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Mexico Violento

Indígenas se suturan los labios por la liberación de sus presos políticos en Chiapas

En huelga de hambre y con los labios saturados protestan indígenas en Chiapas por la represión de sus comunidades. Policías y ejército, victimarios del gobierno de Juan Sabines, denuncian.

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Foto: pozol.org

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chiapas, México.- Desde el 7 de marzo, activistas de diferentes organismos civiles por la liberación de los presos políticos del gobierno de Chiapas iniciaron una huelga de hambre y dos de ellos se han suturado los labios. Su propósito es denunciar que en esta entidad mexicana no hay libertad, y que las comunidades indígenas siguen padeciendo la tortura y la represión por ejercer sus derechos más elementales. En comentario a esta misma nota, enfatizan que están hartos de hablar y de que no se les escuchen sus demandas de justicia.

Entre los 27 presos políticos se encuentra el padre de uno de estos jóvenes que decidió suturarse los labios y ponerse en huelga de hambre para denunciar la represión y hostigamiento del que son objeto las comunidades indígenas. En plantón permanente frente al congreso del estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, los acompañan miembros de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCyP).

El caso de Rosa López Díaz

Rosa López Díaz está presa por un delito que no cometió, denuncian. Y durante las primeras horas de su detención, fue sometida a tortura sexual, física y sicológica para que aceptara autoinculparse. Al igual que ella, hay otras 26 personas en las mismas condiciones, en las cárceles de Chiapas. Son presos políticos del gobierno de Juan Sabines Guerrero.

Foto: pozol.org

La represión gubernamental a las comunidades indígenas es porque exigen se respete su autonomía y sus derechos humanos, así como el principio de la libre autodeterminación. Sin embargo, esta lucha los ha hecho víctimas de una guerra sucia en la que los principales agresores son los policías municipales, del Estado y federales, denuncian a los medios alternativos.

También señalaron los activistas en sus comunicados que Pueblo Nuevo y Ocosingo están militarizados. Y que se incorporando a la huelga de hambre los demás activistas por la liberación de los presos políticos y porque los militares regresen a sus cuarteles.

El caso del profesor Alberto Patishtán

Cabe recordar que el 20 de octubre 2011, aproximadamente a las 02.30 hrs., el Director del penal y custodios sacaron al profesor Alberto Patishtán para trasladarlo al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 08 de Guasave en Sinaloa. Este traslado se da cuando integrantes de la

Alberto Patishtán está preso injustamente, desde el 19 de junio del año 2000. Fue acusado de homicidio calificado, con portación de armas de uso exclusivo del ejército y lesiones calificadas. El juicio fue manipulado y con graves violaciones a sus derechos humanos.

Lo sentenciaron a 60 años de prisión, y los trasladaron, cuatro meses después, el 20 de octubre de 2011, al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 8, de Guasave en Sinaloa.

Foto: pozol.org

El traslado lo decidieron las autoridades, cuando integrantes de los organismos no gubernamentales Voz del Amate y Solidarios/as de la Voz del Amate llevaban 21 días en huelga de hambre al interior del Centro Estatal de Reinserción Social para los Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5) en San Cristóbal de Las Casas.

Por las graves irregularidades en el proceso, sentencia y riesgos a su vida e integridad el caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en agosto de 2010.

Información: Radio Pozol /Pozol Colectivo

Edición: LAPress

Mexico Violento

Playa del Carmen destaca obras de remodelación con inversiones de 107 millones de pesos para reactivar economía

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PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- Todo se encuentra listo para que este miércoles 24 de febrero, en el marco del Día de la Bandera, la presidenta municipal, Laura Beristain Navarrete, entregue las obras de modernización de la Quinta Avenida, calles perpendiculares y el Parque Fundadores, en las que se invirtieron 107 millones de pesos, dando inicio a la reactivación económica de Playa de Carmen luego de más de 11 meses de pandemia por Covid-19.

Estas obras dieron inicio en junio pasado, aprovechando la parálisis económica generada por la emergencia sanitaria, permitiendo la reactivación gradual del sector de la construcción con la generación de 558 empleos directos al tiempo que comenzó la remodelación completa de esta arteria ícono de Solidaridad y del Parque Fundadores, que contempló la obra subterránea y la superficial.

El secretario de Ordenamiento Territorial Municipal y de SustentabilidadDavid Duarte Castilla informó que, por la calidad de los materiales, la obra tendrá una durabilidad de al menos 30 años; además, se logró que todos los locatarios se conectaran al drenaje sanitario evitando que las aguas negras no vayan a parar a la zona costera, que es el principal atractivo del destino.

En esta remodelación el gobierno de Solidaridad invirtió poco más de 107 millones de pesos que contemplaron: mejorar la imagen urbana y el mobiliario de esta calle peatonal, en la que se retiraron adoquines para cambiarlos por baldosas y adocreto que le darán mayor durabilidad; también está la introducción de los servicios subterráneos como el drenaje, cableado de energía eléctrica, cablevisión, Internet, cámaras del C-4, alumbrado con tecnología LED, reforestación con más de 4 mil árboles y plantas nativas; así como rampas, pozos de absorción, jardineras, bancas, entre otros.

Con estas obras, la presidenta municipal Laura Beristain Navarrete cumple con impulsar la reactivación económica para beneficio de los solidarenses, generando condiciones favorables para el sector turístico al recibir a los visitantes con una imagen renovada y mejores servicios.

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Justicia pendiente

Organizaciones denuncian ante CNDH negligencia de la UNAM e IMSS por muerte de estudiante

Ignacio García

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Por Ignacio García

Integrantes del colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos, dirigido por el abogado Víctor Rogelio Caballero, interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la negligencia y violaciones a derechos humanos contra el estudiante de la Facultad de Derecho, Luis Roberto Malagón de Gaona, fallecido el pasado 18 de agosto de 2017.

Por medio de un comunicado, los defensores de derechos humanos señalaron que el caso se mantiene en la impunidad, debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) resolvió que no hubo responsabilidad por el deceso del estudiante universitario, quien falleció en la clínica 8 del IMSS.

De acuerdo con los activistas, hubo responsabilidad de las autoridades institucionales por omisión en la atención adecuada del estudiante, quien se ahogaba en el interior de Ciudad Universitaria y falleció en una de las clínicas del IMSS.

Razón por la cual los inconformes señalaron que tanto el IMSS como la UNAM han violado los derechos a la vida, la justicia, protección frente a la vulnerabilidad de los riesgos, así como el derecho a la libertad de manifestación que sufrió tanto el estudiante acaecido como su madre, María Victoria de Gaona.

Asimismo, exhortaron a la comunidad estudiantil para que acompañen a la familia de la víctima para que la denuncia interpuesta ante la CNDH continúe y se dé seguimiento al caso para que no continúe la impunidad que ha persistido.

De acuerdo con el comunicado público de la organización, el caso se mantiene en la impunidad, desde luego imputable en un primer caso, a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Carpeta de Investigación CI-FAC/AC-3/UI-1 C/D/03686/08-2017), las cuales después de que la familia de Luis Roberto impugnó desde hace más de un año, la resolución emitida por dichas autoridades, en la que señalaron que no había responsabilidad sobre los hechos en los que perdió la vida, no han resuelto absolutamente nada.

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Esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán arrestada por tráfico internacional de drogas en EEUU

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De acuerdo con un boletín de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Emma Coronel Aispuro, esposa del líder del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, fue arrestada hoy en Virginia por cargos relacionados con su presunta participación en el narcotráfico internacional.

Coronel Aispuro, de 31 años, es ciudadana estadounidense, con doble nacionalidad mexicana, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Dulles, en el condado de Virginia. Su comparecencia inicial será en un tribunal federal mañana en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia a través de una videoconferencia.

Según documentos judiciales, Aispuro está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a los Estados Unidos. Además, se alega que Coronel Aispuro conspiró con funcionarios mexicanos para ayudar a Guzmán en su escape del penal del Altiplano, Estado de México, el 11 de julio de 2015.

Después de que Guzmán fuera arrestado nuevamente en México en enero de 2016, se alega que Coronel Aispuro se involucró en la planificación de otra fuga de prisión con otros detenidos antes de la extradición de Guzmán a los Estados Unidos en enero de 2017.

Guzmán Loera fue condenado por un jurado en el Distrito Este de Nueva York en 2019 por su papel como líder del Cártel de Sinaloa.

La acusación de Coronel Aispuro está basada en los cargos de conspiración y distribución de un kilogramo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, 1.000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas por importación ilegal a los Estados Unidos.

El Secretario de Justicia Auxiliar Interino Nicholas L. McQuaid de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y el Subdirector a Cargo Steven D’Antuono de la Oficina de Campo, en Washington, del FBI, dieron el anuncio.

La Oficina de Campo en Washington del FBI está investigando el caso.

El subdirector interino Anthony Nardozzi y la abogada litigante Kate Wagner de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia están procesando el caso.

Una denuncia penal es simplemente una acusación y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

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