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Justicia pendiente

Incesante la búsqueda de los familiares de desaparecidos en México

MentesMaestras

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Padres de los 43 Normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marchan en Chilpancingo

Padres de los 43 Normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marchan en Chilpancingo

Atziri Ávila

El incremento de la desaparición de personas en México es un problema que cada minuto impacta en la vida de muchas mexicanas y mexicanos. Según el Registro Nacional de Datos de Personas extraviadas o Desaparecidas (RNPED) se tiene documentada la desaparición de 27 mil 638 personas. Dicha problemática incrementó en 2006 con la llamada “Guerra contra el Narcotráfico” de Felipe Calderón, en cuyo sexenio la violencia, los asesinatos, feminicidios y la desaparición de personas ascendieron exponencialmente. A partir de ese entonces, ha sido constante la aparición de fosas clandestinas con cuerpos de personas en distintas partes del país.

Ante la falta de investigaciones, impunidad, omisión y complicidad de las autoridades, las familias han salido a las calles en busca de sus familiares desaparecidos. Unidos hombres y mujeres a lo largo y ancho de México se han conformado en espacios como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM); el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM); o el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, entre otros.  Todos ellos con el objetivo de exigir la aparición con vida, el derecho a la verdad y el acceso a la justicia.

Lugares como Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, se han vuelto emblemáticos por el incremento de la desaparición de personas. Si bien las familias de las víctimas habían permanecido invisibles por mucho tiempo, es conocido que desde 2007 la desaparición de personas es una constante en esta población en la cual se tiene el registro de al menos 309 personas desaparecidas, como se documenta en el Informe “Un trato de indolencia, la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México”, publicado recientemente por la organización Amnistía Internacional.

A ello se une la desaparición forzada, como lo evidenciaron los hechos ocurridos el 26 y 27 se septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, fecha en la que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos, mientras que tres más fueron ejecutados extrajudicialmente.

Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero

Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero

A pesar de que han pasado 16 meses de los hechos, la impunidad prevalece y si bien han sido detenidas algunas personas, ninguna fue procesada por desaparición forzada. El 21 de enero de 2016 fueron detenidos tres personas: Bernabé Sotelo Salinas, Cruz Sotelo Salinas y Mauro Taboada Salgado, sin embargo los cargos en su contra fueron por portación ilegal de armas de fuego.

Paradójicamente, los normalistas, las familias y las organizaciones acompañantes han sido acusadas de tener nexos con el crimen organizado y grupos paramilitares. Asimismo, las expertas Claudia Paz y Paz, de Guatemala, y Ángela Buitrago, de Colombia, quienes forman parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa, han sido objeto de una campaña de señalamientos infundados, calumnias y difamaciones a través de declaraciones a los medios de comunicación, conferencias en universidades y redes sociales.

 Además de poner en evidencia la colusión de las autoridades, la desaparición de personas y la desaparición forzada también ha tenido un impacto en los proyectos de vida de las familias de las víctimas tales como afectaciones a la salud, problemas económicos, falta de acceso a la educación y el abandono de otras hijas e hijos.

Lamentablemente, las más afectadas son personas con menos recursos económicos, quienes regularmente viven en lugares alejados en donde es muy difícil acceder a las instituciones correspondientes para realizar las denuncias necesarias. Y muchas otras veces, aunque exista la posibilidad de hacerlas, se opta por omitirlas debido al miedo o a la falta de confianza en quienes tendrían que garantizar el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad personal y el derecho a la vida de las y los mexicanos.

En México vivimos un mundo al revés, a grado tal que son las propias autoridades quienes agreden a las familias de las personas desaparecidas y a las defensoras de derechos humanos que visibilizan la desaparición de personas y los feminicidios en México. Un claro ejemplo es el allanamiento a la casa de la defensora Janahuy Paredes ocurrido el pasado 25 de diciembre de 2015 en Morelia, Michoacán. Janahuy es integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM), e hija del defensor de Derechos Humanos Francisco Paredes Ruíz, detenido y desaparecido por elementos del Ejército Mexicano el 26 de septiembre del 2007 en la ciudad de Morelia.

La defensora llamó a la policía para denunciar lo ocurrido y solicitó la presencia de autoridades, aunque la operadora recibió su denuncia y nombre, el auxilio nunca llegó, contrario a ello, tres horas después regresaron los mismos sujetos que allanaron y desde la calle uno de ellos gritó: “Identifíquenla bien de la cara, después se encargan de ella, se la llevan y la desaparecen, porque ella fue la que llamó a la policía (…)”.

IMG_4826La exigencia de justicia y la denuncia de las omisiones e ineficacia del Estado, ha colocado a las defensoras de derechos humanos y familiares en extrema vulnerabilidad.  Así lo evidencia el asesinato de la señora Cornelia San Juan Guevara, madre de Osvaldo Espejel Guevara quien fue desaparecido desde el año 2012 en Tecámac (Estado de México), y de “doña Coni”, integrante del Grupo Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos asesinada el 15 de enero de 2016 en su propia casa.

Una de las características en la desaparición de personas en México, es que la sufren más las personas jóvenes. Es el fatídico caso de Susana Tapia Garibo (16 años), Bernardo Benítez Arroniz (25 años), José Benítez de la O (24 años), Mario Arturo Orozco Sánchez (27 años) y Alfredo González (25 años).

Estos cinco jóvenes fueron detenidos en un retén por la policía estatal el 11 de enero de 2016 en el estado de Veracruz, según la información divulgada por las madres de los jóvenes, sus hijos fueron subidos a patrullas de la policía y desde esa fecha se desconoce su paradero. La desaparición forzada es más grave, por lo que merece ser investigada, sancionada y reparada.

La realidad que vivimos en México es ocultada por los medios de comunicación masivos, sin embargo, es una realidad que desde diversos espacios se busca visibilizar y denunciar, es la razón por la que cientos de mexicanas y mexicanos salen a las calles para exigir un alto a las violaciones a los derechos humanos, a la impunidad y el respeto al derecho fundamental: el derecho a la vida.

Justicia pendiente

Interpol busca a exsecretarios de la Policía Federal por lavado de dinero

Ignacio García

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Por Ignacio García

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para detener a los exsecretarios generales de la extinta Policía Federal, Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El organismo internacional busca a los exfuncionarios federales que laboraron en la gestión de Enrique Peña Nieto, y por lo cual la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido una orden de aprehensión.

De acuerdo con la indagatoria que realiza la FGR, se desviaron cerca de 2 mil 500 millones de pesos en la extinta Policía Federal por compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha interpuesto también la denuncia penal correspondiente.

Frida Martínez Zamora fue colaboradora del ahora senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, mientras que Jesús Orta Martínez fue titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la actual gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.

Asimismo, la FGR emitió otras 17 órdenes de aprehensión contra ex servidores públicos de la Policía Federal que se desempeñaron en la administración de Enrique Peña Nieto, luego de que la Policía Federal dependió directamente de la Secretaría de Gobernación (Segob) tras la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).

La FGR investiga diferentes irregularidades cometidas en la Policía Federal desde la administración de Felipe Calderón, luego de haber sido detenido Genaro García Luna, cuando fue titular de la SSP, enjuiciado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Justicia pendiente

Organizaciones exigen frenar violencia contra la activista Susana Prieto

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Por Ignacio García

Integrantes de diferentes organizaciones civiles y colectivos exigieron frenar la persecución política que ha sufrido la activista y abogada Susana Prieto Terrazas, así como al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria y los Servicios (SNITIS) por parte de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua.

Los defensores de derechos humanos señalaron que estos días se llevan a cabo las audiencias de la abogada laborista en Ciudad Juárez, Chihuahua, por impulsar la organización sindical independiente de los trabajadores de la maquila en la zona fronteriza de Tamaulipas y Chihuahua.

Por ello, acusaron que los gobiernos estatales defienden las políticas neoliberales, por lo que cualquier muestra de defensa de los derechos de los trabajadores son castigados, aunado a que las autoridades judiciales han sido “obsequiosas” con los deseos de los empresarios nacionales e internacionales para los intereses que defienden y han fabricado delitos a la activista.
Recordaron que tanto la activista como el sindicato independiente han sido constantemente hostigados y violentados, así como la actitud omisa de las autoridades federales por no haberse reunido con la abogada, quien ha sido criminalizada por los gobiernos de Francisco Cabeza de Vaca y Javier Corral.

Sostuvieron que deben respetarse los derechos como la libre asociación y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la maquila ante los señalamientos de los gobiernos estatales, por lo que anunciaron una nueva jornada obrera por la libertad de la abogada.

Este sábado se llevarán a cabo distintas manifestaciones en varias zonas del país como a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se actúe conforme al Estado de Derecho.

 

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