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Justicia pendiente

Indígenas nahuas ceden control de retenes a policía estatal

Indígenas nahuas dejaron el control de seguridad a la Policía Estatal de Guerrero después de varias negociaciones, pero advirtieron que seguirán atentos

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Habitantes nahuas de las comunidades adheridas a la Policía Ciudadana y Popular Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.-Habitantes nahuas y personas solidarias de distintos municipios promotores de la UPOEG que instalaron desde el sábado un puesto de autodefensa en el entronque a la carretera Tlapa-Chilpancingo, dejaron el control de la seguridad en manos de la Policía Estatal la cual vigilará de manera permanente esa vía según acordaron con el secretario de gobierno Humberto Salgado.

Un vecino de Chiepetepec aseguró que en una reunión previa del pueblo y anexos, se había acordado entrar a la lucha de manera permanente pero con la visita del alcalde el domingo el panorama cambio para algunos en lo que llamó una acción en contra de la autodefensa pero agregó que policía estatal y municipal vigilan ahora el crucero de la comunidad.

“La organización no es difícil, estaremos atentos desde ahora a cualquier situación irregular que se pueda presentar”, agregó un representante de un comité ciudadano de plan de seguridad que atendería posteriormente el caso de un joven de la comunidad que arrojaba piedras a una secundaria.

Elementos de la Policía Estatal que se encuentran en activo revisando la identidad de conductores y en algunos casos revisión de vehículos, detuvieron cerca de las doce del día en flagrancia a un menor de 18 años que dijo ser integrante de Los Traviesos, un grupo de jóvenes de la comunidad, arrojando piedras a una secundaria.

Al no denunciar ninguna autoridad de manera formal los hechos, personas del pueblo dialogaron con él y su abuela quien mientras escuchaba la situación tejía sombrero de palma.

Otro vecino refirió brevemente que se debe atender la cuestión de convivencia social dentro de la comunidad en la que hay grupos de jóvenes que en ocasiones algunos de ellos se pelean o consumen droga. La gente de La Montaña suele llamar cholos tanto a jóvenes que tiene afinidad con este proceso de mezcla de culturas originado por la migración hasta a personas que son delincuentes.

Policía Ciudadana y Popular Foto: Sergio Ferrer

No se beneficia líder de UPOEG de reuniones con funcionarios asegura

Claudio Ortega Mendoza declaró en entrevista que el rumor de que había pedido dinero para él era falso y señaló que quien lo decía tenía “un desconocimiento total de que la UPOEG que se creó para defender al pueblo, gestionar en favor del pueblo y fue lo que se hizo defender al pueblo, yo también sufrí un asaltos en este camino”.

El dirigente acotó antes de seguir con ese tema que no es una sicosis lo que se vivía en las comunidades, recordó que lo que se hizo fue ante el alto índice de robos que están aconteciendo, “que le pregunten al alcalde Victoriano Wences si no hubiese inseguridad porqué carga militares retirados para su seguridad y personas hábiles en manejo de armas como guardaespaldas?”, sugirió.

El movimiento de autodefensa encontró testimonios de nueve personas que sufrieron asaltos en la franja de carretera de Tlatlauqui a Tlapa incluida la comunidad de Chiepetepec. En Copanatoyac, el fin de semana se registró un asalto a mano armada a 25 personas en Ocotequila.

Ortega Mendoza replicó que el no lucra a nombre del pueblo y sus hermanos indígenas, quien lo diga está equivocado y volvió a solicitar que preguntaran en este caso al gobernador ¿cuántas veces he recibido dinero? Y auto contestó que no lo había hecho sino que le mostraran pruebas.

Lo que sí se pidió a propuesta de personas del pueblo convocadas en el puesto de autodefensa fue solicitar apoyo para su fiesta religiosa del 12 de febrero en honor a la Virgen de Guadalupe, pero como gestión, no se sabía si resultaría lo cual al parecer “incomodó al presidente porque no es de religión católica según me dijo un habitante aunque a mi no me consta cuales sean sus creencias religiosas”, aseguró Ortega Mendoza.

Lo pedido era según el dirigente de UPOEG en La Montaña a quien le fue robada una camioneta de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero con documentación de 19 municipios, algo muy mínimo a razón de que el gobierno del estado ha tenido disposición a cooperar en las fiestas de pueblo como lo prometió a Xalpatláhuac para la fiesta del tercer viernes de cuaresma en honor a Santo Entierro, que es la más grande de la región.

Sin embargo el secretario de gobierno, Humberto Salgado negó el apoyo porque no había capacidad de resolución, aseguraría. Por otra parte en la entrevista con el funcionario que duró hora y media efectuada en Chilpancingo con una comisión nombrada por el pueblo, anexos y UPOEG, se trató el tema de seguridad.

Al final del encuentro se acordaría vigilancia permanente en el tramo carretero de Tlatlauqui a Tlapa. La comisión le prepuso al secretario la instalación de módulos de seguridad en los límites de los municipios teniendo una relación institucional y de coordinación con los presidentes municipales en esa zona es un lugar donde hay varios cruceros.

Esta el de Tlatlauqui que conecta a los municipios de Zapotitlán Tablas, Acatepec y Copanatoyac con la vía que conduce a Tlapa o Chilapa. Asimismo esta el de Tres Caminos que comunica pueblos de Olinalá, Cualac, Huamuxtitlán, Cualac Ahuacotzingo.

Otro sería en Aquilpa y otros lugares cercanos a donde han sucedido asaltos . La comisión regresó la madrugada del lunes a las cuatro diciendo rapidamente los acuerdos suscritos con el gobierno que quedó instalar de forma permanente seguridad estatal entregando en ese momento el resguardo a estatales.

Sin embargo, los pueblos están en alerta máxima para poder accionar si no hay cumplimiento del resguardo permanente de todo ese tramo acordándose habitantes reaccionar de forma conjunta en los cruceros mencionados.

Ortega Mendoza agregó que logró gestionar una entrevista con titular de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero Elva Garzón para darle celeridad a investigaciones de tantos robos de automóviles cometidos en la ciudad de Tlapa.

Indicó que si el alcalde suponía que el se estaba aprovechando le recordó que el se ha beneficiado siendo presidente de la comisión de asuntos indígenas del Congreso quitando por otra parte a quienes venden en las banquetas del centro siendo su manera de sobrevivir y dijo que con pelotas y despensas no se soluciona los problemas de inseguridad.

Sobre la presencia de personas de otros municipios en el retén de Chiepetepec el dirigente señaló que se debió a que en la ciudad de Tlapa se mueve la economía de la región y ahí es donde han sucedido también robos de automóviles.

En Temalacatzingo, voluntarios de la Policía Ciudada y Popular del área comunal nahua perteneciente a Olinalá y ciudadanos escuchan los acuerdos que llegó la PCP, retenidos y familiar en Ayutla. Foto: Sergio Ferrer

Le llaman para decir que estuvo mal lo que hizo

Un ciudadano que denunció irregularidades y exigencia de pagos excesivos en el Ministerio Público de Tlapa reiteró cuestionado por el reportero que un licenciado de apellido Parra le pidió 600 pesos por la copia del expediente tratándolo de una manera no amable cuando ocurrieron los hechos.

Advirtió que ayer fue llamado por presuntos “licenciados” que le dijeron que estuvo mal lo que había hecho. El hombre pidió se revisara bien su caso porque era una persona honesta a la cual el vendedor no le regresó su dinero de la compra ni la factura además de saberse que en la revisión de su vehículo agentes ministeriales fueron directamente a revisar el número de motor del automóvil que compró el cual resultó ser robado.

“No busco conflictos lo que quiero es que se acate la justicia como debe de ser y no existan represalias”, pidió.

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Justicia pendiente

Organizaciones denuncian ante CNDH negligencia de la UNAM e IMSS por muerte de estudiante

Ignacio García

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Por Ignacio García

Integrantes del colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos, dirigido por el abogado Víctor Rogelio Caballero, interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la negligencia y violaciones a derechos humanos contra el estudiante de la Facultad de Derecho, Luis Roberto Malagón de Gaona, fallecido el pasado 18 de agosto de 2017.

Por medio de un comunicado, los defensores de derechos humanos señalaron que el caso se mantiene en la impunidad, debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) resolvió que no hubo responsabilidad por el deceso del estudiante universitario, quien falleció en la clínica 8 del IMSS.

De acuerdo con los activistas, hubo responsabilidad de las autoridades institucionales por omisión en la atención adecuada del estudiante, quien se ahogaba en el interior de Ciudad Universitaria y falleció en una de las clínicas del IMSS.

Razón por la cual los inconformes señalaron que tanto el IMSS como la UNAM han violado los derechos a la vida, la justicia, protección frente a la vulnerabilidad de los riesgos, así como el derecho a la libertad de manifestación que sufrió tanto el estudiante acaecido como su madre, María Victoria de Gaona.

Asimismo, exhortaron a la comunidad estudiantil para que acompañen a la familia de la víctima para que la denuncia interpuesta ante la CNDH continúe y se dé seguimiento al caso para que no continúe la impunidad que ha persistido.

De acuerdo con el comunicado público de la organización, el caso se mantiene en la impunidad, desde luego imputable en un primer caso, a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Carpeta de Investigación CI-FAC/AC-3/UI-1 C/D/03686/08-2017), las cuales después de que la familia de Luis Roberto impugnó desde hace más de un año, la resolución emitida por dichas autoridades, en la que señalaron que no había responsabilidad sobre los hechos en los que perdió la vida, no han resuelto absolutamente nada.

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Justicia pendiente

INAI obliga a la SEP transparentar documentos sobre historial académico de Alfredo Jalife

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Los Ángeles Press

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obligó a la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) a entregar los documentos de aval sobre los estudios profesionales de Alfredo Jalife Rahme Barrios, quien se ha ostentado con distintas especialidades en instituciones públicas.

Por medio de una notificación, el INAI estableció que la SEP realizó una incorrecta clasificación de datos sensibles sobre la petición que solicitó Los Ángeles Press sobre los documentos que respalden los estudios profesionales de Alfredo Jalife, ya que entregó los informes tachando las fechas, el examen profesional, número de título profesional, incluso su lugar de nacimiento, entre otros.

De acuerdo con el INAI, la dependencia federal clasificó mal la información sobre el acta de examen profesional, ya que no cae en ningún supuesto previsto en el artículo 116 de Ley, mientras que en las enmendaduras también clasificó erróneamente la información confidencial el número de acta de nacimiento, pues es un documento público y no recae en ninguna prohibición establecida en el artículo 113 de la Ley.

El 18 de septiembre de 2020, este espacio informativo solicitó en la plataforma de transparencia a la SEP la documentación sobre la cédula profesional como médico cirujano a nombre de Alfredo Jalife Rahme Barrios y la autoridad responsable que validó las documentales para otorgar esos certificados académicos.

Posteriormente, el 14 de octubre la SEP respondió con el oficio de los documentos solicitados pero con datos eliminados como la firma de los particulares, el nombre de los particulares y el interesado, fotografía, número de libro y floja de folio, género y sexo, lugar, fecha y entidad de nacimiento, domicilio particular, nacionalidad, Registro Federal del Contribuyente (RFC), número de folio y de expediente, teléfono, fecha de inicio y terminación de estudios, fecha de examen profesional, servicio social, estado civil y trayectoria académica.

Después el 23 de octubre se interpuso el recurso de revisión por la respuesta emitida por la SEP y el 30 de octubre la Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información del INAI y el 4 de noviembre se acordó tanto a las autoridades educativas como a este espacio informativo sobre la admisión del recurso.

Después del proceso interno, el INAI determinó el pasado 2 de febrero emitir una nueva notificación que ordenó a la SEP la resolución a favor de transparentar los documentos solicitados, pues no vulnera los datos personales del señalado y por ende deberá entrar la información pedida.

 

Documento de Transparencia, primera y última página.

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Defensa de Rosario Robles inicia negociación con FGR para recuperar libertad

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Por Ignacio García

Los abogados de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, iniciaron las negociaciones con la Fiscalía General de la República (FGR) para que recupere su libertad.

Los representantes legales de la ex funcionaria federales entablaron los primeros acercamientos con las autoridades judiciales para que se desarrolle una negociación en la que provea de información en torno a los esquemas de corrupción de la anterior administración federal a cambio de su libertad.

Debido a que Robles es acusada por la FGR de haber desviado más de cinco mil millones de pesos, ha sido procesada penalmente desde hace un año y medio, por lo cual pretende recuperar su libertad como lo hizo su ex compañero de gabinete, Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), que colaboró con las autoridades federales en el caso Odebrecht.

La también ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México manifestó que está dispuesta a declararse culpable de las acusaciones que se la imputan a cambio de obtener beneficios jurídicos para aportar datos sobre la identificación y sanción de todas las personas involucradas en la denominada “Estafa Maestra”.

Con esta medida, la ex servidora pública estaría dispuesta a declarar en contra de otros ex funcionarios de alto nivel de la anterior administración, aunque la defensa legal ha señalado que hasta el momento no se ha contemplado el nombre del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Rosario Robles fue titular de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración de Enrique Peña Nieto, después de haber sido militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual dirigió a nivel nacional, fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México y diputada local.

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