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Indígenas de Colombia piden liberar sus tierras

Indígenas piden al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que sus tierras dejen de ser espacio de la guerra entre las FARC y ejército

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Indígenas esperan al presidente de Colombia Foto: Constanza Vieira /IPS

Por Constanza Vieira

PIENDAMÓ, Colombia (IPS).- Finalmente, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llegó el miércoles 15 a escuchar a miles de indígenas que permanecían concentrados desde cinco días antes en el territorio de diálogo de La María, en el municipio Piendamó, suroccidental departamento del Cauca.

Este periodista supo que Santos decidió venir contrariando la posición unánime de su gabinete. “Me nació estar aquí hoy”, “por convicción”, dijo el mandatario de centroderecha.

Su ministro del Interior, Federico Renjifo, condujo por el gobierno el tira y afloje de un mes de negociaciones y al anochecer del martes 14, cuando se hizo oficial la llegada del presidente, manifestó: “Me siento feliz de estar aquí… Estos son pueblos que quieren vivir en paz”.

Los indígenas del norte del Cauca reclaman que los actores armados del conflicto iniciado en 1964, la guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ejército y la policía, dejen de guerrear en sus territorios.

Según sus cuentas, más de 2.500 civiles fueron afectados por ese enfrentamiento en el último año y medio en esta zona, y un centenar de ellos murieron. La María es un resguardo (predio de propiedad colectiva indígena) del pueblo misak o guambiano, que limita al sur con el territorio de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN), habitado por una mayoría nasa.

Para cuidar al mandatario se instalaron cuatro controles de seguridad para ingresar a este lugar, designado por los indígenas en 1999 como de “convivencia, diálogo y negociación”.

Los tres primeros eran manejados por la Guardia Indígena, un cuerpo de vigilancia tradicional cuyos miembros, hombres y mujeres, llevan al cuello pañoletas rojas y verdes y van armados solo de bastones de mando.

En el último control la situación cambiaba y era la policía la que pasaba a revisar a quienes ingresaban al encuentro con apoyo de la Guardia Indígena. La Guardia Indígena esculcaba todo. Miraba dentro de cada recipiente. Extraía cada objeto de morrales y carteras, volteaba bolsillos hacia afuera.

“Ellos no conocen las normas para requisar”, dijo en tono comprensivo a una policía que observaba la escena en el primer control, en un camino de tierra que sube una colina desde la Carretera Panamericana hasta la alta enramada de unos 120 por 40 metros, con tejas de zinc y parales de guadua (una especie de caña andina), donde se reúnen asambleas indígenas gigantescas.

La uniformada comentó que, antes del mediodía, la Guardia Indígena encontró una granada en el bolso de un hombre. El sujeto intentó huir, pero lo capturaron. El incidente se mantuvo en sordina para no frustrar la esperada visita de Santos.

Los indígenas calculaban que recibieron a Santos 18.000 personas. Un observador, que relató a IPS los entresijos de la compleja negociación previa, calculó que en La María había 8.000 indígenas. Y un funcionario de seguridad de la Presidencia los redujo a 7.000.

“Los veo muy bien organizados”, agregó este último, “realmente tienen control del perímetro”. La incidencia de filigrana que logró el paso simple, pero significativo, de que el presidente llegara a La María fue adelantada, principalmente, por el sacerdote Francisco De Roux, provincial de la Compañía de Jesús en Colombia.

La evidente presión diplomática se tradujo en la presencia de Bruno Moro, coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, y de Todd Howland, director de la oficina local de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Estamos aquí para facilitar que este diálogo continúe y dé resultados que mejoren la vida del pueblo indígena”, expresó Howland.

“Es bastante importante esta movilización… Ellos conocen sus derechos, están expresándose de manera pacífica para generar un cambio, y también hay una respuesta del Estado para escucharlos”, dijo.

“Está claro que 80 por ciento de la población, que vive en los centros urbanos, está disfrutando la paz”, aseveró, y por ello “muchos en Colombia no entienden que el conflicto armado está afectando a la población rural”.

“Y los indígenas están diciendo: ya basta de este conflicto. Tienen que tomarnos en cuenta a nosotros, en razón de lo que está pasando en nuestro territorio”, indicó el diplomático.

Se supo que, durante la discusión previa de la agenda, quedó claro que a Santos le interesaba debatir los temas humanitarios y la propuesta de paz del movimiento indígena.

 Coincidía en ello con los principales líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y una de sus filiales regionales, la ACIN.

 Los indígenas también fueron advertidos de que el presidente no tomaría decisiones ante la asamblea, sino que iba a escuchar su propuesta, como en efecto ocurrió. Santos prefería que otros temas, promovidos sobre todo por los gobernadores de los cabildos, como salud y educación propias, o la necesidad de ampliar los resguardos, fueran tratados en mesas sectoriales y no en la plenaria de La María.

Durante esa discusión previa, el lunes 13, hubo amagos del tipo “todo o nada” por parte de un sector de los aborígenes. Finalmente, se impuso la corriente que presionaba por hablar de “todo”, es decir, la agenda humanitaria y la llamada agenda estructural.

Así, a lo largo de dos horas y cinco minutos, los indígenas expusieron los grandes asuntos que les inquietan: desde los combates en sus territorios hasta la reglamentación de su autonomía, fijada en la Constitución de 1991 pero postergada desde entonces, pasando por el imperativo de preservar sus culturas a través de la educación y la atención de salud.

Casi todos estos temas fueron expuestos en pocos minutos por distintos dirigentes que tomaron la palabra con disciplina y puntualidad. Sin embargo, imperaron los enunciados generales y no los detalles. Cuando el presidente intervino y no anunció decisiones concretas, sobrevinieron unos 10 minutos finales que aparentemente se salieron del protocolo pactado, pues así lo reclamó el propio Santos.

Los portavoces indígenas condicionaron la subsiguiente negociación a través de “mesas integrales” con el Poder Ejecutivo a que “no haya más agresiones de las Fuerzas Militares en los territorios indígenas; que no tengamos más víctimas”.

Santos rechazó el señalamiento, aunque antes había pedido “perdón” genéricamente por las víctimas de “ovejas negras” dentro de las instituciones. A través de Jesús Chávez, consejero mayor del CRIC, los aborígenes trataron de que Santos concretara.

El primer punto planteado es la abolición del reconocimiento jurídico a una asociación indígena paralela, creada en 2009 a partir de un grupo evangélico por el entonces presidente Álvaro Uribe y financiada por el ejército, según una fuente cuyo nombre se reserva.

“Queremos que sea ya”, dijo Chávez entre aplausos y vítores. El segundo punto pide instruir “en este mismo momento” la anulación de títulos mineros en territorios indígenas, concedidos inconsultamente durante el gobierno del derechista Uribe (2002-2010).

Y el tercero plantea “que avancemos decididamente a parar la guerra en el Cauca, que nos está matando. No queremos más disparos en los territorios indígenas”, clamó Chávez.

El dirigente pidió a Santos que ordene a sus fuerzas que se retiren del cerro sagrado Berlín, de donde en julio los indígenas desalojaron, a empujones y por unas horas, una base militar.

Chávez subrayó: “Que quede claro, señor presidente. No estamos pidiendo que la fuerza pública se retire de Toribío, sino del cerro sagrado de Berlín… Que lo hagan como muestra de voluntad de construcción de paz”.

“¿Será posible, señor presidente, esas tres cositas?”, inquirió, entre risas y aplausos. Santos respondió que no toma decisiones sin asegurarse su sustento legal, y que prefiere discutir esos temas en reuniones bilaterales. Fue el único momento en que resultó abucheado por los comuneros.

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Latinoamérica

Documentos desclasificados de EEUU confirman financiamiento del Cártel de Medellín a expresidente Álvaro Uribe

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Hispan TV

De acuerdo con un reportaje publicado por el portal de noticias Hispan TV, se reitera que el expresidente colombiano Álvaro Uribe sí llegó a recibir financiamiento del cártel del narcotraficante Pablo Escobar para sus campañas electorales al Senado de ese país. Así lo confirman nuevos documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En los documentos se afirma que el cartel del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, en Medellín (noroeste), financió las campañas electorales de Uribe, y lo hicieron público este sábado medios locales del país suramericano.

Los papeles desclasificados desvelan que el expresidente ultraderechista recibió dinero por parte de Ochoa Vásquez, miembro del Cártel de Medellín para campaña al Senado de Colombia. Además, la información explica que la relación de Uribe con el grupo del capo de Escobar data de 1993.

La acusación no es nueva, pero en esta ocasión las fuentes son otras.

Según la información desclasificada por el diario The New York Times (NYT), hubo entre 1992 y 1995 varias reuniones entre funcionarios estadounidenses y Uribe, quien para la época era un político prometedor un “joven líder”, una “estrella brillante en la escena política colombiana”, dicen los cables diplomáticos.

En una de las comunicaciones, la embajada de Estados Unidos en Colombia informó al Departamento de Estado de la condena de Uribe a las bombas con las que el narcotraficante colombiano Pablo Escobar desangró la ciudad de Medellín (noroeste) y concluye diciendo: “Seguimos sospechando de las posibles conexiones de Uribe con el narcotráfico”.

El NYT también reseña otro cable de 1993 que describe una reunión de la embajada de EE.UU. con Luis Guillermo Vélez Trujillo, quien era en ese entonces senador del Partido Liberal. El político aseguró que las campañas políticas de Uribe habían sido financiadas por su primo el narcotraficante Ochoa Vásquez.

Aunque los diplomáticos dicen que no encontraron pruebas contundentes que respalden esas acusaciones, las investigaron durante años y expresaron sus preocupaciones a los funcionarios estadounidenses.

Según la publicación, Escobar exigió a Uribe que le ayudara a comunicarse con el entonces presidente César Gaviria (1990-1994) “a cambio del favor” de la financiación de su campaña electoral.

Esta polémica sobre el expresidente colombiano no es algo nuevo, el Archivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. desclasificó en 2004 un informe de la inteligencia militar que incluía a Uribe entre las principales figuras del narcotráfico en Colombia, junto con Escobar y el jefe narcoparamilitar, Fidel Castaño.

Uribe renunció al Senado, tras recibir detención domiciliaria preventiva el 4 de agosto, por las investigaciones por presunto fraude procesal y manipulación de testigos. La dimisión de Uribe como legislador permitió que su caso pasara de la Corte Suprema de Justicia al fuero común para lograr la libertad que, consiguió como se esperaba, el pasado 11 de octubre.

Estos escándalos han salpicado al Gobierno del actual mandatario de Colombia, Iván Duque, que también es investigado por presuntos delitos de soborno y fraude procesal.

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Latinoamérica

Ser periodista en Twitter: Las mujeres enfrentan la violencia digital con más ataques sexistas que los hombres

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El 67% de las periodistas optó por dejar de hacer publicaciones en redes sobre temas que sabían que podían generarles una agresión, o de plano se retiraron de Twitter o redujeron la frecuencia de sus opiniones.

AmecoPress

MADRID.- A los periodistas hombres se les ataca en redes sociales por el trabajo que hacen. A las mujeres periodistas, además de eso, la mayor cantidad de agresiones que reciben son sexistas. Ellas reciben un 30% más insultos sobre su físico, 20% más expresiones sexistas y 10% más comentarios que las tachan de no tener capacidad intelectual.

 

Esto reveló el estudio Ser Periodista en Twitter de las organizaciones Sentido y Comunicación para la Igualdad, que analizó las interacciones de 66 comunicadoras y comunicadores en 7 países de América Latina y los entrevistó.

“A las mujeres, sistemáticamente, cuando nos insultan, además de que nos dicen ‘facha’ o ‘hija de puta’, ya de paso nos dicen ‘sos una gorda malcogida’. Siempre el insulto vinculado con lo sexual o lo físico está intrínsecamente asociado a la mujer, no al hombre. En el caso de los hombres periodistas que sigo y que he visto a lo largo de estos años que reciben insultos (no digo que no reciban insultos, reciben en iguales cantidades), jamás les dicen ‘sos un malcogido’. A ellos les dicen ‘¿cuánto te pagaron?’”, señaló una periodista uruguaya que participó en el estudio.

De entre los entrevistados, 14% de los hombres sintió que en el último año recibió un volumen alto de ataques, mientras que entre mujeres el porcentaje se duplica a 28.5%. Y de distintos tipos de violencia, como desprestigio, discriminación, acoso y monitoreo, ellas siempre fueron las más afectadas.

Donde resultó más notorio fue en ataques que incluyeron la difusión de información personal o íntima, ya que 47% de mujeres lo experimentaron, pero solo 14% de varones. Además, ninguno de ellos sufrió que hackearan su cuenta, como sí le ocurrió a 9.5% de mujeres, y ninguno fue víctima de abuso sexual tecnológico, ante el 5% de ellas que sí lo fueron.

Solo cuando se trata de amenazas directas, los hombres reciben más. Pero las mujeres manifiestan más temor de que puedan concretarse porque muchos ataques vienen de personas reales e identificables.

La situación se vuelve peor si son periodistas que cubren temas de feminismo o derechos de las mujeres, o incluso simplemente al ser identificadas como feministas, y ya aunque estén tuiteando de otra cosa, reciben insultos como “feminazi”.

Países con mayor violencia de género en la red

El estudio detectó que esto es especialmente grave en cuatro países, entre ellos México, además de Paraguay, Argentina y Uruguay.

Por eso, la mayoría de comunicadoras contestaron que su libertad de expresión se vio disminuida. El 67% optó por dejar de hacer publicaciones en redes sobre temas que sabían que podían generarles una agresión, o de plano se retiraron de Twitter o redujeron la frecuencia de sus opiniones. Mientras que entre hombres, el 57% dijo que sigue usando la red social como si nada.

“Dejé de usar palabras como ‘patriarcado’, ‘machirulo’, ‘machista’; ahora trato de usar ‘agresión’ en vez de ‘violencia’ o busco sinónimos para no decir ‘violencia machista’”, dijo una comunicadora paraguaya.

“No miro qué me responden a lo que tuiteo, es como un tuit a ciegas para evitar justamente hurgar mucho ahí y volverme nada. Recibo agresiones por todo: porque comento sobre la pelea de dos periodistas, porque retuiteo una noticia, porque digo algo en contra del presidente, porque les cuento qué me soñé ayer…”, contó otra, colombiana.

Las reacciones para tratar de defenderse también cambian entre géneros: 71.5% de mujeres que recibió comentarios agresivos denunció dentro de la propia red social, pero solo 43% de varones. Aunque una comentó que Twitter solo llega a bajar cuentas con pocos seguidores, pero no las que tienen mucho y, por lo tanto, tienen más repercusión.

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La red en lucha

Cuba iniciará ensayos de la vacuna contra Covid-19

Raúl Magallón Rosas

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El próximo 24 de agosto Cuba comenzará con los ensayos de la vacuna contra el Covid-19 y los resultados podrían estar listos en febrero que llevará el nombre Soberana 01 y que será efectivo contra el nuevo tipo de coronavirus.

La investigación de Cuba tiene el propósito de evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad en un esquema de dos dosis, según la ficha del Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, por lo que esta etapa abarca su aplicación a 676 personas de entre 18 y 80 años de edad bajo el control del estatal Instituto Finlay de Vacunas.

De acuerdo con la investigación cubana, el ensayo deberá culminar el 11 de enero y sus resultados se publicarán el 15 de febrero, pues Cuba controló la propagación del nuevo tipo de coronavirus, aunque sufrió un nuevo rebrote que ha afectado particularmente el occidente de la isla donde se ubica la capital.

Cuba desarrolló un programa activo de aislamiento de casos sospechosos, la aplicación de pruebas de diagnóstico y la búsqueda casa por casa de personas con síntomas, aunado a que se suspendieron las clases y el transporte público, se cerraron comercios y cancelaron vuelos comerciales.

Asimismo, Cuba llegó a un acuerdo con Rusia para la fabricación de la vacuna Sputnik V, una de las primeras en ser registradas, por lo que se encuentra en la tercera fase y esperan la aprobación total para su distribución masiva de las dosis por distintos países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que todas las vacunas deben completar las fases de ensayos clínicos antes de ser distribuidas en distintos países para que garanticen su efectividad contra el nuevo virus.

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