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Justicia pendiente

Indígenas nahuas ceden control de retenes a policía estatal

Indígenas nahuas dejaron el control de seguridad a la Policía Estatal de Guerrero después de varias negociaciones, pero advirtieron que seguirán atentos

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Habitantes nahuas de las comunidades adheridas a la Policía Ciudadana y Popular Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.-Habitantes nahuas y personas solidarias de distintos municipios promotores de la UPOEG que instalaron desde el sábado un puesto de autodefensa en el entronque a la carretera Tlapa-Chilpancingo, dejaron el control de la seguridad en manos de la Policía Estatal la cual vigilará de manera permanente esa vía según acordaron con el secretario de gobierno Humberto Salgado.

Un vecino de Chiepetepec aseguró que en una reunión previa del pueblo y anexos, se había acordado entrar a la lucha de manera permanente pero con la visita del alcalde el domingo el panorama cambio para algunos en lo que llamó una acción en contra de la autodefensa pero agregó que policía estatal y municipal vigilan ahora el crucero de la comunidad.

“La organización no es difícil, estaremos atentos desde ahora a cualquier situación irregular que se pueda presentar”, agregó un representante de un comité ciudadano de plan de seguridad que atendería posteriormente el caso de un joven de la comunidad que arrojaba piedras a una secundaria.

Elementos de la Policía Estatal que se encuentran en activo revisando la identidad de conductores y en algunos casos revisión de vehículos, detuvieron cerca de las doce del día en flagrancia a un menor de 18 años que dijo ser integrante de Los Traviesos, un grupo de jóvenes de la comunidad, arrojando piedras a una secundaria.

Al no denunciar ninguna autoridad de manera formal los hechos, personas del pueblo dialogaron con él y su abuela quien mientras escuchaba la situación tejía sombrero de palma.

Otro vecino refirió brevemente que se debe atender la cuestión de convivencia social dentro de la comunidad en la que hay grupos de jóvenes que en ocasiones algunos de ellos se pelean o consumen droga. La gente de La Montaña suele llamar cholos tanto a jóvenes que tiene afinidad con este proceso de mezcla de culturas originado por la migración hasta a personas que son delincuentes.

Policía Ciudadana y Popular Foto: Sergio Ferrer

No se beneficia líder de UPOEG de reuniones con funcionarios asegura

Claudio Ortega Mendoza declaró en entrevista que el rumor de que había pedido dinero para él era falso y señaló que quien lo decía tenía “un desconocimiento total de que la UPOEG que se creó para defender al pueblo, gestionar en favor del pueblo y fue lo que se hizo defender al pueblo, yo también sufrí un asaltos en este camino”.

El dirigente acotó antes de seguir con ese tema que no es una sicosis lo que se vivía en las comunidades, recordó que lo que se hizo fue ante el alto índice de robos que están aconteciendo, “que le pregunten al alcalde Victoriano Wences si no hubiese inseguridad porqué carga militares retirados para su seguridad y personas hábiles en manejo de armas como guardaespaldas?”, sugirió.

El movimiento de autodefensa encontró testimonios de nueve personas que sufrieron asaltos en la franja de carretera de Tlatlauqui a Tlapa incluida la comunidad de Chiepetepec. En Copanatoyac, el fin de semana se registró un asalto a mano armada a 25 personas en Ocotequila.

Ortega Mendoza replicó que el no lucra a nombre del pueblo y sus hermanos indígenas, quien lo diga está equivocado y volvió a solicitar que preguntaran en este caso al gobernador ¿cuántas veces he recibido dinero? Y auto contestó que no lo había hecho sino que le mostraran pruebas.

Lo que sí se pidió a propuesta de personas del pueblo convocadas en el puesto de autodefensa fue solicitar apoyo para su fiesta religiosa del 12 de febrero en honor a la Virgen de Guadalupe, pero como gestión, no se sabía si resultaría lo cual al parecer “incomodó al presidente porque no es de religión católica según me dijo un habitante aunque a mi no me consta cuales sean sus creencias religiosas”, aseguró Ortega Mendoza.

Lo pedido era según el dirigente de UPOEG en La Montaña a quien le fue robada una camioneta de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero con documentación de 19 municipios, algo muy mínimo a razón de que el gobierno del estado ha tenido disposición a cooperar en las fiestas de pueblo como lo prometió a Xalpatláhuac para la fiesta del tercer viernes de cuaresma en honor a Santo Entierro, que es la más grande de la región.

Sin embargo el secretario de gobierno, Humberto Salgado negó el apoyo porque no había capacidad de resolución, aseguraría. Por otra parte en la entrevista con el funcionario que duró hora y media efectuada en Chilpancingo con una comisión nombrada por el pueblo, anexos y UPOEG, se trató el tema de seguridad.

Al final del encuentro se acordaría vigilancia permanente en el tramo carretero de Tlatlauqui a Tlapa. La comisión le prepuso al secretario la instalación de módulos de seguridad en los límites de los municipios teniendo una relación institucional y de coordinación con los presidentes municipales en esa zona es un lugar donde hay varios cruceros.

Esta el de Tlatlauqui que conecta a los municipios de Zapotitlán Tablas, Acatepec y Copanatoyac con la vía que conduce a Tlapa o Chilapa. Asimismo esta el de Tres Caminos que comunica pueblos de Olinalá, Cualac, Huamuxtitlán, Cualac Ahuacotzingo.

Otro sería en Aquilpa y otros lugares cercanos a donde han sucedido asaltos . La comisión regresó la madrugada del lunes a las cuatro diciendo rapidamente los acuerdos suscritos con el gobierno que quedó instalar de forma permanente seguridad estatal entregando en ese momento el resguardo a estatales.

Sin embargo, los pueblos están en alerta máxima para poder accionar si no hay cumplimiento del resguardo permanente de todo ese tramo acordándose habitantes reaccionar de forma conjunta en los cruceros mencionados.

Ortega Mendoza agregó que logró gestionar una entrevista con titular de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero Elva Garzón para darle celeridad a investigaciones de tantos robos de automóviles cometidos en la ciudad de Tlapa.

Indicó que si el alcalde suponía que el se estaba aprovechando le recordó que el se ha beneficiado siendo presidente de la comisión de asuntos indígenas del Congreso quitando por otra parte a quienes venden en las banquetas del centro siendo su manera de sobrevivir y dijo que con pelotas y despensas no se soluciona los problemas de inseguridad.

Sobre la presencia de personas de otros municipios en el retén de Chiepetepec el dirigente señaló que se debió a que en la ciudad de Tlapa se mueve la economía de la región y ahí es donde han sucedido también robos de automóviles.

En Temalacatzingo, voluntarios de la Policía Ciudada y Popular del área comunal nahua perteneciente a Olinalá y ciudadanos escuchan los acuerdos que llegó la PCP, retenidos y familiar en Ayutla. Foto: Sergio Ferrer

Le llaman para decir que estuvo mal lo que hizo

Un ciudadano que denunció irregularidades y exigencia de pagos excesivos en el Ministerio Público de Tlapa reiteró cuestionado por el reportero que un licenciado de apellido Parra le pidió 600 pesos por la copia del expediente tratándolo de una manera no amable cuando ocurrieron los hechos.

Advirtió que ayer fue llamado por presuntos «licenciados» que le dijeron que estuvo mal lo que había hecho. El hombre pidió se revisara bien su caso porque era una persona honesta a la cual el vendedor no le regresó su dinero de la compra ni la factura además de saberse que en la revisión de su vehículo agentes ministeriales fueron directamente a revisar el número de motor del automóvil que compró el cual resultó ser robado.

“No busco conflictos lo que quiero es que se acate la justicia como debe de ser y no existan represalias”, pidió.

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Justicia pendiente

Juez de EUA sentencia a 9 años de prisión a hijo del Mayo Zambada

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El juez de la Corte Federal del distrito sur de California, Estados Unidos, Danna Sabraw, sentenció a nueve años de prisión a Ismael Zambada Imperial, alìas “El Mayito Gordo”, tercer hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos para que el hijo del Mayo Zambada sea sentenciado por los delitos de importación y distribución de metanfetaminas, cocaína y mariguana de México a Estados Unidos, aunque le restaron los cargos por codirigir una empresa criminal y de lavado de dinero.

Sin embargo, se le tomaron en cuenta los años que ha pasado tras las rejas, pues fue capturado en noviembre de 2014 en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por lo que sólo le restará un año en prisión.

De acuerdo con la fiscalía norteamericana, el Mayito conspiró para transportar la droga y luego lavar y transferir las ganancias a México en beneficio de los integrantes del Cártel de Sinaloa.

El Mayito es el tercer hijo del líder criminal que ha sido procesado penalmente en Estados Unidos, pues en 2009 fue detenido Vicente Zambada Niebla, alías “El Vicentillo”, en México y extaditado un año después a Estados Unidos.

Otro de los hijos del Mayo Zambada procesados penalmente fue Serafín Zambada Ortíz, alías “El Sera”, quien fue detenido en noviembre de 2013, cuando intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en 2013, pero fue liberado en 2018, después de una condena de cinco años por conspiración en el tráfico de metanfetaminas.

El Mayito Zambada fue extraditado en diciembre de 2019 a Estados Unidos, luego de reconocer que formó parte del Cártel de Sinaloa, en donde coordinó el tráfico de drogas a la Unión Americana entre 2014 y 2015.

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Justicia pendiente

Red Solidaria litiga en la Corte Interamericana contra México por caso Tzompaxtle, de detención arbitraria en 2006

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Por primera vez, se lleva a cabo la audiencia pública por el equipo jurídico de la Red Solidaria Década contra la Impunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de detención ilegal y arbitraria en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López por parte de agentes policiales.

Los representantes legales, María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez, Fray Julián Cruzalta, entre otros, han liderado la defensa de las víctimas contra el Estado mexicano, por el arraigo ilegal y la falta de garantías judiciales en el proceso penal que se les siguió en su contra.

En su Informe de Fondo la Comisión concluyó que las víctimas fueron retenidas y requisadas por agentes policiales sin orden judicial y que tampoco se evidenció que fuera posible percibir una situación de flagrancia, se especifica en el documento.

Asimismo, consideró que la retención resultó ilegal y arbitraria, y se agregó en el informe que la posterior requisa del vehículo que llevaban constituyó una afectación al derecho a la vida privada, así como que las víctimas no fueron informadas sobre las razones de su detención ni que fueron llevadas sin demora ante una autoridad judicial.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la figura del arraigo y su aplicación al presente caso, estableciendo que su aplicación “constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar”, señalando que la dicha figura resulta contraria a la Convención Americana y, en el presente caso, constituyó una detención arbitraria.

Finalmente, consideró que el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención, puesto que durante ese tiempo tuvieron lugar diligencias relevantes en donde se recabó prueba en su contra y se dispuso su arraigo.

Con información de la CoIDH.

 

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Fabricación de culpables

George Khoury Layón, torturado en el traslado del Cefereso de Michoacán a Guanajuato, «por denunciar violaciones»

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, privado de su libertad arbitrariamente y torturado por órdenes del empresario en seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, en 2005, 2006 y 2009, de nuevo fue víctima de actos de tortura e incomunicación con golpes y shocks eléctricos, el 12 de junio, dentro del Centro Federal de Rehabilitación Social Número 17, de Michoacán, y en su traslado al penal federal, de Ocampo, Guanajuato.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, bajo el número de la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-MICH/00000067/2021, George Khoury Layón fue “brutalmente golpeado y torturado, entre otras cosas, por medio de toques eléctricos y precisamente por los servidores públicos que en esta carpeta se encuentran denunciados” por un espacio de diez horas, antes del traslado y durante éste, en el trayecto de Michoacán a Guanajuato.

Los mismos servidores públicos denunciados, el subdirector de Seguridad Alejandro Flores y el comandante Roberto Lázaro Echeverría, quienes también tienen acusaciones por acoso laboral de sus oficiales, además por extorsionar a los internos y con carpetas de investigación por denuncias de tortura, como la mencionada, le hicieron saber a Khoury Layón que “lo que le sucedía y le seguiría sucediendo era por haberlos denunciado”.

George Khoury Layón, pese a tener una opinión de libertad por parte del Grupo de Trabajo de Atención Arbitraria de Naciones Unidas, desde septiembre de 2017, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación, desde 2019, y la reciente admisión de su caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2022, se le han suspendido sus derechos humanos, aislándolo e incomunicándolo en el área de Observación, del Cefereso de Guanajuato, para supuestamente vigilar su conducta.

Reconocido como víctima del Estado mexicano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puso quejas por la violación a sus derechos  ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

Desde hace más de dos meses, Khory Layón cumplió el 50 por ciento de la pena por un delito que no cometió, y del que fue imputado en 2012, por la jueza Hermelinda Silva Meléndez sentenciándolo culpable por señalamientos de terceros bajo tortura, pero fue detenido arbitrariamente y torturado desde el 2 de septiembre de 2009, por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), y ya había sufrido dos detenciones arbitrarias, el 16 de julio de 2005 y el 30 de enero de 2006, por órdenes dadas de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol a los mismos policías federales, bajo la gestión de Genaro García Luna.

Denuncias por tortura en el Cefereso #17

12 de abril de 2021

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

19 de julio de 2020

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

22 de julio de 2020

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de julio de 2019

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de mayo de 2019

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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