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Justicia pendiente

Indígenas de La Montaña denuncian falsa ayuda del gobierno mexicano

Representantes de la Montaña Guerrero viajarán al Distrito Federal para denunciar que la ayuda ofrecida del gobierno federal no ha llegado después de un mes

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La Montaña Guerrero. Foto: cimac.org

La Montaña Guerrero. Foto: cimac.org

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Al menos 50 representantes del Consejo de Comunidades Afectadas de la Montaña de Guerrero acudirán el miércoles a la Ciudad de México para denunciar la lentitud y trato insensible que han recibido por parte de representantes de los tres niveles de gobierno a más de un mes de registradas severas afectaciones por el paso de los huracanes Ingrid y Manuel.

Fulgencio Ortega, aseguró que la caravana de indígenas tendrá entre sus objetivos “denunciar la situación que viven en la Montaña alta para buscar resolver los problemas que persisten en la zona, porque cada semana es lo mismo, nos dicen que trabaja la SCT, la Sagarpa y más, pero en los pueblos no vemos nada parece una burla”, señaló el campesino.

Lo anterior se da por la inoperancia que han mostrado instituciones como la Sedatu o Sagarpa ya que por ejemplo, representantes de la Sedeso Federal informaron que solo había censado cuatro municipios de La Cañada, dejando de lado los que fueron más afectados, afirmó Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, ONG que ha coordinado las reuniones entre representantes de pueblos y gobierno federal.

Barrera Hernández confirmó que la gente está desesperada por ver acciones que reviertan el proceso de destrucción ocasionado por las tormentas, ya que las acciones del gobierno no están siendo totalmente favorables. Una de estas situaciones es el déficit de granos básicos, no hay posibilidad de abasto en lo inmediato además de que la cosecha en muchas comunidades será nula pero a pesar de eso no hay un programa emergente de abasto de granos.

Para el antropólogo es necesario que las autoridades busquen soluciones para que no se origine un conflicto mayor porque también han denunciado que los alcaldes continúan en su dinámica de ignorar a las comunidades, darles la espalda al no convocarlas ni hacer público la forma en que se manejará el presupuesto asignado por la Federación luego del desastre en el que se vieron afectados familias, cultivos, casas, caminos.

También, ha existido por parte de los presidentes municipales un uso faccioso de las despensas, no está claro la situación de los desplazados, no existe certeza de los censos de vivienda y cultivos al no haber sensibilidad de los encuestadores, por lo que la gente en la asamblea del sábado expresó su malestar porque la situación está estancada, indicó Barrera Hernández.

Por su parte, Ortega apuntó que los pueblos deberán estar vigilantes del anuncio del gobernador de involucrar a personas cercanas al tema minero para incursionar en la montaña aparentemente para ayudar, que sea la asamblea en conjunto la que tenga el trato con el gobierno y, adelantó que en la movilización del miércoles buscarán entregar sus demandas y propuestas a la Presidencia de la República.

 

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Justicia pendiente

Senado aprueba eliminar el fuero presidencial

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Por Ignacio García

El Senado de la República aprobó en lo general la eliminación del fuero presidencial, por lo que serán enviados los dictámenes a los Congresos locales de los estados y se requieren que sea aprobado por 17 para que entren en vigor en el país y se establezca en la Constitución.

Los senadores de la bancada mayoritaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acordaron con la oposición impulsar la reforma para la eliminación del fuero presidencial, así como retirar la inmunidad procesal de los legisladores federales.

La minuta de la Cámara de Diputados que en el artículo 108 señala que el presidente de la República podrá ser juzgado en sus funciones por traición a la patria, delitos de corrupción y electorales, así como cualquier otro delito.

Con esta nueva modificación, también se contempla imputar por los mismos delitos a los diputados federales y senadores para que puedan ser castigados por cualquier irregularidad en sus servicios públicos.

La medida contempla la posibilidad de iniciar los procedimientos penales contra el jefe del Ejecutivo federal en caso de que se compruebe su presunta participación en actos ilícitos durante su ejercicio en la función pública, así como a los legisladores federales.

Con esta modificación se contemplan iniciar procedimientos contra el jefe del Ejecutivo federal en la actualidad, así como a los expresidentes de la República que han sido señalados por actos de corrupción como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.

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Justicia pendiente

UIF investiga a Luis Videgaray por corrupción

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Por Ignacio García

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación al ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, por presunta corrupción durante su gestión en el gobierno federal.

Luego de las acusaciones del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, sobre la presunta responsabilidad del exfuncionario federal en los actos de corrupción con la empresa Odebrecht, así como el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

La UIF, encabezada por Santiago Nieto, investiga las presuntas responsabilidades de Videgaray como principal orquestador de la triangulación de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en las que participó Rosario Robles, y quien ha manifestado su intención de colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR).

La unidad financiera busca determinar las irregularidades en las cuentas de Luis Videgaray, ya que ha sido señalado como uno de los principales responsables de los actos de corrupción cometidos en la administración de Enrique Peña Nieto, por lo que la FGR integra una indagatoria correspondiente.

La UIF realiza indagatorias de los manejos financieros de Luis Videgaray desde hace diez años, periodo en el que el exfuncionario federal formaba parte de la administración de Enrique Peña Nieto en el gobierno del Estado de México para posteriormente situarse como uno de los personajes más cercanos a la gestión federal.

Luis Videgaray es uno de los personajes más cercanos a Enrique Peña Nieto y quien presuntamente fue el que ordenó sobornar a los legisladores federales para aprobar la reforma energética en 2013, para permitir el ingreso la empresa brasileña Odebrecht.

 

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Justicia pendiente

Rosario Robles acepta colaborar con la FGR para obtener beneficios

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Por Ignacio García

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) para obtener beneficios en una sentencia condenatoria.

De acuerdo con la defensa legal de la exfuncionaria federal, busca acogerse a la figura legal de criterio de oportunidad que implica la extinción de la persecución penal a cambio de información.

La exservidora pública es señalada por su presunta responsabilidad en el ejercicio indebido del servicio público por el desvío de cinco mil 73 millones 358 mil 846 pesos en el esquema denominado como “La Estafa Maestra”.

Un juez giró una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que este delito amerita prisión preventiva oficiosa y por ello pretende permanecer menos tiempo tras las rejas.

Según la defensa legal de Robles, no desea permanecer toda su vida en la cárcel y por ello manifestó sus intenciones de colaborar con la FGR para delatar a las personas que también estuvieron involucradas en el lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

Los abogados de Rosario Robles aseguraron que tanto el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, como el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, abandonaron a la exfuncionaria federal, por lo que accedió a convertirse en testigo colaboradora.

Rosario Robles fue responsable de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la administración de Enrique Peña Nieto, luego de haber militado en la izquierda con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido que encabezó y también fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

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