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Justicia pendiente

Indígenas en Chiapas denuncian cómo fueron torturados por policías locales

Antonio Estrada Estrada y Miguel Vázquez Deara, indígenas de Chiapas, denuncian que los obligaron a autoinculparse bajo tortura y les “sembraron” armas como evidencia por participar en La Otra Campaña.

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Desde Nueva York, se solidarizan con los presos políticos en Chiapas Foto: radiopozol.org

SAN SEBASTIAN BACHAJÓN, Chiapas.- Antonio Estrada Estrada y Miguel Vázquez Deara, pobladores de este ejido tzeltal y adherentes de La Otra Campaña, se encuentran presos en los penales de Ocosingo y Catazajá, luego de haber sido torturados por miembros de la Policía Preventiva y Judicial del Estado para obligarlos a autoinculparse como asaltantes.

Sus testimonios fueron entregados recientemente a los medios de comunicación por sus familiares, para denunciar la práctica de tortura y fabricación de delitos en esta entidad de sureste mexicano. Los representantes del ejido sostienen que las víctimas son inocentes y los consideran “presos políticos” porque sus familias participan en el movimiento político de oposición La Otra Campaña.

Vázquez Deara está en el penal de Ocosingo desde septiembre pasado, y Antonio Estrada en Playas de Catazajá desde agosto. Antonio relata que el 7 de agosto fue detenido cerca de su casa por cinco agentes encapuchados “y un comandante” (como lo identificaban por el radio). “Me taparon con una playera, me esposaron y subieron a la góndola de su patrulla, boca abajo y las manos atrás. Me preguntaban si yo era el que asaltaba siempre, me golpearon las costilla; amenazaron con tirarme un balazo en la cabeza y me iban a envolver en una colchoneta para echarme en un basurero”.

En el trayecto a Palenque lo siguieron golpeando. Allá lo entregaron a “los judiciales”, que le descubrieron la cara “y de inmediato me dieron una cachetada como para no identificar a la persona porque se me oscureció la vista, y me vendaron los ojos bien fuerte”. Conserva una cicatriz de 5 centímetros en el tabique nasal. “Me colocaron una bolsa en la cabeza para asfixiarme y me desmayé”. Insistían en que “confesara”. “Cuando me recuperé me volvieron a poner la bolsa. Posteriormente me metieron en un tambo lleno de agua, me sacaron y tiraron en el piso, golpeándome detrás de la cabeza, no sé si para recuperarme o no morirme”.

Los agentes le advirtieron “que del castigo no había pasado ni la cuarta parte, que todavía faltaba”. Después “me colocaron un trapo tapándome la nariz y la boca, sosteniéndolo por atrás dejaban caer agua en el trapo para que cuando respirara entrara el agua en mi nariz y boca, en caso de que quisiera hablar me decían que moviera la cabeza y para decir que soy el que asalta. Dije que no, me volvieron a aplicar el castigo. Sentía la muerte. Di señal de que quería hablar mientras me golpeaban la cabeza, y logré negar todavía. La tercera ya no aguanté”.

Al interrogarlo sobre sus “cómplices”, Antonio mencionó a Santiago y Pascual Gómez Moreno, de Xanil. “Se sabe en mi pueblo que sí se dedican al asalto”. Los policías anunciaron un cateo en casa de Santiago. “Me llevaron a Ocosingo” y de ahí a Xanil. “No lo encontraron, le habían dado el pitazo”.

En el banco de arena lo desvendaron para que indicara el lugar de los asaltos. Pocos días antes había ocurrido uno allí. Volvió a negar. “Me empezaron a golpear el estómago, los oídos y a patadas mis nalgas”. Encadenado de pies y manos, lo vendaron nuevamente y escuchó a los agentes arrastrar un tronco a media carretera. “En ese momento no me di cuenta por la venda en los ojos, pero cuando vi el expediente, vi la foto de una camioneta RAM blanca con las puertas abiertas, a la que cubrieron su número con cinta canela, haciendo parecer como que fue asaltada; en la foto no aparezco”. Le sembraron una pistola, dos machetes y un pasamontañas.

De vuelta en Palenque, lo presentaron ante el Ministerio Público (MP). En el separo, el MP y los peritos ya tenían armado el documento, no me pidieron declaración, sólo me amenazaban que si no firmaba me golpearía, y por temor firmé los papeles”.

 Información: EZLN

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Justicia pendiente

Organizaciones exigen frenar violencia contra la activista Susana Prieto

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Por Ignacio García

Integrantes de diferentes organizaciones civiles y colectivos exigieron frenar la persecución política que ha sufrido la activista y abogada Susana Prieto Terrazas, así como al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria y los Servicios (SNITIS) por parte de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua.

Los defensores de derechos humanos señalaron que estos días se llevan a cabo las audiencias de la abogada laborista en Ciudad Juárez, Chihuahua, por impulsar la organización sindical independiente de los trabajadores de la maquila en la zona fronteriza de Tamaulipas y Chihuahua.

Por ello, acusaron que los gobiernos estatales defienden las políticas neoliberales, por lo que cualquier muestra de defensa de los derechos de los trabajadores son castigados, aunado a que las autoridades judiciales han sido “obsequiosas” con los deseos de los empresarios nacionales e internacionales para los intereses que defienden y han fabricado delitos a la activista.
Recordaron que tanto la activista como el sindicato independiente han sido constantemente hostigados y violentados, así como la actitud omisa de las autoridades federales por no haberse reunido con la abogada, quien ha sido criminalizada por los gobiernos de Francisco Cabeza de Vaca y Javier Corral.

Sostuvieron que deben respetarse los derechos como la libre asociación y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la maquila ante los señalamientos de los gobiernos estatales, por lo que anunciaron una nueva jornada obrera por la libertad de la abogada.

Este sábado se llevarán a cabo distintas manifestaciones en varias zonas del país como a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se actúe conforme al Estado de Derecho.

 

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Justicia pendiente

Funcionarios capitalinos son detenidos por nexos con el crimen organizado

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Por Ignacio García

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a un hombre y una mujer que trabajan en la alcaldía Cuajimalpa por posesión de armas y su presunta relación con el grupo delictivo Los Lenin Canchola que operan en la alcaldía de Álvaro Obregón.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Los Lenin Canchola se dedican al narcomenudeo, robo, secuestro y homicidio, por lo que ambos funcionarios fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público federal para que se lleven a cabo las indagatorias.

Los detenidos son identificados como Flor Leticia “N” de 38 años de edad, quien se desempeña como coordinadora del área de Reordenamiento de la Vía Pública de la alcaldía Cuajimalpa y Marco Posadas “N” de 48 años de edad, director de Recursos Naturales.

En la aprehensión se les aseguraron dos radios que sirven de conexión con la alcaldía, así como siete celulares, diez mil pesos en efectivo y el arma de fuego que no tenían permiso para portarla, por lo que se les acusa de dar seguridad a la banda delictiva para la distribución de drogas.

Asimismo, en un aseguramiento en la colonia Lomas de Memetla se aseguraron armas cortas, cartuchos útiles, celulares y 30 dosis de cocaína, así como distinta documentación.

Al respecto, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, aseguró que no permitirán más actos ilícitos en el interior de la alcaldía, por lo que reforzarán los exámenes de control y confianza para que estén en el servicio público personas honestas y capacitadas.

 

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