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Mexico Violento

Impunidad, causa de la violencia contra periodistas en México

Silvia Higuera

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Por Silvia Higuera

La violencia contra periodistas en México no es nueva. Durante años, el país ha sido señalado como uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo.

El país ha sido testigo de un aumento de la violencia contra los medios de comunicación en tan solo 10 días. Tres periodistas fueron asesinados en diferentes estados, uno más está desaparecido y en videos difundidos en internet es posible escuchar disparos durante la cobertura de una protesta en contra de feminicidios.

No obstante, defensores de prensa en la región ven pocas conexiones entre los picos recientes, además de la violencia generalizada en el país y la impunidad prevaleciente en los asesinatos de periodistas.

“Los casos de los últimos 10 días, los tres homicidios, yo no los veo conectados a una tendencia específica. Más allá de la tendencia general de que es un deterioro de la libertad de prensa en México y que ya se venía dando […] no creo que obedezca a ninguna razón más a que al hecho que a tres grupos criminales en tres ciudades distintas se les hizo necesario o conveniente matar a un periodista”, explicó Javier Garza, periodista mexicano y especialista en seguridad, a LatAm Journalism Review (LJR).

“El hecho de que sean tres [homicidios] en un lapso tan cercano es solamente un indicador de la impunidad, de gente que cree que puede matar a un periodista y salirse con la suya perfectamente. Están conectados por el hecho de que los perpetradores se sintieron protegidos por la impunidad, porque a los últimos que hicieron esto no les pasó nada entonces tienen buenas razones para pensar que se van a salir con la suya. Lo que te evidencia es que se sigue deteriorando la libertad de prensa y que no se ha frenado”, agregó Garza.

México es ampliamente considerado como el país más peligroso para los periodistas en el hemisferio occidental, ocupa el sexto lugar a nivel mundial en el Índice de Impunidad Global 2020 del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

En América Latina y el Caribe en su conjunto, el 78 por ciento de los asesinatos de periodistas ocurridos entre 2006 y 2019 siguen sin resolverse, según la Unesco.

Precisamente los altos índices de impunidad son también para Jan-Albert Hoosen, representante del CPJ en México, la razón para este aumento en la violencia contra los medios.

“Realmente, la única conexión que hay entre todos estos asesinatos es el hecho de que el gobierno no está abordando la impunidad en México”, dijo Hoosen a LJR. “Y este es un problema del que venimos hablando desde hace mucho tiempo, no ha comenzado con el gobierno de [Andrés Manuel] López Obrador. Pero esto es básicamente lo que sucede si permites que el ciclo de violencia e impunidad se salga de control. Obtienes un número creciente de asesinatos, obtienes una mayor frecuencia de asesinatos, porque las personas que quieren herir a los periodistas saben que pueden salirse con la suya, por eso lo hacen. Esa es la razón principal por la que esto sigue sucediendo”.

Si bien Garza considera que no existe una violencia desde el gobierno federal a cargo de López Obrador, sí se ha visto un aumento en su administración.

Artículo 19 México contabiliza al menos 16 asesinatos de periodistas durante los casi dos años del gobierno de López Obrador relacionados con el trabajo profesional de estas personas. La organización registró 47 asesinatos durante los seis años de mandato de Enrique Peña Nieto.

“Yo no lo veo comprometido. A López Obrador le está faltando la segunda mitad de su discurso. Él dice ‘yo soy muy respetuoso de la libertad de prensa y mi gobierno es muy respetuoso de la libertad de prensa’. Y podemos decir que en el estricto sentido, sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se publica, no se han dado casos de censura, casos aberrantes, no se han dado casos desde la Presidencia de la República se ordene despedir a un periodista crítico”, dijo Garza. “Pero esa es una parte de la ecuación. La otra parte de la ecuación es que él haga que su gobierno investigue y castigue los casos en los que eran otros actores los que están agrediendo la libertad de prensa”.

De acuerdo con Garza, el gobierno no ha hecho mucho por hacer uso de las herramientas que tendría para poder combatir la impunidad en los crímenes contra periodistas. Una de estas, explicó Garza, es atraer los crímenes contra periodistas para que la Fiscalía General de la República los investigue. “Precisamente para quitarle a los gobiernos locales la tarea de investigar porque en muchos los gobiernos locales están coludidos”, aseguró Garza.

Para Hootsen, del CPJ, el gobierno no está abordando de manera suficiente la violencia contra periodistas por lo que considera que “definitivamente debe hacer más”. “No están invirtiendo en una capacidad más amplia de aplicación de la ley, no están invirtiendo en la obtención de justicia, no están invirtiendo en una mejor protección de los periodistas. La única inversión significativa en la aplicación de la ley que ha hecho el gobierno es con la guardia nacional y la guardia nacional realmente no tiene nada que ver con estos ataques contra los periodistas”.

“Realmente, el gobierno está fallando en todos los ámbitos al brindar una protección significativa y la garantía de que si un periodista resulta herido, se llevará a cabo una investigación adecuada”, dijo Hootsen. “Entonces eso es realmente problemático. Aunque el gobierno ha dicho al menos verbalmente que ya no permitiría ataques contra los reporteros, que abordarían el problema, en realidad no lo están haciendo”.

Para Garza otro hecho que no va acorde con la obligación del gobierno de “evitar y acabar con la impunidad” tiene que ver con la reducción de fondos al Mecanismo Federal de Protección.

El pasado 21 de octubre, el Congreso de México aprobó la eliminación de 109 fideicomisos que financiaban diferentes organismos y programas, entre ellos, el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Diferentes organizaciones de la sociedad civil, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación (Segob) expresaron su preocupación por la desaparición del Fideicomiso que sostiene el mecanismo de protección.

Tres asesinatos, una desaparición y heridos en cobertura

El asesinato más reciente se registró el 9 de noviembre cuando el periodista Israel Vázquez Rangel, reportero de El Salmantino, fue atacado a balazos en el municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, mientras realizaba una cobertura periodística. El periodista había llegado al lugar después de que le hubieran avisado del hallazgo de restos humanos para realizar la cobertura cuando fue atacado por personas armadas que huyeron del lugar, informó Animal Político. Aunque fue trasladado a un hospital, murió horas después a consecuencia de las heridas.

“El Salmantino es un portal electrónico local fundado en 2014 que ha enfrentado bloqueo informativo y campañas de desprestigio durante varias administraciones municipales, debido a su cobertura sobre temas políticos y de seguridad. Es necesario recordar que Salamanca se encuentra ubicada en el corredor industrial, espacio de disputa de los cárteles de droga”, informó Artículo 19 México.

Una semana antes del asesinato de Vázquez, el 2 de noviembre, fue asesinado Jesús Alfonso Piñuelas en la ciudad de Cajeme, estado de Sonora. El periodista había trabajado como camarógrafo en diferentes medios de comunicación, pero también publicaba en sus redes sociales y tenía una página de  Facebook “El Shok de la Noticia”.

La Fiscalía General del Estado de Sonora informó el 6 de noviembre que aprehendió a Francisco Bernardo “N.”, ‘El Foca’, como responsable del homicidio. ‘El Foca’ optó por un juicio abreviado y recibió 25 años de prisión, según informó El Sol de Hermosillo. Como señaló el CPJ, no se abordó el motivo del asesinato.

Antes, en la noche del 29 de octubre fue asesinado en el estado de Chihuahua, Arturo Alba Medina, presentador de un noticiero en Multimedios Televisión y portavoz del Instituto Tecnológico en Ciudad Juárez. El periodista iba en su vehículo después de terminar su turno en el que había reportado sobre presuntos casos de corrupción y delincuencia al interior de la Policía.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que “elementos de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida Zona Norte se encuentran trabajando en coordinación con la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos a través de la Unidad de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, para esclarecer este hecho” y que no se descartará ninguna línea de investigación. También señaló que al menos dos personas habrían participado en el crimen.

En una de las respuestas más violentas por parte de funcionarios públicos, en Cancún, estado de Quintana Roo, al menos dos periodistas resultaron heridos después de que fuerzas de seguridad dispararan para dispersar una marcha en contra de los feminicidios en la noche del 9 de noviembre. Roberto Becerril, de La Verdad, fue herido en el hombro al recibir un impacto de bala y Cecilia Solís, de Radio Turquesa, recibió una bala en el pie.

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU condenó el uso excesivo de la fuerza y de armas por parte de policías municipales en este hecho y agregó que era necesario investigar el operativo. Según las autoridades, estas le habían dado instrucciones a la fuerza pública de no usar armas en la protesta, informó El Universal.

También en estos días se conoció la desaparición del periodista Víctor Manuel Jiménez quien fue visto por última vez el 1 de noviembre en el municipio de Celaya, estado de Guanajuato. Jiménez es el creador de las páginas Digital Noticias y Rotativa Digital Guanajuato, según Artículo 19 México.

Según sus familiares, desde el 4 de noviembre hay una denuncia en el Ministerio Público, pero no hay noticias del periodista, informó La Silla Rota.

Este artículo contó con la colaboración de Teresa Mioli y su fuente original es LatamJournalism Review

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Playa del Carmen destaca obras de remodelación con inversiones de 107 millones de pesos para reactivar economía

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PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- Todo se encuentra listo para que este miércoles 24 de febrero, en el marco del Día de la Bandera, la presidenta municipal, Laura Beristain Navarrete, entregue las obras de modernización de la Quinta Avenida, calles perpendiculares y el Parque Fundadores, en las que se invirtieron 107 millones de pesos, dando inicio a la reactivación económica de Playa de Carmen luego de más de 11 meses de pandemia por Covid-19.

Estas obras dieron inicio en junio pasado, aprovechando la parálisis económica generada por la emergencia sanitaria, permitiendo la reactivación gradual del sector de la construcción con la generación de 558 empleos directos al tiempo que comenzó la remodelación completa de esta arteria ícono de Solidaridad y del Parque Fundadores, que contempló la obra subterránea y la superficial.

El secretario de Ordenamiento Territorial Municipal y de SustentabilidadDavid Duarte Castilla informó que, por la calidad de los materiales, la obra tendrá una durabilidad de al menos 30 años; además, se logró que todos los locatarios se conectaran al drenaje sanitario evitando que las aguas negras no vayan a parar a la zona costera, que es el principal atractivo del destino.

En esta remodelación el gobierno de Solidaridad invirtió poco más de 107 millones de pesos que contemplaron: mejorar la imagen urbana y el mobiliario de esta calle peatonal, en la que se retiraron adoquines para cambiarlos por baldosas y adocreto que le darán mayor durabilidad; también está la introducción de los servicios subterráneos como el drenaje, cableado de energía eléctrica, cablevisión, Internet, cámaras del C-4, alumbrado con tecnología LED, reforestación con más de 4 mil árboles y plantas nativas; así como rampas, pozos de absorción, jardineras, bancas, entre otros.

Con estas obras, la presidenta municipal Laura Beristain Navarrete cumple con impulsar la reactivación económica para beneficio de los solidarenses, generando condiciones favorables para el sector turístico al recibir a los visitantes con una imagen renovada y mejores servicios.

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Justicia pendiente

Organizaciones denuncian ante CNDH negligencia de la UNAM e IMSS por muerte de estudiante

Ignacio García

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Por Ignacio García

Integrantes del colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos, dirigido por el abogado Víctor Rogelio Caballero, interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la negligencia y violaciones a derechos humanos contra el estudiante de la Facultad de Derecho, Luis Roberto Malagón de Gaona, fallecido el pasado 18 de agosto de 2017.

Por medio de un comunicado, los defensores de derechos humanos señalaron que el caso se mantiene en la impunidad, debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) resolvió que no hubo responsabilidad por el deceso del estudiante universitario, quien falleció en la clínica 8 del IMSS.

De acuerdo con los activistas, hubo responsabilidad de las autoridades institucionales por omisión en la atención adecuada del estudiante, quien se ahogaba en el interior de Ciudad Universitaria y falleció en una de las clínicas del IMSS.

Razón por la cual los inconformes señalaron que tanto el IMSS como la UNAM han violado los derechos a la vida, la justicia, protección frente a la vulnerabilidad de los riesgos, así como el derecho a la libertad de manifestación que sufrió tanto el estudiante acaecido como su madre, María Victoria de Gaona.

Asimismo, exhortaron a la comunidad estudiantil para que acompañen a la familia de la víctima para que la denuncia interpuesta ante la CNDH continúe y se dé seguimiento al caso para que no continúe la impunidad que ha persistido.

De acuerdo con el comunicado público de la organización, el caso se mantiene en la impunidad, desde luego imputable en un primer caso, a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Carpeta de Investigación CI-FAC/AC-3/UI-1 C/D/03686/08-2017), las cuales después de que la familia de Luis Roberto impugnó desde hace más de un año, la resolución emitida por dichas autoridades, en la que señalaron que no había responsabilidad sobre los hechos en los que perdió la vida, no han resuelto absolutamente nada.

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Esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán arrestada por tráfico internacional de drogas en EEUU

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De acuerdo con un boletín de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Emma Coronel Aispuro, esposa del líder del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, fue arrestada hoy en Virginia por cargos relacionados con su presunta participación en el narcotráfico internacional.

Coronel Aispuro, de 31 años, es ciudadana estadounidense, con doble nacionalidad mexicana, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Dulles, en el condado de Virginia. Su comparecencia inicial será en un tribunal federal mañana en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia a través de una videoconferencia.

Según documentos judiciales, Aispuro está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a los Estados Unidos. Además, se alega que Coronel Aispuro conspiró con funcionarios mexicanos para ayudar a Guzmán en su escape del penal del Altiplano, Estado de México, el 11 de julio de 2015.

Después de que Guzmán fuera arrestado nuevamente en México en enero de 2016, se alega que Coronel Aispuro se involucró en la planificación de otra fuga de prisión con otros detenidos antes de la extradición de Guzmán a los Estados Unidos en enero de 2017.

Guzmán Loera fue condenado por un jurado en el Distrito Este de Nueva York en 2019 por su papel como líder del Cártel de Sinaloa.

La acusación de Coronel Aispuro está basada en los cargos de conspiración y distribución de un kilogramo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, 1.000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas por importación ilegal a los Estados Unidos.

El Secretario de Justicia Auxiliar Interino Nicholas L. McQuaid de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y el Subdirector a Cargo Steven D’Antuono de la Oficina de Campo, en Washington, del FBI, dieron el anuncio.

La Oficina de Campo en Washington del FBI está investigando el caso.

El subdirector interino Anthony Nardozzi y la abogada litigante Kate Wagner de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia están procesando el caso.

Una denuncia penal es simplemente una acusación y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

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