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Mexico Violento

Indígenas amuzgos piden ayuda para salvar el río San Pedro

Las comunidades de amuzgos solicitan ayuda para evitar que el gobernador del estado, Angel Aguirre, continúe con la obra que secaría el río San Pedro

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Xochistlahuaca (Suljaa´). Dos jóvenes que transportan leña cruzan el río San Pedro. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

COSTA CHICA, Guerrero, México.- Habitantes n´anncue ñomndaa´ (amuzgos) de la Costa Chica así como organizaciones nacionales e internacionales se pronunciaron para exigir al gobernador Ángel Aguirre Rivero la cancelación de la obra que extraerá agua del río San Pedro para abastecer a la cabecera municipal de Ometepec por no haber sido concensuada con los pueblos que serán afectados.

Las comunidades, organizaciones, colectivos y personas que lucha por una vida digna para todas y todos les piden estar atentos a “nuestra lucha en defensa de la Tierra, del Agua, del Aire, es decir del Territorio, de la vida misma de nuestros pueblos”.

Mediante un comunicado, los pobladores de las comunidades demandan al gobierno del estado la cancelación inmediata de la obra por ser violatorio a sus derechos colectivos establecidos en convenios internacionales vigentes para el país como el 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y resaltando “la flagrante violación a los artículos 68 y 69 de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero”.

El texto critica que así, como en los años setenta, la forestal Vicente Guerrero extrajo millones de metros cúbicos de madera deforestando la región de La Montaña de los municipios de Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca, negociando la venta de madera con representantes agrarios y el comisario de una solo comunidad; San Pedro Cuitlapa sin el consenso de las demás comunidades, ahora el gobernador hace lo mismo con dicha comunidad para cumplir una de sus promesas de campaña.

Agrega que sin el consentimiento de las comunidades que integran bienes comunales y ejidos de los dos municipios por donde atraviesa el río y del cual dependen muchas actividades pretenden llevarse una gran cantidad de agua introduciendo tubería de más de 40 centímetros de diámetro.

Solicitan ayuda nacional e internacional contra la depredación del gobierno

La misiva va dirigida al pueblo de México, al Congreso Nacional Indígena, la Otra Campaña, medios libres, comunitarios y populares, medios masivos honestos, organizaciones sociales de Abajo y a la Izquierda, personas honestas y al mal gobierno en sus tres niveles.

Según los manifestantes, lo anterior se realiza tras la negociación que hiciera el gobierno con el ex presidente municipal de Tlacoachistlahuaca y con representantes de San Pedro Cuitlapa en supuesto cumplimiento de las promesas de campaña del gobernador con los caciques de Ometepec.

El documento denuncia que presuntamente los caciques del nombrado municipio necesitan que el agua corra cerca de los lotes de tierra que están vendiendo para que aumente su ganancia, “ellos han vuelto el agua una mercancía para acrecentar su riqueza, mientras que para nosotros los pueblos originarios que habitamos las riveras del río pretenden cambiarnos nuestra forma de vida.”.

La protesta formal contra el proyecto de entubamiento de agua de río, surgió a orilla de Jndando´ts´om o Poza del Mango del río San Pedro durante una reunión en el marco del VIII aniversario de la radio comunitaria Ñomndaa´ La Palabra del Agua en cuyo primer día de actividades se vio rondar un camión del Ejército por el lugar en el cual se realizó un evento cultural musical.

Xochistlahuaca (Suljaa´). Panorámica del río San Pedro y las montañas de la Costa Chica. Foto: Sergio Ferrer

Una historia más de despojo gubernamental

Para las y los asistentes al encuentro, “se trata de una historia más de despojo que sufren las comunidades Na Savi (Mixtecos) y Nancue Ñomndaa (Amuzgos) que habitan los municipios de Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca, Guerrero, quienes de manera ancestral han convivido y respetado la naturaleza”.

El comunicado retoma las palabras de pobladores de esas tierras quienes recordaron que años atrás la naturaleza proveía todo lo necesario para alimentarse, resguardarse sin que nada tuviera precio, sin embargo, menciona, ahora el desarrollo capitalista y la ambición de poderosos ha puesto como mercancía la fuente de vida para que los indígenas vendan sus tierras sin que las puedan recuperar así como ha puesto precio a la madera, al agua para que solo los poseedores del poder puedan comprarlas.

En otros párrafos, el comunicado solicita al “mal gobierno federal respete el territorio de los pueblos originarios, campesinos y gente pobre que vive de la cosecha de la tierra”.

Y es que para los firmantes, el sistema capitalista depredador se fortalece a costa de despojar el territorio, cultura y dignidad de la gente trabajadora, inventando entre otras cosas la guerra contra la delincuencia organizada que no es en el fondo más que un exterminio del Estado contra la gente de abajo y sobre todo de la gente que se organiza para luchar y defender sus derechos, lo cual está dejando miles de muertos, desaparecidos y presos políticos.

En el escrito también se asevera que los cambios de partidos y personajes del poder no se ha traducido en mejoras para el pueblo trabajador sino son estrategias del sistema para fortalecerse entre ellos mismos, pues los gobernantes solo son empleados del poder económico y no representantes del pueblo.

El comunicado aparece avalado por organizaciones de Guerrero como el CECOP, CRAC, Radio Ñomndaa, otras como la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, organizaciones de Chiapas, Tlaxcala, Puebla, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz así como por medios libres, colectivos juveniles, estudiantes de la UNAM, ENAH; UIEG, UPN Tlapa, habitantes y asistentes en general.

Los artículos 68 y 69 constitucional

Los artículos constitucionales en los que se basan las comunidades amuzgos para demandar el respeto a territorios y recursos naturales son los siguientes:

Según una versión de la ley disponible para descarga en Internet en la página del gobierno del estado de Guerrero la nombrada ley en su capítulo VI, acerca del Aprovechamiento de los recursos naturales en los territorios de los pueblos y comunidades indígenas enuncia:

Artículo 68.- Los pueblos y comunidades indígenas y el Estado a través de la Secretaría de Ecología, conforme a la normatividad aplicable, convendrán las acciones y medidas necesarias para conservar el medio ambiente y proteger los recursos naturales comprendidos en sus territorios, de tal modo que éstas sean ecológicamente sustentables, técnicamente apropiadas y adecuadas para mantener el equilibrio ecológico, así como compatibles con la libre determinación de los pueblos y comunidades para la preservación y usufructo de los recursos naturales. Artículo 69.- Las autoridades y los particulares, deberán consensar con las comunidades indígenas, los proyectos e iniciativas de obras que impacten los recursos naturales comprendidos en sus territorios.

 

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Ex funcionarios públicos de Hidalgo investigados por desvíos de 5 mil millones de pesos

Emmanuel Ameth

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  • El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y los Centros SCT de Guanajuato e Hidalgo son investigados por desvíos cercanos a los 5 mil millones de pesos, siendo aparentemente fraguados por los hidalguenses.

Por Emmanuel Ameth
EA Noticias

El exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, el exalcalde de Tepeapulco Leoncio Pineda Godos, así como el exfuncionario Gerardo Salomón Bulos son investigados por su probable participación en los desvíos que provocaron daño a la Hacienda pública por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que ha provocado que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación Financiera cumplimenten investigaciones emanadas de los documentos que obran en manos de la Auditoría Superior de la Federación.

En total, son 75 funcionarios investigados por desvíos que ascienden a más de 10 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.

Sin embargo, más de la mitad del monto observado recae en instituciones que estuvieron a cargo de los tres personajes hidalguenses referidos, es decir, destacando entre los desvíos y malos manejos investigados.

Al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), mismo que estuvo encabezado por el exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, le siguen la pista dos investigaciones: una por 4 mil 098 millones 311 mil 608 pesos y otra por 736 millones 133 mil 008.35 pesos.

El Centro SCT Hidalgo, mismo que estuvo encabezado por el exfuncionario cercano al exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, Gerardo Salomón Bulos, lo indagan por desvíos observados por la ASF que ascienden a 73 millones 812 mil 987.10 pesos.

En cuanto al Centro SCT Guanajuato, el mismo estuvo encabezado por José Leoncio Pineda Godos, ligado al exgobernador José Francisco Olvera Ruiz y las indagatorias son por desvíos de 45 millones 492 ml 643.20 pesos.

Entre los tres exfuncionarios hidalguenses se acumulan probables desvíos acreditados por la ASF del orden de los 4 mil 953 millones 750 mil 246.65 pesos, es decir, más de la mitad de todos los montos observados a toda la SCT durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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Investigaciones

Sobreprecio millonario en dólares de la Línea 12 del Metro, autorización de Mario Delgado en 2009

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  • Adjudicación directa, con un sobreprecio de 378 % del costo original
  • El prófugo Jesús Orta Martínez, involucrado en el proyecto

Por Guadalupe Lizárraga

Con oficio fechado el 17 de diciembre de 2009, Mario Delgado Carrillo, entonces titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, autorizó más de 1, 588 millones de dólares para el arrendamiento de 30 trenes que darían servicio a la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Sin embargo, el contrato de la empresa española CAF, dos meses antes, especificaba en el desglose de precios, que el costo total sería de 420 millones de dólares.

De acuerdo con la información entregada a Los Ángeles Press, el hoy candidato a dirigir el partido de MORENA, Mario Delgado, intervino en aquella gestión y pidió que CAF rentara en dólares –y no pesos– el lote de los 30 trenes, y operó el contrato junto con Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad de CDMX, quien se encuentra prófugo de las autoridades federales por desvío de 2 mil 500 millones de pesos, y fue también responsable del sobreprecio en la renta de 1855 patrullas de la Ciudad de México.

En el caso de los trenes de la Línea 12 del Metro, antes de que hubiera una licitación oficial, Mario Delgado Carrillo había autorizado una comisión de dos ingenieros, uno de ellos el director del personal de Mantenimiento del Material Rodante, Carlos Daniel Martínez López, para que visitaran fabricantes chinos, del 7 al 18 de febrero de 2009. Inició la negociación con la empresa Norinco, y se imprimió folletería. No obstante, ante la denuncia de este hecho ante Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo, bajo el oficio 000215, con fecha del 13 de marzo de 2009, se revirtió el contrato.

 

Pese a las denuncias y auditorías, Delgado no tuvo impedimento para adjudicar directamente el contrato a la empresa española con representación en México, CAF México, S.A de C.V. en un periodo de gestión de manera extraordinaria, entre el 12 de octubre y el 22 de diciembre de 2009.

  1. El 12 de octubre de 2009, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) solicitó con el oficio SGAF/50000/0224/09 una propuesta de la “Prestación del Servicio de Largo Plazo (PPS)” con un lote de 30 trenes.
  2. El 14 de diciembre de 2009, el STC Metro solicitó una propuesta técnica y económica “para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa para la Prestación del Servicio de Largo Plazo”.
  3. El 16 de diciembre de 2009, CAF México, S.A. de C.V. presentó la propuesta al STC Metro.
  4. El 22 de diciembre de 2009, SCT Metro informó la asignación directa del contrato a CAF México, S.A. de C.V. con el oficio SGAF/50000/229/09.
  5. El 17 de mayo de 2010, CAF México y Provetren celebraron convenio de consorcio para formalizar su participación en el proyecto.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló en el análisis de costo-beneficio del proyecto Tren Interurbano México-Toluca, presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que si el sobrecosto de la obra era mayor al 25% del costo original, el proyecto dejaría de ser socialmente rentable. Sin embargo, el proyecto de la Línea 12 del Metro, se realizó con el 378 por ciento de sobrecosto, de 420 millones de dólares, del costo original, a 1, 588, 152, 500 millones de dólares.

En la descripción del Proyecto de prestación de servicios para otorgar el contrato a CAF México, SA de CV se estipula que el Sistema de Transporte Colectivo Metro se hacía cargo de la calidad del servicio especificando que el prestador del servicio recibiría un pago mensual “cuyo monto estará sujeto al cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en el contrato”. Pero entre las justificaciones financieras, se alude a un “presupuesto insuficiente”.

Auditorías encubridoras

La Auditoría Superior de la Federación, a través del director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, Celerino Cruz García, en referencia al oficio DGCNCP/1545/2011, con fecha del 13 de junio de 2011, para la revisión de la Cuenta Pública de 2009, dirigió un oficio en respuesta al director general de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a cargo de Marco Antonio Alvarado Sánchez.

En este documento dejó asentado bajo el número de oficio DGAIFF-K-1525/2011, con fecha del 3 de noviembre de 2011, que en respuesta a la auditoría número 554, de “inversiones físicas” de la Línea 12 del Metro, se cumplía con la evidencia documental que soportaba la autorización del pago.

Cruz García emitió un siguiente oficio, con el número de oficio DGAIFF-K-1524/2011 y fecha, en el que afirmó que con la documentación técnica aportada se sustentaba también la necesidad de modificaciones en el trazo especificado en el convenio, y que se había aclarado que “con los nuevos cadenamientos topográficos para la ubicación de las estaciones y tramos se incrementó la longitud de operación y la longitud de construcción de los tramos”, sin que el monto del contrato se hubiera modificado.

Con otro oficio número DGAIFF-K-1522/2011, fechado el 15 de noviembre de 2011, también Cruz García dio fe con su firma que debido a la “situación financiera internacional que acusaba sus efectos en el país”, la inversión programada no se podía cumplir y se tuvieron que reprogramar los montos e incrementar anticipos a fin de asegurar los costos de la obra.

El oficio DGAIFF-K-1539/2011, bajo la misma firma de Cruz García, y con fecha del 7 de noviembre de 2011, derivado de la misma auditoría, especificó que al cierre del ejercicio presupuestal de 2009, “la contratista cumplió con el programa establecido en el convenio formalizado, razón por la cual la Dirección General del Órgano Desconcentrado del Proyecto Metro le devolvió las retenciones observadas por un importe de 10,004.0 miles de pesos”.

Con el oficio número DGAIFF-K-1520/2011, del 15 de noviembre de 2011, Cruz García asienta “que la contratista cumplió en términos absolutos con el importe programado (…) y comprobó la correcta inversión de los anticipos concedidos no amortizados”, señalando que resultaba además improcedente un cargo mensual del 2.0 %”.

La Auditoría Superior de la Federación había reportado daños por 5,130 millones de pesos en la Línea 12, pero después de la auditoría, en cinco hojas de la Auditoría de Inversiones Físicas Federales, desaparecieron los daños.

 

Polémicas por averías y corrupción en 2014

Marcelo Ebrard, quien se desempeñaba como jefe del gobierno de la Ciudad de México, durante la construcción de la Línea 12, fue cuestionado por legisladores por supuestos desvíos de recursos de 627 millones de pesos.  No obstante, en tuit del 10 de septiembre de 2014, el actual secretario de Relaciones Exteriores, negó las imputaciones.

Miguel Ángel Mancera, por su parte, el 8 de julio de 2013, ya como jefe de Gobierno, dijo que recibía la Línea 12 del Metro “como segura y operable”. Al año siguiente, cuando surgió la polémica de la corrupción y negligencia técnica, Ebrard reclamó a través de los medios por qué Mancera había recibido el proyecto de manera “legal y formal”, como operable.

De acuerdo con reportes de prensa, según el director general del Sistema de Transporte colectivo, Jorge Gaviño Ambriz, en su diagnóstico presentado en 2017, declaró que la Línea 12 del Metro tuvo fallas de construcción, y en marzo de 2014, en su tramo de Tláhuac a Atlalilco, se suspendió el servicio.

Los trenes volvieron a operar en su totalidad para finales de 2015, pero el funcionario hizo énfasis en que los errores cometidos en la construcción eran permanentes, y requería un mantenimiento de alto costo por el desgaste ondulatorio de las vías.

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