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Violencia contra las mujeres

«Identifiqué a detalle el cuerpo de mi hija»: Ernestina Enríquez

La madre de Ciudad Juárez se enteró por las redes sociales que su hija yacía en la morgue, ahora identifica el cadáver y narra sobre pistas falsas que le habían dado las mismas autoridades sobre el caso.

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Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES.- “Quiero pensar que a mi hija la mataron el mismo día que desapareció”, señala Ernestina Enríquez, quien se enteró por las redes sociales que su hija yacía en la morgue de Ciudad Juárez por al menos dos años. Las autoridades fiscales del estado, ese mismo día, negaban que tuvieran el cuerpo de Adriana Sarmiento Enríquez, aún después de que la información circulara por Los Ángeles Press. Sin embargo, fue hasta el final de la tarde que la fiscalía confirmó a la madre la posesión de los restos de esta joven que apenas tenía 15 años de edad cuando fue secuestrada en el regreso de la escuela a su casa el 18 de enero de 2008.

Ernestina narra que las autoridades le entregaron la ropa que su hija traía puesta el día que desapareció. Pero al principio, la fiscalía insistía en enseñarle sólo fotografías de las cosas. Ernestina, “con la fortaleza que le ha dado Dios”, dice, exigió identificar cada detalle y cada resto de la osamenta de su hija, y no sólo verla en fotografías. “Identifiqué su cabello, largo y esponjado, como a ella le gustaba traerlo. Aún tenía las ligas que usaba. Los dientes no los tenía, ni tampoco todas las uñas, pero los huesos de sus dedos estaban completos”.

La sorpresa para Ernestina fue encontrar todavía, en los restos de una uña de los dedos del pie, el esmalte que Adriana usaba. “Después de tanto tiempo, y se conservaba el color”. Incluso traía el mismo pantalón del uniforme, su blusa de la escuela, toda la ropa con la que Ernestina la vio por última vez. Por eso, insiste, “creo que a ella la mataron el mismo día que se la llevaron”. La descripción detallada de la madre sobre los restos de su hija apunta a que no fue mutilada, aunque desconoce el tipo de suplicio que habría pasado su hija.

“Ellos tienen los cuerpos, ¿por qué no los entregan?”

El cuerpo fue encontrado en el poblado de San Agustín, en el Valle de Juárez, según la información que la fiscalía dio a la madre. Le dijeron que la habían encontrado semienterrada y que “alguien” del poblado, al pasar por un camino, aledaño al panteón, “vio un cráneo que salía de la tierra”, y llamaron por teléfono a las autoridades. Esto sería el 5 de noviembre de 2009, de acuerdo a la información oficial, cuando el cuerpo fue trasladado a la morgue de Ciudad Juárez donde se guardó hasta el 30 de noviembre de 2011, día que se enteró la madre de la víctima y reclamó la entrega. La prueba de ADN se realizó el 25 de julio de 2011, dijo la antropóloga forense, aunque Ernestina había aportado su muestra de ADN en abril de ese  mismo año.

Ernestina también recibió la información, “a mediados de 2009”,  sin que fuese corroborada por parte de la fiscalía, que su hija estaba siendo prostituida, junto con otras jóvenes también reportadas como desaparecidas. Hoy sabe que era una falsa pista que le daban y que no coincide con las características del hallazgo de los restos humanos que le fueron entregados. La fiscalía ya tenía el cuerpo guardado en la morgue, aunque supuestamente todavía no había sido confirmada la identidad, cuando las autoridades también le informaron que habían encontrado unos números de teléfono de la Ciudad de México en el celular de Adriana. Ello los llevó a hacer un recorrido, incluso con algunos periodistas, para investigar sobre posibles rutas de explotación sexual que apuntaban hacia ciudades cercanas al Distrito Federal como Puebla y Tlaxcala.

“No se vale, Guadalupe, no se vale”, llora Ernestina, “se estaban haciendo pendejos, si ya tenían a mi hija”. La madre dice que insistió a las autoridades en aquel año, 2009, que si tenían el cuerpo de su hija se lo entregaran. “Y mira lo que me hacen”, continúa, “he recibido de todo, burlas, humillaciones, falsas esperanzas. Miran cómo me la entregan”

El caso de Adriana Sarmiento fue catalogado por las autoridades como de “trata de blancas con fines de explotación sexual”, y de “alto riesgo” porque era menor de edad. Esta información le asustaba a su madre, porque “tenía que tener cuidado, con lo que decía”, le señalaron, “para no entorpecer las investigaciones”. Buscaron a Adriana, dice, durante el siguiente mes que desapareció, en 2008, después todo fue una farsa. Incluso a Ernestina le llegó a sorprender, en aquellos días, que el caso de su hija tuviera tanta atención de la policía municipal y de otras autoridades para buscarla. “Apareció en la prensa local fotos y boletines que la estaban buscando”. Pero todo era en vano, su hija, así lo cree, ya estaba muerta y enterrada desde que se la llevaron.

Lo que se desconoce aún es si la joven fue asesinada en el lugar donde fue hallada, o si trasladaron el cuerpo hasta ahí. Las autoridades tampoco dieron a Ernestina el análisis forense, si es que se llegó a realizar, donde establece el tiempo transcurrido desde la muerte de su hija. La antropóloga forense dijo a los medios que había sido victimada «hacía más de un año» después de que fue enterrado. Según estudios de entomología forense, un cuerpo, por el tipo de insectos que se encuentra en su descomposición, podría identificarse con precisión la fecha y las circunstancias de la muerte de la víctima, datos clave cuando se trata de homicidios en investigaciones judiciales. En el caso de Adriana Sarmiento, aún tenía cabello en el cráneo y conservaba algunos restos de piel y uñas en los pies que logró reconocer la madre por el esmalte, podría pensarse, de acuerdo a estos estudios, que tenía poco menos de un año enterrada por el grado de descomposición. Pero esto sólo pueden saberlo las autoridades forenses.

Ernestina dice que las autoridades ahora la tratan “como una reina, muy atentos y encargándose de todos los servicios funerarios”. Concluye que, aún con su tristeza y su coraje, se armó de valor para preguntar a la antropóloga forense que si tenían más cuerpos. Pero la forense le dijo que no. “No tenemos más. Sólo restos masculinos”.

AUDIO ENTREVISTA A ERNESTINA ENRIQUEZ (2)

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  1. Pingback: Niñas son desaparecidas en Juárez al amparo de autoridades | Vamos a Cambiar el Mundo

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Mexico Violento

Libertad por Amnistía a víctima de violencia de género acusada de homicidio en Estado de México

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Alejandra Arriaga Romero, violentada por su situación de vulnerabilidad y discriminación, fue condenada a 45 años de prisión

La organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, (PIDH AC), dirigida por José Humbertus Pérez Espinoza, llevó la gestión de libertad por amnistía en favor de Alejandra Arriaga Romero, de 44 años, quien estaba condenada a 45 años de prisión, siendo víctima de violencia de género.

La organización tuvo el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), y de la maestra Myrna García Morón, de la “Casa de Libertades”, que se dedican a la defensa de los derechos humanos de las mujeres violentadas.

Presunción de Inocencia presentó la argumentación jurídica y los fundamentos convencionales para la obtención de la libertad de Alejandra Arriaga Romero, y pidió a las familias de los falsos culpables seguir en la defensa de la Ley de Amnistía del Estado de México, ya que son el único colectivo que realiza estas gestiones de defensa ante el Poder Legislativo y la Comisión Especial en Materia de Amnistía de la LXI Legislatura, instancias que tienen la facultad constitucional de otorgar las Amnistía a falsos culpables por delitos de alto impacto que son inocentes.

Argumentación y bases jurídicas para la libertad de Alejandra

  1. Alejandra Arriaga Romero, de edad 44 años, el nombre de la persona que presenta la solicitud es Beda Sarmiento Gutiérrez, representante legal de PIDH A.C., que su nombre a quedado descrito en el primer párrafo, también la identidad de la organización en defensa de los derechos humanos se describe con el Instrumento notarial, fue condenada a una sentencia de 45 años de prisión, no obstante, de realizar una legitima defensa para proteger su vida.
  2. Alejandra Arriaga Romero ella misma se presentó a la Agencia del Ministerio Público, para narrar como habían sucedido los hechos ante las constantes agresiones que vivía de violencia intrafamiliar, porque desde que se caso su esposo el sujeto que la agredía, exmilitar retirado que por celos la humillaba, la ofendía con golpizas interminables y la violentaba físicamente, sexual y psicológicamente.
  3. El 31 de mayo de 2015, Alejandra Arriaga Romero (aproximadamente a las 21.30 horas y 22:00 horas) fue violentada por enésima ocasión por José Ángel “N”, el agresor llegó con un cuchillo en  la mano amenazándola de que la iba a matar acercándole el arma blanca. Arriaga Romero, en defensa, sacó del buró una pistola vieja que no funcionaba, la cual nunca la accionó, solo la utilizó para defenderse, (porque ambos estaban solos y además sabían que no servía), al ver que se acercaba para agredirla ella le aventó la pistola, misma que se accionó y salió el disparo que privó de la vida al a José Ángel “N”.

El mismo 31 de mayo de 2015, José Ángel “N” intentó violentar sexualmente a Alejandra Arriaga Romero. Al poner resistencia, él la ofende y amenaza. Esto era un actitud frecuente durante los 14 años que estuvieron casados, Alejandra Arriaga Romero era golpeada y también sus hijos por José Ángel “N”, quién en el interior de la casa tenía diversas armas de fuego, (armas que fueron encontradas por la policía cuando llegaron al lugar de los hechos y las ubicaron debajo de la cama en el lugar en donde el dormía).

Diversos testimonio familiares se vertieron en contra del ex militar José Ángel “N” quien le colocaba almohadas para asfixiarla a Alejandra, y en ocasiones frente a los hijos y ellos mismos eran duramente lastimados por él.

4. Primeramente, la autoridad responsable que violó los derechos humanos fue el Ministerio Público, no obstante que Alejandra Arriaga Romero, al ver que no llegaba la ambulancia, en reiteradas ocasiones le habló al Ministerio Público y las patrullas que hacían rondines en el poblado de Santa María Totoltepec en el Municipio de Toluca.

Los policías auxiliares llegaron entre la 1:30 y 2:00 de la mañana y no preservaron el lugar de los hechos, en virtud de que nadie estaba en la casa porque Alejandra Arriaga Romero estaba en la Agencia del Ministerio Público desde las 11:45 horas del 31 de mayo de 2015, y no hubo nadie que les abriera la puerta, toda vez que a la esposa no la dejaron salir de Ministerio Público, no obstante que ni siquiera la policía y el Ministerio Público habían iniciado las investigaciones.

El esposo de Raquel Romero Martínez el señor Roberto Martínez Mauricio fue quién llegó con la policía, el Ministerio Público, los peritos forenses, a las nueve horas, después no obstante que desde antes de las 24:00horas entre las 10:00 horas a 11:30 del 31 de mayo de 2015 Alejandra Arriaga Romero llamó reiteradamente al Ministerio Público para decirle de la muerte de José Ángel.

El Ministerio Público, al conocer de los hechos porque la propia Alejandra Arriaga Romero fue a denunciarlos en compañía del esposo de su mamá el señor Roberto Martínez Mauricio y lo acompaño su compadre, la representación social al tener la noticia criminal en donde perdió la vida de José Ángel “N”, el Ministerio Público no ordenó de manera inmediata que policías y peritos iniciaran las investigaciones y con esto se violó el Acuerdo 07/2013 del Protocolo de Homicidio, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el miércoles 29 de mayo de 2013.

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Mexico Violento

Colectivo Artículo 20 denuncia muerte de internas con enfermedades terminales tras su traslado arbitrario al Cefereso #16

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Los Ángeles Press

Familiar de una interna enferma de cáncer, en el Centro de Rehabilitación Social de Acapulco, Guerrero, denunció el fallecimiento tras su traslado arbitrario al Centro Federal número 16, en Coatlán del Río, Morelos. Según el testimonio dado al colectivo de derechos humanos Artículo 20, la interna de nombre Guadalupe Merino Sánchez, «iba estable» pero se le suspendió su tratamiento. Se trata de la tercera muerte tras el traslado arbitrario al mismo penal federal.

“La dejaron morir, yo tengo todos los audios grabados dónde mi mamá me decía que no le daban de comer y tampoco le daban la atención médica”, señaló en su testimonio la hija de la interna. Reiteró que nunca le dieron un medicamento, ni por humanidad, siendo una enferma en fase terminal, pero que además le piden 10 mil pesos (530 dólares) para el traslado del cuerpo nuevamente a Acapulco.

Durante los últimos cinco meses, se han realizado al menos unos 500 traslados de los centros estatales al CEFERESO número 16, de Morelos, sin justificación, ya que la mayoría de las internas son del fuero común, señala la organización Artículo 20.

El centro federal femenil, de acuerdo con la denuncia, se trata de un penal concesionado a una empresa privada presuntamente por el grupo Carso, del que es dueño el empresario Carlos Slim, y que en entrevista para Los Ángeles Press, las activistas de los derechos humanos de las internas en el movimiento «Ola Beige» habían denunciado una serie de irregularidades que iban desde el maltrato hasta la falta de atención médica.

El traslado masivo de mujeres y hombres en reclusión, con procesos judiciales del fuero común a penales federales, “es una violación de derechos humanos al alejarlos de sus familias a cientos de kilómetros, como pasó con las reclusas del puerto de Acapulco, del Cereso de Las Cruces”, apuntó la denunciante de Artículo 20.

Los familiares de las internas con traslados arbitrarios se han organizado en diversas protestas para exigir el retorno de sus familiares, sobre todo porque implicó que personas con enfermedades terminales, interrumpieran su tratamiento, lo que derivó en la muerte antes de tiempo.

También se enfatizó que la falta de atención médica en el Cefereso 16 se debe a la fata de personal, ya que sólo hay dos médicos para 1200 reclusas, además de que la comida es escasa y falta agua potable, les limitaron las llamadas telefónicas y la entrada de suministros.

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Mexico Violento

Salva a su hija de abuso sexual por parte de la nueva pareja de la madre, y ella lo acusa de violencia de género

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Acusado con falsos testimonios de maltrato familiar tras denunciar el abuso a su hija

  • Posible colusión entre la jueza y el acusado de abuso sexual en el Edomex

  • Le filtran al abusador que existe una orden de aprensión en su contra y se ampara

Por Zavianny Torres 

El doctor Honoris Causa Javier Avilez Martínez es un padre que ha peleado con todo lo que está a su alcance y posibilidades para procurar el bienestar de sus hijos. Hechos que hoy han servido para contar con la guardia y custodia provisional de sus dos hijos, de acuerdo con las decisiones que han tomado instancias del Poder Judicial del Estado de México. Dicho en sus palabras, su separación conyugal se convirtió en un episodio tortuoso para él y para ellos.

Antes, es necesario saber que el padre de familia que nos concedió esta entrevista es un profesionista exitoso venido de una familia solidaria y fuertes lazos con su comunidad. Es abogado deportivo, director legal de la Liga de Futbol Americano Profesional en México. Conferencista internacional en temas de Derecho deportivo en lugares como Ibiza, en Cali, Lima, Sao Paulo y Quito, entre otros. Premiado por sus aportaciones al deporte fue reconocido por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia de Derechos Humanos perteneciente a la OEA.

En el proceso de separación, hubo de rescatar a su hija, de 12 años, de una posible acción de ataque sexual por parte de Ricardo Enrique Lara Carpio, socio y pareja de la madre, Laiza Mabel Cabrera Barrientos. Todo inició con momentos de incomodidad ante la presencia del acusado, y que la niña relató. Hasta que todo derivó en una denuncia ante la fiscalía. Ahí la menor tuvo que pasar por difíciles momentos ante autoridades, a las que debió relatar una y otra vez los presuntos abusos sufridos.

Como resultado hubo un acuerdo provisional para que los dos menores de edad quedaran en manos del padre, mientras se impulsaba un juicio de pérdida de patria potestad contra la madre. Un acto seguido por evasión de la justicia por parte del acusado.

Para el atribulado padre es un caso de corrupción entre algunos representantes del Poder Judicial y la persona contra quien pesa una orden de aprehensión. Al mismo tiempo, Avilez Martínez ha presentado denuncia contra la jueza familiar que lleva parte del proceso legal, esto ante la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, por “los acuerdos tendenciosos que favorecen a su contraparte”.

¿Cómo resume la situación actual del proceso legal?

Complicado, ha sido difícil en la parte familiar y personal. A los niños se les cambió su mundo, de la noche a la mañana, un buen día regresaron de la escuela y supieron que su mundo no iba a ser el mismo.

Después de tiempo de la separación con mi esposa, mi hija que se fue a vivir con su madre, me empieza a reportar que la pareja de su madre la jaloneaba y la maltrataba. En las distintas veces que convivía con mi hija me decía, “oye, es que este señor me jalonea y mi mamá me deja todo el tiempo acá’ o ‘este señor va a todos lados conmigo y a mí me incomoda’.

La niña me decía ‘es que yo me siento incómoda porque el socio de mi mamá se queda en la misma habitación. Y entonces cuando me bañan o me cambian ahí está, y me siento muy incómoda. La niña me empezó a relatar una serie de cosas y yo la veía rara, Le dije: ‘¿ya lo hablaste con tu mamá?’ y me decía: ‘¡sí!, pero mi mamá dice que no es cierto’.

Y así, hasta que llegó un momento en el que me dice la niña: ‘¿sabes que este señor me jalonea y me obliga a besarlo? Dije, ah caray. Cuando mi mamá se mete al baño o no está, el señor me dice que por qué nunca lo saludó de beso y me agarra la cabeza y me besa, dice, pero me besa en la boca. Ya van dos veces que lo hace’. Le dije, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Y me dijo: ‘Sí, me hace así’. Y me describía la niña cómo.

Es a raíz de eso que presenté una denuncia en la Fiscalía, en contra del sr. Ricardo Enrique Lara Carpio.

Y, bueno, pues la niña empezó a pasar por un proceso de peritaje de psicología, de victimología, y entrevistas a solas la niña con los peritos, con el Ministerio Público y pues la niña narró lo que me había contado, lo que había pasado. A raíz de eso, el Ministerio Público me concede los cuidados familiares de la niña.

¿Existe una sentencia de custodia?

Sí, de acuerdo provisional, me dan los cuidados familiares de la niña.

Presente en la entrevista, el abogado Eduardo Gonzaga y representante legal de Javier Avilez Martínez, menciona:

“El acuerdo se da cuando detectan que hay una situación que pone en riesgo a la niña. La otorga un Ministerio Público, tiene una cierta vigencia. Posteriormente, derivado del hecho delictivo y de la denuncia que se presentó, promovimos ante un juez competente un juicio de pérdida de patria potestad, en donde la primera medida que determina el juez se llama una audiencia de escucha de menor.

Dentro de esta audiencia y una vez que fue reunido el perito, Ministerio Público adscrito al juzgado, juez de la familia y psicóloga designada por el DIF, tuvieron una entrevista con los dos menores a solas, sacaron a las partes, a los abogados y a los padres y los ministerios públicos, jueces y psicóloga.

Los entrevistaron y es el primer momento en que podemos decir que es un periodo de prueba. Todavía no está en etapa probatoria, pero es para que determinen las medidas provisionales. En esa audiencia, la niña determina y lo manifiesta el hecho delictivo, la agresión que tienen en su contra y terminando la audiencia, la juez dicta las medidas precautorias y dentro de ello es que le otorguen la guardia y la custodia de manera provisional a mi cliente.

Hasta el día de hoy ¿Qué está dictaminado?

Ya hay una resolución, y es que a través de un juez de control que solicitó orden de aprehensión desde el año 2019, en contra del sr. Ricardo Enrique Lara Carpio. La orden de aprehensión consiste en que el juez primero el delito de abuso sexual está tipificado como un delito grave y alcanza prisión preventiva. Significa que durante el proceso que se le lleve para demostrar su inocencia, porque hoy todos se presumen inocentes.

Sin embargo, por ser un delito grave no permite que este sujeto siga su proceso en libertad, entonces para eso se otorgó una orden de aprehensión, para detenerlo. Y estando recluido se le sigue su proceso hasta que se determine una sentencia, si es culpable o no. Si no lo es, se ordena su inmediata libertad, pero si es culpable se le dice cuántos años de presión va a tener que pagar.

En diciembre se van a cumplir tres años. ¿Por qué no lo han detenido?

La pareja de mi exesposa tramitó un amparo en donde es raro que se tramite un amparo si no se sabe que hay un acto en contra de uno. Lo curioso es que en ese amparo, él en su narrativa, señala los datos precisos de la orden de aprehensión.

Aquí hay una orden de aprehensión cuya característica esencial es que debe estar en sigilo, en resguardo, no es pública. No todo el mundo tiene por qué enterarse, sin embargo, él señala que es la mamá de mis hijos quien le avisa que existe una orden de aprehensión en su contra. Lo que no sé es cómo es que ella, en calidad de imputada y acusada tiene acceso a esa información.

En ese punto, ¿podríamos presumir una colusión?

¿De corrupción? totalmente, ya sea de alguna autoridad. O la policía que está encargada de la búsqueda, localización y aprehensión de este sujeto se dejó extorsionar, se dejaron corromper o ellos mismos lo propusieron. De eso si tenemos certeza porque en la demanda de amparo que promueve el acusado sobre quien pesa una orden de aprehensión manifiesta textualmente que es su pareja, Laisa Mabel Cabrera Barrientos la que le da la información con lujo de detalles. ¿Cómo tiene ella la información? no lo sé.

También sabemos de las investigaciones que se han hecho en la búsqueda del acusado, tiene en su haber una investigación en la Fiscalía General de la República por robo de hidrocarburos, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Amparo contra la orden de aprehensión del acusado

¿Han corroborado esa información? Igualmente son acusaciones muy graves de la misma persona…

Sí. De hecho, también las de las investigaciones ministeriales que se dan una vez que él tiene la orden de aprehensión, es que arroja el dato que además de la orden de aprehensión, que la tiene por este delito que ya está probado hay una secuela procesal que también se le sigue por estos delitos. Lo que estamos buscando es que nuestras autoridades, tanto la Fiscalía General de la República como de aquí en el Estado de México, podamos coadyuvar con ellos.

Por parte de su exesposa, hay un señalamiento también muy grave contra Usted, lo que se conoce como violencia vicaria…

Primero, la violencia vicaria, para bien o para mal, en el Estado de México todavía no está tipificada, no existe. Es un tipo de violencia de género. Y, sin embargo, si ella está tratando de insinuar que esta situación sucede, es totalmente falsa, es una difamación. La violencia de este tipo implica que el padre de los hijos los maltrata e incluso llega a asesinarlos para causarle daño a la madre que no los tiene.

Hoy no sé qué tipo de intereses tenga la madre de mis hijos al mantener esta relación ni tengo la certeza de que ella sepa o no los antecedentes penales de su pareja.

¿Cómo ha sido el papel que han desempeñado las instancias de impartición de Justicia del Estado de México?

Muy complicado, en el sentido de que han perdido de vista que el juicio no es en contra la madre de mis hijos. Es por proteger a los menores, a mis hijos.

En el último año, la madre ha emprendido acciones de la mano con una asociación feminista para victimizarse. Y no había un momento que, ante cualquier autoridad, fuera juzgado o Ministerio Público no se presentara para mostrarse como víctima. Incluso levantó por ahí dos o tres denuncias falsas por violencia familiar que no prosperaron y que al momento no ha logrado demostrar absolutamente nada.

Y, bueno, pues al final a la jueza familiar que conoce del asunto la tengo denunciada ante la judicatura del Poder Judicial del Estado de México. Es la jueza del séptimo familiar, Amalia Marroquí. En su momento le hice notar en el expediente, que muchos de sus acuerdos eran tendenciosos en favor a la señora Cabrera Barrientos.

¿Estaríamos hablando de una violencia de género a la inversa?

Creo que sí, ella ha hecho con falsos testimonios que a mí se me vea como un agresor. No ha podido probarlo. Al día de hoy no tiene ni una sola carpeta que haya prosperado porque no existen argumentos, elementos o prueba alguna que yo la violentaba.

¿Tiene debidamente documentado sus dichos, todo lo que este momento ha dicho en esta entrevista?

Sí tengo pruebas, tengo documentos oficiales en juzgados y el Ministerio Público que acreditan todo.

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