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Iguala: Activistas asesinados habían denunciado corrupción de alcalde

El pueblo responsabiliza de asesinatos al edil de Iguala Guerrero José Luis Abarca, quien estaba siendo denunciado por los activistas de desvío de fondos

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Aspecto del Ayuntamiento, después de que se enteraron del asesinato de sus compañeros activistas. Foto: milenio.com

Aspecto del Ayuntamiento, después de que se enteraron del asesinato de sus compañeros activistas. Foto: milenio.com

«Peña Nieto investiga a Abarca», una de las pintas en el ayuntamiento

Por Flor Miranda

IGUALA, Guerrero.- Tres de los ochos dirigentes de la Unidad Popular de Iguala, también líderes del Partido de la Revolución Democrática, fueron asesinados la mañana de ayer lunes, mientras se encontraban en calidad de víctimas de desaparición forzada. Entre las víctimas se encuentra Arturo Hernández Cardona, principal dirigente de esta coalición de organizaciones y ex colaborador de Ángel Aguirre Rivero, quien había encabezado las denuncias por corrupción contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

De acuerdo a versiones oficiales, el hallazgo de los cuerpos se dio cerca de las siete de la mañana sobre la carretera México-Acapulco tramo Iguala-Mezcala, en lo que corresponde al territorio de Tepecoacuilco de Trujano.

Además de Arturo Hernández Cardona, encontraron los cuerpos de los activistas Ángel Román Ramírez y Rafael Balderas Castrejón, quienes desde el inicio del actual gobierno municipal encabezado por el perredista y empresario José Luis Abarca Velázquez; concretaron una coalición de organizaciones que hasta la fecha se mostró opositora al alcalde.

Los cuerpos fueron trasladados e ingresados al Servicio Médico Forense de Iguala cerca de las 10 de la mañana. Hasta ahí llegaron familiares de los ocho desaparecidos quienes hicieron el reconocimiento de los tres líderes sociales y políticos.

El hallazgo coincidió con la movilización masiva que realizaba la Unidad Popular de Iguala en esa ciudad y en el puerto de Acapulco en donde bloquearon la autopista Costera, respaldados por el Movimiento Popular Guerrerense que aglutina a universitarios, normalistas, el magisterio disidente, policías comunitarias, entre otras organizaciones.

La movilización tendría como objetivo principal exigir la localización de los ocho líderes sociales, pero en Iguala fue interrumpida ante la noticia. Sin embargo, tras haberse enterado del hallazgo de los tres dirigentes, integrantes de la Unidad Popular y el MPG, se dirigieron al Ayuntamiento donde causaron destrozos y realizaron pintas.

Los inconformes y dolientes responsabilizaron al alcalde José Luis Abarca Velázquez de los hechos, y exigieron a la autoridades castigo para quienes cometieron el triple homicidio.

Tras enterarse del deceso de sus compañeros, los integrantes de la movilización no permitieron que personal de gobernación municipal los fotografiara o tomaran anotaciones, por lo que optaron por perseguirlos.

Pintas en el Ayuntamiento para exigir justicia

En el ayuntamiento los activistas realizaron pintas entre las que destacan: “Abarca asesino”, “Peña investiga a Abarca”, “tu sigues Abarca”, “30 de mayo no se olvida”, “vivos se los llevaron vivo los queremos”. También rompieron las ventanas y quemaron parte del inmueble y quemas en el centro comercial “Galerías Tamarindos”, mismo que es administrado por el edil.

Trascendió que en el punto conocido como Periférico hubo una balacera y el saldo es de dos muertos, aunque no ha sido confirmado.

Respecto a la presencia policial es la misma que se ha dado en los últimos meses, sin que se note un incremento de los uniformados en la ciudad.

Aún permanecen en calidad de desaparecidos: Gregorio Efraín Luna, Dante Cervantes, Jaime Castrejón, Héctor Arroyo Delgado y Nicolás Mendoza Villa. Sin embargo, de acuerdo a algunas versiones, varios de los “levantados” habrían logrado escapar de sus captores.

Aunque el gobierno del Estado confirmó el hallazgo de tres de los desaparecidos a través de la Policía Ministerial; no se han dado detalles de los hechos de manera oficial y el gobernador Ángel Aguirre Rivero no ha fijado postura en torno al caso, pese a que apenas este domingo solicitó que se intensificara la búsqueda de los líderes sociales y políticos.

Hasta el momento en Iguala se ha visto un repudio generalizado contra el edil tanto de actores políticos como de la misma ciudadanía a través de las redes sociales, quienes responsabilizan al edil de los hechos.

Por su parte el senador perredista Sebastián de la Rosa Peláez, en su perfil de Facebook anotó: “Exigimos a todos los órdenes de gobierno el pronto esclarecimiento de estos arteros crímenes y castigo a los responsables, al tiempo que condenamos los oscuros intereses detrás de los hechos que sin duda intentan aplacar la lucha social”.

Mientras que los dirigentes del PRD, PRI y PAN, lamentaron los hechos y exigieron que s castigue a los responsables.

Del recuento

Los ochos dirigentes de la UP fueron víctimas de desaparición forzada el día jueves 30 de Mayo por la tarde, luego de encabezar un bloqueo sobre la carretera Iguala-Cuernavaca, a la altura de la caseta de cobro. Ahí, sostuvieron una discusión con un mando de las Policía Federal, a quienes Cardona llamo “asesinos”, según indicaron algunos familiares.

La Unidad Popular de Iguala exigió obra social, proyectos, fertilizante, entre otros beneficios para los igualtecos; esto, durante un año que lleva el gobierno de Abarca.

Sin embargo, en las últimas semanas radicalizaron sus protestas en contra del presidente municipal y lo denunciaron públicamente por supuestos actos de nepotismo dentro de la administración que encabeza, así como desvíos de recursos.

Arturo Hernández Cardona había iniciado acción legal contra el alcalde Abarca Velázquez y un día después de su desaparición, habría de ratificar una denuncia ante el Ministerio Público.

En tanto el gobierno estatal, pese a la gravedad de los hechos el gobernador del Estado tardó tres días en ordenar que se intensificara la búsqueda de estos. Además, calificó esta desaparición como “un hecho que trastoca el clima de paz social en Guerrero”.

De acuerdo a un boletín oficial del gobierno del estado, desde este domingo (tres días después de los hechos), el gobernador Ángel Aguirre ordenó al secretario de Gobierno Florentino Cruz Ramírez y a los encargados de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Iñaki Blanco Cabrera; intensificar las investigaciones para localizar a ocho integrantes de la organización Unidad Popular de Iguala.

Cabe recordar que el principal líder de la UP, Arturo Hernández Cardona fue funcionario en el inicio del actual gobierno que encabeza Aguirre Rivero. Fungió como subsecretario de Desarrollo Rural cuando el hoy Senador Sofio Ramírez Hernández era titular de esa dependencia; pese a ello, la postura fue tardía.

De la falta de resultados del gobernador Ángel Aguirre

Hasta el momento en el gobierno de Aguirre permanecen en la impunidad varios asesinatos de activistas y actores políticos; entre ellos el de los dos normalistas de Ayotzinapa asesinados durante una manifestación en la Autopista del Sol; del presidente del Congreso Local Armando Chavarría; el asesinado del diputado federal 500, Moisés Villanueva de la Luz y su chofer Erick Estrada Vázquez, también los homicidios del candidato a diputado local, Homero Lorenzo Ríos, y de los activistas Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas.

 

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Ayotzinapa: otra historia negra del ejército mexicano

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CIUDAD DE MÉXICO.- «No tenemos solución de nada. Sabemos que en este campo militar hay muchas cosas que pasan, hay mucha información, ¿por qué no la dan? ¿Qué esconden o a quién están defendiendo?», cuestionó doña Joaquina en las protestas del campo número uno por la historia negra que tiene el ejército mexicano.

Más de 2 mil elementos del ejército y policías antimotines mantuvieron formación desde que llegaron las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos al campo militar número uno. Ahí exigieron a los militares que brinden toda la información sobre el paradero de los 43 normalistas.

No te pierdas: Testigo presenció ejecución del activista Arturo Hernández Cardona a manos del exalcalde José Luis Abarca

A ocho años de la desaparición forzada, las madres y padres siguen con el dolor a flor de piel. En estas fechas les llega el recuerdo de la agresión contra sus hijos. Son incontenibles las lágrimas de tanto tormento, pues la espera se convirtió en una tortura. Sin embargo, lejos de que los militares sean sensibles al sufrimiento de las familias, las intimidan con los tambores de guerra del ejército.

A los militares no les importa la angustia de las familias, al contrario, ocultan información importante para dar con el paradero de los estudiantes. Lo peor es que integrantes del ejército participaron directamente en la desaparición de los jóvenes normalistas.

Las protestas que las madres y padres realizaron en el campo militar número uno es inédito. Es un lugar lúgubre de dolor, de desesperanza, desapariciones y torturas.

En el corazón de las infames violaciones a los derechos humanos en México, la voz de doña Joaquina hizo eco en la puerta enrejada de las instalaciones militares. «Nos encontramos en este campo militar ante tanto policía. Nosotros no venimos armados ni a pelear. Por eso les pedimos que si ellos tienen muchas pruebas que las demuestren. Nosotros nada más venimos para saber dónde están nuestros hijos y qué pasó con ellos. Lo que les pedimos a los militares es que den toda la información que tienen y que se cumplan las órdenes de aprehensión contra militares».

Por su parte, el padre Mario González relató que el ejército es una institución que admiran y respetan muchos, pero “fueron los militares quienes desaparecieron a nuestros 43 hijos. Los del 27 batallón de infantería son los asesinos” que se cubren con el manto de la impunidad. Sabían que los estudiantes estaban siendo atacados, pero no hicieron nada. Además, “tenían un infiltrado en la escuela que les iba pasando el reporte a sus jefes y tenían el control del C-4 en Iguala. Son unos criminales, dejaron al elemento que podría haber salvado a nuestros hijos”.

Para saber más del tema: José Luis Abarca y esposa en el foco de atención de CIDH por caso Arturo Hernández Cardona

El ejército mexicano tiene un historial negro en Guerrero que tiene que ver con asesinatos y desapariciones. Algunos padres se sentían orgullosos de tener al ejército, pero a través de la lucha se dieron cuenta que son unos “asesinos”. “Mi hijo y sus 43 compañeros qué culpa tenían de que unos soldados asesinos con delirio de persecución piensen que los muchachitos son guerrilleros. Ahí están las líneas de investigación, donde 25 normalistas fueron llevados al 27 batallón”, dijo don Mario.

Las madres y padres se dirigieron a Andrés Manuel López Obrador para recordarle que dio su palabra para encontrar a sus hijos. “Señor presidente, se lo dicen los padres con su dolor que los queremos de regreso. Empeñó su palabra para dar con nuestros hijos”. Fueron las palabras de las familias que como un grito desesperado buscan más que voluntad, hechos de verdad y justicia.

Desaparición forzada: militares en la lupa

Las madres y padres de los 43 estudiantes han innovado formas de luchas para exigir el regreso de sus hijos. Con osadía han increpado al poder caciquil y a una clase política en el poder sin escrúpulos. Las protestas son legítimas y «ningún gobierno tiene derecho para decirnos cómo protestar». Esto viola los lineamientos del derecho a la libre expresión.

Este 23 de septiembre, las madres, padres y estudiantes realizaron pegas de carteles y pintas sobre la responsabilidad del ejército en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la opinión de Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres, el ejército no es emanado del pueblo, más bien es un ejército de élites que sostiene a las oligarquías en el país. Fueron educados en las Escuelas de la Américas, en los años 60, para enfrentar la ola de protesta e inconformidad social que surgieron en aquellos años. Las innumerables violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y tortura en contra de líderes sociales que reclamaban por un cambio en este país.

 

El ejército con una visión contrainsurgente infiltró soldados en la normal rural de Ayotzinapa para controlar y vigilar a los estudiantes porque saben que ahí se forjaron luchadores sociales como Lucio Cabañas Barrientos, Othón Salazar Ramírez o Carmelo Cortés Castro y otros profesores que impulsaron grandes movimientos de inconformidad en 1960. A partir de ahí ven a un guerrillero en cada estudiante normalista.

Por las filtraciones se podría investigar a Cienfuegos y jerarquías militares. Hay responsabilidades penales del ejército mexicano, iniciando porque desarrollaron operaciones encubiertas ilegales. Estuvieron enterados de principio a fin de lo que ocurrió en Ayotzinapa.

Vidulfo Rosales dijo que el ejército acumuló “acervo probatorio, videos, fotografías, audios, testimonios de lo que pasó de principio a fin. Eso también es ilegal. Están obstruyendo una investigación que se despliega por una grave violación a los derechos humanos. Por ejemplo, la intervención telefónica que hicieron a las 10 de la noche del día 26 de septiembre, supuestamente a un miembro de la delincuencia organizada y a un miembro policiaco de Iguala.

El GIEI encontró una hoja transcrita de esa intervención telefónica, pero el ejército se ha negado a corroborar esta información”. También se sabe que hay prueba objetiva que 25 jóvenes fueron ingresados al 27 batallón de infantería en Iguala. En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia investigó que seis estudiantes habrían sido asesinados cuatro días después por el coronel José Rodríguez Pérez.

La editora recomienda: Gobierno federal denuncia a juez del caso Ayotzinapa por dejar libres a 120 implicados

No hay disposición del ejército para una investigación exhaustiva donde se deslinde responsabilidades. Las fuerzas armadas es un poder aparte que no tiene controles y no rinde cuentas a las autoridades civiles. No reconocen que participaron en la desaparición de los estudiantes, ni siquiera en el ocultamiento de la información. Nadie dice nada.

Es increíble que un juez federal librara órdenes de aprehensión contra militares, sin embargo, este 24 de septiembre en la revista Proceso fue filtrada información sobre la cancelación de 21 órdenes de aprehensión de las 83, 16 corresponden a integrantes del ejército mexicano. Es preocupante lo que está pasando con el caso Ayotzinapa.

El dolor, la angustia y la incertidumbre de las madres y padres va más allá de las posturas políticas-ideológicas, más bien, su protesta o sus movilizaciones es porque tienen la esperanza  de acariciar el rostro de sus hijos.

***

Fuente: tlachinollan.org

 

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Justicia pendiente

Gobierno federal denuncia a juez del caso Ayotzinapa por dejar libres a 120 implicados

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El juez Samuel Ventura Ramors fue denunciado por absolver a implicados en el caso Ayotzinapa

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) denunciaron penalmente al juez de distrito de procesos penales federales de Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, por ordenar dejar en libertad a 120 personas implicadas con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

Las áreas jurídicas de ambas dependencias federales interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del juzgador que llevó el caso Ayotzinapa, por lo que lo acusaron de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte.

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Apenas hace unos días el juez absolvió de forma definitiva a 24 sujetos que presuntamente estuvieron involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El juez dictó absolución definitiva para el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien presuntamente colaboró con el cártel de “Guerreros Unidos” para el tránsito de droga, por lo cual la FGR solicitó nuevamente de la reaprehensión del ex edil.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, informó que darán a conocer un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, después de reconocer públicamente que fueron los elementos del Ejército mexicano los que colaboraron con la desaparición de los estudiantes normalistas.

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La FGR solicitó una nueva orden de aprehensión contra el juzgador por impedir que se garantice el acceso a la justicia por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, aunado a que ha ordenado la libertad de 120 personas que originalmente habían sido relacionadas con ese delito.

Giran nuevas órden de aprehensión contra Abarca

La semana pasada, el juez segundo de Distrito de Procesos Penales del Estado de México giró nuevas órdenes de aprehensión contra el ex alcalde de IgualaJosé Luis Abarca; su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y el ex jefe de la policía municipal, Felipe Flores Velázquez, por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El juzgador ordenó la captura del ex edil y sus colaboradores más cercanos por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

 

 

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Líder de SutNotimex presentará amparo contra sentencia por supuesto desvío de 2400 pesos

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líder SutNotimex se ampara contra sentencia por desvío de recursos

Se presentará amparo contra sentencia por desvío de recursos contra secretaria general

Por SutNotimex

El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) informa que este día recibió la notificación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en la que se confirma la sentencia sobre desvío de recursos contra la secretaria general de esta organización sindical, Adriana Urrea, por la cantidad de dos mil 400 pesos.

Ante ello, se tomarán las acciones legales correspondientes y se interpondrá la demanda de amparo, toda vez que nunca se cometió tal delito, sino que forma parte de la estrategia de criminalización y persecución política por encabezar la huelga en Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que esta semana cumplió 31 meses vigente.

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En abril de este año, el SutNotimex conoció la resolución del TFJA en la que se determinó la existencia de la falta administrativa grave de desvío de recursos atribuida a la secretaria general del sindicato, por lo que se impuso una “sanción administrativa consistente en la suspensión del empleo, cargo o comisión por treinta días naturales y una sanción económica por la cantidad de $2,416.03 pesos (dos mil cuatrocientos dieciséis pesos con tres centavos moneda nacional) más 1.00 (un peso con ceros centavos moneda nacional)”.

Sin embargo, toda vez que nunca se cometió tal falta, se recurrió al recurso de apelación; no obstante, el tribunal confirmó esta sentencia. Por ello, ahora se procederá a la demanda de amparo, debido a que no existen los elementos que comprueben que se cometió dicha falta.

La cantidad que se atribuye al desvío de recursos corresponde a unos viáticos de apoyo otorgados a la secretaria general, en su cargo de reportera, los cuales no se le permitieron comprobar porque fue despedida al asumir la representación sindical; se trata de una persona de base que nunca tuvo acceso al manejo financiero de la empresa o que tomara decisiones sobre el uso del recursos, por lo que la acusación es falsa y confirma la estrategia de criminalización y persecución política contra la dirigente con motivo de la huelga.

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La huelga de Notimex estalló el 21 de febrero de 2020; en tanto, las acusaciones contra la secretaria general se presentaron en septiembre de ese mismo año.

Hay que recordar que ésta es una de las dos demandas administrativas que la empresa presentó contra Urrea Torres. En enero de 2022, la Secretaría de la Función Pública determinó que no había responsabilidad administrativa sobre una de ellas y queda pendiente esta demanda que fue turnada al TFJA.

 

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