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Mexico Violento

Impunidad, causa de la violencia contra periodistas en México

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Por Silvia Higuera

La violencia contra periodistas en México no es nueva. Durante años, el país ha sido señalado como uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo.

El país ha sido testigo de un aumento de la violencia contra los medios de comunicación en tan solo 10 días. Tres periodistas fueron asesinados en diferentes estados, uno más está desaparecido y en videos difundidos en internet es posible escuchar disparos durante la cobertura de una protesta en contra de feminicidios.

No obstante, defensores de prensa en la región ven pocas conexiones entre los picos recientes, además de la violencia generalizada en el país y la impunidad prevaleciente en los asesinatos de periodistas.

“Los casos de los últimos 10 días, los tres homicidios, yo no los veo conectados a una tendencia específica. Más allá de la tendencia general de que es un deterioro de la libertad de prensa en México y que ya se venía dando […] no creo que obedezca a ninguna razón más a que al hecho que a tres grupos criminales en tres ciudades distintas se les hizo necesario o conveniente matar a un periodista”, explicó Javier Garza, periodista mexicano y especialista en seguridad, a LatAm Journalism Review (LJR).

“El hecho de que sean tres [homicidios] en un lapso tan cercano es solamente un indicador de la impunidad, de gente que cree que puede matar a un periodista y salirse con la suya perfectamente. Están conectados por el hecho de que los perpetradores se sintieron protegidos por la impunidad, porque a los últimos que hicieron esto no les pasó nada entonces tienen buenas razones para pensar que se van a salir con la suya. Lo que te evidencia es que se sigue deteriorando la libertad de prensa y que no se ha frenado”, agregó Garza.

México es ampliamente considerado como el país más peligroso para los periodistas en el hemisferio occidental, ocupa el sexto lugar a nivel mundial en el Índice de Impunidad Global 2020 del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

En América Latina y el Caribe en su conjunto, el 78 por ciento de los asesinatos de periodistas ocurridos entre 2006 y 2019 siguen sin resolverse, según la Unesco.

Precisamente los altos índices de impunidad son también para Jan-Albert Hoosen, representante del CPJ en México, la razón para este aumento en la violencia contra los medios.

“Realmente, la única conexión que hay entre todos estos asesinatos es el hecho de que el gobierno no está abordando la impunidad en México”, dijo Hoosen a LJR. “Y este es un problema del que venimos hablando desde hace mucho tiempo, no ha comenzado con el gobierno de [Andrés Manuel] López Obrador. Pero esto es básicamente lo que sucede si permites que el ciclo de violencia e impunidad se salga de control. Obtienes un número creciente de asesinatos, obtienes una mayor frecuencia de asesinatos, porque las personas que quieren herir a los periodistas saben que pueden salirse con la suya, por eso lo hacen. Esa es la razón principal por la que esto sigue sucediendo”.

Si bien Garza considera que no existe una violencia desde el gobierno federal a cargo de López Obrador, sí se ha visto un aumento en su administración.

Artículo 19 México contabiliza al menos 16 asesinatos de periodistas durante los casi dos años del gobierno de López Obrador relacionados con el trabajo profesional de estas personas. La organización registró 47 asesinatos durante los seis años de mandato de Enrique Peña Nieto.

“Yo no lo veo comprometido. A López Obrador le está faltando la segunda mitad de su discurso. Él dice ‘yo soy muy respetuoso de la libertad de prensa y mi gobierno es muy respetuoso de la libertad de prensa’. Y podemos decir que en el estricto sentido, sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se publica, no se han dado casos de censura, casos aberrantes, no se han dado casos desde la Presidencia de la República se ordene despedir a un periodista crítico”, dijo Garza. “Pero esa es una parte de la ecuación. La otra parte de la ecuación es que él haga que su gobierno investigue y castigue los casos en los que eran otros actores los que están agrediendo la libertad de prensa”.

De acuerdo con Garza, el gobierno no ha hecho mucho por hacer uso de las herramientas que tendría para poder combatir la impunidad en los crímenes contra periodistas. Una de estas, explicó Garza, es atraer los crímenes contra periodistas para que la Fiscalía General de la República los investigue. “Precisamente para quitarle a los gobiernos locales la tarea de investigar porque en muchos los gobiernos locales están coludidos”, aseguró Garza.

Para Hootsen, del CPJ, el gobierno no está abordando de manera suficiente la violencia contra periodistas por lo que considera que “definitivamente debe hacer más”. “No están invirtiendo en una capacidad más amplia de aplicación de la ley, no están invirtiendo en la obtención de justicia, no están invirtiendo en una mejor protección de los periodistas. La única inversión significativa en la aplicación de la ley que ha hecho el gobierno es con la guardia nacional y la guardia nacional realmente no tiene nada que ver con estos ataques contra los periodistas”.

“Realmente, el gobierno está fallando en todos los ámbitos al brindar una protección significativa y la garantía de que si un periodista resulta herido, se llevará a cabo una investigación adecuada”, dijo Hootsen. “Entonces eso es realmente problemático. Aunque el gobierno ha dicho al menos verbalmente que ya no permitiría ataques contra los reporteros, que abordarían el problema, en realidad no lo están haciendo”.

Para Garza otro hecho que no va acorde con la obligación del gobierno de “evitar y acabar con la impunidad” tiene que ver con la reducción de fondos al Mecanismo Federal de Protección.

El pasado 21 de octubre, el Congreso de México aprobó la eliminación de 109 fideicomisos que financiaban diferentes organismos y programas, entre ellos, el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Diferentes organizaciones de la sociedad civil, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación (Segob) expresaron su preocupación por la desaparición del Fideicomiso que sostiene el mecanismo de protección.

Tres asesinatos, una desaparición y heridos en cobertura

El asesinato más reciente se registró el 9 de noviembre cuando el periodista Israel Vázquez Rangel, reportero de El Salmantino, fue atacado a balazos en el municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, mientras realizaba una cobertura periodística. El periodista había llegado al lugar después de que le hubieran avisado del hallazgo de restos humanos para realizar la cobertura cuando fue atacado por personas armadas que huyeron del lugar, informó Animal Político. Aunque fue trasladado a un hospital, murió horas después a consecuencia de las heridas.

“El Salmantino es un portal electrónico local fundado en 2014 que ha enfrentado bloqueo informativo y campañas de desprestigio durante varias administraciones municipales, debido a su cobertura sobre temas políticos y de seguridad. Es necesario recordar que Salamanca se encuentra ubicada en el corredor industrial, espacio de disputa de los cárteles de droga”, informó Artículo 19 México.

Una semana antes del asesinato de Vázquez, el 2 de noviembre, fue asesinado Jesús Alfonso Piñuelas en la ciudad de Cajeme, estado de Sonora. El periodista había trabajado como camarógrafo en diferentes medios de comunicación, pero también publicaba en sus redes sociales y tenía una página de  Facebook “El Shok de la Noticia”.

La Fiscalía General del Estado de Sonora informó el 6 de noviembre que aprehendió a Francisco Bernardo “N.”, ‘El Foca’, como responsable del homicidio. ‘El Foca’ optó por un juicio abreviado y recibió 25 años de prisión, según informó El Sol de Hermosillo. Como señaló el CPJ, no se abordó el motivo del asesinato.

Antes, en la noche del 29 de octubre fue asesinado en el estado de Chihuahua, Arturo Alba Medina, presentador de un noticiero en Multimedios Televisión y portavoz del Instituto Tecnológico en Ciudad Juárez. El periodista iba en su vehículo después de terminar su turno en el que había reportado sobre presuntos casos de corrupción y delincuencia al interior de la Policía.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que “elementos de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida Zona Norte se encuentran trabajando en coordinación con la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos a través de la Unidad de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, para esclarecer este hecho” y que no se descartará ninguna línea de investigación. También señaló que al menos dos personas habrían participado en el crimen.

En una de las respuestas más violentas por parte de funcionarios públicos, en Cancún, estado de Quintana Roo, al menos dos periodistas resultaron heridos después de que fuerzas de seguridad dispararan para dispersar una marcha en contra de los feminicidios en la noche del 9 de noviembre. Roberto Becerril, de La Verdad, fue herido en el hombro al recibir un impacto de bala y Cecilia Solís, de Radio Turquesa, recibió una bala en el pie.

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU condenó el uso excesivo de la fuerza y de armas por parte de policías municipales en este hecho y agregó que era necesario investigar el operativo. Según las autoridades, estas le habían dado instrucciones a la fuerza pública de no usar armas en la protesta, informó El Universal.

También en estos días se conoció la desaparición del periodista Víctor Manuel Jiménez quien fue visto por última vez el 1 de noviembre en el municipio de Celaya, estado de Guanajuato. Jiménez es el creador de las páginas Digital Noticias y Rotativa Digital Guanajuato, según Artículo 19 México.

Según sus familiares, desde el 4 de noviembre hay una denuncia en el Ministerio Público, pero no hay noticias del periodista, informó La Silla Rota.

Este artículo contó con la colaboración de Teresa Mioli y su fuente original es LatamJournalism Review

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Justicia pendiente

CNDH llama a revisar caso de Mario Aburto por violaciones de derechos humanos

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) por haber acreditado violaciones a derechos humanos en el caso de Mario Aburto, acusado del homicidio del ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio.

De acuerdo con la CNDH, la FGR cometió violaciones a derechos humanos como la integridad personal y trato digno, así como actos de tortura e incomunicación, así como al debido proceso, por lo que solicitó realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y la sentencia de la víctima.

Por ello, consideró que una nueva investigación tendrá la intención de subsanar deficiencias y esclarecer de forma completa los hechos ocurridos en 1994, cuando el ex candidato presidencial fue asesinado en Tijuana, Baja California.

El organismo defensor de derechos humanos refirió que la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad sobre lo que aconteció con el caso de Mario Aburto, además de que el Estado responda por sus actos en las violaciones de derechos humanos para inculparlo por la comisión del delito.

Asimismo, indicó que Aburto desde hace 27 años denunció las violaciones de derechos humanos constantes por parte de las autoridades federales para afirmar su responsabilidad con respecto al homicidio de Colosio y la CNDH no había recibido algún posicionamiento al respecto y apenas hace 14 meses se retomó la indagatoria.

Mario Aburto fue encarcelado en 1994 por haber sido acusado como el autor material del homicidio del entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, aunque diferentes organismos internacionales de derechos humanos señalaron diferentes irregularidades en el proceso interno contra el acusado.

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Justicia pendiente

CNTE condena despido de activista poblana como docente de bachillerato

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La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) de Puebla condenó el despido de sus funciones de docente de bachillerato de la luchadora social y periodista, Claudia Martínez Sánchez.

Por medio de un comunicado, el magisterio disidente señaló que la comunicadora fue despedida por publicar notas informativas críticas al gobierno estatal encabezado por Miguel Barbosa, en las que revelaba el hostigamiento de la lucha del pueblo de Coyomeapan contra los cacicazgos respaldados por la administración estatal.

De acuerdo con la CNTE, su jefe inmediato le comunicó sobre su despido por su labor social como activista y sólo mantendría su trabajo en caso si ofrecía disculpas por haber criticado al gobierno de Barbosa, sin embargo, la activista desistió a traicionar sus labores personales.

Por ello, el organismo magisterial consideró que es preocupante la represión a los luchadores sociales en Puebla, por lo que se perseguirán a todas las personas que incurran en reclamar y defender los derechos laborales de los trabajadores de la educación en la entidad.

De la misma manera, la CNTE recordó que el pasado 15 de septiembre la Secretaría de Educación Pública estatal (SEP) desalojó con violencia a los docentes de la delegación de las primarias de Tecamachalco, y algunos educadores fueron enviados a los separos de la fiscalía estatal.

También recordó que las autoridades educativas estatales trataron como delincuentes a los docentes del municipio de Amozoc, por reclamar la falta de garantías laborales, por lo que acusaron que el gobernador emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se rehúsa a dialogar con los docentes que reclaman sus derechos.

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Justicia pendiente

Desde la cárcel, líder indígena convoca a la Unidad de Coyomeapan, contra la represión en Puebla

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Por Claudia Martínez Sánchez

La defensora de derechos humanos, Basilisa Montaño Gutiérrez envió una carta pública desde el penal de Tehuacán, Puebla, donde se encuentra presa con delitos fabricados como represalia política por su activismo, para convocar a la unidad de la comunidad indígena de Coyomeapan y formar un consejo que lidere las acciones colectivas para resguardar sus derechos.

Montaño Gutiérrez fue aprehendida junto con otros defensores de la comunidad como Eruviel Aguilar, Gómez, Gonzalo Martínez, y Anastasio González Sanguinez, a quienes se les fabricaron delitos por ejercer su libertad de expresión y asociación para denunciar el despojo de tierras, amenazas y hostigamiento a indígenas, presencia de grupos armados bajo gestión de la familia Celestino Rosas, que llevan once años de cacicazgo en Coyomeapan.

Desde el penal, la maestra indígena, pide a la comunidad no negociar con los caciques y formar un consejo de líderes que haga frente a la situación de crisis de seguridad y violencia de derechos humanos.

Carta pública

Desde el Penal de Tehuacán, Pue., día 25 de octubre de 2021

“Yo he viajado y he caminado por todos los lugares, pero nunca

 he negociado con la sangre de mis hermanos”.

Tránsito Amaguaña

Por la UNIDAD DE COYOMEAPAN | TIERRA Y VIDA

PRESENTE

Compañeras y compañeros de la UNIDAD DE COYOMEAPAN, agradezco mucho por su permanencia y por no bajar la guardia que hemos formado, nuestro deber como UNIDAD DE COYOMEAPAN es mantenernos firmes para alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas, así mismo compañeras y compañeros nuestras palabras de orden son: ni un paso atrás compañeros.

Lo difícil era iniciar, ahora que estamos en la lucha, hay que unir fuerzas para RESISTIR las tempestades en las que estamos y las tormentas que se avecinan, todo eso de una manera inteligente y sin perder la cordura.

Ahora bien, ¿qué sigue?, ¿qué se tiene que hacer?, en el trayecto de nuestra UNIDAD DE COYOMEAPAN se formó una comitiva que ha sido nuestro guía hasta el momento. Ahora, lo procedente es la reivindicación, pues   es importante FORMAR UN CONSEJO de quien va llevar la batuta y empezar a solidificar una estructura para que la RESISTENCIA siga activa, con un propósito consensado por nosotras y nosotros que conformamos la UNIDAD DE COYOMEAPAN.

Compañeras y compañeros a trabajar…En una sola voz que se repita de forma consciente: POR NINGÚN MOTIVO SE PERMITA LLEGAR A UNA NEGOCIACIÓN CON LOS “CELESTINOS Y SUS COMPINCHES”. Nosotros nos hemos manifestado pacíficamente y hemos querido un dialogo para favorecer a nuestros pueblos, pero nos ignoraron, esperamos así que nuestra experiencia con las autoridades sea una muestra de aprendizaje.

Que la fuerza y el coraje de nuestros pueblos sea el motivo para seguir en este camino.

Atentamente

Por la UNIDAD DE COYOMEAPAN | TIERRA Y VIDA

La Mtra. Basilisa Montaño Gutiérrez

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