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Latinoamérica

Indígenas de Colombia piden liberar sus tierras

Indígenas piden al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que sus tierras dejen de ser espacio de la guerra entre las FARC y ejército

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Indígenas esperan al presidente de Colombia Foto: Constanza Vieira /IPS

Por Constanza Vieira

PIENDAMÓ, Colombia (IPS).- Finalmente, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llegó el miércoles 15 a escuchar a miles de indígenas que permanecían concentrados desde cinco días antes en el territorio de diálogo de La María, en el municipio Piendamó, suroccidental departamento del Cauca.

Este periodista supo que Santos decidió venir contrariando la posición unánime de su gabinete. “Me nació estar aquí hoy”, “por convicción”, dijo el mandatario de centroderecha.

Su ministro del Interior, Federico Renjifo, condujo por el gobierno el tira y afloje de un mes de negociaciones y al anochecer del martes 14, cuando se hizo oficial la llegada del presidente, manifestó: “Me siento feliz de estar aquí… Estos son pueblos que quieren vivir en paz”.

Los indígenas del norte del Cauca reclaman que los actores armados del conflicto iniciado en 1964, la guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ejército y la policía, dejen de guerrear en sus territorios.

Según sus cuentas, más de 2.500 civiles fueron afectados por ese enfrentamiento en el último año y medio en esta zona, y un centenar de ellos murieron. La María es un resguardo (predio de propiedad colectiva indígena) del pueblo misak o guambiano, que limita al sur con el territorio de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN), habitado por una mayoría nasa.

Para cuidar al mandatario se instalaron cuatro controles de seguridad para ingresar a este lugar, designado por los indígenas en 1999 como de “convivencia, diálogo y negociación”.

Los tres primeros eran manejados por la Guardia Indígena, un cuerpo de vigilancia tradicional cuyos miembros, hombres y mujeres, llevan al cuello pañoletas rojas y verdes y van armados solo de bastones de mando.

En el último control la situación cambiaba y era la policía la que pasaba a revisar a quienes ingresaban al encuentro con apoyo de la Guardia Indígena. La Guardia Indígena esculcaba todo. Miraba dentro de cada recipiente. Extraía cada objeto de morrales y carteras, volteaba bolsillos hacia afuera.

“Ellos no conocen las normas para requisar”, dijo en tono comprensivo a una policía que observaba la escena en el primer control, en un camino de tierra que sube una colina desde la Carretera Panamericana hasta la alta enramada de unos 120 por 40 metros, con tejas de zinc y parales de guadua (una especie de caña andina), donde se reúnen asambleas indígenas gigantescas.

La uniformada comentó que, antes del mediodía, la Guardia Indígena encontró una granada en el bolso de un hombre. El sujeto intentó huir, pero lo capturaron. El incidente se mantuvo en sordina para no frustrar la esperada visita de Santos.

Los indígenas calculaban que recibieron a Santos 18.000 personas. Un observador, que relató a IPS los entresijos de la compleja negociación previa, calculó que en La María había 8.000 indígenas. Y un funcionario de seguridad de la Presidencia los redujo a 7.000.

“Los veo muy bien organizados”, agregó este último, “realmente tienen control del perímetro”. La incidencia de filigrana que logró el paso simple, pero significativo, de que el presidente llegara a La María fue adelantada, principalmente, por el sacerdote Francisco De Roux, provincial de la Compañía de Jesús en Colombia.

La evidente presión diplomática se tradujo en la presencia de Bruno Moro, coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, y de Todd Howland, director de la oficina local de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Estamos aquí para facilitar que este diálogo continúe y dé resultados que mejoren la vida del pueblo indígena”, expresó Howland.

“Es bastante importante esta movilización… Ellos conocen sus derechos, están expresándose de manera pacífica para generar un cambio, y también hay una respuesta del Estado para escucharlos”, dijo.

“Está claro que 80 por ciento de la población, que vive en los centros urbanos, está disfrutando la paz”, aseveró, y por ello “muchos en Colombia no entienden que el conflicto armado está afectando a la población rural”.

“Y los indígenas están diciendo: ya basta de este conflicto. Tienen que tomarnos en cuenta a nosotros, en razón de lo que está pasando en nuestro territorio”, indicó el diplomático.

Se supo que, durante la discusión previa de la agenda, quedó claro que a Santos le interesaba debatir los temas humanitarios y la propuesta de paz del movimiento indígena.

 Coincidía en ello con los principales líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y una de sus filiales regionales, la ACIN.

 Los indígenas también fueron advertidos de que el presidente no tomaría decisiones ante la asamblea, sino que iba a escuchar su propuesta, como en efecto ocurrió. Santos prefería que otros temas, promovidos sobre todo por los gobernadores de los cabildos, como salud y educación propias, o la necesidad de ampliar los resguardos, fueran tratados en mesas sectoriales y no en la plenaria de La María.

Durante esa discusión previa, el lunes 13, hubo amagos del tipo “todo o nada” por parte de un sector de los aborígenes. Finalmente, se impuso la corriente que presionaba por hablar de “todo”, es decir, la agenda humanitaria y la llamada agenda estructural.

Así, a lo largo de dos horas y cinco minutos, los indígenas expusieron los grandes asuntos que les inquietan: desde los combates en sus territorios hasta la reglamentación de su autonomía, fijada en la Constitución de 1991 pero postergada desde entonces, pasando por el imperativo de preservar sus culturas a través de la educación y la atención de salud.

Casi todos estos temas fueron expuestos en pocos minutos por distintos dirigentes que tomaron la palabra con disciplina y puntualidad. Sin embargo, imperaron los enunciados generales y no los detalles. Cuando el presidente intervino y no anunció decisiones concretas, sobrevinieron unos 10 minutos finales que aparentemente se salieron del protocolo pactado, pues así lo reclamó el propio Santos.

Los portavoces indígenas condicionaron la subsiguiente negociación a través de “mesas integrales” con el Poder Ejecutivo a que “no haya más agresiones de las Fuerzas Militares en los territorios indígenas; que no tengamos más víctimas”.

Santos rechazó el señalamiento, aunque antes había pedido “perdón” genéricamente por las víctimas de “ovejas negras” dentro de las instituciones. A través de Jesús Chávez, consejero mayor del CRIC, los aborígenes trataron de que Santos concretara.

El primer punto planteado es la abolición del reconocimiento jurídico a una asociación indígena paralela, creada en 2009 a partir de un grupo evangélico por el entonces presidente Álvaro Uribe y financiada por el ejército, según una fuente cuyo nombre se reserva.

“Queremos que sea ya”, dijo Chávez entre aplausos y vítores. El segundo punto pide instruir “en este mismo momento” la anulación de títulos mineros en territorios indígenas, concedidos inconsultamente durante el gobierno del derechista Uribe (2002-2010).

Y el tercero plantea “que avancemos decididamente a parar la guerra en el Cauca, que nos está matando. No queremos más disparos en los territorios indígenas”, clamó Chávez.

El dirigente pidió a Santos que ordene a sus fuerzas que se retiren del cerro sagrado Berlín, de donde en julio los indígenas desalojaron, a empujones y por unas horas, una base militar.

Chávez subrayó: “Que quede claro, señor presidente. No estamos pidiendo que la fuerza pública se retire de Toribío, sino del cerro sagrado de Berlín… Que lo hagan como muestra de voluntad de construcción de paz”.

“¿Será posible, señor presidente, esas tres cositas?”, inquirió, entre risas y aplausos. Santos respondió que no toma decisiones sin asegurarse su sustento legal, y que prefiere discutir esos temas en reuniones bilaterales. Fue el único momento en que resultó abucheado por los comuneros.

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La red en lucha

Cuba iniciará ensayos de la vacuna contra Covid-19

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El próximo 24 de agosto Cuba comenzará con los ensayos de la vacuna contra el Covid-19 y los resultados podrían estar listos en febrero que llevará el nombre Soberana 01 y que será efectivo contra el nuevo tipo de coronavirus.

La investigación de Cuba tiene el propósito de evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad en un esquema de dos dosis, según la ficha del Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, por lo que esta etapa abarca su aplicación a 676 personas de entre 18 y 80 años de edad bajo el control del estatal Instituto Finlay de Vacunas.

De acuerdo con la investigación cubana, el ensayo deberá culminar el 11 de enero y sus resultados se publicarán el 15 de febrero, pues Cuba controló la propagación del nuevo tipo de coronavirus, aunque sufrió un nuevo rebrote que ha afectado particularmente el occidente de la isla donde se ubica la capital.

Cuba desarrolló un programa activo de aislamiento de casos sospechosos, la aplicación de pruebas de diagnóstico y la búsqueda casa por casa de personas con síntomas, aunado a que se suspendieron las clases y el transporte público, se cerraron comercios y cancelaron vuelos comerciales.

Asimismo, Cuba llegó a un acuerdo con Rusia para la fabricación de la vacuna Sputnik V, una de las primeras en ser registradas, por lo que se encuentra en la tercera fase y esperan la aprobación total para su distribución masiva de las dosis por distintos países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que todas las vacunas deben completar las fases de ensayos clínicos antes de ser distribuidas en distintos países para que garanticen su efectividad contra el nuevo virus.

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Latinoamérica

México y Argentina producirán vacuna contra Covid-19 para América Latina

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que México y Argentina producirán las vacunas contra el Covid-19 que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de Oxford en alianza con la Fundación Slim.

El mandatario federal refirió que México firmó un acuerdo con Argentina y las instituciones particulares que desarrollan la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, con lo cual se garantizará el suministro de estas dosis a los países de América Latina.

De acuerdo con López Obrador, esta noticia puede tranquilizar a los ciudadanos para la distribución masiva de la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, por lo que destacó el apoyo de la Fundación Slim y el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford que han confiado en México.

Agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estuvo al pendiente del desarrollo de las gestiones que se efectúan para contar con la vacuna, por lo que cuenta con el respaldo científico de la Secretaría de Salud federal (SSa).

Por su parte, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, informó que la producción de la vacuna desarrollada por AstraZeneca para enfrentar el Covid-19, misma que será producida en México y Argentina y presuntamente es la más avanzada del mundo al desarrollar entre 150 y 250 millones de dosis.

Afirmó que no se busca el lucro, sino garantizar el acceso a una vacuna efectiva para la población de América Latina, por lo que se espera que a finales de noviembre se cuenten los primeros resultados, de acuerdo con los estudios clínicos que se han implementado.

Asimismo, indicó que con estas medidas se adelantará la distribución de la vacuna a la población de América Latina, pues pasará de un año a seis meses el tiempo en el que se aplicaría, por lo que con ello favorecerá la salud de la población y beneficiará la economía.

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Al filo de la navaja

Erráticas políticas migratorias de México y Estados Unidos

México y Estados Unidos no han comprendido el origen de la migración centroamericana y de otros países, pese a que ambos se han beneficiado de ésta

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Raúl Ramírez Baena

Además del rechazo de algunos sectores de la sociedad –sobre todo tijuanense- a los refugiados centroamericanos, que en caravanas llegan a la frontera norte del país en busca de asilo en los Estados Unidos, tal parece que las autoridades de este país y de México no han terminado de entender la historia, origen, dinámica y perfil de la migración hacia el país del norte, a partir del Programa Bracero, hasta la fecha.  

La política migratoria de Donald Trump utiliza el tema antiinmigrante como bandera de su campaña presidencial (ahora, en búsqueda de su reelección), que muchos votos le arrojaron en 2016 al criminalizar a los inmigrantes indocumentados, mexicanos incluidos.

Esta política xenófoba se le ha revertido ahora a Trump, acarreándole serios tropiezos, como la derrota en la Cámara de Representantes para la obtención de recursos para construir su muro en la frontera con México, bajo el argumento de que en esta región los EU viven una “crisis humanitaria y de seguridad”, que pocos creen, incluso, legisladores de su partido.

A consecuencia de su política de “Tolerancia Cero” a la inmigración indocumentada, Trump ha sido evidenciado por la separación de menores de sus padres, lo que –eso si- ha generado una crisis internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido a petición de las defensorías públicas de México, Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala, dictando medidas cautelares en favor de 572 menores detenidos en jaulas del Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE), en condiciones inhumanas, afectando su integridad física y psicológica.

Escribe Pablo Jiménez de Sandoval en El País: “Un número aún desconocido de niños fueron separados de sus padres. El Gobierno ha reconocido 2.816. Al menos 471 padres fueron deportados sin sus hijos (…). Nadie registró quién era quién o dónde estaban. Han sido las ONG las que los han ido a buscar, en ocasiones a pueblos perdidos de Centroamérica.

Esta crisis obligó a la administración federal a admitir el ingreso a los EU, en calidad de solicitantes de asilo, a los padres de 29 menores encontrados por las ONG “Al Otro Lado”, de Tijuana, y “Families Belong Together”, de Los Ángeles. Un triunfo.

Por su parte, el Condado de Los Ángeles reta a la administración Trump al declararse oficialmente en febrero “Santuario de Inmigrantes”. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no ejercerá más funciones de control de inmigración, restringiendo su ayuda a las autoridades migratorias federales. Otro triunfo.

El caso México

Ante el arribo masivo de miles de centroamericanos desde el año pasado, a través de las caravanas que ingresan por la frontera sur como solicitantes de asilo a los EU, la administración de López Obrador sorprendió al inicio de su gestión anunciando un giro de 180 grados en la política migratoria: no criminalización y persecución de indocumentados, respeto a sus derechos humanos, emisión de visas humanitarias, reconocimiento del estatus de refugiados,  creación de fuentes de trabajo y negativa a convertir a México en “Tercer País Seguro” (TPS), según deseos del Sr. Trump.

Con el paso de los días las cosas han cambiado, sobre todo en Tijuana y Mexicali, y la realidad es otra:

1.- Como consecuencia de la nueva política social federal y ante la quiebra financiera del Gobierno de Baja California y la posición xenófoba del alcalde de Tijuana, los albergues de apoyo a migrantes ya no reciben recursos públicos, por lo tanto, tienen serias dificultades para ofrecer comida, medicamentos y asistencia a miles de centroamericanos y de otras nacionalidades que llegan todos los días, atraídos por el boom del asilo en los Estados Unidos.

2.- La Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR), de la Segob, dejó de prestar asistencia a las ONG y a los inmigrantes para la tramitación de refugio en México, en tanto se decide su situación migratoria en el país y el asilo en los Estados Unidos.

3.- A partir de enero pasado y a pesar de que siguen ingresando al país, México cerró la expedición de visas humanitarias, complicando la situación legal de los inmigrantes, que están en calidad de indocumentados, acrecentando su vulnerabilidad al quedar expuestos a las autoridades locales.

4.- Ante el arribo diario a Tijuana y Mexicali de ciudadanos centroamericanos y de otras nacionalidades, el gobierno federal y los locales no han dispuesto, como en octubre pasado, de albergues provisionales con servicios humanitarios, sanitarios y legales básicos y suficientes.

5.- México ha declarado que no será “Tercer País Seguro” de los Estados Unidos para alojar a inmigrantes mientras se resuelven sus solicitudes de asilo, pero en los hechos ha abierto sus puertas para ello, favoreciendo los deseos de Trump, violentando así las normas del Derecho Humanitario Internacional.

6.- Haciendo el trabajo sucio a Trump, las autoridades del Instituto Nacional de Migración han impedido el acceso a México a abogados y periodistas estadounidenses en aeropuertos nacionales, que trabajan en colaboración con miembros de la caravana en Tijuana, al estar “fichados” por autoridades de los Estados Unidos.

7.- Como corolario, sin conocimiento y asesoría sobre el origen y la dinámica migratoria, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, culpa a “Pueblo sin Fronteras” de organizar las caravanas.

Así las cosas, sólo esperamos que el proceso electoral de Baja California de este año no se contamine del discurso antiinmigrante de Trump, como recurso para ganar votos. Ya veremos.

Fotografía: Yerson Martínez.

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