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Justicia pendiente

Incesante la búsqueda de los familiares de desaparecidos en México

MentesMaestras

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Padres de los 43 Normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marchan en Chilpancingo

Padres de los 43 Normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marchan en Chilpancingo

Atziri Ávila

El incremento de la desaparición de personas en México es un problema que cada minuto impacta en la vida de muchas mexicanas y mexicanos. Según el Registro Nacional de Datos de Personas extraviadas o Desaparecidas (RNPED) se tiene documentada la desaparición de 27 mil 638 personas. Dicha problemática incrementó en 2006 con la llamada “Guerra contra el Narcotráfico” de Felipe Calderón, en cuyo sexenio la violencia, los asesinatos, feminicidios y la desaparición de personas ascendieron exponencialmente. A partir de ese entonces, ha sido constante la aparición de fosas clandestinas con cuerpos de personas en distintas partes del país.

Ante la falta de investigaciones, impunidad, omisión y complicidad de las autoridades, las familias han salido a las calles en busca de sus familiares desaparecidos. Unidos hombres y mujeres a lo largo y ancho de México se han conformado en espacios como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM); el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM); o el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, entre otros.  Todos ellos con el objetivo de exigir la aparición con vida, el derecho a la verdad y el acceso a la justicia.

Lugares como Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, se han vuelto emblemáticos por el incremento de la desaparición de personas. Si bien las familias de las víctimas habían permanecido invisibles por mucho tiempo, es conocido que desde 2007 la desaparición de personas es una constante en esta población en la cual se tiene el registro de al menos 309 personas desaparecidas, como se documenta en el Informe “Un trato de indolencia, la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México”, publicado recientemente por la organización Amnistía Internacional.

A ello se une la desaparición forzada, como lo evidenciaron los hechos ocurridos el 26 y 27 se septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, fecha en la que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos, mientras que tres más fueron ejecutados extrajudicialmente.

Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero

Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero

A pesar de que han pasado 16 meses de los hechos, la impunidad prevalece y si bien han sido detenidas algunas personas, ninguna fue procesada por desaparición forzada. El 21 de enero de 2016 fueron detenidos tres personas: Bernabé Sotelo Salinas, Cruz Sotelo Salinas y Mauro Taboada Salgado, sin embargo los cargos en su contra fueron por portación ilegal de armas de fuego.

Paradójicamente, los normalistas, las familias y las organizaciones acompañantes han sido acusadas de tener nexos con el crimen organizado y grupos paramilitares. Asimismo, las expertas Claudia Paz y Paz, de Guatemala, y Ángela Buitrago, de Colombia, quienes forman parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa, han sido objeto de una campaña de señalamientos infundados, calumnias y difamaciones a través de declaraciones a los medios de comunicación, conferencias en universidades y redes sociales.

 Además de poner en evidencia la colusión de las autoridades, la desaparición de personas y la desaparición forzada también ha tenido un impacto en los proyectos de vida de las familias de las víctimas tales como afectaciones a la salud, problemas económicos, falta de acceso a la educación y el abandono de otras hijas e hijos.

Lamentablemente, las más afectadas son personas con menos recursos económicos, quienes regularmente viven en lugares alejados en donde es muy difícil acceder a las instituciones correspondientes para realizar las denuncias necesarias. Y muchas otras veces, aunque exista la posibilidad de hacerlas, se opta por omitirlas debido al miedo o a la falta de confianza en quienes tendrían que garantizar el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad personal y el derecho a la vida de las y los mexicanos.

En México vivimos un mundo al revés, a grado tal que son las propias autoridades quienes agreden a las familias de las personas desaparecidas y a las defensoras de derechos humanos que visibilizan la desaparición de personas y los feminicidios en México. Un claro ejemplo es el allanamiento a la casa de la defensora Janahuy Paredes ocurrido el pasado 25 de diciembre de 2015 en Morelia, Michoacán. Janahuy es integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM), e hija del defensor de Derechos Humanos Francisco Paredes Ruíz, detenido y desaparecido por elementos del Ejército Mexicano el 26 de septiembre del 2007 en la ciudad de Morelia.

La defensora llamó a la policía para denunciar lo ocurrido y solicitó la presencia de autoridades, aunque la operadora recibió su denuncia y nombre, el auxilio nunca llegó, contrario a ello, tres horas después regresaron los mismos sujetos que allanaron y desde la calle uno de ellos gritó: “Identifíquenla bien de la cara, después se encargan de ella, se la llevan y la desaparecen, porque ella fue la que llamó a la policía (…)”.

IMG_4826La exigencia de justicia y la denuncia de las omisiones e ineficacia del Estado, ha colocado a las defensoras de derechos humanos y familiares en extrema vulnerabilidad.  Así lo evidencia el asesinato de la señora Cornelia San Juan Guevara, madre de Osvaldo Espejel Guevara quien fue desaparecido desde el año 2012 en Tecámac (Estado de México), y de “doña Coni”, integrante del Grupo Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos asesinada el 15 de enero de 2016 en su propia casa.

Una de las características en la desaparición de personas en México, es que la sufren más las personas jóvenes. Es el fatídico caso de Susana Tapia Garibo (16 años), Bernardo Benítez Arroniz (25 años), José Benítez de la O (24 años), Mario Arturo Orozco Sánchez (27 años) y Alfredo González (25 años).

Estos cinco jóvenes fueron detenidos en un retén por la policía estatal el 11 de enero de 2016 en el estado de Veracruz, según la información divulgada por las madres de los jóvenes, sus hijos fueron subidos a patrullas de la policía y desde esa fecha se desconoce su paradero. La desaparición forzada es más grave, por lo que merece ser investigada, sancionada y reparada.

La realidad que vivimos en México es ocultada por los medios de comunicación masivos, sin embargo, es una realidad que desde diversos espacios se busca visibilizar y denunciar, es la razón por la que cientos de mexicanas y mexicanos salen a las calles para exigir un alto a las violaciones a los derechos humanos, a la impunidad y el respeto al derecho fundamental: el derecho a la vida.

Justicia pendiente

CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

Ignacio García

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para reparar el daño a Israel Vallarta, acusado de secuestro en 2005 por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en montaje transmitido por Televisa.

El organismo autónomo emitió la recomendación al fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, por violentar los derechos humanos de una persona a la integridad personal y de trato digno por actos de tortura atribuibles a la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones.

Esta recomendación de la CNDH se emitió después de la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima en 2008, pero fue hasta 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de su coacusada Florence Cassez,, cuando la comisión de derechos humanos inició una investigación por las violaciones graves de derechos humanos.

En la queja presentada por Israel Vallarta se refiere que fue detenido de forma ilegal por elementos federales, quienes lo sometieron junto a Florence Cassez y trasladados a un espacio donde los esperaban trabajadores de Televisa que comenzaron a realizarles preguntas en una simulación.

Por ello, la CNDH solicitó a la FGR que realice las investigaciones correspondientes para que se repare de forma integral el daño a las personas afectadas por los hechos acontecidos hace 16 años, después de que el Poder Judicial proporcionó estas ventajas.

Apenas la semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el montaje difundido en su momento por Televisa, en el cual se señalaba que tanto Cassez como Vallarta como presuntos secuestradores, lo que fue desmentido por las investigaciones posteriores.

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Justicia pendiente

Diputados aprueban eliminar el outsourcing

Ignacio García

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Los integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados federal aprobaron la eliminación del Outsourcing en cualquier tipo de contrato del gobierno federal.

Con 50 votos a favor y 10 en contra, los legisladores federales aprobaron la reforma para la eliminación de la subcontratación laboral, con la cual se eliminen este tipo de esquema de contratación por medio de terceros para afectar a los trabajadores.

La presidenta de la comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, dijo que se analizaron todos los puntos del proyecto, mismo que se prolongó por varias horas, después de que los legisladores del Partido del Trabajo (PT) consideraron que esa figura fue incompleta y se tendría que erradicar por completa esta figura.

La diputada federal del PT, Margarita García, sostuvo que era necesario incorporar que las empresas de seguridad y de limpieza que son considerados empleos no especializados, pues los trabajadores de estos sectores son de los más afectados por las malas prácticas de subcontratación.

Por su parte, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Angélica Zamudio, indicó que en ningún esquema del gobierno federal se debe considerar la eliminación completa del esquema de subcontratación en cualquier área interna.

Esta iniciativa fue retomada en el pleno legislativo para que se incluya esta modificación para la atención de las personas que laboran en diferentes áreas de producción laboral y con ello se fortalezcan las defensas de los derechos sociales de las personas.

Previamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que se necesita eliminar este esquema privativo de los derechos laborales de los trabajadores que desde la reforma laboral de 2012 han sido afectados por la falta de estas condiciones.

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Justicia pendiente

Familiares de víctimas del Ejército manchan de sangre la SEDENA en protesta

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una protesta de sangre en el campamento por justicia afuera de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), familiares de víctimas del Ejército piden justicia al general Luis Crescencio Sandoval y que se atiendan sus demandas, entre éstas la libertad del Capitán Malagón y la reparación de daño a Óscar Kabata, sobreviviente de tortura a los 17 años.

Elizabeth Pérez familiar del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón -quien fue torturado y acusado de homicidio en 2010 por la Policía Judicial Militar, después de resistirse a un secuestro por el escolta personal de Javier Lozano Alarcón, exsecretario de Estado vinculado al Cártel de Sinaloa- señaló que su protesta es porque han hecho caso omiso de la injustica y su familiar lleva once años en prisión sentenciado por un falso crimen pasional, después de denunciar la narco-corrupción de altos mandos militares bajo el gobierno de Felipe Calderón.

Asimismo, Laura Kabata, madre de Óscar Alejandro Kabata De Anda, sobreviviente de tortura y violencia sexual a los 17 años a manos de militares bajo órdenes del general Felipe de Jesús Espitia, se sumó a la protesta manchando las paredes del edificio de la SEDENA con su propia sangre. Su hijo, junto con otros dos amigos, fueron detenidos arbitrariamente y retenidos de manera ilegal por el general Espitia. Víctor Manuel Baca Prieto y Ramiro Unzueta Islas fueron ejecutados, uno de ellos frente a Kabata, quien fue liberado cinco días después con amenazas de muerte directamente de Espitia.

Se sumó a la protesta de sangre también Eric Guidchard Peña, quien exige justicia por su padre y tres tíos que fueron ejecutados por el ejército en Chiapas en 1974, y tienen el reconocimiento como víctimas del Estado sin que hasta la fecha le hayan reparado el daño a su familia.

El caso del capitán Malagón y el de Óscar Kabata fueron expuestos ante el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, en conferencia matutina del 6 de abril de 2021, estando presente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, a quien le pidió un informe, y se valoraría si se creaba una comisión de la verdad para crímenes del Ejército. No obstante, siguen sin ser atendidos.

Desde el 24 de marzo, montaron el campamento con dos tiendas de campaña y colgaron lonas y cartulinas con la información de los hechos y fotografías de exfuncionarios a los que responsabilizan de las injusticias.

 

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