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Latinoamérica

Humala posterga decisión sobre acuerdo energético con Brasil

El acuerdo energético heredado por Alan García al nuevo presidente de Perú, Ollanta Humala, afectaría ecológicamente al pueblo asháninka.

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Por Milagros Salazar*

El paso del río Ene por el cañón Pakitsapango, de gran importancia cultural y económica para los ashaninka Foto: Cortesía de Care

LIMA, Perú (IPS).- Brasil requiere acelerar la construcción de hidroeléctricas en sus países vecinos para satisfacer su demanda de energía, mientras Perú aún da pasos de equilibrista sobre el acuerdo binacional. ¿Qué intereses y reclamos se mueven alrededor del convenio?

En sus siete meses en la Presidencia de Perú, Ollanta Humala aún no resolvió qué hacer con el acuerdo energético que su antecesor, Alan García (2006-2011), suscribió en junio de 2010 entre aplausos y ráfagas de flashes con el exmandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).

Además, el acuerdo está pendiente de la ratificación parlamentaria. El rechazo de los pobladores de la zona a la construcción de las cinco centrales hidroeléctricas en la selva peruana, incluida en el convenio, es uno de los puntos que ha obligado al gobierno de Humala a dilatar su pronunciamiento definitivo sobre lo pactado, según algunos expertos.

La sociedad peruana está muy sensible a este tipo de proyectos, principalmente por las últimas protestas mineras, entre las que destaca el rechazo al proyecto aurífero Conga, en la región norteña de Cajamarca, que a fines de 2011 generó incluso una crisis en el gabinete ministerial.

Los reclamos no se han limitado a marchas y huelgas.

El 23 de febrero, la Central Asháninka del Río Ene, encabezada por líderes indígenas de los pueblos de la selva central, presentó a la Corte Superior de Lima una demanda de amparo contra el Congreso legislativo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitando la suspensión del acuerdo energético con Brasil.

David Velazco, abogado de la no gubernamental Fundación de la Paz, dijo que la medida busca proteger derechos constitucionales de los pueblos indígenas, como el consentimiento libre, previo e informado de proyectos de desarrollo que se produzcan en sus territorios ancestrales.

Los líderes del pueblo asháninka, que tiene su hábitat en el valle del río Ene, en el departamento central de Junín, aseguran que el territorio indígena sería afectado por el proyecto Paquitzapango, que se desarrollaría al amparo del acuerdo con Brasil.

“El nuevo gobierno no ha realizado una reflexión seria sobre los pro y contras del acuerdo para el país”, señaló el abogado ambientalista César Gamboa, director de Políticas del no gubernamental Derecho, Ambiente y Recursos Naturales.

Cuando era candidato a la Presidencia, que asumió en julio de 2011, “Humala criticó al gobierno (de García) por exportar el gas del yacimiento de Camisea (en el sudoriental departamento de Cusco) y no sustentar sus posiciones en estudios sólidos, ahora él cae en lo mismo”, afirmó Gamboa insistió en que las autoridades no saben cuánta energía requiere Perú de los aproximadamente 6.000 megavatios (MW), que generarían las proyectadas centrales, a construir en la Amazonia peruana.

Presidente Ollanta Humala, Foto: diario16.pe

“No hay planificación energética y, por tanto, tampoco instrumentos para decidir cuál es la mejor opción ambiental, social y económica para satisfacer nuestra demanda de energía”, agregó.

Juan Pari, legislador de la gobernante alianza Gana Perú (GP), informó a IPS que el acuerdo con Brasil aún sigue en evaluación dentro de la organización.

El gobierno envió al parlamento unicameral un proyecto de ley sobre la ratificación del acuerdo, que desde octubre de 2011 espera su discusión por la Comisión de Relaciones Exteriores. Su secretaria técnica, Jazmina Sánchez, adelantó que no hay fecha para ese debate.

“Consideramos que es un tema importante para ambos países y que debemos apoyar un acuerdo de cooperación energética, pero también hay que respetar las normas ambientales y dialogar con la población. No se puede hacer algo apurado”, aseguró Pari.

El presidente del Congreso, Daniel Abugattás, puso en duda que el acuerdo entre en vigor. El legislador de GP adujo que no se ha hecho una evaluación técnica profunda sobre sus impactos.

Pero las opiniones están divididas y otros parlamentarios y funcionarios gubernamentales consideran que debe ser impulsado para promover la inversión.

Mientras, Brasil tiene muy claras las proyecciones de sus necesidades energéticas y la estrategia para cubrirla.

El diario Folha de Sao Paulo aseguró el 14 de febrero que el gobierno de Dilma Rousseff tiene apuro en concretar la construcción de hidroeléctricas en los países vecinos, porque está retrasado el programa de represas en Brasil ocasionado también por el rechazo de los pobladores locales.

Los requerimientos energéticos de Brasil y Perú tienen diferencias enormes y eso explicaría los distintos ritmos de los dos gobiernos respecto al acuerdo, consideran especialistas.

Perú, con 28 millones de habitantes, tiene una demanda energética anual de 5.000 MW, con un crecimiento anual de máximo 500 MW. A ese ritmo, la demanda en 2020 no superaría el doble actual, según el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera.

Pero en Brasil, con casi 200 millones de habitantes, la proyección oficial es que en 2020 el consumo energético interno supere los 100.000 MW (730.073 gigavatios/hora de electricidad), con un crecimiento anual promedio de 4,9 por ciento.

El consumo anual brasileño por persona pasaría de 2,4 MW/hora en 2011, a 3,5 MWH en 2020. Para atender esa demanda, Brasil deberá incrementar su capacidad instalada en 56 por ciento.

Folha de Sao Paulo aseguró que el gobierno brasileño requiere importar contingentes de entre 70 y 80 por ciento de la energía producida por Perú, Bolivia, Colombia, Guyana, Suriname y Venezuela. La razón, además de la demanda, es que la energía en los vecinos es más barata.

Daniel Falcón, jefe de la División de Recursos Energético No Renovables del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, dijo que la integración energética sudamericana es positiva porque los países de la región cuentan con energía “suficiente para la demanda total”.

Pero tienen historias, matrices distintas y recursos desiguales.

“Unos tienen recursos, pero no capital ni tecnología, otros al revés, y Brasil dispone de todo”, señaló.

Los peruanos Gamboa y Pari consideran que Humala deberá tener clara su posición antes que se produzca este año la visita a Lima de Rousseff, que aún no tiene fecha concreta.

Falcón reconoció que los proyectos energéticos que impulsa Brasil en territorios vecinos deben seguir “las leyes de cada país y están sujetos a sus reglas”. Pero advirtió que por encima de esas normas están “los tratados que pueden disciplinar la actividad o leyes supranacionales”.

Funcionarios de la cancillería y del Ministerio de Energía y Minas de Perú “no estaban disponibles” para responder esta entrevista sobre la situación del acuerdo con Brasil, indicaron sus oficinas de prensa.

Para el exministro Herrera, el gobierno debe considerar dos cosas en su evaluación: que no puede cerrarse en que el acuerdo va de todas maneras como lo hizo con el proyecto aurífero Conga y que debe proteger los intereses del Estado.

“Brasil sabe bien lo que quiere y si nos equivocamos el precio puede ser muy alto”, apuntó Herrera, tras recordar que Rousseff tiene ventajas sobre Humala en el manejo de temas energéticos, porque fue ministra del ramo de Lula y sabe bien qué está en juego.

*Con aportes de Mario Osava (Río de Janeiro)

 

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Latinoamérica

Documentos desclasificados de EEUU confirman financiamiento del Cártel de Medellín a expresidente Álvaro Uribe

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Hispan TV

De acuerdo con un reportaje publicado por el portal de noticias Hispan TV, se reitera que el expresidente colombiano Álvaro Uribe sí llegó a recibir financiamiento del cártel del narcotraficante Pablo Escobar para sus campañas electorales al Senado de ese país. Así lo confirman nuevos documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En los documentos se afirma que el cartel del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, en Medellín (noroeste), financió las campañas electorales de Uribe, y lo hicieron público este sábado medios locales del país suramericano.

Los papeles desclasificados desvelan que el expresidente ultraderechista recibió dinero por parte de Ochoa Vásquez, miembro del Cártel de Medellín para campaña al Senado de Colombia. Además, la información explica que la relación de Uribe con el grupo del capo de Escobar data de 1993.

La acusación no es nueva, pero en esta ocasión las fuentes son otras.

Según la información desclasificada por el diario The New York Times (NYT), hubo entre 1992 y 1995 varias reuniones entre funcionarios estadounidenses y Uribe, quien para la época era un político prometedor un “joven líder”, una “estrella brillante en la escena política colombiana”, dicen los cables diplomáticos.

En una de las comunicaciones, la embajada de Estados Unidos en Colombia informó al Departamento de Estado de la condena de Uribe a las bombas con las que el narcotraficante colombiano Pablo Escobar desangró la ciudad de Medellín (noroeste) y concluye diciendo: “Seguimos sospechando de las posibles conexiones de Uribe con el narcotráfico”.

El NYT también reseña otro cable de 1993 que describe una reunión de la embajada de EE.UU. con Luis Guillermo Vélez Trujillo, quien era en ese entonces senador del Partido Liberal. El político aseguró que las campañas políticas de Uribe habían sido financiadas por su primo el narcotraficante Ochoa Vásquez.

Aunque los diplomáticos dicen que no encontraron pruebas contundentes que respalden esas acusaciones, las investigaron durante años y expresaron sus preocupaciones a los funcionarios estadounidenses.

Según la publicación, Escobar exigió a Uribe que le ayudara a comunicarse con el entonces presidente César Gaviria (1990-1994) “a cambio del favor” de la financiación de su campaña electoral.

Esta polémica sobre el expresidente colombiano no es algo nuevo, el Archivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. desclasificó en 2004 un informe de la inteligencia militar que incluía a Uribe entre las principales figuras del narcotráfico en Colombia, junto con Escobar y el jefe narcoparamilitar, Fidel Castaño.

Uribe renunció al Senado, tras recibir detención domiciliaria preventiva el 4 de agosto, por las investigaciones por presunto fraude procesal y manipulación de testigos. La dimisión de Uribe como legislador permitió que su caso pasara de la Corte Suprema de Justicia al fuero común para lograr la libertad que, consiguió como se esperaba, el pasado 11 de octubre.

Estos escándalos han salpicado al Gobierno del actual mandatario de Colombia, Iván Duque, que también es investigado por presuntos delitos de soborno y fraude procesal.

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Latinoamérica

Ser periodista en Twitter: Las mujeres enfrentan la violencia digital con más ataques sexistas que los hombres

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El 67% de las periodistas optó por dejar de hacer publicaciones en redes sobre temas que sabían que podían generarles una agresión, o de plano se retiraron de Twitter o redujeron la frecuencia de sus opiniones.

AmecoPress

MADRID.- A los periodistas hombres se les ataca en redes sociales por el trabajo que hacen. A las mujeres periodistas, además de eso, la mayor cantidad de agresiones que reciben son sexistas. Ellas reciben un 30% más insultos sobre su físico, 20% más expresiones sexistas y 10% más comentarios que las tachan de no tener capacidad intelectual.

 

Esto reveló el estudio Ser Periodista en Twitter de las organizaciones Sentido y Comunicación para la Igualdad, que analizó las interacciones de 66 comunicadoras y comunicadores en 7 países de América Latina y los entrevistó.

“A las mujeres, sistemáticamente, cuando nos insultan, además de que nos dicen ‘facha’ o ‘hija de puta’, ya de paso nos dicen ‘sos una gorda malcogida’. Siempre el insulto vinculado con lo sexual o lo físico está intrínsecamente asociado a la mujer, no al hombre. En el caso de los hombres periodistas que sigo y que he visto a lo largo de estos años que reciben insultos (no digo que no reciban insultos, reciben en iguales cantidades), jamás les dicen ‘sos un malcogido’. A ellos les dicen ‘¿cuánto te pagaron?’”, señaló una periodista uruguaya que participó en el estudio.

De entre los entrevistados, 14% de los hombres sintió que en el último año recibió un volumen alto de ataques, mientras que entre mujeres el porcentaje se duplica a 28.5%. Y de distintos tipos de violencia, como desprestigio, discriminación, acoso y monitoreo, ellas siempre fueron las más afectadas.

Donde resultó más notorio fue en ataques que incluyeron la difusión de información personal o íntima, ya que 47% de mujeres lo experimentaron, pero solo 14% de varones. Además, ninguno de ellos sufrió que hackearan su cuenta, como sí le ocurrió a 9.5% de mujeres, y ninguno fue víctima de abuso sexual tecnológico, ante el 5% de ellas que sí lo fueron.

Solo cuando se trata de amenazas directas, los hombres reciben más. Pero las mujeres manifiestan más temor de que puedan concretarse porque muchos ataques vienen de personas reales e identificables.

La situación se vuelve peor si son periodistas que cubren temas de feminismo o derechos de las mujeres, o incluso simplemente al ser identificadas como feministas, y ya aunque estén tuiteando de otra cosa, reciben insultos como “feminazi”.

Países con mayor violencia de género en la red

El estudio detectó que esto es especialmente grave en cuatro países, entre ellos México, además de Paraguay, Argentina y Uruguay.

Por eso, la mayoría de comunicadoras contestaron que su libertad de expresión se vio disminuida. El 67% optó por dejar de hacer publicaciones en redes sobre temas que sabían que podían generarles una agresión, o de plano se retiraron de Twitter o redujeron la frecuencia de sus opiniones. Mientras que entre hombres, el 57% dijo que sigue usando la red social como si nada.

“Dejé de usar palabras como ‘patriarcado’, ‘machirulo’, ‘machista’; ahora trato de usar ‘agresión’ en vez de ‘violencia’ o busco sinónimos para no decir ‘violencia machista’”, dijo una comunicadora paraguaya.

“No miro qué me responden a lo que tuiteo, es como un tuit a ciegas para evitar justamente hurgar mucho ahí y volverme nada. Recibo agresiones por todo: porque comento sobre la pelea de dos periodistas, porque retuiteo una noticia, porque digo algo en contra del presidente, porque les cuento qué me soñé ayer…”, contó otra, colombiana.

Las reacciones para tratar de defenderse también cambian entre géneros: 71.5% de mujeres que recibió comentarios agresivos denunció dentro de la propia red social, pero solo 43% de varones. Aunque una comentó que Twitter solo llega a bajar cuentas con pocos seguidores, pero no las que tienen mucho y, por lo tanto, tienen más repercusión.

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La red en lucha

Cuba iniciará ensayos de la vacuna contra Covid-19

Raúl Magallón Rosas

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El próximo 24 de agosto Cuba comenzará con los ensayos de la vacuna contra el Covid-19 y los resultados podrían estar listos en febrero que llevará el nombre Soberana 01 y que será efectivo contra el nuevo tipo de coronavirus.

La investigación de Cuba tiene el propósito de evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad en un esquema de dos dosis, según la ficha del Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, por lo que esta etapa abarca su aplicación a 676 personas de entre 18 y 80 años de edad bajo el control del estatal Instituto Finlay de Vacunas.

De acuerdo con la investigación cubana, el ensayo deberá culminar el 11 de enero y sus resultados se publicarán el 15 de febrero, pues Cuba controló la propagación del nuevo tipo de coronavirus, aunque sufrió un nuevo rebrote que ha afectado particularmente el occidente de la isla donde se ubica la capital.

Cuba desarrolló un programa activo de aislamiento de casos sospechosos, la aplicación de pruebas de diagnóstico y la búsqueda casa por casa de personas con síntomas, aunado a que se suspendieron las clases y el transporte público, se cerraron comercios y cancelaron vuelos comerciales.

Asimismo, Cuba llegó a un acuerdo con Rusia para la fabricación de la vacuna Sputnik V, una de las primeras en ser registradas, por lo que se encuentra en la tercera fase y esperan la aprobación total para su distribución masiva de las dosis por distintos países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que todas las vacunas deben completar las fases de ensayos clínicos antes de ser distribuidas en distintos países para que garanticen su efectividad contra el nuevo virus.

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