Connect with us

Justicia pendiente

Impunidad, a un año de la desaparición y ejecución de Claudia Uruchurtu Cruz, en Nochixtlán Oaxaca

Published

on

 

Por Miguel Montesinos León

Hoy se cumple un año de la desaparición forzada y ejecución de Claudia Uruchurtu Cruz en Nochixtlán Oaxaca, por órdenes de la entonces edil Lizbeth Victoria Huerta, perteneciente al partido gobernante en México, Movimiento de Regeneración Nacional.

A un año sin la entrega de sus restos, a pesar de que el vicefiscal de la Región Mixteca con sede en Huajuapan de León, Jorge Flores, fue quien tuvo conocimiento del cuerpo de Claudia Uruchurtu Cruz, al día siguiente de su desaparición, en inmediaciones de San Pedro Cozcaltepec Cántaros. Y en su momento dijo «ya lo traigo», y sabe perfectamente donde quedó el cuerpo de Claudia Uruchurtu Cruz, pero decidieron mantenerlo escondido, y posteriormente el funcionario fue despedido de la institución. Hasta ahora se sabe de manera extraoficial que se encuentra en el estado de Michoacán.

La liberación de la autora intelectual de la desaparición y asesinato de Claudia Uruchurtu Cruz parecería estar muy cerca, si el candidato a gobernador de Oaxaca, el senador Salomón Jara Cruz, logra su cometido. Él ha sido un protector de Lizbeth Victoria Huerta a quien tenía en la nómina del municipio de Nochixtlán antes de ser alcaldesa, y a quien le entregó millones de pesos de los nochixtecos para la campaña a diputada local de su nuera Tania Caballero.

La lista de desvíos de recursos ha sido constante, y la aplicación de las auditorías que promovió Claudia Uruchurtu Cruz provocó el enojo de la edil, quien ordenó su desaparición y asesinato; y más aún, esas auditorías no han prosperado en contra de Lizbeth Victoria Huerta aun cuando se encuentra detenida en el penal de Tanivet en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca.

Los hechos sucedieron un día como hoy, el año pasado, alrededor de las diez de la mañana cuando el empresario ferretero Alfonso Avendaño Rodríguez acudió por enésima ocasión a cobrar una deuda del municipio con su negocio familiar.

Lejos de pagarle la edil en funciones en ese momento, Lizbeth Victoria Huerta, le ordenó a su guardaespaldas que lo golpeara, y no conforme con ello, les ordenó a elementos de la policía municipal encerrarlo en los separos municipales donde lo golpearon más gravemente y aun lesionado con fractura de cráneo fue remitido a la fiscalía regional de Nochixtlán.

En la Fiscalía de Nochixtlán, el entonces fiscal en jefe Rey Velasco Carranza en vez de ser investigado, fue premiado con una mesa de investigación en Huajuapan de León Oaxaca. Coludido con la edil, ejecutó la detención arbitraria e ilegal de Alfonso Avendaño Rodríguez sin haber cometido delito alguno, y su detención provocó la manifestación de ciudadanos de Nochixtlán, manifestación a la que acudió Claudia Uruchurtu Cruz, en solidaridad con el pueblo, sin imaginar que la mente perversa de Lizbeth Victoria Huerta ya tenía planeada su desaparición y asesinato, por lo que desde las diez y media de la noche de ese fatídico día no se volvió a ver a la activista.

Sin embargo, a pesar de que en su momento el mismo presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo en su habitual conferencia mañanera que tenía conocimiento de la desaparición y asesinato de una activista en Nochixtlán Oaxaca, también dijo cuando la detuvieron «que fuera del partido que fuera» se aplicaría la ley al responsable de este crimen, pero está muy lejos de aplicarse la ley en contra de Lizbeth Victoria Huerta y sus secuaces.

No será el primer caso donde impere la impunidad y la corrupción judicial en favor de un miembro del partido en el poder. Muestras hay muchas y una como ejemplo es la protección que el Estado mexicano le ha otorgado a Jaime Bonilla en Baja California al ser señalado como el principal interesado en asesinar a la compañera periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, asesinato en el que el presidente mexicano ha señalado la detención de sus asesinos pero nunca señaló a su protegido Jaime Bonilla porque seguimos en un cambio de régimen con las mismas prácticas de los neoliberales, ésos a los que un día sí y el otro también son criticados por el inquilino de Palacio Nacional, sin que sus críticas que se conviertan en hechos reales de transformación para el país.

Por lo que se vislumbra que Lizbeth Victoria Huerta será liberada en cualquier momento y la desaparición y asesinato de Claudia Uruchurtu Cruz seguirá impune, al igual que sus cómplices por los millonarios desvíos de recursos de Nochixtlán.

Demandas en el olvido

También en el olvido está la demanda que inició el empresario Alfonso Avendaño Rodríguez, ya que a un año de interpuesta, el fiscal anticorrupción en Oaxaca Jorge Emilio Iruegas Álvarez no tiene avance alguno y al acudir a preguntar la situación de la carpeta de investigación no recibe a Alfonso Avendaño. La Fiscalía General del Estado vía el Fiscal General Arturo de Jesús Peimberth Calvo señala que nada puede hacer porque Iruegas Álvarez es autónomo y no depende de la Fiscalía General de Oaxaca.

El encargado de la comandancia ministerial en Nochixtlán, quien arbitrariamente detuvo a Alfonso Avendaño Rodríguez y permitió que elementos de la Policía municipal de Nochixtlán tomará el control de la fiscalía, fue premiado con ser el “guarura” del secretario particular del fiscal General de Oaxaca, por lo que Carlos Miranda con placa 507 en vez de ser investigado y procesado por la detención arbitraria de Avendaño Rodríguez y la desaparición del cuerpo de Claudia Uruchurtu, en contubernio con el vicefiscal Jorge Flores se encuentra en las afueras de las oficinas de la Fiscalía General de Oaxaca.

Cabe señalar que Carlos Miranda fue el guardaespaldas de Bulmaro Rito Salinas, personero del exgobernador Ulises Ruíz Ortiz y a quien sus compañeros señalan de ser el único que sabía la hora en que Rito Salinas llegaría a Oaxaca cuando fue detenido en el aeropuerto de esa ciudad.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Justicia pendiente

Juez de EUA sentencia a 9 años de prisión a hijo del Mayo Zambada

Published

on

El juez de la Corte Federal del distrito sur de California, Estados Unidos, Danna Sabraw, sentenció a nueve años de prisión a Ismael Zambada Imperial, alìas “El Mayito Gordo”, tercer hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos para que el hijo del Mayo Zambada sea sentenciado por los delitos de importación y distribución de metanfetaminas, cocaína y mariguana de México a Estados Unidos, aunque le restaron los cargos por codirigir una empresa criminal y de lavado de dinero.

Sin embargo, se le tomaron en cuenta los años que ha pasado tras las rejas, pues fue capturado en noviembre de 2014 en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por lo que sólo le restará un año en prisión.

De acuerdo con la fiscalía norteamericana, el Mayito conspiró para transportar la droga y luego lavar y transferir las ganancias a México en beneficio de los integrantes del Cártel de Sinaloa.

El Mayito es el tercer hijo del líder criminal que ha sido procesado penalmente en Estados Unidos, pues en 2009 fue detenido Vicente Zambada Niebla, alías “El Vicentillo”, en México y extaditado un año después a Estados Unidos.

Otro de los hijos del Mayo Zambada procesados penalmente fue Serafín Zambada Ortíz, alías “El Sera”, quien fue detenido en noviembre de 2013, cuando intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en 2013, pero fue liberado en 2018, después de una condena de cinco años por conspiración en el tráfico de metanfetaminas.

El Mayito Zambada fue extraditado en diciembre de 2019 a Estados Unidos, luego de reconocer que formó parte del Cártel de Sinaloa, en donde coordinó el tráfico de drogas a la Unión Americana entre 2014 y 2015.

Continue Reading

Justicia pendiente

Red Solidaria litiga en la Corte Interamericana contra México por caso Tzompaxtle, de detención arbitraria en 2006

Published

on

By

 

Por primera vez, se lleva a cabo la audiencia pública por el equipo jurídico de la Red Solidaria Década contra la Impunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de detención ilegal y arbitraria en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López por parte de agentes policiales.

Los representantes legales, María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez, Fray Julián Cruzalta, entre otros, han liderado la defensa de las víctimas contra el Estado mexicano, por el arraigo ilegal y la falta de garantías judiciales en el proceso penal que se les siguió en su contra.

En su Informe de Fondo la Comisión concluyó que las víctimas fueron retenidas y requisadas por agentes policiales sin orden judicial y que tampoco se evidenció que fuera posible percibir una situación de flagrancia, se especifica en el documento.

Asimismo, consideró que la retención resultó ilegal y arbitraria, y se agregó en el informe que la posterior requisa del vehículo que llevaban constituyó una afectación al derecho a la vida privada, así como que las víctimas no fueron informadas sobre las razones de su detención ni que fueron llevadas sin demora ante una autoridad judicial.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la figura del arraigo y su aplicación al presente caso, estableciendo que su aplicación “constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar”, señalando que la dicha figura resulta contraria a la Convención Americana y, en el presente caso, constituyó una detención arbitraria.

Finalmente, consideró que el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención, puesto que durante ese tiempo tuvieron lugar diligencias relevantes en donde se recabó prueba en su contra y se dispuso su arraigo.

Con información de la CoIDH.

 

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Continue Reading

Fabricación de culpables

George Khoury Layón, torturado en el traslado del Cefereso de Michoacán a Guanajuato, «por denunciar violaciones»

Published

on

 

Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, privado de su libertad arbitrariamente y torturado por órdenes del empresario en seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, en 2005, 2006 y 2009, de nuevo fue víctima de actos de tortura e incomunicación con golpes y shocks eléctricos, el 12 de junio, dentro del Centro Federal de Rehabilitación Social Número 17, de Michoacán, y en su traslado al penal federal, de Ocampo, Guanajuato.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, bajo el número de la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-MICH/00000067/2021, George Khoury Layón fue “brutalmente golpeado y torturado, entre otras cosas, por medio de toques eléctricos y precisamente por los servidores públicos que en esta carpeta se encuentran denunciados” por un espacio de diez horas, antes del traslado y durante éste, en el trayecto de Michoacán a Guanajuato.

Los mismos servidores públicos denunciados, el subdirector de Seguridad Alejandro Flores y el comandante Roberto Lázaro Echeverría, quienes también tienen acusaciones por acoso laboral de sus oficiales, además por extorsionar a los internos y con carpetas de investigación por denuncias de tortura, como la mencionada, le hicieron saber a Khoury Layón que “lo que le sucedía y le seguiría sucediendo era por haberlos denunciado”.

George Khoury Layón, pese a tener una opinión de libertad por parte del Grupo de Trabajo de Atención Arbitraria de Naciones Unidas, desde septiembre de 2017, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación, desde 2019, y la reciente admisión de su caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2022, se le han suspendido sus derechos humanos, aislándolo e incomunicándolo en el área de Observación, del Cefereso de Guanajuato, para supuestamente vigilar su conducta.

Reconocido como víctima del Estado mexicano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puso quejas por la violación a sus derechos  ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

Desde hace más de dos meses, Khory Layón cumplió el 50 por ciento de la pena por un delito que no cometió, y del que fue imputado en 2012, por la jueza Hermelinda Silva Meléndez sentenciándolo culpable por señalamientos de terceros bajo tortura, pero fue detenido arbitrariamente y torturado desde el 2 de septiembre de 2009, por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), y ya había sufrido dos detenciones arbitrarias, el 16 de julio de 2005 y el 30 de enero de 2006, por órdenes dadas de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol a los mismos policías federales, bajo la gestión de Genaro García Luna.

Denuncias por tortura en el Cefereso #17

12 de abril de 2021

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

19 de julio de 2020

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

22 de julio de 2020

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de julio de 2019

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de mayo de 2019

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Continue Reading

Trending

A %d blogueros les gusta esto: