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Justicia pendiente

Indígenas torturados por ministeriales tras detención de Nestora

Indígenas mixtecos que fungían como policías comunitarios fueron torturados por ministeriales tras detención de Nestora Salgado en Guerrero en agosto 2013

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Familiares de policías comunitarios presos políticos. Foto; Sergo Ferrer

Familiares de policías comunitarios presos políticos. Foto; Sergo Ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Policías ministeriales de Guerrero torturaron a seis policías comunitarios mixtecos que fueron detenidos durante un operativo conjunto ejecutado por policías estatales, federales y militares el 21 de agosto de 2013 en la comunidad de El Paraíso, Ayutla de los Libres.  Allí mismo, los ministeriales sustrajeron a personas que se encontraban en proceso de investigación o reeducación bajo el sistema de justicia indígena que dirige la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Los hechos ocurrieron horas después de la detención de Nestora Salgado García, comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá (adherida a la CRAC-PC), después de que ésta detuvo al síndico procurador de Olinalá al intentar robarse evidencias de un doble homicidio, pero con el sustento legal de atención a denuncias por secuestro presentadas por familiares de personas en reeducación, y luego de que el ex coordinador de la CRAC-PC en San Luis Acatlán afin al gobernador Aguirre Rivero, Eliseo Villar diera el golpe político y emitiera una declaración no validada en asamblea que dejaba presuntamente fuera del sistema comunitario a la Casa de Justicia de El Paraíso, a donde estaban asignados los reeducados.

Según la Recomendación 021/2015 de la Comisión de  los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, emitida en abril,  pruebas periciales comprobaron  la presencia de secuelas de tortura sicológica en integrantes de la Policía Comunitaria efectuada por al menos cuatro policías ministeriales que vulneraron el derecho a la integridad personal de los indígenas.

En los testimonios consultados en el expediente se narra que un grupo de policías comunitarios fueron detenidos, hincados y esposados en el patio de la Casa de Justicia de El Paraíso en tanto que a otros  los sacaron de su domicilio concentrándolos en el lugar advirtiéndoles que si se movían los mataban. Después, efectivos estatales y federales los pusieron boca abajo y les pegaron con la culata de sus armas. Al día siguiente los hicieron pasar por una fila de elementos que les dieron patadas y golpes.

Antes de ser arraigados oficialmente en un hotel de Acapulco, los indígenas fueron amarrados a postes donde varias de las personas sujetas a investigación por parte de la CRAC-PC les pegaron y dieron malos tratos. Los testimonios narran que policías ministeriales serían quienes a dos de los policías comunitarios les colocaron bolsas de plástico en la cabeza, les apretaron el cuello, les abrieron las piernas dejándose caer y les pusieron una pistola en la cien para que dijeran que pedían dinero por liberar a las personas, además de hacerlos firmar hojas en blanco; métodos descritos en el internacional Protocolo de Estambul, los cuales,  dejan huella de horror, según señala la recomendación.

Incluso, dejaron que algunos de los supuestos agraviados por secuestro, les pegaran en las costillas. En resumen; dentro del dictamen pericial se determinó que los quejosos (Q1, Q2, Q3, Q Q5 y Q6) presentaron en los criterios de diagnóstico traumas síquicos por maltrato y trastorno de estrés postraumático. Por ejemplo a Q1 se le diagnosticó angustia y reacción fisiológica al recuerdo de los hechos y severa depresión, a Q2 imágenes intrusivas de maltrato por arma de fuego, angustia, llanto moderado, alteración sicológica, Q4 y Q5 sueños perturbadores y angustia constante; y a Q6 dolor de oído, anhelo del rol familiar, tristeza, depresión y dolor. Sin embargo, no existieron pruebas médicas que permitieran comprobar que también hubo tortura física. Los policías comunitarios no tuvieron permiso, durante su arraigo de mes y medio, para ser visitados ni tampoco recibieron atención médica.

La recomendación a favor de Bernardino García Francisco y otros, está dirigida al fiscal regional de Acapulco David García Muñoz, así como a los policías ministeriales Juan Carlos Brito Morán, Sergio Campillo Díaz, Mario Alberto Peña Rodríguez, Alexander Mejía Rodríguez.

La recomendación no efectúa alguna mención sobre el actuar de efectivos militares y cuerpos policíacos federales, al señalar que compete a  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tal investigación. Lo que sí señala es la existencia de allanamiento de morada, vulneración de la libertad personal (detención arbitraria), de la integridad personal y lesiones por tortura para obtener confesión.

Más cerca de sus familias, pero sin libertad

Es día de visita en la cárcel de Ayutla de los Libres, algunos hombres platican con sus esposas, otros tejen hamacas otros descansan en sus celdas. Entré a una, en la que está Arturo que tiene 45 años, luego de varios minutos se uniría Bernardino de 55, Eleuterio de 32, Florentino de 22, Ángel de 26 y Benito de 32, seis de los siete policías comunitarios encarcelados en la pequeña prisión.

En tu´un savi dialogan brevemente y Eleuterio algo inquieto antes de hablar recoje un tejido blanco que está haciendo para una bolsa y dice que a él la comunidad lo nombró, “a nosotros nos escogieron por ser respetuosos, no beber ni ingerir droga, por eso nos eligieron como policías, dicen chismes de nosotros que somos secuestrados y no es justo, extrañamos a nuestras familias pero parece que esto es un proceso largo, yo me desespero ya quiero salir libre, no hicimos delito”. Él, teje cinturones, mochilas y bolsas con una técnica que aprendió en el penal de Las Cruces en Acapulco.

Teníamos nuestras credenciales que nos acreditaban como policías comunitarios, yo prestaba un servicio a mi pueblo El Paraíso, allá en la cárcel el señor casi se nos muere, en dos ocasiones estuvo grave, dice Eleuterio a lo que agrega Bernardino, quien fuera uno de los coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso, “un día perdí el conocimiento, no supe de mí, estuve enfermo, dos veces pensé que me iba a morir pero afortunadamente no, dicen que era la presión” recordó el hombre  sobreviviente de la masacre de El Charco y a quien le falta un ojo.

Ángel García García, su hijo, tomó un cuaderno y leyó la descripción del sistema de justicia comunitario que tiene escrita, la cual habla también de las leyes que avalan la función de la CRAC-PC y de sus derechos como indígenas, a él como a los demás que eran policías les tocaba trabajar una vez por mes en la guardia.

Los policías comunitarios na savi presos, vinculados a las acusaciones contra Nestora Salgado García son; Arturo Campos Herrera, Benito Morales Justo comandante, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen y Florentino García Castro, Abad Francisco Ambrosio.

Arturo Campos Herrera, promotor de la policía comunitaria, contó que cuando lo detuvieron se impresionó de la cantidad de policías y patrullas que lo detuvieron, cuando lo trasladaron para Acapulco lo mantuvieron en un cuarto aislado y sin comer.

De su ingreso al penal del altiplano (fue el único de ese grupo de comunitarios que enviaron a una cárcel de máxima seguridad) recordó que lo llevaron esposado de manos y pies, lo pusieron bajo una cámara y le gritaban que confesara que él había secuestrado y que pedía dinero por las personas que tenían en El Paraíso, después le pusieron a un perro que le ladraba cerca de la oreja hasta que fue asignado en una celda que estaba video vigilada permanentemente.

Campos Herrera asegura que para él no hay ningún proceso útil de reinserción en ese tipo de prisiones, en las que se violan sus derechos humanos y en dónde muchas veces los criminales aprenden cosas nuevas relacionadas con la delincuencia. “Yo les decía a veces de broma, aquí yo soy el único bueno todos ustedes son malos” recordó sonriente.

Después, mientras los otros policías comunitarios hablan en la plática, aprovechó para mostrarle cariñosamente a su esposa unos dibujos que le hizo y unas cartas que ella le escribió para que las guarde en su casa.

Esposa de Benito Morales recoje madera que cortó para hacer la comida. Foto: Sergio Ferrer

Esposa de Benito Morales recoje madera que cortó para hacer la comida. Foto: Sergio Ferrer

Sus esposas y familiares; con dificultades para sobrevivir

Margarita García Albino es esposa de Benito Morales. Ella nació en Acatepec, y es hablante de tlapaneco y mixteco. En entrevista, relató que tiene tres hijos de 10, 8 y 7 años y que desde que su esposo fue encarcelado ha vivido situaciones adversas habiendo días en los que no han tenido para comer.

Ella conoció a su esposo en un restaurante, contó, mientras dejaba la leña que fue a cortar para su consumo, varias veces le dijo que no obtenía nada de ser policía comunitario porque ese trabajo no es pagado pero él se sentía orgulloso de servir a su comunidad. Aunque ahora lo tiene más cerca y hay más posibilidad para visitarlo, no cuenta siempre con dinero o artículos de higiene personal para poder llevarle.

Una constante que han sufrido las hijas de otro integrante de la CRAC-PC han sido la discriminación, estigmatización, señalamientos y amenazas al verlas solas y con carencias económicas, se han burlado de ellas y ha sido una lucha intensa para ellas que están en libertad al estar caminando a contra corriente y con pocas posibilidades de desarrollo. “Tengo que resistir, hace tiempo nos amenazaron de muerte, a mis hijas las querían maltratar, no es justo, eso también se debió pensar que pasaba con los policías comunitarios que prestaban su servicio ahora están encerrados, queremos que estén fuera, con nosotras”, contó la otra mujer mientras se limpia algunas lágrimas y prepara la comida para su familia.

Justicia pendiente

Organizaciones exigen frenar violencia contra la activista Susana Prieto

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Por Ignacio García

Integrantes de diferentes organizaciones civiles y colectivos exigieron frenar la persecución política que ha sufrido la activista y abogada Susana Prieto Terrazas, así como al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria y los Servicios (SNITIS) por parte de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua.

Los defensores de derechos humanos señalaron que estos días se llevan a cabo las audiencias de la abogada laborista en Ciudad Juárez, Chihuahua, por impulsar la organización sindical independiente de los trabajadores de la maquila en la zona fronteriza de Tamaulipas y Chihuahua.

Por ello, acusaron que los gobiernos estatales defienden las políticas neoliberales, por lo que cualquier muestra de defensa de los derechos de los trabajadores son castigados, aunado a que las autoridades judiciales han sido “obsequiosas” con los deseos de los empresarios nacionales e internacionales para los intereses que defienden y han fabricado delitos a la activista.
Recordaron que tanto la activista como el sindicato independiente han sido constantemente hostigados y violentados, así como la actitud omisa de las autoridades federales por no haberse reunido con la abogada, quien ha sido criminalizada por los gobiernos de Francisco Cabeza de Vaca y Javier Corral.

Sostuvieron que deben respetarse los derechos como la libre asociación y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la maquila ante los señalamientos de los gobiernos estatales, por lo que anunciaron una nueva jornada obrera por la libertad de la abogada.

Este sábado se llevarán a cabo distintas manifestaciones en varias zonas del país como a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se actúe conforme al Estado de Derecho.

 

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Justicia pendiente

Funcionarios capitalinos son detenidos por nexos con el crimen organizado

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Por Ignacio García

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a un hombre y una mujer que trabajan en la alcaldía Cuajimalpa por posesión de armas y su presunta relación con el grupo delictivo Los Lenin Canchola que operan en la alcaldía de Álvaro Obregón.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Los Lenin Canchola se dedican al narcomenudeo, robo, secuestro y homicidio, por lo que ambos funcionarios fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público federal para que se lleven a cabo las indagatorias.

Los detenidos son identificados como Flor Leticia “N” de 38 años de edad, quien se desempeña como coordinadora del área de Reordenamiento de la Vía Pública de la alcaldía Cuajimalpa y Marco Posadas “N” de 48 años de edad, director de Recursos Naturales.

En la aprehensión se les aseguraron dos radios que sirven de conexión con la alcaldía, así como siete celulares, diez mil pesos en efectivo y el arma de fuego que no tenían permiso para portarla, por lo que se les acusa de dar seguridad a la banda delictiva para la distribución de drogas.

Asimismo, en un aseguramiento en la colonia Lomas de Memetla se aseguraron armas cortas, cartuchos útiles, celulares y 30 dosis de cocaína, así como distinta documentación.

Al respecto, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, aseguró que no permitirán más actos ilícitos en el interior de la alcaldía, por lo que reforzarán los exámenes de control y confianza para que estén en el servicio público personas honestas y capacitadas.

 

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El Caso Wallace

ONU resuelve libertad inmediata a Brenda Quevedo, el segundo caso de los inculpados por Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de Naciones Unidas, resolvió pedir la libertad inmediata y el resarcimiento del daño al Estado mexicano en el caso de Brenda Quevedo Cruz, bajo la Opinión 45/2020, como resultado de la gestión de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), dirigido por el abogado Netzaí Sandoval.

Se trata del segundo caso de los inculpados por Isabel Miranda Torres, que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas ha resuelto por la petición de libertad inmediata al Estado mexicano, después del análisis de graves violaciones de derechos humanos. El primero fue el caso de George Khoury Layón, vinculado al caso Wallace en diciembre de 2010, por Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura, señalado como autor intelectual del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, y exhibido como secuestrador y narcotraficante por medios y periodistas, mientras sufría su cuarta detención arbitraria y tortura el 2 de septiembre de 2009.

En el caso de Brenda Quevedo, este Grupo de Trabajo adoptó la Opinión 45/2020, el 22 de septiembre de 2020, relativa la detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otras violaciones a los derechos humanos, de las cuales fue víctima Brenda para que se incriminara por el mismo falso secuestro y homicidio de Wallace Miranda.

Quevedo Cruz fue detenida y encarcelada en septiembre de 2009, después de que se autorizó su extradición a México, ya que se encontraba  en Chicago, internada en un Centro Correccional. La primera tortura con violencia física y sexual fue el 27 de noviembre de ese año, en el penal de Santiaguito, Estado de México. La segunda tortura fue el 27 de noviembre de 2010, días antes de que Isabel Miranda recibiera el Premio Nacional de Derechos Humanos a manos de Felipe Calderón.

De acuerdo con la información aportada por Defensoría Pública, el análisis del Grupo de Trabajo concluyó que:

  • La detención de Brenda Quevedo Cruz es arbitraria, pues existen graves violaciones a su derecho a un juicio justo.
  • Independientemente de las actuaciones de la defensa en el proceso penal, el Estado mexicano “no ha explicado por qué después de 11 años no se ha concretado el juicio”.
  • Si bien la privación de libertad pudo ser razonable, necesaria y proporcional en 2009, “no puede describirse como tal después de un retraso injustificado en el enjuiciamiento del asunto”, y la demora en el enjuiciamiento es “inaceptablemente larga”, lo que ha hecho que las actuaciones contra Brenda Quevedo sean “fundamentalmente injustas”.
  • Se presentó un caso, a primera vista, creíble sobre los actos de tortura y malos tratos que sufrió Brenda Quevedo, que afectaron su capacidad de participar en su propia defensa.

Además, el Grupo de Trabajo se refirió al caso de Brenda Quevedo “preocupante” al ser uno de los muchos que se le han presentado relacionados a la privación arbitraria de la libertad en México, “lo que podría indicar un problema sistémico que, de continuar, podría constituir una grave violación al derecho internacional, incluso constitutiva de crímenes de lesa humanidad”.

El Grupo de Trabajo pidió –a través de un reconocimiento de inocencia– el 18 de septiembre de 2017, la libertad inmediata de Khoury, y lo ratificó en 2019. De manera similar, en el caso de Brenda Quevedo pide su liberación inmediata y la garantía de su derecho a una indemnización y otras reparaciones, de conformidad con el derecho internacional.

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