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Justicia pendiente

Indígenas torturados por ministeriales tras detención de Nestora

Indígenas mixtecos que fungían como policías comunitarios fueron torturados por ministeriales tras detención de Nestora Salgado en Guerrero en agosto 2013

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Familiares de policías comunitarios presos políticos. Foto; Sergo Ferrer

Familiares de policías comunitarios presos políticos. Foto; Sergo Ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Policías ministeriales de Guerrero torturaron a seis policías comunitarios mixtecos que fueron detenidos durante un operativo conjunto ejecutado por policías estatales, federales y militares el 21 de agosto de 2013 en la comunidad de El Paraíso, Ayutla de los Libres.  Allí mismo, los ministeriales sustrajeron a personas que se encontraban en proceso de investigación o reeducación bajo el sistema de justicia indígena que dirige la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Los hechos ocurrieron horas después de la detención de Nestora Salgado García, comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá (adherida a la CRAC-PC), después de que ésta detuvo al síndico procurador de Olinalá al intentar robarse evidencias de un doble homicidio, pero con el sustento legal de atención a denuncias por secuestro presentadas por familiares de personas en reeducación, y luego de que el ex coordinador de la CRAC-PC en San Luis Acatlán afin al gobernador Aguirre Rivero, Eliseo Villar diera el golpe político y emitiera una declaración no validada en asamblea que dejaba presuntamente fuera del sistema comunitario a la Casa de Justicia de El Paraíso, a donde estaban asignados los reeducados.

Según la Recomendación 021/2015 de la Comisión de  los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, emitida en abril,  pruebas periciales comprobaron  la presencia de secuelas de tortura sicológica en integrantes de la Policía Comunitaria efectuada por al menos cuatro policías ministeriales que vulneraron el derecho a la integridad personal de los indígenas.

En los testimonios consultados en el expediente se narra que un grupo de policías comunitarios fueron detenidos, hincados y esposados en el patio de la Casa de Justicia de El Paraíso en tanto que a otros  los sacaron de su domicilio concentrándolos en el lugar advirtiéndoles que si se movían los mataban. Después, efectivos estatales y federales los pusieron boca abajo y les pegaron con la culata de sus armas. Al día siguiente los hicieron pasar por una fila de elementos que les dieron patadas y golpes.

Antes de ser arraigados oficialmente en un hotel de Acapulco, los indígenas fueron amarrados a postes donde varias de las personas sujetas a investigación por parte de la CRAC-PC les pegaron y dieron malos tratos. Los testimonios narran que policías ministeriales serían quienes a dos de los policías comunitarios les colocaron bolsas de plástico en la cabeza, les apretaron el cuello, les abrieron las piernas dejándose caer y les pusieron una pistola en la cien para que dijeran que pedían dinero por liberar a las personas, además de hacerlos firmar hojas en blanco; métodos descritos en el internacional Protocolo de Estambul, los cuales,  dejan huella de horror, según señala la recomendación.

Incluso, dejaron que algunos de los supuestos agraviados por secuestro, les pegaran en las costillas. En resumen; dentro del dictamen pericial se determinó que los quejosos (Q1, Q2, Q3, Q Q5 y Q6) presentaron en los criterios de diagnóstico traumas síquicos por maltrato y trastorno de estrés postraumático. Por ejemplo a Q1 se le diagnosticó angustia y reacción fisiológica al recuerdo de los hechos y severa depresión, a Q2 imágenes intrusivas de maltrato por arma de fuego, angustia, llanto moderado, alteración sicológica, Q4 y Q5 sueños perturbadores y angustia constante; y a Q6 dolor de oído, anhelo del rol familiar, tristeza, depresión y dolor. Sin embargo, no existieron pruebas médicas que permitieran comprobar que también hubo tortura física. Los policías comunitarios no tuvieron permiso, durante su arraigo de mes y medio, para ser visitados ni tampoco recibieron atención médica.

La recomendación a favor de Bernardino García Francisco y otros, está dirigida al fiscal regional de Acapulco David García Muñoz, así como a los policías ministeriales Juan Carlos Brito Morán, Sergio Campillo Díaz, Mario Alberto Peña Rodríguez, Alexander Mejía Rodríguez.

La recomendación no efectúa alguna mención sobre el actuar de efectivos militares y cuerpos policíacos federales, al señalar que compete a  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tal investigación. Lo que sí señala es la existencia de allanamiento de morada, vulneración de la libertad personal (detención arbitraria), de la integridad personal y lesiones por tortura para obtener confesión.

Más cerca de sus familias, pero sin libertad

Es día de visita en la cárcel de Ayutla de los Libres, algunos hombres platican con sus esposas, otros tejen hamacas otros descansan en sus celdas. Entré a una, en la que está Arturo que tiene 45 años, luego de varios minutos se uniría Bernardino de 55, Eleuterio de 32, Florentino de 22, Ángel de 26 y Benito de 32, seis de los siete policías comunitarios encarcelados en la pequeña prisión.

En tu´un savi dialogan brevemente y Eleuterio algo inquieto antes de hablar recoje un tejido blanco que está haciendo para una bolsa y dice que a él la comunidad lo nombró, “a nosotros nos escogieron por ser respetuosos, no beber ni ingerir droga, por eso nos eligieron como policías, dicen chismes de nosotros que somos secuestrados y no es justo, extrañamos a nuestras familias pero parece que esto es un proceso largo, yo me desespero ya quiero salir libre, no hicimos delito”. Él, teje cinturones, mochilas y bolsas con una técnica que aprendió en el penal de Las Cruces en Acapulco.

Teníamos nuestras credenciales que nos acreditaban como policías comunitarios, yo prestaba un servicio a mi pueblo El Paraíso, allá en la cárcel el señor casi se nos muere, en dos ocasiones estuvo grave, dice Eleuterio a lo que agrega Bernardino, quien fuera uno de los coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso, “un día perdí el conocimiento, no supe de mí, estuve enfermo, dos veces pensé que me iba a morir pero afortunadamente no, dicen que era la presión” recordó el hombre  sobreviviente de la masacre de El Charco y a quien le falta un ojo.

Ángel García García, su hijo, tomó un cuaderno y leyó la descripción del sistema de justicia comunitario que tiene escrita, la cual habla también de las leyes que avalan la función de la CRAC-PC y de sus derechos como indígenas, a él como a los demás que eran policías les tocaba trabajar una vez por mes en la guardia.

Los policías comunitarios na savi presos, vinculados a las acusaciones contra Nestora Salgado García son; Arturo Campos Herrera, Benito Morales Justo comandante, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen y Florentino García Castro, Abad Francisco Ambrosio.

Arturo Campos Herrera, promotor de la policía comunitaria, contó que cuando lo detuvieron se impresionó de la cantidad de policías y patrullas que lo detuvieron, cuando lo trasladaron para Acapulco lo mantuvieron en un cuarto aislado y sin comer.

De su ingreso al penal del altiplano (fue el único de ese grupo de comunitarios que enviaron a una cárcel de máxima seguridad) recordó que lo llevaron esposado de manos y pies, lo pusieron bajo una cámara y le gritaban que confesara que él había secuestrado y que pedía dinero por las personas que tenían en El Paraíso, después le pusieron a un perro que le ladraba cerca de la oreja hasta que fue asignado en una celda que estaba video vigilada permanentemente.

Campos Herrera asegura que para él no hay ningún proceso útil de reinserción en ese tipo de prisiones, en las que se violan sus derechos humanos y en dónde muchas veces los criminales aprenden cosas nuevas relacionadas con la delincuencia. “Yo les decía a veces de broma, aquí yo soy el único bueno todos ustedes son malos” recordó sonriente.

Después, mientras los otros policías comunitarios hablan en la plática, aprovechó para mostrarle cariñosamente a su esposa unos dibujos que le hizo y unas cartas que ella le escribió para que las guarde en su casa.

Esposa de Benito Morales recoje madera que cortó para hacer la comida. Foto: Sergio Ferrer

Esposa de Benito Morales recoje madera que cortó para hacer la comida. Foto: Sergio Ferrer

Sus esposas y familiares; con dificultades para sobrevivir

Margarita García Albino es esposa de Benito Morales. Ella nació en Acatepec, y es hablante de tlapaneco y mixteco. En entrevista, relató que tiene tres hijos de 10, 8 y 7 años y que desde que su esposo fue encarcelado ha vivido situaciones adversas habiendo días en los que no han tenido para comer.

Ella conoció a su esposo en un restaurante, contó, mientras dejaba la leña que fue a cortar para su consumo, varias veces le dijo que no obtenía nada de ser policía comunitario porque ese trabajo no es pagado pero él se sentía orgulloso de servir a su comunidad. Aunque ahora lo tiene más cerca y hay más posibilidad para visitarlo, no cuenta siempre con dinero o artículos de higiene personal para poder llevarle.

Una constante que han sufrido las hijas de otro integrante de la CRAC-PC han sido la discriminación, estigmatización, señalamientos y amenazas al verlas solas y con carencias económicas, se han burlado de ellas y ha sido una lucha intensa para ellas que están en libertad al estar caminando a contra corriente y con pocas posibilidades de desarrollo. “Tengo que resistir, hace tiempo nos amenazaron de muerte, a mis hijas las querían maltratar, no es justo, eso también se debió pensar que pasaba con los policías comunitarios que prestaban su servicio ahora están encerrados, queremos que estén fuera, con nosotras”, contó la otra mujer mientras se limpia algunas lágrimas y prepara la comida para su familia.

Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán extorsiona, tortura, y viola derechos humanos, denuncian internos

Ignacio García

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas, amenazas, y extorsiones, pidiéndoles dinero a los internos para no que eviten el maltrato, sin haber sido sancionado por las autoridades federales, pese a 273 amparos en su contra.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado falsamente del delito de homicidio calificado y vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos, y ahora le pide 500 mil pesos para dejarlo en paz.

De acuerdo con Khoury Layón, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como no regresarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 70 testimonios y 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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El Caso Wallace

Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales, que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo.

Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Klahr, “la omisión y el desdén hacia el acceso a la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas, hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática”. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace, y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los ministerios públicos o la confesión bajo tortura.

En entrevista para Los Ángeles Press, Lara Klahr también enfatizó que “el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada, es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del ministerio público investigar, coordinar la investigación, y es facultad del poder judicial determinar si una persona es inocente o culpable”.

Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo sólo la versión de ella y de la PGR. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista, incluso reconocieron varios años más tarde que se habían fabricado pruebas, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas.

Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina de la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón.

Quiénes son estos periodistas

Icela Lagunas

Fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda.

Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de la de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto Wallace en Morelos, donde supuestamente encontraron más víctimas de los “secuestradores”. Según los dichos de Miranda o de su reportera, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga, cuando fueron rescatadas por Isabel Miranda. En esta misma nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como la de una mujer atada a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios (Lizárraga, Guadalupe. El Falso Caso Wallace (Spanish Edition). Amazon. Kindle Edition).

Icela Lagunas publicó también las primeras calumnias contra George Khoury Layón de manera anónima en el mismo periódico El Universal, el 16 de febrero de 2006, y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro de Los señores del narco, bajo el nombre de Anabel Hernández, destacando en un pie de página a Icela Lagunas por su “extenso trabajo de investigación periodística” de 2006 a 2010. Así también fue con César Freyre, a quien presentó como líder de la banda de secuestradores.

Ciro Gómez Leyva

Desde 2006, Ciro Gómez Leyva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la república del padre biológico de Hugo, el doctor Carlos León Miranda.

La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces SIEDO-PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, pero de cromosomas femeninos.

Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte, fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leyva de las evidencias de vida de Hugo Alberto.

Hasta la fecha, Gómez Leyva ha seguido el invariable guion de Isabel Miranda, y por años ha promovido información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales, a través de su asociación Alto al secuestro.

Joaquín López Dóriga

En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió la detención arbitraria de Jael Malagón Uscanga. Lo presentó como “parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace”. Y enfatizó que tenía un “amplio historial delictivo”, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro.

López Dóriga, ese día, exhibió un video de la detención de Jael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz, y su reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freyre. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los “operativos” en Presidente Mazarick,  en Polanco.

Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado la información falsa sobre Jael Malagón, y sin embargo sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ricardo Raphael

Durante más de 12 años, Ricardo Raphael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público (Canal Once), fue parte de la falsa acusación a las víctimas, y en 2012, en El Universal hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX por el Partido de Acción Nacional.

Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Raphael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto, al leer el libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en dos ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal Once.

Cuatro meses después, en abril de 2019, Ricardo Raphael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística.

Ricardo Raphael, además de manipular la información sobre familiares de César Freyre y testigos del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la república con la senadora Nestora Salgado, el 29 de abril de 2019, y lo llamó “pederasta” por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años.

Anabel Hernández

En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freyre, George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín.

Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los señores del narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Khoury Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de “contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia” después de que ella lo visitara en el Reclusorio Oriente, en 2012, para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Khoury obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte de la ONU en septiembre de 2017, y ratificado en 2019, sin que la periodista hasta la fecha haya corregido sus libros.

En mayo de 2012 presentó el libro México en llamas, en CDMX, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda -por primera vez, en público- el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba su confesión y participación en los supuestos hechos (Location 3725, Hernández, 2012), en franca contradicción con uno de los capítulos dedicados a Brenda Quevedo.

Un año después, 2013, pese a la promesa a Khoury Layón de corregir su libro, editaba Narcoland, en inglés, en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre dos de las tres actas de nacimiento que tiene Hugo Alberto Wallace, y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010, video subido a Youtube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno, en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como “heroína”, “alguien a quien México quiere mucho” y destacó como actos dignos de aplauso las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda, junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas.

Durante el programa, Aristegui proyectó el rostro de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y César Freyre Morales. Los llamó secuestradores, sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace y sus capturas contra derecho.

En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU, que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz; al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: “es un honor, Carmen, estar aquí contigo”. Más aún, hasta la fecha Aristegui mantiene en “modo oculto” el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión.

Martín Moreno

Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas.

Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas, por medio de injurias y calumnias, bajo el sello editorial Aguilar.

 

Sanjuana Martínez

Actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la agencia de noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra Isabel Miranda, largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Khoury Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz.

El 29 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador, y también responsable de la edición cortada del video del canal de Youtube, de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda.

Un mes después, Martínez difundió cinco notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador, y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2012.

 

Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios

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