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Justicia pendiente

Indígenas nahuas ceden control de retenes a policía estatal

Indígenas nahuas dejaron el control de seguridad a la Policía Estatal de Guerrero después de varias negociaciones, pero advirtieron que seguirán atentos

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Habitantes nahuas de las comunidades adheridas a la Policía Ciudadana y Popular Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.-Habitantes nahuas y personas solidarias de distintos municipios promotores de la UPOEG que instalaron desde el sábado un puesto de autodefensa en el entronque a la carretera Tlapa-Chilpancingo, dejaron el control de la seguridad en manos de la Policía Estatal la cual vigilará de manera permanente esa vía según acordaron con el secretario de gobierno Humberto Salgado.

Un vecino de Chiepetepec aseguró que en una reunión previa del pueblo y anexos, se había acordado entrar a la lucha de manera permanente pero con la visita del alcalde el domingo el panorama cambio para algunos en lo que llamó una acción en contra de la autodefensa pero agregó que policía estatal y municipal vigilan ahora el crucero de la comunidad.

“La organización no es difícil, estaremos atentos desde ahora a cualquier situación irregular que se pueda presentar”, agregó un representante de un comité ciudadano de plan de seguridad que atendería posteriormente el caso de un joven de la comunidad que arrojaba piedras a una secundaria.

Elementos de la Policía Estatal que se encuentran en activo revisando la identidad de conductores y en algunos casos revisión de vehículos, detuvieron cerca de las doce del día en flagrancia a un menor de 18 años que dijo ser integrante de Los Traviesos, un grupo de jóvenes de la comunidad, arrojando piedras a una secundaria.

Al no denunciar ninguna autoridad de manera formal los hechos, personas del pueblo dialogaron con él y su abuela quien mientras escuchaba la situación tejía sombrero de palma.

Otro vecino refirió brevemente que se debe atender la cuestión de convivencia social dentro de la comunidad en la que hay grupos de jóvenes que en ocasiones algunos de ellos se pelean o consumen droga. La gente de La Montaña suele llamar cholos tanto a jóvenes que tiene afinidad con este proceso de mezcla de culturas originado por la migración hasta a personas que son delincuentes.

Policía Ciudadana y Popular Foto: Sergio Ferrer

No se beneficia líder de UPOEG de reuniones con funcionarios asegura

Claudio Ortega Mendoza declaró en entrevista que el rumor de que había pedido dinero para él era falso y señaló que quien lo decía tenía “un desconocimiento total de que la UPOEG que se creó para defender al pueblo, gestionar en favor del pueblo y fue lo que se hizo defender al pueblo, yo también sufrí un asaltos en este camino”.

El dirigente acotó antes de seguir con ese tema que no es una sicosis lo que se vivía en las comunidades, recordó que lo que se hizo fue ante el alto índice de robos que están aconteciendo, “que le pregunten al alcalde Victoriano Wences si no hubiese inseguridad porqué carga militares retirados para su seguridad y personas hábiles en manejo de armas como guardaespaldas?”, sugirió.

El movimiento de autodefensa encontró testimonios de nueve personas que sufrieron asaltos en la franja de carretera de Tlatlauqui a Tlapa incluida la comunidad de Chiepetepec. En Copanatoyac, el fin de semana se registró un asalto a mano armada a 25 personas en Ocotequila.

Ortega Mendoza replicó que el no lucra a nombre del pueblo y sus hermanos indígenas, quien lo diga está equivocado y volvió a solicitar que preguntaran en este caso al gobernador ¿cuántas veces he recibido dinero? Y auto contestó que no lo había hecho sino que le mostraran pruebas.

Lo que sí se pidió a propuesta de personas del pueblo convocadas en el puesto de autodefensa fue solicitar apoyo para su fiesta religiosa del 12 de febrero en honor a la Virgen de Guadalupe, pero como gestión, no se sabía si resultaría lo cual al parecer “incomodó al presidente porque no es de religión católica según me dijo un habitante aunque a mi no me consta cuales sean sus creencias religiosas”, aseguró Ortega Mendoza.

Lo pedido era según el dirigente de UPOEG en La Montaña a quien le fue robada una camioneta de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero con documentación de 19 municipios, algo muy mínimo a razón de que el gobierno del estado ha tenido disposición a cooperar en las fiestas de pueblo como lo prometió a Xalpatláhuac para la fiesta del tercer viernes de cuaresma en honor a Santo Entierro, que es la más grande de la región.

Sin embargo el secretario de gobierno, Humberto Salgado negó el apoyo porque no había capacidad de resolución, aseguraría. Por otra parte en la entrevista con el funcionario que duró hora y media efectuada en Chilpancingo con una comisión nombrada por el pueblo, anexos y UPOEG, se trató el tema de seguridad.

Al final del encuentro se acordaría vigilancia permanente en el tramo carretero de Tlatlauqui a Tlapa. La comisión le prepuso al secretario la instalación de módulos de seguridad en los límites de los municipios teniendo una relación institucional y de coordinación con los presidentes municipales en esa zona es un lugar donde hay varios cruceros.

Esta el de Tlatlauqui que conecta a los municipios de Zapotitlán Tablas, Acatepec y Copanatoyac con la vía que conduce a Tlapa o Chilapa. Asimismo esta el de Tres Caminos que comunica pueblos de Olinalá, Cualac, Huamuxtitlán, Cualac Ahuacotzingo.

Otro sería en Aquilpa y otros lugares cercanos a donde han sucedido asaltos . La comisión regresó la madrugada del lunes a las cuatro diciendo rapidamente los acuerdos suscritos con el gobierno que quedó instalar de forma permanente seguridad estatal entregando en ese momento el resguardo a estatales.

Sin embargo, los pueblos están en alerta máxima para poder accionar si no hay cumplimiento del resguardo permanente de todo ese tramo acordándose habitantes reaccionar de forma conjunta en los cruceros mencionados.

Ortega Mendoza agregó que logró gestionar una entrevista con titular de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero Elva Garzón para darle celeridad a investigaciones de tantos robos de automóviles cometidos en la ciudad de Tlapa.

Indicó que si el alcalde suponía que el se estaba aprovechando le recordó que el se ha beneficiado siendo presidente de la comisión de asuntos indígenas del Congreso quitando por otra parte a quienes venden en las banquetas del centro siendo su manera de sobrevivir y dijo que con pelotas y despensas no se soluciona los problemas de inseguridad.

Sobre la presencia de personas de otros municipios en el retén de Chiepetepec el dirigente señaló que se debió a que en la ciudad de Tlapa se mueve la economía de la región y ahí es donde han sucedido también robos de automóviles.

En Temalacatzingo, voluntarios de la Policía Ciudada y Popular del área comunal nahua perteneciente a Olinalá y ciudadanos escuchan los acuerdos que llegó la PCP, retenidos y familiar en Ayutla. Foto: Sergio Ferrer

Le llaman para decir que estuvo mal lo que hizo

Un ciudadano que denunció irregularidades y exigencia de pagos excesivos en el Ministerio Público de Tlapa reiteró cuestionado por el reportero que un licenciado de apellido Parra le pidió 600 pesos por la copia del expediente tratándolo de una manera no amable cuando ocurrieron los hechos.

Advirtió que ayer fue llamado por presuntos “licenciados” que le dijeron que estuvo mal lo que había hecho. El hombre pidió se revisara bien su caso porque era una persona honesta a la cual el vendedor no le regresó su dinero de la compra ni la factura además de saberse que en la revisión de su vehículo agentes ministeriales fueron directamente a revisar el número de motor del automóvil que compró el cual resultó ser robado.

“No busco conflictos lo que quiero es que se acate la justicia como debe de ser y no existan represalias”, pidió.

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Justicia pendiente

Organizaciones exigen frenar violencia contra la activista Susana Prieto

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Por Ignacio García

Integrantes de diferentes organizaciones civiles y colectivos exigieron frenar la persecución política que ha sufrido la activista y abogada Susana Prieto Terrazas, así como al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria y los Servicios (SNITIS) por parte de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua.

Los defensores de derechos humanos señalaron que estos días se llevan a cabo las audiencias de la abogada laborista en Ciudad Juárez, Chihuahua, por impulsar la organización sindical independiente de los trabajadores de la maquila en la zona fronteriza de Tamaulipas y Chihuahua.

Por ello, acusaron que los gobiernos estatales defienden las políticas neoliberales, por lo que cualquier muestra de defensa de los derechos de los trabajadores son castigados, aunado a que las autoridades judiciales han sido “obsequiosas” con los deseos de los empresarios nacionales e internacionales para los intereses que defienden y han fabricado delitos a la activista.
Recordaron que tanto la activista como el sindicato independiente han sido constantemente hostigados y violentados, así como la actitud omisa de las autoridades federales por no haberse reunido con la abogada, quien ha sido criminalizada por los gobiernos de Francisco Cabeza de Vaca y Javier Corral.

Sostuvieron que deben respetarse los derechos como la libre asociación y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la maquila ante los señalamientos de los gobiernos estatales, por lo que anunciaron una nueva jornada obrera por la libertad de la abogada.

Este sábado se llevarán a cabo distintas manifestaciones en varias zonas del país como a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se actúe conforme al Estado de Derecho.

 

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Justicia pendiente

Funcionarios capitalinos son detenidos por nexos con el crimen organizado

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Por Ignacio García

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a un hombre y una mujer que trabajan en la alcaldía Cuajimalpa por posesión de armas y su presunta relación con el grupo delictivo Los Lenin Canchola que operan en la alcaldía de Álvaro Obregón.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Los Lenin Canchola se dedican al narcomenudeo, robo, secuestro y homicidio, por lo que ambos funcionarios fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público federal para que se lleven a cabo las indagatorias.

Los detenidos son identificados como Flor Leticia “N” de 38 años de edad, quien se desempeña como coordinadora del área de Reordenamiento de la Vía Pública de la alcaldía Cuajimalpa y Marco Posadas “N” de 48 años de edad, director de Recursos Naturales.

En la aprehensión se les aseguraron dos radios que sirven de conexión con la alcaldía, así como siete celulares, diez mil pesos en efectivo y el arma de fuego que no tenían permiso para portarla, por lo que se les acusa de dar seguridad a la banda delictiva para la distribución de drogas.

Asimismo, en un aseguramiento en la colonia Lomas de Memetla se aseguraron armas cortas, cartuchos útiles, celulares y 30 dosis de cocaína, así como distinta documentación.

Al respecto, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, aseguró que no permitirán más actos ilícitos en el interior de la alcaldía, por lo que reforzarán los exámenes de control y confianza para que estén en el servicio público personas honestas y capacitadas.

 

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El Caso Wallace

ONU resuelve libertad inmediata a Brenda Quevedo, el segundo caso de los inculpados por Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de Naciones Unidas, resolvió pedir la libertad inmediata y el resarcimiento del daño al Estado mexicano en el caso de Brenda Quevedo Cruz, bajo la Opinión 45/2020, como resultado de la gestión de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), dirigido por el abogado Netzaí Sandoval.

Se trata del segundo caso de los inculpados por Isabel Miranda Torres, que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas ha resuelto por la petición de libertad inmediata al Estado mexicano, después del análisis de graves violaciones de derechos humanos. El primero fue el caso de George Khoury Layón, vinculado al caso Wallace en diciembre de 2010, por Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura, señalado como autor intelectual del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, y exhibido como secuestrador y narcotraficante por medios y periodistas, mientras sufría su cuarta detención arbitraria y tortura el 2 de septiembre de 2009.

En el caso de Brenda Quevedo, este Grupo de Trabajo adoptó la Opinión 45/2020, el 22 de septiembre de 2020, relativa la detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otras violaciones a los derechos humanos, de las cuales fue víctima Brenda para que se incriminara por el mismo falso secuestro y homicidio de Wallace Miranda.

Quevedo Cruz fue detenida y encarcelada en septiembre de 2009, después de que se autorizó su extradición a México, ya que se encontraba  en Chicago, internada en un Centro Correccional. La primera tortura con violencia física y sexual fue el 27 de noviembre de ese año, en el penal de Santiaguito, Estado de México. La segunda tortura fue el 27 de noviembre de 2010, días antes de que Isabel Miranda recibiera el Premio Nacional de Derechos Humanos a manos de Felipe Calderón.

De acuerdo con la información aportada por Defensoría Pública, el análisis del Grupo de Trabajo concluyó que:

  • La detención de Brenda Quevedo Cruz es arbitraria, pues existen graves violaciones a su derecho a un juicio justo.
  • Independientemente de las actuaciones de la defensa en el proceso penal, el Estado mexicano “no ha explicado por qué después de 11 años no se ha concretado el juicio”.
  • Si bien la privación de libertad pudo ser razonable, necesaria y proporcional en 2009, “no puede describirse como tal después de un retraso injustificado en el enjuiciamiento del asunto”, y la demora en el enjuiciamiento es “inaceptablemente larga”, lo que ha hecho que las actuaciones contra Brenda Quevedo sean “fundamentalmente injustas”.
  • Se presentó un caso, a primera vista, creíble sobre los actos de tortura y malos tratos que sufrió Brenda Quevedo, que afectaron su capacidad de participar en su propia defensa.

Además, el Grupo de Trabajo se refirió al caso de Brenda Quevedo “preocupante” al ser uno de los muchos que se le han presentado relacionados a la privación arbitraria de la libertad en México, “lo que podría indicar un problema sistémico que, de continuar, podría constituir una grave violación al derecho internacional, incluso constitutiva de crímenes de lesa humanidad”.

El Grupo de Trabajo pidió –a través de un reconocimiento de inocencia– el 18 de septiembre de 2017, la libertad inmediata de Khoury, y lo ratificó en 2019. De manera similar, en el caso de Brenda Quevedo pide su liberación inmediata y la garantía de su derecho a una indemnización y otras reparaciones, de conformidad con el derecho internacional.

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