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Iguala: Activistas asesinados habían denunciado corrupción de alcalde

El pueblo responsabiliza de asesinatos al edil de Iguala Guerrero José Luis Abarca, quien estaba siendo denunciado por los activistas de desvío de fondos

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Aspecto del Ayuntamiento, después de que se enteraron del asesinato de sus compañeros activistas. Foto: milenio.com

Aspecto del Ayuntamiento, después de que se enteraron del asesinato de sus compañeros activistas. Foto: milenio.com

«Peña Nieto investiga a Abarca», una de las pintas en el ayuntamiento

Por Flor Miranda

IGUALA, Guerrero.- Tres de los ochos dirigentes de la Unidad Popular de Iguala, también líderes del Partido de la Revolución Democrática, fueron asesinados la mañana de ayer lunes, mientras se encontraban en calidad de víctimas de desaparición forzada. Entre las víctimas se encuentra Arturo Hernández Cardona, principal dirigente de esta coalición de organizaciones y ex colaborador de Ángel Aguirre Rivero, quien había encabezado las denuncias por corrupción contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

De acuerdo a versiones oficiales, el hallazgo de los cuerpos se dio cerca de las siete de la mañana sobre la carretera México-Acapulco tramo Iguala-Mezcala, en lo que corresponde al territorio de Tepecoacuilco de Trujano.

Además de Arturo Hernández Cardona, encontraron los cuerpos de los activistas Ángel Román Ramírez y Rafael Balderas Castrejón, quienes desde el inicio del actual gobierno municipal encabezado por el perredista y empresario José Luis Abarca Velázquez; concretaron una coalición de organizaciones que hasta la fecha se mostró opositora al alcalde.

Los cuerpos fueron trasladados e ingresados al Servicio Médico Forense de Iguala cerca de las 10 de la mañana. Hasta ahí llegaron familiares de los ocho desaparecidos quienes hicieron el reconocimiento de los tres líderes sociales y políticos.

El hallazgo coincidió con la movilización masiva que realizaba la Unidad Popular de Iguala en esa ciudad y en el puerto de Acapulco en donde bloquearon la autopista Costera, respaldados por el Movimiento Popular Guerrerense que aglutina a universitarios, normalistas, el magisterio disidente, policías comunitarias, entre otras organizaciones.

La movilización tendría como objetivo principal exigir la localización de los ocho líderes sociales, pero en Iguala fue interrumpida ante la noticia. Sin embargo, tras haberse enterado del hallazgo de los tres dirigentes, integrantes de la Unidad Popular y el MPG, se dirigieron al Ayuntamiento donde causaron destrozos y realizaron pintas.

Los inconformes y dolientes responsabilizaron al alcalde José Luis Abarca Velázquez de los hechos, y exigieron a la autoridades castigo para quienes cometieron el triple homicidio.

Tras enterarse del deceso de sus compañeros, los integrantes de la movilización no permitieron que personal de gobernación municipal los fotografiara o tomaran anotaciones, por lo que optaron por perseguirlos.

Pintas en el Ayuntamiento para exigir justicia

En el ayuntamiento los activistas realizaron pintas entre las que destacan: “Abarca asesino”, “Peña investiga a Abarca”, “tu sigues Abarca”, “30 de mayo no se olvida”, “vivos se los llevaron vivo los queremos”. También rompieron las ventanas y quemaron parte del inmueble y quemas en el centro comercial “Galerías Tamarindos”, mismo que es administrado por el edil.

Trascendió que en el punto conocido como Periférico hubo una balacera y el saldo es de dos muertos, aunque no ha sido confirmado.

Respecto a la presencia policial es la misma que se ha dado en los últimos meses, sin que se note un incremento de los uniformados en la ciudad.

Aún permanecen en calidad de desaparecidos: Gregorio Efraín Luna, Dante Cervantes, Jaime Castrejón, Héctor Arroyo Delgado y Nicolás Mendoza Villa. Sin embargo, de acuerdo a algunas versiones, varios de los “levantados” habrían logrado escapar de sus captores.

Aunque el gobierno del Estado confirmó el hallazgo de tres de los desaparecidos a través de la Policía Ministerial; no se han dado detalles de los hechos de manera oficial y el gobernador Ángel Aguirre Rivero no ha fijado postura en torno al caso, pese a que apenas este domingo solicitó que se intensificara la búsqueda de los líderes sociales y políticos.

Hasta el momento en Iguala se ha visto un repudio generalizado contra el edil tanto de actores políticos como de la misma ciudadanía a través de las redes sociales, quienes responsabilizan al edil de los hechos.

Por su parte el senador perredista Sebastián de la Rosa Peláez, en su perfil de Facebook anotó: “Exigimos a todos los órdenes de gobierno el pronto esclarecimiento de estos arteros crímenes y castigo a los responsables, al tiempo que condenamos los oscuros intereses detrás de los hechos que sin duda intentan aplacar la lucha social”.

Mientras que los dirigentes del PRD, PRI y PAN, lamentaron los hechos y exigieron que s castigue a los responsables.

Del recuento

Los ochos dirigentes de la UP fueron víctimas de desaparición forzada el día jueves 30 de Mayo por la tarde, luego de encabezar un bloqueo sobre la carretera Iguala-Cuernavaca, a la altura de la caseta de cobro. Ahí, sostuvieron una discusión con un mando de las Policía Federal, a quienes Cardona llamo “asesinos”, según indicaron algunos familiares.

La Unidad Popular de Iguala exigió obra social, proyectos, fertilizante, entre otros beneficios para los igualtecos; esto, durante un año que lleva el gobierno de Abarca.

Sin embargo, en las últimas semanas radicalizaron sus protestas en contra del presidente municipal y lo denunciaron públicamente por supuestos actos de nepotismo dentro de la administración que encabeza, así como desvíos de recursos.

Arturo Hernández Cardona había iniciado acción legal contra el alcalde Abarca Velázquez y un día después de su desaparición, habría de ratificar una denuncia ante el Ministerio Público.

En tanto el gobierno estatal, pese a la gravedad de los hechos el gobernador del Estado tardó tres días en ordenar que se intensificara la búsqueda de estos. Además, calificó esta desaparición como “un hecho que trastoca el clima de paz social en Guerrero”.

De acuerdo a un boletín oficial del gobierno del estado, desde este domingo (tres días después de los hechos), el gobernador Ángel Aguirre ordenó al secretario de Gobierno Florentino Cruz Ramírez y a los encargados de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Iñaki Blanco Cabrera; intensificar las investigaciones para localizar a ocho integrantes de la organización Unidad Popular de Iguala.

Cabe recordar que el principal líder de la UP, Arturo Hernández Cardona fue funcionario en el inicio del actual gobierno que encabeza Aguirre Rivero. Fungió como subsecretario de Desarrollo Rural cuando el hoy Senador Sofio Ramírez Hernández era titular de esa dependencia; pese a ello, la postura fue tardía.

De la falta de resultados del gobernador Ángel Aguirre

Hasta el momento en el gobierno de Aguirre permanecen en la impunidad varios asesinatos de activistas y actores políticos; entre ellos el de los dos normalistas de Ayotzinapa asesinados durante una manifestación en la Autopista del Sol; del presidente del Congreso Local Armando Chavarría; el asesinado del diputado federal 500, Moisés Villanueva de la Luz y su chofer Erick Estrada Vázquez, también los homicidios del candidato a diputado local, Homero Lorenzo Ríos, y de los activistas Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas.

 

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Justicia pendiente

Corte invalida “Ley Nahle” que impide que sea candidata a gobernadora de Veracruz

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Con ocho votos a favor, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron la denominada “Ley Nahle”, la reforma a la constitución de Veracruz que reconocía como veracruzanos a quienes tienen hijos nacidos en esa entidad y con lo cual podría contener por la gubernatura.

De acuerdo con la mayoría de los ministros, esta reforma local se contraponía a la constitución política mexicana que establece que sólo podrá ser gobernador de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de esa entidad.

Con ello, se desechó la reforma a la constitución política local de Veracruz que consideraba como veracruzanos a aquellas personas no nacieron en esa entidad pero que tienen hijos nativos en ese estado, con lo cual la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, pretendía competir por la gubernatura del estado en 2024.

El ex presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, sostuvo que se buscaba defraudar a la constitución federal, ya que se trata del documento máximo del país que regula los derechos de la ciudadanía y que no puede ser contrapuesto con la constitución local de Veracruz.

En tanto, la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, comentó que no puede ser desvinculado el término “nativo” al nacimiento de una persona como lo contempla la carta magna en el país, por lo cual se debe privilegiar el derecho básico para quienes buscan gobernar una entidad.

En agosto de 2022 el Congreso de Veracruz, encabezado en su mayoría por diputados locales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aprobó la reforma constitucional que permitía a la funcionaria federal contender por la gubernatura de ese estado, tras el sexenio de Cuitláhuac García.

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Genaro García Luna y la señora Wallace: Historia y contexto de una pareja siniestra

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Isabel Miranda y García Luna

 

PRIMERA PARTE

 El mal (…) puede crecer desmesuradamente y reducir todo el mundo a escombros precisamente porque se extiende como un hongo por la superficie.
Hannah Arendt

 Por Juan Carlos Pérez Ruiz

En las últimas semanas, el caso Genaro García Luna en Estados Unidos ha acaparado la atención de los medios de comunicación y usuarios de redes sociales. El juicio del ex secretario de Seguridad Pública de México, que dio inicio el 17 de enero, ha desencadenado una cascada de análisis, comentarios, columnas, notas, reportajes, artículos, editoriales y entrevistas de diferentes académicos, periodistas, influencers e intelectuales respecto al oscuro proceder de este personaje, sobre el que pesan cargos judiciales por falsedad de declaraciones, delincuencia organizada, y conspiración contra Estados Unidos para poseer y distribuir cocaína a este país.

La línea editorial de la mayoría de los medios de comunicación mexicanos se ha centrado en los detalles de usos, costumbres y abusos del también ex servidor del CISEN: Su corrupción galopante, su multimillonario saqueo al erario, su ilegal e inexplicable enriquecimiento notable, su cercanísima relación de publicidad y complicidad con medios como Televisa y TV Azteca, la participación de periodistas como Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva en los montajes judiciales del “Super Policía”, su tendencia a fabricar casos y culpables al por mayor, el uso y abuso del espionaje y la tortura, su relación con bandas de secuestradores, según ha señalado el periodista Francisco Cruz Jiménez, la posible caída de expresidentes como Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, en caso de llegar a ser mencionados; sus vínculos con narcotraficantes como los del Cártel de Sinaloa, tal como se rumoraba desde hace más de una década y tal como lo acusan las autoridades estadounidenses.

Sin embargo, en los últimos días parece haber quedado en el olvido la colaboración de Genaro García Luna con María Isabel Miranda Torres, mejor conocida como Isabel Miranda de Wallace, la dueña de escuelas privadas al sur de la Ciudad de México (como el Colegio Aztlán o City College, ubicado en la alcaldía Tlalpan junto al tristemente célebre Colegio Enrique Rébsamen, destruido con el terremoto del 19 de septiembre de 2017) y de las empresas de anuncios espectaculares Showcase Publicidad, Outlook y Showposter; la misma que, con cargos fabricados, mantuvo en prisión a la senadora de MORENA y ex policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado.

La misma Isabel Miranda que participó en, y respaldó la fabricación y el montaje del caso Cassez Vallarta y la supuesta banda de “Los Zodiaco”, la misma que criminalizó a los estudiantes víctimas de desaparición forzada del caso Ayotzinapa y que intentó desviar las investigaciones del caso, y la misma que hasta hoy, a casi un año de finalizar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se mantiene completamente tranquila, libre e impune, pese a mantener en cautiverio a Brenda Quevedo Cruz, César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, Albert Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz, Jael Malagón Uscanga y George Khoury Layón.

Todos ellos han sido brutalmente torturados en diferentes ocasiones y culpados, directa o indirectamente, por la interferencia de «la señora Wallace«, y las autoridades que la respaldaron, a través de martirios, amenazas, intimidación y persecución a familiares y abogados, como en los casos de Omar Quevedo Cruz, Salomón Tagle, Julieta Freyre Morales y Rosa Morales, el arresto de la abogada Ámbar Treviño Pérez y las amenazas al abogado Alejandro Garduño del Real, que lo orillaron al exilio. Además del espionaje, fabricación y siembra de pruebas, falsificación de documentos, detenciones arbitrarias y tráfico de influencias. Una larga trayectoria de impunidad para una quien se ha presentado sólo como una madre dolida por la desaparición de su hijo.

Leer más: Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

García Luna e Isabel Miranda: Dos árboles que nacieron torcidos…

No es difícil establecer un paralelismo entre las vidas y carreras criminales del ex director de la AFI, Genaro García Luna, y la presidenta de la asociación civil Alto al secuestro, María Isabel Miranda Torres. El sadismo, la saña, la tortura, la mentira, el espionaje, la extorsión, el chantaje, el robo, la corrupción, el tráfico de influencias, los nexos con el crimen organizado (con personajes como Edgar Veytia, hoy pagando condena en una prisión de Estados Unidos por narcotráfico y próximo testigo en el juicio de Genaro García Luna. La crueldad, la perversidad y las decenas (posiblemente centenas) de víctimas que han dejado Isabel Miranda y García Luna a su paso, parece sólo el trayecto lógico de dos seres infames que desde hace décadas han dado muestras de su inclinación a la maldad y a la falta de escrúpulos.

Sus biografías y el contexto histórico que conformó la vida de estos personajes macabros explican en parte los altos alcances de sus malignas acciones desde el Estado con vocación criminal. En el caso de Genaro García Luna, su sevicia parece haber iniciado desde la adolescencia. De acuerdo con las minuciosas investigaciones del periodista y escritor Francisco Cruz Jiménez, contenidas en su libro García Luna, el señor de la muerte (Planeta, 2020), Genaro García Luna era lo que hoy llamaríamos “un bully”, que causaba gran miedo en su escuela y barrio, pese a sus inseguridades y tartamudez, al grado de que los abusos suyos y de sus amigos, no tenían castigo gracias a que desde la pubertad ya era gran amigo de agentes policiacos. Testimonios recopilados por Cruz Jiménez señalan que muchos de quienes lo conocieron en su infancia y adolescencia, aún le tienen terror, y que lo señalaron como “un gandalla, un maldito”.

Nacido en 1968, el posteriormente agente del CISEN vivía por la colonia Romero Rubio en Ciudad de México, era apodado “El Chango” y habría sido cercano a elementos de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), heredera de lo que en otros tiempos fue el Servicio Secreto y misma corporación cuyos archivos actualmente se encuentran, en su mayoría, desaparecidos. “Este grupo se encargaba de torturar, desaparecer, extorsionar, ejecutar extrajudicialmente y reprimir”, señala Cruz en su libro. De acuerdo con el investigador Carlos A. Pérez Ricart, uno de los centros de tortura de este grupo, Tlaxcoaque, ubicado en la zona centro de la Ciudad de México, tuvo como víctimas no sólo a involucrados en los movimientos guerrilleros contrainsurgentes, reprimidos durante la Guerra Sucia, sino también a personas de diferentes movimientos estudiantiles, laborales, sindicales; defensores de territorios y tierras comunales; periodistas, activistas, migrantes y minorías religiosas. No es difícil deducir la “escuela” temprana que resultó para García Luna su cercanía con esos cuerpos policiacos represores, que oscilaban entre lo policial y lo delincuencial cual si fuesen sinónimos.

Según el texto de Francisco Cruz, existe la posibilidad de que García Luna se haya iniciado como “recadero, mandadero” de dichos agentes policiacos, así como también cumplió las funciones de “oreja, soplón, dedo, halcón, madrina”, informante y delator estrella de la zona para ganarse los favores e irse infiltrando en las instituciones de seguridad.

El hoy preso en Nueva York no se habría limitado al servilismo, la delación y amistad con policías corruptos; pronto ejercería como criminal también. De acuerdo con Cruz, Genaro formó su propia banda de asaltantes de casa habitación, entre cuyos integrantes destacaba su cuñado Antonio Chávez, alias “El Soldado” o “El Moco”. La banda habría dado su gran golpe el 25 de diciembre de 1987, cuando atracaron una casa ubicada en la calle Emiliano Zapata, de la que sustrajeron 250 millones de pesos, 10 mil dólares en efectivo, centenarios y joyería fina. Tras esconderse durante semanas en la vivienda de los García Luna, Antonio Chávez habría huido a Michoacán, donde montó un rancho con lo robado. En tanto dos agentes de la extinta Policía Secreta habrían amenazado de muerte al Ministerio Público para eliminar el nombre de Genaro García Luna de la averiguación. Un testimonio que recoge el libro señala que los policías que lo protegieron también recibieron parte del botín y que la madre de Genaro García Luna, Consuelo Luna, estaba dispuesta a declarar contra su hijo, pero el padre, Juan Nicolás García, y un abogado, la convencieron de no echar a perder el “futuro” del hijo.

Años después, encontraría su gemelo en andanzas criminales, su par de tendencias psicópatas, en Luis Cárdenas Palomino, hoy también en prisión, aunque este último se encuentra recluido en el Cefereso #1 en Almoloya de Juárez, México, por tortura a Israel Vallarta Cisneros y a sus familiares.

Más información: Quiénes torturaron a Israel Vallarta Cisneros – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

 

Según las averiguaciones 13A/4413/987 y 13A/4419/987 de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, reveladas por medios como Reporte Índigo y Zócalo, el 12 de agosto de 1987, a los 18 años, Luis Cárdenas Palomino asesinó en la colonia Lindavista a un taxista, junto con dos amigos (René Alavez Rosas, de 18 años, y Octavio Navarro Medellín, de 21) simplemente porque “querían saber que se sentía matar”. Después del suceso, fueron a festejar y emborracharse a un bar de la Zona Rosa. Los amigos fueron detenidos, fichados e incluso acusados de haber cometido otros dos asesinatos, pero Cárdenas Palomino libró la cárcel gracias a la intervención y protección de Jesús Miyazawa Álvarez, entonces jefe de la Policía Judicial de la capital del país y exintegrante de la Brigada Blanca, cuerpo policíaco/paramilitar de la Dirección Federal de Seguridad del gobierno mexicano, que existió de 1972 a 1985.

La Brigada Blanca a la que perteneció el gran protector de Palomino, Miyazawa, operaba en el sótano de la Dirección Federal de Seguridad y estaba a cargo de Fernando Gutiérrez Barrios, Luis de la Barreda, Javier García Paniagua (hijo del militar Marcelino García Barragán, involucrado en la represión contra estudiantes en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968; y también padre de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en el gobierno de Claudia Sheinbaum), Arturo Acosta Chaparro, Jesús Miyazawa, Francisco Quiroz Hermosillo, Miguel Nazar Haro, Salomón Tanuz y Francisco Sahagún Vaca. La agrupación se encargaba de investigar, perseguir, reprimir, detener y torturar ferozmente a grupos disidentes, especialmente a integrantes o sospechosos de pertenecer a la Liga Comunista 23 de septiembre.

Las detenciones arbitrarias y torturas incluían toques eléctricos, asfixia, ahogamiento, amenazas, violaciones, abusos sexuales, golpes, intimidación a familiares, aislamiento; métodos despiadados e inhumanos que no parecen diferenciarse mucho de las torturas que años después, ya como funcionarios y policías, aplicarían los mismos Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna en centenares de detenidos, y torturas también, que la empresaria María Isabel Miranda Torres, la señora Wallace, parece haber imitado casi al pie de la letra, ya sea ordenándolas, presenciándolas y/o dirigiéndolas, contra los detenidos del caso Wallace (Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, César Freyre, Juana Hilda González Lomelí, Albert Castillo, Tony Castillo, Jael Malagón y George Khoury); algunos de los cuales ya cuentan con evaluaciones psiquiátricas y Protocolos de Estambul que confirman las torturas: Jacobo Tagle Dobin, César Freyre, Brenda Quevedo y George Khoury Layón.

De acuerdo con declaraciones periodísticas de Israel Vallarta y a fragmentos de declaraciones judiciales del mismo David Orozco, existe la posibilidad de que Isabel Miranda también haya participado en la tortura del comerciante ambulante David Orozco Hernández, detenido en 2009 e igualmente torturado e inculpado en el caso Cassez-Vallarta, y muerto en enero de 2015, por secuelas en su salud que dejaron las torturas. Una mujer de nombre “Isabel” habría dirigido y presenciado el interrogatorio-tortura, según estas declaraciones. Asimismo, en una entrevista para el programa televisivo de Carmen Aristegui en CNN México, Isabel Miranda Torres declaró:

«Yo estuve presente, Carmen, cuando Ezequiel (Elizalde, falsa víctima de “Los Zodiaco”) me pide que lo acompañe a reconocer al “Géminis” (apodo ficticio que la policía creó y le impuso a David Orozco, simplemente por su fecha de nacimiento) en la AFI, yo estuve ahí presente, nadie me lo platicó. Y me consta como este hombre (David Orozco) empieza a platicar acerca de Florence Cassez; aquí traigo incluso su declaración…«.

Las declaraciones autoincriminatorias de David Orozco, realizadas tras ser torturado y amenazado, fueron videograbadas y difundidas por la Policía Federal en medios de comunicación nacionales e internacionales, como una presunta “prueba irrefutable” de la supuesta culpabilidad de Florence Cassez, en el contexto previo a su liberación en 2013.

Posterior a esas declaraciones forzadas, David Orozco narró en declaración judicial como fue su detención: «Fui secuestrado por desconocidos enmascarados que se hicieron pasar por narcotraficantes. Más tarde comprendí que eran policías«. David fue golpeado y amenazado con que desaparecerían a sus hijos y violarían a su esposa, y obligado a declarar contra Florence Cassez e Israel Vallarta, presionado a señalarse también como su cómplice. En diferentes entrevistas, su esposa, Silvia Velázquez, ha señalado que, tras la detención de su marido, perdieron su casa y sus ingresos y fueron marginados por la mayor parte de su familia y sus conocidos. En sus últimos años de vida, David Orozco empezó a orinar sangre, caminaba cojeando de la pierna izquierda y perdió un oído tras las torturas. Antes de morir, David pidió a su esposa que buscara limpiar su nombre, para que la sociedad mexicana supiera que él nunca había sido un secuestrador.

Si bien no ha podido confirmarse si Isabel Miranda participó en la tortura a David Orozco, diferentes investigaciones periodísticas -principalmente la de la periodista belga Emmanuelle Steels, en su libro El teatro del engaño (Grijalbo, 2015)- han documentado que Isabel Miranda si presionó fuertemente a las supuestas víctimas de la ficticia banda de “Los Zodiaco” para inculpar a Florence Cassez, Israel Vallarta y David Orozco, así como también presionó -en privado pero también pública y mediáticamente- a jueces, para mantenerlos en prisión. De igual manera Isabel Miranda influyó en los medios de comunicación para criminalizarlos, constantemente y de manera pública.

***

La historia de la niñez y adolescencia de María Isabel Miranda Torres aparentemente inicia menos turbia, pero se fue llenando de lodo, moral y éticamente hablando, a medida que transcurrió el tiempo, especialmente en su edad madura y en su vejez. Existen pocos datos de sus primeros años.

Nacida en 1951, Isabel Miranda creció en la pobreza de Tejupilco, Hidalgo, siendo la mayor de sus hermanas mujeres. Sus padres fueron Fausto Miranda Romero, arriero, y Elfega Torres, ama de casa. Sus hermanos son Alfredo Miranda Torres, Heriberto Miranda Torres (Inspector General de la Policía Federal de Caminos-Policía Preventiva), Fausto Miranda Torres, Asunción Miranda Torres, Martha Miranda Torres, Guadalupe Miranda Torres (trabajaba en la empresa Showcase Publicidad de su hermana y fue asesinada en 2006 en circunstancias muy sospechosas, presuntamente por su esposo Gabriel Bobadilla, aún en prisión), Roberto Miranda Torres (ex ministerio Público, fiel acompañante y cómplice de Isabel Miranda en la farsa del secuestro Wallace), Víctor Miranda Torres y María Magdalena Miranda Torres; esta última fue encargada de Recursos Humanos en la Procuraduría General de la República y es esposa de Abraham Pedraza Rodríguez, abogado y primer denunciante falso del caso Wallace que se hizo pasar como “primo” de Hugo Alberto Wallace Miranda, cuando en realidad es su tío, y secretario particular de la actual ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández.

Isabel Miranda creció ambicionando la posición económica de sus familiares, los León. Cuando su tía paterna, Guadalupe Miranda Romero, esposa de Carlos León Sánchez, y madre del primo de Isabel, Carlos León Miranda, decide cobijarla y llevarla a vivir con ella, Isabel vio la oportunidad de mejorar su vida.

A los 16 años, cuando cursaba estudios de secretaria, Isabel Miranda se enamoró, se casó y se embarazó de su primo hermano, Carlos León Miranda, verdadero padre de su hijo Hugo Alberto. Isabel Miranda registró a su hijo tres veces: Primero en enero de 1970 como Hugo Alberto Miranda Torres, utilizando nombres incompletos de sus familiares; después, en octubre de 1970, como Hugo Alberto León Miranda, con la identidad de su verdadero padre y años después, en 1975, como Hugo Alberto Wallace Miranda, falsamente como hijo del nicaragüense nacionalizado en México, José Enrique del Socorro Wallace Díaz, segundo marido de Isabel Miranda y del que antes había sido su secretaria, cuando éste tenía un primer matrimonio.

Entérate: Caso Wallace: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida en México pese a su madre (losangelespress.org)

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Dos elementos por señalar. El primero, una diferencia, pero a la vez en un elemento en común: El manejo de su imagen pública. Décadas después, mientras Genaro García Luna se valió de dinero y de su amistad con periodistas como Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Carlos Marín, Jorge Fernández Menéndez, Pablo Hiriart, Martín Moreno, el reportero policiaco Carlos Jiménez y Raymundo Rivapalacio, para ocultar su pasado criminal y crearle una imagen de policía honesto, heroico y eficiente, Isabel Miranda utilizó su dinero y amistad con periodistas para difundir una historia color de rosa sobre su vida, y mostrarla como una madre amorosa, «dama respetable» y una “activista valiente» y con credibilidad. Curiosamente, el mismo grupo de periodistas respaldó -y algunos, lo siguen haciendo- a ambos personajes.

El segundo elemento que podría subrayarse en este paralelismo es la tendencia de ambos al nepotismo. En el caso de García Luna, una de las mayores beneficiarias de su carrera criminal, fue su hermana Esperanza García Luna. De acuerdo con el libro de Francisco Cruz, Esperanza fue pieza clave en el ascenso social y económico de su hermano. Según el periodista, la cercanía de Esperanza con Wilfrido Robledo (entonces director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN) fue fundamental en el ascenso de su hermano y el favoritismo de Robledo por Genaro. Robledo estuvo encargado de operativos como la entrada de la Policía Federal para terminar con la huelga de la UNAM, en el año 2000, y del operativo en 2006 contra pobladores y activistas en San Salvador Atenco, Estado de México, que se oponían a la construcción del aeropuerto cerca de su territorio. El descomunal operativo en Atenco dejó como saldo decenas de detenidos arbitrariamente, torturados y decenas de mujeres (tanto pobladoras de Atenco, como activistas, fotógrafas y periodistas extranjeras que se encontraban en la zona) violadas por elementos policiacos.

Los hermanos Esperanza y Genaro García Luna permanecieron muy unidos, y ella fue ascendiendo junto con él en la espiral del enriquecimiento y la ilegalidad, a grado tal que ella aparece como una de los dueños y representantes legales de la empresa de seguridad Glac Security Consulting Technology Risk Managment, que montó su hermano en Estados Unidos. Según un texto de Miguel Badillo en la revista Contralínea, en la empresa también figuraron como dueños y representantes Linda Cristina Pereyra Gálvez (esposa de García Luna); el excomisario general de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas; su exjefe de escoltas, Jesús Alejandro Barajas Rodríguez, Mónica Cervantes González y desde luego, el propio ex secretario de Seguridad Pública. Badillo señala que dicha empresa recibió 11 millones de pesos del medio de comunicación El Financiero, 13.5 millones de pesos del medio El Heraldo y 50 millones de pesos por parte del gobierno de la Ciudad de México, durante la administración del perredista Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Infórmate: Isabel Miranda, la falsa heroína de la ultraderecha, ante los feminicidios – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

 

Tras la detención de García Luna en Dallas, Texas (EUA), en diciembre de 2019, en México las cuentas bancarias de Esperanza García Luna fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera, en ese entonces encabezada por Santiago Nieto. Esperanza presentó un amparo, pero éste le fue negado, al menos hasta lo que se publicó al respecto en 2021.

En el caso de Isabel Miranda, su nepotismo ha beneficiado no solamente a su hermana Magdalena Miranda Torres, sino también a otros familiares y amigos varios, como fue el caso de Raúl Plascencia Villanueva.

En octubre de 2009, Raúl Plascencia Villanueva fue registrado personalmente ante el Senado de la República, como candidato a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por María Isabel Miranda Torres, ya entonces presidenta de Alto al secuestro y ya posicionada política y mediáticamente desde la farsa del secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto en 2005. Ya al frente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva y el entonces presidente Felipe Calderón le entregaron a Isabel Miranda de Wallace el Premio Nacional de Derechos Humanos, en diciembre de 2010, tan sólo unos días después de la detención, torturas y violación de Jacobo Tagle Dobin, cuya aprehensión utilizaron como la joya de la corona para terminar de encumbrar la artificial imagen de “gran heroína y valiente ciudadana” de Isabel Miranda. Surrealista contraste entre la mujer.

La gestión de Raúl Plascencia Villanueva estuvo marcada por la corrupción, la ineficiencia, el dispendio y la ineptitud, a tal extremo que en septiembre de 2014 un grupo de 85 ciudadanos y Organizaciones No Gubernamentales presentaron ante la Cámara de Diputados una denuncia para que se le hiciera un juicio político, por “las gravísimas omisiones de la CNDH frente a innumerables violaciones de los derechos humanos en México y la utilización de la institución a “modo” y  para fines distintos a la defensa de los derechos humanos”. Asimismo, el diario Reforma y el semanario Proceso dieron cuenta de una mansión ubicada en Jardines del Pedregal (al sur de la Ciudad de México) de más de veinte millones de pesos que se construía Plascencia; residencia a la que Isabel Miranda fue invitada el 6 de noviembre de 2009, para celebrar el nombramiento de su recomendado.

Entre las omisiones como ombudsman, Plascencia dejó informes incompletos y deficientes y la falta de reconocimiento como víctimas en el caso de la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas (2010), las omisiones en el caso del asesinato -perpetrado por policías- del activista José Francisco Kuykendall (en diciembre de 2012) y la titubeante y cambiante postura en el caso de la matanza de Tlatlaya, Estado de México, ocurrida el 30 de junio de 2014, perpetrada por elementos del ejército. En un inicio, Plascencia minimizó la gravedad de los hechos como “un enfrentamiento”, en respaldo velado a las Fuerzas Armadas y a los gobiernos federal y estatal, que impulsaban la misma versión. Sin embargo, casi un mes después Plascencia Villanueva cambió de postura, reconociendo la masacre y a las víctimas mortales. Este cambio de postura no se debió a un flashazo de ética, ni a una verdadera preocupación por los Derechos Humanos, sino a que Plascencia Villanueva estaba negociando el apoyo de las Fuerzas Armadas para reelegirse como titular de la CNDH en 2014. Al no conseguir su apoyo, su postura cambió, de acuerdo con lo revelado por los correos de la SEDENA, que se filtraron hace unos meses por #GuacamayaLeaks.

Isabel Miranda buscó sostener a su aliado y protegido, respaldando su candidatura para un segundo mandato, defendiéndolo ante medios de comunicación y el Poder Legislativo. Pero no logró su continuidad, siendo sucedido por Luis Raúl González Pérez. De cualquier manera, los sucesores de Plascencia, González Pérez y Rosario Piedra Ibarra (actual titular) no han representado ningún avance, ni cambio significativo y hasta la fecha, siguen sin retirarle el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda, a pesar de su participación en fabricación de culpables y torturas.

El nepotismo de Isabel Miranda también alcanzó a su sobrina Verónica Miranda Mondragón, que trabajó en la CNDH como Visitadora, y a su sobrino, Andrés Sánchez Miranda, a quién impuso como diputado local plurinominal por el Partido Acción Nacional en 2012, para la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal. Actualmente los tentáculos de Isabel se extienden a través de su sobrino Andrés Sánchez Miranda, quién es el representante del PAN ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y su hermano, otro sobrino de Isabel Miranda, Víctor Manuel Sánchez Miranda, tiene a su cargo una subdirección en el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

 

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‘No odio a nadie, pero lamento su situación’: AMLO sobre Lorenzo Córdova

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mañanera hoy AMLO

 

Por Francisco Rodríguez

En una mañanera de “a quien le quede el saco,” el presidente lamenta que se confunda el nivel académico con la cultura y de ejemplo utilizó a Lorenzo Córdova, titular del INE, quien en una entrevista dijo tener miedo de ser perseguido ahora que deje el cargo, “no tiene problema, él es un servidor público sin principios, sin ideales, un farsante, no es el más malo de ese grupo, hay peores, lo lamento mucho porque conocí a su papá, fuimos amigos, un hombre excepcional, pero así suele pasar con los hijos, con los nietos. Él no tiene principios…y también demuestra que no, los grados, los títulos, son sinónimo de cultura. Él tiene doctorado y es racista. No se debe confundir el nivel académico con la cultura, hay científicos muy ignorantes. Lo mal aconsejaron…No odio a nadie, lamento su situación…”.

De tu interés: Camino a la vergüenza internacional – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

En los avances del Tren Maya, el Director de Fonatur, Javier May, presentó el desarrollo de manera integral del tramo 3 de la obra y los beneficios que tendrá en el estado de Yucatán. En compañía del Gobernador, Mauricio Vila, se informó que este tramo beneficiará al estado con desarrollo económico, empleos y más obras culturales y ambientales. Además, el mandatario estatal presentó el programa del transporte Va y Ven, que se conforma de los camiones más modernos y ecológicos de toda América Latina. Por su parte, Luis Cresencio Sandoval y otros integrantes de la SEDENA hablaron de la construcción de las oficinas de la empresa a su cargo que operará el Tren Maya y el restablecimiento de dos parques. Asimismo, Diego Prieto, titular del INAH mencionó el programa de rehabilitación y preservación en las zonas culturales y arqueológicas del estado.

El gobernador Vila agradeció a la CFE por la construcción de un parque de energía solar y por el cierre de una brecha en el sureste por tener gas natural en ese estado.

Aclaró que no hay ninguna denuncia o alguna carpeta de investigación en contra del expresidente Felipe Calderón por el caso de Genaro García Luna, dejó en claro que las autoridades de México están esperando los resultados del juicio en EE.UU. Además, reveló que “cuando llegué a la presidencia me vi rebasado en mis consideraciones de lo que consideraba corrupción.”

Evitó criticar al exsecretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, luego de asegurar que el canciller Marcelo Ebrard había aceptado el programa de “Quédate en México, sigue actuando muy bien como secretario de Relaciones Exteriores, “no me meto en eso, amor y paz…se tuvo muy buena relación con el presidente Trump y ahora con el presidente Biden.”

Finalmente, informó que se reunirá esta semana con la CEO de Citigroup, Jan Fraser, y confió en que ya habrá comprador para Banamex.

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