Dulce María Alfaro, madre de Berenice Trinidad Severiano Alfaro, recluida desde el 29 de marzo de 2021 en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chalco, Estado de México, por el delito de secuestro, denunció la falta de pruebas que acrediten su culpa en los delitos de que se le acusa, por lo cual pidió su inmediata liberación.

Por medio de una misiva, la madre y representante de la madre de dos menores de edad expuso que el día en que su hija fue arrestada, salió de su domicilio en el municipio de Chalco, Estado de México, al oriente de la Ciudad de México, acompañada de sus dos hijos, que entonces tenían tres y cinco años de edad y de su vecina, Michel Alejandra Soto Pacheco, y su hija de dos años de edad y se dirigían al médico por un padecimiento de la infante, sin embargo, en ese momento fue detenida por elementos de la policía municipal.

De acuerdo con la madre de la víctima, uno de los uniformados la golpeó y obligó a descender del vehículo en que viajaban, pues la camioneta tenía placas de un vehículo en el que se cometió un secuestro.

Al llegar al Ministerio Público de Nezahualcóyotl los policías municipales acusaron a Berenice del secuestro de un hombre, aunque no presentaron pruebas sobre ello y la obligaron a firmar una presunta confesión del delito después de ser torturada, golpeada y amenazada.

Después fue trasladada al área Covid-19 del centro de reclusión de Chalco, y posteriormente fue vinculada a proceso por el delito de secuestro, a pesar de que la policía nunca presentó pruebas, sólo con los dichos de los cuatro policías municipales.

De la misma manera, la madre de la víctima refirió que ocurrieron una serie de anomalías durante el proceso para impedir la defensa de Berenice, además de que las autoridades realizaron un allanamiento ilegal en su domicilio, pues nunca presentaron una orden de cateo, además de que sembraron evidencia en su contra.

También los infantes fueron maltratados y fueron entregados en resguardo a la Procuraduría de la Defensa del Menor durante tres meses, por lo cual su abuela acusó de abuso de autoridad y las secuelas emocionales que les provocaron ser testigos del arresto ilegal de su madre y la manera en que fueron entregados a esa procuraduría.

El juicio está por concluir, pero Berenice no ha tenido acceso a una adecuada defensa legal, pese a que la parte acusadora no ha presentado pruebas científicas ni tecnológicas, además de que no hay testigos que hagan veraces las acusaciones contra ella. Es por ello que la señora Alfaro demanda la liberación de Berenice por la falta de pruebas.

Jueza María Teresa Quevedo Sánchez modificó sentencias y cargos de todos los implicados

Por Miguel Montesinos León

Ayer 26 de marzo se cumplieron dos años de la desaparición forzada y asesinato de la activista Claudia Uruchurtu Cruz en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Un crimen ordenado por la entonces presidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, del gobierno de la 4T, que podría quedar en impunidad, por la protección de MORENA, que se observó desde el momento que se cometió el crimen.

El entonces senador por Oaxaca, Salomón Jara Cruz, ahora gobernador del estado, trató de proteger desde el senado mexicano a Lisbeth Victoria Huerta, a quien se le veía como su pupila, aunque no pudo evitar fuera detenida y encarcelada con los servidores públicos que actuaron en complicidad con ella.

A tan solo 15 días de asumir el cargo como gobernador de Oaxaca, Salomón Jara pretendió que fuera liberada la expresidente municipal de Nochixtlán Lizbeth Victoria Huerta, pese a la sentencia como autora intelectual de la desaparición forzada y asesinato de la activista británica Claudia Uruchurtu Cruz. Para ello, Jara Cruz contó con la colaboración de la juez de control Meria Teresa Quevedo Sánchez con sede en Huajuapan de León.

Leer más: Agresores de la activista Claudia Uruchurtu confirman su ejecución, sin revelar ubicación de su cuerpo –  (losangelespress.org)

Al modificar las sentencias a la expresidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, la jueza Quevedo Sánchez también modificó los cargos desaparición forzada y homicidio a «entorpecer búsqueda de persona», y le redujo la pena a cuatro años dos meses de prisión, por lo que Victoria Huerta podría quedar en libertad en poco tiempo, e incluso se cree que podría también ejercer cargos en la administración pública al amparo y protección de Salomón Jara Cruz.

Demanda en el olvido

El 26 de marzo de 2021, Claudia Uruchurtu Cruz se encontraba en la Ciudad de México pidiendo justicia por la corrupción de la presidente municipal. De inmediato, viajó a Nochixtlán en apoyo a la convocatoria para exigir la atención médica y liberar a Alfonso Avendaño, detenido y golpeado por la policía bajo órdenes de la edil Lizbeth Victoria Huerta y el fiscal en jefe adscrito al Distrito de Nochixtlán Rey Velasco Carranza.

La demanda de justicia que hacía la activista, quedó en el olvido. También se encuentra en el limbo de la justicia en la Fiscalía Anticorrupción, de Oaxaca donde su titular Jorge Emilio Iruegas Álvarez dice que no existe ningún avance en la carpeta de investigación.

Con esta negativa a concluir la carpeta de investigación iniciada por Alfonso Avendaño Rodríguez en contra de la expresidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, policías municipales y ministerio público, la justicia en Oaxaca seguirá pendiente.

Entérate: Alcaldesa de MORENA en Nochixtlán detenida por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu –  (losangelespress.org)

Por Ignacio García

Luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, otorgara la suspensión al ‘Plan B’, de la reforma electoral impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Consejería Jurídica de la presidencia de la república anunció que impugnará dicha decisión al considerar que viola la Constitución Política Mexicana.

Por medio de un comunicado, la Consejería refirió que el ministro Laynez Potisek cometió una serie de arbitrariedades para impedir que se implemente el ‘Plan B’, como se ha identificado a la propuesta de reforma electoral de López Obrador. Y según el comunicado, estas irregularidades fueron aprobadas por el Poder Legislativo federal. De acuerdo con la Consejería, los ministros del Poder Judicial deben actuar de forma congruente y garantizar el orden constitucional, además de proteger los derechos y libertades.

Apenas el viernes pasado la Suprema Corte de Justicia suspendió la implementación del ‘Plan B’ electoral que fue solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual fue criticado por el presidente de México, quien acusó que los ministros defienden intereses de los consejeros electorales con elevados sueldos, superiores a los del titular del Poder Ejecutivo federal.

Asimismo, el INE dio a conocer la quinteta de las personas que podrían ocupar las cuatro consejerías electorales pendientes, de las cuales están relacionadas en su mayoría con el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).

Para encabezar el INE se encuentra considerada Bertha Luján, hermana de la actual titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Luján, situación que ha provocado inconformidad por parte de diferentes representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos. Así también el hermano de la Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, quien estaba al frente del Instituto Federal de Defensoría Pública y durante su gestión despidió de manera masiva a abogados defensores con hasta 20 años de servicio en e Poder Judicial, cometiendo irregularidades y dejando en indefensión a personas privadas de libertad.