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Latinoamérica

Humala posterga decisión sobre acuerdo energético con Brasil

El acuerdo energético heredado por Alan García al nuevo presidente de Perú, Ollanta Humala, afectaría ecológicamente al pueblo asháninka.

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Por Milagros Salazar*

El paso del río Ene por el cañón Pakitsapango, de gran importancia cultural y económica para los ashaninka Foto: Cortesía de Care

LIMA, Perú (IPS).- Brasil requiere acelerar la construcción de hidroeléctricas en sus países vecinos para satisfacer su demanda de energía, mientras Perú aún da pasos de equilibrista sobre el acuerdo binacional. ¿Qué intereses y reclamos se mueven alrededor del convenio?

En sus siete meses en la Presidencia de Perú, Ollanta Humala aún no resolvió qué hacer con el acuerdo energético que su antecesor, Alan García (2006-2011), suscribió en junio de 2010 entre aplausos y ráfagas de flashes con el exmandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).

Además, el acuerdo está pendiente de la ratificación parlamentaria. El rechazo de los pobladores de la zona a la construcción de las cinco centrales hidroeléctricas en la selva peruana, incluida en el convenio, es uno de los puntos que ha obligado al gobierno de Humala a dilatar su pronunciamiento definitivo sobre lo pactado, según algunos expertos.

La sociedad peruana está muy sensible a este tipo de proyectos, principalmente por las últimas protestas mineras, entre las que destaca el rechazo al proyecto aurífero Conga, en la región norteña de Cajamarca, que a fines de 2011 generó incluso una crisis en el gabinete ministerial.

Los reclamos no se han limitado a marchas y huelgas.

El 23 de febrero, la Central Asháninka del Río Ene, encabezada por líderes indígenas de los pueblos de la selva central, presentó a la Corte Superior de Lima una demanda de amparo contra el Congreso legislativo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitando la suspensión del acuerdo energético con Brasil.

David Velazco, abogado de la no gubernamental Fundación de la Paz, dijo que la medida busca proteger derechos constitucionales de los pueblos indígenas, como el consentimiento libre, previo e informado de proyectos de desarrollo que se produzcan en sus territorios ancestrales.

Los líderes del pueblo asháninka, que tiene su hábitat en el valle del río Ene, en el departamento central de Junín, aseguran que el territorio indígena sería afectado por el proyecto Paquitzapango, que se desarrollaría al amparo del acuerdo con Brasil.

“El nuevo gobierno no ha realizado una reflexión seria sobre los pro y contras del acuerdo para el país”, señaló el abogado ambientalista César Gamboa, director de Políticas del no gubernamental Derecho, Ambiente y Recursos Naturales.

Cuando era candidato a la Presidencia, que asumió en julio de 2011, “Humala criticó al gobierno (de García) por exportar el gas del yacimiento de Camisea (en el sudoriental departamento de Cusco) y no sustentar sus posiciones en estudios sólidos, ahora él cae en lo mismo”, afirmó Gamboa insistió en que las autoridades no saben cuánta energía requiere Perú de los aproximadamente 6.000 megavatios (MW), que generarían las proyectadas centrales, a construir en la Amazonia peruana.

Presidente Ollanta Humala, Foto: diario16.pe

“No hay planificación energética y, por tanto, tampoco instrumentos para decidir cuál es la mejor opción ambiental, social y económica para satisfacer nuestra demanda de energía”, agregó.

Juan Pari, legislador de la gobernante alianza Gana Perú (GP), informó a IPS que el acuerdo con Brasil aún sigue en evaluación dentro de la organización.

El gobierno envió al parlamento unicameral un proyecto de ley sobre la ratificación del acuerdo, que desde octubre de 2011 espera su discusión por la Comisión de Relaciones Exteriores. Su secretaria técnica, Jazmina Sánchez, adelantó que no hay fecha para ese debate.

“Consideramos que es un tema importante para ambos países y que debemos apoyar un acuerdo de cooperación energética, pero también hay que respetar las normas ambientales y dialogar con la población. No se puede hacer algo apurado”, aseguró Pari.

El presidente del Congreso, Daniel Abugattás, puso en duda que el acuerdo entre en vigor. El legislador de GP adujo que no se ha hecho una evaluación técnica profunda sobre sus impactos.

Pero las opiniones están divididas y otros parlamentarios y funcionarios gubernamentales consideran que debe ser impulsado para promover la inversión.

Mientras, Brasil tiene muy claras las proyecciones de sus necesidades energéticas y la estrategia para cubrirla.

El diario Folha de Sao Paulo aseguró el 14 de febrero que el gobierno de Dilma Rousseff tiene apuro en concretar la construcción de hidroeléctricas en los países vecinos, porque está retrasado el programa de represas en Brasil ocasionado también por el rechazo de los pobladores locales.

Los requerimientos energéticos de Brasil y Perú tienen diferencias enormes y eso explicaría los distintos ritmos de los dos gobiernos respecto al acuerdo, consideran especialistas.

Perú, con 28 millones de habitantes, tiene una demanda energética anual de 5.000 MW, con un crecimiento anual de máximo 500 MW. A ese ritmo, la demanda en 2020 no superaría el doble actual, según el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera.

Pero en Brasil, con casi 200 millones de habitantes, la proyección oficial es que en 2020 el consumo energético interno supere los 100.000 MW (730.073 gigavatios/hora de electricidad), con un crecimiento anual promedio de 4,9 por ciento.

El consumo anual brasileño por persona pasaría de 2,4 MW/hora en 2011, a 3,5 MWH en 2020. Para atender esa demanda, Brasil deberá incrementar su capacidad instalada en 56 por ciento.

Folha de Sao Paulo aseguró que el gobierno brasileño requiere importar contingentes de entre 70 y 80 por ciento de la energía producida por Perú, Bolivia, Colombia, Guyana, Suriname y Venezuela. La razón, además de la demanda, es que la energía en los vecinos es más barata.

Daniel Falcón, jefe de la División de Recursos Energético No Renovables del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, dijo que la integración energética sudamericana es positiva porque los países de la región cuentan con energía “suficiente para la demanda total”.

Pero tienen historias, matrices distintas y recursos desiguales.

“Unos tienen recursos, pero no capital ni tecnología, otros al revés, y Brasil dispone de todo”, señaló.

Los peruanos Gamboa y Pari consideran que Humala deberá tener clara su posición antes que se produzca este año la visita a Lima de Rousseff, que aún no tiene fecha concreta.

Falcón reconoció que los proyectos energéticos que impulsa Brasil en territorios vecinos deben seguir “las leyes de cada país y están sujetos a sus reglas”. Pero advirtió que por encima de esas normas están “los tratados que pueden disciplinar la actividad o leyes supranacionales”.

Funcionarios de la cancillería y del Ministerio de Energía y Minas de Perú “no estaban disponibles” para responder esta entrevista sobre la situación del acuerdo con Brasil, indicaron sus oficinas de prensa.

Para el exministro Herrera, el gobierno debe considerar dos cosas en su evaluación: que no puede cerrarse en que el acuerdo va de todas maneras como lo hizo con el proyecto aurífero Conga y que debe proteger los intereses del Estado.

“Brasil sabe bien lo que quiere y si nos equivocamos el precio puede ser muy alto”, apuntó Herrera, tras recordar que Rousseff tiene ventajas sobre Humala en el manejo de temas energéticos, porque fue ministra del ramo de Lula y sabe bien qué está en juego.

*Con aportes de Mario Osava (Río de Janeiro)

 

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La red en lucha

Cuba iniciará ensayos de la vacuna contra Covid-19

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El próximo 24 de agosto Cuba comenzará con los ensayos de la vacuna contra el Covid-19 y los resultados podrían estar listos en febrero que llevará el nombre Soberana 01 y que será efectivo contra el nuevo tipo de coronavirus.

La investigación de Cuba tiene el propósito de evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad en un esquema de dos dosis, según la ficha del Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, por lo que esta etapa abarca su aplicación a 676 personas de entre 18 y 80 años de edad bajo el control del estatal Instituto Finlay de Vacunas.

De acuerdo con la investigación cubana, el ensayo deberá culminar el 11 de enero y sus resultados se publicarán el 15 de febrero, pues Cuba controló la propagación del nuevo tipo de coronavirus, aunque sufrió un nuevo rebrote que ha afectado particularmente el occidente de la isla donde se ubica la capital.

Cuba desarrolló un programa activo de aislamiento de casos sospechosos, la aplicación de pruebas de diagnóstico y la búsqueda casa por casa de personas con síntomas, aunado a que se suspendieron las clases y el transporte público, se cerraron comercios y cancelaron vuelos comerciales.

Asimismo, Cuba llegó a un acuerdo con Rusia para la fabricación de la vacuna Sputnik V, una de las primeras en ser registradas, por lo que se encuentra en la tercera fase y esperan la aprobación total para su distribución masiva de las dosis por distintos países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que todas las vacunas deben completar las fases de ensayos clínicos antes de ser distribuidas en distintos países para que garanticen su efectividad contra el nuevo virus.

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Latinoamérica

México y Argentina producirán vacuna contra Covid-19 para América Latina

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que México y Argentina producirán las vacunas contra el Covid-19 que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de Oxford en alianza con la Fundación Slim.

El mandatario federal refirió que México firmó un acuerdo con Argentina y las instituciones particulares que desarrollan la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, con lo cual se garantizará el suministro de estas dosis a los países de América Latina.

De acuerdo con López Obrador, esta noticia puede tranquilizar a los ciudadanos para la distribución masiva de la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, por lo que destacó el apoyo de la Fundación Slim y el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford que han confiado en México.

Agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estuvo al pendiente del desarrollo de las gestiones que se efectúan para contar con la vacuna, por lo que cuenta con el respaldo científico de la Secretaría de Salud federal (SSa).

Por su parte, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, informó que la producción de la vacuna desarrollada por AstraZeneca para enfrentar el Covid-19, misma que será producida en México y Argentina y presuntamente es la más avanzada del mundo al desarrollar entre 150 y 250 millones de dosis.

Afirmó que no se busca el lucro, sino garantizar el acceso a una vacuna efectiva para la población de América Latina, por lo que se espera que a finales de noviembre se cuenten los primeros resultados, de acuerdo con los estudios clínicos que se han implementado.

Asimismo, indicó que con estas medidas se adelantará la distribución de la vacuna a la población de América Latina, pues pasará de un año a seis meses el tiempo en el que se aplicaría, por lo que con ello favorecerá la salud de la población y beneficiará la economía.

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Al filo de la navaja

Erráticas políticas migratorias de México y Estados Unidos

México y Estados Unidos no han comprendido el origen de la migración centroamericana y de otros países, pese a que ambos se han beneficiado de ésta

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Raúl Ramírez Baena

Además del rechazo de algunos sectores de la sociedad –sobre todo tijuanense- a los refugiados centroamericanos, que en caravanas llegan a la frontera norte del país en busca de asilo en los Estados Unidos, tal parece que las autoridades de este país y de México no han terminado de entender la historia, origen, dinámica y perfil de la migración hacia el país del norte, a partir del Programa Bracero, hasta la fecha.  

La política migratoria de Donald Trump utiliza el tema antiinmigrante como bandera de su campaña presidencial (ahora, en búsqueda de su reelección), que muchos votos le arrojaron en 2016 al criminalizar a los inmigrantes indocumentados, mexicanos incluidos.

Esta política xenófoba se le ha revertido ahora a Trump, acarreándole serios tropiezos, como la derrota en la Cámara de Representantes para la obtención de recursos para construir su muro en la frontera con México, bajo el argumento de que en esta región los EU viven una “crisis humanitaria y de seguridad”, que pocos creen, incluso, legisladores de su partido.

A consecuencia de su política de “Tolerancia Cero” a la inmigración indocumentada, Trump ha sido evidenciado por la separación de menores de sus padres, lo que –eso si- ha generado una crisis internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido a petición de las defensorías públicas de México, Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala, dictando medidas cautelares en favor de 572 menores detenidos en jaulas del Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE), en condiciones inhumanas, afectando su integridad física y psicológica.

Escribe Pablo Jiménez de Sandoval en El País: “Un número aún desconocido de niños fueron separados de sus padres. El Gobierno ha reconocido 2.816. Al menos 471 padres fueron deportados sin sus hijos (…). Nadie registró quién era quién o dónde estaban. Han sido las ONG las que los han ido a buscar, en ocasiones a pueblos perdidos de Centroamérica.

Esta crisis obligó a la administración federal a admitir el ingreso a los EU, en calidad de solicitantes de asilo, a los padres de 29 menores encontrados por las ONG “Al Otro Lado”, de Tijuana, y “Families Belong Together”, de Los Ángeles. Un triunfo.

Por su parte, el Condado de Los Ángeles reta a la administración Trump al declararse oficialmente en febrero “Santuario de Inmigrantes”. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no ejercerá más funciones de control de inmigración, restringiendo su ayuda a las autoridades migratorias federales. Otro triunfo.

El caso México

Ante el arribo masivo de miles de centroamericanos desde el año pasado, a través de las caravanas que ingresan por la frontera sur como solicitantes de asilo a los EU, la administración de López Obrador sorprendió al inicio de su gestión anunciando un giro de 180 grados en la política migratoria: no criminalización y persecución de indocumentados, respeto a sus derechos humanos, emisión de visas humanitarias, reconocimiento del estatus de refugiados,  creación de fuentes de trabajo y negativa a convertir a México en “Tercer País Seguro” (TPS), según deseos del Sr. Trump.

Con el paso de los días las cosas han cambiado, sobre todo en Tijuana y Mexicali, y la realidad es otra:

1.- Como consecuencia de la nueva política social federal y ante la quiebra financiera del Gobierno de Baja California y la posición xenófoba del alcalde de Tijuana, los albergues de apoyo a migrantes ya no reciben recursos públicos, por lo tanto, tienen serias dificultades para ofrecer comida, medicamentos y asistencia a miles de centroamericanos y de otras nacionalidades que llegan todos los días, atraídos por el boom del asilo en los Estados Unidos.

2.- La Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR), de la Segob, dejó de prestar asistencia a las ONG y a los inmigrantes para la tramitación de refugio en México, en tanto se decide su situación migratoria en el país y el asilo en los Estados Unidos.

3.- A partir de enero pasado y a pesar de que siguen ingresando al país, México cerró la expedición de visas humanitarias, complicando la situación legal de los inmigrantes, que están en calidad de indocumentados, acrecentando su vulnerabilidad al quedar expuestos a las autoridades locales.

4.- Ante el arribo diario a Tijuana y Mexicali de ciudadanos centroamericanos y de otras nacionalidades, el gobierno federal y los locales no han dispuesto, como en octubre pasado, de albergues provisionales con servicios humanitarios, sanitarios y legales básicos y suficientes.

5.- México ha declarado que no será “Tercer País Seguro” de los Estados Unidos para alojar a inmigrantes mientras se resuelven sus solicitudes de asilo, pero en los hechos ha abierto sus puertas para ello, favoreciendo los deseos de Trump, violentando así las normas del Derecho Humanitario Internacional.

6.- Haciendo el trabajo sucio a Trump, las autoridades del Instituto Nacional de Migración han impedido el acceso a México a abogados y periodistas estadounidenses en aeropuertos nacionales, que trabajan en colaboración con miembros de la caravana en Tijuana, al estar “fichados” por autoridades de los Estados Unidos.

7.- Como corolario, sin conocimiento y asesoría sobre el origen y la dinámica migratoria, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, culpa a “Pueblo sin Fronteras” de organizar las caravanas.

Así las cosas, sólo esperamos que el proceso electoral de Baja California de este año no se contamine del discurso antiinmigrante de Trump, como recurso para ganar votos. Ya veremos.

Fotografía: Yerson Martínez.

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