenciones de ICE, lo cierto es que no es una alternativa”.

Se lee en el documento de las organizations comunitarias que participaron en la investigación: Community Justice Exchange, la Oficina Africana de Inmigración y Asuntos Sociales (ABISA), Boston Immigration Justice and Accountability Network (BIJAN), Detention Watch Network, Envision Freedom Fund, Freedom for Immigrants, Georgia Latino Alliance for Human Rights (GLAHR), Just Futures Law, La Resistencia, Long Beach Immigrant Rights Coalition (LBIRC), Mijente, Organized Communities Against Deportations (OCAD) y Youth Justice Coalition.

“Puedes caminar, ver personas, incluso quizás entretenerte. Pero es otra forma de encarcelación, porque con esto tu mente nunca está realmente en paz. Se vive con un temor constante en el estómago, se siente vergüenza […] Es un enorme peso”, dice Hassane.

La memoria hace énfasis en las consecuencias que puede traer la vigilancia electrónica de ICE a las personas que usan el grillete o la aplicación móvil SmartLink en especial a las comunidades de inmigrantes. El documento plantea la necesidad de legislar para cambiar la forma de cómo abordar la inmigración. “A pesar de que ICE afirma lo contrario, las prisiones digitales inhiben físicamente y perjudican la salud y el bienestar”.

Lee más: Defensa del INE une a opositores de López Obrador

El ICE busca ejercer control más sofisticado sobre los migrantes, para conseguirlo aumentó toda tipo de detención. En 2004, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por sus siglas en inglés, firmó un contrato para ejecutar el ISAP con B.I. Incorporated, una empresa de tecnología carcelaria que diseñó y vendió dispositivos para rastrear ganado, y subsidiaria de GEO Group. Ambas empresas operan las prisiones privadas en todo el mundo.

“ICE rastrea mi ubicación las 24 horas del día a través de SmartLink. Si la ubicación se apaga, el programa se desconfigura. Es estresante porque uno solo tiene cinco intentos para enviarles una fotografía, pero a veces los cinco intentos fallan. En otras aplicaciones, puedo eliminar el permiso para que usen mi ubicación, y listo […] Esto no es justo. La supervisión no es justa. La detención no es justa” expone D. F.

Mientras que B.I. Incorporated es la única contratista del programa, eso le permitió cobrar miles de millones de dólares por la venta de dispositivos electrónicos carcelarios de inmigrantes y personas sujetas a sistemas penitenciarios.  En los últimos años, ICE compra tecnología de B.I. como grilletes de tobillo, un sistema de reconocimiento facial a través de la aplicación de SmartLink.

 

“El grillete parece que pesa dos kilos. Me provoca dos tipos de dolores. Uno es cuando camino, siento dolor en los huesos que me rompí una vez cuando jugaba fútbol. El segundo dolor es un dolor de cabeza constante, muy raro. […] Para mí es una forma de manipulación. Quieren hacerme parecer la peor persona posible, están tratando de hacer que me rinda, que regrese” explica Samuel en el documento.

El programa carcelario de ICE se usa para la detención de migrantes indocumentados. “La tecnología de verificación de voz, es un sistema de visitas a la oficina, visitas al hogar, restricciones de viaje y confinamiento en casa para detener a inmigrantes en prisiones digitales” revelan los defensores de derechos humanos.

Desde su adquisición, la aplicación móvil SmartLink es la herramienta tecnológica de vigilancia preferida de ICE. De 2019 a abril de 2022, las personas bajo el control de SmartLink en el ISAP pasaron de 12 por ciento a 76 por ciento. Mientras que las oficinas locales de ICE, como las de Baltimore, Dallas, Nueva York y Phoenix, creció a casi 1000 por ciento la cantidad de personas bajo el control de SmartLink solo en el último año.

Ante el incremento de migrantes en Estados Unidos, el gobierno de Biden solicitó $527 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2023, el plan es financiar el programa recrudecer la prisión digital para  200 mil inmigrantes. A finales de marzo de 2022, el ICE ingresó al programa a 200,000 personas. Para finales del año podrían alcanzar  400,000 indocumentados SmartLink.

“Ahora lo supervisan en la aplicación de SmartLink, y no hablamos por temor a que algún día pueda haber represalias. Esta vigilancia es pura discriminación […] A los funcionarios electos que otorgan miles de millones a estas empresas de vigilancia: francamente nos están humillando como seres humanos. Pónganse en nuestros zapatos, no vinimos a hacerle daño a nadie” reclama M.O.

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El informe recoge testimonio de 11 personas que narran cómo las prisiones digitales les cambiaron la vida, en las historias aparecen mexicanos, haitianos, ganeses, hondureños y sudafricanos. Las historias que recogieron las organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos sirven para entender cómo es la vida de un migrante indocumentado bajo proceso de deportación.

Sin embargo, en México el Estado mexicano poco hace para cambiar esta narrativa con los migrantes de los países centroamericanos, así como Colombia, Venezuela y Ecuador. Le corresponde a los legisladores legislar leyes más amigables con los migrantes que cruzan en nuestro país, para que podamos reclamar trato digno a connacionales.

Fuente: Pie de Página

 

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