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Justicia pendiente

Indígenas torturados por ministeriales tras detención de Nestora

Indígenas mixtecos que fungían como policías comunitarios fueron torturados por ministeriales tras detención de Nestora Salgado en Guerrero en agosto 2013

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Familiares de policías comunitarios presos políticos. Foto; Sergo Ferrer

Familiares de policías comunitarios presos políticos. Foto; Sergo Ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Policías ministeriales de Guerrero torturaron a seis policías comunitarios mixtecos que fueron detenidos durante un operativo conjunto ejecutado por policías estatales, federales y militares el 21 de agosto de 2013 en la comunidad de El Paraíso, Ayutla de los Libres.  Allí mismo, los ministeriales sustrajeron a personas que se encontraban en proceso de investigación o reeducación bajo el sistema de justicia indígena que dirige la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Los hechos ocurrieron horas después de la detención de Nestora Salgado García, comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá (adherida a la CRAC-PC), después de que ésta detuvo al síndico procurador de Olinalá al intentar robarse evidencias de un doble homicidio, pero con el sustento legal de atención a denuncias por secuestro presentadas por familiares de personas en reeducación, y luego de que el ex coordinador de la CRAC-PC en San Luis Acatlán afin al gobernador Aguirre Rivero, Eliseo Villar diera el golpe político y emitiera una declaración no validada en asamblea que dejaba presuntamente fuera del sistema comunitario a la Casa de Justicia de El Paraíso, a donde estaban asignados los reeducados.

Según la Recomendación 021/2015 de la Comisión de  los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, emitida en abril,  pruebas periciales comprobaron  la presencia de secuelas de tortura sicológica en integrantes de la Policía Comunitaria efectuada por al menos cuatro policías ministeriales que vulneraron el derecho a la integridad personal de los indígenas.

En los testimonios consultados en el expediente se narra que un grupo de policías comunitarios fueron detenidos, hincados y esposados en el patio de la Casa de Justicia de El Paraíso en tanto que a otros  los sacaron de su domicilio concentrándolos en el lugar advirtiéndoles que si se movían los mataban. Después, efectivos estatales y federales los pusieron boca abajo y les pegaron con la culata de sus armas. Al día siguiente los hicieron pasar por una fila de elementos que les dieron patadas y golpes.

Antes de ser arraigados oficialmente en un hotel de Acapulco, los indígenas fueron amarrados a postes donde varias de las personas sujetas a investigación por parte de la CRAC-PC les pegaron y dieron malos tratos. Los testimonios narran que policías ministeriales serían quienes a dos de los policías comunitarios les colocaron bolsas de plástico en la cabeza, les apretaron el cuello, les abrieron las piernas dejándose caer y les pusieron una pistola en la cien para que dijeran que pedían dinero por liberar a las personas, además de hacerlos firmar hojas en blanco; métodos descritos en el internacional Protocolo de Estambul, los cuales,  dejan huella de horror, según señala la recomendación.

Incluso, dejaron que algunos de los supuestos agraviados por secuestro, les pegaran en las costillas. En resumen; dentro del dictamen pericial se determinó que los quejosos (Q1, Q2, Q3, Q Q5 y Q6) presentaron en los criterios de diagnóstico traumas síquicos por maltrato y trastorno de estrés postraumático. Por ejemplo a Q1 se le diagnosticó angustia y reacción fisiológica al recuerdo de los hechos y severa depresión, a Q2 imágenes intrusivas de maltrato por arma de fuego, angustia, llanto moderado, alteración sicológica, Q4 y Q5 sueños perturbadores y angustia constante; y a Q6 dolor de oído, anhelo del rol familiar, tristeza, depresión y dolor. Sin embargo, no existieron pruebas médicas que permitieran comprobar que también hubo tortura física. Los policías comunitarios no tuvieron permiso, durante su arraigo de mes y medio, para ser visitados ni tampoco recibieron atención médica.

La recomendación a favor de Bernardino García Francisco y otros, está dirigida al fiscal regional de Acapulco David García Muñoz, así como a los policías ministeriales Juan Carlos Brito Morán, Sergio Campillo Díaz, Mario Alberto Peña Rodríguez, Alexander Mejía Rodríguez.

La recomendación no efectúa alguna mención sobre el actuar de efectivos militares y cuerpos policíacos federales, al señalar que compete a  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tal investigación. Lo que sí señala es la existencia de allanamiento de morada, vulneración de la libertad personal (detención arbitraria), de la integridad personal y lesiones por tortura para obtener confesión.

Más cerca de sus familias, pero sin libertad

Es día de visita en la cárcel de Ayutla de los Libres, algunos hombres platican con sus esposas, otros tejen hamacas otros descansan en sus celdas. Entré a una, en la que está Arturo que tiene 45 años, luego de varios minutos se uniría Bernardino de 55, Eleuterio de 32, Florentino de 22, Ángel de 26 y Benito de 32, seis de los siete policías comunitarios encarcelados en la pequeña prisión.

En tu´un savi dialogan brevemente y Eleuterio algo inquieto antes de hablar recoje un tejido blanco que está haciendo para una bolsa y dice que a él la comunidad lo nombró, “a nosotros nos escogieron por ser respetuosos, no beber ni ingerir droga, por eso nos eligieron como policías, dicen chismes de nosotros que somos secuestrados y no es justo, extrañamos a nuestras familias pero parece que esto es un proceso largo, yo me desespero ya quiero salir libre, no hicimos delito”. Él, teje cinturones, mochilas y bolsas con una técnica que aprendió en el penal de Las Cruces en Acapulco.

Teníamos nuestras credenciales que nos acreditaban como policías comunitarios, yo prestaba un servicio a mi pueblo El Paraíso, allá en la cárcel el señor casi se nos muere, en dos ocasiones estuvo grave, dice Eleuterio a lo que agrega Bernardino, quien fuera uno de los coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso, “un día perdí el conocimiento, no supe de mí, estuve enfermo, dos veces pensé que me iba a morir pero afortunadamente no, dicen que era la presión” recordó el hombre  sobreviviente de la masacre de El Charco y a quien le falta un ojo.

Ángel García García, su hijo, tomó un cuaderno y leyó la descripción del sistema de justicia comunitario que tiene escrita, la cual habla también de las leyes que avalan la función de la CRAC-PC y de sus derechos como indígenas, a él como a los demás que eran policías les tocaba trabajar una vez por mes en la guardia.

Los policías comunitarios na savi presos, vinculados a las acusaciones contra Nestora Salgado García son; Arturo Campos Herrera, Benito Morales Justo comandante, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen y Florentino García Castro, Abad Francisco Ambrosio.

Arturo Campos Herrera, promotor de la policía comunitaria, contó que cuando lo detuvieron se impresionó de la cantidad de policías y patrullas que lo detuvieron, cuando lo trasladaron para Acapulco lo mantuvieron en un cuarto aislado y sin comer.

De su ingreso al penal del altiplano (fue el único de ese grupo de comunitarios que enviaron a una cárcel de máxima seguridad) recordó que lo llevaron esposado de manos y pies, lo pusieron bajo una cámara y le gritaban que confesara que él había secuestrado y que pedía dinero por las personas que tenían en El Paraíso, después le pusieron a un perro que le ladraba cerca de la oreja hasta que fue asignado en una celda que estaba video vigilada permanentemente.

Campos Herrera asegura que para él no hay ningún proceso útil de reinserción en ese tipo de prisiones, en las que se violan sus derechos humanos y en dónde muchas veces los criminales aprenden cosas nuevas relacionadas con la delincuencia. “Yo les decía a veces de broma, aquí yo soy el único bueno todos ustedes son malos” recordó sonriente.

Después, mientras los otros policías comunitarios hablan en la plática, aprovechó para mostrarle cariñosamente a su esposa unos dibujos que le hizo y unas cartas que ella le escribió para que las guarde en su casa.

Esposa de Benito Morales recoje madera que cortó para hacer la comida. Foto: Sergio Ferrer

Esposa de Benito Morales recoje madera que cortó para hacer la comida. Foto: Sergio Ferrer

Sus esposas y familiares; con dificultades para sobrevivir

Margarita García Albino es esposa de Benito Morales. Ella nació en Acatepec, y es hablante de tlapaneco y mixteco. En entrevista, relató que tiene tres hijos de 10, 8 y 7 años y que desde que su esposo fue encarcelado ha vivido situaciones adversas habiendo días en los que no han tenido para comer.

Ella conoció a su esposo en un restaurante, contó, mientras dejaba la leña que fue a cortar para su consumo, varias veces le dijo que no obtenía nada de ser policía comunitario porque ese trabajo no es pagado pero él se sentía orgulloso de servir a su comunidad. Aunque ahora lo tiene más cerca y hay más posibilidad para visitarlo, no cuenta siempre con dinero o artículos de higiene personal para poder llevarle.

Una constante que han sufrido las hijas de otro integrante de la CRAC-PC han sido la discriminación, estigmatización, señalamientos y amenazas al verlas solas y con carencias económicas, se han burlado de ellas y ha sido una lucha intensa para ellas que están en libertad al estar caminando a contra corriente y con pocas posibilidades de desarrollo. “Tengo que resistir, hace tiempo nos amenazaron de muerte, a mis hijas las querían maltratar, no es justo, eso también se debió pensar que pasaba con los policías comunitarios que prestaban su servicio ahora están encerrados, queremos que estén fuera, con nosotras”, contó la otra mujer mientras se limpia algunas lágrimas y prepara la comida para su familia.

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Sedena identificó a 20 alcaldes de Guerrero con el narcotráfico tras caso Ayotzinapa

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó a 20 alcaldes de Guerrero vinculados con el crimen organizado, después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con un informe elaborado por la Subjetafura de Inteligencia del Estado Mayor que fueron difundidos por Guacamaya Leaks.

El informe reveló que estaban involucrados con el crimen organizado alcaldes de los municipios cercanos a Iguala, como César Miguel Peñaloza de Cocula, Saúl Beltrán Orozco de San Miguel Totolapan, Taurino Vázquez Vázquez de Arcelia, Efraín Peña Damasio de Apaxtla, Rey Hilario Serrano de Coyuca.

También fueron señalados los alcaldes de Tlapehuala, Everardo Wences; Pungarabato, Reynel Rodríguez; de Taxco, Salomón Majul González, de Huitzuco, Norberto Figueroa Almanzo; Buenavista, Elías Salgado; de General Canuto Neri, Eleuterio Aranda; Tlacotepec, Mario Alberto Chávez; Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares; Ixcateopan, Filiberta Hornelia Barrera, así como de Pilcalaya, Sandra Velázquez.

De la misma manera, la Sedena identificó a José Luis Abarca por su cercanía con el cártel de “Guerreros Unidos” en el municipio de Iguala, por lo que enfrenta un proceso penal por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Los ediles señalados forman parte de todos los partidos políticos, pues siete son del Partido de la Revolución Democrática (PRD), otros siete del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tres del Partido Acción Nacional (PAN) y uno del Partido del Trabajo (PT).

La mayoría de los ediles tenían relación con Guerreros Unidos, con los cuales estaban vinculados ocho alcaldes y “La Familia Michoacana” con otros ocho munícipes en 2014, pero la configuración de estas organizaciones criminales se modificó en 2020.

La Sedena estimó la presencia del Cártel del Pacífico, los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia, Caballeros Templarios y Guerreros Unidos que se disputan el control y el tráfico de las drogas en Guerrero.

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Juez vincula a proceso a otros 2 ex funcionarios por colapso de la Línea 12 del Metro

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Dos encargados del Proyecto Metro fueron señalados de ser responsables del colpaso de la Línea 12 del Metro.

Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a otros dos ex funcionarios públicos del Proyecto Metro, por lo cual hasta el momento suman 10 ex servidores públicos señalados por su presunta responsabilidad en el colapso de la Línea 12 del Metro ocurrido el 3 de mayo de 2021.

El juzgador determinó que son responsables el ex director responsable de la construcción, Guillermo “N”, y el ex subdirector de obra civil, Héctor “N”, del colapso de la Línea 12 del Metro, por lo que son acusados de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a propiedad por las 26 personas que fallecieron.

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El juez no fijó medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa, pero tienen prohibido salir del país, y acercarse o tener contacto con las víctimas, por lo que seguirán con su proceso en libertad.

De acuerdo con el juzgador, se fijaron seis meses para la investigación complementaria, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusa a los ex servidores públicos de provocar el colapso de la Línea 12 del Metro por el mal diseño, construcción y uso deficiente de materiales para su edificación.

Las acusaciones de la fiscalía capitalina se centran en fallas de origen, pero no en la falta de mantenimiento de este proyecto de transporte público que estaba en funcionamiento desde 2012 al cierre de la administración de Marcelo Ebrard.

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Los familiares de las víctimas han acusado que hubo responsabilidad de los distintos gobiernos capitalinos, tanto de Marcelo Ebrard por ser el artífice del proyecto, así como de Miguel Ángel Mancera y de Claudia Sheinbaum que no dieron el mantenimiento de este proyecto.

Juez vincula a proceso a 8 ex funcionarios del gobierno capitalino por tragedia de Línea 12

La medida se da tres meses después de que un juez de distrito vinculó a proceso a ocho ex servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México por los delitos de homicidio y lesiones culposas, así como daño a propiedad por el colapso de la Línea 12 del Metro el pasado 26 de mayo de 2021 en el que murieron 26 personas.

El juzgador señaló que hubo responsabilidad de los ex servidores públicos por las fallas que propiciaron la caída del Metro, por lo cual siete de los ochos ex funcionarios formaron parte del Proyecto Metro y la otra fue parte del consorcio constructor de la obra.

 

 

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Especialistas piden que arraigo y prisión preventiva desaparezcan por violar derechos humanos como en caso Tzompaxtle

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La Red Solidaria señaló que la prisión preventiva oficiosa condena a personas que no han tenido una sentencia

 

Especialistas de Red Solidaria Década Contra la Impunidad pidieron que desaparezca la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa en México, debido a que representan una violación de derechos humanos, pues se priva de la libertad a personas que aún no han sido sentenciadas por la presunta comisión de un delito, como sucedió con la detención ilegal de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en enero de 2006.

Ernesto Rodríguez Cabrera, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, dijo en entrevista con Los Ángeles Press que tanto el arraigo y la prisión preventiva oficiosa deben desaparecer en México, debido a que contraviene la convención internacional y fomenta la violación de derechos humanos.

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Carlos Zazueta, especialista en derechos humanos, mencionó que la figura del arraigo está establecida en el artículo 16 constitucional y se trata de aprehensión de una persona por un periodo de entre 40 y 80 días sin la presentación de pruebas, en la cual se pueden presentar otros actos de tortura para que las fiscalías incriminen a los detenidos.

El defensor de derechos humanos expuso que la prisión preventiva oficiosa sólo se aplica a nivel internacional en algunos contextos como son el riesgo real de fuga o la obstaculización del acceso a la justicia, pero en México se aplica de forma general para ciertos delitos, en los que una persona es privada de su libertad en tanto se presentan pruebas en su contra sin recibir sentencia.

Por su parte, Armando Vanegas, representante de Red Solidaria Década contra la Impunidad, recordó que en el caso Tzompaxtle se trató de un caso en el que los jóvenes fueron detenidos por policías federales cuando transitaban en la carretera Ciudad de México-Veracruz sin que se comprobara que hubiesen cometido algún delito.

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Los tres especialistas que defenderán el caso Tzompaxtle contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evidenciar que las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa fomentan las violaciones graves a los derechos humanos, pese a que el gobierno federal se ha opuesto a la desaparición de las mismas.

Refirieron que el caso Tzompaxtle evidenció la detención arbitraria de los jóvenes en 2006, por lo cual el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención y estuvieron arraigados.

Asimismo, enfatizaron que con estas acciones las cárceles se llenaron durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en la actualidad con Andrés Manuel López Obrador.

 

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