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Justicia pendiente

Incesante la búsqueda de los familiares de desaparecidos en México

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Padres de los 43 Normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marchan en Chilpancingo

Padres de los 43 Normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marchan en Chilpancingo

Atziri Ávila

El incremento de la desaparición de personas en México es un problema que cada minuto impacta en la vida de muchas mexicanas y mexicanos. Según el Registro Nacional de Datos de Personas extraviadas o Desaparecidas (RNPED) se tiene documentada la desaparición de 27 mil 638 personas. Dicha problemática incrementó en 2006 con la llamada “Guerra contra el Narcotráfico” de Felipe Calderón, en cuyo sexenio la violencia, los asesinatos, feminicidios y la desaparición de personas ascendieron exponencialmente. A partir de ese entonces, ha sido constante la aparición de fosas clandestinas con cuerpos de personas en distintas partes del país.

Ante la falta de investigaciones, impunidad, omisión y complicidad de las autoridades, las familias han salido a las calles en busca de sus familiares desaparecidos. Unidos hombres y mujeres a lo largo y ancho de México se han conformado en espacios como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM); el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM); o el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, entre otros.  Todos ellos con el objetivo de exigir la aparición con vida, el derecho a la verdad y el acceso a la justicia.

Lugares como Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, se han vuelto emblemáticos por el incremento de la desaparición de personas. Si bien las familias de las víctimas habían permanecido invisibles por mucho tiempo, es conocido que desde 2007 la desaparición de personas es una constante en esta población en la cual se tiene el registro de al menos 309 personas desaparecidas, como se documenta en el Informe “Un trato de indolencia, la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México”, publicado recientemente por la organización Amnistía Internacional.

A ello se une la desaparición forzada, como lo evidenciaron los hechos ocurridos el 26 y 27 se septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, fecha en la que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos, mientras que tres más fueron ejecutados extrajudicialmente.

Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero

Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero

A pesar de que han pasado 16 meses de los hechos, la impunidad prevalece y si bien han sido detenidas algunas personas, ninguna fue procesada por desaparición forzada. El 21 de enero de 2016 fueron detenidos tres personas: Bernabé Sotelo Salinas, Cruz Sotelo Salinas y Mauro Taboada Salgado, sin embargo los cargos en su contra fueron por portación ilegal de armas de fuego.

Paradójicamente, los normalistas, las familias y las organizaciones acompañantes han sido acusadas de tener nexos con el crimen organizado y grupos paramilitares. Asimismo, las expertas Claudia Paz y Paz, de Guatemala, y Ángela Buitrago, de Colombia, quienes forman parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa, han sido objeto de una campaña de señalamientos infundados, calumnias y difamaciones a través de declaraciones a los medios de comunicación, conferencias en universidades y redes sociales.

 Además de poner en evidencia la colusión de las autoridades, la desaparición de personas y la desaparición forzada también ha tenido un impacto en los proyectos de vida de las familias de las víctimas tales como afectaciones a la salud, problemas económicos, falta de acceso a la educación y el abandono de otras hijas e hijos.

Lamentablemente, las más afectadas son personas con menos recursos económicos, quienes regularmente viven en lugares alejados en donde es muy difícil acceder a las instituciones correspondientes para realizar las denuncias necesarias. Y muchas otras veces, aunque exista la posibilidad de hacerlas, se opta por omitirlas debido al miedo o a la falta de confianza en quienes tendrían que garantizar el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad personal y el derecho a la vida de las y los mexicanos.

En México vivimos un mundo al revés, a grado tal que son las propias autoridades quienes agreden a las familias de las personas desaparecidas y a las defensoras de derechos humanos que visibilizan la desaparición de personas y los feminicidios en México. Un claro ejemplo es el allanamiento a la casa de la defensora Janahuy Paredes ocurrido el pasado 25 de diciembre de 2015 en Morelia, Michoacán. Janahuy es integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM), e hija del defensor de Derechos Humanos Francisco Paredes Ruíz, detenido y desaparecido por elementos del Ejército Mexicano el 26 de septiembre del 2007 en la ciudad de Morelia.

La defensora llamó a la policía para denunciar lo ocurrido y solicitó la presencia de autoridades, aunque la operadora recibió su denuncia y nombre, el auxilio nunca llegó, contrario a ello, tres horas después regresaron los mismos sujetos que allanaron y desde la calle uno de ellos gritó: “Identifíquenla bien de la cara, después se encargan de ella, se la llevan y la desaparecen, porque ella fue la que llamó a la policía (…)».

IMG_4826La exigencia de justicia y la denuncia de las omisiones e ineficacia del Estado, ha colocado a las defensoras de derechos humanos y familiares en extrema vulnerabilidad.  Así lo evidencia el asesinato de la señora Cornelia San Juan Guevara, madre de Osvaldo Espejel Guevara quien fue desaparecido desde el año 2012 en Tecámac (Estado de México), y de “doña Coni”, integrante del Grupo Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos asesinada el 15 de enero de 2016 en su propia casa.

Una de las características en la desaparición de personas en México, es que la sufren más las personas jóvenes. Es el fatídico caso de Susana Tapia Garibo (16 años), Bernardo Benítez Arroniz (25 años), José Benítez de la O (24 años), Mario Arturo Orozco Sánchez (27 años) y Alfredo González (25 años).

Estos cinco jóvenes fueron detenidos en un retén por la policía estatal el 11 de enero de 2016 en el estado de Veracruz, según la información divulgada por las madres de los jóvenes, sus hijos fueron subidos a patrullas de la policía y desde esa fecha se desconoce su paradero. La desaparición forzada es más grave, por lo que merece ser investigada, sancionada y reparada.

La realidad que vivimos en México es ocultada por los medios de comunicación masivos, sin embargo, es una realidad que desde diversos espacios se busca visibilizar y denunciar, es la razón por la que cientos de mexicanas y mexicanos salen a las calles para exigir un alto a las violaciones a los derechos humanos, a la impunidad y el respeto al derecho fundamental: el derecho a la vida.

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Justicia pendiente

Gobierno de Guerrero busca prolongar condena a preso político Jerónimo Hernández tras 20 años de prisión

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Jerónimo hernández podría pasar otros cuatro años de prisión, por intención del gobierno de Guerrero

OCSS denuncia que el Gobierno federal y estatal utilizan doble discurso, porque en los hechos obstaculizan la liberación de los presos políticos

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, Guerrero.- La Organización Campesina de la Sierra del Sur señaló que el gobierno del Estado de Guerrero busca que se sume otra pena de cuatro años de prisión al preso político y sobreviviente de Aguas Blancas, Jerónimo Hernández Refugio, después de cumplir su condena de 20 veinte años de cárcel.

Hernández Refugio fue sentenciado a 20 años de prisión por el supuesto delito de secuestro, que está por cumplir en este mes de diciembre debido a que se encuentra privado de su libertad desde el año 2002. Sin embargo, el Gobierno de Guerrero, a través del Director General de Reinserción Social en el Estado, Isaías Juárez Martínez, pretende sumarle una sentencia más de cuatro años de prisión por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército mexicano, Armada y Fuerza Aérea y portación de arma de fuego sin licencia, con lo cual su privación de libertad se prolongaría hasta el 2026.

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El abogado defensor de Jerónimo Hernández Refugio, Hegel Mariano Ramírez, señaló que es cierto que existe una diversa sentencia de cuatro años en contra de Jerónimo, pero no se está tomando en cuenta el tiempo que estuvo en prisión preventiva, por lo que no existe fundamento para que ahora se le sumen cuatro años más; circunstancia que debatirán este día en una audiencia ante la Jueza de Ejecución.

Por esta razón, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) reprochó el doble discurso de los gobiernos federal y estatal, con quienes se han establecido mesas de trabajo y han señalado su disposición para dar seguimiento y propiciar la salida de los presos políticos, pero en los hechos no están otorgando ningún apoyo, y al contrario, en ocasiones como ahora se convierten en el primer obstáculo para la libertad de sus compañeros.

jeronimo hernandez ocss

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Justicia pendiente

Respuesta de José Humbertus Pérez por calumnias de Sergio Villafuerte, director de Milenio Estado de México

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El director de Milenio Edomez, Sergio Villafuerte, lanzó calumnias contra José Humbertus Pérez, director de PIDH

 

¡Imaginemos que confianza pueden dar las personas que se venden con las autoridades que tienen familiares en prisión¡

 

Sergio Villafuerte
Director General de Milenio Estado de México

PRESENTE:

Mucho le agradecería que se incluyera en su diario en la edición impresa y digital de mañana lunes 5 de diciembre de 2022 en la nota principal, a ocho columnas y con la misma tipografía, mi nota aclaratoria por la falsa, perversa y calumniosa información que publicó el 1 de diciembre de 2022 el periodista Mario C. Rodríguez, titulada: “Denuncian mujeres a Humbertus Pérez por abuso y violencia”.

Quiero destacar que el Diario Milenio Estado de México tiene mucho años que no publica temas del activismo social y en defensa de los derechos humanos que vengo defiendo desde el año 2007 en todo el Estado de México y de un día para otro me convierto en tema de noticia principal para su diario.

Incluso en la nota publicada el 1 de diciembre de 2022 se faltó a la imparcialidad, objetividad y transparencia que deben aplicar los periodistas en sus investigaciones, máxime por lo gravedad de las acusaciones, el periodista Mario C. Rodríguez antes de hacer la publicación, tenía el deber ético de tomar mi versión y publicar para que los lectores tuvieran su criterio propio.

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Lo más grave, no obstante que desde el 1 de diciembre de 2022 le acredité con pruebas, que estas acusaciones son falsas y que las personas que hoy me denuncian fueron expulsadas de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, A.C. (PIDH, A.C.) por desplegar diversas conductas que las acreditamos al periodista Mario C. Rodríguez y que continuación describimos:

El primer caso María “N”, se le otorgó la garantía de audiencia el 1 de mayo de 2020, para que diera una explicación por las graves acusaciones de extorsionar a Personas Privadas de la Libertad (PPL), reunión a la que no asistió, se le acreditaron depósitos a su cuenta bancaria por la cantidad de $60 mil pesos de las personas extorsionadas, además de otras acusaciones que no fueron atendidas y por resolución del pleno de la mesa directiva se le expulsó de nuestro movimiento. (Se anexaron pruebas de los vouchers están en poder de Diario Milenio Estado de México).

Segundo caso Gabriela “N”, fue electa tesorera por el periodo de marzo de 2021 a marzo de 2022, durante su desempeño se le solicitó en reiteradas ocasiones por la mesa directiva, que presentara los informes mensuales: contables, financieros y fiscales, pero nunca los presentó, también los comprobantes que se le entregaron por los gasto de gasolina, casetas, fotocopias, comidas entre otros.

También se le pidió que entregaran los ingresos totales de los depósitos de las rifas, aportaciones para las rentas de salón y nunca más se volvió presentar a PIDH, A.C. desde el mes de marzo de 2022; pues era importante la información contable, en virtud de que en el mes de abril de 2022 se realizaría la Asamblea Ordinaria de la A.C. para cambiar la mesa directiva incluyendo a la tesorera. El pasado 25 de octubre de 2022 en la asamblea se nombró un nueva tesorera, en la Asamblea General, en el pleno de PIDH, A.C. se votó por unanimidad para que se presentaran la denuncia penal y demanda civil, entre otras.

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Incluso en un primer momento Gabriela “N”, se quedó con nosotros, quién en una reunión que tuvimos con familiares de los penales de Otumba, Texcoco y Zumpango, señaló que María “N”, le cobró varias “asesorías jurídicas”, incluso nos entregó unos vouchers, en donde, nos hizo de nuestro conocimiento que esos pagos se hicieron para contratar a unos sicarios del Estado de Sonora para que atentaran en contra la vida del ofendido que acusaba a su hijo por el delito de feminicidio. (Tenemos los 3 vouchers en nuestro poder de los depósitos y que acreditan que esta testimonial forma parte de una investigación en diversa fiscalía).

María “N” comenzó una campaña de violencia contra la menor de edad (niña) y de género, denuncia que fue interpuesta y que la Fiscalía general de Justicia del Estado de México conoció de estas conductas, concretamente el vicefiscal Rodrigo Archundia Barrientos, pero se niegan a integrar la investigación cuando se trata de proteger políticamente los delitos y fabrican delitos a falsos culpables, incluso no se ha querido incorporar la comparecencia de varias compañeras para que rindan su testimonio como pruebas. Entre éstas, que María «N» les llamó para que me acusaran de acoso y abuso sexual. (Se anexaron pruebas que están en poder de Diario Milenio Estado de México).

Tuvimos conocimiento que una vez que la tesorera Gabriela “N” que no presentó los ingresos y gastos de PIDH, A.C., se volvió a unir con María “N”, quién la acercó al Colectivo Zeferino Ladrillero, quienes apoyaron y comenzaron la denuncia penal en mi contra que interpusieron desde el mes marzo de la presente anualidad, y que sorpresivamente hoy la dan a conocer, violentando el debido proceso y mi presunción de inocencia.

Es muy importante señalar que la estrategia perversa para dañar a un servidor y a PIDH, A.C., se acredita con la propia publicación del 1 de diciembre de 2022, en donde el periodista Mario C. Rodríguez concluye señalando que “Agrupaciones como Haz Valer Mi Libertad y al Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero dan seguimiento a los casos y arropan a los familiares de presuntos inocentes en prisión».

La estrategia fue desprestigiar a PIDH, A.C. y fortalecer a los colectivos “Haz Valer Mi Libertad” y al “Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero”, cuando estos dos organismos perdieron todas las amnistías que interpusieron desde el 20 de enero de 2021; esto se acredita con el Amparo en Revisión 218/2021 y el diverso Amparo en Revisión 215/2021, resuelto el primero por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el segundo  por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito ambos ubicado en la Ciudad de Toluca.

Los colectivos mencionados: ¿arroparon y dieron seguimiento a los casos? No es verdad, perversamente lucraron con el dolor de los familiares, mismos a los que obligaron a raparse, sacarse sangre, denigrarlos bañándolos públicamente simulando estar en prisión, vestirse de Reyes Magos y la cabalgata de la mediocridad jurídica, toda vez que cuando ellos realizan estas “protestas” sus solicitudes de amnistías que ingresaron el 18 de marzo de 2021 en la CODHEM se les habían negado desde el 31 de agosto de 2021 y que en la página 4 del  Amparo en Revisión 218/2021 se señala “tuvo por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados José Antonio Duque y Fabiola Vite Torres” Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Ante la perdida de su estrategia jurídica en las solicitudes de amnistía el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero pidió clemencia y ser oídos por el Gobierno del Estado de México, ¿Por qué no hablar con la verdad a las personas que dicen arropar y que siguen sus casos? Simplemente, porque negociaron con los verdugos de los falsos culpables, la libertad por la lucha y la verdad por la infamia, tenemos pruebas como este colectivo en tan sólo tres casos cobraron aproximadamente $290 mil pesos por tres amparos de tres amnistías perdidas y ahora hasta se olvidaron de los familiares, lo más triste que los PPL no obtuvieron su libertad.

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PIDH, A.C. no perdido ninguna solicitud de amnistía y actualmente tenemos interpuestos 10 amparos colectivos por las resoluciones de la CODHEM, de resolver opiniones consultivas desfavorables (que no perdidas de amnistía).

No somos lo mismo, tenemos otros datos y los damos a conocer que en el Informe Justificado del Amparo Indirecto número 884/2022 rendido por el diputado Sergio García Sosa, Presidente de la Comisión Especial en Materia de Amnistía de la LXI Legislatura del Estado de México, presentó la relación de las solicitudes que han sido negadas por los organismo que tenían que emitir las citadas opiniones consultivas, y ahí aparecen todos los nombre de las y los PPL que perdieron sus solicitudes de los colectivos que son de: “Haz Valer Mi Libertad” y el “Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero”, como los casos de Cristóbal “N” y Daniel “N” entre otros, pero lo más deshonesto y perverso es seguir lucrando con la amnistía, que ni un punto y coma no obstante de haber estudiado Derecho no escribieron, y mucho menos hicieron ninguna propuesta para de Ley de Amnistía.

La campaña de desprestigio, calumnias, cobrar por la amnistías y por delitos de violencia a la mujer tiene como objetivo debilitar la Segunda Marcha Nacional de los Falsos Culpables, los acuerdos de la mendicidad jurídica dieron frutos para la traición, y son muchos los intereses para detener a nuestro colectivo.

Señalamos como el director Editorial de Milenio Diario Sergio Villafuerte se comprometió a publicar mi réplica y hasta el día de hoy no se ha publicado nuestro desmentido.

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Finalmente sabemos que uno de los personajes (de muchos más) que están detrás de esta estrategia de perversidad es el diputado Sergio García Sosa, cuyos colaboradores fueron acusados de acoso laboral y contra el director Editorial de Milenio Estado de México Sergio Villafuerte pesan en sus espaldas diversas acusaciones de acoso laboral y que la autoridad del Ministerio Público no ha querido integrar las respectiva carpeta de investigación porque hace uso político de la justicia.

La negativa de darme el derecho de réplica sólo tiene una respuesta, la estrategia de fabricar delitos, para esto se necesita la perversidad; estamos ciertos que el directivo de Milenio Diario Sergio Villafuerte operó esta infamia, no importando que fue nombrado integrante del “Mecanismo para la Protección de Periodistas del Estado de México”.

 

RESPETUOSAMENTE

LIC. JOSÉ HUMBERTUS PÉREZ ESPINOZA
FUNDADOR DE PIDH, A.C.

Evidencias de fraude de Gabriela «N»

 

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Juez niega prisión domiciliaria a Murillo Karam

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Un juez le negó prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam

El juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Tapia Fuerte, negó cambiar la medida cautelar de prisión domiciliaria al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, que fue aprehendido desde agosto pasado.

El juzgador ordenó que el ex funcionario federal permanezca en prisión preventiva justificada, aunque en la Torre Médica del penal de Tepepan, por lo cual deberá permanecer en reclusión por las imputaciones que existen en su contra.

Para saber más del caso: UIF denuncia a Murillo Karam por lavado de dinero

La defensa legal del ex gobernador de Hidalgo alegó que debería permanecer en su domicilio, debido a las complicaciones de salud que ha presentado durante meses, no obstante, esta petición fue rechazada y será atendido médicamente en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El juez también determinó fijar un plazo de tres meses para la investigación complementaria contra el también ex senador, debido a que fue vinculado a proceso por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia por el caso Ayotzinapa.

Según la defensa legal de Murillo Karam, quien se desempeñó en diferentes puestos durante la administración de Enrique Peña Nieto, necesita de atención médica especial, ya que padece hipertensión arterial e insuficiencia vascular cerebral, pero el juez consideró que existe el riesgo de que se dé a la fuga y por ello debe seguir recluido.

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También la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Murillo Karam por lavado de dinero, debido a que no comprobó millones de pesos que recibió en distintas cuentas bancarias que usaba para fines personales y a través de familiares durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

 

 

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