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Violencia contra las mujeres

“Identifiqué a detalle el cuerpo de mi hija”: Ernestina Enríquez

La madre de Ciudad Juárez se enteró por las redes sociales que su hija yacía en la morgue, ahora identifica el cadáver y narra sobre pistas falsas que le habían dado las mismas autoridades sobre el caso.

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Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES.- “Quiero pensar que a mi hija la mataron el mismo día que desapareció”, señala Ernestina Enríquez, quien se enteró por las redes sociales que su hija yacía en la morgue de Ciudad Juárez por al menos dos años. Las autoridades fiscales del estado, ese mismo día, negaban que tuvieran el cuerpo de Adriana Sarmiento Enríquez, aún después de que la información circulara por Los Ángeles Press. Sin embargo, fue hasta el final de la tarde que la fiscalía confirmó a la madre la posesión de los restos de esta joven que apenas tenía 15 años de edad cuando fue secuestrada en el regreso de la escuela a su casa el 18 de enero de 2008.

Ernestina narra que las autoridades le entregaron la ropa que su hija traía puesta el día que desapareció. Pero al principio, la fiscalía insistía en enseñarle sólo fotografías de las cosas. Ernestina, “con la fortaleza que le ha dado Dios”, dice, exigió identificar cada detalle y cada resto de la osamenta de su hija, y no sólo verla en fotografías. “Identifiqué su cabello, largo y esponjado, como a ella le gustaba traerlo. Aún tenía las ligas que usaba. Los dientes no los tenía, ni tampoco todas las uñas, pero los huesos de sus dedos estaban completos”.

La sorpresa para Ernestina fue encontrar todavía, en los restos de una uña de los dedos del pie, el esmalte que Adriana usaba. “Después de tanto tiempo, y se conservaba el color”. Incluso traía el mismo pantalón del uniforme, su blusa de la escuela, toda la ropa con la que Ernestina la vio por última vez. Por eso, insiste, “creo que a ella la mataron el mismo día que se la llevaron”. La descripción detallada de la madre sobre los restos de su hija apunta a que no fue mutilada, aunque desconoce el tipo de suplicio que habría pasado su hija.

“Ellos tienen los cuerpos, ¿por qué no los entregan?”

El cuerpo fue encontrado en el poblado de San Agustín, en el Valle de Juárez, según la información que la fiscalía dio a la madre. Le dijeron que la habían encontrado semienterrada y que “alguien” del poblado, al pasar por un camino, aledaño al panteón, “vio un cráneo que salía de la tierra”, y llamaron por teléfono a las autoridades. Esto sería el 5 de noviembre de 2009, de acuerdo a la información oficial, cuando el cuerpo fue trasladado a la morgue de Ciudad Juárez donde se guardó hasta el 30 de noviembre de 2011, día que se enteró la madre de la víctima y reclamó la entrega. La prueba de ADN se realizó el 25 de julio de 2011, dijo la antropóloga forense, aunque Ernestina había aportado su muestra de ADN en abril de ese  mismo año.

Ernestina también recibió la información, “a mediados de 2009”,  sin que fuese corroborada por parte de la fiscalía, que su hija estaba siendo prostituida, junto con otras jóvenes también reportadas como desaparecidas. Hoy sabe que era una falsa pista que le daban y que no coincide con las características del hallazgo de los restos humanos que le fueron entregados. La fiscalía ya tenía el cuerpo guardado en la morgue, aunque supuestamente todavía no había sido confirmada la identidad, cuando las autoridades también le informaron que habían encontrado unos números de teléfono de la Ciudad de México en el celular de Adriana. Ello los llevó a hacer un recorrido, incluso con algunos periodistas, para investigar sobre posibles rutas de explotación sexual que apuntaban hacia ciudades cercanas al Distrito Federal como Puebla y Tlaxcala.

“No se vale, Guadalupe, no se vale”, llora Ernestina, “se estaban haciendo pendejos, si ya tenían a mi hija”. La madre dice que insistió a las autoridades en aquel año, 2009, que si tenían el cuerpo de su hija se lo entregaran. “Y mira lo que me hacen”, continúa, “he recibido de todo, burlas, humillaciones, falsas esperanzas. Miran cómo me la entregan”

El caso de Adriana Sarmiento fue catalogado por las autoridades como de “trata de blancas con fines de explotación sexual”, y de “alto riesgo” porque era menor de edad. Esta información le asustaba a su madre, porque “tenía que tener cuidado, con lo que decía”, le señalaron, “para no entorpecer las investigaciones”. Buscaron a Adriana, dice, durante el siguiente mes que desapareció, en 2008, después todo fue una farsa. Incluso a Ernestina le llegó a sorprender, en aquellos días, que el caso de su hija tuviera tanta atención de la policía municipal y de otras autoridades para buscarla. “Apareció en la prensa local fotos y boletines que la estaban buscando”. Pero todo era en vano, su hija, así lo cree, ya estaba muerta y enterrada desde que se la llevaron.

Lo que se desconoce aún es si la joven fue asesinada en el lugar donde fue hallada, o si trasladaron el cuerpo hasta ahí. Las autoridades tampoco dieron a Ernestina el análisis forense, si es que se llegó a realizar, donde establece el tiempo transcurrido desde la muerte de su hija. La antropóloga forense dijo a los medios que había sido victimada “hacía más de un año” después de que fue enterrado. Según estudios de entomología forense, un cuerpo, por el tipo de insectos que se encuentra en su descomposición, podría identificarse con precisión la fecha y las circunstancias de la muerte de la víctima, datos clave cuando se trata de homicidios en investigaciones judiciales. En el caso de Adriana Sarmiento, aún tenía cabello en el cráneo y conservaba algunos restos de piel y uñas en los pies que logró reconocer la madre por el esmalte, podría pensarse, de acuerdo a estos estudios, que tenía poco menos de un año enterrada por el grado de descomposición. Pero esto sólo pueden saberlo las autoridades forenses.

Ernestina dice que las autoridades ahora la tratan “como una reina, muy atentos y encargándose de todos los servicios funerarios”. Concluye que, aún con su tristeza y su coraje, se armó de valor para preguntar a la antropóloga forense que si tenían más cuerpos. Pero la forense le dijo que no. “No tenemos más. Sólo restos masculinos”.

AUDIO ENTREVISTA A ERNESTINA ENRIQUEZ (2)

[haiku url=”http://www.losangelespress.dreamhosters.com/wp-content/uploads/ernestina1.mp3″ title=”Fragmento 2 de entrevista a Ernestina Enriquez”]

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Mexico Violento

Policía Ministerial de FGR acusado de detención ilegal, violación y tortura a mujer de 22 años, a quien le fabricaron delitos

Denuncia de detención arbitraria, violación y tortura de joven madre de dos menores por fabricarle delitos de narcotráfico

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SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur.- El Frente Mexicano de Derechos Humanos Benjamín Laureano Luna denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la detención ilegal, violación y tortura a la joven Priscila Marisol García Camacho, a quien la policía ministerial de la Fiscalía General de la República en San José del Cabo pretende fabricarle delitos de venta y distribución de drogas.

En oficio dirigido a la titular de la CNDH, Rosario Ibarra de Piedra, el FMDH expresó que el 24 de junio pasado la joven de 22 años, originaria de la Ciudad de México y con residencia en aquella ciudad desde 2015, viajaba hacia su casa en un vehículo operado por la plataforma Uber, cuando fue interceptado y bajada.

En el folio CNDH/55452/2020 quedó asentado que Priscila Marisol García Camacho fue trasladada el Cereso de La Paz, sembrándole evidencia falsa de uso de la sustancia llamada cristal”, lo cual, dicen sus familiares, es una fabricación de pruebas como represalia a que la hoy indiciada fue testigo de un secuestro frustrado, cuando logró tomar el número de las placas del auto donde se llevaban a una persona.

El FMDH Benjamín Laureano Luna denunció que Priscila Marisol, quien es madre de dos pequeños, sufrió tortura por parte de la policía mencionada para culparse de que fue detenida en las playas de un hotel de San José del Cabo, Baja California, usando la sustancia llamada cristal, por lo que se le abrió la averiguación previa 37/2020.

Jorge Miguel Aldana Ibarra, representante del FMDH, expresó en el oficio que además de la siembra de evidencias de posesión de droga y la declaración sacada mediante tortuna, la hoy inculpada fue violada por uno de los policías ministeriales de la FGR.

La organización defensora de los derechos humanos afirma que en el caso de Priscila Marisol García Camacho se están violentando las normas sobre presunción de inocencia y debido proceso, por lo que exige la libertad inmediata de la indiciada.

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Justicia pendiente

Negligencia médica del Instituto Nacional de Rehabilitación y violaciones a DDHH desde hace 8 años, un reclamo perdido en la burocracia

Adriana Torres Barquín busca justicia desde hace 8 años por malas prácticas médicas del INR y por la violencia institucional padecida por sus reclamos

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Por Ignacio García

En 2012, Adriana Torres Barquín se sometió a un tratamiento en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para una intervención médica. Se la programaron para el 31 de octubre de 2013, pero derivado de distintas negligencias médicas sufridas y de la falta de atención por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hasta el momento sigue padeciendo las secuelas en su salud que le han impedido caminar.

La víctima relató a Los Ángeles Press que en la primera intervención médica se colocaría un fijador externo, pero fue citada 67 días después de la cirugía, aunque tenía que establecerse un plazo de 15 días, por lo que el médico Eduardo Gerardo López Gavito  le informó en una segunda consulta que “algo había salido mal”, por lo que debía efectuarse una segunda operación.

Sin embargo, tres meses después los resultados fueron negativos y al presentar dolores en la pierna, en abril de 2014. López Gavito le comunicó a Torres Barquín que se tendría que volver a efectuar otra intervención quirúrgica, ya que otra vez “algo había salido mal”, y aunque la cita de la misma estaba señalada en julio de ese año, por los malestares generales acudió en mayo a Urgencias. Sin embargo, le negaron la atención médica y por ello acudió al Órgano de Control Interno; y ante las nuevas negativas presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) sin obtener respuesta.

En septiembre de 2014, Torres Barquín acudió a la CNDH, con la esperanza de que se hicieran valer su derecho a la salud, pero transcurrieron seis meses más sin recibir alguna atención médica, por lo que le recomendaron una serie de terapias, las cuales no pudo cubrir económicamente y por ello únicamente le aumentaron las dosis de medicamentos para mitigar el dolor.

En febrero de 2015, se llevó a cabo la tercera intervención quirúrgica. Adriana no recibió indicaciones de terapia, y un mes después la CNDH remitió el expediente a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), aunque en ese momento se mantuvieron dos trámites a su nombre, sin recibir el acompañamiento solicitado.

En abril de ese año, interpuso la denuncia ante la Conamed, pero ante la negativa de conciliación, acudió ante la Procuraduría General de la República (PGR) y aunque acudió al despacho de abogados Coello, Trejo y Asociados, en 2016 su averiguación previa se había retrasado, por lo que en 2017, los juristas abandonaron el caso por los requerimientos de dádivas que solicitaron las autoridades.

En agosto de 2018, Torres Barquín fue revictimizada y sus derechos fueron violentados, nuevamente, por lo que desecharon su caso por la integración errónea del expediente, y aunque la visitadora general de la PGR, Adriana Campos López, se comprometió a acelerar el caso, no ha obtenido respuesta satisfactoria.

En enero de 2019, la PGR le informó que debía ratificar su denuncia de 2016, lo que posibilitaba la convalidación del proceso y que representaba una violación a los derechos humanos, por lo que acudió nuevamente a la CNDH que sólo turnó la solicitud a las autoridades omisas en el caso como el Órgano de Control Interno del INR, sin embargo, no volvió a recibir a respuesta por parte de las autoridades.

Refirió que sólo el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ha atendido su caso, mientras que la CNDH, al frente de Luis Raúl González Pérez, no dio información al respecto, situación por la cual solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la actualidad, el caso de Adriana Torres Barquín, por el daño causado por malas prácticas médicas, se encuentran en el sistema penal acusatorio, pero se ha suspendido por la actuación de los Ministerios Públicos, mientras que el caso continúa interrumpido, por lo que calificó como una mafia en el interior de las instituciones.

Testimonio sobre el trato dado por la CEAV

Adriana Torres ha elaborado un registro de cada acción judicial y de derechos humanos en su defensa para reclamar la atención como víctima de violencia institucional y negligencia médica. Sin embargo, el laberinto de quejas y discriminación también lo ha sufrido por parte de la CEAV.

“El 14 de enero de 2019 de manera extra oficial la licenciada Larisa Huerta, particular del primer visitador, confirmó acompañamiento a la diligencia con personal de CEAV pero en comunicación telefónica el abogado lo negó.

El 31 de enero de 2019, nuevamente de manera extra oficial, la licenciada Larisa Huerta agendó una reunión en las instalaciones de CEAV con la presencia de la Visitadora Adjunta de CNDH, Aimé Angulo Carranza para darme certeza, ya que se encargaría de dar fe y levantar un acta circunstanciada de los acuerdos tomados con el licenciado Roberto Villanueva, secretario particular del Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, la licenciada Ana Pamela Romero Guerra, Directora General Adjunta de Atención a Víctimas de Delitos y el licenciado Marcos Francisco López González, Subdirector de la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal de dicha Institución, donde expuse las irregularidades de los servidores públicos de PGR, de la actuación de personal de la CEAV, reitero por la omisión a la solicitud de agosto de 2018 para designar un asesor jurídico y que fue confirmada por el abogado López. De lo acordado destaco:

    1. Ratificar al licenciado Francisco López como asesor jurídico.
    2. El seguimiento del caso para diseñar una estrategia jurídica, coordinado entre el asesor y la Unidad de Análisis Forense de la CEAV especializado en negligencias médicas y con un conocimiento absoluto en temas periciales y científicos forenses.
    3. Vista al Órgano Interno de Control de la CEAV por las omisiones en que incurrieron por la dilación en la atención de la solicitud de la Visitaduría General de la PGR.
    4. Reuniones cada quince días con la agraviada, con el asesor jurídico y la Unidad de Análisis Forense de la CEAV, para informarme sobre los avances del caso.
    5. Inscripción en el registro nacional de víctimas.

Al no recibir por correo la copia del acta, la solicité directamente con personal de CNDH, Aimé Angulo se negó a proporcionármela igual que Rodolfo González Pérez, alegando que no sabía con qué fin la necesitaba.

La licenciada Ana Pamela Romero Guerra, Directora General Adjunta de Atención a Víctimas de Delitos, me la envió por su correo institucional. 

Cumplido el plazo intenté comunicarme telefónicamente y a través de correo electrónico con el personal de CEAV sin que a la fecha tenga respuesta, es decir, están desconociendo el compromiso adquirido conmigo en presencia de un servidor público que por su cargo cuenta con fe pública.

Mientras que el personal de CNDH por su parte tiene la misma conducta excluyendo el hecho de que el correo enviado por la Directora de CEAV cuenta con el hilo mediante el cual Aimé Angulo la envió al personal de CEAV, éste a su vez se compartió con el licenciado López y finalmente a mí.

Al día de hoy, en CEAV no atienden mi llamado ni contestan mis correos electrónicos. Mientras que en CNDH tanto Aimeé Angulo, Rodolfo González Pérez y Larisa Huerta desconocen haber agendado, o en su caso, presentado a una reunión en las instalaciones de CEAV.

Negativa de ayuda de la Senadora Kenia López Rabadan

Con una última esperanza de ser atendida en sus denuncias por las violaciones a sus derechos humanos, y principalmente a su derecho a la salud, Adriana Torres Barquín recurrió a la senadora por el Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadan para pedirle ayuda en su gestión. Sin embargo, la respuesta de la senadora fue contundente: “soy amiga de Joaquín Narro Lobo y no actuaría en su contra”.

Un siguiente intento fue con la senadora Citlali Hernández Mora, quien tampoco ha dado respuesta su solicitud.

“Respecto de las OCS, evidenciando que todas, sin excepción son una mafia, me han buscado por Twitter y otros medios, y una vez que tienen la información, niegan atenderme de vuelta, incluidos la ONU DDHH, FUNDAR, SOCIOCRACIA y RENACE, por ejemplo. Y por parte del gobierno INMUJERES, CNDH, CONAPRED”.

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Mexico Violento

UNAM incumple con resolución judicial de proteger a víctima de violencia de género

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no ha cumplido con la sentencia de amparo de otorgar protección a la estudiante de Doctorado de la misma institución, Ivonne Carolina Flores Alcántara, contra su agresor, el catedrático Alfredo Jalife Rahme Barrios, quien incurrió en violencia de género.

El pasado 30 de enero el 14 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinó que la UNAM por segunda ocasión incumplió con el fallo protector que le fue otorgado a la víctima.

En la primera denuncia que interpuso la estudiante de doctorado el 6 de abril de 2017 reveló que el catedrático adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM incurrió en constantes amenazas psicológicas y de muerte e incluso la calificó de “muerta de hambre” y “pésima abogada”, además de que amagaba con avisar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que trabajaba para que le retirara la beca de exclusividad de posgrado que recibía.

Por medio de una solicitud de información, la UNAM reconoció que no se inició ningún procedimiento administrativo en contra de Jalife Rahme Barrios, ya que supuestamente le corresponde a un órgano jurisdiccional de la Ciudad de México, aunque previamente habían informado que sí se habían efectuado acciones en contra del catedrático.

La denunciante refirió que el Juzgado Noveno en Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México sobreseyó al director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM para brindar condiciones de protección en contra del catedrático, mismas que no se efectuaron.

 

Foto: Especial

Foto: Especial

En la denuncia, la víctima de 34 años de edad reveló que conoció al agresor el 9 de julio de 2014 y comenzó a trabajar con él ante petición de su coordinador de posgrado, debido a que se vinculaba con su proyecto de investigación, por lo que comenzó a realizar trabajos de papelería en los que colaboraba con el académico.

Cuando le solicitó los gastos para realizar sus labores, el docente le contestó que le avisaría al Conacyt sobre su actividad extra académica para que le retiraran la beca, y posteriormente en junio de 2016 nuevamente volvió a pedirle pago para continuar con su proyecto tras haber recibido media beca de la Universidad de Melsburg, pero nuevamente volvió a insultarla.

Según la denuncia, Jalife respondió que tenía pruebas de que le había pagado cien mil pesos y amagó con el desprestigio académico, le gritaba, la humillaba, y hasta la amenazó de muerte y fue el 5 de abril de 2017 a Conacyt para solicitar su baja en la beca académica.

Ante dicha situación, acudió a las autoridades competentes, pero hasta el momento no ha recibido las medidas protectoras que garantice que no esté en contacto nuevamente con el agresor.

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