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Mexico Violento

Indígenas amuzgos piden ayuda para salvar el río San Pedro

Las comunidades de amuzgos solicitan ayuda para evitar que el gobernador del estado, Angel Aguirre, continúe con la obra que secaría el río San Pedro

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Xochistlahuaca (Suljaa´). Dos jóvenes que transportan leña cruzan el río San Pedro. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

COSTA CHICA, Guerrero, México.- Habitantes n´anncue ñomndaa´ (amuzgos) de la Costa Chica así como organizaciones nacionales e internacionales se pronunciaron para exigir al gobernador Ángel Aguirre Rivero la cancelación de la obra que extraerá agua del río San Pedro para abastecer a la cabecera municipal de Ometepec por no haber sido concensuada con los pueblos que serán afectados.

Las comunidades, organizaciones, colectivos y personas que lucha por una vida digna para todas y todos les piden estar atentos a “nuestra lucha en defensa de la Tierra, del Agua, del Aire, es decir del Territorio, de la vida misma de nuestros pueblos”.

Mediante un comunicado, los pobladores de las comunidades demandan al gobierno del estado la cancelación inmediata de la obra por ser violatorio a sus derechos colectivos establecidos en convenios internacionales vigentes para el país como el 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y resaltando “la flagrante violación a los artículos 68 y 69 de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero”.

El texto critica que así, como en los años setenta, la forestal Vicente Guerrero extrajo millones de metros cúbicos de madera deforestando la región de La Montaña de los municipios de Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca, negociando la venta de madera con representantes agrarios y el comisario de una solo comunidad; San Pedro Cuitlapa sin el consenso de las demás comunidades, ahora el gobernador hace lo mismo con dicha comunidad para cumplir una de sus promesas de campaña.

Agrega que sin el consentimiento de las comunidades que integran bienes comunales y ejidos de los dos municipios por donde atraviesa el río y del cual dependen muchas actividades pretenden llevarse una gran cantidad de agua introduciendo tubería de más de 40 centímetros de diámetro.

Solicitan ayuda nacional e internacional contra la depredación del gobierno

La misiva va dirigida al pueblo de México, al Congreso Nacional Indígena, la Otra Campaña, medios libres, comunitarios y populares, medios masivos honestos, organizaciones sociales de Abajo y a la Izquierda, personas honestas y al mal gobierno en sus tres niveles.

Según los manifestantes, lo anterior se realiza tras la negociación que hiciera el gobierno con el ex presidente municipal de Tlacoachistlahuaca y con representantes de San Pedro Cuitlapa en supuesto cumplimiento de las promesas de campaña del gobernador con los caciques de Ometepec.

El documento denuncia que presuntamente los caciques del nombrado municipio necesitan que el agua corra cerca de los lotes de tierra que están vendiendo para que aumente su ganancia, “ellos han vuelto el agua una mercancía para acrecentar su riqueza, mientras que para nosotros los pueblos originarios que habitamos las riveras del río pretenden cambiarnos nuestra forma de vida.”.

La protesta formal contra el proyecto de entubamiento de agua de río, surgió a orilla de Jndando´ts´om o Poza del Mango del río San Pedro durante una reunión en el marco del VIII aniversario de la radio comunitaria Ñomndaa´ La Palabra del Agua en cuyo primer día de actividades se vio rondar un camión del Ejército por el lugar en el cual se realizó un evento cultural musical.

Xochistlahuaca (Suljaa´). Panorámica del río San Pedro y las montañas de la Costa Chica. Foto: Sergio Ferrer

Una historia más de despojo gubernamental

Para las y los asistentes al encuentro, “se trata de una historia más de despojo que sufren las comunidades Na Savi (Mixtecos) y Nancue Ñomndaa (Amuzgos) que habitan los municipios de Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca, Guerrero, quienes de manera ancestral han convivido y respetado la naturaleza”.

El comunicado retoma las palabras de pobladores de esas tierras quienes recordaron que años atrás la naturaleza proveía todo lo necesario para alimentarse, resguardarse sin que nada tuviera precio, sin embargo, menciona, ahora el desarrollo capitalista y la ambición de poderosos ha puesto como mercancía la fuente de vida para que los indígenas vendan sus tierras sin que las puedan recuperar así como ha puesto precio a la madera, al agua para que solo los poseedores del poder puedan comprarlas.

En otros párrafos, el comunicado solicita al “mal gobierno federal respete el territorio de los pueblos originarios, campesinos y gente pobre que vive de la cosecha de la tierra”.

Y es que para los firmantes, el sistema capitalista depredador se fortalece a costa de despojar el territorio, cultura y dignidad de la gente trabajadora, inventando entre otras cosas la guerra contra la delincuencia organizada que no es en el fondo más que un exterminio del Estado contra la gente de abajo y sobre todo de la gente que se organiza para luchar y defender sus derechos, lo cual está dejando miles de muertos, desaparecidos y presos políticos.

En el escrito también se asevera que los cambios de partidos y personajes del poder no se ha traducido en mejoras para el pueblo trabajador sino son estrategias del sistema para fortalecerse entre ellos mismos, pues los gobernantes solo son empleados del poder económico y no representantes del pueblo.

El comunicado aparece avalado por organizaciones de Guerrero como el CECOP, CRAC, Radio Ñomndaa, otras como la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, organizaciones de Chiapas, Tlaxcala, Puebla, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz así como por medios libres, colectivos juveniles, estudiantes de la UNAM, ENAH; UIEG, UPN Tlapa, habitantes y asistentes en general.

Los artículos 68 y 69 constitucional

Los artículos constitucionales en los que se basan las comunidades amuzgos para demandar el respeto a territorios y recursos naturales son los siguientes:

Según una versión de la ley disponible para descarga en Internet en la página del gobierno del estado de Guerrero la nombrada ley en su capítulo VI, acerca del Aprovechamiento de los recursos naturales en los territorios de los pueblos y comunidades indígenas enuncia:

Artículo 68.- Los pueblos y comunidades indígenas y el Estado a través de la Secretaría de Ecología, conforme a la normatividad aplicable, convendrán las acciones y medidas necesarias para conservar el medio ambiente y proteger los recursos naturales comprendidos en sus territorios, de tal modo que éstas sean ecológicamente sustentables, técnicamente apropiadas y adecuadas para mantener el equilibrio ecológico, así como compatibles con la libre determinación de los pueblos y comunidades para la preservación y usufructo de los recursos naturales. Artículo 69.- Las autoridades y los particulares, deberán consensar con las comunidades indígenas, los proyectos e iniciativas de obras que impacten los recursos naturales comprendidos en sus territorios.

 

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Fiscalía de Michoacán localiza 22 cadáveres en fosa clandestina

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán informó que fueron localizados 22 cuerpos humanos en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Villamar, Michoacán, que podrían pertenecer a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asesinados por el grupo criminal “Los Pájaros de la Sierra”.

De acuerdo con la fiscalía estatal, esta fosa clandestina fue hallada desde el pasado 19 de marzo en un terreno de la comunidad de “Los Negritos” que colinda con una presa, donde recientemente las autoridades federales y estatales localizaron dos osamentas humanas más para un total de 22 cuerpos recuperados.

Las autoridades estatales refirieron que estos cuerpos corresponden en su totalidad a varones, quienes formarían parte del CJNG, y habrían sido abatidos por el grupo criminal que controla la región, aunque hasta el momento no han sido identificados.

En total de los 22 cuerpos recuperados, 17 corresponden a varones y cinco mujeres, por lo que continúan con las labores de peritajes forenses para conocer la identidad de los asesinados, por lo que esta zona es acordonada por elementos de la Guardia Nacional que se encarga del resguardo del sitio.

Michoacán es uno de los estados más afectados por la violencia ocasionada por la disputa de los diferentes grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas, por lo que las bandas escindidas de la Familia Michoacana buscan retomar el control del estado, mientras que el CJNG pretende apoderarse del mismo.

Aunque el gobierno federal se comprometió a reforzar la seguridad en la entidad, hasta el momento los niveles de inseguridad en ese estado no han disminuido, por lo que persiste el riesgo de nuevas agresiones entre las organizaciones delictivas que pretenden controlar el trasiego de estupefacientes.

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Colectivo Artículo 20 denuncia muerte de internas con enfermedades terminales tras su traslado arbitrario al Cefereso #16

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Los Ángeles Press

Familiar de una interna enferma de cáncer, en el Centro de Rehabilitación Social de Acapulco, Guerrero, denunció el fallecimiento tras su traslado arbitrario al Centro Federal número 16, en Coatlán del Río, Morelos. Según el testimonio dado al colectivo de derechos humanos Artículo 20, la interna de nombre Guadalupe Merino Sánchez, «iba estable» pero se le suspendió su tratamiento. Se trata de la tercera muerte tras el traslado arbitrario al mismo penal federal.

“La dejaron morir, yo tengo todos los audios grabados dónde mi mamá me decía que no le daban de comer y tampoco le daban la atención médica”, señaló en su testimonio la hija de la interna. Reiteró que nunca le dieron un medicamento, ni por humanidad, siendo una enferma en fase terminal, pero que además le piden 10 mil pesos (530 dólares) para el traslado del cuerpo nuevamente a Acapulco.

Durante los últimos cinco meses, se han realizado al menos unos 500 traslados de los centros estatales al CEFERESO número 16, de Morelos, sin justificación, ya que la mayoría de las internas son del fuero común, señala la organización Artículo 20.

El centro federal femenil, de acuerdo con la denuncia, se trata de un penal concesionado a una empresa privada presuntamente por el grupo Carso, del que es dueño el empresario Carlos Slim, y que en entrevista para Los Ángeles Press, las activistas de los derechos humanos de las internas en el movimiento «Ola Beige» habían denunciado una serie de irregularidades que iban desde el maltrato hasta la falta de atención médica.

El traslado masivo de mujeres y hombres en reclusión, con procesos judiciales del fuero común a penales federales, “es una violación de derechos humanos al alejarlos de sus familias a cientos de kilómetros, como pasó con las reclusas del puerto de Acapulco, del Cereso de Las Cruces”, apuntó la denunciante de Artículo 20.

Los familiares de las internas con traslados arbitrarios se han organizado en diversas protestas para exigir el retorno de sus familiares, sobre todo porque implicó que personas con enfermedades terminales, interrumpieran su tratamiento, lo que derivó en la muerte antes de tiempo.

También se enfatizó que la falta de atención médica en el Cefereso 16 se debe a la fata de personal, ya que sólo hay dos médicos para 1200 reclusas, además de que la comida es escasa y falta agua potable, les limitaron las llamadas telefónicas y la entrada de suministros.

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El CJNG se desplaza a Yucatán con ejecuciones y ‘cobros de piso’ a contratistas y trabajadores del Tren Maya

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El Cártel Jalisco Nueva Generación enfila sus baterías al estado de Yucatán, luego que estar siendo desplazado de Quintana Roo, a sangre y fuego.

Por Alfredo Griz Cruz

YUCATÁN, México.- Tras la presión del Gobierno federal para ceder el control de las plazas del Caribe mexicano a otros grupos del crimen organizado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ve obligado a desplazarse hacia Yucatán, desde hace apenas unos días, justamente cuando el sábado 25 de junio se daba cuenta de ocho ejecutados tirados en los limítrofes del estado de Yucatán.

Sus nombres eran José Luis Villalpando Pat, de 46 años; Édgar Medina Romero, de 19; Heber Crescencio Landeros Vidal, de 40; Flavio César Robledo García, de 24; David Azael Pool Poot, de 22; Moisés Nicolás Cuervo, de 41, y José Ismael Dzul Chan, de 20 años. Todos ellos “levantados” entre el 21 y 23 de junio en el poblado de Xcalac, de Quintana Roo.

El Cartel Jalisco Nueva Generación mandó un mensaje claro a la autoridad yucateca, mostrando fuerza y determinación para entrar a esa entidad; sin embargo, las autoridades policiacas de Yucatán reaccionaron de manera inmediata y blindaron el estado en espera de otro posible golpe.

Ha habido indicios de que ya se tenía presencia de ese cartel en la ciudad de Mérida. Un evento a lo referido es cuando la empleada de la Comisión Federal de Electricidad, Circe Viridiana Palma Martínez, intentó medrar con información confidencial que revelaba la corrupción de los servidores públicos de esta institución y tras su fracaso denunció ante la FGR a este reportero a petición de la paraestatal. En consecuencia, fue colocada una narco-manta en el domicilio de quien escribe con amenazas a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Dicha empleada que filtró información confidencial de las obras del Tren Maya y de sus jefes directos, Marco Antonio Flores y Víctor Manuel Tziu Sosa, fue coaccionada a denunciar a este periodista bajo supuestos delitos de extorsión para no ser despedida. La empleada, cuyo número de control es RPE: DB483, señaló que los desvíos de recursos de esa paraestatal se hace entre amigos y grupos del del crimen organizado. De ahí se deriva la narco-manta que fue colocada en el domicilio de este reportero y de la cual, la autoridad estatal se mantiene al margen, ignorando el asunto, y dejando el caso al Ministerio Público Federal.

Narcomanta del CJGN con amenazas al reportero.

Recapitulando los hechos

  • El día 22 de abril fue detenido en Progreso, Yucatán, un lugarteniente del CJNG en el más completo sigilo, lo que obra en diversas notas periodísticas regionales y nacionales.
  • El 7 de mayo, este reportero es amenazado por el CJNG, como respaldo a la empleada de la Comisión Federal de Electricidad que le filtró información, y luego lo denunció en la Fiscalía General del Estado por supuesta extorsión, para deslindarse de su responsabilidad ante el delito de revelación de secretos.
  • El 25 de junio, ejecutaron a ocho personas que fueron tirados en el municipio de Chikindzont, localizado al oriente de Yucatán, adjudicándose los hechos el CJNG.
  • El martes 28, en el barrio de San Sebastián, en pleno centro de la ciudad, se desplegó un intenso operativo para detener a ocho personas pertenecientes al CJNG quienes tenían a personas privadas de su libertad en un domicilio de esa céntrica colonia, lo que provocó activar el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, con vuelos constantes en las colonias, Campestre, Pedregales de Tamlun, Chuburna, Chichi Suárez, entre otras.

Tras el operativo de persecución y detención de los presuntos criminales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República; sin embargo, en un golpe de timón mediático, las autoridades estatales deslizaron la información de que fueron detenidas personas que se dedicaban a estafar a través de un call center. Lo que resulta inverosímil, ya que no se justifica ni la persecución por todo el norte de la ciudad ni el accionar de un helicóptero policial, por lo que es evidente que se está ocultando la información, para no poner en evidencia la fragilidad de la seguridad pública de Mérida.

A decir de Circe Viridiana Palma Martínez, quien filtró la información sobre la corrupción del Tren Maya y quien ahora es imputada en una denuncia federal, señala que los contratistas que laboran en los tramos del tren de Campeche a Quintana Roo, deben de dar su cuota a los residentes y también a los grupos del crimen organizado que tengan control sobre las zonas de construcción. De ahí se deriva la férrea lucha en la zona de Quintana Roo, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación fue desplazado de las zonas turísticas, y ahora se quiere abrir paso en esos tramos de construcción del Tren Maya. Que de acuerdo con la información recibida, uno de los motivos del CJNG para establecer una base de operaciones en Yucatán es tomar el control de las obras del Tren Maya, donde normalmente se mueve la droga con los trabajadores y se hacen cobros de piso a los contratistas.

La ahora imputada servidora pública, quien ha mantenido silencio ante este medio de comunicación, pero vierte información sobre la denuncia federal en su contra, deja entre ver acuerdos no transparentes de la paraestatal y el Ministerio Público Federal en una clara obstaculización de la justicia.

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