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Justicia pendiente

Indígenas Cucapah buscan su supervivencia ante restricciones de pesca

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El Zanjón, la zona Núcleo de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, en el noroeste de México, donde los cucapah han pescado siempre. Foto: Prometeo Lucero

El Zanjón, la zona Núcleo de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, en el noroeste de México, donde los cucapah han pescado siempre. Foto: Prometeo Lucero

Por Daniela Pastrana

EL MAYOR, México, (IPS) .– En su lengua, cucapah significa “gente del río” o “los que vienen y van donde va el río”. Durante más de 500 años, los integrantes de este pueblo amerindio han habitado las márgenes del delta del río Colorado, en el Valle de Mexicali, donde comienza la península mexicana de Baja California.

Son pescadores y artesanos. Los une la familia, la pesca, los kurikuri (rituales) y las ceremonias fúnebres. Y ahora, además, la lucha por no desaparecer, en una batalla que lideran sus mujeres.

“Soy Hilda Hurtado Valenzuela. Soy pescadora. Y soy cucapah”, dice, a modo de presentación, la presidenta de la Sociedad Cooperativa del Pueblo Indígena Cucapah, que también habita en el vecino estado estadounidense de Arizona.

Del mismo modo se presentan las demás mujeres de esta comunidad, quienes atienden a Tierramérica durante una asamblea para analizar los pasos a seguir tras arrancar al gobierno federal el compromiso de realizar una consulta sobre una restricción a su actividad pesquera, que prácticamente los condena a la extinción.

“Ningún gobierno tiene derecho a quitarnos nuestro hábitat”, dice Hurtado a Tierramérica, durante una visita a la Comunidad Indígena Cucapah El Mayor, donde la Red de Periodistas de a Pie y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanosdesarrollan un proyecto de protección a los defensores de los derechos humanos, financiado por la Unión Europea.

En mayo, con 61 años, cuatro hijos y 10 nietos a cuestas, se plantó en la carretera que une al puerto de San Felipe, en el mar de Cortés (también conocido como golfo de California), con Mexicali, la capital del estado de Baja California, fronteriza con Estados Unidos, y no se levantó de ahí hasta que el gobierno federal formalizó el compromiso de realizar una consulta.

“El gobierno aceptó algo que debió haber hecho hace 25 años”, resume el abogado Ricardo Rivera de la Torre, de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, una organización que desde 2004 documenta violaciones de derechos civiles en Baja California.

En 2008, Rivera de la Torre y Raúl Ramírez Baena llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“El gobierno violó el derecho a la consulta que le asiste al pueblo cucapah por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, que México ratificó en 1990, explica Ramírez Baena.

En 1993, sin consulta previa, el gobierno de entonces decretó la creación de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, y estableció como zona núcleo el Zanjón, donde los cucapah pescan la curvina golfina (Cynoscion othonopterus).

Entre febrero y mayo, la curvina llega a desovar a las aguas poco profundas del mar de Cortés, que une los estados de Sonora y Baja California, y su comercialización está ligada a la temporada de la católica Cuaresma.

Tras la reserva, llegó el Plan de Manejo de la Reserva, en 1995, y una serie de legislaciones y reglamentaciones – como la Ley de Equilibrio Ecológico, el Decreto de Veda y la cuota de captura- que restringieron la actividad pesquera de los cucapah a niveles que no les permiten la supervivencia económica.

“El de los cucapah es un ejemplo de cómo políticas con una visión ultra conservacionista pueden poner en peligro la existencia de un pueblo originario”, asegura a Tierramérica otra abogada de la Comisión Ciudadana, Yacotzin Bravo.

La Constitución mexicana define a los pueblos indígenas como los descendientes de las poblaciones que habitaban el valle antes de que se formara el Estado y conservan sus instituciones culturales o económicas, o parte de ellas.

Su artículo 2 establece el “acceso preferente de los pueblos” en la explotación de los bienes naturales de la nación.

“Los derechos de los indígenas son derechos de pueblos. No de personas, ni de municipios, ni de núcleos agrarios. En términos de derecho indígena hablamos de la apropiación del territorio, que es necesaria para que un pueblo pueda existir como tal”, explica a Tierramérica el experto en derecho indígena Francisco López Bárcenas.

“Ellos viven de pescar, de relacionarse con su entorno. No solo es el dinero. Primero, con las leyes agrarias, los fueron reduciendo a pequeños espacios, ahora es una reducción de su actividad principal. Y si no pueden pescar, tienen que irse a hacer mano de obra a otros lugares”, dice.

Cada año, justo después del cuarto menguante de febrero, las curvinas comienzan su migración hacia las aguas someras del delta del río Colorado. La pesca dura de cuatro a seis mareas, cada una de entre siete y ocho días, que generalmente inicia después del cuarto lunar y se extiende a la luna nueva.

Los cucapah se meten al mar en sus pangas (pequeñas embarcaciones) y esperan en silencio hasta que escuchan a las curvinas y tiran sus chinchorros (redes). En esos meses hay un promedio de cinco a seis mareas y los cucapah capturan de 200 a 500 toneladas por temporada.

“Lo que el gobierno ha hecho con nosotros es una segregación. Ellos saben que los indios no ponemos en riesgo al ambiente”, dice a Tierramérica la presidenta de la Sociedad de Producción Rural El Mayor Cucapah, Juana Aguilar González.

Mujeres cucapah del ejido Indiviso, El Mayor, de Baja California, durante la asamblea en que se discutió cómo llevar adelante la consulta para reformar los aspectos de la reserva que les impiden pescar.  Foto: Prometeo Lucero

Mujeres cucapah del ejido Indiviso, El Mayor, de Baja California, durante la asamblea en que se discutió cómo llevar adelante la consulta para reformar los aspectos de la reserva que les impiden pescar. Foto: Prometeo Lucero

Los cucapah no son los únicos que pescan curvina. En la zona hay dos cooperativas pesqueras no indígenas (la de San Felipe, en Baja California y Santa Clara, en Sonora), con una capacidad de pesca 10 veces mayor, según los datos de la gubernamental Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

“El porcentaje (de curvina) que capturan los cucapah es aproximadamente 10 por ciento de la cuota recomendada, lo que acredita que la pesca realizada por dicha comunidad indígena, aun cuando la realizaran en la Zona Núcleo de la Reserva, no rompe el equilibrio ecológico ni amenaza la extinción de la especie”, indica la recomendación 8/2002 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigida a los secretarios (ministros) de Medio Ambiente y Agricultura.

“El decreto de la Reserva nos cambió la vida. Ahora, en lugar de estar ocupándonos de nuestras danzas, tenemos que estar preocupados por los amparos, por los juicios, por los decomisos y los detenidos”, dice con tristeza Mónica González, hija del fallecido gobernador cucapah Onésimo González.

Los cucapah, también conocidos por su nombre castellanizado de cucapás, descienden de los yumanos y son uno de los cinco pueblos originarios que sobreviven en Baja California.

En el siglo XVII, unos 22.000 indígenas habitaban en la región del río Colorado. Hoy solo quedan 1.000 en la Reserva India Cucapah, al suroeste de Arizona, y poco más de 300 en México, distribuidos en Baja California y Sonora, según datos de la oficial Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) clasifica la lengua cucapah en peligro de extinción, porque apenas quedan unos 10 hablantes, entre ellos, Mónica González, de 44 años, quien hace unos años inició un trabajo de recuperación de la lengua.

“A veces creo que los gobernantes hablan de los cucapah como si ya nos hubiéramos muerto, pero estamos vivos y luchando”, dice a Tierramérica.

* * *

La indígena cucapah Alía Madesdana Espinoza González, de 13 años, canta una canción tradicional que repite: “Los cucapah buscan tierras lejanas”. Crédito: Prometeo Lucero.

Fuente: Red latinoamericana de diarios Tierramérica.

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Justicia pendiente

Meme Yamel reconoce ignorar a víctimas de Isabel Miranda de Wallace por sentirse «saturada»

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Por Guadalupe Lizárraga

En una serie de tuits, la youtubera Meme Yamel respondió a la periodista Guadalupe Lizárraga sobre la revelación que hizo Alma Nelly Flores, esposa de César Freyre Morales, a Los Ángeles Press, el haber sido ignorada cuando le solicitó ayuda en julio de 2021 para darle mayor visibilidad a las violaciones de derechos humanos sufridas por su esposo a lo largo de 16 años de encarcelamiento injusto, con un protocolo de Estambul positivo en tortura. Mientras que en el caso de Brenda Quevedo Cruz, promovido por Defensoría pública, todos los medios, incluyendo los youtuberos y a ella misma, han hecho suyos los boletines de prensa de la institución.

Justificó la youtubera que era un ser humano y estaba «saturada», por lo que que podrían olvidársele algunas cosas y pidió disculpas.

«Soy un ser humano, me saturo. Hay cosas que se me pueden llegar a olvidar y me disculpo, pero ¿de ahí a decir que sigo la línea de la defensoría y que por eso no voltee a ver a los demás? Wow.»

Meme Yamel acusó a la periodista de quererse «colgar» de su persona para sacar un nota. A lo que Lizárraga le recordó que la denuncia había sido de la familiar de la víctima, y cuestionó el por qué habría de «colgarse» de una mala réplica de su trabajo.

Un segundo tuit de la youtubera señala que «nadie la obligó o presionó para reconocer a periodistas que investigaron el caso». Sin embargo, la investigación que reveló los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda, iniciada en 2014 por Lizárraga, demostró que en 2018 todavía la supuesta víctima estaba activa en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tenía un número de seguro social, contaba con tres actas de nacimientos y dos actas de defunción y había siete testigos que interactuaron con él años después de la supuesta fecha de muerte que alega su madre, el 11 de julio de 2005. Incluso, en 2006, dos de los testigos denunciaron ante la Procuraduría General de la República, hoy FGR, y en el programa de Ciro Gómez Leyva, a quienes posteriormente Isabel Miranda los acusó de intento de extorsión.

Para Meme Yamel, «el problema de la periodista, dice, es que ella quiere ser la protagonista de la historia y los protagonistas son las víctimas». No obstante, a la única víctima que le da cobertura, con imprecisiones y falta de rigor periodístico señalado por Lizárraga, es a Brenda Quevedo Cruz, de quien emprendió campaña el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, y promovió en medios, youtubers y periodistas para que le dieran cobertura «viral» a su boletín de prensa posterior a la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas de emitir una opinión de libertad por la larga prisión preventiva que sufría Brenda.

El caso Wallace implica a ocho víctimas de detención arbitraria, tortura y encarcelamiento injusto, algunas por más de 16 años. De las seis víctimas acusadas directamente son Juana Hilda González Lomelí, caso recién atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con amparo interpuesto por Isabel Miranda de Wallace; los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz, a quienes les negaron aplicar el protocolo de Estambul bajo el falso argumento de que ya estaban sentenciados; Jacobo Tagle Dobín, sin sentencia con tres protocolos de Estambul positivos en tortura, uno de éstos aplicado por el Consejo de la Judicatura de la Federación; y César Freyre Morales, sentenciado a 131 años de cárcel con protocolo positivo en tortura. Las otras dos víctimas relacionadas de manera indirecta para justificar una banda de secuestradores son George Khoury Layón, con reconocimiento de inocencia y opinión de libertad de Naciones Unidas, que vivió su última tortura el 12 de junio de 2022, y Jael Malagón Uscanga, con registro de tortura en 2010, de la que quedó parcialmente ciego dentro del Cefereso #1, El Altiplano, Estado de México, y de la que le dijeron sus atacantes que eran órdenes de Isabel Miranda de Wallace.

No ignores: Mi hijo lleva 16 años preso sin sentencia, 12 jueces, golpizas y pagos a autoridades carcelarias: Elena Uscanga

En la serie de tuits de Meme Yamel en respuesta a la periodista Guadalupe Lizárraga también asevera que respecto a las otras víctimas del caso Wallace dio lectura a una carta de Jacobo Tagle. No obstante, Los Ángeles Press, ha publicado y dado lectura a varias cartas de todas las víctimas, a excepción de Tony Castillo. En el caso de César Freyre se publicó en este medio, en 2019, una carta de 17 páginas y 25 puntos en donde narra la tortura a detalle y da nombres de sus agresores que sigue siendo ignorada por los medios, por Meme Yamel y los demás operadores de las redes sociales en favor del gobierno de López Obrador.

Para enterarte más: Represalias en penales a víctimas del Caso Wallace por exigir justicia – Los Ángeles Press

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Fiscalía de Campeche pide desafuero de Alejandro ‘Alito’ Moreno por presunto enriquecimiento ilícito

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Fiscalía de Campeche pide desafuero de Alejandro 'Alito' Moreno por presunto enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de Justicia de Campeche (FGE Campeche) solicitó a la Cámara de Diputados federal que desafueren al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como ‘Alito‘, por ser responsable de presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal estatal de Campeche, Renato Sales, solicitó a los legisladores federales que inicien el procedimiento de desafuero contra el legislador federal para que se pueda desarrollar el proceso penal en contra del líder del tricolor.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que recibieron la petición de la fiscalía estatal de Campeche para que puede continuar la investigación que se inició en su contra, por lo que deberán dar seguimiento de ley correspondiente.

De acuerdo con el fiscal estatal, la investigación contra Alito Moreno no tiene relación con los audios que recientemente ha publicado la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, pues aseguró que los ingresos económicos que percibió como servidor público no corresponden a las propiedades y bienes que ha obtenido.

Recordó que una de las propiedades de “Alito” tiene un valor de 130 millones de pesos, aunado a que el contenido de la misma tiene un costo de más de 50 millones de pesos, por lo que consideró que debe demostrar que todos estos bienes los ha adquirido de forma legal.

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Por su parte, el dirigente nacional del PRI acusó que hay una persecución política en su contra, debido a que es una de las figuras más visibles de la oposición contra el gobierno federal, y por ello aseveró que el gobierno de Campeche pretende fabricarle delitos para afectar su imagen.

 

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¿Quién es el defensor de derechos humanos Gonzalo Martínez Herrera, en la resistencia de Coyomeapan, Puebla?

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¿Quién es el defensor de derechos humanos Gonzalo Martínez Herrera, en la resistencia de Coyomeapan, Puebla?

El municipio de Coyomeapan, se encuentra en el estado de Puebla, enclavado en la Sierra Negra, zona de pobreza extrema, gobernado por caciques como lo es el expresidente municipal, David Celestino Rosas, quién intervino políticamente para que lo sucediera al cargo a su cuñado, Rodolfo García López; además de intervenir para que su hermana Aracely Celestino Rosas, actualmente ostente el cargo de diputada federal. Hechos que provocaron que la comunidad se organizara para hacer denuncias públicas y protestas pacíficas. Como respuesta a la organización de Coyomeapan, el 5 de septiembre de 2021, fue detenido arbitrariamente el defensor de derechos humanos Gonzalo Martínez Herrera, cuando se encontraba en su domicilio.

El defensor de los derechos humanos convaleciente de COVID, sin que le otorgaran las medidas sanitarias correspondientes y sin recibir atención médica necesaria a su estado de salud, con padecimientos de diabetes e hipertensión arterial.

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Gonzalo Martínez Herrera fue procesado de homicidio calificado bajo la Averiguación Previa;  AP-1548/2013/TEHUA, con un expediente de más de 200 páginas, donde lo señalan de agravios en contra de quienes respondieran en vida a los nombres de Juan Vázquez López, Pedro Vázquez García y José Villanueva García; así como por el delito de tentativa de homicidio calificado cometido en agravio de Gregorio González Lázaro. El suceso en mención sucedió el día 22 de abril de 2013 en el municipio de San Sebastián Tlacotepec, perteneciente a la Sierra negra, en el paraje denominado “la cascada de Papalocuautla”.

El día en que dicen que se cometió el delito, el activista indígena Gonzalo Martínez Herrera se encontraba laborando en su centro de trabajo. La distancia aproximada entre ambos lugares es de aproximadamente 5 horas, por lo cual le resultaba imposible que él se encontrara en dicho lugar día y hora que señalan los denunciantes. Esto se confirma por testigos que lo ubican ese día en diversos horarios en su centro de trabajo, así como un talón de pago en el cual se aprecia que en esa quincena respectiva no tuvo descuento alguno por inasistencia a su centro de trabajo.

En la Averiguación Previa se encuentran muchas anomalías en la investigación que realiza el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Puebla, por lo que es totalmente claro que al defensor de derechos humanos Gonzalo Martínez Herrera, lo están criminalizando por su labor de defensa a la comunidad.

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Por lo que la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC) y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (C.N.P.A.), han pedido la intervención de Relatora Especial de la ONU, Mary Lawlor, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, así como la de Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

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Responsables de la información: María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez Cabrera (RSDCIAC) y Blanca Vera Mendoza Ramírez (CNPA).

 

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